¡Cuidado, los patos traen escopetas!

El Diario, 29 de julio de 2021

Luis Javier Valero Flores 

Es de no creerse. 

El lenguaje que por décadas usaron los principales personajes del viejo régimen como Gustavo Díaz Ordaz, Francisco Sahagún Baca, Miguel Nassar Haro, Práxedes Giner Durán, Arturo Durazo, Fernando Gutiérrez Barrios, Rubén Figueroa y otros semejantes, es el que ahora lanzan por delante infinidad de integrantes de Morena a propósito de la detención del agricultor Andrés Valles:

¡Qué bueno que ya lo detuvieron, les faltan otros! ¡Refúndanlos!

“… ¡Ya basta de provocadores a modo. Andrés Valles, Salvador Alcántar, Mario Mata. Fernando Baeza, José Reyes Baeza entre otros, deben enfrentar a la justicia ellos son los provocadores!”.

En aquellas épocas, el lenguaje del odio, represivo, violento e intolerante se le lanzaba a los participantes de las protestas sociales y se cebaba en contra de los dirigentes. 

Así fue a lo largo de décadas, a lo largo y ancho del país. Tanto en los movimientos sociales locales, regionales como los nacionales.

Ante la violencia represora se levantaban nuevas protestas y otros mexicanos se sumaban al río opositor al régimen. La suma de todos ellos hizo posible el triunfo de López Obrador en 2018. Se construyó sobre ríos de dolor, sangre, muertos, años de cárcel y protestas que se fueron acumulando a lo largo de esos años.

Por desgracia, hoy, el primer gobierno nacional que se asume de izquierda, ha repetido todo el arsenal de los instrumentos y acciones que usó el viejo régimen para combatir a sus opositores. Lo ha hecho en Chihuahua del mismo modo que los gobiernos represores lo hicieron antes. Ahora, en contra de quienes se opusieron a la extracción del agua de las presas el año pasado.

Igual que antes, como siempre, uno de los más destacados dirigentes de ese movimiento ha sido vinculado a proceso y el juez federal que sigue la causa ha decretado que deberá seguir el proceso detenido en prisión.

Como en la oleada violenta del 2010-2012, cuando las policías detenían a un sicario, de inmediato le acusaban de ser el responsable de todos las ejecuciones. 

Así lo hicieron el martes con Andrés Valles. Le abrieron 7 carpetas de investigación más. Temerosos de que el juez pudiera resolver, o la libertad, o que pudiera continuar el proceso en libertad, tarde, representantes de la Conagua y la CFE le allegaron a la FGR más acusaciones.

No hay duda, el gobierno de la 4T ha fabricado ya sus primeros 4 presos políticos, son chihuahuenses. Era el paso que le quedaba para cumplir con toda la ruta represora en contra de un movimiento.

Lo dijo diáfanamente Martha Holguín, esposa de Andrés Valles: “… esto ya se convirtió en una persecución política encarnecida”.

Si alguien dudara de la intención del gobierno federal, la acusación de participar en un motín y la participación de las dependencias federales en la fabricación de las acusaciones no deja margen a la duda. 

Se trata de un reo político, por una razón, porque no le podrán demostrar participación directa en ninguno de los supuestos delitos cometidos, y como no lo podrán demostrar, entonces, como lo hicieron en contra de sus opositores los gobiernos de Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y Vicente Fox, a Andrés Valles lo acusan de motín.

¿Porqué hace esto Andrés Manuel López Obrador? ¿Porque la mayoría de los votantes lo hicieron por el PAN? ¿Porque los productores del centro-sur se opusieron a sus decisiones?

¿Porqué? ¿Porqué?

¿Porqué cebarse en el dirigente Andrés Valles; porqué hacerlo de la misma manera en contra de Rosendo L., Juan L. y Juan R.?

¿Dónde están las investigaciones acerca de los violentísimos hechos del año pasado? ¿En dónde los informes que debieran rendirle a los chihuahuenses? ¿Quién responderá por los graves daños causados a la economía regional a causa de la extracción del agua?

Muchas respuestas le debe el presidente a los chihuahuenses, entre ellas la del porqué envió de embajadora a Francia a la ex directora de Conagua, su instrumento para llevar al cabo lo que ahora es, ya, una tragedia en Chihuahua, familiar para los parientes de los detenidos y de Jessica Silva, y colectiva para toda una región que depende en grado mayor de los volúmenes de agua de las presas.

Y todavía se atreven muchos insensatos a exigir el encarcelamiento de más dirigentes y participantes de las protestas del año anterior.

Lo dicho, se voltearon los papeles, nunca creímos que ocurriría lo que ahora vivimos.

Es insoportablemente indignante.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

¿Pues no que eran abrazos y no balazos?

El Diario, 25 de julio de 2021 

Luis Javier Valero Flores 

• Muerte y cárcel por defender el agua
• Policías de la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron orden de aprehensión en contra del dirigente de productores agrícolas, Andrés Valles, ex presidente del módulo 4 del distrito de riego de Delicias
• Lo acusan de motín, robo de vehículo y daños a propiedad federal en las presas La Boquilla y El Granero.
• Juan Carlos Loera, ex candidato de Morena y ex delegado del gobierno federal, señala también al diputado federal panista, Mario Mata, y al presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua, Salvador Alcántar.
• En el colmo de la incongruencia, el gobierno de Javier Corral secunda la detención y se apresta a fincarle otros cargos

Inaceptable ánimo revanchista es el que ha llevado al gobierno federal a ordenar la detención de quien fue uno de los principales líderes opositores a la extracción del agua de las presas.

