Argumentos inventados

El Diario, 30 de octubre de 2012 Luis Javier Valero Flores Es imposible no intentar el paralelismo, sobre todo por sus trágicos resultados, especialmente por lo que tal forma de proceder causó mil y una desgracias sobre miles y miles de familias, muchas de las cuales llegaron a sufrir, no solamente la pérdida de bienes y valores, sino la de seres queridos. George W. Bush, en aras de acceder a las enormes riquezas petroleras del Medio Oriente, en particular las de Irak, además de dejar fuera de la escena a su presidente, Saddam Hussein, inventó que éste había desarrollado cientos, quizá miles de armas químicas para emplearlas, dijo, en contra de Estados Unidos y su aliado en la zona, Israel. El resultado ya lo sabemos. Un país destrozado –Irak, por supuesto–, cientos de miles de muertos, millones desplazados, por lo menos 10 mil soldados norteamericanos caídos, decenas de miles de veteranos de la guerra con graves problemas mentales en Estados Unidos y las empresas de la industria bélico militar en poder de las potentes reservas petroleras iraquíes. Algo semejante realizó Felipe Calderón en México. Durante casi 6 años nos ha repetido que para evitar el acceso de las drogas “a nuestros hijos”, en virtud de la desmesurada alza del consumo de drogas, porque los narcotraficantes decidieron pagar “ahora en especie” y de ese modo, decidieron dejar las drogas en este lado, fenómeno que, fue insistente, originó el salvaje incremento de las ejecuciones. Pero hete aquí que ayer se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones, la que reveló la detención del aumento en el consumo de drogas, al tiempo que develó el incremento del consumo de alcohol en adolescentes. Lo sorprendente es que el principal incremento en el consumo de estupefacientes se había dado principalmente en el período anterior, es decir, entre 2002 y 2008, cuando se duplicó, al pasar de 0.7 por ciento a 1.4 por ciento, y estabilizarse entre 2008 y 2011, al 1.5 por ciento. Lo que quiere decir, si tomamos como base el último censo poblacional, que quienes consumieron drogas fueron alrededor de 1 millón 700 mil personas, mercado cuyo tamaño de ninguna manera justifica la terrible guerra sufrida por los mexicanos, que para fines de año habrá arrojado el descomunal resultado de alrededor de 100 mil muertos. ¿Por disputarse un mercado de 2 millones de consumidores y que, además, ese crecimiento se dio básicamente en el sexenio anterior? ¿Y entonces, porqué el lanzamiento de una guerra como la declarada por Calderón a los cárteles del tráfico de drogas? No es el único resultado de la encuesta sobre adicciones que desnuda a la actual administración federal, en el marco del Primer Encuentro Nacional de Centros Nueva Vida. Ahí mismo, la doctora María Elena Medina Mora, directora general del Instituto Nacional de Psiquiatría Doctor Ramón de la Fuente, informó que el consumo de cocaína en México se acerca a la media mundial, por debajo de Brasil y de Colombia y en el caso de la mariguana es inferior a la media mundial. (Nota de Reforma, El Diario, 29/X/12). Pero la autocrítica y la reflexión no son parte del patrimonio de Felipe Calderón. Como si hubiese sido otro quien lanzó durante años las justificaciones arriba señaladas para su guerra, ahora se ufanó de que su gobierno fue el que hizo posible la detención en el aumento del consumo de drogas, cuando todo mundo (bueno, los especialistas, los que saben del tema) aseguran que poco a poco nos acercamos a los promedios mundiales en el consumo, independientemente de las acciones gubernamentales encaminadas a detener o prevenir las adicciones e, incluso, las que ponen el acento en la prohibición y las sanciones al tráfico de drogas. Dijo, en tan memorable ocasión: “Lo que era un incremento creciente y preocupante en el consumo de drogas ilícitas, que se había registrado entre 2002 y 2008 a nivel nacional, se detuvo en su crecimiento. Esto significa que el consumo de drogas ilícitas no se ha incrementado significativamente entre 2008 y 2011”. N’ombre, aquí todo va viento en popa. Ya detuvimos el crecimiento del consumo, ya eliminamos o encarcelamos a casi todos los “capos”, ya destruimos a casi todas las bandas, no importa que nos desaparezcan cadáveres o que perdamos hasta las muestras del cadáver del “Lazca”. Nada de eso importa, hemos ganado el combate a los “malandros”. ¿Y los 100 mil muertos no importan? ¿Ni siquiera el amigo “Iván”, el “inmortal” Juan Camilo Mouriño? ¡Cuánto cinismo!

Ismael, la tragedia anunciada por todos

El Diario, 28 de octubre de 2012 Luis Javier Valero Flores Los asesinatos de Ismael Solorio Urrutia y su esposa Manuela Martha Solís, integrantes del ejido Benito Juárez, miembros de El Barzón, es el punto culminante de varios conflictos creados al amparo de un conjunto de instituciones gubernamentales, de todos los niveles, prohijados por la explosiva y compleja situación reinante en el noroeste del estado, en el que dos de los problemas más candentes se juntaron: el del agua y la explotación minera. En ambos, las ambiciones mercantiles se toparon con el eje más sólido y con mayor claridad política de la dirigencia campesina de Chihuahua, el conformado por los hombres y mujeres del ejido Benito Juárez, del municipio de Buenaventura, motor de El Barzón chihuahuense. A ese selecto grupo pertenecía Ismael Solorio. Las balas que lo mataron a él y su esposa fueron cuidadosamente seleccionadas; su ejecución, sabían sus asesinos intelectuales y materiales, podría desencadenar una descalificación nacional, pero le apostaron al desmadejamiento de la organización. No solamente se cruzan aquellos grandes problemas en esa zona; el narcotráfico y la lucha de los cárteles por la supremacía en ella han ocasionado que, prácticamente, sea una región sin gobierno. No son cuentos los que relatan la vigilancia diurna y nocturna de los grupos criminales sobre el tráfico de las personas y vehículos en la zona. Es ahí en donde gracias a la inconmensurable corrupción se abrieron miles de pozos ilegalmente; en donde se construyeron cientos de presones del mismo modo y en donde la “impoluta” CFE, la que se “opone” a todas las ilegalidades, intentó establecer un reino de terror sobre los productores caídos en cartera vencida, pero que a cambio sí autorizó el establecimiento de miles y miles de tendidos ilegales de energía eléctrica. Por si faltara algo, la empresa minera canadiense, (¿hay de otras que les interese la explotación áurea?) Meg Silver, inició la exploración de la mina El Cascabel, para explotar el oro mediante el método de lixiviación de cianuro de sodio. Peor aún, para ese tipo de explotación se requieren cantidades industriales de agua, la que corre el riesgo de quedar muy contaminada, no solamente por algún derramamiento accidental del cianuro, sino porque el agua residual y la lluvia entran en contacto con los residuos de la explotación y esa mezcla se va a los mantos freáticos. Ante el cruce de semejantes conflictos y la actitud omisa, o cómplice de las instancias gubernamentales, cuesta trabajo aceptar que no se haya desatado en mayor grado la violencia, pues es un conflicto que se dejó crecer, que se presentaba gracias a las enormes corruptelas alrededor del otorgamiento de las concesiones para el uso del agua, sobre todo la subterránea. Sin ningún asomo de racismo, ni de discriminación de ninguna índole, pero el problema mayor lo han generado los nuevos asentamientos de menonitas en el norte y noroeste del estado, quienes han llegado abriendo una enorme cantidad de nuevos pozos para la extracción de agua, en la mayor parte de los casos sin los permisos correspondientes, con la consistente presunción de que se les otorgaron de manera ilegal. No es un conflicto reciente, ni las protestas de los barzonistas se presentaron hasta que se presentó la sequía del año pasado. Varios años atrás, el principal dirigente de El Barzón, por pura casualidad también de Benito Juárez, y quien conformaba con Solorio una dupla sensacional en la dirigencia campesina, Martín Solís, advertía del riesgo inminente sobre las reservas de agua y denunciaba “la colusión de las autoridades encargadas de vigilar la explotación y uso del agua subterránea con los más recientes compradores de tierras en las vastedades del Estado Grande”. El peligro es inminente, señalaba, tanto, que hasta la reserva estratégica de agua de Juárez, el manto Conejos-Médanos, estaba en riesgo. En esas fechas, Solís denunció que los menonitas habían abierto al cultivo más de 80 mil hectáreas, “traen mucho dinero”, decía. “Los menonitas compraron 80 mil hectáreas a un precio promedio de 200 dólares cada una. Tal vez sea lo más sencillo”, dice, pues se calcula han invertido “algo así como 80 millones de dólares, pero se van a acabar el agua, vienen de Seminole, en Texas, allá se acabaron el agua. Primero llegaron a la zona de El Oasis, en Ojinaga, en donde abrieron al cultivo 20 mil hectáreas, sobreexplotaron el agua, se la acabaron pues perforaron más de 300 pozos, además de que provocaron una sobrecarga de las líneas eléctricas”. (Nota de LJVF, Aserto No. 52, noviembre 2007). Congruentes, Solorio y Solís, afrontaron ese conflicto, como ya lo habían hecho años atrás cuando el problema de las carteras vencidas, luego cuando pagar la electricidad se volvió un infierno para los productores agropecuarios, y siempre, especialmente Ismael, con alegría, con la picardía natural de los productores del campo, pero con la sagacidad de quienes acudieron y egresaron de instituciones de educación superior. Todo ello en medio, encima, del polvorín en que se ha convertido esa zona, aunado a la llegada de la empresa minera y el manto corruptor desplegado por la mina a través de la repartición de míseros salarios. Ambos conflictos llegaron a niveles que se podían prever acciones como la que le quitó la vida a Ismael y Manuela. Sucedió lo mismo que con Marisela Escobedo, se sabía del peligro que corría y desplegaron una “discreta” protección (así lo diría Carlos Manuel Salas, el fiscal de Chihuahua); luego, en el caso de Álvaro Sandoval, el héroe de Palomas, la Fiscalía General afirmó que había rechazado la protección oficial. Lo mismo había sucedido con Fernando Oropeza, el ex subdirector de la Unidad de Bajo Riesgo (la antigua Penitenciaría del Estado) quien armó una conferencia de prensa enfrente de Palacio de Gobierno en la que denunció las enormes corruptelas en los penales. Dos días después fue asesinado. Igual sucedió con Solorio y Manuela Solís. Los barzonistas previeron el ataque. Lo intuyeron después de las “protestas de los ejidatarios” en favor de la mina. Algo deben cambiar en el Gobierno del Estado, pero ya. Ante los reclamos de Marisela Escobedo, se argumentó que su trabajo indagatorio no estaba bien hecho. A Oropeza lo enviaron a recabar pruebas de la corrupción denunciada por él; los barzonistas sufrieron un tremendo linchamiento mediático. Nada se dijo ante la violentísima persecución del delegado de Conagua, a manos de individuos a bordo de 7 vehículos, a más de 200 km, para evitar las revisiones de los pozos, luego de amenazas de muerte a los productores si no disminuían sus presiones para clausurar los pozos ilegales y la revisión de Conagua. (Nota de Antonio Rebolledo, El Diario, 24/X/12). Todos coincidimos en las gravísimas irresponsabilidades y corruptelas de las dependencias federales, pero algunas estatales no son ajenas, mucho menos las encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia. Por desgracia, los asesinatos de Ismael y Manuela no cancelan los conflictos, pueden ser el detonante de algo peor. Hoy por hoy la facultad para evitarlo está en manos del gobernante local. Está obligado. La solución pasa por hacer vigente el estado de derecho, sólo así se les podrá hacer justicia a quienes cayeron valientemente ante las balas ordenadas por quienes sólo defienden mezquinos intereses.

