En los bueyes de mi compadre

El Diario, 29 de septiembre de 2016

Luis Javier Valero Flores

Sorprende que al final del actual sexenio se realicen las operaciones "cicatriz" que debieron efectuar hace años. Y ahora les llamamos así, cuando en su momento debieron derivarse de una adecuada lectura de los reclamos ciudadanos y de las aspiraciones de la población en diversos temas, coincidentemente los más cercanos a ella.

Un aspecto poco tomado en cuenta al analizar las causas de la derrota priista el pasado 5 de junio es el efecto, en el resto del estado, del rechazo hacia el gobernador Duarte en la capital.

Como nunca, o quizá no lo habíamos sopesado así, probablemente porque no había alcanzado los niveles de la elección anterior, pero en el proceso electoral recién terminado ese factor jugó un determinante papel, que influyó hasta en Juárez, la ciudad que probablemente menores niveles de rechazo mostraba hacia la gestión del mandatario que termina el próximo lunes a la medianoche.

Al sumarse el rechazo a la candidatura de Héctor Murguía a la alcaldía, la derrota de Enrique Serrano era absolutamente previsible.

Papel determinante lo jugó, sin duda, el jugado por los diputados de las dos legislaturas, pero especialmente los de la última, dirigida formalmente por Rodrigo de la Rosa, su actuación fue percibida como una muestra de los elevados grados de subordinación al titular del Poder Ejecutivo.

Ahora, a minutos de terminar pretendió hacer cosas que debió realizar muchos meses antes. 

Es de no creerse, la Junta de Coordinación Parlamentaria aprobó un "exhorto" al gobernador electo, Javier Corral, a efecto de que éste no sólo no cobre las "fotomultas" de la ciudad de Chihuahua, sino que devuelva las cobradas en los meses anteriores, luego de que derogaron la regulación que le dio origen a tan abusiva medida.

Campantes, los diputados de la mayoría parlamentaria, que crearon las foto multas a pesar de las extendidas críticas, incluso en el interior del equipo gobernante, ahora, con la mano en la cintura le piden al nuevo gobierno, cuyo titular tanto denostaron, le piden una barbaridad, la de devolver una cantidad superior a los 150 millones de pesos, justamente en los momentos en que las finanzas estatales sufren de una las crisis más severas, superior, incluso, a la del 2007-2008, fruto del prolongado déficit presupuestario y que, anunció Javier Corral, será del orden de los 4 mil 500 millones de pesos.

Bueno, pues súmenle otros 150.

En condiciones semejantes se encuentra otro de los factores que mayor desprestigio le trajo a la administración de Duarte, el Vive Bus, cuyo fracaso formó parte de los cientos de miles de comentarios en las poblaciones ajenas a la capital que fueron construyendo, de a poco, y muchas veces, de a mucho, la percepción negativa hacia el gobierno del nacido en Balleza; ganada a pulso, deben reconocer, pues la estrecha relación del mandatario y su gobierno con la cúpula sindical del transporte de la capital, sin duda alguna una especie de cártel que mantiene en deplorables condiciones el transporte urbano y que le costó al gobierno alrededor de 10 millones de pesos mensuales, durante por lo menos 2 años, a pesar de lo cual los mamotretos de empresas creadas para acuerpar a los concesionarios deben cantidades millonarias, por una parte, y por la otra, el malestar de la mayoría de los concesionarios, propietarios de una, a lo sumo, dos, concesiones.

Ahí también aplicará el título de la presente colaboración editorial, la nueva administración estatal deberá enfrentar un durísimo conflicto, y no solo económico, además de los costos pagados por la parte más pobre de la sociedad capitalina, cuyo enojo adquirió por momentos verdaderos niveles de extrema ira en contra del gobernador Duarte.

Bueno, pues también en este tema, la actual administración pretendió "sanar" el problema al cuarto para las doce al ordenar que en adelante se cobrara en efectivo en el transporte urbano y el regreso al esquema de las rutas "viejas".

- Po's ahí que resuelvan los problemas los que entran.

¿Por qué en todos estos temas no hicieron "exhortos" como en el primer caso?

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

“No nos representan”

