domingo, 30 de agosto de 2020

¡Ahora La Boquilla!

 


Luis Javier Valero Flores 

Aserto.mx, 30 de agosto de 2020

En fin de semana, como lo hacen preferentemente las autoridades penales, la Dirección Nacional de Conagua informó que se ha terminado con la extracción del agua de las presas Las Vírgenes y El Granero.

Ahora van por la extracción del “17% del agua de La Boquilla”, la que terminará, dice, en 31 días.

“El Gobierno de México seguirá actuando con apego a criterios técnicos y legales, con el firme propósito de garantizar la continuidad de las actividades productivas en todas las cuencas —incluida la del Conchos—, la protección de las personas y su patrimonio, así como la seguridad de la infraestructura hidráulica”, asientan en el documento que se convertirá en un auténtico detonador de la inconformidad social, de la impotencia y el hartazgo de la mayoría de los habitantes del centro-sur de Chihuahua.

Aquí el documento de Conagua.



Conflicto del agua: La doble cara de Corral y Conagua

 


El Diario, 30 de agosto de 2020

Luis Javier Valero Flores 

“… es complicado negociar con una pistola en la cabeza”.

Pocas veces una frase sintetiza lo ocurrido en un conflicto social. 

La que da nombre a la colaboración editorial de hoy, lanzada por el presidente del Módulo 4 del Distrito de Riego 05, Andrés Valles, lo describe ejemplarmente.

Luego de una lucha de más de medio año, en plena pandemia, el gobierno federal, con el apoyo del gobierno estatal, llevó a que la mayoría de los dirigentes de los módulos de riego de las regiones de Delicias y Camargo elaboraran una propuesta al gobierno federal, consistente en que extrajeran 40 millones de m3 más a la presa Las Vírgenes.

Pero eso y nada más.

Tal decisión ha causado escozor, rabia e impotencia en un número importante de productores, lo que ha llevado a que, a pesar de que el gobernador Javier Corral haya participado en una reunión con los dirigentes y expresado que apoya la propuesta, ante la actitud de Conagua, de dar largas a la respuesta, continúan las protestas exigiendo que se cierren las turbinas de la presa Las Vírgenes.

Después de una larga lista de atropellos, enfrentamientos, agresiones, marchas y plantones, que movilizaron a toda una vasta región del estado, por fin, la Directora de Conagua, Blanca Jiménez, aceptó reunirse con los dirigentes y dar a conocer las estadísticas que posee, acerca de la extracción del agua, las cantidades abonadas a EU y confrontarlas con las que los productores han obtenido de las fuentes oficiales y llegar a acuerdos.

¡El martes responde si acepta la propuesta!

Pero todavía, a pesar de todo lo anterior, Conagua insiste en abrir las compuertas de la presa La Boquilla, cosa inaceptable, pues el agua contenida en ella no forma parte del Tratado que tan apresurada y subordinadamente pretende cumplir el gobierno de la república.

Sin duda el problema del agua de las presas del centro-sur de Chihuahua puede aparecer lejano para la mayoría de los habitantes de la ciudades más pobladas de la entidad, Juárez y Chihuahua, -y para otras regiones del estado- pero las repercusiones del conflicto impactarán a toda la entidad.

Lo sucedido en aquella región, a lo largo de los últimos 6 meses, retrata fielmente a los actores políticos, no solo de Chihuahua y el modo en el que los nuevos integrantes de la clase política -los de Morena, por supuesto, no todos, pero sí muchos- debutan en conflictos como éste y, también, la manera en que una buena parte de las bases militantes de Morena y de los seguidores del gobierno federal reaccionan, casi como los fundamentalistas: Todo lo que dice el líder es correcto. No miente y, con toda seguridad, sin dudas, es la verdad.

Por eso comienza a popularizarse una frase entre el morenaje: “Ya lo dijo el presidente”.

Y ya, no hay vuelta de hoja, no hay duda, no hay discusión pendiente, ya todo lo dijo el presidente.

Y si no lo dijo el presidente, quien lo dijo en su nombre viene con la venia del presidente.

Como antes.

Más aún, ahora empieza a extenderse entre los nuevos gobernantes la adopción del doble lenguaje, igual que la clase política existente a su arribo al poder.

No son pocas cosas, ni menores, lo revelado a causa del movimiento popular de las regiones de Delicias y Camargo en defensa del agua.



¿Cuáles son las razones para que el gobernador Javier Corral, de pronto, una vez que desalojó a los agricultores de Palacio de Gobierno y que intentó desalojarlos por la fuerza en la caseta de Saucillo, promoviera y aceptara una reunión con la mayoría de los dirigentes de los módulos de riego de las presas en conflicto?

¿Porqué solo hasta ese momento se propuso para acompañar a los agricultores en sus gestiones ante el presidente, incluso, hasta la exageración  de expresar que podría plantarse frente a Palacio Nacional, hasta que fueran recibidos por López Obrador?

¿Porqué no hizo lo anterior en la reunión de los gobernadores con el presidente en San Luis Potosí y aprovechar que se encontraba ahí el dirigente estatal de los usuarios de los distritos de riego, Salvador Alcántar, y un grupo de mujeres, desplazados ex profeso para abordar el presidente?

¿O el gobernador Corral estaba en contubernio con los directivos de Conagua para que se alargara el conflicto, en tanto seguía fluyendo el agua de la presa Las Vírgenes?

¿Porqué el presidente insistió hasta el último momento que el conflicto era estrictamente político, cuando todas las evidencias mostraban lo contrario?

Y si faltara alguna, hay que ver la ubicación de los actores políticos presentes en la región y el movimiento.