Reforma laboral: Galimatías legislativo

El Diario, 25 de octubre de 2012 Luis Javier Valero Flores No cabe en el pecho la indignación y el coraje por el salvaje (¿Hay otra forma de asesinar personas?) asesinato de Ismael Solario y Manuela Solís, personas respetables, honorables y, mejor aún, luchadores sociales de los de a de veras, de aquellos que optaron por permanecer al lado de los suyos para luchar por un mundo mejor, en oposición permanente a los cacicazgos, la avaricia banquera, la corrupción gubernamental y en defensa continua de un modo de vivir distinto. A este tan doloroso tema regresaremos el domingo, porque es uno de los centrales del Chihuahua de hoy, por desgracia. En tanto, al igual que los familiares, amigos y compañeros de Ismael y Manuelita nos inunda el dolor, en especial por Ismael, en el caso del escribiente. Al tiempo que amigos, compañeros y parientes de los barzonistas asesinados, además de numerosos integrantes de las organizaciones sociales y ciudadanos en lo general los despedían en Palacio de Gobierno, los senadores del PAN y la izquierda lograban introducir cambios en ocho artículos sobre democracia sindical en la reforma laboral, que obligan a los dirigentes a transparentar su gestión, llevar al cabo elecciones mediante voto libre y secreto y rendir cuentas del patrimonio gremial. Las modificaciones aprobadas obligan a que la ley modificada regrese a la Cámara de Diputados, y si en esta no se aprueban los cambios que el martes impulsaron panistas e izquierdistas, regresará a la de Senadores. Y si en el regreso no se le hace caso a la de Diputados, entonces el proyecto, completo, se va a la congeladora. Bueno, pero en tanto eso pasa, se aprobó la obligatoriedad, para elegir a los dirigentes sindicales, de la emisión del voto libre, directo y secreto, en una abierta confrontación con el “nuevo” PRI que, para negarse a tal reforma, llegaron a argumentar que tal pretensión violaba ¡La autonomía sindical! La del martes fue una sesión senatorial pletórica de cinismo. Humberto Mayans (PRI) dijo que introducir tal derecho era concebir a los obreros como “menores de edad o subnormales”. Lo dijo a unos cuantos días de la reelección de 2 de los dirigentes más cuestionados del sindicalismo priista, Elba Esther Gordillo (ahora dueña absoluta del Panal) y Carlos Romero Deschamps, el dirigente petrolero con 22 años en el cargo, que se mantienen en el cargo por medio de las más sofisticadas y brutales maneras de corromper la vida sindical y la de las dependencias a las cuales ofrecen sus “servicios”. Nada más como dato al vuelo ¿Sabía que todos los delegados al último congreso del SNTE recibieron como regalo de la dirigencia sindical una Laptop? Y es que las reformas impulsadas por panistas e izquierdistas son para dar miedo… a las cúpulas sindicales. El artículo 373 aprobado en el senado establece la obligatoriedad, para los dirigentes sindicales, de rendir cuentas sobre ¡Las cuotas y bienes del sindicato! y que cuando el sindicato rebase los 150 trabajadores, sus cuentas deberán ser dictaminadas por un auditor externo. Más. Se aprobó que los contratos colectivos de trabajo deberán ser votados antes de las revisiones contractuales, (artículos 388 y 390) reforma que va directo al corazón de los contratos de “protección”, caracterizados por la inexistencia del sindicato, o de la simulación de tal figura,que les garantiza a los patrones la certeza de que no habrá reclamos salariales. Pero si hay motivos para festejar tales resultados en la Cámara de Senadores, congruentes con sus concepciones acerca de los derechos, llamémosles subjetivos de los trabajadores (los arriba señalados), en cuanto a lo esencial de las relaciones laborales, los senadores del PRI y del PAN votaron conforme a las exigencias patronales: Aprobaron el pago por hora, los contratos temporales, la facilitación de los despidos, la reducción a 12 meses el pago de salarios caídos y un sinnúmero de reformas que vulneran gravemente las conquistas obreras de un siglo de luchas, incluida la Revolución Mexicana. Les permitirán a los patrones alcanzar su “viejo sueño de eliminar el trabajo de planta, reducir los salarios y eliminar prestaciones”, además de desaparecer la figura central de las conquistas obreras del Congreso Constituyente de 1917, la de que el Estado tenía como obligación tutelar los derechos de los trabajadores, partiendo de la base que jamás podrán ser iguales, en los conflictos laborales, frente a los patrones. asertodechihuahua@yahoo.com.mx http://luisjaviervalero.blogspot.com http://twitter.com/LJValeroF