El Diario, 25 de septiembre de 2016
Luis Javier Valero Flores
Dos acontecimientos cimbraron a la entidad, ambos relacionados con el ejercicio y la transmisión del poder. Quizá, por lo mediático del tema, por ser lo más asequible, la ratificación de la denuncia del empresario español Angel Cano en contra del Gobernador Duarte, litigio que niega el mandatario, haya atraído más la atención de los chihuahuenses (y no solamente), pero, sin duda, la intención de la mayoría legislativa por aprobar la creación del Consejo  de la Judicatura Estatal reviste mayor importancia.
Tanto Angel Cano, como el dirigente de Unión Ciudadana, Jaime García Chávez, insisten en la veracidad de la denuncia, la que niega César Duarte, quien arguye que el empresario intenta extorsionarlo, “aprovechando el momento político”, y a quien, aseguró, demandará penalmente por ese delito.
Tal litigio adquirió ribetes de verdadero escándalo tras la transmisión, en el noticiero “Despierta”, de Carlos Loret de Mola, en Televisa-Canal 2, de sendas grabaciones de audio y video en las que se da a conocer la supuesta conversación entre el empresario y el gobernante en un hotel de Beijing, China, en el curso de una gira del Presidente Peña Nieto a la que fue invitado el gobernador chihuahuense y, probablemente, también el empresario.
En ellas discuten sobre las deudas del gobierno de Chihuahua a Angel Cano y presumiblemente de las del gobernador Duarte con las empresas del español. El meollo de la discusión es la supuesta pretensión del ballezano de pagar sus deudas privadas con dinero del gobierno de Chihuahua.
El origen de los litigios está en el gobierno de Patricio Martínez, el que le dejó adeudos al de Reyes Baeza en la compra de unos terrenos cercanos a Anáhuac, del municipio de Cuauhtémoc, en los que se instalaría un gran conglomerado de invernaderos, proyecto que fue desechado en el gobierno del deliciense y cuyo adeudo, aparentemente, sería negociado por Duarte, a través del ahora Secretario General de Gobierno, Mario Trevizo, a quien, si la grabación es cierta, el gobernador, indirectamente, acusa de no haber obedecido sus indicaciones de pagarle a Cano ese adeudo.
Cano afirma que el gobernador Duarte habría aprovechado para instalar también viveros en sus ranchos.
Las afirmaciones del español son puntuales en los montos y en las intenciones del mandatario.
De ser ciertas sus aseveraciones, estamos a días de que la orden de embargar diversas propiedades de Duarte llegue a un juzgado federal de Chihuahua, con lo que no habría duda y el gobernante quedaría en entredicho pues ha sostenido firmemente la inexistencia de la demanda y consecuentemente de la orden de embargo en su contra.
Podrá defenderse adecuadamente de lo anterior y hasta salir airoso, pero del señalamiento ciudadano por la intención de aprobar -por la vía fast track- la creación del Consejo de la Judicatura Estatal, a unos cuantos días del término de la administración es un verdadero despropósito.
Tales desmesuras dan origen a otras; éstas, si se quiere, con un beneplácito generalizado. La decisión de los integrantes de Alianza Ciudadana de tomar por asalto la tribuna y las curules del Congreso del Estado, para tratar de impedir la aprobación de tal engendro político, no la figura del Consejo, que es necesaria, sino la de su aprobación en estos momentos.
Las escenas del pasado jueves originaban dos sensaciones: Por una parte, la civilizada, la que pretende el establecimiento de un régimen democrático, que deplora la realización de tales acciones y, por otra, la derivada de la indignación con tal forma de gobernar, en la que la subordinación de los actuales diputados es total.
Así, los momentos en que antiguas y respetadas activistas le gritaban cara a cara a los diputados “¡No nos representan!” son de los más memorables de las luchas ciudadanas chihuahuenses de las ultimas décadas, no por desprecio a las otras, sino porque en muy contadas ocasiones los ciudadanos han tenido oportunidad de mostrarle a la clase política su desprecio y su hartazgo y, además, colmar sus exigencias.
Sí, porque, por lo menos transitoriamente, la mayoría del Congreso del Estado decidió no discutir ese asunto.
Ahora sabemos que fue solamente para posponerlo y tratar de aprobarlo el día de mañana, ahora sí con la protección, seguramente, de contingentes policiales afuera y adentro del recinto parlamentario.
Las imágenes de ese jueves son patéticas. En tanto un pequeño grupo de ciudadanos intentaban, primero, pasar de la zona destinada al público, unos cuantos guardias privados (¿Cuáles son las razones para que sean de empresas privadas quienes resguardan las instalaciones oficiales?) forcejeaban con activistas que hace poco rebasaron las 4 décadas de vida, intentando impedirles el paso.
Pero no eran los únicos que asumieron una inexplicable conducta, también los legisladores de la mayoría parlamentaria (PRI, Panal, Verde y PT) se quedaron impávidos, sorprendidos sin duda, en el primer momento, pero luego con una terquedad digna de mejores causas resistieron largos minutos el asedio y el griterío de los activistas ¿Pensaban que podía terminar la protesta y a continuación aprobar el dictamen? Inaudito.
Por el megáfono, Gabino Gómez, sempiterno activista, llamaba a los diputados a desobedecer a quien “les ha ordenado aprobar esto” y usaba como argumento principal el de que “hasta los soldados pueden desobedecer si les dan una orden fuera de la ley”.
Frase con un enorme sustento a lo largo del sexenio cuyo mejor ejemplo lo fue el episodio, narrado y coprotagonizado por el periodista César Ibarra (El Heraldo de Chihuahua, 11/IV/14) cuando la Legislatura local fue convocada para ejecutar la sentencia del juez Ignacio Cuenca Zamora acerca de la elección de los consejeros del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip). En la crónica de la sesión, en un receso, relata el reportero, los diputados de la mayoría parlamentaria  se preguntaron: “… ¿y cómo vamos a votar?’, otros responden, -pa’ qué les damos chanza de hacer tanto show, si en la votación nos los vamos a fregar. La diputada Águeda Torres Barrera les dice: -vamos a hacer las cosas como nos las ordenó el señor Gobernador y que nos explicó Mario Trevizo (Consejero Jurídico de Gobierno del Estado)...’. No ha terminado de explicar la línea cuando Enrique Licón, del PVEM le dice: -¡Diputada, cuidado, tienes a la prensa atrás de ti!…, y ésta con sonrisa nerviosa dice, riéndose... ‘háblenle a seguridad para que saquen a todos los que no son diputados”.
Pero el jueves, de manera extremadamente abrupta un grupo de ciudadanos les recordó que ya no son representantes del sentir de la mayoría de los chihuahuenses. No podían terminar de otra manera su gestión los diputados que se han significado por ser de los más abyectos que tengamos memoria.
La indignación tenía -tiene- además, otro ingrediente, la de que corren insistentes los rumores que se pretende incluir en el Consejo de la Judicatura a dos de los magistrados más allegados al actual mandatario, Jorge Ramírez y José Alfredo Fierro Beltrán y a Luis Villegas, antiguo allegado a Javier Corral, con una muy larga militancia en el PAN y quien recientemente dedicó severísimas críticas al gobernador electo, no obstante su elevado cargo judicial, lo que concitó -ironías de la vida- una demanda del abogado Oscar Castrejón, consistente militante de Morena, por violar diversas regulaciones del Poder Judicial.
Además, la Federación Mexicana de Colegios de Abogados acompañó en la protesta a los integrantes de Alianza Ciudadana y expuso argumentos jurídicos con los que deploran el intento de aprobación con tanta premura y sin discusión con algún sector de la población.
Bueno, pues los diputados no cejan en su intento, pretenden aprobar la iniciativa mañana lunes 26 de septiembre y quede finalmente aprobada antes del 16 de octubre.
No se trata de cualquier maniobra menor, por ser una reforma constitucional deberá ser aprobada, en ese lapso, por la mayoría de los cabildos de Chihuahua ¡Justamente cuando éstos ya ni se reunirán, acaso para recibir el último informe de los alcaldes y obviamente sin interés alguno de discutir seriamente una iniciativa de tal envergadura!
¡Si ya todos se van ¿Qué caso tiene, qué interés hay en aprobarla tan urgentemente?!
¿Tienen razón los rumores? ¿Se pretende dejar un Consejo de la Judicatura Estatal, tan impugnado como una buena parte de los actuales magistrados, entre ellos los supuestamente beneficiarios de tal reforma?
ESCOLTAS.- Son de tal subordinación los diputados que bastó una declaración del gobernador Duarte, en el sentido de que no deseaba usar escolta al término de su mandato, para quitar al gobernador de Chihuahua como beneficiario de tales beneficios, sólo dejaron al fiscal general y al director de la policía única, aquel hasta por ¡4 años!
¿Y porqué Palacio de Gobierno y otros edificios públicos no gozan de tal protección? ¿Porqué otorgarle a alguien el negocio de proteger los recintos oficiales del gobierno de Chihuahua?
asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Resistencias

