¡Viva Don Porfirio!

Luis Javier Valero Flores | 29-09-2012 | 21:56 En una inesperada jugada, Felipe Calderón envió (con el tiempo sabremos si en coordinación con el equipo de Enrique Peña Nieto) la reforma laboral más regresiva de las propuestas a lo largo de las dos últimas décadas. La reforma laboral aprobada incluye la reglamentación del outsourcing, los contratos de prueba y de capacitación inicial y pagos por hora y un sinfín de verdaderos retrocesos laborales que en lugar de modernizar las relaciones laborales, las regresaron a tiempos verdaderamente ante diluvianos. Don Porfirio Díaz no se ha ido de nosotros. A veces pecamos de ingenuos ¿Cómo pensar que se aprobaría semejante atentado en contra de los cacicazgos sindicales, si los caciques de ese rango son quienes dirigen los órganos parlamentarios encargados de discutir las reformas laborales? Don Carlos Aceves del Olmo, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, es un viejo dirigente (72 años), integrante de la cúpula de la CTM y ex varias veces diputado y senador. A su vez, Ricardo Aldana, tesorero del sindicato petrolero en tiempos del Pemexgate, fue, ahora, uno de los más activos defensores de la iniciativa de Calderón. Más datos para la ingenuidad. ¿Cómo pensar que se detendría el trámite legislativo si quienes dirigieron la sesión del viernes fueron Jesús Murillo Karam, un ex de todo, de Miguel de la Madrid para acá, cercano a Salinas de Gortari, integrante del equipo de Peña Nieto y de dos de las familias que se han rotado la gubernatura de Hidalgo desde los tiempos de la Revolución; Fernando Bribiesca, el hijo de Marthita Sahagún, hijastro de Fox e involucrado en infinidad de negocios a cual más de escabrosos y llegado a la Cámara de Diputados por la vía del Panal y de José González Morfín, michoacano, uno de los hombres más cercanos a Calderón? Esos son los que aparecieron en el balcón de la Cámara de Diputados, para en un acto carnavalesco, proseguir la sesión en virtud de la toma de la tribuna realizada por muchos de los diputados de la izquierda, en abierta insurrección de su coordinador parlamentario, Silvano Aureoles, –del grupo de Amalia García y estrechamente ligado a Jesús Ortega– quien corrió a disculparse de ese acto con Manlio Fabio Beltrones, uno de los impulsores de la reelección legislativa inmediata cuando era coordinador de los senadores del PRI, en el actual sexenio, y ahora lo es de los diputados federales. ¡Ay nomás! (Nota de La Jornada, 29/IX/12). Todo, porque, al igual que en la reforma del artículo 27 constitucional, efectuada para legalizar lo ilegal en el sexenio de Salinas de Gortari, esto es, la renta y venta de las tierras ejidales y comunales, impedimento para elevar la productividad en el campo y el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes rurales del país, dijeron entonces; la reforma laboral, arguyen ahora, es para modernizar las relaciones laborales, estimular la creación de empleos, elevar los salarios, la productividad y atraer la inversión extranjera, como si la actual situación económica fuera resultado de las “arcaicas” relaciones laborales vigentes en México. Más allá de las formas de la discusión en la Cámara de Diputados en los días previos y particularmente el viernes, lo realmente importante es que en unos cuantos días la revivida alianza del PRI y del PAN resolvió impulsar una reforma de largo aliento. Contraria totalmente a legislación laboral existente, que viola distintos tratados internacionales firmados por México, que lesiona seriamente las prestaciones de los trabajadores y encontrará una gran oposición en las calles. Peor aún, no contribuirá al mejoramiento de la situación económica, profundizará la pobreza y la desigualdad y un aspecto todavía más grave, está diseñada para disminuir el gasto total de las pensiones pues habrá una drástica baja de los montos salariales, revivirá viejas prácticas de explotación, estimulará otras ya existentes, como las generadas por los contratos out sourcings e incidirá seriamente en el modo que el Estado mexicano enfrente gravísimos problemas de salud pública al no tener capacidad para afrontar el crecimiento de las enfermedades derivadas de la obesidad, el número de pacientes diabéticos e hipertensos, algo de lo que ya debiera estarse previendo. No hay problema, los mandamos al seguro popular. Lo sucedido en la Cámara de Diputados, después del zipizape de la toma de la tribuna y cuando se discutió en lo particular la reforma, es una verdadera grosería a los mexicanos, a todos. Fue patético ver a una buena parte de la clase política protagonizar un vodevil: los diputados que querían hacer modificaciones a algún artículo en lo particular pasaban a leer y argumentar sintéticamente su propuesta, luego, el presidente ponía a consideración de los diputados si se discutía o no la propuesta. Una mayoría obtusa de diputados priistas, panistas, del Verde y del Panal, automáticamente votaban por la negativa ¡A discutir! Así pasaron las horas porque las propuestas particulares incluían prácticamente a todos los partidos. No había intención alguna, ni siquiera, de discutir. Entre los aspectos más negativos de la reforma resaltan la limitante, sin más restricciones, al pago de salarios caídos a un año, independientemente de en quien recaiga la responsabilidad del alargamiento de los juicios. Se incluyen nuevas modalidades de contratación por hora, por obra o por temporada, así como la autorización de los contratos a prueba y de capacitación inicial. El patrón queda facultado para que al término de este tipo de contratos determine si el trabajador es apto para desempeñar el cargo, y en caso de considerar que no lo es, pueda despedirlo sin pago de indemnización alguna. Se aprobaron los pagos por hora, que no podrán ser inferiores al salario correspondiente a una jornada, cosa que impactará directamente en los montos de las pensiones una vez alcanzada la jubilación, para lo cual los trabajadores deberán laborar, quien sabe cuánto, para alcanzar las cotizaciones necesarias a fin de recibir una pensión jubilatoria. Otro de los argumentos de los impulsores de la reforma estriba en que, dicen, existe una excesiva rigidez laboral, pero el articulista Carlos Puig (Milenio, 29/IX/12), citando al Dr. Ciro Murayama, arguye que de octubre de 2008 a mayo de 2009 se perdieron 696 mil empleos formales, “casi cien mil por mes. Cien mil despidos al mes de trabajadores afiliados al IMSS, lo que implicó pagarles indemnización por antigüedad y demás”, lo que implicó un gran gasto para las empresas. No pasó nada. Pero para agosto de 2010 ya se habían recuperado 630 mil empleos. En ninguno de los casos la ley fue factor, en ningún sentido, y llega a la conclusión de que rigidez no había pues uno de cada 20 trabajadores fue despedido en ese período. No, definitivamente, la ley a derogar no era la causa de la debacle económica, es la política económica, pero inmersos en el espejismo de la modernidad laboral se encontrarán los panegiristas de esta contrarreforma laboral, al paso de muy pocos meses, ni los empleos crecerán, ni vendrán los capitales, ni tendremos un boom económico sólo porque tenemos nueva legislación. Ahora presionarán para efectuar la reforma fiscal, sólo para disminuir el pago de impuestos de los grandes causantes y aumentárselos a los trabajadores y empleados, además de los pequeños y medianos empresarios. Al tiempo.