El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, es, sin duda alguna, el responsable, tanto de la detención de Valles, como de la extracción del agua, acciones ilegales, por todo lo demás, tanto una, como otra, tomadas por el hombre que llegó al poder prometiendo abrazos y no balazos… pero para los delincuentes.

Sus decisiones han llevado a la muerte a una agricultora, a la cárcel a 4 agricultores y ha causado severos daños a la economía de esa región, luego de que cientos de productores y habitantes se enfrentaron a la Guardia Nacional y la obligaron a desalojar las instalaciones de la presa La Boquilla, debido a que el gobierno lopezobradorista había ordenado sacar el agua para, supuestamente, pagarle a los EU los compromisos del Tratado de Límites y Agua de 1944.

No deja de llamar la atención que solo hasta pasadas las elecciones se liberaran las órdenes de aprehensión en contra de Valles.

Vendrán más, vaticina y espera el ex candidato de Morena, Juan Carlos Loera, quien señala en concreto a Mario Mata y Salvador Alcántar. 

A éste último dirigente de la Asociación Estatal de Usuarios de Riego -que la Unidad de Inteligencia Financiera aún le tiene congelada una cuenta bancaria, la de su pensión universitaria- lo señala como violento.

No hay duda del origen de la autoría de la ilegal y arbitraria detención de Andrés Valles. 

El presidente López Obrador adujo, el viernes, que “No es por venganza su detención, hay pruebas de que él fue (Andrés Valles, el que incitó a la violencia… Hay pruebas, son uno o dos videos”. AMLO. (De la Redacción, El Diario de Chihuahua, 23 julio 2021).

Además, amenazó con detener a otros.

No fue lo único que declaró. 

Como si Valles formara parte de la red de corrupción existente, el presidente anunció que limpiaría “de corrupción todos los distritos de riego en Chihuahua”, asunto olvidado por su gobierno en Chihuahua, al momento que señaló “hasta exgobernadores” como responsables del acaparamiento del agua.

¿Qué le pasa a López Obrador? ¿De veras el ánimo revanchista lo está consumiendo?

¿A cuáles ex mandatarios se refiere, quienes de ellos son acaparadores del agua? ¿Porqué no los ha denunciado y presentado las pruebas correspondientes?

Digámoslo sin ambages, el gobierno de la 4T lanzó contra los agricultores una vasta operación represiva.

Nada le faltó: Lanzó al ejército a tomar las presas; a enfrentarse con los manifestantes; desplegó una intensa campaña mediática acusando a los líderes de acaparadores del agua; los acusó de violentos, lanzó a la Guardia Nacional a detener activistas; se sospecha de un operativo de infiltración para desprestigiar al movimiento.

Más: La Unidad de Inteligencia Financiera se fue contra los líderes y el municipio de Delicias y les congeló las cuentas bancarias; lanzada la ofensiva, produjo lo que ocurre muy frecuentemente, la agresión armada de algún grupo militar contra civiles que asesinó a Jessica Silva; acusó a los 3 detenidos de terrorismo y ahora va por los líderes del movimiento.

Llegó al extremo de hacer uso del espionaje. 

El columnista Raymundo Riva Palacio así lo afirma “según fuentes gubernamentales, Pegasus sigue funcionando en el Centro Nacional de Inteligencia, sustituto del Cisen”. Desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, usando “otro sistema de intervención telefónica que ayuda a establecer las redes de vínculos del usuario… (desde la cual se investigaron) a quienes protestaban por el tema del agua en la presa de La Boquilla en Chihuahua –de donde salieron acusaciones públicas e infundadas contra políticos–…”. (El Financiero, 23/VII/21).

La acusación en contra de Andrés Valles es verdaderamente endeble y muestra que su detención es claramente ilegal e injusta, la cual no tiene más propósito que criminalizar la protesta social, además de cobrarse la “afrenta” causada a la oposición a los deseos presidenciales pues Morena fue arrasada en esa región en las recientes elecciones.

En el video usado para intentar acreditar la comisión de los delitos mencionados dejan de lado una de las últimas frases usadas por Valles en la que, luego de enumerar las acciones que efectuarían, en caso de no ser tomadas en cuenta sus exigencias, dijo muy claramente que no debería hacerse nada, sino hasta que él “diera la orden de ‘fuego’!”.

La frase de Valles tenía una explicación: Los dirigentes ya habían advertido de la posibilidad de la infiltración en el movimiento de personas ajenas a él y a ellos, de ahí la exigencia a que dependieran de la indicación que solo Valles podía dar.

No hay evidencia de que lo hizo. No la hay, porque no la dió.

No tiene la FGR ninguna evidencia, ni de que diera alguna indicación en el sentido de efectuar acción violenta alguna, ni de su participación en los hechos violentos que sucedieron en la ciudad de Delicias, los que se atribuyeron a personas no ligadas al movimiento.

Peor aún, hay sobradas evidencias de la participación en los hechos violentos de personas ajenas al movimiento. Uno de ellos fue detenido por los agricultores y obligado a mostrar sus credenciales. Pertenecía a la Guardia Nacional.

