El Diario, 29 de septiembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
No podíamos faltar a la cita. Cada año, desde la aprobación de la confusa y medrosa legislación que norma la presentación de los informes de los gobernadores de Chihuahua ante el Congreso del Estado, se presenta la misma, casi idéntica discusión: Que si el gobernador asiste o no a la entrega del informe; que si toma la palabra o no y si los representantes de las fuerzas parlamentarias ahí acreditadas hablan “ante la presencia del gobernante”, o no.
Lo explicamos. La reforma constitucional aprobada por el Congreso del Estado, cuando el PAN fue mayoría absoluta, en el período 1992-1995, contenía dos opciones para tal efecto: Una, la simple presentación del informe, sin mensaje del gobernador y, dos, la que ahora trascribimos, cuyo texto es prácticamente semejante al de la Ley Orgánica del Poder Legislativo:
“ARTICULO 55. A la apertura del primer período ordinario de sesiones concurrirá el Gobernador del Estado, quien presentará un informe por escrito en que manifieste el estado que guarda la administración pública. Si el Gobernador le da lectura, el Presidente del Congreso le contestará en términos generales y un representante de cada grupo parlamentario podrá hacer comentarios generales en torno al mismo una vez rendido aquél y dentro de la misma sesión. El desarrollo de la intervención de dichos representantes se regulará en la ley orgánica del Congreso”.
A su vez, la norma legislativa indica en qué orden deben hablar los representantes parlamentarios.
Pues bien, todos los años debemos debatir tal asunto, sólo porque la mayoría panista de aquel entonces no se atrevió a desafiar a la tradición presidencialista y en lugar de dejar muy claramente establecido un ritual más republicano, esto es, que el gobernante informe y los grupos parlamentarios y el Presidente del Congreso realicen comentarios muy generales acerca del contenido de lo informado, dejaron abierta una puertita, que luego se convirtió en tremenda puertota en todo el país, para que a los titulares del Poder Ejecutivo, en todos los órdenes de gobierno, no los alcanzaran las frases polémicas de la oposición y así, en lugar de atenuar el presidencialismo, salió más fortalecido pues los gobernantes entregan –o mandan a su secretario de gobierno, o de gobernación- a entregar el documento al Congreso y luego se echan en brazos de los suyos –y algunos no tan suyos, pero sin facultades ni oportunidad para cuestionar al gobernante- en lo que fue catalogado por los priistas de entonces, en tiempos del panista Francisco Barrio, de actos “faraónicos”.
A partir de entonces, salvo excepciones, es el mismo ritual. El gobernador de Chihuahua (cualquiera que este sea) entrega el informe y se va a “informar” a la sociedad, ya no en un solo evento, sino en varios. Presidencialismo puro.
Pero en los últimos años, sobre todo en la parte final del gobierno de Reyes Baeza, se recurrió a otra chicanada (por aquello de darle vuelta a la ley, dicen, sin violarla), esto es que el gobernador “escuchaba” las intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios y luego daba un mensaje, ahí en el Congreso.
La ley es muy clara, primero habla el Gobernador y luego los grupos parlamentarios. Por una razón muy sencilla, porque, se supone y eso es lo legal, los diputados representan a todos los chihuahuenses y eso es más que la suma de todos los asistentes a los eventos regionales celebrados con motivo de la presentación del Informe del Gobernador de Chihuahua.
Decía el connotado ideólogo ¡del PRI! Don Jesús Reyes Heroles, a quien dicen respetar tanto los militantes de este partido, que “en política, la forma es el todo”.
Y si estamos ante la inminencia del regreso de ese partido –dicen sus integrantes y algunos más allá de tales siglas- a Palacio Nacional, debieran mostrarnos que empiezan a abandonar tales formas, que en mucho fueron la causa de su derrota en el 2000.
El presidencialismo autoritario, aquel que no admitía quejas, interpelaciones, cuestionamientos ni posturas críticas, porque, así lo dijo una de sus presidentas nacionales, María de los Angeles Moreno, no es un diálogo “entre pares” y que motivó la histórica frase de Porfirio Muñoz Ledo a Ernesto Zedillo -“Vos es más que cada uno de nosotros, pero todos nosotros somos más que vos”-, no debe regresar, y eso se demuestra hasta en el más modesto de los ayuntamientos, ya no digamos en el Estado Grande.
Correo electrónico: asertodechihuahua@yahoo.com.mx
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
viernes, 30 de septiembre de 2011
martes, 27 de septiembre de 2011
Consultar
El Diario, 27 de septiembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
La petición del Colegio de Abogados de Chihuahua, organización presidida por el abogado Oscar Castrejón, dirigida al gobernador César Duarte, en la que le solicita vete la más reciente de las reformas al sistema de justicia penal desató una vertiente, en absoluto novedosa y que viene a demostrar la falta de trabajo en la construcción de consensos para efectuar tales reformas. Y ya no planteemos consenso, sino una contundente mayoría, el problema es que ni una ni otra.
La petición es simple y contundente: “En días pasados nos enteramos de que el H. Congreso del Estado aprobó reformas al Código de Procedimientos Penales, con objeto de modificar la integración del Jurado de Juicios Orales, de tres a que sea sólo uno quien resuelva el juicio oral. Dicha reforma se realizó sin la consulta y consenso a los órganos técnicos de la sociedad, como son los Colegios y Barras de Abogados.
En tal virtud, dicha reforma carece de la autoridad moral que debe imperar en toda Ley que se pretenda aplicar al pueblo, por ello, le pedimos formalmente VETE dicha reforma, para que no se publique en el Periódico Oficial, hasta que exista la consulta y opinión de la sociedad”.
Al día siguiente, el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Mario Trevizo Salazar, expresó su rechazo a tal petición pues tal postura, dijo, es “inviable” por no existir el “sustento suficiente”, es decir, que el no haber consultado a las agrupaciones de abogados no es suficiente para vetar la ley.
No obstante lo anterior, un día más tarde, y en vísperas de una reunión estatal, el Presidente de la Federación Estatal de Colegios de Abogados, Héctor González Mocken, dio a conocer la existencia de diversas posturas, encontradas, dijo, en el seno de las agrupaciones de abogados acerca de tales reformas pues unos opinaban a favor de tales reformas y otros, lo contrario y que se tomaría la opinión de todas para emitir una sola pues algunos opinan que le dará celeridad a los procesos judiciales y aducen un mayor riesgo para los jueces.
Pero más allá de las posturas acerca de esa reforma, González Mocken ratificó lo expresado por Castrejón: “Si bien es cierto no hubo una consulta sobre este tema, sí se informó a la sociedad que se estaba enviando esta iniciativa al Congreso, y aunque no hubo ningún foro o consulta con el gremio de los abogados, existen varias corrientes que no coinciden con este reforma”.
Ese hecho por sí solo es suficiente para levantar carretadas de preocupación pues podría admitirse –en el colmo de los extremos– que no se consultara a la sociedad, –no sería la primera vez– pero de ahí a que escuchemos la misma queja en voz de los dirigentes de las agrupaciones de los profesionistas más directamente involucrados en esa materia, sí que es para expresar una tajante oposición a tales mecanismos de gobernar.
Voces semejantes escuchamos en el pasado reciente, cuando se aprobó el nuevo sistema de justicia penal, y también la misma queja: No se consultó a los colegios y barras de abogados, decían, para aprobar una reforma que, paradójicamente, es de donde emergen los funcionarios públicos de esa rama, y los litigantes de tales asuntos.
Por lo menos una cosa positiva se pudo alcanzar. El domingo, como conclusión de su reunión, la Federación Chihuahuense de Colegios de Abogados informó que se firmará un convenio de colaboración con el Poder Legislativo, “a fin de brindar el apoyo necesario y los argumentos legales precisos en cada una de las leyes presentadas y discutidas en el pleno”.
Veremos, dijo el minusválido visual.
PD.- Una pregunta al Fiscal General: ¿Cómo está eso de que ya bajaron 79 por ciento los homicidios en Juárez? La Opción.com publica diariamente un recuento y dice que en 2010 se presentaron en Juárez 2 mil 514 ejecuciones. En lo que va de este año, hasta el domingo, van mil 492. Si hacemos una proyección anual, significaría que este año se presentarían alrededor de 2 mil 55 muertes por esta causa, esto es, que el año anterior se presentaron 6.88 homicidios por día y en 2011, hasta ahora, 5.63.
¿Cómo compaginar tales cifras con la disminución informada por el fiscal del ¡casi 80 por ciento?
Luis Javier Valero Flores
La petición del Colegio de Abogados de Chihuahua, organización presidida por el abogado Oscar Castrejón, dirigida al gobernador César Duarte, en la que le solicita vete la más reciente de las reformas al sistema de justicia penal desató una vertiente, en absoluto novedosa y que viene a demostrar la falta de trabajo en la construcción de consensos para efectuar tales reformas. Y ya no planteemos consenso, sino una contundente mayoría, el problema es que ni una ni otra.
La petición es simple y contundente: “En días pasados nos enteramos de que el H. Congreso del Estado aprobó reformas al Código de Procedimientos Penales, con objeto de modificar la integración del Jurado de Juicios Orales, de tres a que sea sólo uno quien resuelva el juicio oral. Dicha reforma se realizó sin la consulta y consenso a los órganos técnicos de la sociedad, como son los Colegios y Barras de Abogados.
En tal virtud, dicha reforma carece de la autoridad moral que debe imperar en toda Ley que se pretenda aplicar al pueblo, por ello, le pedimos formalmente VETE dicha reforma, para que no se publique en el Periódico Oficial, hasta que exista la consulta y opinión de la sociedad”.
Al día siguiente, el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Mario Trevizo Salazar, expresó su rechazo a tal petición pues tal postura, dijo, es “inviable” por no existir el “sustento suficiente”, es decir, que el no haber consultado a las agrupaciones de abogados no es suficiente para vetar la ley.
No obstante lo anterior, un día más tarde, y en vísperas de una reunión estatal, el Presidente de la Federación Estatal de Colegios de Abogados, Héctor González Mocken, dio a conocer la existencia de diversas posturas, encontradas, dijo, en el seno de las agrupaciones de abogados acerca de tales reformas pues unos opinaban a favor de tales reformas y otros, lo contrario y que se tomaría la opinión de todas para emitir una sola pues algunos opinan que le dará celeridad a los procesos judiciales y aducen un mayor riesgo para los jueces.