El más visible de todos, al inicio de las movilizaciones fue el diputado panista, Mario Mata, abiertamente buscador de la candidatura al gobierno de Chihuahua, pero que no aparecía como el favorito de Corral y, a su vez, tampoco de los que podrían pactar acuerdos con la alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos, quien no aparecía -ni aparece- en el mapa del conflicto del agua y que, al contrario, como a todos los panistas, los golpea la errática y blandengue postura del gobernador Corral.

Pero tampoco aparecía el senador Gustavo Madero -si acaso en la publicación de una postura, junto con los diputados del PAN- pero sin mayor relieve. Jesús Valenciano, legislador de la zona, sólo tuvo un protagonismo mediano, y ya.

Dos militantes de Morena sí aparecieron, el alcalde de Rosales, José Ramírez, destacado dirigente del movimiento y el diputado local, Francisco Humberto Chávez, de Meoqui.

Y de ahí en más, ninguna aparición relevante del resto de los actores políticos de la entidad, incluidos el total de los aspirantes de Morena al gobierno de Chihuahua, con la excepción del senador Cruz Pérez Cuéllar, quien promovió que el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, participara en la mediación con el gobierno federal.

Paradójicamente, el alcalde Ramírez es quien aparece como uno de los que más impulsaron la elaboración del acuerdo de los productores que Corral se comprometió a apoyar.

Pero las realidades no se pueden ocultar. 

En la reunión que tanto presumió el gobierno de Chihuahua, no estuvieron los otros dos dirigentes más importantes del movimiento, ambos con un liderazgo regional y, entre los productores, incuestionable, al unísono de José Ramírez, Salvador Alcántar y Andrés Valles.

Se podría entender que los funcionarios federales desconozcan la situación -peor sería que, conociéndola, hayan actuado de la manera que lo hicieron-, pero que los gobernantes locales, aferrados a sus posturas y a las directrices nacionales, o estatales, insistan en la extracción del agua, a pesar de que hasta la Directora nacional de Conagua, Blanca Jiménez, acepte que darán a conocer las estadísticas de la extracción.

¡Ocho meses después de que le estalló el conflicto, viene a informar tal cosa!

¿Era necesario describirles la aguda situación por la que atraviesa el país, agravada en la región, tanto por la extracción del agua, como por la sequía y la paralización de la economía mundial, en espera de que el principal comprador de la región, EU, recupere su actividad económica?

¿Cómo es posible que todavía hasta la fecha haya funcionarios federales y estatales -bueno, Corral ya no, desde el lunes pasado, a partir de la propuesta de los productores- que insistan en que está asegurado el ciclo 2021?

No sólo el mandatario estatal asumió el doble lenguaje para mediatizar el conflicto del agua extraída de las presas, también la abrumadora mayoría de los diputados locales de Morena comparten tan inaceptable conducta política.

Y si el presidente López Obrador argumentó que el fondo del conflicto era político, el delegado del gobierno federal en Chihuahua, Juan Carlos Loera, declaró que los “Productores actúan presionados, intimidados por dirigentes”, lo que en el fondo es lo mismo que afirman el presidente y el gobernador Corral: Que son manipulados los protagonistas de las protestas.

Es increíble tanta insensibilidad y desconocimiento del tema. El delegado Loera arguyó que los agricultores de la zona centro sur de la entidad, tienen el agua asegurada para el ciclo 2020, contrario a lo que han expuesto en las manifestaciones en las que incluso ha habido disturbios”. (Nota de Velvet González y Saúl García Meza, El Heraldo de Chihuahua, 28 de agosto 2020).

Dicho hasta la saciedad por los productores, el problema es que no está garantizado el ciclo 2021, que inicia en marzo, pues no hay el volumen de agua necesario, la sequía amenaza con ser aún más severa y nadie puede asegurar que lloverá.

Pero permanece la increíble prisa por entregar el agua a EU, en tanto, las presas de Chihuahua se secan.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

jueves, 27 de agosto de 2020

Luego de los desalojos, los acuerdos



El Diario, 27 de agosto de 2020

 Luis Javier Valero Flores 

        No son para lanzar las campanas al vuelo, menos si, para lograrlos, la dirigencia del movimiento que tan dignamente ha enfrentado el saqueo del agua de las presas de Chihuahua, tiene, para decirlo tersamente, diferencias en la elaboración de la propuesta que se le presentará al gobierno federal, para resolver el agudo conflicto desarrollado a lo largo de 5 meses.

Al alcanzar los mínimos acuerdos con el gobierno del estado, los dirigentes que respaldan la propuesta (los presidentes de 8 de 10 módulos ú organizaciones de usuarios de los distritos de riego. Uno más no estuvo presente en la asamblea en la que discutieron y aprobaron la propuesta) debieron asimilar los largos meses de agobio, los tiros de goma, los golpes, las desveladas, los gases lacrimógenos, las caminatas, los desalojos, la tensión generada por el conflicto y la de ver sacar el agua a borbotones, en una acción por demás irracional e ilegal del gobierno federal.

La propuesta, que Javier Corral asumió íntegra, consiste básicamente en que de la presa Las Vírgenes se extraigan -por única vez, dicen los agricultores, y que fue el diferendo mayor con los otros dirigentes- 40 millones de m3, con lo que se completarían 100 millones que están dispuestos a aceptar, siempre y cuando la Conagua reconozca que ya extrajeron 60 millones m3.

Pero eso sería lo único que aceptan ceder los agricultores. De La Boquilla -como dice el Tratado- no se le extraerá una sola de agua, ni de El Granero. Además, en caso de haber precipitaciones pluviales y si no hay excedentes, toda esa agua serviría para asegurar el ciclo 2020-2021, que ahora está en grave riesgo, debido a la sequía imperante y a la extracción de las presas.