El colmo de la desvergüenza es el delegado de la FGR en Chihuahua, Ernesto Badillo, quien salió a los medios a calificar como  “exitosa” la aprehensión de Valles, cual si hubiese aprehendido a un peligroso delincuente y para ello hubiese necesitado el empleo de una gran fuerza policíaca.

Ojalá esa enjundia la mostrara para combatir a la delincuencia organizada que está en poder de extensas áreas del estado de Chihuahua.

Y en eso de criminalizar a los movimientos sociales, ahora no va solo el gobierno de la 4T. El fiscal Peniche y el secretario Mesta Soulé, seguramente por indicaciones del gobernador Corral, se sumaron a las acusaciones de la FGR.

Es verdaderamente indignante la conducta del gobernante chihuahuense. Cuando creyó que podía aprovecharse del movimiento, de manera más que tibia se sumó, luego de haber respaldado la decisión de la ex Directora de Conagua, Blanca Jiménez, de extraerle el agua a las presas, cuando se lo propuso -y apoyó- a mediados de diciembre del 2019.

Luego, tuvo que huir una semana del Palacio de Gobierno ante el cerco impuesto por los productores, quienes le reclamaron, justamente, haberle dado la espalda a los chihuahuenses.

Ahora busca congraciarse con el presidente y saca la guadaña en contra de los productores.

Finalmente. Dan pena quienes respaldan al gobierno federal, sus argumentos derrochan mentiras, desconocimiento y/o mala fe; entre ellos, destacadamente, el ex delegado y ex candidato de Morena, Juan Carlos Loera.

El agua, ciertamente, le pertenece a la nación, (como todas las cosas del territorio nacional); nadie puede ostentarse como propietario de ella, pero el Estado Mexicano tiene la facultad de concesionarla, y en el presente caso lo ha hecho con los usuarios de los distritos de riego de las presas. 

Ese es el derecho que tienen; por lo tanto, no puede autoridad alguna modificar esa situación si no es respetando los procedimientos establecidos por la ley, que contemplan, además, el derecho al debido proceso de los usuarios. 

No es cierto lo que afirma Loera en su muro: “… El agua es de todos, no de unos cuantos, quienes insisten que el agua de las presas les pertenece, eso no es así, son aguas nacionales y deben llegar a los cauces naturales para dar vida a otros lugares. No puede persistir el egoísmo”. Nada de lo que dice está incluido en el Tratado de Aguas.

Ahora deberán arrostrar -los gobernantes de la 4T- la muy justificada ira de muchos chihuahuenses que se presentarán el martes en la capital del estado a exigir la liberación de Andrés Valles.

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¿Escoltas para el ex gobernador Corral o no?

El Diario, 22 de julio de 2021

Luis Javier Valero Flores 

Corral desató la polémica, luego del envío de la propuesta -entre otros temas- para decretar la obligatoriedad del gobierno estatal de suministrar la protección -escoltas, vehículos, combustibles, seguros de gastos médicos mayores para los escoltas, mantenimiento de vehículos, etc.-. 

Lo que ha recibido ha sido un rechazo generalizado.

Dos son los argumentos centrales de los opositores a la propuesta: Primero, la ineficiencia de los gobernantes actuales para combatir la inseguridad prevaleciente -in crescendo en su gobierno-; y, segundo, el desmedido tiempo solicitado para que sean protegidos los funcionarios, lo que trae aparejado un desmedido gasto público en ese rubro.

Los más informados critican la enorme incongruencia del gobernador Corral. 

Los argumentos usados por los opositores a la medida son los mismos, o muy parecidos, a los usados por quien ahora implora le sea concedida una guardia a cargo de Chihuahua por los siguientes cinco años. 

Son las consecuencias de gobernar mal y, además, de hacerlo con la soberbia que caracterizó a quien prometió que enjuiciaría al “vulgar” ladrón, que traería a Chihuahua “Un nuevo amanecer” y que conduciría a los chihuahuenses a dejar para siempre el espíritu “aldeano”.

Ahora enfrenta el rechazo de la abrumadora mayoría de la población a cualquier propuesta y/o a cualquier cosa o diga el auténtico “solitario de Palacio”.

Es de tal dimensión el generalizado rechazo a Corral que su propuesta, de inmediato, obnubila la razón y conduce a abandonar la debida discusión que debiera darse sobre este tema que, de ninguna manera, tiene el carácter de trivial y al cual no se le puede abordar bajo la tónica revanchista que reviste a muchas de las opiniones opuestas a la propuesta corralista.

A ese debate se ha sumado el presidente López Obrador, quien ha dicho que “no debe usarse dinero público del Estado para eso” y propuso, a cambio, que si sintiera Corral en riesgo “hay un mecanismo de protección, que se apoye con la Secretaría de Gobernación como todas las personas que consideran pueden ser víctimas de un atentado”.

A esas declaraciones del presidente, se sumó el diputado morenista,  Miguel Colunga, quien afirmó que “esto es mejor que gastar decenas de millones de pesos en escoltas y camionetas”.

Independientemente de la opinión del presidente, prevalece la discusión ¿Se les debe otorgar, o no, protección con cargo al Estado a quienes ejercieron funciones públicas que los ponen en riesgo?

La propuesta de Corral expresa que deben ser las finanzas estatales las que la provean y la del presidente López Obrador es de que corran a cargo del erario federal. En cualquiera de los dos casos se tienen que emplear recursos públicos para ello.