Terminar con el tráfico de votos

El Diario, 27 de septiembre de 2012 Luis Javier Valero Flores Si no pasa alguna cosa por demás inesperada y muy importante, seguramente que el Congreso del Estado discutirá en los próximos días lo que comúnmente se ha denominado como reforma política, que no terminamos de discutir (sí, ya sabemos que siempre será inacabada la necesidad de reformar aspecto tan importante de la sociedad) pero que cada legislatura aborda bajo el sambenito de que será la más importante. Además de los más polémicos temas –por lo menos para una parte de la sociedad, quizá, y por desgracia, la menor– propuestos sin la participación de los chihuahuenses, como la prolongación del mandato de alcaldes y diputados, la inclusión de los candidatos a síndicos en la planilla municipal, la desaparición de los diputados de representación proporcional de prelación y la desaparición de la, así llamémosla, quinta vuelta en la asignación de esos mismos diputados, la actual legislatura debiera hacer, así fuera rápidamente, una revisión de los principales aspectos controversiales de las pasadas elecciones federales para retomar y adecuar nuestro marco legislativo electoral y con ello, salir al paso de nuevas querellas electorales y colmar algunos de los principales reclamos de la ciudadanía en esta materia. Uno de ellos, resuelto satisfactoriamente –por lo menos para el escribiente– es el de impedir que los partidos “menores”, a fuerza de convenir alianzas electorales, obtengan y mantengan el registro electoral, en un hecho en el que la ciudadanía, por lo menos la absoluta mayoría en lo general, y también quienes votan por esa coalición, ni siquiera tienen en mente que están otorgándole a esos partidos “vida artificial”, cuyos beneficios de ninguna manera tienen esa categoría. El colmo de tales maniobras o chicanadas electorales lo constituyó el convenio realizado entre PRI, PVEM y Panal en las elecciones locales del 2010. En ella, en una alianza parcial al Congreso del Estado, pactaron que al PRI no se le adjudicara un solo voto de los obtenidos por la alianza en los distritos que presentaron candidatos, y que el total de votos se repartieran entre los otros dos partidos, en una más que criticable decisión de traficar con los votos de los ciudadanos ¡Antes de que emitieran el sufragio! No se critica el hecho de concretar alianzas electorales, sino el de pactar los votos sin que los ciudadanos, que van a sufragar por tales coaliciones, estén enterados de tal decisión. Luego les informan que, gracias a esas maniobras tal y cual partido ya tuvo derecho a un número mayor de diputados y a gozar de un muy elevado porcentaje de las prerrogativas otorgadas por el IEE. Todo a espaldas del electorado. Esto ya no ocurrió en el pasado proceso electoral federal pues en las boletas aparecieron los logotipos de todos los partidos y en el caso de los coaligados aparecía el mismo nombre de sus candidatos. De ese modo, el simpatizante de la coalición no sólo tuvo la posibilidad de votar por su candidato, sino que, además, pudo elegir al partido de su preferencia. Así, si un partido coaligado no obtiene el número de votos necesarios para mantener su registro electoral, ya no tiene la posibilidad de pactar una alianza y de esa manera evadir el juicio crítico de la ciudadanía. Más aún, al obtener una cantidad determinada de votos, sólo tendrá derecho a las prerrogativas que le conceda ese porcentaje, gracias a la votación alcanzada. Y esto sí ha sido parte de los reclamos de la sociedad a la clase política, expresados de mil y una maneras y no, por ejemplo, la prolongación del mandato de los presidentes municipales (algo en lo que pudiera convenirse sería bueno para las grandes ciudades) y de los legisladores (que en este caso tienen un rechazo casi total) reforma que encuesta tras encuesta, sondeo tras sondeo, siempre recoge una abrumadora mayoría en contra de ella, en niveles por encima del 70 por ciento, ¡7 de cada 10 ciudadanos consultados la rechaza! Por otra parte, los diputados locales, tan preocupados, en el discurso, de recoger el “sentir” ciudadano, no han alcanzado a explicar de manera transparente cuáles son los beneficios de aprobar las modificaciones propuestas que los llevaron a posponer el inicio del proceso electoral para aprobarlas, las mismas que en sus campañas ninguno mencionó que las propondría.

PRI no tendrá elecciones internas

El Diario, 25 de septiembre de 2012 Luis Javier Valero Flores Lo sorprendente no es que el dirigente estatal del PRI lo haya declarado, sino que se acepte como “normal” el contenido y forma de la declaración ofrecida ayer a los medios de comunicación por Leonel de la Rosa Carrera, presidente del Comité Estatal del Partido Revolucionario Institucional. Don Leonel dijo que para designar “a los candidatos de elección popular para el proceso electoral estatal del 2013, en donde se renovará el Congreso del Estado y los 67 Ayuntamientos, no habrá elecciones internas en el PRI”. (Nota de Manuel Escogido, El Diario, 24/IX/12). Afirmó: “Debemos privilegiar la unidad antes que los apetitos personales y evitar que éstos sean los que nos fracturen como partido en este tipo de competencias, y que sea el espíritu de los chihuahuenses el que deje huella en el destino político”, y le atribuyó los resultados de la pasada elección presidencial, al “sentido de unidad emanado por los diversos actores políticos del estado”, por lo que debieran tomarse en cuenta “para salir adelante en los retos venideros”. Por supuesto que los militantes del PRI y de todos los partidos pueden optar por el mecanismo que prefieran para elegir a sus candidatos a los puestos de elección popular, sólo que hay un pequeño problema, o quizá 3. Primero, son entidades de interés público, es decir, están sujetas, por ley, al escrutinio de la sociedad; segundo, son los únicos instrumentos para elegir a los gobernantes, tienen, hasta ahora, el monopolio sobre este derecho de los mexicanos –el de ser votados– y, tercero, la absoluta mayoría del financiamiento de sus actividades proviene del erario, estatal o federal, o ambos. Más aún, los partidos políticos son las entidades más comprometidas, también por ley, a difundir y fortalecer la cultura democrática; para ello, además del financiamiento de sus actividades ordinarias y las de las campañas electorales, reciben distintos financiamientos para tal objetivo, que debieran servirles para la celebración e impartición de cursos, talleres, conferencias, edición de materiales y en general todas las actividades encaminadas a fortalecer la cultura democrática, el debate de las ideas, la capacitación de sus dirigentes y militantes –porque se piensa que en esa medida se mejoraría la gestión gubernamental– y a la difusión de los mejores valores cívicos construidos por nuestra sociedad. Entre esas tareas se encuentran, además de lo establecido en los estatutos partidarios, la obligación de celebrar “procesos democráticos” para elegir a sus dirigentes y candidatos, amén del establecimiento de las medidas a tomar en caso de que, por distintos motivos, los fraudes por ejemplo, no se pudiesen concretar las elecciones y, por tanto, los órganos dirigentes deberán hacer las designaciones necesarias. Pero ahora resulta, y el PRI no es la excepción, al contrario, que la clase política mexicana no tiene la capacidad para celebrar comicios democráticos para designar a sus dirigentes y candidatos, porque se “dividen” y entonces, en aras de la unidad, que sólo tiene como objeto el no perder las elecciones, deciden no celebrar elecciones y dejar en manos de la cúpula dirigente –ya sea interna o externa, o una mezcla de ambas– tal decisión, con lo que se fortalece, no la cultura democrática, sino precisamente la contraria. Y luego nos sorprendemos porque los defectos de la clase política, que creímos exclusivos de los priistas en los tiempos de la pre-alternancia, en lugar de extinguirse con ella, se difundieron geométricamente, casi con la velocidad de la viruela entre los aztecas a la llegada de los españoles. Llegamos, así, a un verdadero túnel sin salida, o a la peor de las paradojas en el ámbito de la política. No se someten a elecciones internas, porque desconfían terriblemente de sus compañeros de partido, que son, al mismo tiempo, sus adversarios internos. Afuera de sus partidos, en las elecciones constitucionales, no obstante ser los autores de las reformas electorales encaminadas a evitar, a como dé lugar las maniobras fraudulentas, buscan –y encuentran– todos los recovecos posibles para… eludir y violar la legislación electoral. Lo peor es que luego se hacen apologías de tales defectos.