Pero más allá de las posturas acerca de esa reforma, González Mocken ratificó lo expresado por Castrejón: “Si bien es cierto no hubo una consulta sobre este tema, sí se informó a la sociedad que se estaba enviando esta iniciativa al Congreso, y aunque no hubo ningún foro o consulta con el gremio de los abogados, existen varias corrientes que no coinciden con este reforma”.
Ese hecho por sí solo es suficiente para levantar carretadas de preocupación pues podría admitirse –en el colmo de los extremos– que no se consultara a la sociedad, –no sería la primera vez– pero de ahí a que escuchemos la misma queja en voz de los dirigentes de las agrupaciones de los profesionistas más directamente involucrados en esa materia, sí que es para expresar una tajante oposición a tales mecanismos de gobernar.
Voces semejantes escuchamos en el pasado reciente, cuando se aprobó el nuevo sistema de justicia penal, y también la misma queja: No se consultó a los colegios y barras de abogados, decían, para aprobar una reforma que, paradójicamente, es de donde emergen los funcionarios públicos de esa rama, y los litigantes de tales asuntos.
Por lo menos una cosa positiva se pudo alcanzar. El domingo, como conclusión de su reunión, la Federación Chihuahuense de Colegios de Abogados informó que se firmará un convenio de colaboración con el Poder Legislativo, “a fin de brindar el apoyo necesario y los argumentos legales precisos en cada una de las leyes presentadas y discutidas en el pleno”.
Veremos, dijo el minusválido visual.
PD.- Una pregunta al Fiscal General: ¿Cómo está eso de que ya bajaron 79 por ciento los homicidios en Juárez? La Opción.com publica diariamente un recuento y dice que en 2010 se presentaron en Juárez 2 mil 514 ejecuciones. En lo que va de este año, hasta el domingo, van mil 492. Si hacemos una proyección anual, significaría que este año se presentarían alrededor de 2 mil 55 muertes por esta causa, esto es, que el año anterior se presentaron 6.88 homicidios por día y en 2011, hasta ahora, 5.63.
¿Cómo compaginar tales cifras con la disminución informada por el fiscal del ¡casi 80 por ciento?
domingo, 25 de septiembre de 2011
Cambiamos de modelo o nos hundimos
El Diario, 25 de septiembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
“… para el estado, la verdadera riqueza está en el empleo, y los metales que extraen las minas, es algo secundario…”. Martha Lara, a la sazón Secretaria de Desarrollo Industrial. (Nota de Lourdes Díaz, El Diario, 2/VII/10).
El Diario, edición Juárez, publicó días atrás dos noticias igualmente estremecedoras, ambas demostrativas de las enormes potencialidades de la sociedad chihuahuense –y mexicana por ende– y de las monstruosidades sociales generadas por el actual modelo económico.
La escuela Arnoldo Cabada de la O, ubicada en las afueras de Juárez, se convirtió en escuela modelo pues sus alumnos obtuvieron el mayor puntaje de todo el estado en la prueba Enlace “que mide las aptitudes y conocimientos en Matemáticas y Español”, logro que el director de la escuela atribuye a que desde hace año y medio se convirtió al sistema de Escuela de Tiempo Completo –los educandos asisten de 7:30 de la mañana a las 4:30 de la tarde– por lo que los niños reciben un alimento diario, “que les ha ayudado a su desarrollo físico”, según el profesor Sergio Montalvo Álvarez. (Nota de Guadalupe Félix, 23/IX/11).
La otra nota es la referente a la multitudinaria concurrencia, mayoritariamente juvenil, que acudió a la Feria del Empleo, celebrada en Juárez el viernes anterior, a la que acudieron más de 6 mil solicitantes de empleo, muy por encima de los mil 500 que esperaban las autoridades organizadoras del evento. (Nota de Nohemí Barraza, 24/IX/11).
Cifra tan apabullante sólo se puede explicar si se toma en cuenta que más de la mitad de quienes conforman la Población Económicamente Activa (PEA) no cuentan con empleo formal en el estado de Chihuahua, pues de acuerdo con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social federal, sólo 650 mil personas tienen empleo, de un millón 381 mil 789 habitantes que conforman la PEA chihuahuense. (Nota de Alejandro Salmón, El Diario, 23/IX/11).
Si estas cifras y hechos retratan la realidad, ¿por qué no cambiarla?
En una cosa hay casi consenso, el modelo económico vigente no sirve para, siquiera, paliar la crítica situación existente. Y si por lo menos fuera un modelo nuevo, cabría la duda de la falta de tiempo para apreciar sus ventajas, el problema está en que en muchas de las actividades y aspectos es el mismo de hace 400-450 años.
¿Cómo sostener
tal arcaísmo?
Vayamos a un solo ejemplo, valiosísimo para Chihuahua, el de la minería. Pregonada como una de las actividades más dinámicas de la economía chihuahuense ha sido entregada a las empresas extranjeras, en especial las minas de oro, mayoritariamente concesionadas a consorcios canadienses y que muestra cómo, a pesar del tiempo transcurrido, siguen siendo explotadas de la misma manera que lo hacían los españoles en la época colonial.
En los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, en aras de abrir la economía mexicana al “libre comercio”, se desreguló la explotación minera, además de echar abajo la legislación que obligaba a las empresas extranjeras, para poder operar en el país, a mantener un mínimo de 51% de las acciones en manos de nacionales; también se derogaron las disposiciones que obligaban a pagar impuestos a las empresas explotadoras de las minas. Así, de acuerdo con la Ley Minera y Federal de Derechos, el Estado mexicano otorga concesiones del subsuelo para exploración y explotación. Con la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994 las empresas estadounidenses y canadienses pasaron a ser consideradas como nacionales. Con esa categoría han podido acceder a una nueva forma de contratación con los propietarios de las tierras. Lo hacen bajo la modalidad de “contratos de ocupación temporal”. De ese modo, sólo pagan una renta a los propietarios, privados, ejidales o comunales.
Quienes obtengan estas concesiones deben pagar cuotas de entre $5.80 y 111 pesos por hectárea cada semestre por la explotación minera… y ya. Las empresas mineras, como cualquier otra, están obligadas a pagar el resto de los impuestos vigentes (IVA, ISR).
¿Lo harán, o se comportarán como el resto de las grandes empresas en México, que evaden y eluden todos los impuestos que pueden?
El negocio para las empresas es redondo. 11 minas de oro ubicadas en territorio mexicano tienen valuadas sus reservas totales en 86 mil millones de dólares. Ocho de ellas son propiedad de seis empresas canadienses y controlan el 70% de la producción del metal amarillo en el país.
De las ocho minas canadienses, tres de ellas se encuentran en territorio chihuahuense: La de Dolores, en el pueblo de Huizopa, municipio de Madera, operada por Minefinders, con una reserva de 5 mil 219 millones de dólares; la Ocampo, ubicada en el municipio del mismo nombre, operada por Gammon Gold y con una reserva calculada en 2 mil 826 millones de dólares; y El Sauzal, en el municipio de Urique, operada por Goldcorp, con una reserva de 730 millones de dólares. (Nota de emeequis, 13/VI/11).
Esta última, según la información proporcionada por su presidente y gerente general, Kevin McArthur, esperaba alcanzar, en el lejano año de 2005, su objetivo de producción de más de 170 mil onzas al año.
Ubiquémonos. El viernes la onza de oro cerró, a la venta, en 20 mil 500 pesos.
Si tomamos en cuenta las reservas de oro calculadas por la empresa minera para la mina Dolores –5 mil 219 millones de dólares– las inversiones efectuadas hasta ahora, sumadas a las erogaciones convenidas con los ejidatarios, significa que esa mina es uno de los mejores negocios existentes en el país pues le dejará a los propietarios de Minefinders más de 3 mil millones de dólares de ganancias; si tomáramos en cuenta que pagaran, como se debe, el 29% del ISR, de todos modos se alzarían con una utilidad neta de 2 mil 100 millones de dólares ¡28 mil 200 millones de pesos al tipo de cambio del viernes
No es poca cosa la inversión efectuada por las empresas mineras en Chihuahua. Entre 2009 y 2010, invirtieron mil millones de dólares y generaron cerca de los 8 mil empleos en municipios serranos (El Heraldo, 25/VII/10), pero comparadas con los rendimientos obtenidos dista mucho de ser una buena inversión para los chihuahuenses.
La importancia de la producción minera se puede calcular basándonos en que en tan solo tres meses de producción de la mina Dolores, la empresa Minefinders informó a la Bolsa de Valores de ¡Nueva York que su producción de oro aumentó 65 por ciento durante el segundo trimestre del año (2009), debido al inicio de actividades de su mina Dolores, en Chihuahua, en la cual obtuvo 23 mil 366 onzas, con un valor de 420 millones 588 mil pesos, equivalentes a 35 millones 49 mil dólares ¡Sólo en el primer trimestre de producción (Nota de Excélsior, 7/VII/09).
En todos los casos, como si fuera un patrón seguido por las empresas canadienses, buscan ser catalogadas como empresas socialmente responsables y entonces apoyan con magras cantidades diversas actividades de los lugares en donde se asientan.
De ello se ufana el actual dirigente ejidal de Dolores, Sergio Romero Torres, quien sostiene que el 8 0% de los ejidatarios de Huizopa están empleados por la minera “con sueldos bien remunerados” pues los comuneros “son ahora los proveedores de personal de la mina, además de que formaron tres empresas, que le venden diversos servicios a la minera”, y la empresa se enorgullece de haber actuado para cambiar la vida en el pueblo de Dolores pues, dice que “Minera Dolores llegó, construyó un nuevo pueblo, llevó agua potable, luz eléctrica, teléfono, internet, construyó un salón para eventos, una escuela, iglesia, llevó el servicio médico, reparó caminos… ”. (Nota de Lourdes Díaz, El Diario, 2/VII/10).
Nadie objeta tales beneficios, pero puede ser que el monto de ellos no tenga relación con las utilidades obtenidas por las empresas mineras en el territorio estatal.
¿No sería mejor, por supuesto, nacionalizarlas y que las utilidades formaran parte del patrimonio de todos, y que una parte de ellas –digamos, el 15-20%– fuera a los propietarios y otra, en igual porcentaje, se quedara en los municipios y entidades, asiento de las minas?
Bueno, si es muy radical la propuesta, y si quieren seguir respetando la sacrosanta ganancia de los inversionistas ¿Por qué no exigirles una parte del mineral extraído para los propietarios de la tierra y aplicarles un impuesto generoso por extracción de minerales, cuya mayor parte fuera a los erarios estatal y municipal?
¿Por qué seguir con el mismo modelo de cuando éramos súbditos de la corona española?