Existe, además, un factor suplementario: La entidad ha estado, a lo largo de los últimos 12-13 años, en los primeros lugares de homicidios cometidos anualmente.

Eso, y los varios incidentes en los que han estado involucrados -como víctimas- algunos de los escoltas del actual gobernador, sin dejar de lado los atentados sufridos por los, en esos momentos, gobernadores Patricio Martínez y Reyes Baeza, además del relato de César Duarte, quien sostuvo que en un acto en Nuevo Casas Grandes, cuando aún era candidato, fue sacado por su guardia personal anticipada y abruptamente del mitin que encabezaba por la presencia de personas que advirtieron como extremadamente peligrosas, debieran llevarnos a reflexionar más allá de las circunstancias particulares que envuelven a la gestión de Javier Corral y su propuesta.

Seguramente que para Chihuahua, en términos económicos, la mejor solución sería la propuesta por el presidente López Obrador, que deberá sopesarse muy bien y evaluar su real concreción.

Seguramente lo procedente sería que se otorgara a quienes ejercieron los cargos de la seguridad pública, la procuración de justicia y el gobernante saliente, pero durante un lapso no mayor a los 6 meses, sin que la administración estatal se hiciera cargo de la movilidad del ex funcionario custodiado y que el gobierno de Chihuahua le otorgara a los escoltas lo necesario para ejercer su función, además de lo relativo a la seguridad social, incluido el vehículo indispensable para ellos.

Se plantea de ese modo porque se parte de la idea que el ex funcionario ha regresado a sus actividades personales -cualesquiera que sean, en el ámbito público o particular- y que los ingresos públicos recibidos le permitirán, como lo hacen todos los ciudadanos, costear la movilidad generada por sus actividades y que la protección otorgada por el gobierno tendría una temporalidad suficiente como para acceder al retorno a la vida económica.

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El “opaco” Corral quiere custodios

El Diario, 18 de julio de 2021 

Luis Javier Valero Flores 

En medio del desastre en que dejará al gobierno de Chihuahua, Javier Corral se ha aventado la última de las puntadas (eso esperamos, que sea la última): Está pidiéndole al Congreso del Estado que le asigne custodios, a él y a varios de sus funcionarios, con cargo a la administración estatal, por un lapso semejante al del ejercicio de los cargos en la administración del “amanecer” que nos trajo a Chihuahua.

Su petición la hace en medio del escándalo generado por su negativa a entregar la información del gobierno al equipo nombrado por la gobernadora electa, Maru Campos.

Quien llegó al gobierno ondeando en todo lo alto la bandera de la transparencia, rasgo central que le imprimiría a su administración, se conduce, en los últimos minutos de la misma, con la peor y más obscura de las opacidades.

Y como lo hizo a lo largo de su gestión, mintiendo, y ahora a quienes se harán cargo del gobierno estatal, a quienes (a ellos y a los chihuahuenses) les miente descaradamente al sostener que no se incrementó la deuda del gobierno del estado.

Así lo “cabeceó” El Diario, periódico al que Corral soñará: “Heredará a Maru 59 mil mdp, 10 mil millones más de lo que asegura el gobernador”. (El Diario, 16/VII/21). 

“El Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos de la Secretaría de Hacienda establece que al 31 de diciembre de 2016 la deuda del estado de Chihuahua alcanzaba los 49 mil 685 millones 835 mil 970 pesos, mientras que al primer trimestre de 2021 llegaba a 59 mil 626 millones 35 mil 311 pesos”. (Nota de Javier Olmos, El Diario de Juárez, 16/VII/21).

De acuerdo con los cálculos efectuados por El Diario, César Duarte dejó una deuda de corto plazo del orden de los mil 500 millones de pesos (mdp), de largo plazo de 20 mil 509 mdp; deuda contingente (varios rubros), de 24 mil 462 mdp y deuda de los bonos Cupón Cero, de 3 mil 214 mdp. 

En total, 49 mil 685 mdp.

A su vez, Corral dejará como herencia 563 mdp de deuda de corto plazo; pero habrá aumentado la de largo plazo al orden de los 32 mil 822 mdp; otros pasivos, 11 mil 37 mdp; deuda contingente de 14 mil 828 mdp y la de los Bonos Cupón Cero los habrá disminuido a 377 mdp.

En total, 59 mil 626 mdp, un aumento de casi 10 mil mdp, equivalente al 20% de la deuda que le dejó “el vulgar ladrón”.

Pero aún falta sumarle a esas estratosféricas cantidades, la deuda a proveedores y las que les adeuda a distintas dependencias, en particular a Pensiones Civiles del Estado, a las universidades (Autónoma de Juárez y Autónoma de Chihuahua) y a distintos organismos autónomos, entre los que destaca (por el grado de deshumanismo que refleja) el adeudo a la Cruz Roja y al CRIT, además de los adeudos al Ichisal, a los trabajadores de la salud, etc.

Pueden ascender a cifras de escándalo, del orden de los 10 a los 15  mil mdp.

Además, debemos agregarle una deuda a la federación de mil 140 millones de pesos por concepto de pago de participaciones federales, monto  real que Corral y el Secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, aducen que se adeuda por ese concepto y no el total de las participaciones federales del año, que los rumores dicen adelantó el presidente López Obrador a Corral.