Coincidentemente, o acaso el resultado haya sido influido por ello, los ex gobernadores Fernando y Reyes Baeza, y Patricio Martínez publicaron un documento en el que hacen un puntilloso recuento de los principales compromisos de Chihuahua, contenidos en el Tratado Internacional de Límites y Aguas (TILA), además de severos cuestionamientos a la Conagua y le piden al presidente López Obrador los escuche ,“Que nadie se ofenda ni se moleste”, pues “… Todo esto fue desencadenado por un pésimo manejo de la administración del agua de la cuenca. Que no le mientan, que abran los registros, y ahí encontraremos el origen de esta crisis única y sin precedentes”.

Además, los ex gobernadores rechazan que el conflicto se deba a “que (esto) es política partidista de coyuntura” y le solicitan “el cierre inmediato de compuertas de las presas chihuahuenses…”.

Seguramente tal postura debió pesar en el ánimo de Corral.

Pero si el documento de los ex gobernadores pudo influir en la disminución de la beligerancia del gobernador Corral, sin duda que la gallarda y digna actitud de cientos de chihuahuenses, agricultores y sus familias, o simples simpatizantes del movimiento y de ciudadanos molestos por la injusta e ilegal del agua extracción del agua, que se enfrentaron a los cientos de policías estatales, en la noche del martes en la caseta de Saucillo.

Y, también, seguramente, la publicación de decenas de desplegados, de la mayor parte de las empresas de esa región, en respaldo a las posturas de los productores, que retrata fielmente el amplio respaldo ciudadano a sus posturas.

Todo lo anterior contrasta con la actitud del gobierno federal. 

Por los mismos días del conflicto, se había presentado otro en Sonora con los pueblos Yaqui, quienes resolvieron bloquear las vialidades Obregón-Hermosillo. El presidente acudió a una asamblea del Consejo de Ancianos y escuchó sus posturas.

¿Porqué en el caso de Chihuahua no? 

No es lo único deplorable. 

Derivada de la postura presidencial, no pocos militantes de su partido y seguidores de López Obrador realizan injustificadas descalificaciones hacia lo que es, a pesar de todas las explicaciones fundamentalistas que se exponen, un vasto y profundo movimiento popular.

Sorprenden que provengan del que se ostenta como partido de izquierda, hoy en el gobierno. 

Peor que funcionarios federales prácticamente llamen a linchar a los dirigentes, o que se ufanen, cuando desalojan a los manifestantes, de haberse "recuperado el estado de derecho”.

En muy poco tiempo asimilaron el lenguaje y concepciones del antiguo partido del viejo régimen.

Todo por la, por lo menos, extraña prisa en pagarle el agua a los norteamericanos, antes del vencimiento del plazo señalado en el Tratado y antes de que llueva en Chihuahua.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

domingo, 23 de agosto de 2020

¿A quién creerle?

   

 

    El Diario, 23 de agosto de 2020

    Luis Javier Valero Flores

        No hay rumbo definido, nadie puede decir con certeza hacia dónde va el país, ni qué régimen político construiremos. 

El ansiado por el presidente López Obrador no pareciera tener las características que muchos quisiéramos, ni el que los apologistas acríticos de la actual administración creen está en marcha.

Con plena seguridad sí se puede afirmar que no será la continuidad del anterior, aunque no deje de parecerse. Lo que también se puede sostener es que estará plenamente impregnado del tufo que la clase política mexicana le imprime a todas sus acciones.

Y vaya que es pestilente.

La semana que termina fue pletórica de ello. 

Se desató la guerra de los videos en el ámbito nacional. 

En el local, el gobernador Corral vio totalmente develada su ambivalente postura en el conflicto de las presas de Chihuahua. 

Retrató de cuerpo entero a la clase política.

Mientras su oficina de prensa difundía un recuento de las expresiones del mandatario en favor de los agricultores del centro sur del estado, Corral eludió hablar del tema en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con el presidente, que era, por mucho, el más importante en el momento actual.

Como si el hecho de tener tomado el Palacio de Gobierno y diversas instalaciones estatales, incluidas varias casetas de peaje, además de la salvaje extracción de agua y la ya declarada sequía (tanto, que hasta una petición en ese sentido hizo su gobierno al federal) no fueran importantes, Corral no habló de ese tema en el foro que lo podía hacer con mayor fuerza.

Todo ello en medio del escándalo a raíz de la difusión de un video de supuestos cohechos a funcionarios y legisladores del PAN, luego de la “exhortación” presidencial a que se hicieran públicas las pruebas, incluidos los videos aportados por el ex Director de Pemex, Emilio Lozoya, que sirvió para recordarnos que una de las instituciones extra-constitucionales del régimen (el pasado y el presente) es el presidencialismo.

Y usando esa meta-institución López Obrador delineó perfectamente su ruta crítica para destruir al viejo régimen. 

Pidió que se hicieran públicas las pruebas para que “todo mundo” tenga acceso al modo en que los antiguos gobernantes se repartían las riquezas del país, sostuvo que más importante que buscar las sanciones, es más importante la difusión de las corruptelas, para evitar su repetición en el futuro.

Puede ser que crea tal cosa, pero en el camino pretende desacreditar a los partidos del viejo régimen y que ello le sirva para derrotarlos electoralmente.

Si Morena obtiene la mayoría en la próxima Cámara de Diputados, se enfilaría a la elección presidencial con enormes ventajas pues se antoja difícil que el PAN sobreviviese con fuerza, en caso de ser derrotado en 2021.

Del PRI ni hablar. Luego del caso Lozoya es probable que quede reducido a ser un partido marginal.

