jueves, 28 de abril de 2022

Neoliberalidad de la 4T: Estancias infantiles-escuelas tiempo completo



El Diario, 28 de abril de 2022

Luis Javier Valero Flores 

Combatiente extremo verbal del “período neoliberal”, el presidente López Obrador, sin embargo, es incapaz de apartarse de los dogmas económicos de esa corriente y llevará a que un importante sector de la población, paradójicamente de los que se encuentran en los niveles más bajos de los ingresos económicos del país, se conviertan, o sigan, como víctimas de ella.

Bajo el sambenito de desaparecer a los “intermediarios” existentes entre los programas gubernamentales y sus beneficiarios, tanto los del pasado, como los del actual gobierno, decidieron cambiar el esquema del financiamiento de las estancias infantiles -dejar de pagarle a empresarios dedicados a ello, de nueva o vieja data-, para entregarles el dinero a las madres de familia, a fin de que éstas contrataran por su cuenta.

Igualmente, han dictaminado la práctica desaparición del programa de escuelas de tiempo completo, para entregar el dinero de la misma manera que el de las estancias infantiles.

En ambos casos, el Estado Mexicano, ahora dirigido por Andrés Manuel, se desentiende de sus obligaciones y deja a esos sectores a merced ¡De las fuerzas del mercado! pues tendrán -en el mejor de los casos, si emplean los recursos para el fin que se los entregan- que actuar exactamente que lo hacen las capas medias y altas de la población; es decir, contratar esos servicios en la empresa privada.

Por supuesto que la calidad de los servicios -hipotéticamente- obtenidos dependerá de los montos invertidos en ellos por cada una de las familias.

En el caso de las estancias infantiles ¿Porqué el gobierno de la 4T no inició un programa de construcción, mantenimiento y sostenimiento de una red de estancias, encargada de otorgar ese servicio a los núcleos familiares más pobres, no contemplados en algún régimen de seguridad social?

¿Porqué no decidió incrementar sustancialmente el presupuesto orientado a las estancias infantiles del IMSS y del ISSSTE y de esa manera cubrir las necesidades de la población infantil de ese rango?

¿Acaso no pregonó López Obrador que su gobierno atacaría las causas del incremento delictivo? ¿Porqué no empezó con la población de las primeras edades?

Igualmente, la determinación de desaparecer las escuelas de tiempo completo, agrede a un sector, si se quiere minoritario de la población escolar del nivel básico, pero si se hubiesen atendido los problemas, fallas y corruptelas existentes en su aplicación -y elevado sustancialmente  la población objetivo y, obvio, el presupuesto- es infinitamente mejor que entregarles el dinero, ya fuera a las madres de familia, o a las organizaciones de padres de familia, para que éstos no solo administraran las partidas alimenticias, sino que, además, ¡Busquen y contraten a los maestros que podrían impartir las materias que los alumnos reciben en la jornada escolar ampliada!

¿Cómo está eso? ¿Y los maestros que por algunos años impartieron esas materias, con la mano en la cintura se les debe decir que se promuevan con las mamás para que los contraten? ¿Y de ser contratados, quién, o quienes serán sus patrones?

¿Y la calidad de los servicios, quién la vigilará? ¿Quién se encargará de ello?

¿Qué acaso no debiera ser obligación del Estado -tal y como lo plantea el texto constitucional- atender también a esa parte de la educación? ¿No debiera ser una de las metas de cualquier gobierno de izquierda en el mundo contemporáneo?

Y para ejemplos solo bastaría desviar la vista a los países escandinavos -y muchos de Europa- en los que los gobiernos de la socialdemocracia impulsaron esta agenda y que, luego, ni los gobiernos de derecha se han atrevido a desactivar. 

Ampliar la jornada escolar en la primaria y la secundaria haría posible que un número desgraciadamente elevado de niños no cayeran en la drogadicción y en su incorporación a las bandas delincuenciales.

Del mismo modo, la creación de la red estatal de estancias infantiles -si se quiere poner el nombre de “Bienestar”, adelante- haría posible la incorporación de más mujeres a la vida económica formal, elevaría los ingresos familiares y les llevaría a los niños la educación y la atención especializada que de otra manera no recibirán.

Eso será mejor que dejarlos en manos de las redes del neoliberalismo que tanto se combate en el discurso presidencial.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Fuente de citas hemerográficas recientes: Información Procesada (INPRO)

domingo, 24 de abril de 2022

Revocación y reforma eléctrica. Precipitadores presidenciales



El Diario, 24 de abril de 2022

Luis Javier Valero Flores 

Probablemente ningún otro presidente ha influido tanto en la opinión pública como López Obrador.

Sin embargo, dos de los procesos impulsados por él, resueltos en las últimas dos semanas, y no en el sentido que deseaba, debieran llevarlo, a él, a sus compañeros en el gobierno, a los dirigentes de Morena y a sus seguidores, a reflexionar seriamente en el momentum por el que pasan.