Taxímetros olvidados

El Diario, 23 de octubre de 2012 Luis Javier Valero Flores Pasa el tiempo y los más ambiciosos proyectos de transporte público van quedando en el olvido, de tal modo que al no ofrecer un servicio aceptable, cómodo, accesible y con una amplia cobertura, tanto en tiempo como en extensión, ese factor se ha convertido –además del notablemente inferior costo de vehículos en la frontera- en el más importante para estimular el crecimiento de la planta vehicular en las 2 principales urbes chihuahuenses, hasta ubicarlas en los primeros lugares del número de automotores por habitante en el país. Incentivar el uso del transporte público significa no solamente el poner en funcionamiento modalidades como las que están actualmente en proceso en Juárez y Chihuahua, sino también la de modernizar al resto del transporte público, demanda largamente exigida por la sociedad, tercamente negada por las distintas administraciones estatales, interesadas en más que todo en mantener las “buenas” relaciones existentes con la élite camionera, ofrecedora de muy amplios favores electorales o, quizá, el compartimiento del negocio del transporte público. No descubrimos nada nuevo. Año con año los concesionarios se quejan de los elevados costos para ofrecer el servicio y exigen, tercamente, la elevación de las tarifas del transporte público. Lo mismo sucede en el caso del servicio de taxis. Desde mediados de la administración de José Reyes Baeza se divulgó la puesta en vigor de un programa para dotar de taxímetros a todos los concesionarios, por supuesto, de manera obligada, con el fin de mejorar el servicio, de hacerle accesible, de abaratarlo y, aunque parezca contradictorio, elevar las utilidades de quienes lo ofrecen. Pero la respuesta de los concesionarios fue muy parecida a la de los taxistas de la capital, ahora con motivo de los procedimientos de la aplicación de las nuevas tarifas: el rechazo absoluto. Lo sorprendente, antes, y no sabemos ahora, fue la reacción gubernamental; en lugar de asumir la postura más útil a los usuarios, dada su obligación de prestar el servicio de transporte público, ha reaccionado casi permanentemente favoreciendo las exigencias de los concesionarios del transporte público. Recientemente, en coordinación con la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), pusieron en marcha un programa –Taxi amigo– identificados con logotipo especial y tarifas más baratas, pero que se deja a la voluntad de los prestadores del servicio, bajo el mismo patrón, la de la discrecionalidad en el cobro. Seguramente que muchos de los lectores habrán usado este servicio en otras ciudades y podrán testimoniar que los taxis son infinitamente más baratos y con una calidad muy por encima de la ofrecida en Juárez y Chihuahua; y que en lugar de dejar a la discrecionalidad de quien ofrece el servicio, dejan al taxímetro tal tarea. Y si se cree que con esta modalidad el taxista podría tener pérdidas, la realidad es totalmente contraria. Es lógico, pues la demanda se incrementará exponencialmente, ya que al ofrecer el servicio a precios racionales, un buen número de ciudadanos optarán por él, de rangos socioeconómicos más amplios, por lo que los taxistas incursionarán a nuevas zonas de las ciudades, seguros de que encontrarán demanda de este servicio. ¿Ha probado abordar un taxi en Juárez fuera de la zona hotelera o del centro? Si logra hacerlo -porque nunca pasa alguno- prepárese, el cobro es de 120 pesos en tramos por los que en otras ciudades se cobraría menos de la mitad. ¡Ah, pero es que traen taxímetros y modelos recientes, no los viejos vehículos usados como taxis en el antiguo Paso del Norte que, además, requieren una pipa al lado para dotarles de combustible! Apenas ayer se realizó la Cumbre de Turismo TRAVELAND, un evento en el que se puso el énfasis en potenciar a Chihuahua como uno de los sitios turísticos más importantes del país. Tal pretensión no se puede obtener si las ciudades no cuentan con transporte público de primera calidad, con tarifas accesibles, no solo para el turismo nacional y extranjero, sino para los usuarios locales. Tal cosa se logra –¡en pleno siglo XXI, el de la cibernética!– dotando a los taxis de un instrumento que calcule de manera correcta la distancia y el tiempo transcurridos en el otorgamiento de un servicio ¡Qué cosas! Y eso significa hacer a un lado al grupo, o grupos económicos que le han impedido a los chihuahuenses contar con un transporte público decoroso, obligación gubernamental, que no se olvide, el transporte público se concesiona, no es propiedad de quienes lo ofrecen en la actualidad.

Morena, “recomenzar”

El Diario, 21 de octubre de 2012 Luis Javier Valero Flores Casi desaparecido de la “escena política”, sin los reflectores de los medios de comunicación con cobertura nacional, especialmente la televisión, el ex candidato presidencial de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, semana a semana -de las últimas- acude a la celebración de las asambleas estatales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), previas a la celebración de la nacional a celebrarse el 19 y 20 de noviembre en la ciudad de México. Hoy estarán celebrando los congresos correspondientes a los dos distritos de la capital del estado -el 6 y el 8- y los de los distritos 2, 3 y 4 de Juárez. Una semana más tarde habrán de celebrar los correspondientes a Parral, Delicias, Cuauhtémoc y el 1 de Juárez. ¿Se trata de una nueva fractura de la izquierda mexicana, como insisten en presentarlo los más conspicuos comentaristas políticos de la tv mexicana? No, más bien se trata de un episodio más de la prolongada división al interior del PRD, quizá el más racional pues ahora se da en el marco de la decisión de marchar juntos, cada quien en su agrupación, en lo que se pueda. Puede ser que en los planteamientos y muchas de las posturas coincidan, pero es en las formas de hacer política en donde se aprecian notoriamente las diferencias. No está de más asentar que la mayor parte de los enfrentamientos al interior del partido del sol azteca obedecían -obedecen- a la disputa por las posiciones, y no las políticas o ideológicas, sino las de los cargos públicos y los de las dirigencias partidarias. Perdidas las fronteras del respeto a la legalidad interna, quienes se quedan en el PRD decidieron mejor apostarle a los arreglos, tras bambalinas, de los dirigentes de los grupos internos -las llamadas tribus- y ahí Nueva Izquierda, la agrupación de los Jesuses, Ortega y Zambrano (y también de Carlos Navarrete), es la hegemónica desde hace más de 15 años. Con ellos se quedarán la corriente de la ex gobernadora zacatecana, Amalia García y la de René Bejarano y su esposa, Dolores Padierna, junto con otros más pequeños agrupamientos y algunas figuras relevantes como Pablo Gómez y Alfonso Ramírez Cuéllar. A su vez, Morena agrupará a cientos de miles de viejos y nuevos militantes de la izquierda; a numerosísimos integrantes de la comunidad académica, cultural y científica del país, así como a miles de aguerridos activistas, los mismos que hicieron posible el resurgimiento electoral de uno de los fenómenos políticos más sobresalientes de la política latinoamericana, Andrés Manuel López Obrador. Es de tal modo variopinto el conglomerado de Morena que su líder, al hablar de la posibilidad de dar origen a un nuevo partido, o continuar con la actual estructura de la organización, y en relación a la reciente disputa presidencial, habla de reiniciar la tarea, que en la concepción más general de este grupo es, en realidad, el reinicio de la unidad de la mayor parte de quienes se reclaman a sí mismos como parte de la izquierda mexicana. ¿Podrá mantenerse Morena como un movimiento y participar electoralmente al lado de los partidos que le “presten” el registro electoral? No parece ser la mejor opción. Las relaciones con la dirigencia perredista no son las mejores y a cada momento político aparecen las profundas discrepancias existentes. En el caso del PT, a pesar de ser el partido que mayor cobijo le otorgó a los lopezobradoristas, tiene en contra su tendencia -no sabemos si sea natural- a aliarse con el PRI en los comicios locales y atraviesa por serios problemas de legitimidad democrática a su interior. Lo mismo sucede con el partido Movimiento Ciudadano -ex Convergencia- en el ámbito de las relaciones políticas en las entidades. Así que si Morena necesita participar con plenitud en la lucha electoral, es evidente que necesita buscar el registro como partido político electoral. Ahora bien, para muchos integrantes de la izquierda ninguno de los mencionados cubre el perfil del partido de la izquierda que necesita el país. Por otra parte, un buen número de quienes hoy participan en Morena son o fueron miembros del PRD, y puestos en la disyuntiva de optar, lo harán por la agrupación política en la que se encuentra su líder y que en muchos casos se retiraron del perredismo, hartos o asqueados de la vida interna de ese partido. Que será difícil el inicio como nuevo partido político, es indudable, pero seguramente que sí tienen la fuerza suficiente para obtener el registro electoral (Contar con tres mil afiliados en por lo menos 20 entidades federativas, o bien tener 300 afiliados, en por lo menos 200 distritos electorales uninominales). Quienes sufrirán serán las dirigencias del PRD en los estados. Chihuahua no será la excepción. Hace rato que los militantes con mayor presencia, sea social o política, emigraron y la dirigencia estatal, y sus principales dirigentes, es coto de Nueva Izquierda, el grupo de Jesús Ortega, en varias versiones, a cual más de enfrentadas entre sí, pues tanto Héctor Barraza, actualmente diputado local, como Pavel Aguilar y Luis Adolfo Orozco pertenecen a aquel grupo, pero sus diferencias los han llevado a que el último haya recurrido al TEPJF a impugnar, tanto los resultados de la elección de la dirigencia estatal, en el pasado reciente, como la convocatoria a nuevas elecciones. Por otra parte, el repuesto (porque lo reinstalaron, no porque nos refiramos a su estado físico, aunque sí está repuestito) dirigente estatal, Miguel Vargas, del grupo de Amalia García, tampoco mantiene buenas relaciones con los arriba mencionados. Pero el problema estriba en que, tanto por sus problemas internos, como por su escasa inserción en Chihuahua los resultados electorales lo ubican en la franja del 5% de la votación y la aparición de Morena como partido político será seriamente resentido por los perredistas. Lo anterior no guarda relación con la obtenida en julio pasado, en la que rebasó, la izquierda en conjunto, el 20% y los más de 300 mil votos en el estado, además de colocarse en el segundo lugar en Juárez, fenómeno que suele adjudicársele a Morena y López Obrador en nuestra entidad. Puede ser, y si es cierto y logra mantener tal simpatía electoral, nacerá con los mejores auspicios. LA DESPEDIDA DE CALDERON.- Como en ninguna otra entidad podemos apreciar de manera tan terriblemente tangible el balance del gobierno de Felipe Calderón y de los 2 sexenios de panistas al frente del gobierno de la república. En Chihuahua murieron más de 17 mil personas a causa de la guerra de los cárteles del narcotráfico y la propia de Calderón; cientos de miles fueron desplazados por la violencia; decenas de miles de casas habitación vacías son la clara muestra de los efectos de una política guerrerista lanzada sin tono ni son; la economía juarense destrozada, y todo ello a pesar de la decena de miles de soldados y los cerca de 5 mil policías federales desplegados en territorio chihuahuense, en distintos momentos, a lo largo de los últimos 5 años. Ese podría ser el balance de los chihuahuenses del gobernante que se va. Hay más. Apenas el viernes vino a darle una visita a Batopilas, el municipio donde naciera el fundador de su partido, el PAN. Por pura casualidad, Batopilas es el segundo municipio con el más elevado rezago social del país; tal característica la comparte con otros 3 municipios chihuahuenses que se encuentran entre los 10 más pobres del país. Y ese sí que es un balance aterrador. asertodechihuahua@yahoo.com.mx http://luisjaviervalero.blogspot.com http://twitter.com/LJValeroF