Cualquiera que sean las motivaciones de López Obrador, lo cierto es que la denuncia de Emilio Lozoya, los señalamientos y el video circulante, mostrarán al país los salvajes niveles de corrupción imperantes en el pasado reciente y que involucraban a la mayor parte de la clase política, de todos los partidos, incluido Morena.

A propósito de ello, circula en redes el video en el que el coordinador de los diputados federales de Morena, Mario Delgado, por entonces senador por el PRD, enaltecía al Pacto por México.

Convertido en “moreno”, hoy pretende la presidencia nacional de ese partido, merced a una irracional resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial, que le ordena a Morena designe a su dirigente ¡Mediante una encuesta!

¡Ah, es que hace meses el presidente sostuvo que ese era el mejor método para que Morena tuviera presidente! ¿Coincidencias? ¿Tales cosas ocurren en el régimen “transformado”?

Más coincidencias. El hasta ahora único video circulante señala a principalísimos actores del PAN, incluido su ex candidato presidencial, Ricardo Anaya, y solo de este partido, que en este momento es el opositor más importante.

Pero para los los toros del Jaral, los caballos de allá mesmo. 

Cuando más disfrutaba el morenaje de tal espectáculo, que les aparece el propio. 

El mismísimo Pío López Obrador, hermano cercanísimo del presidente, protagoniza el episodio en el que aparece, apremiando y recibiendo la entrega de más de 400 mil pesos, parte de un total dos millones, aparentemente pactados entre Pío y el grupo por el que habla en su nombre David León, otro hombre de las confianzas mayores del presidente, al que ahora el presidente le pidió no asumiera la dirección de la oficina que se encargará de la distribución de medicamentos.

Claramente hay diferencias, pero sustanciales no tanto. 

En uno se entrega dinero -público o privado, y si era de esta índole provenía de la concertación de un hecho sobre el aprovechamiento de dinero público, que era el del otorgamiento de contratos por obras y servicios del gobierno de México-; y en el otro, dos particulares trasiegan dinero en efectivo.

Pero, uno era hombre de todas las confianzas del presidente nacional de Morena -el otro aún no lo era, a juzgar por sus expresiones- pero que actuaba como operador político del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, quien se convertiría en aliado leal del presidente López Obrador.

Ambos, y ahora el mandatario aceptaron que el dinero era para apoyar al “movimiento político”, pero el monto rebasaba lo autorizado por la ley como aportaciones personales -6 mil pesos-, con lo que podría configurarse la comisión de un delito electoral y podría tipificarse como “lavado de dinero” pues excedía el monto que en ese entonces se permitía para las transacciones en efectivo -256 mil pesos- sin reportarse a la autoridad.

David León -el donador-  era operador político de Velasco y el tono de la conversación parecería derivarse del cumplimiento de una cantidad pactada, que debería pagarse en partidas mensuales a lo largo de un año y medio. 

Ahora bien, queda subsistente la sospecha que el dinero pudo provenir del gobierno de Chiapas, por el papel de David León.

Hay otros hechos inquietantes en esa relación del morenaje con el exgobernador de Chiapas, como el de que el principal operador electoral de Manuel Velasco fue Amador Rodríguez, quien luego realizaría el mismo trabajo, pero en Baja California, y hoy es el Secretario de Gobierno con Jaime Bonilla, al que la Secretaria de Gobernación le aseguró que “perviviría” la norma que le permitiría ejercer el gobierno durante 5 años, en lugar de los dos a los que tenía derecho.

Si en las evidencias de Lozoya están claros los orígenes del dinero y sus receptores -por lo menos en la denuncia- en la del hermano del presidente subsisten muchas cosas por demás oscuras.

Ante ello, y para salir al paso de las denuncias, el presidente ha declarado su disposición a que Si un familiar comete un delito, debe ser juzgado, sea mi hijo, mi esposa, mis hermanos, mis amigos, quien sea…”, así como su decisión de declarar, si es llamado.

Algunos podrán considerar que se trató de un acto menor, hasta aceptable por la bondad de la causa, el hecho es que golpea exactamente en la línea de flotación del presidente, la de la ética política resistente a cualquier corruptela. 


Y si los videoescándalos sumían al total de la clase política en la angustia y la incertidumbre, cientos de productores del centro-sur de  Chihuahua paralizaron el centro de la capital y bloquearon varias oficinas gubernamentales, incluido el Palacio de Gobierno, iracundos ante la cerrazón de ambos gobiernos, el federal y el estatal, aferrados a extraer el agua de las presas ubicadas sobre el río Conchos.

Su firmeza logró un triunfo a medias y retrató fielmente a la dirigencia del movimiento pues aceptaron pactar que se abriera solo una de las compuertas de la presa Las Vírgenes.

Además, la movilización de los productores reveló otra de las facetas de la clase política, la de la hipocresía, la de la doble cara de los gobernantes.

Presa de la desesperación, la dirección de Conagua emitió un boletín ¡Hasta el segundo día de la movilización! En el que develó claramente que la decisión de extraer el agua era de esa dependencia y el gobierno de Chihuahua!: “Como acordaron el gobierno del estado de Chihuahua y el Gobierno Federal, las extracciones para cumplir con el Tratado de Aguas de 1944, se han llevado a cabo garantizando al 100% que en las presas se mantengan los volúmenes que aseguren la continuidad de las actividades productivas, incluida la agricultura”.

No deja de asombrar la increíble terquedad de la directora de Conagua, Blanca Jiménez, quien, no solamente en ese comunicado, insiste en asegurar que el siguiente ciclo agrícola está asegurado y en extraer el agua pues “está por concluir la entrega del volumen de agua establecido para el actual ciclo agrícola”.