No podría encontrarse mejor ilustración del enorme fracaso como gobernante del que fuera brillante (por momentos) tribuno parlamentario del PAN y que ahora, en las postrimerías de su gobierno, se atreve a dar consejos a la siguiente administración ¡Sobre el manejo de la deuda! y le dice que “estará obligada a solicitar un crédito de largo plazo pues se tendrán que idear esquemas para hacer frente a la compleja situación”.

¡Válgame la virgencita!

Corral le aconseja solicitar más deuda, y al mismo tiempo le anuncia que deberá “idear” esquemas para afrontar la situación que deja ¿Cómo cuales, por ejemplo, vender los aviones y viajar por tierra, como prometió?

¿Y qué tal ajustar los salarios de los primeros niveles de mando del gobierno, como lo hizo el “aldeano” que ahora hace giras para “inaugurar” obras inconclusas?

Pero resulta que ese, que se autoerigió en consejero de Maru Campos, dejará a la entidad en peores condiciones de como la recibió: Un salvaje incremento de la deuda; la criminalidad in crescendo, superior a la que recibió (que, justo es decirlo, la ola creciente de homicidios se había iniciado en las últimas semanas de 2015 y aumentó en los meses previos a su toma de posesión) pero de ninguna manera en los niveles con los que entregará el gobierno a su odiada compañera, Maru Campos.

No son los únicos rubros en los que la administración del “Nuevo Amanecer” entrega peores cuentas que las de César Duarte. El sistema de salud, previamente a la pandemia, evidenciaba un gravísimo quebranto; fruto de una política errática, la educación no arroja índices de mejoría; los niveles de bienestar son peores que los de fines del 2016; hoy hay más pobres que en aquel momento y la obra pública, además de ínfima, es desastrosa.

No están peores los aspectos relacionados con la gobernabilidad y la institucionalidad, los escándalos judiciales generados por las graves y burdas intromisiones en el Poder Judicial y el Legislativo; en los organismos autónomos y en su propio partido.

No hay aspecto de la vida pública en el que el “aldeano” gobernante entregue buenas cuentas. Así lo percibe la mayoría de la población, percepción recogida en todas las mediciones efectuadas por las empresas encuestadoras, que lo ubicó, permanentemente, en el último o en el penúltimo de los lugares con los que los ciudadanos calificaron a los gobernadores.

Su competidor más cercano siempre fue el gobernador de Morelos, el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco.

La opacidad es el signo característico -bueno, uno de ellos- del gobierno del amanecer, pero los plazos son fatales en la política y la administración pública. 

El 29 de julio, de acuerdo con la ley de Entrega-Recepción, deberá entregar al nuevo equipo el total de la información sobre la deuda, so pena de afrontar cargos penales y/o administrativos.

De ese modo, a pesar de la reiterada oposición de Corral, deberá iniciar el proceso de entrega recepción, al que se ha negado reiteradamente, de tal manera que esa oposición y la opacidad con la que se conduce en este tema, ha dado pie a suponer que los hoyos de las cuantiosas deudas dejadas por su administración son mayores a los que ahora se supone.

No deja de sorprender que Maru Campos haya resuelto traer a Ernesto Cordero, el antiguo secretario de Hacienda y Desarrollo Social en el gobierno de Felipe Calderón, para jefaturar al equipo que deberá recibir las finanzas estatales.

La explicación es impactante -o por lo menos, una de las explicaciones-: Es que Cordero fue el secretario en tanto que Fuentes Vélez era el delegado estatal de Desarrollo Social ¡Maru trajo al ex jefe del Secretario de Hacienda  de Corral para que le entregara la información de las finanzas estatales!

¡Híjole!

Las similitudes con su antecesor son inevitables, pero hay grandes diferencias con las dejadas por Duarte. 

Al finalizar aquel sexenio, la operación para esconder la información fue notoria; las denuncias públicas del modo en que se sacaban enormes cantidades de archivos de las oficinas estatales fueron numerosas, la diferencia es que ahora están documentadas muchas de las jugarretas, anomalías e ilegalidades cometidas por quienes se van del gobierno el 7 de septiembre, algunas de ellas demostradas por las Auditorías, la Superior del Estado y la de la Federación.

No es una exageración asentar que en muchos de los actos de gobierno de Corral se cometieron ilegalidades -no necesariamente acciones de robo, pero sí violatorias de las normas del ejercicio del presupuesto público- y que, por tanto, podría verse sujeto a varios procesos judiciales. 

No sería el único funcionarios. Hacer que responda por esas acciones es de elemental justicia para la sociedad chihuahuense.

Incapaz, el gobernador Corral, de reflexionar sobre sus actos, en uno de sus últimos excesos pretende que se le asignen custodios -a él y a otros  de sus funcionarios- a cargo del gobierno estatal, algo que le negó a César Duarte, alegando lo mismo que los opositores a esta medida, que la administración pública no tiene porqué cargar con la protección de ex funcionarios ineficientes.

Quizá sí sea conveniente que funcionarios, cuyo cargo acarree un cierto riesgo, el Estado les otorgue una cierta protección por un máximo de, quizá, seis meses, tiempo suficiente para que personas que desempeñaron esos cargos encuentren un nuevo empleo, o para que sus empresas, en caso de poseerlas, les otorguen los recursos necesarios para proveerse de la seguridad que debieran tener.