Las estadísticas del gobierno de Duarte

El Diario, 23 de septiembre de 2012 Luis Javier Valero Flores En una semana, César Duarte realizará un acto en el cual dará a conocer el informe de gobierno que entregará un día después al Congreso del Estado. En él ocupará parte central la visión que sobre la seguridad pública mantiene la actual administración estatal y sobre la cual, seguramente, hilvanará importantes tramos de sus discursos, de ese día y de los subsecuentes. Priva en una buena parte de la población la percepción de que ha mejorado la seguridad pública; la autoridad ha insistido en que tal percepción tiene sustento en la realidad y que tiene como origen la actuación de las autoridades y la puesta en marcha de un conjunto de medidas de carácter policiaco, legislativo y educacional. Para sustentarlo, Duarte se basará en la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado (FGE), la misma que el escribiente ha usado para pergeñar estas notas. En un estudio comparativo que sólo considera los períodos de enero a julio de cada año, informan que de 2010 a 2012 han disminuido los homicidios en un 48 por ciento. A su vez, en el robo de vehículos con violencia, de enero a julio de 2010 se robaron 3 mil 27 vehículos; en 2011, 4 mil 371; y en el actual, 2 mil 474, lo que significa una baja del 43 por ciento respecto a 2010. El robo de vehículos sin violencia es un delito que va a la baja, con un 53 po ciento en 2012, respecto a 2010. En ese año fueron robados 13 mil 135; en 2011, fueron 8 mil 923 y en 2012, 6 mil 127. No sucede lo mismo en el robo a comercio con violencia pues prácticamente no ha variado respecto de 2010 ya que en ese año fueron 365, para subir notoriamente en 2011 a 424 y llegar a 311 en 2012. Es decir, prácticamente igual. En el caso del robo a comercio sin violencia, después del pico de 2010 –mil 440– se mantiene en los niveles del año anterior pues en 2011 fueron 915 y en 2012 se efectuaron 897. El robo a casa habitación con violencia bajó un 52 por ciento respecto a 2010, cuando se presentaron 239, para bajar en 2011 a 126 y mantenerse en 2012 pues se presentaron 115. Pero si todas las cifras delictivas, por lo menos las aquí mostradas van a la baja, así sea ligeramente, en el caso del robo a casa habitación sin violencia hay un aumento en 2012, respecto al 2010, ya que pasamos de mil 639 en ese año, a mil 840 en este año, luego de presentarse mil 879 en 2011. Pero son los homicidios los que más preocupan. Para ubicar adecuadamente el problema recurramos a las cifras anuales, también proporcionadas por la FGE. Así, el total de homicidios dolosos ocurridos en 2008 fueron 2 mil 549; en 2009, 4 mil 519; en 2010, 5 mil 898; y en 2011, 4 mil 14. Con esas cifras, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes fue, en 2010, de 179 y en 2011, de 122. En 2012, hasta julio, se habían presentado mil 757 homicidios, un promedio diario de 8.3, lo que hace, proyectando estas cifras, al terminar el año, de 3 mil 53 homicidios, por lo tanto, con una tasa de 92, igualmente por cada 100 mil habitantes. Tales proyecciones harían que la disminución, respecto a 2011, sería del 23.89 por ciento. En cambio, respecto del 2010 sería del orden, efectivamente, del 48 por ciento, pero todavía por arriba del 2008, año en el que la tasa fue de 77 y por abajo del 2009, en el que fue del orden de 136. Aunque deberá aclararse que este es el total de homicidios, a los cuales habría que desagregársele los que la Fiscalía considera como “Víctimas de homicidio doloso con móvil de delincuencia organizada”, que son, por año, en 2008, mil 24; en 2009, mil 976; en 2010, 4 mil138 y en 2011, según este recuento, 2 mil 838. El total de homicidios asciende, en el período 2008-2011, a 16 mil 980, pero de ellos “sólo” 9 mil 976 son del móvil de delincuencia organizada, es decir, que a pesar de no estar en guerra, los chihuahuenses no involucrados en ella, asesinaron a 7 mil 4 personas, lo que nos llevaría a que la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes ascendiera a 17.68. Si pudiéramos “desagregar” a quienes asesinan por el tráfico de drogas y otros delitos del crimen organizado, entonces nos veríamos al espejo y encontraríamos que los niveles de, para llamarlo con las voces de este sexenio, cultura de la legalidad, muy bajos, si los comparamos con las tasas de homicidios de los países del mundo desarrollado cuyas tasas oscilan entre menos de 1 y 3 por cada 100 mil habitantes. O dicho de otra manera, si las cifras desagregadas de la FGE son correctas, querría decir que el resto de los chihuahuenses matan tanta gente como los narcotraficantes, 3 mil menos en 4 años, en una de las peores épocas de quienes participan de esta actividad, que nos lleva a pensar que las cifras de homicidios no ligados al narco, en épocas “normales”, son muy superiores a aquellas. Además, son de llamar la atención las cifras de los asesinatos de mujeres. Las relacionadas con la delincuencia organizada ascienden, en el período 2008-2011 a 761, pero el total de mujeres asesinadas asciende a 1,238, casi medio millar (477) que, por lo menos en las estadísticas oficiales, no estaban relacionadas con la disputa de los cárteles de las drogas, lo que eleva infinitamente la tasa de feminicidios en el estado, a niveles que ni siquiera en la peor de las rachas habíamos tenido. Grave, muy grave, porque las cifras de los delitos ligados a la guerra de las drogas pueden disminuir, hasta drásticamente si se aplican las medidas correctas, si se arreglan entre sí los cárteles, o por el desgaste de los grupos criminales y hasta por la acción oficial, pero las otras cifras son de una profundidad y una duración infinitamente superiores porque reflejan el grado de primitivismo de nuestra sociedad, por muchos factores no todos atribuibles al gobierno –aunque sí preferentemente, porque obedecen al tipo de régimen que hemos construido– entre los cuales destacan la escasa confiabilidad de la sociedad hacia las instituciones de procuración y aplicación de justicia, a que éstas no funcionan correctamente, a que los ciudadanos, por esas razones, no optan por solucionar sus conflictos con otros por las vías legales, porque las instituciones no se perciben como las que pueden hacerlo y las pruebas las tiene el ciudadano casi a cada paso de su vida. Obedece también, y es un factor importantísimo, a que ha permeado a niveles insospechados concebir al gobierno, no como la instancia racional que conduce la administración pública, sino el aparato burocrático cuya eficiencia es tal que ya no garantiza a la sociedad un mínimo de seguridad. De este modo, podrá ufanarse la actual administración que se han mejorado algunas cifras delictivas y que la percepción ciudadana sobre la seguridad pública ha cambiado notablemente –para prueba ahí está la muchedumbre que salió a los festejos del 15 de septiembre en las dos urbes chihuahuenses– pero de ninguna manera podemos decir que ya salimos de la crisis de seguridad pública y de la de procuración y aplicación de la justicia, menos aún que se han sentado las bases para el establecimiento de una sociedad menos violenta. Falta comprobar que las cifras a la baja obedezcan al conjunto de acciones gubernamentales, o se deban a la dinámica de quienes se disputan el territorio para traficar estupefacientes y de esto último se destaca la declaración de varios especialistas norteamericanos quienes afirman que a pesar del “blindaje” de la frontera, el trasiego de drogas ha aumentado 800 por ciento. (Nota de La Jornada, El Diario, 11/IX/12).

No hay otra, a revisar documentación

El Diario, 20 de septiembre de 2012 Luis Javier Valero Flores Los acontecimientos de los últimos días, en relación con el conflicto del agua entre campesinos –casi todos ellos ejidatarios– y productores menonitas, así como las intervenciones oficiales, nos llevan a pensar que es cuestión de horas para la presentación de la primera tragedia de esta que es, ya, la guerra del agua, cuyas consecuencias, además de los probables enfrentamientos físicos, van más allá de la disputa por la producción agrícola de los protagonistas. Ayer, productores menonitas “del campo 72, ubicado en el kilómetro 50 de la carretera Namiquipa-Panamericana”, anunciaron su negativa a la revisión de los aprovechamientos “superficiales y subterráneos” del agua, porque, advirtieron, también podían “cerrar carreteras o el paso de los trenes”, pues, informaron, celebraron un acuerdo con funcionarios de Conagua en agosto pasado a fin de que durante seis meses no se revisaran los “pozos y represas denunciados por ejidatarios como ilegales” (nota de Antonio Rebolledo, El Diario 19/IX/12). Durante los últimos meses el conflicto por el uso del agua en el noroeste del estado ha sido el tema recurrente. La indisposición de los productores menonitas a que sean revisados sus pozos y presones, de inmediato hace suponer que tal pretensión esconde la existencia de un mar de corruptelas para obtener los permisos correspondientes en la perforación de pozos; para hacer el cambio de uso de suelo y la dotación de energía eléctrica para su funcionamiento. ¿Cómo resolver el conflicto? ¿Mediando las pretensiones de las partes? ¿Hay agua para hacer eso, es decir, llegar a un acuerdo a fin de que las dos partes en pugna obtengan el agua necesaria? ¿Estamos en condiciones de construir la infraestructura hidráulica suficiente para dotar a ambas partes del agua reclamada? ¿No se efectuarán las revisiones necesarias para encontrar la fuente de las corruptelas? ¿Es válido hacer un borrón y cuenta nueva? ¿Lo podemos hacer con el recurso que más nos falta, y no solamente para las actividades agropecuarias? ¿No será suficiente con el llamado de atención de los habitantes de Constitución, que ya no tienen agua ni para las actividades domésticas en su pueblo y que ahora deberán hacer uso de la hallada a más de 300 metros de profundidad y que, en cambio, se abran nuevas explotaciones agrícolas a su alrededor –de menonitas– que se “cuelgan” de la energía eléctrica y convierten tierras de pastoreo en agrícolas sin permiso de autoridad alguna? ¿No será suficiente, para acabar con la ilegalidad, que la mayor parte de los mantos freáticos de la entidad están agotados, que poblaciones como Jiménez deban buscar agua a profundidades no recomendadas, por la potencial toxicidad del agua? La situación ya no admite subterfugios, o se inicia una cruzada para cancelar todos los pozos y presones ilegales –y la única manera de hacerlo es revisando la documentación y la operación de ellos– o sencillamente empeorará gravemente en el curso de los próximos meses, o días, pues las expresiones emitidas por ambos bandos son de ese talante. Y los pronunciamientos de las autoridades no deben dejar dudas. El anuncio, primero, de que Conagua local no tiene recursos para hacer esa revisión es desconcertante. Ahora, ante el anuncio de que vendrán brigadas de esa dependencia de otras entidades, con el apoyo de la Secretaría de Gobernación y del Gobierno del Estado, a realizar el operativo, los productores menonitas reaccionaron anunciando que algunos iniciarán una nueva migración y, otros, se opondrán a las revisiones. A su vez, el gobernador César Duarte, al tiempo que deplora la partida de menonitas, anuncia que se creará la infraestructura necesaria pero que hay diversas maneras de demostrar la legalidad del funcionamiento de los pozos y no sólo la documental. Así lo dijo: “Están salvaguardados los derechos de quien legalmente está utilizando el agua. Y cuando me refiero a legalmente, es no necesariamente que tengan los papeles, hay muchas razones por las cuales hay un marco al cual se acogieron y se generaron derechos. Los cuales deben ser respetados”. Definir tales aspectos, aclarar la participación de las distintas dependencias involucradas –y no sólo las federales– esbozar la ruta crítica de la resolución del conflicto, es insoslayable. Pero no hay otra salida, sólo la de la plena vigencia del marco legal. Por él clamamos permanentemente.