El Diario, 22 de septiembre de 2016
Luis Javier Valero Flores
Conforme se acerca la fecha del cambio de poderes, la atmósfera política se enrarece cada día más. A ello contribuye extraordinariamente el grupo gobernante saliente.
Además, otros factores, como el de la denuncia del empresario español Angel Cano en contra del gobernador Duarte -catalogada como falsa por el mandatario, realizada claramente con la intención de extorsionarlo, dice-, la importancia otorgada a ella por Televisa y otros medios de la capital del país, con lo que se ha convertido en una noticia de impacto nacional, además del incremento de las ejecuciones -y en general de los homicidios, incluidos los feminicidios- le han dado a la parte final de la actual administración un carácter extremadamente sombrío.
A lo anterior, por si fuera poco, el entorno económico, tanto nacional como internacional, se suma a esos factores, que han hecho de la actual transición una de las más escabrosas de que tengamos memoria.
No se trata solamente del hecho de que se da una alternancia partidaria, sino, fundamentalmente a las condiciones de absoluta incredibilidad ciudadana con la que culmina su gestión César Duarte y su equipo.
A tal panorama ha contribuido decisivamente el grupo parlamentario del PRI en el Congreso, tanto el de la primera mitad del sexenio, dirigido por Enrique Serrano, el ex candidato gubernamental, como el de la segunda, encabezado por Rodrigo de la Rosa, hijo de Leonardo, uno de los dirigentes de la CNC (la agrupación campesina, matriz de las andanzas políticas de César Duarte).
La lista es larga, y sorprende por la imperdonable falta de criterio político -incluso para sus objetivos y beneficios-, ejemplo de lo cual se encuentra la iniciativa del Gobernador Duarte a fin de derogar las fotomultas en la ciudad de Chihuahua, tema que se convirtió, a partir de su creación, sin duda, en uno de los factores que precipitó el descontento popular y el rechazo de la ciudadanía a los candidatos del PRI en la elección pasada.
Era de tal subordinación la conducta de la mayoría de los priistas que cuando su ex candidata a la alcaldía, Lucy Chavira, y un par de diputados -Teporaca Romero y Eloy García Tarín- se atrevieron a proponer lo que ahora propone Duarte casi fueron linchados, sólo porque argumentaron lo mismo que ahora arguyen los impulsores de la reforma y sus defensores: Es porque hemos escuchado el clamor popular, dicen.
Pero tal reforma no requiere mayor atención, la nueva legislatura la iba a derogar, lo que ahora se pretende hacer ¡Al final del sexenio! es crear una importantísima figura en el Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura Estatal, justamente a 10 días de que culminen su gestión los integrantes de la actual legislatura.
Lo hacen en los días en que sus sucesores se aprestan a asumir sus cargos. ¿Qué acaso no entienden que es hora de tomar sus artículos personales e irse? ¿No asumieron que los resultados electorales del 5 de junio no fueron solamente en rechazo al gobernador de Chihuahua, sino también a ellos y a su plena subordinación al titular del Poder Ejecutivo?
Se necesita un muy grueso caparazón para no entender lo anterior y todavía darse el lujo de salir a hacer declaraciones como si fueran los grandes reformadores del Chihuahua de nuestros días.
Peor aún es lo que pretenden realizar el día de hoy, modificar seriamente el esquema del funcionamiento del Poder Judicial, pero no en el sentido de profundizar la subordinación al Poder Ejecutivo, sino precisamente en el sentido contrario y quienes conforman la actual mayoría legislativa son el mejor ejemplo de lo que no se necesita en Chihuahua.
¿Cómo pretenden legislar sobre materia tan delicada, en momentos en que el pueblo de Chihuahua, por abrumadora mayoría les dijo que ya no lo representan y que existen nuevos actores políticos que sí son depositarios de tal calificación?
¿Porqué no tener un mínimo de sensibilidad política y dejar a los siguientes todos los asuntos trascendentales que al cuarto para las 12 pretenden cambiar?
¿Por qué no entienden que existe una  nueva realidad política?
Y cuando ya se van, pretenden crear una ley que regule la asignación de guardias, a cargo del erario estatal, para quienes dejan los cargos públicos.
¡Híjole! Con razón perdieron las elecciones de manera tan apabullante.
asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

En el relevo, la reforma democrática

El Diario, 18 de septiembre de 2016

Luis Javier Valero Flores

Inmersos en el proceso de entrega-recepción de los diversas instancias de  gobierno, asoman, ya, los primeros indicios de lo que puede ocurrir en el corto plazo en el ámbito del quehacer público.

No será una etapa tranquila, al contrario, mucho dependerá de lo que suceda al interior del todavía partido gobernante en Chihuahua -y ya no el mayoritario, en virtud de los resultados electorales del pasado 5 de junio-, al que el futuro no pareciera depararle buenas noticias, al contrario.

¿Ese futuro será el ahora representado por el ex candidato a diputado, Fermín Ordóñez, quien lideraba a un grupo de jóvenes en la noche del 15 de septiembre en la Plaza del Angel, prestos a impedir cualquier protesta en el curso de la ceremonia local del Grito de Independencia? ¿O ese mismo Ordóñez dando cuenta de supuestas incongruencias de la declaración patrimonial de Javier Corral?

¿O será el representado por las reflexiones de Leonel Castro Reyes en su columna publicada en el Facebook?

¿El grupo político que se va del gobierno en tan desangeladas condiciones intentará mantener el control de lo quede del aparato priista, del cual ni los vehículos aparecen, y tampoco los salarios de sus empleados?. (Nota de Patricia Mayorga, El Diario, 16/IX/16).

¿Podrán construir una alternativa competitiva para las elecciones del 2018, para las que les importan directamente, las locales, que les permitieran recuperar espacios de frente al siguiente relevo gubernamental?

¿Cuál será la postura política que asumirán frente al gobierno de Corral?

¿Cuál será el perfil del nuevo gobierno? ¿Acaso el descrito por Javier Corral en la reunión de regidores y síndicos electos, en el que anunciara que, ante perfiles semejantes, para ocupar cargos en la administración estatal, tendrían prioridad los militantes del PAN?

¿Avanzaremos, en Chihuahua, en la construcción de la transición democrática en el siguiente quinquenio?

¿Será capaz, la coalición gobernante, de iniciar un profundo proceso de transformación democrática de Chihuahua?

En ese esfuerzo y esa orientación ¿Qué papel jugarán los diputados del PRI -los 5, en caso de que no se cambie la asignación de las diputaciones, ú 8 en caso contrario-, las respaldarán, o simplemente harán lo necesario para, al mismo tiempo de oponerle trabas al nuevo gobierno, tratar de constituirse exclusivamente en la oposición alternativa al gobierno de Corral?

Es un error pensar que las elecciones las perdió el PRI solamente a causa de sus errores, o fundamentalmente los de los del equipo gobernante -al que dejaron actual con plena libertad-.

No, este partido ha quedado a deber a la sociedad chihuahuense una gran factura: El deterioro del entramado institucional, de la pérdida de la confianza ciudadana en las instituciones, en los políticos, en la política; la enorme desconfianza hacia el modo en que se ejercen los recursos públicos; el avasallamiento de la división de poderes (la formal, la que tenía una endeble existencia) el atropellamiento a la ciudadanización de los organismos autónomos, el desprecio a las manifestaciones ciudadanas, a sus quejas; el derroche y los actos faraónicos y, sobre todo, en el caso de la capital, haber destruido el sistema de transporte urbano.

Bueno, pues en todos esos asuntos -y muchos más- el PRI tiene una enorme deuda con la sociedad chihuahuense, su problema estriba no solamente en intentar recuperar los espacios perdidos, sino en el modo en que pueda recuperarlos.

Si opta por el viejo camino del patrimonialismo a través de las delegaciones federales y el presupuesto del gobierno de Peña Nieto, es decir, al viejo método del uso de las despensas y las minúsculas canonjías obtenidas de las dependencias gubernamentales, que le permitirán, a lo mejor, conservar a sus electores de las capas sociales más pobres, cosa que no es segura o, si por el contrario, se sube al vagón de las profundas reformas democratizadoras necesarias para Chihuahua.