Si bien la consulta popular sobre la revocación de mandato arrojó que 15 millones de ciudadanos votaron porque continuara en la presidencia, fue una cantidad inferior a la mitad de la necesaria para que fuera vinculante.

Es un resultado nada malo en términos generales, pero opacado por el bajo nivel de participación -poco menos del 18% del padrón electoral- y por la elevada concentración de la votación en un puñado de entidades, ocho de las cuales acapararon casi el 60% (58.7) del total de los votos: EdoMex, 2 millones; CdMx, 1 millón 500 mil, al igual que Veracruz; Chiapas, 1 millón 100 mil; Puebla, 840 mil; Oaxaca, 670 mil; Tabasco, 600 mil, al igual que Guerrero; lo que hace un total de 8 Millones 805 mil votos concentrados en esas entidades.

Además, esa votación la alcanzaron haciendo uso de la capacidad de movilización del partido en el gobierno, que por momentos hizo recordar algunos de los pasajes “gloriosos” del partido casi único, por la cantidad de excesos violentadores de las normas electorales.

Si bien el número de casillas instaladas llevó a que el dirigente nacional de Morena y el mismo presidente arguyeran que la apertura del total de las casillas hubiese arrojado una cifra tres veces mayor a la obtenida, (pues dijeron que los votantes debieron acudir a lugares más lejanos para votar) el estudio de las 6 mil 700 casillas, que se ubicaron en la misma sección electoral que la de costumbre, arrojó un porcentaje de participación menor al del promedio nacional -alrededor del 15%-.

Por si fuera poco, en la CdMx, en donde la mayoría de las casillas se ubicaron a distancias no mayores a los 5 minutos -abrumadoramente urbanas- el porcentaje apenas rebasó el 19%, algo inesperado para el enclave lopezobradorista.

Los resultados de esa consulta sí le arrojaron resultados positivos al presidente: Le hizo la tarea a Morena en las entidades que tendrán elecciones.

Pero como experiencia “ciudadana”, en aras de que pudiese servir en el futuro, más bien se puede concluir que sería en sentido contrario. Se trató de una inmensa movilización gubernamental.

Deben preocuparse: Casi la mitad de los votos obtenidos provinieron de los electores mayores de 50 años y el 58% de los votantes por el presidente son beneficiarios de los programas del bienestar.

Hay otro resultado, que no le gustó al presidente: El número de votos obtenidos y los escasos incidentes presentados, hizo que el trabajo del INE fuera bien evaluado.

Una semana más tarde, el presidente sufría un descalabro, muy doloroso para él, a juzgar por sus reacciones.

Minimizó a sus adversarios y se le olvidó un “pequeño” dato: En 2021 Morena y aliados obtuvieron 21 millones de votos y la oposición 23 millones. 

Se reflejaron en la pizarra eléctrica de la Cámara de Diputados el domingo anterior por la noche y llevó a que la oposición se galvanizara.

Las posturas de los dos bloques, llevaron a que, por vez primera en la era de la plena competencia electoral, se rechazara una propuesta presidencial de reforma constitucional.

No hubo cabildeo alguno; no hubo negociación parlamentaria; el encargado de establecer relaciones con las fuerzas de oposición, el secretario de Gobernación, se fue de campaña con todo y matraca a bordo del avión de la Guardia Nacional. 

Así ¿Po’s cómo?

Y ante el resultado, dándole continuidad a sus dichos previos a la sesión, acusó a quienes rechazaron su iniciativa de ser “traidores a la patria”, en lo que ha sido, hasta ahora, el clímax de sus expresiones fundamentalistas, que lo evidencian incapaz de asumir que pueden existir otras opiniones, y que no necesariamente siempre le asista la razón.

Tal forma de pensar permea en prácticamente todos sus seguidores. Si alguien opina diferente, o contrario a las propuestas presidenciales; o que manifieste críticas a alguno de los proyectos o programas, de inmediato llueven las denostaciones.

Ciertamente, del lado contrario también se desgranan los epítetos y los insultos hacia el presidente, mayoritariamente.

¿Quién deberá parar semejante avalancha, quién tiene en sus manos detener la confrontación política? ¿Quién posee mayor responsabilidad acerca de la violencia verbal a la que ahora asistimos?

No asustan las confrontaciones verbales, los debates; ponen los pelos de punta la ausencia de argumentos, de ideas. Lo que la clase política protagoniza, hoy, es una feria de insultos, provocaciones, descalificaciones y vísceras.

No tengo dudas, así se desaten las críticas desde la izquierda, o desde Morena -que para muchos no es, necesariamente, lo mismo-, el presidente López Obrador tiene la principal de las responsabilidades. 

No gobierna alguno de los países escandinavos, es el mandatario de la nación que tiene, en estos momentos, a 16 de las 50 ciudades más violentas del planeta y que se encuentra en los primeros lugares mundiales en el número de asesinatos de activistas sociales, de periodistas, de homicidios y de feminicidios.

