Pactar

El Diario, 9 de diciembre de 2012 Luis Javier Valero Flores El contenido de los 13 puntos, anunciados por Enrique Peña Nieto y la firma del “Pacto por México” sorprendió a muchos. Hoy forma parte del debate nacional acerca del nuevo gobierno, sus medidas, propuestas y composición y ha llevado a que el total de las fuerzas política deban reflexionar sobre sus posturas y formas de relación con el gobierno federal. Es de tal profundidad el cambio político, que hasta la cúpula priista aún no asimila cabalmente dos cosas: La composición del gabinete y el presupuesto propuesto por el mexiquense. La primera impresión que causa el paquete de medidas, es que el equipo en el gobierno efectuó una lectura de la situación nacional muy distinta a la efectuada por Felipe Calderón. Lo detallado de las propuestas, y el hecho de que los integrantes del Comité Nacional del PAN conocieran previamente los detalles del pacto, hablan del trabajo discreto realizado por los peñistas para tratar de iniciar su gestión de mejor manera que los calderonistas 6 años atrás. Y tal parece que en muchos aspectos Peña Nieto quiso sorprender al país asumiendo muchas de las medidas de corte social propuestas por los partidos de oposición, especialmente los de izquierda. No pocas pudieran formar parte de una especie de mea culpa hacia los modos de llegar al gobierno y de intentar deslindarse de las muchas acusaciones recibidas en la campaña. Pero si algunos de los puntos pudieran dar lugar a esa reflexión, el pacto firmado por los 3 partidos más importantes en el Congreso de la Unión, es la clara aceptación de que no podrá gobernar si se aferrara a no tomar en cuenta las posturas del PAN y PRD, fundamentalmente, y van más allá, ese pacto podría ser el paso inicial -además de que así lo proponen- de la construcción de un armado legal que le posibilite a la fuerza mayoritaria, la gobernabilidad, con la garantía de contar con una mayoría parlamentaria, que eso constituye la propuesta de establecer legalmente la figura de gobierno de coalición, y en un futuro no muy lejano, el establecimiento de un régimen parlamentario. Eso explicaría la aparición, en el pacto, de medidas que en la campaña no fueron propuestas por el priista y que sí lo hicieron, en cambio, sobre todo la izquierda y el PAN y que le permitirían a Peña Nieto argüir que no tiene ataduras a los poderes fácticos, gracias a los cuales llegó a la presidencia. En ese paquete podríamos ubicar las propuestas de anular elecciones por rebasar tope de campañas o utilizar recursos ilegales en ellas; la prohibición de la compra, en las elecciones, de cobertura informativa en cualquiera de sus modalidades periodísticas; la propuesta de desaparecer el régimen de consolidación fiscal”; el replanteamiento de la política de subsidios y de regímenes especiales; la dotación de mayores herramientas legales a la Comisión Federal de Competencia, “para determinar y sancionar posiciones dominantes de mercado en todos los sectores de la economía; particularmente se le otorgará la facultad para la partición de los monopolios; la creación de la gendarmería nacional como un “cuerpo de control territorial que permita el ejercicio de la soberanía del Estado mexicano y la aprobación de una ley de responsabilidad hacendaria “para las entidades federativas y municipios, para controlar el exceso de endeudamiento, regulando el acceso a la fuente de pago y a las garantías de la Federación”, y una reforma hacendaria eficiente y equitativa. Pero sin duda que el tema polémico, o más planteamientos contradictorios contiene es el del petróleo, pues el documento enfatiza que “los hidrocarburos seguirán siendo propiedad de la nación”, pero abre la rendija -que con la actual tecnología puede ser una gran avenida- al asentar que, en todos los casos “la nación recibirá la totalidad de la producción de hidrocarburos”, lo que revela la intención de ofrecerle a la empresa privada la explotación del petróleo. Pero, al mismo tiempo, recupera una de las posturas más frecuentemente planteadas por la izquierda, la de convertir a Pemex como una empresa “con la capacidad de competir en la industria” y, por tanto, dejar de usarla como hasta ahora sido, la principal proveedora fiscal del gobierno, sin permitirle recapitalizarse. Apabullan las medidas anunciadas. Las 3 fuerzas políticas se comprometieron a reforzar la capacidad decisoria de la Comisión Federal de Telecomunicaciones; realizar la licitación a dos nuevas cadenas de televisión y la implantación, en la televisión, de “reglas de operación consistentes con las mejores prácticas internacionales”, para hacer que la televisión abierta esté obligada a ofrecer de “manera no discriminatoria y a precios competitivos sus señales a operadores de televisión de paga, imponiendo límites a la concentración de mercados y a las concentraciones de varios medios masivos de comunicación que sirvan a un mismo mercado, y se regulará cualquier operador dominante en telefonía y servicios de datos”. Y sin que se pusieran más límites que los presupuestales, anunciaron la creación de un programa nacional de prevención del delito; el desistimiento del gobierno federal de la controversia constitucional sobre la Ley de Víctimas; la intención de crear de un sólo Código Penal y uno de Procedimientos Penales de aplicación nacional; la puesta en marcha de una “cruzada nacional contra el hambre”; el seguro de vida para jefas de familia; la disminución de la edad para que los adultos mayores de 65 años reciban una pensión; el anuncio de medidas para evitar las “plazas vitalicias y hereditarias” en el sistema educativo; el reinicio de la red ferroviaria; la propuesta de un paquete económico con un déficit cero para 2013 (la gravedad del endeudamiento gubernamental lo revela el hecho de que se destinarán más de 230 mil millones de pesos al pago de deuda, una cantidad 3 veces mayor a la destinada a Desarrollo Social) y la puesta en marcha de medidas de austeridad y disciplina presupuestal, pues, dijo Peña Nieto, “un gobierno eficaz debe ser capaz de hacer más con menos”. ¿Qué hacer frente a tales posturas, que son, al mismo tiempo, compromisos, ya no solamente de Peña Nieto, sino de las fuerzas políticas que son abrumadamente la mayoría en el Congreso de la Unión? Estamos frente al hecho de que la fuerza ganadora de la presidencia de la república reconoce abiertamente no tener la fuerza política para imponer su propio programa y recurre a conceder a las otras algunos aspectos de sus programas, a fin de poder gobernar. Al hacerlo, se coloca en un verdadero polvorín pues los plazos para verificar si solo son discursos demagógicos, que sólo quedarán en el papel, son muy cortos. Ya el país acudió, sorprendido, a uno de los episodios más violentos de los últimos años en materia de manifestaciones públicas, que sólo denotó que el hartazgo es de una magnitud no apreciada suficientemente. Eso explica el, por lo menos hasta ahora, viraje político de los nuevos gobernantes. Sí, son de lo mismo que ha gobernado México en los últimos 40 años, nada más que aparentemente nos están enviando señales en el sentido de que ellos sí se aprendieron la lección, aunque la composición del gabinete nos hable de estar convencidos que sólo un grupo muy compacto, el de los “tolucos”, puede hacerle frente a la compleja situación del país. Tienen el tiempo en contra, al parecer lo saben. asertodechihuahua@yahoo.com.mx http://luisjaviervalero.blogspot.com http://twitter.com/LJValeroF