En el cambio de modelo se encuentra una parte de los recursos con los cuales podemos superar la hecatombe social que sufrimos.
Luis Javier Valero Flores
“… para el estado, la verdadera riqueza está en el empleo, y los metales que extraen las minas, es algo secundario…”. Martha Lara, a la sazón Secretaria de Desarrollo Industrial. (Nota de Lourdes Díaz, El Diario, 2/VII/10).
El Diario, edición Juárez, publicó días atrás dos noticias igualmente estremecedoras, ambas demostrativas de las enormes potencialidades de la sociedad chihuahuense –y mexicana por ende– y de las monstruosidades sociales generadas por el actual modelo económico.
La escuela Arnoldo Cabada de la O, ubicada en las afueras de Juárez, se convirtió en escuela modelo pues sus alumnos obtuvieron el mayor puntaje de todo el estado en la prueba Enlace “que mide las aptitudes y conocimientos en Matemáticas y Español”, logro que el director de la escuela atribuye a que desde hace año y medio se convirtió al sistema de Escuela de Tiempo Completo –los educandos asisten de 7:30 de la mañana a las 4:30 de la tarde– por lo que los niños reciben un alimento diario, “que les ha ayudado a su desarrollo físico”, según el profesor Sergio Montalvo Álvarez. (Nota de Guadalupe Félix, 23/IX/11).
La otra nota es la referente a la multitudinaria concurrencia, mayoritariamente juvenil, que acudió a la Feria del Empleo, celebrada en Juárez el viernes anterior, a la que acudieron más de 6 mil solicitantes de empleo, muy por encima de los mil 500 que esperaban las autoridades organizadoras del evento. (Nota de Nohemí Barraza, 24/IX/11).
Cifra tan apabullante sólo se puede explicar si se toma en cuenta que más de la mitad de quienes conforman la Población Económicamente Activa (PEA) no cuentan con empleo formal en el estado de Chihuahua, pues de acuerdo con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social federal, sólo 650 mil personas tienen empleo, de un millón 381 mil 789 habitantes que conforman la PEA chihuahuense. (Nota de Alejandro Salmón, El Diario, 23/IX/11).
Si estas cifras y hechos retratan la realidad, ¿por qué no cambiarla?
En una cosa hay casi consenso, el modelo económico vigente no sirve para, siquiera, paliar la crítica situación existente. Y si por lo menos fuera un modelo nuevo, cabría la duda de la falta de tiempo para apreciar sus ventajas, el problema está en que en muchas de las actividades y aspectos es el mismo de hace 400-450 años.
¿Cómo sostener
tal arcaísmo?
Vayamos a un solo ejemplo, valiosísimo para Chihuahua, el de la minería. Pregonada como una de las actividades más dinámicas de la economía chihuahuense ha sido entregada a las empresas extranjeras, en especial las minas de oro, mayoritariamente concesionadas a consorcios canadienses y que muestra cómo, a pesar del tiempo transcurrido, siguen siendo explotadas de la misma manera que lo hacían los españoles en la época colonial.
En los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, en aras de abrir la economía mexicana al “libre comercio”, se desreguló la explotación minera, además de echar abajo la legislación que obligaba a las empresas extranjeras, para poder operar en el país, a mantener un mínimo de 51% de las acciones en manos de nacionales; también se derogaron las disposiciones que obligaban a pagar impuestos a las empresas explotadoras de las minas. Así, de acuerdo con la Ley Minera y Federal de Derechos, el Estado mexicano otorga concesiones del subsuelo para exploración y explotación. Con la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994 las empresas estadounidenses y canadienses pasaron a ser consideradas como nacionales. Con esa categoría han podido acceder a una nueva forma de contratación con los propietarios de las tierras. Lo hacen bajo la modalidad de “contratos de ocupación temporal”. De ese modo, sólo pagan una renta a los propietarios, privados, ejidales o comunales.
Quienes obtengan estas concesiones deben pagar cuotas de entre $5.80 y 111 pesos por hectárea cada semestre por la explotación minera… y ya. Las empresas mineras, como cualquier otra, están obligadas a pagar el resto de los impuestos vigentes (IVA, ISR).
¿Lo harán, o se comportarán como el resto de las grandes empresas en México, que evaden y eluden todos los impuestos que pueden?
El negocio para las empresas es redondo. 11 minas de oro ubicadas en territorio mexicano tienen valuadas sus reservas totales en 86 mil millones de dólares. Ocho de ellas son propiedad de seis empresas canadienses y controlan el 70% de la producción del metal amarillo en el país.
De las ocho minas canadienses, tres de ellas se encuentran en territorio chihuahuense: La de Dolores, en el pueblo de Huizopa, municipio de Madera, operada por Minefinders, con una reserva de 5 mil 219 millones de dólares; la Ocampo, ubicada en el municipio del mismo nombre, operada por Gammon Gold y con una reserva calculada en 2 mil 826 millones de dólares; y El Sauzal, en el municipio de Urique, operada por Goldcorp, con una reserva de 730 millones de dólares. (Nota de emeequis, 13/VI/11).
Esta última, según la información proporcionada por su presidente y gerente general, Kevin McArthur, esperaba alcanzar, en el lejano año de 2005, su objetivo de producción de más de 170 mil onzas al año.
Ubiquémonos. El viernes la onza de oro cerró, a la venta, en 20 mil 500 pesos.
Si tomamos en cuenta las reservas de oro calculadas por la empresa minera para la mina Dolores –5 mil 219 millones de dólares– las inversiones efectuadas hasta ahora, sumadas a las erogaciones convenidas con los ejidatarios, significa que esa mina es uno de los mejores negocios existentes en el país pues le dejará a los propietarios de Minefinders más de 3 mil millones de dólares de ganancias; si tomáramos en cuenta que pagaran, como se debe, el 29% del ISR, de todos modos se alzarían con una utilidad neta de 2 mil 100 millones de dólares ¡28 mil 200 millones de pesos al tipo de cambio del viernes
No es poca cosa la inversión efectuada por las empresas mineras en Chihuahua. Entre 2009 y 2010, invirtieron mil millones de dólares y generaron cerca de los 8 mil empleos en municipios serranos (El Heraldo, 25/VII/10), pero comparadas con los rendimientos obtenidos dista mucho de ser una buena inversión para los chihuahuenses.
La importancia de la producción minera se puede calcular basándonos en que en tan solo tres meses de producción de la mina Dolores, la empresa Minefinders informó a la Bolsa de Valores de ¡Nueva York que su producción de oro aumentó 65 por ciento durante el segundo trimestre del año (2009), debido al inicio de actividades de su mina Dolores, en Chihuahua, en la cual obtuvo 23 mil 366 onzas, con un valor de 420 millones 588 mil pesos, equivalentes a 35 millones 49 mil dólares ¡Sólo en el primer trimestre de producción (Nota de Excélsior, 7/VII/09).
En todos los casos, como si fuera un patrón seguido por las empresas canadienses, buscan ser catalogadas como empresas socialmente responsables y entonces apoyan con magras cantidades diversas actividades de los lugares en donde se asientan.
De ello se ufana el actual dirigente ejidal de Dolores, Sergio Romero Torres, quien sostiene que el 8 0% de los ejidatarios de Huizopa están empleados por la minera “con sueldos bien remunerados” pues los comuneros “son ahora los proveedores de personal de la mina, además de que formaron tres empresas, que le venden diversos servicios a la minera”, y la empresa se enorgullece de haber actuado para cambiar la vida en el pueblo de Dolores pues, dice que “Minera Dolores llegó, construyó un nuevo pueblo, llevó agua potable, luz eléctrica, teléfono, internet, construyó un salón para eventos, una escuela, iglesia, llevó el servicio médico, reparó caminos… ”. (Nota de Lourdes Díaz, El Diario, 2/VII/10).
Nadie objeta tales beneficios, pero puede ser que el monto de ellos no tenga relación con las utilidades obtenidas por las empresas mineras en el territorio estatal.
¿No sería mejor, por supuesto, nacionalizarlas y que las utilidades formaran parte del patrimonio de todos, y que una parte de ellas –digamos, el 15-20%– fuera a los propietarios y otra, en igual porcentaje, se quedara en los municipios y entidades, asiento de las minas?
Bueno, si es muy radical la propuesta, y si quieren seguir respetando la sacrosanta ganancia de los inversionistas ¿Por qué no exigirles una parte del mineral extraído para los propietarios de la tierra y aplicarles un impuesto generoso por extracción de minerales, cuya mayor parte fuera a los erarios estatal y municipal?
¿Por qué seguir con el mismo modelo de cuando éramos súbditos de la corona española?
En el cambio de modelo se encuentra una parte de los recursos con los cuales podemos superar la hecatombe social que sufrimos.
jueves, 22 de septiembre de 2011
En 2012, igual, todo para la guerra
El Diario, 22 de septiembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
A pesar de todas las prevenciones, lanzadas prácticamente desde todos los ángulos, de casi todas las fuerzas sociales y políticas existentes en el país, convencida la clase política de que no hay otra estrategia, lo presupuestado para el próximo año será más, mucho más de lo mismo en el combate al crimen organizado.
Según la propuesta de Felipe Calderón, para 2012 se contempla un gasto de 147 mil millones de pesos para las dependencias de seguridad pública (PGR, Secretaría de Seguridad Pública Federal, Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina Nacional) y severas disminuciones en el ámbito del desarrollo social.
Ello, pese a que todos los indicadores denotan el fracaso de tal estrategia y que se ha llevado al país a condiciones, en algunas zonas, a niveles verdaderamente insoportables. De acuerdo con una investigación auspiciada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), desde 2006 “se ha incrementado 68 por ciento el uso de elementos de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública” al pasar de los 30 mil elementos hasta los 51 mil que se calcula estarán desplegados a fines de este año. (Nota de El Universal, El Diario, 17/IX/11).
El estudio da cuenta del abrumador incremento de militares en activo, o retirados, incorporados a los puestos de mando de las agrupaciones policiacas, ya sean estatales o municipales –en 14 entidades el responsable de seguridad está en ese caso– y el 36 por ciento de los jefes de la policía municipal de los 50 municipios con más homicidios en el país tienen mandos militares, amén de que los cinco municipios con más homicidios –Acapulco, Chihuahua, Ciudad Juárez, Culiacán y Tijuana– “tienen como titular a un militar en retiro, sin que esto repercuta directamente en la disminución de las ejecuciones registradas en esos lugares”.