Discriminación en la “high society”

El Diario, 18 de octubre de 2012 Luis Javier Valero Flores Respeto a quienes no estén de acuerdo con un matrimonio entre dos mujeres, respeto incluso a los homofóbicos, respeto todas las creencias, pero esto no es un asunto de moral o principios, se trata de un asunto de derechos”: Carla Herrera. La valientísima postura de la ganadora del Premio Nacional al Mérito Cívico, otorgado por la Secretaría de Gobernación por su trabajo a favor de los invidentes y débiles visuales, a través del Centro de Estudios para Invidentes AC (CEIAC), y ex directora de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación del Gobierno estatal, Carla Herrera, al protestar, primero, y luego buscar la conciliación, para finalmente demandar a los directivos del Club Campestre porque a éstos se les ocurrió impedirle, a ella, a sus hijos y esposa, el ingreso y uso de las instalaciones, para que sus “hijos hagan deporte” en ellas, a pesar de ser fundadora del mismo, ha puesto el dedo en uno de los asuntos que más rispidez provocan en los sectores más conservadores de la sociedad chihuahuense, y no solamente en los directivos de uno de los clubes más selectos de la capital chihuahuense. Y es que lo hecho por Carla Herrera y Lilia Victoria Aún, al casarse en el DF y arrostrar las consecuencias de un acto que en muchas latitudes del mundo desarrollado es algo común, se ha convertido en un catalizador de un asunto al que las “buenas conciencias” prefieren eludir, olvidar o, simplemente hacerlo a un lado y simular que no existe. Que algunas personas del mismo sexo, lejanas en la distancia, en el afecto o en el conocimiento se casen, es algo digno de rechazo para muchísimos integrantes de las capas medias, sobre todo de la capital del estado, y que finalmente les incomoda, pero que una persona que se ha distinguido por sus aportaciones a la sociedad, que forma parte de las familias con mayores recursos económicos y cuya conducta pública es digna de encomio ha puesto en crisis las concepciones de numerosas personas al confrontar la realidad del Chihuahua de hoy con sus creencias religiosas. Pero como lo ha planteado certeramente Carla Herrera, aquí no se trata de atentar en contra de tales creencias o convicciones, sino de derechos, no solamente instituidos por la Asamblea Legislativa del DF, sino ratificados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró constitucionales las reformas legales que hicieron posible los matrimonios homosexuales, y hasta la adopción de niños por éstos. La negativa de la directiva del Club Campestre motivó la presentación de una denuncia de carácter penal, por discriminación, que incluye al ex presidente del club, porque fue el primero en negarle la aceptación “a su cónyuge argumentando que se violentaban los principios de la institución privada”. (Nota de Orlando Chávez, El Diario de Chihuahua.16/X/12). La denuncia fue presentada contra Pedro Matías Ramírez Godínez, Eugenio Vázquez Quintana, Manuel Russek Valles e Ismael Rodríguez Gallegos, presidente, vicepresidente, secretario y ex presidente del Club Campestre de Chihuahua, respectivamente, por el delito de discriminación cometido contra Carla Herrera y Lilia Aún Caraveo. Al informar de la denuncia, Herrera hizo notar que durante más de un año buscaron la conciliación, por lo que se descarta la búsqueda de notoriedad, o de “reflectores”, pero que sin ninguna duda pondrá en la mesa de las discusiones estos temas, no porque sean los de “moda”, sino porque se refieren a la preservación de los derechos humanos de una parte de la sociedad, que poco importa si son muchas o pocas las personas a las que estamos obligados a entregárselos como a cualquier otro integrante de la sociedad. Reiteraron que los derechos humanos no pueden estar sujetos a votación en ninguna parte del mundo, razón por la que debieran recibir la solidaridad de todos, especialmente de quienes representan a la ciudadanía. El martes, la presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia en el Congreso del Estado, la diputada Patricia Flores González, al tiempo que reivindicaba el derecho de Herrera, como si fuera un asunto cualquiera, de carácter privado, y no el de la defensa de derechos fundamentales, es decir, oponerse a la discriminación, adujo que el Congreso del Estado no podía hacerle un exhorto a la directiva del Club Campestre. Pues no, diputada, esa es precisamente una de sus funciones para evitar que se cometan actos discriminatorios. H