Y en ello estriba el reto de Corral y su coalición gobernante: Hacer la tarea, en Chihuahua, que ni Fox ni Calderón se atrevieron a abordar, el de la reforma del entramado institucional, que pasa, necesariamente, por otorgarle a la sociedad mayores espacios para compartir el gobierno, a través de la profunda democratización, no solo de las instituciones y organismos, sino, sobre todo, de los mecanismos de elección y designación de quienes deban asumir tareas de responsabilidad compartida en el gobierno, ejemplos de lo cual pueden ser la elección de los integrantes del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información; los denominados Consejos de Vialidad y Transporte; los necesarios para que acompañen y fiscalicen los procesos de licitación de la obra pública y proveeduría de los organismos gubernamentales; la reforma del informe del gobernador y los alcaldes, para convertir estos actos en verdaderos mecanismos de rendición de cuentas y oportunidad para que se realice un verdadero debate entre los legisladores -receptores del informe- y el gobernante, del cual puedan extraerse verdaderas informaciones acerca de la gestión del mandatario.

La reforma a la norma que rige a los institutos municipales de planeación, para convertirlos en órganos especializados en la planeación urbana, blindados en dos aspectos, el de la obligatoriedad de sus resoluciones y el de la debida incorporación de las propuestas ciudadanas.

Y todas esas reformas, -y otras- necesarias para la profundización de la vida democrática de Chihuahua, deberán ir de la mano del resto de la obra gubernamental la que, por las condiciones de las finanzas estatales, podrá estar disminuida, dado el elevado déficit que acarrean, del orden de los 4.5-5 mil millones de pesos.

No le será fácil a la nueva administración afrontarlo; pueden recurrir al apretón presupuestario -obligadamente- en el que encontrarán verdaderos nichos millonarios, que podrían significar ahorros de poco más de mil 500 millones de pesos, uno de los cuales -señaladamente- es el del gasto en comunicación social y el otro es el de la pesada y costosa operación gubernamental, en la que hubo ocasiones que era más costosa la inauguración y la difusión de determinadas obras, que la construcción de éstas.

El gobierno de Javier Corral se enfrentará al problema del enorme gasto educativo, de salud y seguridad pública, rubros en los que la actual administración ha presumido un enorme crecimiento presupuestario, particularmente en lo referente a educación media y superior, pero que se ha afrontado con los mecanismos del endeudamiento directo y el de la bursatilización de los ingresos carreteros, que para los efectos prácticos, ambos se consideran deuda, más allá de que no afectan los ingresos propios o los derivados del presupuesto federal.

Así, por lo menos en los últimos tres años el déficit presupuestal se subsanó con ese mecanismo, el reto de Corral será continuar o no en esa misma senda, así sea en cantidades menores, dados los niveles deficitarios del presupuesto.

Una de las primeras señales de su comportamiento lo ha dado su coordinador del equipo de transición, Gustavo Madero, quien declaró que “Habrá oportunidad de hacer otra bursatilización en el nuevo gobierno… siempre y cuando se hagan con la finalidad de sanear las finanzas y no para saldar deudas de corto plazo”. (Nota de Alberto Aguinaga Cruz, ahoramismo.mx, 16/IX/16).

Y todo lo anterior en medio de las elecciones del 2018, cruciales para el país pues será la oportunidad para que los nuevos gobernantes redefinan las reformas “estructurales” impulsadas por Peña Nieto, a todas luces un auténtico fracaso, y las de mitad de sexenio local, en las que el PRI, previsiblemente, intentará convertirse en una opción frente al PAN, de lo contrario, si pierde la presidencia de la república -cosa previsible- y no recupera sus posiciones locales, no tendrá el mejor escenario para recuperar la gubernatura en 2021.

Se abre, así, un momento político, ideal para las transformaciones democráticas en Chihuahua; Javier Corral deberá sopesarlo adecuadamente y actuar congruentemente; se trata, no solamente, de administrar bien el presupuesto, diseñar y ejecutar la obra pública necesaria -y posible- sino de encabezar la transformación democrática de Chihuahua, a través de una profunda actividad legisladora y de la incorporación de vastos sectores de la población interesados en el buen quehacer gubernamental.

A su vez, el panismo -así, en lo general- deberá asumir que sus triunfos electorales no les corresponden, ni siquiera mayoritariamente, que son el resultado del hartazgo de todo un pueblo a una forma de gobernar, que muchos de quienes ahora son funcionarios electos resultaron ganadores, casi, sin efectuar grandes campañas electorales -otros muchos sí las efectuaron, pero, igual, en el pasado las efectuaban así y el resultado era, mayoritariamente, la derrota- y que a la hora de elaborar y ejecutar políticas públicas deberá hacerlo no con base en la doctrina -ideológicamente hablando- panista, sino en los reclamos y aspiraciones de los chihuahuenses.

Eso esperamos muchos.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Crece la violencia, aparece la controversia

El Diario, 15 de septiembre de 2016

Luis Javier Valero Flores

En medio de un preocupante aumento de homicidios, presentado a partir de julio, sobre todo en las dos grandes ciudades de la entidad, con una línea estable en el resto del estado, nuevamente el gobierno, como en la aciaga ola violenta acaecida entre 2008 y 2011, ha puesto en vigor -aunque discretamente- la participación de las fuerzas armadas en el combate a la violencia y el incremento de ejecuciones.

Por si fuera poco, ante la denuncia presentada por diversas agrupaciones de comerciantes semifijos de Juárez, a propuesta de la actual presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, la diputada Laura Domínguez Esquivel, quien pidió que el Poder Legislativo exigiera el retiro de las fuerzas federales del antiguo Paso del Norte, la Diputación Permanente exhortó al gobernador César Duarte Jáquez a convocar al Consejo Estatal de Seguridad Pública, “para recabar y decidir la formal petición a las instancias nacionales de coordinación en seguridad pública respecto de la reducción o el retiro de las fuerzas de seguridad publica federales”. (Nota de Patricia Mayorga, El Diario, 13/IX/16).

Así, con ese lenguaje y términos timoratos, típicos de la actual mayoría legislativa.

A pesar de todo, la legisladora argumentó que “La experiencia nos ha demostrado que más policías, más armamento y más fuerza policial y militar en la zona fronteriza del estado de Chihuahua es contraproducente, pues queda más que experimentada la escalada de violencia, de violación a los derechos humanos, los actos de molestia a los habitantes y la comisión de delitos, que van directamente proporcional a la creciente presencia de fuerzas federales de seguridad”, al hacerse eco de las denuncias y quejas presentadas por los juarenses por la actuación de los agentes federales, que genera, dijo en la sesión del órgano legislativo, “nuevamente actos de molestia a la ciudadanía,  y propiciando delitos tales como la extorsión y otros derivados del mismo”.