Ese mismo presidente es el mismo que pide que no se rasguen las vestiduras quienes “traicionaron a la patria al votar contra la reforma eléctrica”, dice, creyéndose ser quien encarna a la nación para decidir que sí está bien y que no.

No, Andrés Manuel es el jefe de gobierno y del Estado Mexicano, pero nada más.

No se da cuenta que el país cambió en las elecciones del 2021, como ha cambiado prácticamente en cada elección intermedia y en cada elección general.

Así, los 30 millones de votos emitidos en favor de Andrés Manuel López Obrador en 2018, se trastocaron en 21 millones por los candidatos  a diputados de la coalición gubernamental en 2021. 

Pero a cambio Morena obtuvo 11 de las 16 gubernaturas en juego ese mismo año y alcanzó mayoría en 20 legislaturas locales.

Asimismo, en la mayoría de las encuestas de este año Morena y aliados encabezan las preferencias electorales en 4 entidades (Hidalgo,  Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas), en tanto que sus adversarios las encabezan en 2 (Aguascalientes y Durango).

Y en esa conducta sólo descalificadora en el lenguaje, no en los hechos, como si fuera el único político que entendiera, o fuera sensible a los deseos de los mexicanos descartó que fueran a ser agredidos los opositores como producto de la campaña de mostrarlos como traidores.

Ignorante ¿De veras? De la gravedad de los mensajes explícitos, o implícitos, de sus palabras, en la conferencia mañanera amagó con la aplicación de la “pena de prisión de 5 a 40 años y multa hasta de 50 mil pesos al mexicano que cometa traición a la Patria …”, contenida en el Código Penal.

¿No hay una velada amenaza en contra de los opositores cuando el presidente acusa, sin más argumentos que sus propias palabras, a los que tuvieron una opinión contraria a la suya, como traidores a la patria y acto seguido les muestra el articulado penal con la respectiva sanción?

Sin embargo, en el principal tema en el abordaje de hoy, no solo el de la campaña desatada en contra de quienes votaron en contra de la iniciativa de López Obrador, sino también el de las trampas tejidas por unos y otros alrededor de la reforma eléctrica, se develan los afanes de fondo de los dos bloques políticos existentes.

Por un lado, el de la intención de la reforma peñanietista de entregar, en la medida de lo posible, el mercado de la industria eléctrica a los más poderosos consorcios financieros dedicados a ella, para lo cual instrumentaron, igual que como se había hecho a lo largo de décadas con Pemex, una estrategia encaminada a sepultarla mediante mil argucias y actos de gobierno y corrupción.

Tanto en una como en otra, la corrupción existente se volvió una inmensa bola de nieve, a grado tal que Pemex tiene una deuda prácticamente inmanejable, del orden de más de 113 mil millones de dólares al tercer trimestre del 2021. 

A su vez, la deuda total de la CFE asciende a 436 mil 651 millones de pesos.

Así, tomando en cuenta la correlación de fuerzas parlamentarias, la situación del país de la industria eléctrica y la particular de la CFE, era obligado pactar con la oposición para obtener una reforma legislativa que permitiera a ambos bloques aprobar parte de sus propuestas en un asunto que es fundamental para el país.

Esquematizadas las posturas se podría concluir que ambas coinciden en que es necesaria la participación de la inversión privada, -AMLO propuso llevar a ésta al 46%- y la diferencia estriba en el papel de la CFE, así como en la desaparición de los órganos autónomos encargados de resolver sobre el “despacho” de la energía y en la regulación de la compra, de la generación, de la distribución, etc. que el presidente propuso fuera facultad exclusiva de la CFE y la oposición de los órganos autónomos.

Vista a la distancia, era posible llegar a acuerdos, dada, también, la insistencia presidencial en llegar a acuerdos -negociar, dijo- con las empresas eléctricas privadas que simularon ser generadoras de autoabasto y que en realidad, muchas de ellas, podrían ser merecedoras de sanciones penales y fiscales.

¿Porqué les propone el presidente negociar, en lugar de aplicar la ley vigente que, de ninguna manera, permite tal cosa?

¿No habría sido mejor negociar antes de la discusión de la reforma en el Poder Legislativo?

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Fuente de citas hemerográficas recientes: Información Procesada (INPRO)

jueves, 21 de abril de 2022

De traiciones y traidores



El Diario, 21 de abril de 2022

Luis Javier Valero Flores 

Difícil momento vive la izquierda electoral de México. En general esta corriente política en el país transitó mal por la así llamada “vía electoral”. 

La izquierda de origen comunista y socialista efectuó a lo largo de décadas una intensa y a veces interminable discusión acerca de la participación electoral.

Al asociarse a los grupos rupturistas del PRI, a fines de la década de los 80’s, esa discusión fue superada por otra: ¿Cómo derrotar al régimen del partido casi único, el del PRI?