No es una concesión a Corral, debiera ser la postura correcta, en general, pues finalmente fue una mayoría de ciudadanos la que les otorgó esas responsabilidades.

Pero sin excesos y por tiempo limitado.

Al cabo que ya se van.

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La consulta ¿Sobre los expresidentes?

El Diario, (PUBLICADO EL 4 DE JULIO DE 2021

 Luis Javier Valero Flores 

A poco menos de un mes de la realización de la consulta popular, solicitada por el presidente López Obrador, para enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, como en casi todos los temas, se ha desatado la controversia.

Más allá de la discusión sobre las figuras de la democracia participativa a las que se debe promover, en el fondo de la presente consulta estarán a prueba dos aspectos esenciales, que podrían tener repercusión sobre su futuro a corto plazo: La de su certidumbre y la de sus verdaderas repercusiones, en caso de resultar aprobada por la mayoría de quienes participen en la consulta.

De acuerdo con la regulación existente sobre las consultas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debía, antes de enviar la pregunta al INE y dar pie a la consulta, revisar si la pregunta era constitucional, es decir, si violaba  o no normas constitucionales, y si llegaba a la conclusión que incurría en violaciones constitucionales, desecharla.

Es decir, las consultas populares, para que sean democráticas, deberán colmar las inquietudes de la sociedad, o de una parte de ella, deberán estar redactadas de tal modo que no haya margen a la confusión, y que su contenido guarde relación con la intención de lo que se quiere consultar.

Y ese es, precisamente, lo que ocurrirá con la consulta promovida por López Obrador.

La pregunta original del presidente era esta:

“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

La Corte, para no dictaminar la improcedencia de la pregunta, porque la pregunta implicaba la posible comisión de delitos, lo que afectaba sus derechos y con ello, obtener los amparos respectivos, redactó una nueva, porque la propuesta por el presidente violaba uno de los derechos constitucionales de todos los mexicanos, el  del debido proceso, es decir, que todos los acusados de algo tienen derecho a la presunción de inocencia, mientras no se demuestre lo contrario.

Así, para no quedar mal con nadie (cosa que está lejos de sus facultades), la Corte decidió no desechar formalmente la pregunta de AMLO y, contrario a sus facultades, redactó una nueva, de forma tan general que, en caso de aprobarse, no arrojará vinculación alguna, a ningún personaje.

Miren si no. 

Esta es la pregunta que estará en la boleta el 1 de agosto:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Es un verdadero mamotreto tal pregunta.

En primer lugar ¿En dónde dice que se investigará -para luego someterlos a juicio- a los 5 expresidentes? 

No es cierto que esta consulta tenga como objetivo llevar a tribunales a los ex mandatarios.

Ahora bien. Se pregunta si estamos de acuerdo en que “se lleven a cabo las acciones pertinentes…”? ¿Cuáles serían esas? 

¿En iniciar las investigaciones? Pero para hacerlo, de acuerdo con el “marco constitucional y legal”, se necesitaría que se presentaran las denuncias correspondientes ante la FGR ¿Quién las presentaría?

La segunda parte de la pregunta está peor que la primera.

Dice que la consulta es para que se emprenda un “proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas…”. Es decir, no de las acciones que presuntamente pudieron constituirse como la comisión de un delito, pero ¿Qué es eso del esclarecimiento de las decisiones “políticas”? Dicho de ese modo, entonces cualquiera de las decisiones que hayan tomado en el pasado se pudiera incluir en este mamotreto, independientemente de si fueron delitos o no.

Sin embargo, no todas las decisiones políticas tomadas en el pasado pudieron generar víctimas, entonces ¿Cuáles serían las decisiones políticas que deberán someterse a procesos penales? ¿Quién determinará eso?

¡Híjole!

La parte final de la pregunta arroja más o menos incertidumbres que la inicial. Se pregunta si debe instaurarse un proceso “de esclarecimiento” de las decisiones tomadas “en los años pasados por los actores políticos,…”.

Vuelta a la indefinición ¿Cuáles actores políticos? ¿Los expresidentes? ¿Los exgobernadores? ¿Los funcionarios prejudiciales? ¿Los integrantes del Poder Judicial Federal? ¿Quiénes?

¿Podrían agregarse a quienes fueron legisladores federales y que aprobaron el Fobaproa, o las reformas estructurales, o la reprivatización de bancos y empresas del Estado? ¿Bajo qué cargos? ¿Cómo, si solo ejercieron su facultad de aprobar leyes? ¿Cómo demostrar que cometieron delitos?

Pero, además, la consulta es tan ambigua que podría no considerarlos.

Aún más: ¿De qué época? ¿De qué años?

Vistas así las cosas, pareciera que solo la parte final tiene lógica. Habla de que el proceso que se pudiera instaurar estaría “encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”.

La pregunta habla de “esclarecimiento” ¿Qué cosa es eso, desde el punto de vista jurídico?

Ahora bien, supongamos que se cumple con el requisito constitucional de que debe votar el 40% del electorado (alrededor de 37 millones de ciudadanos) para que se declare vinculante el resultado ¿Quién determinará todas las cuestiones planteadas -y otras- líneas arriba?

N’ombre, una vacilada la consulta y una tremenda grosería al pueblo de México, pues los que acudan lo harán pensando que su voto sí será para enjuiciar a los expresidentes. Pero de la consulta no se derivará facultad legal alguna para hacerlo y, además, no se necesitaba efectuar la consulta para saber la opinión generalizada sobre el tema.