Pero al mismo tiempo que esto sucedía, el ejército mexicano, sin que hiciera anuncio alguno la autoridad civil -la responsable de la seguridad en la entidad, y de ninguna manera las fuerzas armadas- envió a la región de Cuauhtémoc “Unidades rápidas encargadas de patrullar” la ciudad, al tiempo que instalaron “de manera semipermanente puestos de vigilancia y revisión en las salidas de la mancha urbana”, sin que existiera anuncio oficial, tampoco, por parte del ejército acerca de tales movimientos. (Nota de Manuel Quezada, El Diario de Cuauhtémoc, 13/IX/16).

Esto ocurre justamente en el marco de por lo menos dos enfrentamientos ocurridos, uno de ellos en la Tarahumara -Guachochi- en contra de elementos del ejército y el otro en el Valle de Juárez, éste en contra de elementos de la Fiscalía General del Estado, y la preocupante incidencia homicida de las últimas semanas.

Como siempre que ocurren estos eventos -los homicidios y los operativos militares- la pregunta aparece automáticamente ¿Este es el modo de enfrentar a la delincuencia organizada, la dedicada mayormente al tráfico de estupefacientes y que, lo constatamos a cada momento, no ha sido el adecuado?

Lanzar a los militares a patrullar las calles de las ciudades y poblados, a instalar retenes revela la inexistencia de las tareas de inteligencia necesarias para afrontar tal fenómeno delictivo; es como salir, a ciegas, a darle de palos a la piñata, a esperar a ver si los delincuentes se descuidan y los sorprenden con las armas en las manos.

Y duele más constatar que lo señalado por infinidad de especialistas y organismos derechohumanistas y hasta de la ONU, es cierto, esto es que mientras no se desmantelen los cárteles -y decir eso no significa, solamente, como lo creen los gobernantes, detener y colocar ante los reflectores de la prensa a grupos de presuntos delincuentes- sino el de la estructura financiera que hace posible la existencia de tales grupos criminales.

Han pasado largos meses desde la detención de los que las autoridades señalaron como los jefes de las bandas criminales que protagonizaron el baño de sangre en Chihuahua -Joaquín Guzmán y Vicente Carrillo- y hasta la fecha no se ha descubierto ni una sola empresa utilizada por ellos para el lavado de dinero y los enfrentamientos entre integrantes, supuestamente, de sus bandas, siguen ensangrentando el territorio chihuahuense.

Sólo se les ocurrió, otra vez, sacar a la tropa a patrullar, con las previsibles consecuencias que tanto padecimos.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

No al fundamentalismo*

El Diario, 11 de septiembre de 2016

Luis Javier Valero Flores

El día de ayer se realizaron diversas manifestaciones en el país, “en defensa de la familia”, en las que confluyeron una gran cantidad de organizaciones de corte católico y, además, agrupaciones ligadas a otras iglesias, todas ellas cristianas.

Las exigencias del “Frente por la familia”  se concentran en tres puntos: el derecho de los padres a educar a sus hijos; el derecho de un niño a una mamá y un papá, y la reivindicación de que el matrimonio es exclusivamente la unión de un hombre y una mujer.

Sin duda, la iglesia católica fue la principal animadora de tales expresiones, organizadas para oponerse a la aprobación de la reforma promovida por el Presidente Peña Nieto a fin de uniformar la legislación existente respecto al derecho de los mexicanos a casarse, sin que para ello exista la restricción -hasta hoy vigente en el texto constitucional- que para hacerlo solamente se podía hacer entre una mujer y un hombre.

En torno a tal iniciativa, derivada de atender una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que dictaminó que lo preceptuado en el artículo 4 de la Constitución es violatorio de los derechos humanos.

Contra tal propuesta se ha alzado un vigoroso movimiento que, más allá de sus argumentos en favor, o no, de los matrimonios igualitarios encierra un peligro mayor para el desarrollo de la vida democrática del país.

Se trata de la pretensión de imponerle a los mexicanos una forma de relacionarse entre sí, de darle a los vínculos matrimoniales y, en general, a la sociedad, una visión y un orden derivado de los preceptos religiosos, básicamente de los procedentes de la Biblia. 

En defensa, dicen, de “la familia tradicional”, como si ésta, al igual que el resto de la sociedad, sea la misma al paso de los años.

¿A cuál familia “tradicional” se refieren? ¿A la sindiásmica? ¿A la iroquesa? ¿A alguna de las que numerosos científicos han descubierto, estudiado y develado con sus extraordinarias características, que para nada son las de la familia de la era contemporánea?

¿A cual familia se refieren nuestros férreos defensores de la familia “tradicional”? ¿Por ventura a la existente en Yucatán a la llegada de los primeros españoles; distinta, sin duda, a la vigente en el norte árido del México de entonces en donde aún aparecían rasgos de la familia matriarcal?

¿O se referirán a la familia existente en no pocas extensiones geográficas del México de fines del siglo XIX, que no incluía a los hijos del ejercido derecho de pernada de los dueños de las fincas y haciendas y que no eran considerados hijos de la familia “tradicional” del potentado, que sólo contemplaba a los nacidos en el seno de la familia bendecida por la iglesia?

¿O se referirán a aquella familia, en la era tribal, en la que todos los niños eran hijos de todas las mujeres, y que todos los hombres eran “maridos” de todas las hembras del grupo tribal y que, a su vez, éstas lo eran de todos los varones?

En tiempos de Shakespeare no existía el matrimonio idílico de Romeo y Julieta, ésta pareja y esa relación amorosa sólo existía en los sueños románticos de los ingleses de aquella época. Del mismo modo que la Dulcinea del Toboso, y la relación de Don Quijote con ella, eran solamente los sueños quiméricos de los españoles del término de la edad media.

Y sin embargo, todos los tipos de familia arriba enumerados son los que existieron “naturalmente”, por lo que bien podemos asentar que el desarrollo de la sexualidad, así como el de la construcción de la pareja monógama fueron -son- parte de un proceso, inacabado, razón por la que muy poca razón existe para abogar por la preservación de la familia “tradicional”, ésta, como nuestra sociedad, ha sufrido inconmensurables cambios y uno de ellos, acaso el más importante de nuestra época, es el de avanzar en el camino de la destrucción de la discriminación por razones raciales y de preferencias sexuales.

A nadie se le puede imponer, en el seno de la sociedad, los razonamientos de tipo religioso, de carácter dogmático, para que norme sus relaciones de pareja ni, mucho menos, imponerle las preferencias sexuales.

A nadie se le puede imponer un argumento, como el esgrimido en privado, en las conversaciones personales -y a veces también en público- cuando se sostiene que el matrimonio debe ser como lo dice La Biblia, entre un hombre y una mujer.

Eso puede ser ley sagrada para los creyentes en ella, pero solamente para ellos -porque lo aceptan libremente-; la sociedad tiene que construir su entramado legal de tal manera que éste pueda normar las relaciones de todos, de creyentes y no creyentes, de católicos, cristianos, budistas, musulmanes, librepensadores, ateos, etc.

Hacerlo de manera contraria, tratando de imponer un modelo de familia a los demás, emanado de dogmas religiosos, no tiene nada que ver con la construcción de una nación democrática.

El artículo 4o. Constitucional propuesto por Peña Nieto dice lo siguiente:

Art. 4.- “El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos…”.