Así, prácticamente sin discusión, la izquierda socialista plegó sus banderas ideológicas y se entregó entusiastamente a las luchas electorales. Se olvidó de la lucha de clases y la construcción de un nuevo régimen, socialista o socialdemócrata, como en algunos pasajes de los primeros tiempos del PRD se llegó a plantear, fundamentalmente por Porfirio Muñoz Ledo.

Y le fue bien electoralmente, tanto abanderando a Cuauhtémoc Cárdenas como a López Obrador. Los triunfos electorales se dieron en prácticamente todo el país, el que no se podrá entender en el futuro sin esa aportación democrática de la izquierda y sin la participación decidida del ahora presidente. Con él en la presidencia perredista llegaron los primeros triunfos estatales.

Pero la participación en las contiendas electorales traía aparejada una buena cantidad de consecuencias, la primera de ellas, la plena aceptación de las reglas electorales y la del marco legal existente, lo que implica -si se sabía de ello, y si no, peor- la también aceptación de actuar dentro de un conjunto de normas, reglas, instituciones, dependencias, alianzas económicas y modelos económicos los cuales fueron construyéndose paso a paso por el bloque político hegemónico, los cuales pasaban por la plena integración a los EU.

Pero la primigenia discusión, la de aceptar, o no, subsistía, no solo en los cada vez menores sectores de la izquierda socialista, sino también entre quienes llegaban del partido fundado por Miguel Alemán -porque se equivocan quienes plantean que el PRI fue fundado por Lázaro Cárdenas- por ello, Morena, el partido gobernante, en sus primeros momentos fue cruzado por una, a la postre inútil discusión: Si el Movimiento de Regeneración Nacional se convertía en un partido o en un movimiento.

Era inútil, su principal activo y su más importante dirigente ya lo había resuelto: Había que derrotar al PRI y ganar la presidencia de la república.

Para lograrlo había que construir un vasto movimiento social en pos de ese objetivo, que requería alcanzar una gran organización electoral que compitiera con la poseída por el PRI y, además, -y no se necesitaba exagerar- enfatizar en todo lo negativo que sus gobiernos habían prohijado, pero, oh! Sorpresa, para López Obrador eso lo habían hecho solamente en el “período neoliberal”, no antes, no el PRI de antes.

De ahí el ensalzamiento del presidente López Mateos pero dejando de lado los aspectos, -y no fueron pocos- negativos, represivos, de ese mandatario. De ello podrán dar cuenta los más veteranos de aquella izquierda.

Pero si se enfatizó en todo lo negativo que fueron los partidos del régimen neoliberal, entonces las consecuencias son hasta lógicas: No puede haber arreglos con ellos, si se oponen a las directrices del presidente, porque éstas son las adecuadas, son las que van en el sentido de la nación -de la patria-, de ahí que nadie podrá oponerse a ellas, no obstante la existencia de un complejo entramado de reglas, normas, contrapesos y aspectos técnicos y financieros como los que rodean a la industria eléctrica de nuestros días.

Y si se oponen a los deseos del presidente, entonces son contrarios a la patria, son traidores.

Tal concepción se deriva, otra vez, del viejo dilema de la vieja izquierda. 

Si entras al juego electoral, entonces tendrás que aceptar la existencia de los “otros”, que pueden, no solamente competir, sino ganarle a los “transformadores”; que hay sectores de la población que no comulgan con tus concepciones y que, por lo tanto, son “conservadores, fifís, reaccionarios, racistas”, etc., pero que, a menos de cambiar totalmente las reglas democráticas, electorales vigentes, entonces los transformadores deberán, necesariamente, que convivir con esas fuerzas.

Y ahí está el problema. También la acusación que en su visión no necesita comprobación, basta con el señalamiento: ¡Los compraron!

Por ende, quienes, en los medios de comunicación, en la academia, en las organizaciones no gubernamentales, las de la sociedad civil,  mantenemos opiniones críticas, somos “chayoteros”; “les llegaron al precio” o, peor, los “manipulan”.

El lenguaje del odio, el de la confrontación política por encima de todo; la pretensión de eliminar verbalmente al adversario se está convirtiendo a grandes zancadas en el método principal de la discusión política. 

Descalificar al otro, acusarlo sin más razones, ni pruebas; lincharlos, forma parte del discurso político de hoy. 

Urge cesar ese discurso de odio.

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Fuente de citas hemerográficas recientes: Información Procesada (INPRO)

domingo, 10 de abril de 2022

Revocación partidizada



El Diario, 10 de abril de 2022

Luis Javier Valero Flores 

Hoy se pone en marcha el segundo ejercicio de una de las figuras señeras de la democracia participativa, la consulta sobre la revocación de mandato de un gobernante, -ya antes, en 2021, se había realizado la consulta acerca del enjuiciamiento, o no, de los expresidentes- y, como aquella, se realiza (después de elaborarse y aprobarse bajo las premuras de la urgencia política del momento) en medio de una gran controversia, centrada, no sobre la pertinencia, o no, de la permanencia en el cargo del presidente López Obrador, sino en todos los temas adyacentes, que son, ni modo, simplemente colaterales.