Reestructuraciones partidarias

El Diario, 18 de septiembre de 2012 Luis Javier Valero Flores Una vez terminado el proceso electoral y agotadas las instancias nacionales a las que podrían acudir los partidos de la alianza de la izquierda, el panorama nacional de los partidos –y del sistema de partidos– pareciera encaminarse a la plena “normalización”. Nada nos lleva a pensar que así sucederá, mucho menos en las agrupaciones de izquierda y en el PAN, que enfrentan un muy incierto porvenir de frente a las elecciones estatales del próximo año, 14, con una sola a gobernador –Baja California– y casi todas las demás consistentes en renovación de alcaldías y diputaciones. El proceso electoral recién terminado debiera llevar a todos los partidos a repensar acerca de su futuro, incluso el PRI, y por supuesto a sus partidos aliados, creer que por haber llevado a Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República les garantiza pervivencia y permanencia en el poder es hacer una mala apuesta. Pues, por las evidencias políticas posteriores a las elecciones, se avizora un poderoso movimiento de oposición, quizá al principio no se advierta así, pero las señales están en el panorama político, la amplísima votación obtenida por López Obrador (y ahora hay que decirlo así, 3-4 años atrás muy pocos pensaban que tenía alguna posibilidad de disputar la presidencia) es un reflejo de la extendida inconformidad contra los gobiernos del PAN, pero también contra los gobiernos locales, casi todos ellos en manos de priistas. Por su parte, que una cuarta parte del electorado lo haya hecho por el PAN a pesar del descomunal fracaso del gobierno calderonista, y su antecedente foxista, refleja la existencia de un sector de la población en el cual está profundamente arraigada la preferencia por el blanquiazul y el rechazo tanto a los priistas como a la izquierda. Pero ambos segmentos políticos cruzan por una grave crisis. La carta de Javier Corral (que afirma no haberla proporcionado al periódico Reforma, sino por alguna “filtración” desconocida para él) compendia el grado de enfrentamiento a su interior. Tanto así, que su presidente, Gustavo Madero, quien nadie pensaba que podría convertirse en un líder partidario, lo está haciendo a fuerza de enfrentar los excesos del todavía presidente y de encabezar la intentona del calderonismo por hacerse de la conducción del PAN. Probablemente asistiremos a la concreción de una alianza de innumerables grupos al interior del PAN, enfrentados a Calderón. Les puede llevar a que las elecciones estatales les sorprendan en plena confrontación, lo que les acarrearía la posibilidad de aparecer como un partido del 10-15 por ciento de la votación en muchas entidades, porque a la confrontación nacional deberá agregársele las locales. El panismo chihuahuense no es ajeno a ello, al contrario, la anulación de la elección de candidatos a senadores culminó con el señalamiento del Tribunal Electoral de la Federación de haber cometido fraude en ellas. Las consecuencias de ello aún no aparecen, pero sería inaudito que habiendo protagonizado un episodio de tal naturaleza, no existan sanciones para quienes llevaron al PAN chihuahuense a uno de sus peores resultados electorales, aunque no sería el único factor contribuyente a ello. Sabedores de los riesgos, algunas fuerzas intentan evitar la elección interna y proclamar candidatos de unidad, del éxito en esta tarea dependerá su desempeño en la próxima elección, en la que todo hace suponer que el PRI podría alzarse con la abrumadora mayoría de las posiciones, pues si bien es cierto que la izquierda obtuvo más de 300 mil votos, su presencia orgánica es débil y su aparición en la campaña electoral podría verse más disminuida si, como ha sido el caso en casi todos los procesos electorales locales más recientes, el PT decide aliarse con el PRI y eventualmente el partido del Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) busca también dicha alianza. Y, por otro lado, el PRD verá aumentar la profundidad de su crisis local si el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) decide convertirse en partido político, además, deberá afrontar en fechas próximas la elección de sus órganos dirigentes en el estado, debido a la anulación, por el TEPJF, de la anterior. Pero los integrantes de Morena-Chihuahua, si desean participar en el proceso electoral lo deberán hacer bajo el registro de uno de los tres partidos mencionados, a menos que nos den la sorpresa y decidan aliarse de forma total. Lo dicho, les esperan momentos difíciles a todos los partidos.

De cartas y deudas

El Diario, 16 de septiembre de 2012 Luis Javier Valero Flores Dos acontecimientos ocurridos en la semana llaman la atención preponderantemente, muy por encima de otros no menos importantes –y muy lesivos para la mayoría de la población algunos de ellos– los que han, en el caso del primero, polarizado las opiniones y han traído una discusión que algunos creímos superaría el país, la del presidencialismo, y el otro, el del manejo de las finanzas públicas. La carta de Javier Corral a Felipe Calderón, publicada a mediados de semana y la aprobación de un nuevo endeudamiento del Gobierno del Estado son, a juicio del escribiente, de lo más importante. No escapa a la atención de la opinión pública las iniciativas de ley propuestas por Felipe Calderón –la reforma laboral– y la de Enrique Peña Nieto –sobre la transparencia–, así como las acciones de los campesinos alrededor del problema del agua en el noroeste del estado. ¿Cuáles fueron las razones que llevaron al ahora senador por Chihuahua, Javier Corral, a publicar la carta en la que critica severamente a Felipe Calderón? ¿De veras, como dicen sus críticos, algunos de ellos verdaderamente demoledores, sobre todo quienes publican sus críticas en las redes sociales, lo hizo con el ánimo de “ganarse” los reflectores? Quizá esa publicación obedezca más al grado de encono al interior del aún partido gobernante, que llega en uno de sus peores momentos y estados de ánimo a su aniversario 73o. y del cual apenas nos estamos percatando y de cosas que, probablemente, hayan llevado a Corral a buscar la atención pública y no dejar soterrada una agria discusión cuyas consecuencias podríamos no inferir y sí, quizá, lamentar. Ambos personajes le imprimieron a sus actuales diferendos una gran pasión al intercambiar severos epítetos, particularmente el de señalar al otro de cobarde. Corral manifiesta no tenerle miedo al aún presidente de la república –¿Es decir, no le tiene miedo a pesar de que puede usar su fuerza en contra de Corral? Gravísimo–; de oponerse a los abusos de las televisoras y no haberse doblegado ante ellas –quiere decir que sí hubo quienes se doblegaron, por deducción, Calderón– y de expresarle al michoacano todas las cosas en su “cara, no como otros”. Todo porque Calderón, en ausencia, calificó de cobarde a Corral por no haber asistido a la reunión de los senadores panistas a fines de agosto. A continuación, Corral enumera una buena cantidad de asuntos en los cuales emite opiniones muy parecidas a las de los críticos del actual régimen, y no sin razón. Quizá para algunos –o muchos– de los lectores de El Diario, sean puntos de vista que se han oreado en nuestras páginas. El senador acusa a Calderón de haber contribuido grandemente a la derrota del PAN, de estar fuera de la realidad al vanagloriarse de los “logros” de su gobierno; de culpar al PAN de ser el artífice de la derrota (en el curso de la semana, lejos de México, Felipe Calderón declaró que algunos de su partido hubieran querido que ayudara ilegalmente a su partido en la campaña electoral. La respuesta de Gustavo Madero fue tajante: Nadie pidió eso, y si Calderón –así lo dijo– sabe, que lo denuncie); lo llama a cuidar su investidura y ubica el malestar de Calderón en la oposición de Corral a la política de telecomunicaciones de Calderón. Tajante, le achaca ser el responsable de la fortaleza del duopolio televisivo; de ser débil frente a Televisa; de saber que la candidatura de Peña fue construida por esa empresa; de que el PAN perdió muchas elecciones y uno de los factores fue “la presencia de Peña Nieto apoyando al PRI”. Lapidario, califica de fracaso de Calderón el regreso del PRI al gobierno; lo acusa de ser incongruente con sus ideales y luchas y por eso le llama cobarde, además, lo señala por golpear y esconder la mano. Incisivo, lo acusa de ser el causante de las divisiones al interior del PAN, de no tener civilidad política y de poseer un carácter “colérico” y lo exhorta a permitirle “al partido que retome su rumbo…. Porque el partido es de todos. Actuar de otra manera es jugar al Jefe Máximo…”. Le reconoce haber mantenido “la estabilidad económica”, así como la infraestructura creada durante el sexenio. Además, le espeta que defendió su administración tanto en artículos periodísticos como en la tribuna parlamentaria. El final de su carta, por desgracia, pareció ser lo más lejano a un debate. Lo llamó a discutir “nuestras diferencias cuando quieras, en donde quieras y ante quien quieras”. Ante una postura como ésta, que podría ser firmada por casi cualquier dirigente de los partidos opuestos al PAN, o por infinidad de analistas, estudiosos, académicos y periodistas, se han vertido innumerables críticas a Corral, casi todas ellas atendiendo al concepto de que no fue capaz de “respetar” la investidura presidencial, como si los actos efectuados por quien la posea, por ese solo hecho, no deban ser criticados. Más aún, la discusión verdadera, la que deberá estar retomando la militancia del blanquiazul tendrá que aterrizar, forzosamente, en el inusitado papel jugado por Calderón en la toma de decisiones de su partido, muy por encima de las instancias dirigentes y de la más elemental norma ética que hasta los priistas del pasado tuvieron que, por lo menos, declarar, al decir que mantendrían “una sana distancia” con el partido. El sexenio de Calderón fue todo lo contrario, que desembocó en una interminable cadena de derrotas electorales. Todo lo perdieron en este sexenio, sólo les faltó el partido. ¿Y la injerencia de Televisa en la fabricación del candidato del PRI a la Presidencia de la República? Eso es un hecho incontrastable. ¿Y la subordinación de Calderón a Televisa? ¿Alguien podría defenderlo? Fue vergonzosa. ¿Se acuerdan de qué manera desaparecieron en las imágenes de las notas a Santiago Creel, entonces senador de la República, a la sazón uno de los principales promotores de las reformas electorales de 2007-2008 que prohibieron la propaganda política en radio y televisión? No, para desgracia de muchos defensores de Calderón y de otros no menos críticos de Corral, éste no miente en la mentada carta. Por otra parte, a reserva de abordarlo con más elementos y más información, porque la manera en que ahora se endeudan las entidades aparentemente no hay “mayor problema”, es un “financiamiento muy bondadoso, las condiciones económicas del estado lo aguantan”, etc., pero el hecho es que poco a poco –y a veces más de a mucho en mucho, como es el caso– las deudas de los estados están creciendo, algunas de ellas de manera preocupante. Chihuahua podría estar ingresando a ese grupo, no en las proporciones de Coahuila, por ejemplo. Sin embargo, el monto del último empréstito, el plazo y montos de su pago y las obras a realizar son de llamar la atención. Y más porque los montos de los intereses a pagar a lo largo de 20 años sí que impactarán las finanzas estatales. Las explicaciones pendientes a los chihuahuenses son muchas. Para empezar, una, ¿Cómo está eso de que el “capital semilla” del préstamo de 1 mil 465 millones de pesos sea de 300 millones que “nos presta” Banobras, única cantidad sobre la que se deben pagar intereses, y los chihuahuenses pagaremos alrededor de 150 millones de pesos anualmente durante 20 años? Cualquiera puede hacer las cuentas, pagaremos 3 mil millones de pesos por un préstamo de “300 millones” ¿Ah, no es así? ¿Entonces nos prestaron 1 mil 465 millones de pesos y por eso son los intereses de esa magnitud? Si es así, entonces no parece tan buen negocio llevar la deuda de Chihuahua a los niveles que ahora tenemos.