En lugar del actual:

“Artículo 4o.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona mayor de 18 años tiene derecho a contraer matrimonio y no podrá ser discriminada por origen étnico o nacional, género, discapacidades, condición social, condiciones de salud, preferencias sexuales, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana”.

Además, Peña Nieto propuso 4 cambios fundamentales al Código Civil Federal: Matrimonio igualitario para todos, para eliminar la premisa que el fin del matrimonio es “la perpetuación de la especie”; segundo, la igualdad de condiciones para la adopción, agregando, en el Código Civil Federal que “la orientación sexual o la identidad y expresión de género” no constituyen un obstáculo para considerar que una persona es apta y adecuada para adoptar; la tercera, que “las personas podrán solicitar la expedición de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género”, en el supuesto de que alguien decida cambiar de identidad y no, como dicen los promotores de la marcha, para que las actas de los niños no traigan la descripción de si son hombres o mujeres.

Y, finalmente, desaparecer las causales de divorcio, para dejar, solamente, que basta “la sola manifestación de voluntad de uno de los cónyuges de no querer continuar con el matrimonio”, lo que es suficiente, “sin importar la posible oposición del otro cónyuge” para el divorcio para concretarlo, por supuesto sin descuidar lo referente a la manutención del cónyuge y los hijos.

Hipócritamente, los organizadores y defensores de la marcha sostienen que sus marchas “NO es en contra de los homosexuales” que son a favor de la “familia tradicional” y que no atropellan derechos humanos en virtud de que ese tipo de matrimonio no lo es.

¿No es atentar contra el libre albedrío de las personas -uno de los más importantes derechos humanos- el que éstas resuelvan con quien casarse?

¿Por qué razón otras personas, en función de las concepciones de éstas, deban decidir con quien se debe casar aquellas otras? ¿Y si se trata de un hombre o de una mujer?

¿Cómo salir a defender un punto de vista sobre la conformación de las familias en México -integrada por papá, mamá e hijos- si estas son increíblemente diversas y de las cuales casi el 40% son monoparentales?

Por eso adquiere mayor valor la postura del rector de la Universidad Iberoamericana, el padre jesuita David Fernández: “Algo que tiene que entender la Iglesia a la que pertenezco es que, mientras queramos seguir siendo cristianos seguidores de Jesús, debemos respetar a las personas gays y lesbianas… El Dios de Jesucristo es antes que nada misericordia, amor, perdón, cercanía, comprensión, ternura. Y no hace excepción de personas, no tiene preferencia entre sus hijos e hijas”.

Por su parte, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) señaló que la “Exclusión de familias no tradicionales, incita al odio” y agregó que En un Estado laico y democrático “no es aceptable la imposición de ideología o creencia alguna por encima del reconocimiento de los derechos humanos”, apuntó. Desde 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó una jurisprudencia y dejó claro (que) no existe un solo tipo de familia, pues también lo son las lesbomaternales o las homoparentales” y que la determinación de la SCJN, de reconocer a los diversos tipos de familia, “encuentra su fundamento en el principio de que “todos somos libres e iguales en derechos y dignidad. Libres para determinar a quién amar y con quien compartir la vida”. (La Jornada, 9/IX/16).

Nada más, pero nada menos.

*Diccionario de la RAE: 

“Fundamentalismo: 1. m. Movimiento religioso y político de masas que pretende restaurar la pureza islámica mediante la aplicación estricta de la ley coránica a la vida social.

2. m. Creencia religiosa basada en una interpretación literal de la Biblia, surgida en Norteamérica en coincidencia con la Primera Guerra Mundial.

3. m. Exigencia intransigente de sometimiento a una doctrina o práctica establecida”.

La realpolitik se impone

El Diario, 8 de septiembre de 2016

Luis Javier Valero Flores

Varios hechos, no necesariamente coincidentes, sino resultado de, probablemente, la determinación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han venido a darle una cierta certidumbre a la transición gubernamental de Chihuahua.

En primer lugar, la sentencia del tribunal, que ratificó el fallo del Tribunal Estatal Electoral sobre el triunfo del panista Javier Corral Jurado en las pasadas elecciones del 5 de junio y cuyos resultados fueron impugnados por el PRI, le dió un enorme mentís a la muy pobre argumentación jurídica, supuestamente elaborada por un “equipo de 650 abogados”, que tanto presumió el líder priista, Guillermo Dowell, y cuya presentación fue defendida casi exclusivamente por integrantes del grupo gobernante, que dio paso, con toda seguridad, a la determinación de la oficina del Presidente Peña Nieto a que éste reciba al gobernador electo, Javier Corral, el día de hoy, lo que confirmaría, solamente, que la posposición de esa audiencia obedeció a que el TEPJF había resuelto, semanas atrás, darle entrada a la impugnación del PRI.

El presidente no podía recibir a quien estaba, todavía, bajo el cuestionamiento jurídico de que las elecciones no se habían realizado con apego a la legalidad.

Probablemente (n’ombre, como son mal pensados) la Presidencia de la República ya tenía conocimiento del sentido de la sentencia del TEPJF y por eso el anuncio de la audiencia al gobernador electo de Chihuahua, justamente a un día del relevo de Luis Videgaray en la Secretaría de Hacienda por quien ocupara ese cargo en la administración de Felipe Calderón, José Meade.

Casi al mismo tiempo, se daba a conocer que Corral había accedido a satisfacer uno de los requisitos planteados por Inbursa, la empresa financiera ganadora de la licitación para la bursatilización de los remanentes de los bonos carreteros, para proceder a la liquidación de los recursos de la bursatilización -la firma de anuencia del gobernador electo- ya se había solventado por éste y que, además, habría nombrado a Arturo Fuentes Vélez como su representante a fin de que vigilara la correcta aplicación de los recursos, conforme al decreto aprobado por el Congreso del Estado, esto es que la mitad de los 6 mmdp iría al refinanciamiento de uno de los créditos y la otra a la aplicación de pagos de proyectos productivos y pagos de proveedores.

“Ya firmamos a Inbursa” que accedimos a la aplicación de estos recursos, informaría,  y que habría nombrado a Fuentes.

Sin embargo, tal información solo había aparecido en un portal, propiedad del periodista Antonio Payán -omnia.com.mx- en el que se asegura que tal información la proporcionó el mismo Corral en una entrevista, pero no aparece en la página de Facebook de Corral, lugar en el que generalmente publica la información referente a sus actividades.

De ese modo, probablemente, en la parte final del gobierno de César Duarte arrostre de mejor manera la difícil situación financiera de la administración estatal y a lo mejor el inicio de la de Corral no sea tan mala como se avizoraba apenas unas horas atrás. Podrá atisbar, así, a los problemas del déficit presupuestario para el año 2017, los propios y los generados, sin duda, por el recorte presupuestario del gobierno federal, calculado por el gabinete de Peña Nieto en alrededor de 300 mil millones de pesos, y exigido por el PAN en el doble.