Problemas del origen: La ley de revocación de mandato fue aprobada gracias a la convergencia del bloque gobernante y el de oposición. No podía ser de otra manera pues Morena y aliados no contaban -ni cuentan- con la mayoría calificada para imponer tal figura, que tropezó, desde el inicio, con la pretensión del presidente de celebrarla el mismo día de las elecciones federales de mitad de sexenio. 

La oposición rechazó tal pretensión, sabedora de que iría con una enorme desventaja en caso de que, por pura asociación de ideas, el electorado apreciara que se trataba de una elección en la que estuviera en juego la permanencia del presidente López Obrador y ligara tal elección con la de refrendar los triunfos de Morena en 2018.

Los partidos del viejo régimen no se arriesgarían a tal pretensión y AMLO tuvo que ceder pues de otra manera no se aprobaría la legislación respectiva.

Y les salió un engendro.

La legislación de la revocación de mandato es un monumento a la antidemocracia: ¿Cómo es que aprobaron que los impulsores de la revocación, o que los de la ratificación del mandato no pudieran debatir públicamente sobre el tema?

¿Cómo fue que aprobaron que solo el organismo electoral tuviera facultades para organizar debates sobre el tema?

Y en esos afanes antidemocráticos coincidieron unos y otros; por distintas razones: El presidente que quería un mecanismo para aprovechar su indudable popularidad y lograr que se reflejara en la composición de la nueva legislatura federal y de las gubernaturas para consolidar su hegemonía política; y la oposición, sabedora de la profundidad de su crisis y de lo inerme frente a la fuerza del presidente, que no deseaba enfrentar directamente, nuevamente, a López Obrador en las urnas.

Pero lo protagonizado en los últimos días, por las fuerzas gubernamentales, no tiene parangón en el México de los últimos 30 años. 

Ni siquiera el PRI de Zedillo se atrevió a desafiar tan abiertamente, ni a las autoridades electorales, ni al marco legal vigente como la élite dirigente de Morena en los días previos a la consulta de revocación de mandato.

Las imágenes, discursos y posturas de los secretarios de Estado de López Obrador, de la Jefa de Gobierno de la CdMx, de los jefes militares; del uso abierto de recursos públicos en apoyo a la ratificación del mandato del presidente son evidencia palpable de la grosera, reiterada, soberbia e insolente violación, no sólo al marco legal vigente, sino al mínimo compromiso democrático, protagonizada de quienes gobiernan, hoy, nuestro país.

Son atrabiliarios y mentirosos. Desbocados, se lanzan contra el órgano electoral, acusándolo de sabotear la consulta cuando fueron los artífices del entramado legal que la hizo posible y al que los consejeros electorales no les queda más que obligar, a todos, respetarlo.

¿En qué cabeza cabe que la principal depositaria de los favores presidenciales para la contienda del 2024, sea quien encabece los afanes violentadores de la ley electoral y que, encima, se queje de que se le coarta su libertad de expresión, luego de escucharla en la arenga del pasado fin de semana, en la que, a pesar de las prohibiciones legales, insistió en declarar que al acto se presentaba “como ciudadana”, y como “jefa de gobierno de la CDMx”?

Inquieta, por decir lo menos, la cachaza del ahora Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, negando lo que es una certeza, su abierta, grosera, insultante, desproporcionada y desmesurada actitud de efectuar actividades proselitistas -viajando en avión de la Guardia Nacional y acompañado del Comandante de la misma- en favor de la ratificación del mandato de AMLO, en una abierta violación, no solo al marco legal vigente, sino también a las formas políticas a las que está obligado el responsable de la política interna del país.

Del mismo modo, que una senadora de Morena -a la que nadie de su partido contradijo- afirmara que denunciar el uso de los bienes públicos, como el avión de la Guardia Nacional, para acudir a actos proselitistas, “no era competencia del Senado”, ni de que, igualmente, la crítica al jefe de la Guardia Nacional, por su participación en los mismos actos proselitistas, fuera atribución de los senadores, porque, dijo, en una más que abierta proyección sicológica, el Gral Rodríguez Bucio, Comandante de la Guardia Nacional, estaba “bajo las órdenes del Comandante de las Fuerzas Armadas”, o sea el presidente.

Se equivoca, aunque sea un general, Rodríguez Bucio pidió licencia y formalmente su jefe es el secretario de seguridad pública. Se proyectan, no dejan de pensar en su pretensión de que toda la seguridad pública sea dejada en manos del ejército.

El comandante de la Guardia Nacional debe renunciar, o debe ser renunciado y el Instituto Nacional Electoral deberá establecerle un procedimiento sancionador pues el comandante cometió varios delitos electorales y de afectación al patrimonio público, además de violar la norma militar.