Que son otros

El Diario, 16 de octubre de 2012 Luis Javier Valero Flores Por doquier el priismo pregona, festivo, el inicio de un nuevo gobierno emanado de sus filas, tras 12 años de ausencia en Los Pinos. Algunos de ellos, incluso, nos hablan del inicio de un nuevo régimen. Sobran los lugares y políticas de gobierno que les permitirán poner en práctica semejantes augurios. Uno de ellos, destacado por prácticamente todos los medios, impugnado por todas las fuerzas políticas opositoras al PAN hecho gobierno entre 2000 y 2012, fue el gigantesco crecimiento del gasto corriente del gobierno federal, que prácticamente absorbió los dividendos generados por los elevados precios del petróleo. Ciertamente, una parte importante de los excedentes petroleros fueron destinados a las arcas estatales y municipales, razón por la que todos los gobernantes se dieron vuelo inaugurando infinidad de obras de infraestructura. Pero fueron los panistas los que se sirvieron con la cuchara grande. Unos tres años atrás, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados informó los resultados de una investigación practicada a los salarios (que en nuestro trabajo incluye el total de los ingresos devengados por los legisladores en esa Cámara, consistentes en la llamada dieta y compensaciones) de la más alta burocracia federal. Reportó verdaderas sorpresas: de un poco más de 50 funcionarios que recibían el salario correspondiente a un subsecretario de Estado en el año 2000 al momento que Ernesto Zedillo le entregó el gobierno a Vicente Fox, pasaron a más de mil 100 en la misma categoría. Ese estudio sirvió para que los priistas enderezaran severas críticas al partido aún gobernante hoy sin que cambiara nada en la estructura de salarios de la administración federal. Del mismo modo, a principios de mes, la Fundación Colosio, del Partido Revolucionario Institucional, dio a conocer otro estudio acerca de los ingresos de la más elevada burocracia federal, en el cual se da cuenta del crecimiento de 127 por ciento de la burocracia en estos dos sexenios, al pasar de 4 mil 177 puestos laborales a 9 mil 498 en las diversas dependencias de la administración federal. (Nota de Rosa Elvira Vargas, La Jornada, 8 de octubre de 2012). Dirigida coincidentemente por uno de los más conspicuos integrantes del grupo político Atlacomulco y ex gobernador mexiquense, César Camacho, la fundación con el nombre del candidato asesinado, sostuvo que “son compromisos contraídos con una gran irracionalidad”. Es un verdadero asalto en despoblado. Los cargos de subsecretarios y homólogos crecieron de 169 a 456; los directores generales pasaron de 709 a mil 595, y los directores de área subieron de 2 mil 711 a 6 mil 234. Los extremos se encuentran en la PGR, “donde los mandos superiores equiparables a subsecretarios o subprocuradores creció 548 por ciento, al pasar de 135 a 875”. Punzante, César Camacho adujo que la experiencia de gobierno de los panistas “era muy raquítica, escasa y me temo que a muchos de sus correligionarios les ‘pagaron’ dándoles empleo sobre todo en los niveles de mando superior. Y el país ya no aguanta eso”. Bueno, pues es la hora de demostrar tal aserto y promesa de la campaña recién terminada. La nueva administración federal está obligada a efectuar un gran recorte de mandos medios, y sobre todo, de los puestos con niveles salariales de los más altos. La barrida deberá ser de escándalo pues tales excesos salariales se extendieron a toda la administración federal en los primeros niveles, incluidos los delegados y subdelegados de las dependencias en las entidades, y que son, sin ninguna duda, uno de los factores que más estimulan a cientos, a miles de priistas a participar en el nuevo gobierno. Pero de tales salarios y excesos no hemos escuchado pronunciamiento alguno de Peña Nieto y tan solo las expresiones de la Fundación Colosio, pero en ningún momento, tampoco, de la dirigencia nacional del PRI, y hasta el momento, de nadie en los mandos inferiores de la élite política que se apresta a retomar el poder político en el país. Criticados severamente por repetir las prácticas que tanto les criticaron a los priistas, los gobernantes emanados del PAN hicieron hasta lo imposible por asemejarse a ellos; ahora son los priistas los que deberán demostrar que son otros, que aquellos que perdieron la Presidencia de la República por sus excesos, ya no estarán de vuelta, que es un nuevo gobierno, que es un nuevo régimen.

Seguridad y educación, avances

El Diario, 14 de octubre de 2012 Luis Javier Valero Flores Seguramente que concurrieron todos los factores, unos más que otros; será difícil saber si las estrategias oficiales incidieron en la disminución de la ola homicida –y de la oleada delictiva en lo general– generada por la guerra de los cárteles, pero seguramente sí está influyendo en la denominada del fuero común, la que aún se encuentra en niveles altos, pero que aparentemente va en una tendencia sostenida a la baja. Ni duda cabe que hay otros caminos y otras rutas; que repetir las fórmulas, planes y programas del pasado nos pueden llevar, nuevamente, a la misma situación, pero una cosa debemos decir, la ola homicida –y aparentemente la ola delictiva en lo general– se ha detenido. Lo dijimos muchos, muchas veces, la estrategia aplicada era absolutamente equivocada, no se trataba solamente de un crecimiento de la fuerza de los cárteles, ni de que creció exponencialmente el número de adictos y consumidores a las drogas, o que el narco había decidido convertirnos en “consumidores netos” y que la guerra desatada en el país –seguramente cerca de los 100 mil muertos al término del sexenio– obedecía a la disputa por los territorios en México, no tanto por el tráfico hacia Estados Unidos , sino al crecimiento del “mercado” local. Como lo sostiene Sandra Rodríguez en su excelente libro “La Fábrica del crimen”, el problema es que el germen de la violencia y la crueldad había crecido soterradamente ante nuestros ojos, fruto de un régimen económico incapaz de abarcar al desarrollo social. Casi todos festejaron –festejamos– la llegada masiva de las “maquilas” y sus salarios de hambre, paliados gracias a la hiperexplotación mediante las horas extras que “generosamente” otorgaban las empresas. Juárez, sobre todo, y después, en menor escala, Chihuahua y algunos puntos de la geografía chihuahuense, resintió, primero, la abrupta llegada de ingentes recursos económicos y un progreso que luego supimos, efímero y volátil; la llegada masiva de compatriotas que huían, literalmente, de la crisis económica en el resto del país y, finalmente, los increíbles y rafagueantes cambios sociales. Todo lo anterior en medio de la corrupción, la impunidad y la adopción de la ilegalidad como forma natural de vivir. No todos, por supuesto, pero una importante parte de la sociedad vivió a la sombra de los “beneficios” generados por el tráfico de drogas, y no solamente los más depauperados de la sociedad, sino también “respetables” integrantes de ella, en los más elevados niveles socioeconómicos. En ese entorno la administración federal lanzó su propia guerra. Catapultó los niveles de violencia y de incidencia delictiva a pesar de la masiva movilización de las agrupaciones federales de seguridad pública y nacional. Juárez no solo fue la ciudad con las más altas tasas de ejecuciones, sino también la que contuvo el número más alto de efectivos federales movilizados para hacerle frente a la violencia. No sólo no influyeron en la disminución sino que se convirtieron en parte del problema. Cientos, miles de juarenses –sobre todo los del Valle de Juárez– protestaron contra los excesos de parte del personal militar y luego, toda la población, ante los cometidos por muchísimos elementos de la Policía Federal. Sufrimos la peor de las paradojas: en cuanto desapareció la presencia masiva de la PF disminuyeron drásticamente los índices delictivos. En tanto, la policía municipal juarense había sido cambiada íntegramente y en los últimos meses debió soportar un terrible acoso, con la pérdida de muchos de sus integrantes. Si durante años hemos sostenido una visión crítica sobre la actuación gubernamental, hoy debemos aceptar un hecho incontrovertible: la ola delictiva va a la baja, en niveles que deben festinarse, pero sin los excesos a que de repente son tan afectos nuestros gobernantes. Tal tendencia se aprecia en las calles de Juárez y Chihuahua, y resalta sobre en el antiguo Paso del Norte, en el que la población lo reconoce y al mismo tiempo se duele por los excesos de la policía municipal, reconocidos hasta en las conversaciones privadas por funcionarios municipales y estatales y que podrían convertirse en el aspecto crítico de la administración dirigida por Héctor Murguía. La misma tendencia parece asentarse en la capital del estado. Para ubicar bien el fenómeno, recordemos los sangrientos meses del 2010, particularmente los de la segunda mitad del año, en los que se llegó al exceso de que, por falta de recursos económicos, muchas unidades no patrullaban por no tener gasolina ¡Exactamente en la peor racha delictiva sufrida por Chihuahua en los últimos 70-80 años! Realizar tal balance a propósito de la presentación de los segundos informes de ambas administraciones municipales, sin duda las más importantes, implica llamar la atención a que, si bien debemos festejarlo, lo más importante será no repetir las conductas que permitieron la instalación de un práctico estado de sitio durante largos meses de estos años. Sólo un ejemplo: hasta antes de esta oleada delictiva, lo común era que en los estacionamientos de los vehículos privados de los elementos policiacos, éstos fueran de los modelos más caros del mercado. Y eso se veía como “normal”. ¿De dónde obtenían los recursos necesarios para adquirirlos? ¿Quién se preguntaba, dentro del gobierno y los agrupamientos policiacos tal cosa? Durante los últimos años acudimos a una –aparentemente– interminable discusión entre los representantes de los distintos niveles de gobierno acerca de las pruebas de confianza aplicadas a los elementos policiacos. Está bien que debe respetarse una regulación federal en tal sentido, pero ¿qué impide a los gobiernos locales aplicar las propias para asegurar la probidad de los policías? ¿En el mismo sentido, qué decir de los integrantes de la antigua Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía General, y del Poder Judicial? Y si estos aspectos son dignos de elogiar, la decisión de impulsar y apoyar la cobertura total en la educación media y media superior, hasta alcanzar la cifra de 35 mil, algo inimaginable hasta hace poco, y que obligará a autoridades gubernamentales y escolares a modificar planes, programas y actitudes pues es una medida que no podrá tener regreso. Si las escuelas, institutos y facultades se abrieron para dar cabida a todos los que busquen un lugar en ellas, en mala hora se podrá decidir lo contrario y entonces la estructura presupuestal deberá cambiar pues al paso de los años los requerimientos de quienes fueron aceptados en los dos últimos ciclos escolares serán crecientes, y no solo en el terreno educativo, sino en la estructura económica de la entidad, de tal manera que a vuelta de 3-5 años tendremos una generación demandante de empleos, más allá de los niveles salariales y calidades que hoy ofrece la economía chihuahuense, y ese sí que es un reto gigantesco, no sólo por la magnitud, sino porque debiera obligar al cambio de política económica. Porque mal haríamos si sólo nos convirtiéramos en generadores de mano de obra altamente calificada, del más alto nivel académico y al mismo tiempo fuéramos, como sociedad, solamente testigos de la “migración ilustrada”. Semejante giro, junto con otros factores, puede convertirse en uno de los más importantes para revertir la tendencia delictiva, esa que creció al amparo de la guerra de los cárteles… y de Calderón, y que será más difícil revertir porque no obedece, fundamentalmente, a la oferta y demanda de drogas. En tanto, el caso de Marisela Escobedo sigue generando más dislates.