Nadie resuelve

El Diario, 13 de septiembre de 2012 Luis Javier Valero Flores Si hubiera que recurrir a una figura, que por desgracia en este caso no lo es, para ilustrar la profundidad del conflicto del agua y la electricidad para la producción agropecuaria, ahí está la nota en que se informa del deceso de un menonita, ocurrido en el municipio de Villa Ahumada el fin de semana anterior. El menonita murió electrocutado en el intento de “colgarse” de la energía eléctrica y conectarla a un pozo ilegal. ¿Qué le vamos a hacer? En el curso de los últimos días, todas las autoridades implicadas en el conflicto del agua y la electricidad se han acusado unas a otras de la desesperante situación existente que ha llevado a productores no menonitas a bloquear el tráfico de trenes en Ahumada desde ayer. Así, el gobernador del Estado, César Duarte, acusó a Conagua y CFE de avivar el conflicto entre campesinos pues la dependencia encargada del agua intenta trasladar el problema y “enfrentar chihuahuenses para luego endosarle el problema al Gobierno del Estado”. Pero al criticar tales posturas, en un lenguaje críptico, al comentar el operativo, encabezado por la Secretaría de Gobernación, anunciado para cerrar pozos de donde se extrae agua sin el permiso correspondiente, el mandatario afirmó que es un “ejercicio que a todas luces no les ha dado resultado” (nota de Alejandro Salmón, El Diario), dando a entender que en esa acción el Gobierno del Estado, o no participa, o simplemente no comparte esa manera de resolverlo. La confusión generada por las dependencias oficiales es verdaderamente pasmosa. El martes, la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (CNA o Conagua) informó que ya no cuenta con los recursos financieros y humanos para atender el problema masivo de pozos ilegales (nota de Heriberto Barrientos, El Diario, 12/IX/12). Según esta información es el Gobierno del Estado el que ha solicitado la participación de la Secretaría de Gobernación en los operativos mencionados arriba. ¿Y entonces? Y esa es, sólo una parte del problema, la otra es el conflicto con la CFE, a causa de los adeudos de cientos de productores y el incumplimiento de la paraestatal al acuerdo signado días atrás mediante el cual se comprometió a suspender los cortes de electricidad, en tanto que los usuarios iniciaban el pago parcial de sus adeudos. Bueno, ya para que hasta el gobernador del Estado acuse directamente a la paraestatal de faltar al compromiso firmado, quiere decir que existe un elevado grado de ingobernabilidad ¡Pero al interior del Gobierno federal! Las acusaciones son lapidarias, especialmente las lanzadas por el diputado local priista, Alex LeBarón, quien acusó de corruptos al delegado de Semarnat, José Ignacio Legarreta Castillo, y al gerente de Conagua en el estado, Sergio Cano Fonseca, “por permitir la perforación de pozos para uso agrícola en zonas de veda, a cambio de sumas en dólares” (nota de Antonio Rebolledo, El Diario, 11/IX/12). Fue más allá en sus acusaciones: “Ahora por eso vemos a mestizos y menonitas unidos contra Conagua, dependencia federal que permitió la sobreexplotación subterránea, pero también la colocación de presones en la parte alta de la cuenca de El Carmen, en Namiquipa”. Si faltara un ingrediente, de acuerdo con la nota, un estudio efectuado por Conagua, referido por el diputado, además de dar cuenta de la existencia “de 2 mil 846 solicitudes de apertura de pozos en las áreas no vedadas del acuífero, esto es, en zonas de libre alumbramiento”, pero que en realidad esconden el hecho de ser, “pozos clandestinos de extracción subterránea por consentimiento de Conagua y colusión de la Comisión Federal de Electricidad”. Además, que el estudio atribuye la mayor parte del problema al incremento de la superficie agrícola, asunto en el que la “Semarnat emitió escritos de autodeterminación a los solicitantes de cambio de uso de suelo, en lugar de negarles el permiso por sobreexplotación del acuífero” y a que dependencias federales y estatales han otorgado apoyos “para perforación, equipamiento de pozos o sistemas de riego, sin considerar si hay o no disponibilidad de agua o la autorización de cambio de uso de suelo; además de que la CFE suministra energía sin considerar la disponibilidad de agua”. Y todo por no resolver el conflicto de acuerdo con el marco legal existente. ¿Son legales o no los permisos concedidos para la apertura de miles de nuevos pozos y presones? Si no lo son ¿Qué falta para aplicar la ley?

“Estamos a mano”