Para bien del país, hace muchos años dejamos atrás la participación abierta, directa, de las fuerzas armadas en la conducción política ¿Porqué tendríamos que abandonar tal decisión? 

De ahí la pertinencia de la aplicación de las sanciones establecidas en la ley para quienes la trasgreden.

El presidente juró respetar y hacer respetar la ley y de ninguna manera puede ahora esgrimir que usen la ley para obligarlo -a él y a sus subordinados directos, como en este caso- a acatarla. 

Está obligado a hacerlo, por simple congruencia democrática.

Y a eso están obligados quienes acudan a votar en la consulta de hoy. 

Por supuesto que quienes desean que se vaya el presidente tienen el derecho a manifestarlo, igual que quienes se han pronunciado por su permanencia en el cargo.

Del mismo modo, quienes decidan no acudir a votar, por las razones que sean, les asiste el mismo derecho, incluido el de llamar a no votar, así como los que, estentóreamente, desde las tribunas del poder político, han llamado a votar por la permanencia de AMLO en la presidencia.

Es más, a quienes han llamado a no votar, para que no se alcance el porcentaje del 40% del padrón electoral, les asiste la razón, la suya, para hacerlo -y es el colmo del mundo bizarro en que nos tocó vivir- pues alcanzar esa cifra sería lo único que acarrearía consecuencias legales -en caso de que la mayoría votara por la revocación del mandato- pues entonces el presidente tendría que dejar el cargo.

Y como es una certidumbre la de que no se alcanzará la cifra de alrededor de 37 millones de votantes el día de hoy, entonces, para los afanes ciudadanos, de quienes rechazan al presidente, la consulta no tiene mayor interés.

Así, la figura de la revocación de mandato deberá sufrir serias rectificaciones legales, en muchos aspectos, y adecuarse, para aplicarse en el ámbito local, para que presidentes municipales y gobernadores puedan ser sometidos a tales revisiones ciudadanas, cuyo afán determinante sea el de la ciudadanía, y no el de los partidos políticos, que se han apresurado, como en toda la vida política del país, a apoderarse de las que debieran ser, estricta y exclusivamente, herramientas de la sociedad.

LEY ELÉCTRICA: NI CONSTITUCIONAL, NI LO CONTRARIO.- La sesión de la SCJN arrojó, en los temas centrales de la ley impugnada, una votación mayoritaria de 7 ministros que la declararon INCONSTITUCIONAL, y una minoría de 4, que la declararon CONSTITUCIONAL. La ley sigue vigente, pero el hecho de que, mayoritariamente, se hayan pronunciado por la inconstitucionalidad da pie a que quienes se inconformen con la aplicación de la ley puedan tramitar, y obtener, amparos, pues muchos jueces de distrito y los tribunales se guiarán por el sentido de la votación de la sesión del jueves anterior. Los litigios, seguramente, se resolverán, muchos de ellos, en la Corte Suprema en la que, si prevalecen las opiniones expresadas en esa sesión, con mayoría simple, se resolverían en sentido contrario al pretendido por el presidente López Obrador.

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jueves, 7 de abril de 2022

Afanes exterminadores




El Diario, 7 de abril de 2022

 Luis Javier Valero Flores 

México es un país plural y diverso, a pesar de los dos bloques políticos que se disputan la conducción de la nación desde del triunfo de Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena, en las elecciones presidenciales del 2018, y las locales posteriores.

Si en alguna ocasión -o en un momento- existieron las condiciones para que el país entrara a una etapa en la que el debate y la discusión democrática fueran los temas centrales de la disputa política, hoy están desaparecidas; la confrontación, la descalificación, la ira y el insulto es lo prevaleciente en el México de hoy.

Y sin duda, la carga mayor recae en quienes poseen las mayores responsabilidades ciudadanas, en este caso los gobernantes de Morena y, sobre todo, el presidente López Obrador.

Desde la tribuna mediática que mayor audiencia tiene en el país, la conferencia mañanera del presidente López Obrador, es de donde se lanzan los peores, más frecuentes y recurrentes ataques a quienes no coinciden en alguno de los aspectos de la obra gubernamental del tabasqueño.

Pero en los días previos a la realización de la consulta de la revocación de mandato, fuimos testigos de una serie de actos que concitan a la preocupación, no sólo sobre este evento de la democracia participativa, sino sobre lo que vivirá el país en las próximas jornadas electorales -las del resto del año, las del próximo año 2003 y, sobre todo, las generales del 2024-. 

Fue inaudito. Era para no darle crédito a lo difundido profusamente por todos los medios de comunicación, y luego desmentido enfáticamente por el presidente López Obrador, en uno de los episodios más opacos de la gestión del presidente emergido de Morena.

No sólo fue el hecho de que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, participara en sendos actos, en varias entidades del norte del país, en apoyo al refrendo de la gestión de AMLO, sino que, además, el encargado de la política interna del gobierno federal, se lanzase en contra de los actuales consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), e incluso amenazara con echarlos de sus cargos “con la cola entre las patas”, y que, además, para trasladarse usara el avión preferido de los integrantes del gabinete, un jet de la Guardia Nacional.