Mínimo avance

El Diario, 11 de octubre de 2012 Luis Javier Valero Flores Juárez ya no es la ciudad más peligrosa del mundo, asegura la revista especializada en políticas exteriores, Foreign Policy, y la coloca en el segundo lugar mundial, dentro del ranking de las 50 más violentas del mundo. Esta es una noticia importante, alentadora, pero el resto de la información proporcionada por la publicación es francamente desoladora. De las 50, cuarenta se ubican en Latinoamérica y de todas ellas, 11 son mexicanas, es decir, más del 20% de las más violentas del mundo, entre las más peligrosas, se encuentran en México, lo que resulta ser el balance más descarnado de la administración federal que se va, además del fracaso de la estrategia aplicada fríamente en el país, siguiendo casi al pie de la letra la diseñada por el gobierno norteamericano y sus agencias, con todo y sus operaciones estelares, entre ellas, descollantemente, el "Rápido y furioso" que puso en manos de los cárteles mexicanos cientos de armas para "seguirles" la pista y encontrar las rutas del tráfico de armas. Ni una cosa ni otra. Y eso que no han informado de la otra operación, la que puso en manos de las bandas de narcotraficantes cientos de millones de dólares, también para seguirles la pista e indagar cuales eran los mecanismos del lavado de dinero y las rutas del dinero procedente del crimen organizado, calculado en por lo menos 13 mil millones de dólares anuales -según unas fuentes- y hasta más de 30 mmdd, otras, pero que todas coinciden en que por lo menos la mitad de cualquier cantidad ingresa al circuito legal del dinero, esto es, vía bancos, afianzadoras, compañías aseguradoras, bolsa de valores, etc. y que, conforme pasan los días, aparecen nuevas evidencias de que tales operaciones fueron puestas al tanto de las autoridades mexicanas, además de que, como en ninguna otra época, las dependencias norteamericanas actuaron tan libremente en nuestro país. Con tantos factores en contra, pues en ningún caso ha resultado exitosa la "guerra" contra los traficantes, que la principal urbe chihuahuense pierda el doloroso lugar que por cerca de tres años mantuvo en el mundo, y tomando en cuenta que septiembre fue el mes más violento en la historia del país, debemos ubicar bien los hechos y, a pesar de aquellos, poner en funcionamiento los programas de gobierno necesario para, no solamente revertir las cifras delictivas a las que presentábamos antes de febrero del 2008, sino a reiniciar la tendencia de los años precedentes que eran a la baja, y de manera sostenida, a pesar de un hecho incontrovertible y que será imposible eludir: El de compartir frontera con los Estados Unidos y las consecuencias derivadas del elevado consumo de estupefacientes en aquel país. Bueno, a pesar de ese hecho, y de que el tráfico de drogas no disminuía en aquellos años, la tendencia prevaleciente en el estado de Chihuahua y en Juárez particularmente, era a la franca disminución, sobre todo en el tema de los homicidios, lo que podría interpretarse como que a pesar de la existencia de ese tráfico no incidía de la manera como lo hace ahora en la presentación de los índices homicidas. Y esa es una de las primeras conclusiones que podrían obtenerse del brutal baño de sangre sufrido por el país en los años del calderonato, y particularmente en el presente año, en el que sin táctica ni estrategia se instrumentó una política de guerra -con todo y su negativa posterior por parte de Felipe Calderón- y que en lugar de afectar los índices y fenómenos a combatir, los catapultó a niveles jamás conocidos por los mexicanos. Es de tal magnitud la tragedia sufrida por los mexicanos que ninguna otra generación conoció los niveles de violencia hoy existentes, vamos, ni siquiera en los momentos más álgidos de las guerras civiles o los enfrentamientos revolucionarios, la población, toda y al mismo tiempo, sufrió un cataclismo como el de ahora, que ha producido cerca de las 90 mil víctimas de homicidio en casi un sexenio. Ni la disminución de la violencia, ni la cantidad de droga en las calles, ni la baja de personas adictas en México, ni el flujo de droga hacia EU se logró, a pesar de los cerca de 700 mil millones de pesos gastados en el sexenio en las dependencias encargadas de la seguridad pública y la nacional y que, además, una buena parte de esa suma supermillonaria no se conocerá, ni su destino, ni su uso, pues ha sido clasificada por los titulares de las dependencias como información reservada ya que, arguyen, pondría en "riesgo la seguridad pública del país". Tal forma de encarar el tráfico de drogas, desató más violencia, no solo la de los cárteles entre sí, sino que, en medio de una severa crisis económica, encontró el campo fértil para que prendiera la otra violencia, la de una sociedad con profundas desigualdades y rezagos sociales y a esa se le debe atender porque es la de más profundo calado, la de mayor dificultad porque solo se romperá con el cambio de política económica y eso, por desgracia, es lo que se negaron a aplicar los actuales gobernantes y que, parece, no solo continuará sino que se profundizará en la siguiente administración federal. Ojalá no apliquen, en el combate al tráfico de drogas, lo que hasta ahora hemos sufrido. Por el bien de todos, les -nos- dijo El Peje en 2006. Ahí tenemos los resultados.

2 asesinos 2

El Diario, 9 de octubre de 2012 Luis Javier Valero Flores El asesinato de Marisela Escobedo puede convertirse en el problema emblemático de la actual administración, tanto en el apartado de procuración de justicia, como en el de los derechos humanos; el de la eficacia de los organismos policiacos y el de la probidad de los jueces chihuahuenses. Y no se diga en el de la comunicación social, pues en esta área, a unas horas del asesinato, el gobernador César Duarte ya estaba declarando a los noticieros de Televisa acerca del asesinato y soltando en ellos declaraciones fulminantes en contra de los jueces que, obrando legalmente, habían decretado la inocencia de Sergio Barraza en el asesinato de Rubí Frayre, gracias a las gigantescas pifias del Ministerio Público en la investigación del caso. Ahora, fue el mismísimo gobernante el que dio a conocer la detención del asesino de Marisela Escobedo. Alguien le debió informar que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya había resuelto el caso, que ya había “demostrado” quién era el culpable y que ya había encontrado el arma homicida. Así se publicó a fines del año pasado: “Identifican al asesino de Marisela. Héctor Miguel Flores Morán fue identificado ayer como el asesino material de Marisela Escobedo Ortiz, así como el presunto responsable por el homicidio de otras doce personas que fueron privadas de la vida con la misma pistola que el victimario –fallecido el siete de septiembre pasado– utilizó para dispararle a la señora mientras realizaba un reclamo de justicia para su hija frente a las puertas del Palacio de Gobierno. La Fiscalía General del Estado... indicó que existen elementos periciales y forenses para identificar al homicida de la mujer, quien en vida respondió al nombre falso de José Rodríguez Flores, así como también al apodo del Payaso”. (Nota de Ever Haro Guillén, El Heraldo de Chihuahua, 15/XII/12). “Manipuló Fiscalía avances en el caso Marisela Escobedo. Identifican a homicida material hace cuatro meses y lo da a conocer en aniversario de asesinato. A pesar de que transcurrieron ya casi cuatro meses de la muerte de Héctor Miguel Flores Morán alías ‘El Payaso’, presunto autor material del homicidio de la señora Marisela Escobedo, y donde incluso las autoridades investigadoras localizaron el arma que utilizó para asesinar a la también activista social. La Fiscalía General del Estado (FGE) ocultó dicha información, privilegiando su filtración a un medio de comunicación local. … Carlos González Estrada, vocero de la FGE, aseguró que varias pistas indican que Héctor Miguel Flores Morán, ‘El Payaso’, fue quien disparó a Escobedo la noche del 16 de diciembre de 2010 en el exterior de Palacio de Gobierno. Todo apunta a que es él, dijo. ‘El retrato hablado coincide y aparte hay otros detalles de la investigación en los que hay muchas coincidencias, sin embargo, estamos tratando de corroborar para no dejar nada suelto para poder decir oficialmente que sí es el asesino’, refirió. (Nota de El Diario, 16/XII/12). Y después de tan prolijas declaraciones, ahora nos amanecemos con que siempre no, que el responsable es otro, ligado, como aquel, a otros muchos crímenes, como lo asienta la nota informativa: “Mataron ‘Zetas’ a Marisela Escobedo; cae el asesino... La activista Marisela Escobedo fue ejecutada por José Enrique Jiménez Zavala, alias ‘El Wicked’ por orden de ‘Los Zetas’, se dio a conocer tras el arresto del presunto asesino… Al detenido le atribuyen también una serie de asesinatos, entre los que destaca la masacre del bar Colorado… Acciones de Escobedo ya hacían mucho eco, declara ‘El Wicked’. (Nota de El Diario de Chihuahua, 08/X/12). Con el mismo énfasis con el que ahora informan, así lo hicieron 10 meses atrás, prácticamente con las mismas argumentaciones, salvo que las de ahora son las que coinciden, casi enteramente, con la versión oficial de este caso. No podríamos dudar de ellas, pero ¿cuál es la real? ¿Por qué, en la conferencia del domingo, no hicieron referencia a estos hechos y aclararlos de una buena vez? ¿No se percatan que con pifias como ésta le arrojan incredulidad pura a todas las instituciones, a todo el gobierno? ¿Quién les va a creer?