El Diario, 11 de septiembre de 2012 Luis Javier Valero Flores La decisión de López Obrador, anunciada el domingo anterior, de separarse del PRD, es una de esas acciones largamente esperadas por el movimiento social y político dirigido por el tabasqueño. Tal anuncio opacó al otro realizado en el curso de la misma reunión celebrada en el Zócalo de la Ciudad. de México, el del llamado a la desobediencia civil y la ratificación del desconocimiento del ex perredista de Enrique Peña Nieto como presidente electo. AMLO advirtió que continuará en la lucha política, ahora, quizá, cobijado por las siglas del nuevo partido, cuya concreción habrá de darse el próximo 20 de noviembre, después de pasar por un proceso en dos etapas, la primera, de carácter distrital (el 15 de septiembre) y la estatal. Al contrario de otras fracturas en el seno de los partidos de izquierda, en la actual no hubo las descalificaciones tan comunes en ellas –y no solamente en las agrupaciones izquierdistas– al contrario, lo común fueron las expresiones de bienvenidas a la nueva agrupación. Ese fue el tenor de las expresadas por los dirigentes del PRD, Jesús Zambrano, del PT, Alberto Anaya y del Movimiento Ciudadano. Pero un día antes, el verdadero dirigente del PRD, Jesús Ortega, declaró lo que realmente piensan la mayoría de los dirigentes de ese partido (saludó la salida de AMLO del PRD, porque así se acabaría la “esquizofrenia”, dijo, a su interior), quienes, ante la salida del tabasqueño, provendrán abrumadoramente del agrupamiento interno denominado Nueva Izquierda –que en la jerga de los izquierdistas son conocidos como Los Chuchos, por el mote que reciben quienes se llaman Jesús, Ortega y Zambrano– y a quienes, hace tiempo, se les indigestaba la presencia de López Obrador. Más aún, al haber anunciado, días atrás, que los legisladores federales procedentes de los partidos de la alianza Movimiento Progresista integrarían sendos grupos parlamentarios en ambas cámaras –diputados y senadores– en realidad pavimentaron el camino de la separación de AMLO y sus simpatizantes, integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) del partido del sol azteca, hasta hoy el partido de la izquierda más grande y poderoso jamás existido. Con la salida de López Obrador es posible que una buena cantidad de sus militantes –y quienes lo abandonaron en el curso de los últimos años, justamente cuando se fortalecía a su interior la alianza dirigente conformada por Los Chuchos y el agrupamiento dirigido por Amalia García– decidan acompañarlo en la nueva tarea de conformar un partido a la izquierda del PRD y probablemente más arraigado en las zonas en las que este partido es un auténtico movimiento popular, o en donde más recientemente un buen número de ciudadanos de las capas medias decidieron apoyar la candidatura de AMLO. En el curso de los próximos días habremos de ver si era cierta una máxima al interior del PRD, consistente en que ahí en donde el partido del sol azteca tenía fuerza popular y era un poderoso partido electoral, era porque no lo dirigían Los Chuchos, y al contrario, ahí en donde estos conforman el grupo dirigente, el PRD es un partido casi testimonial, lo cual ocurre en la mayor parte del país, incluido Chihuahua. Del cómo procesen tal salida y nueva conformación partidaria, así como la conformación de las alianzas entre los partidos de izquierda, y de algunos de estos con el PRI (fundamentalmente PT y MC) dependerá el curso de las elecciones del próximo año en 14 entidades (Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas), de las cuales sólo en Baja California estará en juego la gubernatura. ¿Es una fractura, o división de la izquierda, como ya se adelantan a proclamarlo infinidad de voces? No, simplemente, diríamos algunos, legalizaron, o formalizaron lo que era más que evidente: la conformación de dos grandes bloques de la izquierda electoral en México, el de Los Chuchos y sus amigos, y el de López Obrador. En medio quedarán, aunque no necesariamente juntos, los agrupamientos dirigidos por Cuauhtémoc Cárdenas y Marcelo Ebrard. Los problemas serán para personajes como Miguel Mancera, sabedor de la enorme fuerza de AMLO en el DF, básica si se aspira a otras posiciones y roles, y el mismo actual Jefe de Gobierno capitalino, Ebrard, y hasta para personajes como Alejandro Encinas y Pablo Gómez, no necesariamente alineados a alguno de tales acuerpamientos de la izquierda mexicana. Es una nueva historia.

Cuestionable inicio electoral

El Diario, 9 de septiembre de 2012 Luis Javier Valero Flores Muy lejos aún de las campañas electorales y de las designaciones de candidatos, la actividad política, sin embargo, está al rojo vivo. Más aún, en aras de resolver de inmediato las propuestas del gobernador César Duarte, la legislatura ha realizado auténticas chicanadas legislativas. No puede recibir otro nombre la pretensión de los legisladores priistas –en esta ocasión, al parecer, acompañados de los diputados de todos los partidos pues nadie declara en sentido contrario– de modificar la fecha de inicio del proceso electoral y trasladarla al 15 de enero, para contar con el tiempo necesario, a fin de efectuar las modificaciones constitucionales necesarias para aprobar la propuesta de Duarte y alargar los períodos de alcaldes y diputados locales. Por si fuera poco, un incidente desesperadamente común en los últimos meses, el enésimo asalto y robo a viajeros chihuahuenses en el tramo carretero Cuencamé-Fresnillo, destapó una vertiente de irregularidades en el uso de los bienes del Congreso del Estado, al saberse que el vehículo robado fue una camioneta Suburban, propiedad del Poder Legislativo, tripulada por un hermano del diputado local priista Alex LeBaron, acompañado de otros jóvenes, al igual que él, integrantes de la agrupación juvenil de la CNC, por puritita casualidad, la organización campesina emblemática del PRI. Además, la también soterrada disputa por la candidatura a la alcaldía de la capital entre los ex diputados federales Alejandro Cano y Maurilio Ochoa, hecha pública de manera abierta por el ex alcalde Cano en una entrevista concedida al portal digital La Opción, develó los orígenes de los insistentes llamados públicos efectuados por el gobernador Duarte a no adelantarse en los tiempos de postulación –se les puede acabar el calendario, les dijo recientemente–. En la referida entrevista, Cano catalogó como un acto de traición y deslealtad al partido la decisión de Ochoa de no votar a favor del aumento del IVA del 15 al 16 por ciento, en una controvertida jugada de priistas y panistas, en la que Calderón pidió a los tricolores que votaran a favor del aumento de ese impuesto y éstos lo condicionaron a que firmaran un compromiso de no efectuar alianzas electorales con el PRD en las elecciones estatales del estado de México (¡Nomás!) y Oaxaca. Cosas de nuestra ínclita clase política, hicieron una extraordinaria contribución a la picaresca mexicana en esa ocasión. El pacto fue firmado –¡Qué cosas debemos ver!– ni más ni menos que por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont y los dirigentes partidarios del PRI. Luego, Gómez renunciaría, no por ningún asunto de su competencia, sino porque entendió que su partido y su presidente no honraron su palabra. Las consecuencias de aquella votación llegaron hasta nuestros días y localidades. Alejandro Cano la usó para acreditar ante sus compañeros de partido que él sí es leal y obediente. Este es el fragmento en cuestión de la entrevista: “Presume que solo faltó una vez a las sesiones; y, eso, justificadamente. Asistía a las sesiones previas, obedecía a su coordinador estatal y al nacional y se apegó a la talacha legislativa. Recuerda el caso del incremento del IVA al 16 por ciento. ‘En la previa yo voté en contra”, sostiene. Y añade que al existir mayoría en el grupo parlamentario, hubo de sumarse y votar a favor del aumento en la sesión plenaria, aquel año de 2009. Luego, dice que quien votó en contra del incremento al Impuesto al Valor Agregado, sin lealtad ni congruencia a su partido, cometió un acto de traición política. ¿Es una referencia concreta?, se le pregunta. Y responde: “concretísima”. Manifiesta apasionadamente que un diputado “debe ejercer un acto de conciencia en la previa pero sujetarse al acuerdo de la mayoría en la plenaria”. No habíamos presenciado confrontación tan abierta en los últimos tiempos del PRI en Chihuahua, pero quien debe resolverla, lo hizo. Apenas la semana anterior, Maurilio Ochoa fue designado presidente de la Junta Municipal de Agua de la capital y su nombramiento implica, eso entiende el escribidor, que ha quedado fuera de la disputa por la alcaldía; lo contrario sería estirar demasiado la liga, es decir, si decide efectuar este nombramiento por sólo unos cuantos meses y a principios del 2013 designarlo candidato a la presidencia municipal. ¿Le queda abierta la vía a Alejandro Cano? Po’s quién sabe, ese es uno más de los inescrutables misterios en poder de quien lo puede decidirlo casi todo en Chihuahua. Por lo pronto, quizá coincidentemente, otro de los mencionados en los corrillos políticos, Javier Garfio, secretario de Obras Públicas y uno de los hombres más cercanos al gobernador Duarte, levantó la mano y declaró que sí le gustaría ser alcalde, pero también diputado local, que quienes “andamos” en la política, desearíamos, cómo no, ser los depositarios de tales designaciones. Es decir, se inició la carrera en Chihuahua ¿Y Juárez? Bueno, esa es otra historia, luego la platicamos. Pero tantos movimientos y declaraciones políticas, reflejan, finalmente tendencias, en algunos casos verdaderamente preocupantes. Vayamos por partes, necesariamente. ¿Cómo está eso de que, al quince para las doce, cambiemos la ley para modificar la Constitución? ¿No existe una especie de espíritu de autocontención para que, cuando decidamos modificar el máximo ordenamiento legal de la entidad, lo hagamos después de una muy concienzuda reflexión y la mayor discusión posible, sobre todo si las pretendidas modificaciones son de largo aliento? ¿Dónde las extendidas expresiones populares para ampliar la duración de alcaldes y diputados? ¿Dónde los serios estudios, que nos lleven a modificar la forma de elección de síndicos y la desaparición de la prelación en la asignación de diputados plurinominales? ¿Dónde la discusión de los sectores de la sociedad interesados en participar de tales definiciones? Al contrario, todo parece transcurrir en dos pistas, distantes la una de la otra, y hasta divergentes. Tema igualmente importante es el asunto de los bienes públicos puestos a disposición de los partidos políticos y sus organizaciones. ¿Cómo justificar que personas ajenas al Congreso del Estado utilicen los vehículos de este poder para acudir a un acto partidario, porque finalmente eso son las reuniones de las organizaciones adheridas a un partido político, en este caso la CNC al PRI? Lo que pasa es que, cada vez con mayor ímpetu, por desgracia, la clase política pretende hacernos creer que es “normal” que los diputados sean algo así como funcionarios partidistas “becados” por los órganos legislativos y, por tanto, puedan usar los bienes públicos, puestos a su servicio para tareas derivadas de su encargo público, en los actos partidarios que juzguen conveniente. Igual ocurre en las campañas. Todos los diputados, de todos los partidos, se ponen de acuerdo para adelantar o suspender sesiones del Poder Legislativo a fin de incorporarse a las campañas electorales, y no solamente los fines de semana porque todo mundo hemos aceptado como “normal” que tales funcionarios públicos puedan dedicarse de tiempo parcial a las tareas partidarias. Nos quedó pendiente aquello de la “obediencia” partidaria. ¿Cuándo nos dijeron, los candidatos del PRI en 2009, que iban a aumentar los impuestos? ¿No prometieron, acaso, lo contrario? Entonces ¿A quién guardarle obediencia, al partido, o a los ciudadanos que votaron por ellos por una promesa como ésta?