Más aún, y este es un indicador extremadamente preocupante, señala que de los 10 estados más afectados por la violencia del narcotráfico en la primera mitad de 2010, la mayoría tiene índices de desarrollo humano superiores al del país en su conjunto. “Más aún, casi todos cuentan con un número considerable de oficiales de policía por población –similar al de Estados Unidos–, lo cual indica que el problema no es la ausencia de control territorial por parte del Estado, como se argumenta en círculos oficiales, sino el secuestro de las instituciones policiales y judiciales por parte del crimen organizado, sea a través de la corrupción o la coerción”.
Frente a esa realidad, el Gobierno federal insiste en aumentar para el próximo año el 11 por ciento en seguridad –147 mil millones de pesos– que sumados a los ejercidos hasta este año suman casi los 600 mil millones de pesos (La Jornada en línea, 21/IX/11).
El nuevo secretario de Hacienda, José Antonio Meade, sostuvo en el curso de su comparecencia en la Cámara de Diputados, que en el actual sexenio el gasto en seguridad pública se ha incrementado en más de 100 por ciento; el de inversión física 140 por ciento; el de combate a la pobreza 60 por ciento, el de educación 23 por ciento y el de salud y seguridad social 35. Más claro no podía ser.
Bueno, pues pese a esa fortuna gastada en combatir al crimen organizado, casi una cuarta parte de la población adulta –24 por ciento, 17 millones 800 habitantes– fue víctima de un delito en 2010, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública realizada por el INEGI, bajo la asesoría metodológica de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (Nota de Juan A. Zúñiga, La Jornada, 20/IX/11).
No son los únicos datos –a la mano– que demuestran fehacientemente la inutilidad de la estrategia gubernamental. En Juárez se quintuplicó “la muerte de personas de entre 20 y 24 años de edad”, al incrementarse en 407 por ciento de 2007 a 2010. (Nota de Horacio Carrasco Soto, El Diario, 17/IX/11), lo que fue catalogado por especialistas en el tema de la juventud como un “exterminio” de los jóvenes de esa edad.
Para enfrentar esa realidad no hay nada nuevo en la propuesta de presupuesto, y por lo que se advierte, la mayoría de la Cámara de Diputados, es decir, el PRI, no parece estar mayormente interesada en cambiar, desde ahí, esta estrategia, lo peor es que tal estructura presupuestal se replicará en los estados. ¿No será suficiente con la experiencia de Juárez, y en general del estado de Chihuahua?
Luis Javier Valero Flores
A pesar de todas las prevenciones, lanzadas prácticamente desde todos los ángulos, de casi todas las fuerzas sociales y políticas existentes en el país, convencida la clase política de que no hay otra estrategia, lo presupuestado para el próximo año será más, mucho más de lo mismo en el combate al crimen organizado.
Según la propuesta de Felipe Calderón, para 2012 se contempla un gasto de 147 mil millones de pesos para las dependencias de seguridad pública (PGR, Secretaría de Seguridad Pública Federal, Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina Nacional) y severas disminuciones en el ámbito del desarrollo social.
Ello, pese a que todos los indicadores denotan el fracaso de tal estrategia y que se ha llevado al país a condiciones, en algunas zonas, a niveles verdaderamente insoportables. De acuerdo con una investigación auspiciada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), desde 2006 “se ha incrementado 68 por ciento el uso de elementos de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública” al pasar de los 30 mil elementos hasta los 51 mil que se calcula estarán desplegados a fines de este año. (Nota de El Universal, El Diario, 17/IX/11).
El estudio da cuenta del abrumador incremento de militares en activo, o retirados, incorporados a los puestos de mando de las agrupaciones policiacas, ya sean estatales o municipales –en 14 entidades el responsable de seguridad está en ese caso– y el 36 por ciento de los jefes de la policía municipal de los 50 municipios con más homicidios en el país tienen mandos militares, amén de que los cinco municipios con más homicidios –Acapulco, Chihuahua, Ciudad Juárez, Culiacán y Tijuana– “tienen como titular a un militar en retiro, sin que esto repercuta directamente en la disminución de las ejecuciones registradas en esos lugares”.
Más aún, y este es un indicador extremadamente preocupante, señala que de los 10 estados más afectados por la violencia del narcotráfico en la primera mitad de 2010, la mayoría tiene índices de desarrollo humano superiores al del país en su conjunto. “Más aún, casi todos cuentan con un número considerable de oficiales de policía por población –similar al de Estados Unidos–, lo cual indica que el problema no es la ausencia de control territorial por parte del Estado, como se argumenta en círculos oficiales, sino el secuestro de las instituciones policiales y judiciales por parte del crimen organizado, sea a través de la corrupción o la coerción”.
Frente a esa realidad, el Gobierno federal insiste en aumentar para el próximo año el 11 por ciento en seguridad –147 mil millones de pesos– que sumados a los ejercidos hasta este año suman casi los 600 mil millones de pesos (La Jornada en línea, 21/IX/11).
El nuevo secretario de Hacienda, José Antonio Meade, sostuvo en el curso de su comparecencia en la Cámara de Diputados, que en el actual sexenio el gasto en seguridad pública se ha incrementado en más de 100 por ciento; el de inversión física 140 por ciento; el de combate a la pobreza 60 por ciento, el de educación 23 por ciento y el de salud y seguridad social 35. Más claro no podía ser.
Bueno, pues pese a esa fortuna gastada en combatir al crimen organizado, casi una cuarta parte de la población adulta –24 por ciento, 17 millones 800 habitantes– fue víctima de un delito en 2010, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública realizada por el INEGI, bajo la asesoría metodológica de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (Nota de Juan A. Zúñiga, La Jornada, 20/IX/11).
No son los únicos datos –a la mano– que demuestran fehacientemente la inutilidad de la estrategia gubernamental. En Juárez se quintuplicó “la muerte de personas de entre 20 y 24 años de edad”, al incrementarse en 407 por ciento de 2007 a 2010. (Nota de Horacio Carrasco Soto, El Diario, 17/IX/11), lo que fue catalogado por especialistas en el tema de la juventud como un “exterminio” de los jóvenes de esa edad.
Para enfrentar esa realidad no hay nada nuevo en la propuesta de presupuesto, y por lo que se advierte, la mayoría de la Cámara de Diputados, es decir, el PRI, no parece estar mayormente interesada en cambiar, desde ahí, esta estrategia, lo peor es que tal estructura presupuestal se replicará en los estados. ¿No será suficiente con la experiencia de Juárez, y en general del estado de Chihuahua?
martes, 20 de septiembre de 2011
Más sobre los tribunales unitarios
El Diario, 20 de septiembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
Criticada acremente por el actual grupo gobernante, la reforma penal elaborada y aprobada en la gestión estatal anterior ha sufrido profundas reformas, instrumentadas del mismo modo que como ahora se critica, sin una amplia y diversificada consulta a la sociedad, especialmente a los sectores más directamente involucrados en la discusión de reformas de la trascendencia como las aprobadas a lo largo del año en esta materia.
No basta con abrir un espacio en internet y celebrar dos o tres eventos de medio pelo, sin mayor difusión que la generada a través de boletines de prensa; cambios tan importantes debieran merecer la atención –motivada por quienes tienen la obligación de votarlos y transformarlos en leyes–- de especialistas, juristas, académicos, litigantes, funcionarios y estudiosos de los organismos internacionales y nacionales de estas materias, amén de los del ámbito local. No basta con avisarle a los amigos, funcionarios gubernamentales de algunas dependencias y militantes del propio partido, no, lo que está en juego es mucho más que una simple mirada a la actual situación y proponer los remedios que salen al paso, o, simplemente, esgrimir argumentos economicistas como los usados en la aprobación de la derogación de los tribunales colegiados de los juicios orales.
Por ello la insistencia en el tema –además de coincidir con el punto de vista planteado por El Diario-Juárez (“Criminalidad: ir a la raíz del problema”, 18/IX/11) – acerca de la reforma aprobada, la cual, además de lo planteado el domingo anterior, contiene una grave contradicción, ahora el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) está obligado a revisar el total de los casos de alto impacto para determinar si es un tribunal colegiado, o uno unitario el que conozca de un caso determinado, por lo que en adelante todos los magistrados deberán conocer el total de esos casos ¿A qué horas? ¿Y eso no es el establecimiento de un tribunal especial?
Más aún, con esta reforma, y las aprobadas en mayo, en las que, otra vez, se vuelve al otorgamiento de plena validez a las declaraciones rendidas previamente por el acusado, lo que permitirá se presente nuevamente la tortura como mecanismo central para condenar a los acusados, relevando a los agentes del MP de la obligación de investigar y demostrar científicamente la culpabilidad de los acusados, con la consecuente derivación de que se presentarán logros cosméticos en el combate a los criminales pues tendremos, nuevamente, la oleada de detenidos sin más prueba en su contra que la declaración autoinculpatoria. Eso es un clarísimo retroceso en materia de aplicación de la justicia.
Por ello duele escuchar a los defensores a ultranza –incluso sin conocer la profundidad de las reformas– que debemos recuperar las “tradiciones” en materia penal, es decir, que debemos ir a la reconstrucción del pasado, por este camino que regresen los jueces de alzada, el mátenlos en caliente, la reclusión en las mazmorras de San Juan de Ulúa o en Valle Nacional, y el derecho de pernada, que, al fin y al cabo esas son nuestras tradiciones ¡Ah, y la tortura, la reina de las investigaciones en México
¿Que estamos defendiendo a los delincuentes? No, de ello debieran encargarse los defensores públicos o privados, pero sí se defiende el marco legal necesario para impedir la aparición, o el regreso, de fenómenos tan dañinos para la salud de la sociedad como los aquí relatados, o inferidos a partir de lo argumentado.
Y se defiende, fundamentalmente, a la sociedad ¿De qué sirve la detención de numerosos presuntos delincuentes, si en una buena parte de los casos no son los responsables de los ilícitos señalados y los verdaderos siguen en las calles, y en tanto las autoridades presumen un aumento en el esclarecimiento de un gran número de ilícitos sin que coincidan tales éxitos con la realidad?
Y luego alegan que debe recuperarse la tradición, de eso viene huyendo la sociedad, de la tradición de contar con un solo juez, ¡Cuán rápido se les olvida a estos promotores de las reformas las increíbles aberraciones sufridas por los chihuahuenses, a causa del extinto sistema de justicia penal al que ahora se apresuran a regresarnos
Así, poco a poco –y a una increíble velocidad, dirían otros– se regresa al establecimiento de las viejas prácticas prejudiciales.