Y todo eso lo informaban en lo más álgido de las protestas de los productores, tomadas varias casetas de peaje, obstruido el tráfico en la carretera Chihuahua-Delicias, desquiciado el tráfico en el centro de la ciudad de Chihuahua y con la amenaza de elevar la intensidad de las protestas.

Previamente, los gobernantes de San Luis Potosí y el gobierno federal nos retrotrajeron al pasado remoto, de cuando era el régimen del partido casi único. 

Un grupo de mujeres, productoras ellas mismas, o esposas de los productores, se trasladaron a aquella ciudad a intentar hablar con el presidente López Obrador y el gobernador Javier Corral.

Fueron obligadas a detenerse, les quitaron los vehículos, las obligaron a identificarse puntillosamente, intentaron infraccionarlas por los vehículos  y las obligaron a trasladarse a pie hasta el lugar de la reunión de la Conago por policías municipales, estatales y federales.

Terminada la reunión, frustrado el objetivo, fueron llevadas a las afueras de la ciudad, y ahí les entregaron los vehículos.

Cualquier parecido a un pasado que creímos remoto es pura coincidencia.

Luego de más de 5 meses de movilizaciones, finalmente el gobernador Corral y el gobierno federal aceptaron cerrar una de las dos turbinas de la presa Las Vírgenes y que los funcionarios federales se reúnan con los agricultores.

Los productores aceptaron levantar todas las protestas, excepto la de Palacio de Gobierno, porque “no confían en el Estado ni la federación”.

Los hechos son tercos. Hasta el viernes, Las Vírgenes, con el 42% de llenado tenía 147 mm3; La Boquilla, con el 37% de llenado, tenía mil 7 mm3 y El Granero, con el 36% tenía 105 millones.

En total, mil 259 millones de metros cúbicos, a los que se le deben descontar, por lo menos, la mitad de esa agua pues es necesaria para el mantenimiento de las presas.

¿De dónde se puede afirmar que están garantizados, el actual ciclo agrícola, y el del 2021?

Eso sólo se puede hacer, en Chihuahua, hasta que haya pasado la mayor parte de la temporada de lluvias y la actual no presagia nada bueno.

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jueves, 20 de agosto de 2020

Llamado a la muerte


 El Diario, 20 de agosto de 2020

Luis Javier Valero Flores

Un vendaval de activismo social inunda a Chihuahua. 

En tanto que cientos de tractores, traídos por sus propietarios, se apostaron en Palacio hasta que cierren las compuertas de las presas; algunas centenas de trabajadores de la salud, catalogados como personal en riesgo son presionados a regresar a laborar, a pesar de ese factor, incluso en las secciones COVID 19.

Contra esa determinación se han alzado varias voces, en primer lugar las de los mismos trabajadores.

Para acallarlas, el vocero del gobierno de Chihuahua en ese ramo, Arturo Valenzuela, lanzó una salvaje, grosera acusación al sostener que “hay muchos que simularon padecer una enfermedad para no presentarse a trabajar”.

Si ambos conflictos sociales evolucionan a mayores, no hay vuelta de hoja, ambas obedecen a muy erráticas determinaciones, una del presidente López Obrador, y la otra, del gobernador Javier Corral.

En tanto discurríamos estas líneas, llegaban los tractoristas a Palacio, al tiempo que las esposas de algunos de ellos eran bloqueadas en las calles del centro de San Luis Potosí, a fin de evitar que accedieran al lugar en el que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reuniera con los gobernadores. Llegaron al extremo de incautarles temporalmente los vehículos usados para trasladarse.

Pero en el otro tema -también en el problema del agua-, el del regreso a laborar, el riesgo es aún mayor. No es una frase, está en juego la vida de los trabajadores de la salud que enfrentan directamente la epidemia.

Es un llamado a la muerte, y no es una frase.

Basta usar la “Calculadora de Complicación de salud por COVID-19” del IMSS, para percatarse del enorme peligro que arrostran quienes, de contagiarse con el COVID 19, podrían presentar complicaciones graves.

De acuerdo con las investigaciones realizadas en todo el mundo,  aceptadas por la Organización Mundial de la Salud, presentan más riesgos los hombres que las mujeres al contraer la enfermedad. 

Pero en ambos sexos el riesgo se eleva considerablemente a mayor edad y, como ya es del conocimiento generalizado, crece cuando se acompaña de alguna otra enfermedad.

Así, si un hombre de 45 años, con sobrepeso, sin ninguna otra enfermedad, sufrirá un riesgo alto en caso de caer enfermo de la pandemia.

En cambio, una mujer sólo tendrá un riesgo medio. Basta agregar cualquier otra comorbilidad (Hipertensión, diabetes, o cualquier enfermedad crónica renal o respiratoria) para que ambos pasen a un riesgo mayor (hombres, alrededor del 65-70% y las mujeres, 55).

Pero si la calculadora se le aplica a una persona de 60 años, con sobrepeso (porque la absoluta mayoría lo padece a esa edad en México), en ambos géneros el riesgo pasa a alto, más elevado en los hombres, pero si se acompaña de otra enfermedad, el riesgo es muy alto.

Bastaría con lo anterior para que ordenamientos tan absurdos como el de la Secretaría de Salud, de llamar al personal vulnerable a laborar, en lo que es, además, una flagrante violación a las regulaciones sanitarias que ordenan que el personal vulnerable se mantenga resguardado, hasta en tanto no nos ubiquemos en el semáforo naranja, fuera desechado.


Más aún, cuando el médico Valenzuela señala la existencia de personal que simuló una situación de vulnerabilidad, razón esgrimida para justificar el llamado a todos a laborar, es, además de insultante, una falta, por lo menos administrativa por omisión, pues su declaración devela que, de existir el hecho señalado, tenía conocimiento de ello ¿Por qué no lo denunció?