Ejecuciones extrajudiciales

El Diario, 6 de septiembre de 2012 Luis Javier Valero Flores Si alguien duda de la gravísima crisis por la que atraviesan las instituciones (lo que incluye la credibilidad en ellas, y parte fundamental, la de la confianza de la ciudadanía en la procuración y aplicación de justicia) basta asomarse a los comentarios realizados por infinidad de ciudadanos en el sitio digital de El Diario de Juárez (www.diario.com.mx), tanto en las notas informativas, como en el comentario editorial del periódico, acerca de la más reciente ejecución de un presunto asaltante de una tienda “Del Río”, a manos de un policía encubierto, finalmente exonerado por el Ministerio Público, bajo la figura de “exclusión de responsabilidad”. El rasgo común es el profundo desprecio al delincuente, la exigencia de matar más personas dedicadas a la delincuencia, de “limpiar” y de no aplicar medida legal alguna en favor de quienes hayan sido detenidos cometiendo un delito. Solo la ley de la selva piden quienes deben ser -a juzgar por la contundencia de sus pronunciamientos- ciudadanos ejemplares, queremos pensar que hartos de la inoperancia, corrupción y falta de voluntad, en general, de las autoridades encargadas de combatir la delincuencia. Ese hartazgo, por desgracia, lleva a que se asuman las posturas más radicales, que se creen las más apropiadas para enfrentar una situación tan compleja como la que ahora viven la absoluta mayoría de los juarenses. Podrían aceptarse tales posturas, entenderse, pero de ninguna manera se coincide en pensar que tales procedimientos letales sean los más adecuados para enfrentar a la ola delictiva. Más aún cuando dichos procedimientos, aprobados, por quien sabe qué estructura gubernamental para evitar los asaltos a los establecimientos comerciales, propiedad de uno de los hombres más ricos de la entidad, cuyo género principal es la venta de bebidas alcohólicas (por más que algún presidente del pasado, Adolfo López Mateos o Gustavo Díaz Ordaz, hayan declarado a la cerveza “un refresco”) y que sus principales y más recientes expresiones políticas sean las del pleno apoyo a las aspiraciones del actual alcalde juarense, Héctor Murguía, de convertirse en abanderado del PRI en la elección de candidato a gobernador del pasado proceso electoral local, son una flagrante violación al marco legal establecido. Además, no es el primer episodio en el que las circunstancias de la ejecución no resultan claras, lo suficiente como para que a la ciudadanía no le quedara duda alguna acerca del peligro inminente, a la vida, sufrido por el agente encubierto que lo hizo defenderse utilizando la medida extrema, la de liquidar a quien tenía enfrente. Porque la información inicial ofrecida a los medios de comunicación fue que la causa de muerte había sido las lesiones producidas por tres disparos de arma de fuego, en la espalda de la víctima. Luego nos informarían que se habían hecho otras pruebas pericia para saber la causa de muerte, y como apuntó algún internauta de El Diario, no se necesitan tantas luces para saber si los disparos fueron recibidos de frente o de espalda, lo que llevaría a muy distintas conclusiones para saber si el policía encubierto efectivamente estaba en riesgo mortal, o como muchos pensamos, resolvió acabar de una sola vez con quien se atrevió a asaltar el negocio de uno de los hombres más poderosos de la región. Y lo decimos claramente, esa medida es el llamado más contundente a desconfiar de la autoridad; constituye, además, la más clara violación de la legalidad por parte de la autoridad y de pasada se convierte en la prueba palpable de algo que deploramos la mayoría: La existencia de un marco legal para los más poderosos, y de otro, claramente excluyente y represivo para el resto de la sociedad. Finalmente, son de lamentarse las expresiones, verdaderamente pedestres, que señalan a las motivaciones de El Diario, en repudiar la creación de la figura de los policías encubiertos, bajo el sambenito que obedecen a que los negocios de Federico de la Vega ya no se anuncian en nuestro periódico, o que los ciudadanos no pueden adquirir en sus establecimientos el periódico líder de la ciudad y que se ha constituido en un claro referente para informar al mundo entero de la enorme tragedia sufrida por los juarenses. No solo ha informado, también ha asumido una elogiable postura frente a los gobernantes, de todos los niveles, y en no pocas ocasiones su colectivo debió sufrir los embates del crimen organizado y de algunas autoridades, hasta el nivel del asesinato de dos de sus elementos. Escamotearle tal protagonismo parece un acto de mezquindad. asertodechihuahua@yahoo.com.mx http://luisjaviervalero.blogspot.com http://twitter.com/LJValeroF

Por fin ¡Se acabó!

El Diario, 4 de septiembre de 2012 Luis Javier Valero Flores Más allá de las múltiples aristas por las que se podría criticar a la actual administración federal, hay una que duele hasta lo más profundo de las venas de los chihuahuenses. Y duele con esa intensidad porque durante el gobierno de Felipe Calderón más de 12 mil chihuahuenses perdieron la vida en su guerra contra el narcotráfico. Muchos más que esa cantidad perdieron casas, propiedades, empresas, empleos y hasta la residencia, unos huyendo por el clima de inseguridad y otros, perseguidos por las bandas criminales, o amenazados por elementos de las corporaciones policiacas ligados a aquellas y todos vimos –y sufrimos– cómo el antiguo orden se perdía irremisiblemente, a pesar de que no era lo idílico que de repente puede parecernos ¡Así de profunda es la crisis de seguridad pública padecida a lo largo del sexenio que termina! ¡Puf! Calderón se va mintiendo. Y de la peor manera. Terco, insistió en ofrecer su versión explicativa acerca del crecimiento de la ola homicida, la misma que repitió cansinamente, ahora lo hizo en el mensaje con motivo del VI Informe de Gobierno. Dijo que México estaba inmerso en una dinámica perversa, “que podría resumirse así: la evolución del fenómeno delictivo y la involución de las instituciones encargadas de combatirlo… Nuestro país dejó de ser uno de mero tránsito de drogas, para convertirse, también, por desgracia, en un país de consumo”, a pesar de que, según la última encuesta nacional efectuada (Encuesta Nacional de Adicciones 2008, Consejo Nacional de las Adicciones) “el consumo de drogas ilegales y médicas en la población rural y urbana de entre 12 y 65 años de edad ha aumentado de un 5 por ciento observado en 2002 a un 5.7 por ciento en este periodo. Las drogas ilegales (mariguana, cocaína y sus derivados, heroína, metanfetaminas, alucinógenos, inhalables y otras drogas) aumentaron de 4.6 a 5.2 por ciento; el consumo de drogas médicas con potencial adictivo, usadas fuera de prescripción, mantuvieron los niveles observados en 2002. La mariguana y la cocaína son las sustancias preferidas por la población. El consumo de la primera aumentó de 3.5 a 4.2 por ciento; el aumento en el consumo de la segunda fue mayor: pasó de 1.2 por ciento en 2002 a 2.4 por ciento en 2008, es decir, que se duplicó entre ambas mediciones”. ¿Cómo justificar, entonces, las frases de Calderón? “Los criminales comenzaron a buscar nuevos mercados entre los jóvenes, impulsados por el crecimiento en el ingreso de la población… La venta de droga al menudeo, en detalle, provocó que las organizaciones no sólo trataran de controlar rutas y puntos fronterizos, como antes, sino también plazas y regiones enteras del territorio mexicano”. ¿De veras creció a tal grado el mercado interno de drogas, o será que hasta ahora, un sexenio después, no tenga a la mano la verdadera explicación del porqué las bandas criminales se mataron entre sí, con tal frenesí que provocaron la muerte de más de 85 mil personas? Terco en presentar un balance positivo, en todos los temas y áreas de la vida nacional, Calderón presumió como uno de sus logros el establecimiento de ¡Un Sistema Nacional para la Prevención y el Tratamiento de Adicciones! Con la creación de “más de 300” Centros Nueva Vida, así como el del programa de “Escuela Segura”, para proteger “a los alumnos de la violencia, de las adicciones, de las pandillas, de las drogas, de las armas” y el “Programa de Rescate de Espacios Públicos”, para el cual puso como ejemplo a Villas de Salvárcar. Así, en versión de Calderón, “pasó de ser una referencia de dolor y muerte a ser un símbolo de vida y de esperanza” y el Deportivo ahí construido “es ejemplo de lo que necesitaba Juárez: un lugar que sea la semilla para una nueva ciudad y para un nuevo México”. No fue todo. Sin atreverse a decirlo con todas sus palabras, aseguró que Juárez “llegó a ser calificada por algunos como una de las ciudades más peligrosas del mundo”, sin aceptar que la calificación real no fue esa, sino que fue la más violenta del mundo y ahora, igual que antes, como siempre en este sexenio, usó cualquier estadística para presumir que las acciones de su gobierno llevaron a la abrupta disminución de la incidencia homicida: “Los homicidios se han reducido en un 77 por ciento desde su punto más alto en Ciudad Juárez. Y los juarenses han comenzado a recuperar las calles de su ciudad”. No es todo, “Con la Estrategia Todos Somos Juárez, se alcanzó la cobertura universal de salud. Miles de jóvenes cuentan con becas para estudiar y capacitarse. Decenas de miles ingresaron al Programa Oportunidades” y todo es felicidad en el antiguo Paso del Norte, gracias a Calderón. No, po’s sí.