Será, como muchas otras cosas efectuadas por la 4T, sólo un episodio que acarreará desprestigio a las consultas populares, en lugar de convertirse en una formidable herramienta de la sociedad para acotar el poder de los gobernantes.

Tampoco servirá para evitar que en el futuro se tomen decisiones contrarias al bien societario.

El análisis, crítico, sobre la consulta de López Obrador no tiene que ver con los supuestos delitos cometidos por los expresidentes. 

Sobre ello, el gobierno de la 4T nos sale debiendo. 

Cuando vamos a la mitad del gobierno, éste debió presentar un concienzudo estudio jurídico, económico y social sobre la responsabilidad de los exmandatarios en muchos de los fenómenos negativos sufridos por la sociedad mexicana y tener preparadas las correspondientes denuncias a fin de que en el resto del sexenio pudiesen celebrarse los correspondientes enjuiciamientos.

 ¿Quién, con un mediano conocimiento sobre los hechos trascendentales de los períodos en que ejercieron el poder los expresidentes involucrados, podría estar en contra de que fueran enjuiciados? Prácticamente nadie.

¿Cómo se les podría vincular penalmente a los ex mandatarios si no hay -salvo Peña Nieto y Felipe Calderón- procesos penales instaurados en su contra? ¿De veras la respuesta positiva es la que necesita el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, para iniciar dichos procesos? 

Si el presidente tiene la convicción de que sí son responsables de los delitos que se les imputan públicamente, cosa que no es especulación pues fue el mismo mandatario el que solicitó la consulta y ha sido, desde antes, el principal animador de la consulta ¿Porqué no ha iniciado las investigaciones y ha fincado las denuncias correspondientes? 

¿Porqué esperar el resultado de una consulta si fincarles responsabilidades a los exfuncionarios, si son culpables, es una de sus obligaciones y facultades?

¿De veras existe la convicción presidencial de establecer la consulta popular como un eficiente mecanismo de participación ciudadana?

¿O solo es un distractor, como ya lo califican muchos de los adversarios del presidente, que se ha erigido, a partir de su celebración del tercer aniversario de su triunfo electoral, en dirigente partidario, cuando lo que esperábamos muchos, ilusionados y expectantes, en el Jefe del Estado mexicano democrático, justiciero y transformador que esperábamos?

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Antes eran tapados, ahora son corcholatas

El Diario, 15 de julio de 2021 

Luis Javier Valero Flores 

Es un verdadero retroceso democrático lo que hoy hace el presidente López Obrador -amo y señor de Morena- en la sucesión presidencial.

Sin que fuese una prioridad para el momento (a menos que las disputas palaciegas tuviesen una intensidad que no se aprecia desde afuera del gobierno), el presidente López Obrador adelantó la carrera presidencial del 2024.

Apenas a unos cuantos días de la elección del 6 de junio, y sin que hubiese la totalidad de los resultados -pues están sujetos a las impugnaciones presentadas-, López Obrador, al más puro estilo del priismo de los 70’s del siglo pasado, habló de los “tapados” y echó abajo lo que fue una regla del régimen que lo fue casi todo a lo largo de 62 años, el de que el Presidente no asumía que él era quien designaba al candidato del PRI.

En el mejor de los casos, otro López, pero Portillo, aceptó que el presidente era “el fiel de la balanza” y que, “en discreto coloquio” le dio a conocer a Miguel de la Madrid que sería el candidato en 1982.

Y fue Fidel Velázquez, el sempiterno líder de la CTM, quien mejor dijo cuál debería ser la forma en que deberían comportarse los aspirantes: “El que se mueve, no sale en la foto”.

De esa manera develó la consigna: Todos deben ser leales al presidente, no hagan movimientos proselitistas, de lo contrario, quedan descartados.

Todos sabían que el presidente era el poseedor del dedo que habría de designar “al bueno”, de ahí la denominación, casi tan antigua como el PRI, de que el método para designar al candidato era “el dedazo”.

En los tiempos del otro partido hegemónico de la sociedad mexicana -MORENA- el método “democrático” para designar a sus candidatos a los puestos de elección más importantes, es el de las encuestas.

Así lo hicieron para designar a los 15 candidatos a gobernador recientemente y ya anunciaron que se hará de la misma manera en la candidatura presidencial del 2024.

Así lo dijo López Obrador: “Esa es la regla, la gente va a decidir en su momento en forma libre, democrática quién debe representarnos en lo que corresponde al movimiento progresista liberal con dimensión social…”. 

https://www.milenio.com/politica/ya-no-hay-tapados-yo-soy-el-destapador-dice-amlo. (12/VII/21).

“… todos tienen posibilidad, ahora sí que ya no hay tapados, yo soy el destapador y mi corcholata favorita va a ser la del pueblo”.

https://www.milenio.com/politica/ya-no-hay-tapados-yo-soy-el-destapador-dice-amlo.

Ahora resulta que las encuestas son el mecanismo “democrático” para designar candidatos. El presidente ha llevado al extremo del ridículo el uso de lo que es una herramienta para apreciar tendencias presentes en una sociedad, o en una parte de ella, pero que no es, de ninguna manera, un método democrático pues las encuestas están sujetas a las evaluaciones que hacen los equipos de las empresas que las efectúan.