¡Ah, es que ante la llegada del nuevo Secretario, sólo hasta entonces se dieron cuenta del enorme desbarajuste en el sector salud y llegaron a poner orden, exactamente en lo más álgido de la pandemia! ¡Y cuando eso pasa, se les ocurre llamar al trabajo a los vulnerables!

 Y los llaman a todos a trabajar, a más tardar este día y los convocan a que inicien los trámites que les permitan demostrar su estatus de vulnerabilidad.

¿O sea, regresen, pónganse en riesgo y luego demuestren que son vulnerables?

A lo anterior se suma un factor más de riesgo, la cercanía de la temporada de la influenza que, como lo sostienen los trabajadores de la salud, podría detonar los contagios del COVID 19.

Bien se ve que quien llegó a la secretaría no es un médico, o alguien con los necesarios conocimientos médicos.

¿A quién se le ocurrió semejante despropósito, de llamara a los vulnerables, en lo que es una verdadera llamada a la muerte?

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miércoles, 19 de agosto de 2020

Carrera se deslinda de intento de sancionar a productores

 

Aserto.mx, 19 de agosto de 2020

Luis Javier Valero Flores

El día de ayer, la oficina de prensa del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado difundió un documento en el que al calce aparecían los nombres de todos los integrantes de ese grupo, en el cual solicitaron al Secretario de Gobierno iniciara una investigación a fin de encontrar a los responsables de haber usado el escudo del gobierno de Chihuahua, en la convocatoria a la caravana y plantón frente a Palacio de Gobierno que a partir del mediodía del miércoles 19 de agosto realizaron los productores del centro-sur del estado.

Pero el diputado Benjamín Carrera, también integrante del grupo de legisladores de Morena, declaró a aserto.mx desconocer el documento; que se había redactado sin membrete oficial del grupo, que no aparecen las firmas de los diputados y que, además, de haber conocido el contenido del documento, no lo hubiese firmado.

De esa manera se deslindó de lo que es, a partir de las posturas del diputado Carrera, un verdadero galimatías al interior del agrupamiento de legisladores locales del morenismo.

En esta edición les compartimos la captura de pantalla del mensaje enviado de la oficina de prensa del mencionado grupo, incluso, en el chat de los reporteros acreditados ante esa oficina se intercambiaron algunos comentarios, todos con el ánimo de precisar el contenido del documento.

Además, la oficina difundió un documento acreditando al diputado Gustavo de la Rosa “Pichú” la emisión de la postura, así como una imagen, la que fue utilizada por la columna “Sin retorno” del día anterior. (https://aserto.mx/nota/diputados_de_morena_exigen_castigar_a_movimient).

Así, que salido de la oficina de Comunicación Social, queda en el aire saber quien ordenó la redacción y posterior difusión de un documento y una postura especialmente delicada en relación a las protestas de los productores, lo que denota la clara existencia de dos posturas entre los diputados y una de ellas, la redactora del documento, encabezada por el diputado De la Rosa que es, casualidades de la vida, tío del delegado del gobierno federal, Juan Carlos Loera de la Rosa.

Queda en el aire una pregunta ¿El delegado comparte la opinión de su tío?

Y, como ha quedado asentado, el diputado Benjamín Carrera no.

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Diputados de Morena exigen castigar a movimiento de productores


Aserto.mx, 18 de agosto de 2020

Luis Javier Valero Flores

Chihuahua., Chih

¡Increíble! Mediante un escrito firmado por todos los diputados de Morena, le piden investigue y sancione a quienes usaron el escudo de Chihuahua en la convocatoria para hacer la caravana en protesta a la extracción de agua de las presas.

El documento se lo enviaron al Secretario General de Gobierno, Luis Fernando Mesta, señalan como falsos los argumentos esgrimidos por los productores.

“Fundando el motivo de la protesta, con datos falsos como que la extracción del agua de las presas la Boquilla, las vírgenes y el granero para el cumplimiento del tratado de aguas, diezmaría el agua a los agricultores y el agua potable que se proporciona para todos los Chihuahuenses”.

No se oponen a la protesta, pero se oponen al uso del “escudo de Chihuahua en esta ‘CONVOCATORIA URGENTE’ de la AURECH, además de ser ilegal por el uso indebido que se da al escudo de chihuahua, expresa y fortalece engañosamente la imagen de que todo Estado de Chihuahua (gobierno y población) son los promotores convocantes de la protesta en contra del gobierno Federal y, en consecuencia, integra social y emocionalmente a la población a un movimiento con la creencia engañosa de que existe consenso desde el ámbito de la autoridad estatal a manifestar la inconformidad con el Gobierno Federal”, y enfatizan en que deba usarse, sólo, en el ámbito oficial y le solicitan a la Secretaría General de Gobierno “realice las investigaciones pertinentes para ubicar a los responsables del uso indebido del escudo de chihuahua y en su caso aplique las sanciones correspondientes, apercibiéndolos para que en lo futuro se abstengan de la utilización ilegal del escudo de chihuahua como símbolo del estado en eventos o cualquier otro fin no autorizado por la Ley del Himno y el Escudo del Estado de Chihuahua”.

martes, 18 de agosto de 2020

Dura y digna respuesta. Se apostarán en Palacio


Aserto.mx, 18 de agosto de 2020

 Luis Javier Valero Flores

Justamente cuando se encontraba en el repunte de las calificaciones que le otorgan los mexicanos (según distintas empresas encuestadoras), merced al impacto obtenido por la detención de Emilio Lozoya y ahora a la publicación del primero de los videos relacionados con la corruptela del grupo gobernante el sexenio anterior, el presidente López Obrador lanzó sendas descalificaciones a los dos movimientos sociales que han acaparado, durante semanas y meses, la atención en el norte de México.