¡Y lo que necesitábamos escuchar en aras de justificar las regresiones
Luis Javier Valero Flores
Criticada acremente por el actual grupo gobernante, la reforma penal elaborada y aprobada en la gestión estatal anterior ha sufrido profundas reformas, instrumentadas del mismo modo que como ahora se critica, sin una amplia y diversificada consulta a la sociedad, especialmente a los sectores más directamente involucrados en la discusión de reformas de la trascendencia como las aprobadas a lo largo del año en esta materia.
No basta con abrir un espacio en internet y celebrar dos o tres eventos de medio pelo, sin mayor difusión que la generada a través de boletines de prensa; cambios tan importantes debieran merecer la atención –motivada por quienes tienen la obligación de votarlos y transformarlos en leyes–- de especialistas, juristas, académicos, litigantes, funcionarios y estudiosos de los organismos internacionales y nacionales de estas materias, amén de los del ámbito local. No basta con avisarle a los amigos, funcionarios gubernamentales de algunas dependencias y militantes del propio partido, no, lo que está en juego es mucho más que una simple mirada a la actual situación y proponer los remedios que salen al paso, o, simplemente, esgrimir argumentos economicistas como los usados en la aprobación de la derogación de los tribunales colegiados de los juicios orales.
Por ello la insistencia en el tema –además de coincidir con el punto de vista planteado por El Diario-Juárez (“Criminalidad: ir a la raíz del problema”, 18/IX/11) – acerca de la reforma aprobada, la cual, además de lo planteado el domingo anterior, contiene una grave contradicción, ahora el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) está obligado a revisar el total de los casos de alto impacto para determinar si es un tribunal colegiado, o uno unitario el que conozca de un caso determinado, por lo que en adelante todos los magistrados deberán conocer el total de esos casos ¿A qué horas? ¿Y eso no es el establecimiento de un tribunal especial?
Más aún, con esta reforma, y las aprobadas en mayo, en las que, otra vez, se vuelve al otorgamiento de plena validez a las declaraciones rendidas previamente por el acusado, lo que permitirá se presente nuevamente la tortura como mecanismo central para condenar a los acusados, relevando a los agentes del MP de la obligación de investigar y demostrar científicamente la culpabilidad de los acusados, con la consecuente derivación de que se presentarán logros cosméticos en el combate a los criminales pues tendremos, nuevamente, la oleada de detenidos sin más prueba en su contra que la declaración autoinculpatoria. Eso es un clarísimo retroceso en materia de aplicación de la justicia.
Por ello duele escuchar a los defensores a ultranza –incluso sin conocer la profundidad de las reformas– que debemos recuperar las “tradiciones” en materia penal, es decir, que debemos ir a la reconstrucción del pasado, por este camino que regresen los jueces de alzada, el mátenlos en caliente, la reclusión en las mazmorras de San Juan de Ulúa o en Valle Nacional, y el derecho de pernada, que, al fin y al cabo esas son nuestras tradiciones ¡Ah, y la tortura, la reina de las investigaciones en México
¿Que estamos defendiendo a los delincuentes? No, de ello debieran encargarse los defensores públicos o privados, pero sí se defiende el marco legal necesario para impedir la aparición, o el regreso, de fenómenos tan dañinos para la salud de la sociedad como los aquí relatados, o inferidos a partir de lo argumentado.
Y se defiende, fundamentalmente, a la sociedad ¿De qué sirve la detención de numerosos presuntos delincuentes, si en una buena parte de los casos no son los responsables de los ilícitos señalados y los verdaderos siguen en las calles, y en tanto las autoridades presumen un aumento en el esclarecimiento de un gran número de ilícitos sin que coincidan tales éxitos con la realidad?
Y luego alegan que debe recuperarse la tradición, de eso viene huyendo la sociedad, de la tradición de contar con un solo juez, ¡Cuán rápido se les olvida a estos promotores de las reformas las increíbles aberraciones sufridas por los chihuahuenses, a causa del extinto sistema de justicia penal al que ahora se apresuran a regresarnos
Así, poco a poco –y a una increíble velocidad, dirían otros– se regresa al establecimiento de las viejas prácticas prejudiciales.
¡Y lo que necesitábamos escuchar en aras de justificar las regresiones
domingo, 18 de septiembre de 2011
Tribunales unitarios, preocupante sumisión
El Diario, 18 de septiembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
Estamos de manteles largos, El Diario-edición Juárez, ha –hemos– recibido el premio anual María Moors Cabot, otorgado por la Universidad de Columbia, apenas por debajo de los Pulitzer en Estados Unidos, justamente recibido por el trabajo realizado por el colectivo que hace posible la aparición diaria de nuestro periódico, más en las actuales condiciones, y a su indeclinable decisión de informar con veracidad y celeridad de lo acontecido en el antiguo Paso del Norte.
Lo sucedido en el Congreso del Estado en la sesión extraordinaria, celebrada para dar cauce a distintos asuntos, especialmente para aprobar la iniciativa presentada apenas el 10 de agosto pasado por el Gobernador del Estado, César Duarte, para modificar el número de integrantes de los tribunales de juicios orales, para pasar de tres a un juez, es motivo suficiente para despertar honda, muy honda preocupación.
No sólo fue aprobada en tiempo récord sino que, al igual que otros asuntos planteados por el actual titular del Poder Ejecutivo, se aprobó sin la consulta debida a la sociedad, ni la presentación de un debate, el día de la sesión, que pudiese convencer a los ciudadanos comunes y corrientes de las bondades de la medida propuesta.
Más aún, develó la enorme incuria de los legisladores; no tienen problema, basta con que trabajen los de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, y ya. El debate del jueves dio paso a la pena ajena. Ante los señalamientos y propuesta del panista Alejandro Pérez Cuéllar –que se regresara a comisiones para dar pie a un auténtico debate, a escuchar a los abogados, a los jueces, a los académicos, etc.– la respuesta del PRI fue acusarlo que no se había presentado a la última reunión de la Comisión de Justicia.
Ante el señalamiento del también panista Héctor Ortiz que la última propuesta de dictamen había llegado ¡a las 11.06 horas del día, ya cuando se había iniciado el pleno del Congreso y de que sólo se había celebrado una reunión de la Comisión de Justicia, encargada de procesar la propuesta de Duarte –apenas dos días antes de su aprobación– las respuestas de los priístas Jorge Ramírez y Gabriel Sepúlveda fueron, respectivamente, la de recordar que la propuesta tenía como efecto positivo reducir los jueces de tres a uno en los juicios orales (Híjole, no sabíamos en qué consistía la reforma), y el segundo, en remacharnos que la tradición era la de contar con un solo juez, “como los jueces de distrito”, cosa que ya sabíamos todos los presentes.
Ortiz detalló una serie de estadísticas, aparecidas en el portal del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), que demostraban, en su opinión, no necesitarse la reforma pues la carga de trabajo mostrada así lo evidencia.
No hubo debate, los diputados priístas no nos pudieron revelar las investigaciones de campo realizadas, informar de las opiniones de tales y cuales especialistas, o abogados, o jueces, o colegios de abogados que hubiesen expresado su aquiescencia a la reforma, nada.
La solidez de la propuesta de los diputados del PAN fue ratificada por los alegatos de los legisladores del PRI: No hubo consulta para aprobar tal remiendo.
Y es que, tan solo por mencionar un ejemplo, días atrás, el juez Carlos Martínez García escribió (“Reflexionar la reforma”, El Diario-Chihuahua, 9/IX/11), que las modificaciones legales se han hecho sin evaluar adecuadamente lo existente, ni tomar en cuenta más opiniones para analizar lo propuesto. Enumera una serie de argumentos hasta hoy no rebatidos por nadie y tan contundentes que resulta extremadamente útil trascribirlos, dice:
“… no es verdad que el número de jueces que integran los tribunales de juicio oral haya tenido algún incremento: actualmente somos los mismos jueces que hace años iniciamos con la función de juzgar. Quienes sí han visto incrementado su número de manera más que significativa son los jueces de Garantía del Distrito Morelos, incluso por encima de los jueces de Ciudad Juárez, que se afirma tienen una mayor carga de trabajo ¿Alguien podría explicar la razón?... contrario a esa falacia, desde enero de este año 3 jueces de los 6 que integramos el tribunal de juicio oral en la capital fuimos enviados ‘provisionalmente’ a Ciudad Juárez para suplir a los que renunciaron como consecuencia del desenlace del ‘caso Rubí’. De tal forma que en Chihuahua el tribunal oral sufrió una disminución del 50%, con la consiguiente afectación en la celebración de juicios y el surgimiento del rezago; mientras que en Ciudad Juárez hasta la fecha no se han ocupado las 3 plazas que dejaron vacantes los renunciantes… Interesante sería saber: por qué no se ha hecho pese a esta precaria situación; qué ha pasado con los salarios que debían devengar los renunciantes; y, si se cuenta con el recurso, por qué no se designa a sus sustitutos. ¿Cuál es la explicación?”.
Desnuda otra afirmación lanzada por infinidad de actores. Afirma que “no es verdad que cada tribunal o terna de jueces sólo conozca de un asunto al mes. Quien así lo afirma únicamente revela ignorancia, irresponsabilidad o deliberado ánimo de mentir. La experiencia en los dos distritos con mayor carga de trabajo en el estado (Bravos, en Ciudad Juárez; Morelos, en la capital) demuestra que, cuando el Ministerio Público es diligente en su trabajo, pueden concluirse 3 y hasta 4 juicios en un mes”.
Luego devela las razones de la duración de las distintas etapas, y funciones realizadas por los tribunales de juicios orales y las efectuadas por los jueces de garantía “pues mientras en juicio (oral) se desahoga la totalidad de las pruebas de las partes, cuyo estudio exhaustivo debe abordarse en la sentencia, que requiere un tiempo razonable para su redacción, en las audiencias preliminares sólo excepcionalmente se recibe prueba… Que el tiempo que se lleva cada uno de los juicios, justo por lo anterior, no es algo que determinemos los jueces, sino que depende casi por completo del número de pruebas y de la capacidad y celeridad con que las desahoguen las partes, principalmente el Ministerio Público”.