¿Quién, en Morena, hablando con honestidad, podrá aceptar que se efectuaron encuestas para designar a sus candidatos? ¿Quién creerá, en ese mismo partido, que el candidato presidencial lo arrojará una encuesta, máxime si tomamos en cuenta que el mismo presidente ha aceptado que él es “el destapador”.

¡Qué bárbaro!

A todas las vertientes negativas que se le pueden encontrar al “destapadero” efectuado por el presidente, deberemos agregarle otra. 

La de que la acción presidencial es la aceptación tácita de que la 4T deberá esperar otros tiempos y que a partir de ahora todo se desarrollará en función de ver que hacen las “corcholatas”, (dicho, así, peyorativamente) y de tratar de adivinar los gestos, las palabras y las menciones que haga el presidente de los aspirantes, en espera de las señales que nos indiquen quien es el bueno.

Como antes, pero ahora es “diferente”, porque si no se han dado cuenta “nosotros sí somos distintos”.

Nos quedaremos esperando que el partido del presidente, el que todos esperábamos se convirtiera en el partido de la izquierda democrática, moderna de México, impulsara un ambicioso jalón de construcción de mecanismos democráticos de elección de candidatos y dirigentes; que impulsara la cultura democrática en el seno de la sociedad.

Nos quedaremos esperando.

¿Ya se acabó el sexenio? ¿La 4T deberá esperar al 2024 y al que llegue, si gana Morena, para efectuarla?

¡N’ombre, nos regresaron a los tiempos del “tapado”!

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Los cambios en gabinete ¿Ajustes electorales?

El Diario, 1 de julio de 2021 

Luis Javier Valero Flores 

Visto en su totalidad, el balance electoral de las elecciones del 6 de junio, para Morena, es, sin duda, positivo, pues además de conservar la cantidad de diputaciones federales obtenidas en 2018 (incluso, obteniendo algunas más que ese año), con la posibilidad de alcanzar la mayoría absoluta conjuntando a sus aliados, triunfó en la mayoría de las gubernaturas de los estados, con lo que se convertirá en el partido con más gobiernos estatales emanados de sus filas o, por lo menos, postulados por el partido del presidente.

Pero el mal humor presidencial se hizo presente. Vistos así los resultados electorales no se apreciaba que lo pudiesen explicar, si no es que se razonara que en realidad el presidente López Obrador sí esperaba que Morena, por sí solo, alcanzara la mayoría calificada (de 334 diputados federales). 

Pero lo que indudablemente desató la ira presidencial, fueron los resultados del Valle de México, no solo los de la Cd. de México, en los que perdió la mayoría de los municipios capitalinos (que cuentan con los presupuestos más abultados, tanto en la capital, como en el Estado de México.

Probablemente vistas así las cosas sí haya justificación para el malhumor del tabasqueño. 

No en cualquier lugar se pierden 29 diputados federales, 12 en la Cd. de México y 17 en el EdoMex, además de perder la mayoría en el Congreso del Estado de México, justamente cuando esta entidad -emblemática por su comportamiento electoral en los años previos a las elecciones presidenciales- se encamina a celebrar la elección de gobernador del estado en 2023, un año antes de la elección presidencial.

Por si fuera poco, en la Cd de México, Morena perdió las alcaldías que concentran el 85% del impuesto predial, esto significa que son las menos dependientes de los gobiernos de la ciudad y del federal, por tanto, podrán actuar de tal manera que su obra influya de manera directa sobre el electorado, sin tener el temor de los recortes presupuestales.

De este modo, encuentra claramente una explicación la abrupta salida del operador electoral por excelencia del presidente, Gabriel García Hernández, que lo ha sido en los últimos 10-12 años y que ahora, con su oficina al lado de la presidencial, era el jefe de los “superdelegados”, cuya actuación, en la abrumadora mayoría de los casos, obedeció a una más que evidente estrategia electoral.

No deja de sorprender que levantara muy pocas opiniones críticas -tanto en el interior del gobierno y Morena, como en el exterior- el hecho de que ese depurado operador electoral fuera el jefe de la oficina encargada de la operación de los programas gubernamentales de López Obrador, bajo la eufemística denominación de Coordinación General de Programas para el Desarrollo del Gobierno de la República.

De la importancia de su desempeño y cercanía con el ahora presidente habla el hecho de que, a la edad de 23 años, se convirtió en el Director de Adquisiciones de la Oficialía Mayor del gobierno del Distrito Federal de 2000 a 2005, cuando el hoy presidente era jefe de gobierno. 

Algo debe saber García Hernández de la estructura organizativa, política, financiera de la capital del país y de los beneficiarios del muy robusto presupuesto de la Cd de México.

Es especulación pura, pero, sin duda que la remoción de su cargo obedece a los catastróficos resultados (para su jefe) en el centro del país, en la que los partidos de la izquierda electoral, por primera vez desde 1997, sufren derrotas de tales magnitudes y que han generado el acendrado malhumor presidencial, desatado irracionalmente sobre las “clases medias”, tema que ha acaparado su atención prácticamente desde el día posterior a las elecciones.

Y todavía les espera otro balde de agua fría: El de enterarse que los muchos votos emitidos a favor de la oposición (más que los obtenidos por la coalición gubernamental) obedecen a que la mayor parte de esos electores de ese modo han mostrado su rechazo al presidente.

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