Efectivamente, en tanto que las protestas de los pueblos yaquis han desquiciado las comunicaciones terrestres en el noroeste del país, debido a los bloqueos de la autopista Cd. Obregón-Hermosillo y las vías férreas, las protestas de los usuarios y productores agrícolas del centro-sur del estado de Chihuahua adquirirán una nueva fase, al anunciar que realizarán una caravana a la capital del estado y que se apostarán en Palacio de Gobierno hasta ser escuchados por el gobernador del Estado y el presidente de México.

El problema es que ambos movimientos fueron calificados por López Obrador como “manipulados” y, de pasada, aprovechando los garrafales errores del senador panista, Gustavo Madero, al intentar capitalizar para sí lo que es el más vasto movimiento popular de esa región en las últimas 4-5 década, le sirvió para que el presidente catalogara a los participantes de ese movimiento como manipulados, a los que les han ocultado, dijo, (¿quiénes?) el hecho de que el problema del agua en la región, “está contemplado en un Tratado”.

Ese hecho cardinal, dice el presidente que más ha participado en los movimientos sociales, establece que los participantes del movimiento en defensa del agua son ignorantes y manipulados ¿Quién le informa al presidente?

Mueve a la indignación la postura presidencial, ahora resulta que los movimientos nacidos en contra de alguna de las acciones de su gobierno son manipulados y, desde su óptica, lo mismo sucede en estos como en el del rechazo a la construcción del tren maya en algunas de las regiones de la península yucateca, como en el de los padres de hijos afectados por cáncer, o de las agrupaciones feministas, o el del personal médico y enfermero que han levantado en distintos momentos sus protestas, debido a la falta de insumos para el combate al COVID 19.

Muchas y distintas voces se lo expresaron al gobierno de la república, no hay porqué adelantarse al pago de la deuda del Tratado, y menos hacerlo a partir de la extracción del agua de las presas antes de la fecha de vencimiento. 

Si, para apoyar sus decisiones, el presidente se apoya en las fuerzas armadas, habrá puesto, entre aquel dirigente político que respaldaba las acciones y movimientos populares y el mandatario de hoy, una enorme distancia.

La respuesta a tales posturas se las están dando los participantes de ambas movilizaciones sociales, una ha paralizado el tráfico del sur de Sonora y otra se apresta a tomar las carreteras y apostarse en la oficina del gobernador Javier Corral, al que acusan de traidor, en virtud de no haber defendido los intereses de los chihuahuenses.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF


domingo, 16 de agosto de 2020

Más deuda, la herencia de Corral


El Diario, 16 de agosto de 2020

Luis Javier Valero Flores

Luego de un intento fallido, hasta el momento, por modificar la Ley de Disciplina Financiera, a través de la diputada Patricia Terrazas (que no es factible desistan) a fin de prolongar hasta la siguiente administración el pago de los créditos de corto plazo, los que están obligados (todos los gobiernos) a pagar a más tardar 90 días antes del término de sus gestiones, el gobierno de Javier Corral deberá efectuar una profunda revisión de sus finanzas y de una no menos restrictiva disminución del gasto del próximo año.

Se antoja difícil que lo logre, luego de la desastrosa administración de las finanzas estatales.

Patricia Terrazas propuso que las deudas de corto plazo se hereden al siguiente gobernante, con un vencimiento de hasta un año, no importa que brinque de gobierno, en este caso, por el tema de la pandemia, que sea un caso de excepción”. (Nota de Sandra Rodríguez Nieto, El Diario, Ciudad Juárez, Chih., 16 de junio 2020).

La legisladora, que fue la primera subsecretaria de egresos del “nuevo amanecer”, justificó la propuesta debido a que el gobernador ha gastado más de tres mil 500 millones de pesos (mdp) en combatir los efectos de la epidemia”. (Ibídem).

Por supuesto, Corral ha declarado estar ajeno a la propuesta y que, además, su administración liquidará todos los créditos a corto plazo para no heredar esta deuda al siguiente gobierno”. (Nota de Argelia Domínguez, Entre líneas, 16 de junio 2020).

¿Cómo creerle si todo le estalla en las manos? La deuda de largo plazo, la de corto plazo, los ajustes presupuestarios, la ineficiente planeación, la incapacidad para administrar el pago de intereses; el fracaso de las reestructuraciones de la deuda; los atrasos de los pagos de los trabajadores del estado, la deuda en los bonos y compensaciones de todos los sectores, sean de seguridad pública, salud o educación.


Lo mismo aplica en la administración de los recursos en salud, en los que priva un completo desorden (para ejemplo, ahí está el de los medicamentos para combatir la rickettsiosis, almacenados en miles de cajas y ausente de las farmacias de las farmacias); en la seguridad púbica; en la construcción de las escasas obras a cargo del gobierno estatal (las que están en construcción ahora en Juárez, por ejemplo, las que, en promedio, arrastran un sobreprecio del 30% respecto de los costos iniciales) y en la deuda a proveedores.

Impedido para gestionar más créditos de largo plazo, y luego de dos reestructuraciones del total de la deuda heredada de César Duarte, con un pésimo manejo de la misma, Corral ha tomado como estrategia única solventar las necesidades inmediatas del gasto corriente la contratación de deuda de corto plazo (la más cara, tanto por sus intereses, como del plazo para pagar, en un año) y para salirle al plazo a la deuda con los proveedores del gobierno “amanecido”, cuyos montos varían pero que, se calcula, no bajan del orden de los 7 mil 500 mdp, que pueden ascender a los 10 mil millones de pesos (mmdp), según Omar Bazán, dirigente estatal del PRI. (Nota de César Lozano, Diario de Chihuahua, 6 de agosto 2020).