Claroscuros

El Diario, 7 de octubre de 2012 Luis Javier Valero Flores Los actos celebrados el pasado fin de semana, uno con motivo del II Informe de Gobierno de César Duarte, y el otro, justamente el de la presentación al Congreso del Estado de ese documento, se convirtieron en la plena confirmación que la clase política no se resigna a abandonar la liturgia principal del presidencialismo mexicano. Cuando la oposición logró convertirse en algo más que presencia testimonial y se cambió la legislación, con lo que el día del informe dejó de ser el del titular del poder Ejecutivo, porque apareció la posibilidad de que fueran increpados gobernadores y presidentes por los legisladores, entonces aparecieron los actos “faraónicos”, y los que no lo son tanto, pero ambos con la característica común de que el único protagonista sería el informador. Todos los partidos políticos determinaron que en adelante, en lo general, solamente dejarían por escrito su informe en el Legislativo y se van a hacer un acto festivo rodeados de los suyos y algunos que no lo son tanto. De ahí las fiestas esplendorosas como la del domingo pasado en el Gimnasio Manuel B. Aguirre, en el que el gobernante chihuahuense se lució con sus invitados especiales a quienes colmó de elogios, curiosamente casi todos, con muy pocas excepciones, como la del rector de la UNAM, José Narro, compañeros de su partido, al tiempo que lanzaba a los chihuahuenses el mensaje de que ha logrado excelentes relaciones con el resto de la clase política. Y entonces el acto oficial, el del verdadero informe, el celebrado en el Congreso del Estado, adquiere una incuestionable menor importancia, tanta, que ni siquiera merece un enlace de alguna estación de radio, al contrario del celebrado un día antes con cadena estatal de radio y televisión que se convirtió en un acto lúdico y autoensalzatorio pues se celebra en medio de los suyos, y de numerosísimos integrantes de la sociedad que no tienen el talante oficial para cuestionar o preguntar sobre algunos de los aspectos informados ya que tal facultad sólo la tienen –por desgracia– los legisladores. El momento culminante de tales afanes fue alcanzado en las extremas lisonjas al presidente electo, Peña Nieto, cuando Duarte dijo que no sería solamente un cambio de gobierno, sino de régimen. Así que ese acto no podríamos afirmar que fue un informe. Tampoco al día siguiente, al hacer uso de la palabra pues el gobernador usó de guión las posturas de los representantes de los partidos acreditados en el Congreso e hilvanó un discurso que retomó los aspectos más importantes de su gobierno en este año, y del precedente, en un formato que sólo refleja la sumisión del Poder Legislativo al Ejecutivo –y no de ahora, y no sólo de los diputados del PRI, que pudiera entenderse, pero no justificarse– y el abierto control de éste sobre aquel pues la ley dice que si el gobernador habla, lo hará al principio y luego los representantes de los partidos lo harán acerca de lo dicho por aquel. Sin embargo, lo sucedido el lunes fue un formato más apegado a la práctica parlamentaria (aunque sólo a la mitad pues faltó la parte final) en el cual el mandatario informa, los diputados preguntan y cuestionan, enseguida el gobernador responde, los legisladores repreguntan para que, finalmente, el gobernador emita su último pronunciamiento. Seguramente que hay muchas obras y acciones dignas de encomiarse y que al hacerse el análisis del informe deberán confrontarse con la realidad, pero que podemos decir que se avanza, como en el caso de las “70 nuevas clínicas para la población en todas las regiones del Estado” y la “modernización a 6 grandes hospitales que atienden en 2o. y 3o. nivel”, así como el ufanarnos de la cobertura total en educación media y superior, con la creación de 35 mil espacios, pero de cuyas perspectivas no se ha hablado. Pongamos por ejemplo la creación de las nuevas escuelas de medicina, en Parral y Cuauhtémoc y “la quintuplicación de la matrícula en Juárez y Chihuahua”. Nos quejamos del elevado número de personas sin atención médica pero ¿Tendrán trabajo quienes egresen de la facultad en cinco años, o serán médicos que instalarán consultorios privados y no tendrán pacientes, ya sea porque éstos no tienen dinero para acudir con ellos, o porque al paso que vamos el total de la población estará inscrita en el seguro popular o en otra institución de seguridad social? ¿Se podrá contratar al total de los estudiantes de ahora, crecerá en esa proporción el sistema de salud? Y ese es un problema que enfrentará este gobierno, deberá prepararse para ofrecer las plazas necesarias para ubicar a los egresados y admitir a cientos de miles en los programas oficiales de salud. Al abordar el tema de la seguridad, a pesar de los inocultables avances en ella, de ninguna manera los podemos llamar “contundentes”. En el más doloroso de los delitos, el de los homicidios tenemos un grave, muy grave problema. Las cifras de homicidios no han disminuido, como dijo el gobernador, en un 70 por ciento, sino 48 por ciento con relación a 2010, el año más violento, según datos de la FGE (“Las estadísticas de Duarte”, LJVF, El Diario, 23/IX/12) pero ni de lejos estamos en los niveles de 2007, o del 2008, y el año 2012 se proyecta con cifras muy por encima de ellos. Por desgracia, para salir al frente de la ola violenta, como si ésta fuera el resultado de la pérdida de vigencia de la ley y no de la impunidad y la ineficiencia policiaca, así como la infiltración del crimen en las corporaciones policiacas las responsables de ella, se efectuaron infinidad de reformas inmediatistas a la legislación penal, sin tomar en cuenta un dato: que de los casi 17 mil homicidios cometidos en Chihuahua entre 2007 y 2011, solo 10 mil están relacionados con el crimen organizado (según cifras de la Fiscalía General del Estado) y 7 mil fueron cometidos por el resto de la sociedad. Frente a esa realidad, se ha reaccionado para obtener la simpatía de una buena parte de la sociedad que ante la inseguridad actúa ultraconservadoramente y exige, casi, la ley del talión. De ahí las numerosas iniciativas para elevar las sanciones, hasta llegar a la aberración de la cadena perpetua (por más que se hagan intentos de edulcorar el término), que convertirá a los penales en verdaderas bombas de tiempo, peor aún de lo que hasta ahora hemos sufrido. Queda la duda, en cuanto a la obra efectuada de si lo informado comprende las obras terminadas o se incluyen las iniciadas. En tal apartado estarían los “mil kilómetros de carreteras nuevas” y el hecho de haber “allanado, recuperado, 68 mil kilómetros de caminos rurales”, o la construcción de 6 presas, o las cifras del empleo, cuando citó que se habían creado 44 mil empleos y haber sufrido un crecimiento del por ciento en el PIB, sin aludir a las pérdidas sufridas en los últimos años. Criticó a la industria maquiladora, y eso está bien, por el giro de la instalada en Chihuahua, el problema del gobernante es acompañar sus dichos con políticas de gobierno. Dijo: “Hemos pagado muy alto el costo del empleo que sólo destruyó a las familias, que sólo abonó a la pérdida de valores. A la desintegración del tejido social, al desprendimiento del valor al respeto de la vida”. Y el tema que no abordó, que lo perseguirá, no sólo porque lo haya abordado en la tribuna el día del informe, sino porque es real, y es una preocupación de un buen número de chihuahuenses, el de la deuda, para el cual no hay, hasta el momento, un informe del gobierno de Chihuahua que aclare las dudas, más allá de las respuestas de que quienes critican el monto tienen motivaciones electorales.