Oprobio nacional

El Diario, 2 de septiembre de 2012 Luis Javier Valero Flores La resolución del viernes, y los argumentos expresados por los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para declarar válida la elección presidencial y desechar la impugnación presentada por el Movimiento Progresista, constituyen uno de los peores atentados al estado de derecho, la gobernabilidad y la estabilidad del orden institucional hasta ahora vigente. Los magistrados vieron otra elección, muy distinta a la que protagonizaron los mexicanos. No sólo eso, al desestimar las pruebas presentadas, y reprobar a los impugnadores por no presentar más pruebas, hicieron a un lado todas las facultades y atribuciones del marco electoral legal, concedidas al TEPJF, para investigar si las denuncias presentadas tenían sustento, no sólo para darles, o no, la razón en sus alegatos, sino, cosa más importante, para garantizarle a la nación que las elecciones estaban dentro de la legalidad constitucional establecida en el país. Eso era lo que estaba en discusión, así lo planteó la alianza que postuló a López Obrador, quien alegó que las elecciones no habían sido libres ni auténticas, en una impugnación sobre la calidad de la elección presidencial y no, como tanto insistieron muchos, en las violaciones numéricas de la elección. Una imagen es por demás ilustrativa del estado de ánimo de los integrantes del TEPJF, quizá no de todos, pero el de su presidente sí, Alejandro Luna Ramos. Existe toda una escuela estudiosa de los mensajes corporales, y los emitidos por Luna Ramos al momento de recibir al candidato priista son por demás ilustrativos. Con una sonrisa plena, semiflexionado, con un gesto de mucha alegría, saluda a Peña Nieto con ambas manos, una estrechando la derecha del mexiquense y la otra tomándole el antebrazo con su mano izquierda. Extasiado. Lo más temido por los poderes fácticos ha sucedido. En su primer mensaje a los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador ha llamado a la resistencia civil, pues “Las elecciones no fueron, ni limpias, ni libres, ni auténticas… no voy a reconocer un poder ilegítimo surgido de la compra del voto y de otras violaciones graves a la Constitución y a las Leyes… el problema de México radica en que las instituciones están secuestradas por la delincuencia de cuello blanco... (aceptar el fraude electoral), en las actuales circunstancias, sólo puede significar arreglos cupulares o componendas en contra del bienestar del pueblo y de la nación”. “Ojalá se entienda que así como ellos defienden por todos los medios al régimen de corrupción, nosotros estamos sinceramente empeñados en abolirlo. Y, como es lógico, en este propósito no daremos ninguna tregua ni concederemos la más mínima ventaja… La desobediencia civil es un honroso deber cuando se aplica contra los ladrones de la esperanza y de la felicidad del pueblo…”. Los excesos de los magistrados, en defensa del resultado electoral, más allá de la génesis de la votación, fueron de tal grado que negaron que la mercadotecnia moderna tuviese utilidad para influir en la voluntad ciudadana. Determinaron, para sostener esta tesis, que los electores no son “autómatas”, que no se les puede influir de manera mecánica con la propaganda, que, al contrario, el ciudadano mexicano votó “en plena libertad”. ¿Habrá alguien que coincida con tan pedestre argumentación? Peña Nieto no recibió la mayoría de los votos de los electores, al contrario, sus opositores la recaudaron; recordemos que obtuvo poco menos del 39 por cierto de la votación oficialmente aceptada, apenas 4 de cada 6 sufragantes lo hicieron por el priista, por tanto, nadie tiene que aceptar, per se, su programa político, y mucho menos si, como conciben 3 de cada 10 electores, es una propuesta contraria a los intereses de la nación mexicana. Y ahí estriba el meollo de la profunda crisis política hoy existente en México, la que se agravará en el futuro inmediato. Abarcará a todo el territorio nacional. La “normalidad”, a la que muchos pensaron regresaríamos una vez definida la contienda presidencial, no regresará, vamos en el sentido del agravamiento de las diferencias políticas y sociales pues los procesos electorales no están sirviendo para darles cauces. ¿Por qué sostener tal aserto? Sólo pongamos por ejemplos tres de los grandes argumentos de la izquierda, contenidos en la impugnación de la elección presidencial: el de las encuestas, el de la participación de los gobiernos estatales en apoyo de Peña Nieto y el del uso del dinero en la campaña del mexiquense. ¡El tribunal resolvió que las primeras no influyeron y estuvieron bien hechas! Luego, que no se demostró la participación de las estructuras gubernamentales en apoyo de Peña Nieto. El exceso de recursos económicos en esa campaña fue insultante y evidenciado por infinidad de medios de comunicación. ¿Por qué no investigaron la movilización aérea de Peña Nieto? No sólo la izquierda presentó evidencias, también el PAN, y por si fuera poco, el periódico Reforma publicó un detallado y documentado reportaje ¿Por qué no se investigó? Así, el TEPJF consideró que no hubo compra y coacción del voto; que los medios de comunicación actuaron con imparcialidad; que las encuestas no fueron manipuladas para favorecer al candidato priísta Enrique Peña Nieto y que tampoco existió una campaña encubierta de Televisa y otros medios en favor del mexiquense. Más aún, que el priista no rebasó los topes de gastos de campaña, ni que hubo financiamiento ilícito; y rechazó la injerencia, en el proceso electoral, de los gobiernos estatales de extracción priista. Además, los magistrados, por unanimidad, decretaron que la alianza de la izquierda no probó que los monederos de Banco Monex o las tarjetas Soriana fueran utilizadas para comprar el voto, sin que se detuvieran a reflexionar que una parte importante de las funciones de este tribunal –y del IFE– es investigar si las denuncias presentadas por algún partido (o un ciudadano) tienen sustento pues tienen facultades para acceder a los estados de cuenta, movimientos bancarios, depositarios y beneficiarios de las cuentas bancarias del denunciado. Faltar a sus responsabilidades y facultades se convierte en algo así como la voz de arranque para el batidero en que se convertirán todos los procesos electorales. Usa la televisión, todos los medios de comunicación que puedas, crea las empresas encuestadoras que puedas, usa todo el dinero que puedas (sólo encúbrelo suficientemente), utiliza el aparato gubernamental que tengas en tu poder y haz todo lo necesario para ganar la elección que todo eso, todo, se vale. En el rebase de topes de campaña asumieron idéntica actitud, como si el IFE y sus estructuras fueran ajenos a la jurisdicción del TEPJF, al momento de evaluar si el priista había rebasado los topes de campaña, determinaron que esa era una investigación “en curso” y para evaluarla había que esperar hasta el resultado de la fiscalización, eludiendo, como en todo el curso del proceso, sus atribuciones. Tal argumentación era esencial en la impugnación de la elección, que consistió, no en el hecho de que se hayan contado mal los votos, sino en la calidad de la elección, que había estado pletórica de hechos que la volvieron inequitativa y que diversas situaciones de la misma habían impedido que la votación fuera “libre y auténtica”. La resolución del TEPJF abre, nuevamente, en materia electoral, la puerta franca a la ley de la selva. Como antes. ¡Qué desgracia!