No hay problema, sostiene Corral, impedido de aceptar que su sola afirmación no sostiene lo realizado por su gobierno y se atreve a señalar que  “La deuda no se va a incrementar y las necesidades del estado se podrán solventar con préstamos a corto plazo”. (Nota de El Diario de Chihuahua, 7/VIII/20).

El mandatario estatal no ocultó su aceptación a la propuesta de la diputada Terrazas y se quejó de la Ley de Disciplina Financiera, la que, dijo, debe ser modificada para hacerla un instrumento más flexible y que no tenga tantos candados en los créditos de corto plazo. 

¿Qué diferencia hay entre él, los Duarte, Humberto Moreira, gobernantes del pasado, y Enrique Alfaro, el de ahora de Jalisco?

Es difícil saber que hicieron Fuentes y Corral con los milenarios recursos que han administrado, el presupuesto manejado por ellos es por lo menos superior al del último año de Duarte en 20%, del cual, se antojaba, era viable efectuar un buen manejo en el pago de los créditos y efectuar una aceptable obra pública, sin dejar de cumplir con los compromisos salariales de los trabajadores estatales.

Nada de eso ocurrió.

Nos salvaba, en materia laboral, la industria maquiladora.

Pero a partir de febrero se nos vino encima la tormenta perfecta: Una profundización de la parálisis económica del país, la de los EU; por consiguiente la disminución de los ingresos estatales y federales, ambos por la baja en la recaudación fiscal; la detención de la planta maquiladora, la de la exportación de los principales productos agropecuarios locales y el recorte de las partidas federales.

Y si faltara algo, la necesidad de incrementar los gastos en salud.

Indudablemente el gobernante estaba ante un problema mayor, que requería una profunda reestructuración del presupuesto estatal, pero de ella poco informó, porque poco se hizo y hasta la fecha no hay informes acerca de los montos y partidas en los que hubo disminución en el gasto.

No hay un informe acerca de los ahorros -o monto de las donaciones- generados por la disminución de los salarios de los funcionarios de los primeros niveles; no hubo diminución en los gastos operativos del gobernador y su gabinete, al contrario.

De acuerdo con la ley vigente, Corral tendrá que dejar en ceros la deuda de corto plazo, la que hoy asciende a poco más de 2 mil 800 mdp, más lo que sumará en el resto del año y los primeros meses del 2021.

Y todo lo tendrá que hacer antes del 9 de junio del próximo año. Además, estaría imposibilitado a solicitar nuevos empréstitos en los últimos tres meses de su gestión.

Como es lógico, tendrá ante sí la tentación (en la que incurrió su perseguido adversario, César Duarte) de heredar a la próxima administración la deuda con los proveedores, con lo que agregará a la ya difícil situación de la economía estatal, la del escamoteo de esos miles de millones de pesos, los que, casi en su totalidad, ingresan a la economía chihuahuense y representan, por tanto, empleos, circulante, recaudación fiscal, ingresos por peaje carretero, etc. que pueden ser impactados por esa medida.

Contrasta el manejo financiero de Chihuahua con el del resto de las entidades. 

De acuerdo con el Registro Público de Financiamientos y Obligaciones de las Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), “sólo cuatro administraciones estatales en el país han contratado y registrado ante el Gobierno federal créditos de corto plazo en lo que va de 2020 y, entre éstas, la de Chihuahua ocupa el segundo lugar con el mayor volumen adquirido”.

“El primer lugar por monto lo ocupa Jalisco, con mil 600 mdp obtenidos también a través de tres préstamos (con un presupuesto 2020 de 123 mil mdp, un 70% más alto que el de Chihuahua), mientras que Yucatán ha pedido dos por un total de 300 millones de pesos (cuyo presupuesto, para este año, es de 44 mil 100 mdp, apenas un tercio menor al de Chihuahua -73 mmdp-), y otro más fue convenido por el Gobierno del Estado de Quintana Roo (su presupuesto para 2020 es de 35 mil 200 mdp), por 212 millones de pesos”. (Nota de Sandra Rodríguez Nieto, El Diario, 2/VI/20).

No es el único problema del gobierno de Corral en materia financiera. 

La Ley establece que la deuda a corto plazo no puede exceder el 6% de los ingresos totales aprobados en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal correspondiente y el Gobierno del Estado contrató créditos de corto plazo que significaron el 8.5%.

Más. 

En mayo, Miguel Colunga, dirigente de los diputados de Morena, afirmó que el total de la deuda de largo plazo había aumentado en 2 mmdp, con un añadido que incrementa la gravedad de crisis de las finanzas, el que además de aumentar el plazo para el pago de la deuda, por la reestructuración, pasaron de garantizar deuda (la de los antiguos bonos carreteros) con peaje,  a garantizarla con participaciones”. (Nota de Javier Olmos, El Diario de Chihuahua, 8 de mayo 2020).

En la deuda de corto plazo y la deuda con proveedores se oculta la elevación de la deuda pues en tanto la deuda de corto plazo bajó de 3 mil 648 millones a 2 mil 885, “a pesar de las reestructuraciones, los compromisos de largo plazo con bancos se dispararon de 31 mil 296 a 32 mil 903 millones, lo mismo que ‘otros pasivos’, que subieron de 6 mil 879 a 7 mil 296 millones de pesos”. (Ibídem).

Así, el quinquenio del “Nuevo Amanecer”, en materia financiera y deuda, cerrará como si no hubiese existido. 

Chihuahua llegará al nuevo gobierno más endeudado y con un considerable aumento de los rezagos sociales.

Ese será el epitafio de la administración de Javier Corral.

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