Reprobable espectáculo

El Diario, 4 de octubre de 2012 Luis Javier Valero Flores Todavía hasta el momento de escribir la presente colaboración seguía en el aire la resolución de la reforma política, el alcance de la misma y los plazos de los varios asuntos contemplados en las distintas propuestas presentadas en los últimos días ante la legislatura local, y no solo por el gobernador César Duarte. La discusión de las fuerzas políticas acreditadas en el Congreso del Estado acerca de temas verdaderamente trascendentes, por más que la mayoría de los ciudadanos no estén al tanto de ello, es una verdadera regresión a los modos en que se han realizado las anteriores reformas al marco legislativo electoral. En un arrebato, resolvieron posponer el inicio del proceso electoral para poder llegar a acuerdos -y se dice que para aprobar por unanimidad las reformas electorales- dando el espectáculo de que, por lo menos para el escribiente, por primera ocasión se aprobara una reforma a las leyes para ampliar el plazo de una discusión y poder efectuar reformas constitucionales. Los tiempos en lo electoral son fatales, decía Miguel Etzel Maldonado cuando le tocó presidir los trabajos de la reforma electoral del ’97, y hoy esa es la losa que cargan los legisladores locales. Hasta este momento, luego de la posposición del inicio de la sesión del Congreso del Estado para discutir tales reformas, lo único en que se tiene la mayor certidumbre es que, aparentemente, han resuelto empatar las elecciones locales con las federales, para lo cual será necesario acortar los mandatos del gobernador y los de los alcaldes y diputados elegidos en 2016, para que éstos terminen su gestión en 2018, al igual que los diputados federales, senadores y presidente de la república y el gobernador elegido en aquella fecha terminaría su gobierno en 2021, simultáneamente que los diputados federales de mitad de sexenio federal. De ese modo, a partir del 2018 solo habría elecciones en Chihuahua cada dos años y la elección de gobernador siempre se realizaría a la mitad del sexenio del presidente de la república, justamente al unísono de las elecciones más desarregladas, las de diputados federales. Quedaría desechada, por tanto, la pretensión del gobernador César Duarte de prolongar los períodos de alcaldes y diputados a cuatro años, en un giro de las propuestas no conocido previamente por la ciudadanía el que, por lo menos en la opinión del escribiente, le imprimirá un importante sesgo a los resultados de la elección de alcaldes y diputados, cuando coincidan con la de presidente de la república pues es sabido que la inercia de ella arrastra a las demás y le otorgará, como lo ha hecho en las entidades que tienen elecciones concurrentes, rasgos ajenos a la real correlación de fuerzas locales existentes en cada estado. Por supuesto que quienes conforman la mayoría hoy están de plácemes de que tal circunstancia exista, pero deberán recordar que ya entramos -por lo menos eso tenemos hasta ahora- a la época de la plena competencia electoral y los ganadores de hoy no serán los triunfadores permanentes y que lo aprobado ahora puede, luego, revertírseles. En abono a tal reforma deberemos establecer que la elección de gobernador no gozará de tal característica pues se empatará con la de diputados federales y muy probablemente tal hecho no contamine del efecto nacional la elección local. Pero todavía hasta el momento de redactar estas notas aún no se tenía certeza del destino de cambiar algunos aspectos de la elección de diputados plurinominales, es decir, desaparecer la prelación y de asignar a la segunda fuerza en las elecciones, en caso de obtener más del 20% de la votación el diputado de la llamada 5a. ronda, quitándole a los partidos minoritarios la posibilidad de acceder a tal posición, algo que seguramente debió ocupar la mayor parte de las discusiones porque se trata, en la práctica, del modo en que se reparten las posiciones las actuales fuerzas políticas y eso, en realidad, poco le importa al electorado. La otra propuesta importante, la de desaparecer la prelación, esa sí que es absolutamente regresiva, se trata de quitarle al electorado la posibilidad de incidir en la elección de la mitad de los diputados plurinominales. Mal. Ojalá hayan recapacitado. asertodechihuahua@yahoo.com.mx http://luisjaviervalero.blogspot.com http://twitter.com/LJValeroF

Futurismo

El Diario, 2 de octubre de 2012 Luis Javier Valero Flores Puede ser que el gobernador César Duarte no sea incluido en el gabinete de Enrique Peña Nieto, tema recurrente en todos los corrillos políticos -y también en los que no lo son- pero de que intentó mostrar el “músculo” político alrededor de su persona y gobierno, ni duda cabe y que tal actuación le permitiría cabildear de mejor manera en el allegamiento de recursos, sería consecuencia lógica. Y si se ubicara en el gobierno federal, muchos lo catalogarían como resultado natural de la actuación de Duarte en los niveles más altos de su partido, que son, ahora, los del más elevado rango en el país. Tal fue el eje central de los mensajes enviados con motivo de la presentación del II Informe de Gobierno de César Duarte al Congreso del Estado (entregado ayer lunes) y el del acto previo, celebrado el domingo, rodeado de la mayor parte de la élite política de su partido, incluidos casi dos decenas de gobernadores, entre ellos los panistas Rafael del Valle, de Puebla y Guillermo Padrés, de Sonora y el aliancista Manuel López (Malova), de Sinaloa. Ambos actos fueron novedosos y habría que resaltarse tal cosa, porque en ello se coincide con Jesús Reyes Heroles, que la forma es contenido. La del domingo asombró, tanto por la novedad de las pantallas de tecnología de punta, como la del redondel para que lentamente el gobernador estuviese de frente a todos los asistentes al acto. Luego, el formato del discurso, o más bien presentación, de los aspectos más relevantes de los actos de gobierno del año informado, alternado con una alegoría de cada uno de los invitados especiales asistentes que dio la impresión de la pretensión de mostrar la capacidad del gobernante para tejer relaciones con el resto de sus compaañeros en el poder, incluidos los del círculo más cercano al peñanietismo, como los de las otras corrientes políticas, o los más cercanos a personajes como Emilio Gamboa Patrón (líder de los senadores priistas), Manlio Fabio Beltrones (coordinador de los diputados federales) y Beatriz Paredes. Rodeado de los suyos, entre los cuales destacaban cerca de los 5 mil estudiantes de los colegios de bachilleres (muchos de ellos procedentes de Juárez, razón que explica que el alcalde de esa ciudad se llevase el aplauso más prolongado, obviamente después del otorgado a Duarte), de la Universidad Tecnológica y de la Uach, que vitoreaban alegremente cuanto era posible hacer, más si se mencionaba el nombre del presidente electo. Y ese el otro tema destacado de ese evento, los párrafos tejidos por el gobernador chihuahuense acerca de Peña Nieto. Llamó al gobierno entrante como el de la llegada de un nuevo régimen y no solamente de gobierno, algo que hasta ahora no ha quedado acreditado, salvo por los discursos del mexiquense y que en los hechos, sobre todo al calor de la discusión abortada alrededor de la reforma laboral, tiene menos sustento tal afirmación. Luego, al día siguiente, en el Congreso, nuevamente Duarte no siguió las formas tradicionales pues no leyó informe alguno, en lugar de ello, usando de guión las posturas de los representantes de los partidos acreditados en el Congreso, hilvanó un discurso que retomó los aspectos más importantes de su gobierno en este año. Pero ni unos ni otro siguieron los lineamientos legales establecidos para la presentación de los informes y el acto del lunes se asemejó, por lo menos en la presentación de las posturas de los partidos y la cuasi respuesta del gobernador, a un formato más apegado a la práctica parlamentaria de otros países y de algunas, muy pocas, entidades en México en el que los diputados preguntan, el mandatario responde y los diputados repreguntan (aspecto que nos faltó en el acto de ayer) para que, finalmente, el gobernador emita su último posicionamiento. Y esta es la parte del formato de los informes que en todo caso debiese cambiar porque todos los años es la misma, todos los partidos violan conscientemente la norma constitucional que lo precisa, obligando al mandatario a hablar antes que los diputados y éstos, al final, después de conocer el contenido del informe presentado. Este lo abordaremos el fin de semana porque se trata de un documento de cerca de las 400 páginas. ¡Ah, nos faltaba el meollo de las pláticas especuladoras de los cafeteros, el del anuncio del gobernador que algunos integrantes del gabinete no están trabajando bien y habrán de salir del gobierno! ¿Quiénes serán! asertodechihuahua@yahoo.com.mx http://luisjaviervalero.blogspot.com http://twitter.com/LJValeroF