Por si fuera poco, López Hernández se hizo acompañar del Jefe de la Guardia Nacional, el Gral. Luis Rodríguez Bucio, en lo que fue la aparición de un jefe militar en funciones, en un acto político, luego de más de 80 años de la última aparición de un jefe militar en un acto de esa calidad.

Inquietante el mensaje, pues el otro tabasqueño, gobernador con licencia de su entidad, es el encargado del establecimiento de los puentes de relación con el resto de las fuerzas políticas, responsable de la vigilancia de la preservación del estado de derecho en el país; de las relaciones del Poder Ejecutivo con el resto de las instituciones y que, además, violó todas las disposiciones electorales que al país le costaron más de medio siglo construirlas, para echar de la conducción, organización y ejecución de las elecciones al partido gobernante de su momento, por puritita casualidad el partido del cual emergieron los dos tabasqueños más influyentes del actual gobierno.

¿Será esa la actitud que asuman los gobernantes de hoy? ¿La del desprecio al marco legal vigente? ¿La del atropellamiento de las instituciones encargadas de la conducción de los procesos electorales? 

¿Serán capaces de echar por la borda lo construido hasta ahora, a contrapelo del viejo régimen, que tanto se resistió a aceptar las nuevas reglas de la competencia electoral y que ahora Morena se apresta a violentar, en el súmmum del desquiciamiento provocado por el ejercicio del poder, en la falsa percepción de que su hegemonía pervivirá más allá de López Obrador?

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domingo, 3 de abril de 2022

Fracaso de Corral: Duarte podría quedar libre



El Diario, 3 de abril de 2022

Luis Javier Valero Flores 

A muchos chihuahuenses el solo hecho de plantear la posibilidad los enerva: Al ex gobernador César Duarte sí lo van a traer a México, pero podría seguir su proceso en libertad.

¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo, si todos fuimos testigos-víctimas de su mal gobierno, claman en todos los tonos los ciudadanos abordados con ese tema?

Y de los cuestionamientos se pasa a las exclamaciones de desesperanza, que crecen cuando se discute, también, que el ex gobernador Javier Corral enfrente la posibilidad de caer preso -N’ombre, si todos son igual y ninguno va a quedarse en la cárcel.

Por desgracia, frente a tales posturas se alza la certera posibilidad de que tan sombríos pronósticos pudieran convertirse en realidades. Para ello deberían darse un sinnúmero de concatenaciones que, desafortunadamente, son de lo más frecuentes en el ámbito judicial del país.

Si faltara un ejemplo que sirviera para ilustrar lo anterior, ahí está el caso del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y su litigio personal con la familia de su fallecido hermano, que sólo la Suprema Corte de Justicia -gracias al impacto social despertado- detuvo para darle la razón a la contraparte de Gertz, quien usó toda su influencia y poder para ganar el caso.

A pesar de ello, el fiscal Gertz y un numeroso grupo de funcionarios prejudiciales y del Poder Judicial -federal y local de la CdMx- siguen en sus puestos.

El caso de César Duarte es paradigmático de lo que la clase política -la del pasado, la de antes que llegara la aportada por la 4T- había construido para preservarse y evitar que fueran castigadas sus tropelías.

¿Cómo podríamos siquiera soñar que esa clase política se daría un balazo en el pie y legislar para que el peculado -el robo de recursos públicos- fuera considerado como un delito grave?

Esto dice al respecto Google: “El peculado es el nombre que recibe el delito de malversación de caudales públicos en América y que está tipificado en el código penal. Es un delito que consiste en la apropiación del dinero público, que pertenece al Estado, por las personas que están encargadas de gestionar, administrar y custodiar dichos recursos”.

Y como no tiene aquella calidad, la legislación mexicana establecía que los imputados pudieran transitar su juicio en libertad. 

Es decir, solo los gobernantes pueden cometerlo, por ello, varios de los exfuncionarios duartistas que fueron sentenciados como culpables de la comisión de ese delito, están siendo procesados en libertad. 

Estuvieron encarcelados merced a la terquedad del ex gobernador Corral, que contó con la anuencia de numerosos integrantes del Poder Judicial, además de los funcionarios de la Fiscalía General del Estado. Estuvieron violando la ley flagrantemente, a sabiendas, y esa conducta dió pie a la hora de los carniceros de ayer.

Eso cambió a partir del 2019 gracias a una iniciativa del presidente López Obrador -de las cosas rescatables de la actual administración federal- y ahora, junto con los delitos electorales y algunas causas más, son consideradas como delitos graves.

En tanto, la extradición de César Duarte es inminente y todo lleva a concluir que su juicio lo llevará en libertad. 