Finalmente, esgrime un argumento hasta ahora no revelado ni siquiera por la presidencia del STJ que debiera ofrecerle a la sociedad los alegatos necesarios para que ésta normara su opinión. Martínez García asevera que no es cierto “que los jueces de Garantía operen como jueces unitarios o unipersonales, pues desde hace meses en Chihuahua y en Ciudad Juárez se nombró y asignó a cada uno de ellos un ‘secretario’ que les ‘proyecta’ o redacta sus resoluciones (órdenes de aprehensión, órdenes de cateo, autos de vinculación, sentencias de procedimiento abreviado). Lo que en la práctica los convierte en juzgados binarios, es decir compuestos por dos ‘juzgadores’, y casi los equipara a los tribunales colegiados de juicio. ¿No se afirma que basta un solo resolutor?”.
No sólo critica el juez Carlos Martínez García, también propuso las medidas que podrían ayudar a resolver el problema; nadie lo escuchó, nadie lo debatió, como debía ser en un asunto tan trascendente. Propuso que “con tan sólo designar una terna más para el tribunal de juicio oral de la ciudad fronteriza, a fin de que sean 4, y una más para el de la capital, para que cuente con 3, prácticamente se alcanzaría la capacidad que demanda el número de asuntos y comenzaría a abatirse el rezago, ya que ese incremento permitiría al primero conocer anualmente cerca de 130 juicios y alrededor de 100 juicios al segundo. Esto, sin considerar el auxilio que esporádicamente podrían proporcionar los jueces foráneos, como ya se hace en el Juzgado de Garantía de la ciudad de Chihuahua…”.
Nadie lo refutó. Apenas el abogado Gerardo Cortinas Murra lo hizo en dos colaboraciones para El Diario, pero sin establecer un debate sobre el tema.
Y si nos faltaran argumentos para asentar que no se hizo la consulta adecuada a la sociedad, ni a los agrupamientos más especializados que podrían aportar opiniones e investigaciones, basta con señalar que la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de Chihuahua, una de las agrupaciones con mayor antigüedad (y en la que abundan los abogados militantes del PRI, partido al que pertenecen los integrantes de la mayoría parlamentaria) “señaló que la aprobación de la iniciativa para crear los tribunales unitarios de juicio oral será un paso definitivo en la transición hacia el antiguo modelo para la impartición de la justicia en el ámbito de lo penal”.
Luis Javier Valero Flores
Estamos de manteles largos, El Diario-edición Juárez, ha –hemos– recibido el premio anual María Moors Cabot, otorgado por la Universidad de Columbia, apenas por debajo de los Pulitzer en Estados Unidos, justamente recibido por el trabajo realizado por el colectivo que hace posible la aparición diaria de nuestro periódico, más en las actuales condiciones, y a su indeclinable decisión de informar con veracidad y celeridad de lo acontecido en el antiguo Paso del Norte.
Lo sucedido en el Congreso del Estado en la sesión extraordinaria, celebrada para dar cauce a distintos asuntos, especialmente para aprobar la iniciativa presentada apenas el 10 de agosto pasado por el Gobernador del Estado, César Duarte, para modificar el número de integrantes de los tribunales de juicios orales, para pasar de tres a un juez, es motivo suficiente para despertar honda, muy honda preocupación.
No sólo fue aprobada en tiempo récord sino que, al igual que otros asuntos planteados por el actual titular del Poder Ejecutivo, se aprobó sin la consulta debida a la sociedad, ni la presentación de un debate, el día de la sesión, que pudiese convencer a los ciudadanos comunes y corrientes de las bondades de la medida propuesta.
Más aún, develó la enorme incuria de los legisladores; no tienen problema, basta con que trabajen los de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, y ya. El debate del jueves dio paso a la pena ajena. Ante los señalamientos y propuesta del panista Alejandro Pérez Cuéllar –que se regresara a comisiones para dar pie a un auténtico debate, a escuchar a los abogados, a los jueces, a los académicos, etc.– la respuesta del PRI fue acusarlo que no se había presentado a la última reunión de la Comisión de Justicia.
Ante el señalamiento del también panista Héctor Ortiz que la última propuesta de dictamen había llegado ¡a las 11.06 horas del día, ya cuando se había iniciado el pleno del Congreso y de que sólo se había celebrado una reunión de la Comisión de Justicia, encargada de procesar la propuesta de Duarte –apenas dos días antes de su aprobación– las respuestas de los priístas Jorge Ramírez y Gabriel Sepúlveda fueron, respectivamente, la de recordar que la propuesta tenía como efecto positivo reducir los jueces de tres a uno en los juicios orales (Híjole, no sabíamos en qué consistía la reforma), y el segundo, en remacharnos que la tradición era la de contar con un solo juez, “como los jueces de distrito”, cosa que ya sabíamos todos los presentes.
Ortiz detalló una serie de estadísticas, aparecidas en el portal del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), que demostraban, en su opinión, no necesitarse la reforma pues la carga de trabajo mostrada así lo evidencia.
No hubo debate, los diputados priístas no nos pudieron revelar las investigaciones de campo realizadas, informar de las opiniones de tales y cuales especialistas, o abogados, o jueces, o colegios de abogados que hubiesen expresado su aquiescencia a la reforma, nada.
La solidez de la propuesta de los diputados del PAN fue ratificada por los alegatos de los legisladores del PRI: No hubo consulta para aprobar tal remiendo.
Y es que, tan solo por mencionar un ejemplo, días atrás, el juez Carlos Martínez García escribió (“Reflexionar la reforma”, El Diario-Chihuahua, 9/IX/11), que las modificaciones legales se han hecho sin evaluar adecuadamente lo existente, ni tomar en cuenta más opiniones para analizar lo propuesto. Enumera una serie de argumentos hasta hoy no rebatidos por nadie y tan contundentes que resulta extremadamente útil trascribirlos, dice:
“… no es verdad que el número de jueces que integran los tribunales de juicio oral haya tenido algún incremento: actualmente somos los mismos jueces que hace años iniciamos con la función de juzgar. Quienes sí han visto incrementado su número de manera más que significativa son los jueces de Garantía del Distrito Morelos, incluso por encima de los jueces de Ciudad Juárez, que se afirma tienen una mayor carga de trabajo ¿Alguien podría explicar la razón?... contrario a esa falacia, desde enero de este año 3 jueces de los 6 que integramos el tribunal de juicio oral en la capital fuimos enviados ‘provisionalmente’ a Ciudad Juárez para suplir a los que renunciaron como consecuencia del desenlace del ‘caso Rubí’. De tal forma que en Chihuahua el tribunal oral sufrió una disminución del 50%, con la consiguiente afectación en la celebración de juicios y el surgimiento del rezago; mientras que en Ciudad Juárez hasta la fecha no se han ocupado las 3 plazas que dejaron vacantes los renunciantes… Interesante sería saber: por qué no se ha hecho pese a esta precaria situación; qué ha pasado con los salarios que debían devengar los renunciantes; y, si se cuenta con el recurso, por qué no se designa a sus sustitutos. ¿Cuál es la explicación?”.
Desnuda otra afirmación lanzada por infinidad de actores. Afirma que “no es verdad que cada tribunal o terna de jueces sólo conozca de un asunto al mes. Quien así lo afirma únicamente revela ignorancia, irresponsabilidad o deliberado ánimo de mentir. La experiencia en los dos distritos con mayor carga de trabajo en el estado (Bravos, en Ciudad Juárez; Morelos, en la capital) demuestra que, cuando el Ministerio Público es diligente en su trabajo, pueden concluirse 3 y hasta 4 juicios en un mes”.
Luego devela las razones de la duración de las distintas etapas, y funciones realizadas por los tribunales de juicios orales y las efectuadas por los jueces de garantía “pues mientras en juicio (oral) se desahoga la totalidad de las pruebas de las partes, cuyo estudio exhaustivo debe abordarse en la sentencia, que requiere un tiempo razonable para su redacción, en las audiencias preliminares sólo excepcionalmente se recibe prueba… Que el tiempo que se lleva cada uno de los juicios, justo por lo anterior, no es algo que determinemos los jueces, sino que depende casi por completo del número de pruebas y de la capacidad y celeridad con que las desahoguen las partes, principalmente el Ministerio Público”.
Finalmente, esgrime un argumento hasta ahora no revelado ni siquiera por la presidencia del STJ que debiera ofrecerle a la sociedad los alegatos necesarios para que ésta normara su opinión. Martínez García asevera que no es cierto “que los jueces de Garantía operen como jueces unitarios o unipersonales, pues desde hace meses en Chihuahua y en Ciudad Juárez se nombró y asignó a cada uno de ellos un ‘secretario’ que les ‘proyecta’ o redacta sus resoluciones (órdenes de aprehensión, órdenes de cateo, autos de vinculación, sentencias de procedimiento abreviado). Lo que en la práctica los convierte en juzgados binarios, es decir compuestos por dos ‘juzgadores’, y casi los equipara a los tribunales colegiados de juicio. ¿No se afirma que basta un solo resolutor?”.
No sólo critica el juez Carlos Martínez García, también propuso las medidas que podrían ayudar a resolver el problema; nadie lo escuchó, nadie lo debatió, como debía ser en un asunto tan trascendente. Propuso que “con tan sólo designar una terna más para el tribunal de juicio oral de la ciudad fronteriza, a fin de que sean 4, y una más para el de la capital, para que cuente con 3, prácticamente se alcanzaría la capacidad que demanda el número de asuntos y comenzaría a abatirse el rezago, ya que ese incremento permitiría al primero conocer anualmente cerca de 130 juicios y alrededor de 100 juicios al segundo. Esto, sin considerar el auxilio que esporádicamente podrían proporcionar los jueces foráneos, como ya se hace en el Juzgado de Garantía de la ciudad de Chihuahua…”.
Nadie lo refutó. Apenas el abogado Gerardo Cortinas Murra lo hizo en dos colaboraciones para El Diario, pero sin establecer un debate sobre el tema.
Y si nos faltaran argumentos para asentar que no se hizo la consulta adecuada a la sociedad, ni a los agrupamientos más especializados que podrían aportar opiniones e investigaciones, basta con señalar que la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de Chihuahua, una de las agrupaciones con mayor antigüedad (y en la que abundan los abogados militantes del PRI, partido al que pertenecen los integrantes de la mayoría parlamentaria) “señaló que la aprobación de la iniciativa para crear los tribunales unitarios de juicio oral será un paso definitivo en la transición hacia el antiguo modelo para la impartición de la justicia en el ámbito de lo penal”.
jueves, 15 de septiembre de 2011
Responsabilidad empresarial
El Diario, 15 de septiembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
"Las empresas no están en condiciones económicas ni financieras para soportar una ampliación del periodo de lactancia de las madres trabajadoras de seis meses y hasta un año, señaló ayer el director de la Coparmex-Chihuahua, Alejandro de la Rocha”. De esa manera consignó el reportero Manuel Quezada (El Diario-Chihuahua, 14/IX/11) la postura de la agrupación empresarial más fuertemente ligada a las posturas de Acción Nacional, la Coparmex, ante la propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, empresarios, sindicatos y el Gobierno del Estado en el sentido de buscar que “la mujer embarazada tenga derecho a una incapacidad de seis meses a un año con goce de sueldo y demás prestaciones de ley, con tal de que pueda pasar más tiempo con sus hijos y redunde en una mejor sociedad”.