Además, la resolución del TEPJF llega en el mejor de los momentos, prácticamente al inicio legal del proceso de entrega-recepción, al que no se le podrán oponer trabas legales, o formales. Entraremos, entonces, al sano -eso esperamos-  desarrollo de una transición, dependencia por dependencia, en que le permitirá a la sociedad chihuahuense acceder -también eso esperamos- a la información sobre la administración estatal.

Finalmente, la sentencia del TEPJF vino a convertirse en el colofón de los numerosos desaciertos de la actual administración en los litigios que debieron ser resueltos en la instancia federal; no ganaron uno solo, incluido el de la legislación del fiscal anticorrupción.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Duarte, el final

El Diario, 4 de septiembre de 2016

Luis Javier Valero Flores

Por segundo año consecutivo, el Gobernador César Duarte cumplió con la formalidad establecida para la entrega del Informe. El año anterior, a causa de las condiciones médicas en que se encontraba, el Secretario General de Gobierno, Mario Trevizo, lo hizo en su nombre; el último, el VI, lo entregó personalmente “en un acto republicano”, diría al término del acto; en ambos, sin la parafernalia de los primeros de su gestión.

Lo hicieron en una de las formas que establece la ley, entregarlo sin darle lectura y sin hacer una intervención, para no dar pie a los discursos de los representantes de las fracciones parlamentarias.

En todas las ocasiones anteriores, a ciencia y pabilo de los legisladores de oposición habían violado esa reglamentación.

A diferencia del primero, en el que la fracción de legisladores del PAN sí se esperó en el interior del recinto a saludarlo, en el del jueves anterior, los panistas no esperaron. En aquel iniciaba la gestión en la que ya sostenían algunas controversias. Ahora el rompimiento fue total. A pesar de ello, Duarte lanzó, en declaraciones posteriores, algunos lazos a la nueva administración corralista.

Pocos lo advirtieron, pero algunos episodios, en la incipiente administración duartista, daban cuenta de lo que sobrevendría.

De ello da cuenta un episodio anecdótico.

Al término de la presentación del I Informe de César Duarte en el Congreso del Estado, los diputados del PAN se reunieron en el fondo del salón de sesiones. Duarte bajó del atril, recibió las felicitaciones de los diputados del PRI y de los otros partidos, vio de reojo a los diputados panistas, y caminó hacia ellos por el pasillo central, acompañado, apenas medio paso atrás, por Enrique Serrano, quien había recibido, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, el informe gubernamental.

Mientras caminaban, un asistente le entregó a Serrano un ejemplar de El Heraldo de Chihuahua de ese día.

Al llegar con los legisladores del PAN, Duarte los saludó y uno a uno, después de saludarse, aquellos se fueron retirando. Al final, otra vez, quedaron Duarte y Serrano solos; el gobernador empezó a caminar por el pasillo lateral y en ese trayecto, Serrano le mostró la última página de la primera sección del periódico; Duarte la vió, displicente, con un gesto y un ligero asentimiento de cabeza, la hizo a un lado.

En esa página, el Congreso del Estado felicitaba al gobernador César Duarte por la presentación del I Informe de Gobierno. El firmante era, sólo, Serrano.

Al observar ese tipo de relación, entre el jefe del equipo gobernante y uno de sus subordinados, podría haberse llegado a la conclusión que el entonces diputado Serrano no tenía futuro en la administración de Duarte. Fue todo lo contrario, sería ungido casi candidato a senador, puesto que perdió a manos de Lilia Merodio debido a la cuota de género que debían cumplir las candidaturas. 

Luego sería coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto en Chihuahua y candidato a senador suplente, en la fórmula plurinominal de Eduardo Romero Deschamps, el todopoderoso dirigente sindical de Pemex.

Pero ese hecho ilustró, probablemente, uno de los principales rasgos de la administración del ballezano; no tuvo contrapesos en el ejercicio del poder. El PAN de la primera mitad del sexenio fue increíblemente obsecuente con el gobernante, prácticamente le aprobaron todo, hasta el extremo de justificar algunas de las cosas que luego serían criticadas acremente por los chihuahuenses.

Y al interior del PRI, probablemente por esa característica propia de sus militantes, quizá hasta genética, las voces que llamaran a la reflexión, a la mesura en el accionar gubernamental, no existieron. Se quejaban a sotto voce, y llegaban a discrepar, pero hasta ahí.

Solamente en la parte final, en medio de la disputa por la candidatura a gobernador, el grupo de Delicias, jefaturado por los Baeza, discrepó abiertamente.

Así, sin contrapesos, ni al interior, ni al exterior, la división de poderes, como nunca, fue una utopía, y el ejercicio del poder no tuvo cortapisas; solo esporádicamente algunas manifestaciones del descontento, generalmente desarticuladas, se hicieron presentes; la inconformidad y el rechazo se acumulaban.

En tanto, paulatinamente la desproporción entre los ingresos reales de la administración estatal, y los gastos, -muchos de ellos señalados como suntuarios, y otros muchos derivados de la decisión del gobernante de llevar al límite sus promesas de campaña- crecían y llevaban al límite el endeudamiento de las finanzas estatales, o dicho en otros términos, igualmente descriptivos, el aumento de los compromisos financieros.

Un tema retratará a su gestión, por encima de aspectos positivos de ella, como el de la cobertura completa en educación media y el de la ampliación de la cobertura en materia de salud, así como el de llevar casi al cero los incidentes carcelarios, o el de disminuir sensiblemente el total de la incidencia delictiva (sin que se pueda echar a andar las campanas, a veces totalmente al contrario), y el del transporte urbano en la capital, asunto que probablemente haya servido como detonante para incrementar la percepción de la población del centro y del centro- sur del estado en contra del gobierno de Duarte.

El Vive Bus es el fracaso de su gobierno y será la viva muestra del modo en que un gobierno no supo, no pudo vencer a los intereses enquistados en la prestación de ese servicio.

A pesar de todo, a contrapelo de las críticas, de las numerosas expresiones de descontento, el mandatario chihuahuense creía que mantenía el control, que las fallas y deficiencias del gobierno no eran suficientes para efectuar cambios de fondo en la gestión gubernamental. El poder se concentraba en unos cuantos, los allegados a Duarte, lo que fue concitando, de a poco, el desazón y la molestia en no pocos priistas.

Tal sensación triunfalista -para los priistas y en particular para el grupo gobernante- fue confirmada por los resultados de la elección de mitad de sexenio, en 2013, y por la de los diputados federales, en 2015, en la que el PRI ganaría 8 de las 9 diputaciones.

Es un falso positivo, se le dijo, los chihuahuenses se las cobrarán en las elecciones que les interesan, las del 2016, y perderán la mayoría de las posiciones en el estado y la derrota se le achacará al gobernante, lo que no faltará a la razón, opinó el escribiente cuando fue consultado.

No había espacio para la reflexión, ni para la autocrítica, y esa percepción, la de los gobernantes chihuahuenses, permeó a nivel central, a grado tal que el grupo gobernante -el local y el federal- creyeron que en todos los escenarios posibles, con cualquier candidato, podían ganar las elecciones, no les preocupaba, ni siquiera, en esos momentos, la denuncia presentada por Jaime García Chávez en contra del gobernador Duarte, que originara la, quizá, frase más recordada de Duarte: “A lo macho que no me fijé (que firmó un documento de 65 millones de pesos)”.