Tal aserto lo afirman, no sólo los abogados defensores, sino prácticamente todos los juristas consultados por el escribiente y que, para Ripley, la más contenta de la inminencia de la extradición resultó serlo la defensa del ex gobernador Duarte, al conocer que se había dictaminado en su contra el último recurso jurídico que le quedaba al ballezano para evitar su extradición. 

¿Sabrán algo que no sabemos?

El problema, para el gobierno de Maru Campos, es que hay una extendida percepción de que sería la responsable de que Duarte saliera libre, si así ocurriera, aunque esa condición sólo se le puede atribuir a los integrantes del Poder Judicial del Estado en quienes recaiga la realización del juicio al que será sometido el ex gobernante y, eventualmente, a los del Poder Judicial de la Federación, que hasta allá puede llegar tan polémico y esperado juicio.

El caso Duarte ya no está bajo la responsabilidad o atribuciones de la titular del Poder Ejecutivo, la que, acaso preocupada por aquella percepción, ha expresado que no sería liberado al llegar a México. No lo podría asegurar.

Hay más. 

Contrariamente a la versión de la vocera de la Fiscalía General del Estado, Sahira Castro, quien afirmó que Efectivamente, la extradición está solicitada por una sola causa penal; sin embargo, existen diversas carpetas iniciadas en contra del exfuncionario público por la posible comisión de delitos, las cuales, una vez que se encuentre aquí, tendrá que enfrentar… de ninguna manera implica que se quede impune por las otras carpetas iniciadas en su contra”. (Nota de Sandra Rodríguez Nieto, El Diario de Juárez, 31/III/22).

Pues no es así. El Tratado de Extradición entre México-EU establece claramente que el extraditado sólo podrá ser enjuiciado por los delitos que le fueron imputados en esa causa y por ningún otro.

Como casi todos los tratados internacionales, el comentado aquí está dotado de un lenguaje preciso, para no dar pie a diversas interpretaciones. Esto dice en lo referente en el tema a discusión:

Artículo 17.- Regla de la Especialidad 

1.- Una persona extraditada conforme al presente Tratado no será detenida, enjuiciada o sancionada en el territorio de la Parte requirente por un delito distinto de aquel por el cual se concedió la extradición ni será extraditada por dicha Parte a un tercer Estado…”.

Duarte será extraditado merced a la causa penal contenida en la carpeta de investigación 3041/2019, con la acusación de asociación delictuosa y peculado por 96.6 millones de pesos que fue presentada ante la Corte federal de Miami para la solicitud de extradición.

Y ante los dichos de la FGE de Chihuahua, el defensor de Duarte, Juan Carlos Mendoza, adujo que, Si bien es cierto que aquí se le abrieron en el estado de Chihuahua otras 19 carpetas, ninguna de ellas procedió ante la Fiscalía General de la República (FGR), que era el primer filtro, para luego dirigirse con la Dirección de Asuntos Jurídicos de Secretaría de Relaciones Exteriores y poder solicitar la extradición; ninguna de ellas procedió”. (Ibídem).

Lo que en términos llanos significa que el gobierno de Javier Corral no tuvo la capacidad para elaborar bien las acusaciones contra Duarte, a tal grado tan defectuosas que el gobierno federal, al que tan obsecuente fue en la parte final de su administración, no le pudieron ayudar a hacer la tarea, la única por la que se comprometió al llegar al gobierno.

No pudo llevar a la cárcel al “vulgar ladrón”. 

Sí lo está en este momento, pero se trataba de que le fincaran bien los cargos, que los sustentaran adecuadamente para que, de ser ciertas las acusaciones, en todas las instancias judiciales el ex gobernador fuera declarado culpable de los delitos imputados y no ocurriera lo que ahora, que en días veremos, que el mayor endeudador del estado vaya a ser enjuiciado ¡En libertad!

No es todo.

En caso de que Duarte fuera recluido en una prisión, debería ser una estatal pues, aducen sus defensores y muy probablemente tengan razón, es señalado por una investigación que le siguen las autoridades estatales y no existe un proceso en el fuero federal de tal manera que la resolución sobre la extradición también contendrá este aspecto.

¿O podría darse el caso de que el Poder Judicial Federal atrajera el caso y ser encarcelado en una prisión federal?

De ese modo, toda la parafernalia publicitaria realizada por el gobernante del “Nuevo Amanecer” chihuahuense fue inútil. 

Ni la caravana desplegada por medio país, ni el engaño de los expedientes X, ni la carretilla con la documentación de las supuestas investigaciones que Javier Corral llevó a la Fiscalía General de la República sirvieron para algo.

Acaso la única acusación que tenía sustento para proceder fue la efectuada por Jaime García Chávez. Corral la desechó, no sin antes lanzarle un edulcorado discurso y calificarla de “robusta denuncia”. Nunca la tomó en cuenta.

Se los adelantamos en pleno corralato: Los carniceros de hoy serán las reses de mañana.

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Fuente de citas hemerográficas recientes: Información Procesada (INPRO)