Tal propuesta fue emitida en el curso de la firma de un acuerdo, signado un día antes por el secretario del Trabajo y Previsión Social de Gobierno del Estado, Fidel Pérez Romero y el director general del DIF estatal, Gerardo Villegas Madriles, con la presencia, como testigos de honor, de la presidenta del DIF estatal, Bertha Gómez de Duarte; el secretario general de la CTM, Doroteo Zapata García; el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Ramiro Arroyos Piñón; el secretario de Fomento Social, Fernando Uriarte; y el presidente de la CEDH, José Luis Armendáriz González, con “el fin de sentar las bases de colaboración para vigilar y supervisar el buen desarrollo de los menores y las mujeres trabajadoras protegiendo los derechos especiales que la ley les confiere”.
Deslindándose, y deslindando totalmente al organismo empresarial que dirige, De la Rocha consideró que una propuesta como esa “llevaría a la quiebra al Seguro Social”.
Todo mundo coincide en que un factor esencial para el fortalecimiento de los índices delictivos y la degradación social es el abandono parental de los niños, y no solamente del padre, sino, sobre todo, de la madre.
Sin ella, o con escaso tiempo para la educación de los hijos, disminuyen, por ejemplo, los índices de escolaridad, como lo demostró una encuesta realizada hace tres años por la UNAM sobre sus estudiantes, en la que encontraron una relación directa entre el grado de escolaridad de la madre y el estudiante: a mayor escolaridad de aquella, mayor la de los hijos. Por desgracia no ocurre así en el caso de los papás.
Lo mismo ocurre con otros muy numerosos factores, de ahí que la aparición de un gran empleador de la mano de obra femenina, como lo fue desde el inicio la industria maquiladora de exportación, haya generado graves y luengas distorsiones sociales pues trastocó seriamente la vida familiar y los tradicionales roles existentes en ella.
Por lo que, apostarle al resarcimiento de tales ausencias, y más aun, superarlas, en el sentido de otorgarle a los niños y jóvenes más opciones de educación, capacitación y calor humano, afectivo, es esencial para el fortalecimiento democrático de la sociedad.
Como en ninguna otra actividad, la que relatamos está impregnada de una fortísima responsabilidad empresarial; no se puede creer que con la sola creación de empleos se contribuya al mejoramiento de la sociedad, se requiere de un mayor compromiso para afrontar las consecuencias sociales de una política económica y más la adoptada por gobernantes y empresarios durante las últimas cuatro décadas en Chihuahua, factor central de la génesis de la tragedia por la que pasamos.
Catastrofista, el directivo empresarial “expuso que le gustaría ver de dónde saca el dinero el Seguro Social para pagar un año de incapacidad y que de 45 días antes y después del embarazo se pase a 52 semanas; sería una opción que terminaría por liquidarlo”.
¿De veras una medida de esa magnitud nos llevaría a tal situación?
¿Por qué no comparar el costo de ella con lo gastado en cinco años de “guerra” contra los cárteles –465 mil millones de pesos, más los 135 mil millones propuestos por Felipe Calderón para 2012– y los magros y cruentos resultados obtenidos?
¿A poco no sería más productivo socialmente invertirlos en la gente y no para matarla? Crear empleos, construir casas, escuelas, guarderías, centros de rehabilitación, propiciar una mayor cohesión familiar y social es, por mucho, más altamente rentable que la compra de pistolas, patrullas y policías, de ahí la sensación de complacencia ante propuestas como la efectuada por Pérez Romero, y la desazón causada por la postura empresarial.
Luis Javier Valero Flores
"Las empresas no están en condiciones económicas ni financieras para soportar una ampliación del periodo de lactancia de las madres trabajadoras de seis meses y hasta un año, señaló ayer el director de la Coparmex-Chihuahua, Alejandro de la Rocha”. De esa manera consignó el reportero Manuel Quezada (El Diario-Chihuahua, 14/IX/11) la postura de la agrupación empresarial más fuertemente ligada a las posturas de Acción Nacional, la Coparmex, ante la propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, empresarios, sindicatos y el Gobierno del Estado en el sentido de buscar que “la mujer embarazada tenga derecho a una incapacidad de seis meses a un año con goce de sueldo y demás prestaciones de ley, con tal de que pueda pasar más tiempo con sus hijos y redunde en una mejor sociedad”.
Tal propuesta fue emitida en el curso de la firma de un acuerdo, signado un día antes por el secretario del Trabajo y Previsión Social de Gobierno del Estado, Fidel Pérez Romero y el director general del DIF estatal, Gerardo Villegas Madriles, con la presencia, como testigos de honor, de la presidenta del DIF estatal, Bertha Gómez de Duarte; el secretario general de la CTM, Doroteo Zapata García; el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Ramiro Arroyos Piñón; el secretario de Fomento Social, Fernando Uriarte; y el presidente de la CEDH, José Luis Armendáriz González, con “el fin de sentar las bases de colaboración para vigilar y supervisar el buen desarrollo de los menores y las mujeres trabajadoras protegiendo los derechos especiales que la ley les confiere”.
Deslindándose, y deslindando totalmente al organismo empresarial que dirige, De la Rocha consideró que una propuesta como esa “llevaría a la quiebra al Seguro Social”.
Todo mundo coincide en que un factor esencial para el fortalecimiento de los índices delictivos y la degradación social es el abandono parental de los niños, y no solamente del padre, sino, sobre todo, de la madre.
Sin ella, o con escaso tiempo para la educación de los hijos, disminuyen, por ejemplo, los índices de escolaridad, como lo demostró una encuesta realizada hace tres años por la UNAM sobre sus estudiantes, en la que encontraron una relación directa entre el grado de escolaridad de la madre y el estudiante: a mayor escolaridad de aquella, mayor la de los hijos. Por desgracia no ocurre así en el caso de los papás.
Lo mismo ocurre con otros muy numerosos factores, de ahí que la aparición de un gran empleador de la mano de obra femenina, como lo fue desde el inicio la industria maquiladora de exportación, haya generado graves y luengas distorsiones sociales pues trastocó seriamente la vida familiar y los tradicionales roles existentes en ella.
Por lo que, apostarle al resarcimiento de tales ausencias, y más aun, superarlas, en el sentido de otorgarle a los niños y jóvenes más opciones de educación, capacitación y calor humano, afectivo, es esencial para el fortalecimiento democrático de la sociedad.
Como en ninguna otra actividad, la que relatamos está impregnada de una fortísima responsabilidad empresarial; no se puede creer que con la sola creación de empleos se contribuya al mejoramiento de la sociedad, se requiere de un mayor compromiso para afrontar las consecuencias sociales de una política económica y más la adoptada por gobernantes y empresarios durante las últimas cuatro décadas en Chihuahua, factor central de la génesis de la tragedia por la que pasamos.
Catastrofista, el directivo empresarial “expuso que le gustaría ver de dónde saca el dinero el Seguro Social para pagar un año de incapacidad y que de 45 días antes y después del embarazo se pase a 52 semanas; sería una opción que terminaría por liquidarlo”.
¿De veras una medida de esa magnitud nos llevaría a tal situación?
¿Por qué no comparar el costo de ella con lo gastado en cinco años de “guerra” contra los cárteles –465 mil millones de pesos, más los 135 mil millones propuestos por Felipe Calderón para 2012– y los magros y cruentos resultados obtenidos?
¿A poco no sería más productivo socialmente invertirlos en la gente y no para matarla? Crear empleos, construir casas, escuelas, guarderías, centros de rehabilitación, propiciar una mayor cohesión familiar y social es, por mucho, más altamente rentable que la compra de pistolas, patrullas y policías, de ahí la sensación de complacencia ante propuestas como la efectuada por Pérez Romero, y la desazón causada por la postura empresarial.
martes, 13 de septiembre de 2011
En la ruta equivocada
El Diario, 13 de septiembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
Sensibles, extremadamente sensibles al giro conservador de la sociedad, la mayoría de los gobernantes han optado por ceder –y en muchos casos, ni siquiera eso, simplemente la adoptan como única vía– a la visión que solo ubica a la violencia del Estado como la solución a la grave crisis de inseguridad pública. Por supuesto que nadie en sus cabales podrá oponerse a que el Estado ejerza tal atributo contra quienes rompen la vida legal, pero lo que ahora sufrimos no se enfrentará, con éxito, solamente con tales funciones.
En esa visión conservadora son acompañados, quizá, por la mayoría de los ciudadanos y por una serie de protagonistas que, abrumadoramente desesperados por la seriedad del problema y la ineficacia de las instituciones oficiales, aplauden a rabiar tal tendencia que, además, tiene como eje central el endurecimiento de las penas, como si este factor fuese por sí solo un inhibidor de la incidencia criminal.
Por desgracia no es así, las tendencias criminales de la sociedad no se abaten por la severidad de las penas, menos aún si llegamos a la conclusión, obvia, que lo hoy padecido tiene origen en una gama infinita de vetas sociales, fruto no solamente de la impericia de los actuales gobernantes, y no sólo del ámbito federal, sino de la vigencia de un régimen social generador de las desigualdades sociales, de las corruptelas gubernamentales, del tráfico de drogas, del enorme consumo de ellas en Estados Unidos, de la impunidad avasallante, de la salvaje disputa por el poder y del extremado individualismo prevaleciente en la sociedad.
De ese modo, apostarle a uno solo de los factores de la compleja ecuación que abordamos hoy es un gravísimo error. Creer que los delincuentes andan preguntando acerca de la elevación de las penas por la comisión de tal o cual delito, o que al momento de efectuarlas pueden llegar a preocuparse, es un sofisma.
No, los delincuentes le apuestan, como casi todas las personas pero aquí con mayores porcentajes de no equivocarse, a que no les “toca”, es decir, que a ellos no los aprehenderán por una acción delictiva cometida. Eso creen en primera instancia, pero en segunda, porque, más conocedores del medio que la gran mayoría, saben que la corrupción policial y prejudicial –y en muchos casos, tal fenómeno abarca a un buen número de juzgadores– es gigantesca y que son muchas más las probabilidades de no ser perseguidos que lo contrario.