Todo cambió en cuanto Javier Corral se sumó a la denuncia de García; la convirtió en un asunto nacional y el antagonismo de Duarte-Corral se convertiría en el tema obligado de los chihuahuenses.

Nadie, en el partido en el poder, creyó que podían cambiar las cosas tan drásticamente. La candidatura de Corral haría ganar al PAN, a pesar de las posturas de este partido, en la mayor parte del sexenio, se convirtió en el pararrayos de la inconformidad social, merced a su candidato.

Por todo lo anterior, sorprendió la conducta del gobernador Duarte en la entrega de su VI Informe. En primer lugar, el grupo hegemónico en la diputación priista designó a Eloy García Tarín -el hombre más cercano a Marco Adán Quezada, el antagonista interno más visible de Duarte- como presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, por lo que con ese carácter recibió el informe.

Y luego, sus declaraciones, en una rueda de prensa en la que no se permitieron preguntas, al comprometerse a  “ratificar la mano abierta, las puertas abiertas, para que la transición del estado, independientemente de puntos de vista y opiniones que se tengan, presentes y futuras, estén a un lado del valor superior que tenemos que guardar los chihuahuenses, que Chihuahua requiere para seguir consolidando un mejor futuro”.

Pero, tanto en las brevísimas palabras dirigidas a la prensa, como en los spots transmitidos en los medios de comunicación, se encontraban presentes los giros de la confrontación.

Actitud presente, también, en la parte final de sus mensajes electrónicos cuando al solicitar disculpas, por la comisión de errores, dice que “Esos errores se magnificaron para tratar de regatear y opacar el esfuerzo de todos los chihuahuenses y no lo podemos permitir. Es un patrimonio de todos”. 

Sin embargo, le deseó éxito a “la próxima administración”, no sin avisarle que  “siempre estaré atento al mejor futuro de Chihuahua”.

Al mismo tiempo, en un sorprendente giro, anunció su disposición a dialogar con la nueva administración: "Este comentario lo quiero puntualizar y que sea esa la expresión del gobernador en la sede del Congreso, en el único interés de construir las soluciones y el futuro de Chihuahua, el diálogo, el acuerdo con las autoridades que asuman al estado en el marco de la ley”.

Habrá tiempo y espacio para hacer un balance puntual de la administración que se va, una de las más polémicas que los chihuahuenses hayamos tenido.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Juan Gabriel, el rostro de un país

El Diario, 1 de septiembre de 2016

Luis Javier Valero Flores

Pocos, muy pocos artistas podrán ser tan representativos de un pueblo como Juan Gabriel. Su vida es la de una auténtica tragedia, la vivida -la que viven- por millones de mexicanos; los más pobres, los más marginados; pero también aquellos que, contando con un ingreso, éste es más que insuficiente.

La vida de Juan Gabriel es, también, la historia de los niños de la calle; la de los niños abusados por infinidad de léperos; la de quienes sufrieron agresiones indecibles en su tránsito por la calle, acrecentadas por las formas amaneradas de Juan Gabriel y, además, por sus preferencias sexuales, las que, incluso en las etapas iniciales de su vida exitosa como cantautor, fueron motivo de discriminación y exclusión.

Los primeros años de Juan Gabriel son la vívida imagen de la vida de los millones de migrantes, de las decenas de millones de familias campesinas protagonistas de la diáspora mexicana, víctimas de un régimen incapaz de ofrecer condiciones dignas de bienestar a la mayoría de los mexicanos.

Así, Juan Gabriel, integrante de una numerosa familia, disminuida casi a la mitad por la pobreza; enseguida migrante y más pobre habitante de Juárez, niño recluido en un orfelinato, luego niño de la calle; amigo de gays, prostitutas y adictos, también de la calle; cantante permanente y casi repudiado artista homosexual, se convierte en uno de los íconos de la cultura popular mexicana merced a un rasgo también típicamente mexicano: El de reírse de la muerte y de la adversidad, el de sobreponerse a todo con humor e ingenio, con cordialidad y mucho afecto.

Si a todo lo anterior le sumamos un indudable talento artístico, que no es el de los creadores de las “bellas artes”, el de los creadores de la música clásica, ni el de los poetas clásicos, sino el de la vena popular, el de las rimas simples, de la letra sencilla, con un muy pobre léxico, pero con un enorme sentido rítmico y, además, enormemente expresivo del patrón de sentimientos de los mexicanos; tanto, que su éxito abarca a prácticamente a todos, salvo contadísimas excepciones, hasta lograr que toda una nación cantara con él, y más allá, a prácticamente todo el continente.

Se convirtió en el referente musical de México; así se referían a él, el cantante mexicano cuya obra musical es, quizá, la más vasta de creador nacional alguno.

Es tan representativo de lo mexicano que hasta en las preferencias políticas se asemeja a lo que fue durante largas décadas la realidad del país del partido casi único, en el que el PRI era el referente del poder en México y que era extremadamente cautivador hacia quienes, como Juan Gabriel, se convertían en ídolos populares.

Por ello no es sorprendente que los ídolos de los 60’s en adelante, entre ellos Juan Gabriel, Antonio Aguilar, Vicente Fernández, entre otros, formaran parte del elenco usado por el PRI para mantener su hegemonía y que, incluso, se sintieran parte del “sistema”.

Pese a ello, el culto del mexicano a Juan Gabriel, no sólo se mantuvo en la etapa de la alternancia partidaria, sino que superó hasta, por ejemplo, el extendido rechazo de los chihuahuenses al Gobernador César Duarte, quien se convirtió en uno de sus más entusiastas seguidores, lo que posibilitó que, como nunca, Juan Gabriel le cantara a sus paisanos adoptados, los chihuahuenses.

Más allá de las preferencias políticas, los chihuahuenses, los mexicanos se entregaron a quien fue uno de sus más queridos ídolos.

Sin embargo, con su muerte se destapó, de manera muy extendida, un deplorable lenguaje homofóbico con motivo de su relación con César Duarte, a través de los memes que circulan en las redes sociales, en los que el acento, la intención es descalificar, no al artista, sino al político, al que se le intenta endilgar una supuesta homosexualidad para expresarle su repudio, en una aterradora regresión a ese pasado en el que, para criticar a los políticos y demostrar que eran nocivos para la sociedad, se les tachaba de homosexuales.

¡Qué lamentable! Justamente en momentos en que arrecia el lenguaje homofóbico y la intolerancia y se rinde un muy merecido homenaje a Juan Gabriel, no solamente en la radio y la televisión, sino, fundamentalmente en cada casa, y en cada reproductor de música en el que se escucha alguna canción del nacido en Parácuaro.

Por eso, mejor, cantemos:

… Para qué tanto problema

No hay como la libertad de ser, de estar, de ir

De amar, de hacer, de hablar

De andar así sin penas

Pero qué necesidad,

Para qué tanto problema,

Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar

Reír, soñar, sentir, volar…