Ya no es experiencia ajena que elevar la severidad de las penas traiga consigo la disminución de las tasas delictivas, en Chihuahua ya podemos aportar nuestra propia visión y resultados sobre asunto tan infame. Hace años, a propósito del incremento de los asesinatos de mujeres –con características muy definidas, no solamente los derivados de la violencia intrafamiliar– y de la enorme presión ejercida por instancias internacionales, motivadas por las denuncias de familiares y agrupaciones derechohumanistas (contra las que se desencadenaron no pocas campañas mediáticas de descalificación), se aprobaron reformas legales que elevaron las penalidades a quienes los cometieran.
Hoy, los asesinatos de mujeres tienen un siniestro incremento, a propósito de las guerras de los cárteles de las drogas y, que se sepa, los autores de tales salvajismos no se preocupan de tales “minucias” del Código Penal de Chihuahua.
No, lo que vale, lo que sienta precedente, lo que ahuyenta a los maleantes, lo que hace desistirse de una conducta criminal es que la autoridad investigue, detenga y logre la sentencia condenatoria de los culpables de esos actos.
Y que, además, a quienes caigan en tales situaciones tengan una rendija, así sea mínima, de recuperar su libertad, de emprender otro camino, de enmendar, o por lo menos para que no dé por descontada la existencia y entonces convertirse en un elemento altamente desestabilizador de los penales, pues si ya no tienen esperanza alguna de salir libres ¿Para qué sirve, entonces, la vida? Y en esas condiciones son excelentes elementos para mantener a los reclusorios como los mejores lugares para continuar la carrera delictiva, y ya sin la preocupación de que la policía los detenga.
No, no es tan fácil aplaudir que manden a cadena perpetua a dos extorsionadores y creer que ese es el camino para una sociedad más segura. Puede ser que no estemos en la ruta adecuada, tan solo por complacer a la sociedad, harta de tanta corrupción e ineficiencia gubernamental, a la que se le intenta seducir para que vote por quienes aparezcan como los más “duros” para enfrentar al crimen
Luis Javier Valero Flores
Sensibles, extremadamente sensibles al giro conservador de la sociedad, la mayoría de los gobernantes han optado por ceder –y en muchos casos, ni siquiera eso, simplemente la adoptan como única vía– a la visión que solo ubica a la violencia del Estado como la solución a la grave crisis de inseguridad pública. Por supuesto que nadie en sus cabales podrá oponerse a que el Estado ejerza tal atributo contra quienes rompen la vida legal, pero lo que ahora sufrimos no se enfrentará, con éxito, solamente con tales funciones.
En esa visión conservadora son acompañados, quizá, por la mayoría de los ciudadanos y por una serie de protagonistas que, abrumadoramente desesperados por la seriedad del problema y la ineficacia de las instituciones oficiales, aplauden a rabiar tal tendencia que, además, tiene como eje central el endurecimiento de las penas, como si este factor fuese por sí solo un inhibidor de la incidencia criminal.
Por desgracia no es así, las tendencias criminales de la sociedad no se abaten por la severidad de las penas, menos aún si llegamos a la conclusión, obvia, que lo hoy padecido tiene origen en una gama infinita de vetas sociales, fruto no solamente de la impericia de los actuales gobernantes, y no sólo del ámbito federal, sino de la vigencia de un régimen social generador de las desigualdades sociales, de las corruptelas gubernamentales, del tráfico de drogas, del enorme consumo de ellas en Estados Unidos, de la impunidad avasallante, de la salvaje disputa por el poder y del extremado individualismo prevaleciente en la sociedad.
De ese modo, apostarle a uno solo de los factores de la compleja ecuación que abordamos hoy es un gravísimo error. Creer que los delincuentes andan preguntando acerca de la elevación de las penas por la comisión de tal o cual delito, o que al momento de efectuarlas pueden llegar a preocuparse, es un sofisma.
No, los delincuentes le apuestan, como casi todas las personas pero aquí con mayores porcentajes de no equivocarse, a que no les “toca”, es decir, que a ellos no los aprehenderán por una acción delictiva cometida. Eso creen en primera instancia, pero en segunda, porque, más conocedores del medio que la gran mayoría, saben que la corrupción policial y prejudicial –y en muchos casos, tal fenómeno abarca a un buen número de juzgadores– es gigantesca y que son muchas más las probabilidades de no ser perseguidos que lo contrario.
Ya no es experiencia ajena que elevar la severidad de las penas traiga consigo la disminución de las tasas delictivas, en Chihuahua ya podemos aportar nuestra propia visión y resultados sobre asunto tan infame. Hace años, a propósito del incremento de los asesinatos de mujeres –con características muy definidas, no solamente los derivados de la violencia intrafamiliar– y de la enorme presión ejercida por instancias internacionales, motivadas por las denuncias de familiares y agrupaciones derechohumanistas (contra las que se desencadenaron no pocas campañas mediáticas de descalificación), se aprobaron reformas legales que elevaron las penalidades a quienes los cometieran.
Hoy, los asesinatos de mujeres tienen un siniestro incremento, a propósito de las guerras de los cárteles de las drogas y, que se sepa, los autores de tales salvajismos no se preocupan de tales “minucias” del Código Penal de Chihuahua.
No, lo que vale, lo que sienta precedente, lo que ahuyenta a los maleantes, lo que hace desistirse de una conducta criminal es que la autoridad investigue, detenga y logre la sentencia condenatoria de los culpables de esos actos.
Y que, además, a quienes caigan en tales situaciones tengan una rendija, así sea mínima, de recuperar su libertad, de emprender otro camino, de enmendar, o por lo menos para que no dé por descontada la existencia y entonces convertirse en un elemento altamente desestabilizador de los penales, pues si ya no tienen esperanza alguna de salir libres ¿Para qué sirve, entonces, la vida? Y en esas condiciones son excelentes elementos para mantener a los reclusorios como los mejores lugares para continuar la carrera delictiva, y ya sin la preocupación de que la policía los detenga.
No, no es tan fácil aplaudir que manden a cadena perpetua a dos extorsionadores y creer que ese es el camino para una sociedad más segura. Puede ser que no estemos en la ruta adecuada, tan solo por complacer a la sociedad, harta de tanta corrupción e ineficiencia gubernamental, a la que se le intenta seducir para que vote por quienes aparezcan como los más “duros” para enfrentar al crimen
domingo, 11 de septiembre de 2011
Destapes en medio de la cloaca
El Diario, 11 de septiembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
Lo que inició con el más artero ataque de los grupos del crimen organizado, el incendio del Casino Royale, puede llegar a convertirse en uno de los factores más decisivos en la definición de la contienda presidencial al interior del PAN, y quizá en la elección constitucional, asunto que pareciera no importarles mayor cosa a dos de los protagonistas más importantes de ese partido –Felipe Calderón y Ernesto Cordero– a quienes se les vio felices el viernes anterior al momento de anunciar la separación de éste último de la Secretaría de Hacienda, justamente cuando las áreas de su responsabilidad acusan serios, muy serios problemas, nomás la seguridad pública nacional y la situación financiera del país.
Es de tales dimensiones lo destapado por el otorgamiento y usufructo de los casinos y casas de juego –en todas sus modalidades– que puede convertirse en el peor de los escándalos protagonizado por varios de los más importantes integrantes del partido en el gobierno, entre ellos, quizá, el dirigente nacional, el chihuahuense Gustavo Madero, y dos de los aspirantes a la candidatura presidencial, Ernesto Cordero y Santiago Creel y, por supuesto, a los ex alcaldes panistas de San Nicolás –Fernando Larrazabal y Zeferino Salgado–, así como al de Monterrey, Adalberto Madero.
Los indicios de las corruptelas llegan hasta la pareja ex presidencial, pues Larrazabal es socio, en una empresa constructora, de Carlos Rojas Magnon (Usted lo recuerda, el encargado de administración de la residencia presidencial en tiempos de Fox y Marthita, que compró toallas de 4 mil pesos) y de Guillermo Sahagún, el hermano de la esposa de Vicente Fox.
Tal dato tiene importancia debido a que el alcalde regio fue Director General de CAPFCE, la dependencia encargada de la construcción de escuelas (después cambió su nombre) y con ese carácter fue responsabilizado de la construcción de la mega biblioteca José Vasconcelos, aquel proyecto macro de Fox que terminó inundada, no solamente de agua, sino también de un mar de corruptelas en su construcción.
Más aún, este asunto del inmenso crecimiento del número de permisos extendidos para la apertura de casinos y casas de juego, catapultado durante los dos sexenios de gobiernos panistas, tiene una íntima relación, por lo menos, con dos aspectos centrales de la actual situación: La de que son excelentes lugares para el lavado de dinero, no solamente el procedente del narcotráfico, sino también del resultante de las corruptelas gubernamentales; y la de que permiten el desvío de inmensas fortunas dirigidas a apuntalar campañas electorales, al margen de la fiscalización del IFE y la Auditoría Superior de la Federación.
De este modo, los gobiernos del “cambio” se han convertido en factores centrales del desarrollo de una de las vetas más importantes del circuito del dinero sucio. Han creado las empresas más adecuadas para el lavado de dinero.
En mayo de 2005, la Secretaría de Gobernación entregó un permiso para juegos a Arturo Rojas Cardona, hermano de Juan José, a quien se le conoce en Monterrey como el Zar de los Casinos, dueño, al menos en el estado de Nuevo León, de 12 casinos y quien era mencionado frecuentemente en los círculos panistas de esa entidad como uno de los principales financieros de algunos de los más prominentes hombres del poder político emanados del PAN, entre ellos al actual alcalde de Monterrey, al ex alcalde Adalberto Madero, al ex alcalde de San Nicolás, Zeferino Salgado (sucesor en ese cargo de Larrazabal y a quien se le considera como uno de sus más importantes delfines); los rumores abarcaban al chihuahuense Gustavo Madero, de quien se decía que también había sido uno de los beneficiarios de las donaciones del Zar de los Casinos. (Nota de Jesusa Cervantes, Arturo Rodríguez y Luciano Campos, Proceso No. 1818, 4/IX/11).
Tales señalamientos abarcan a Felipe Calderón. William Andrew Graven, ex socio de Rojas Cardona, declaró que el Zar de los Casinos aportó 25 millones de dólares a la campaña de Calderón. (Ibídem).
Todos lo han negado.
Sin embargo, WikiLeaks difundió los cables enviados por el Cónsul de EU en Monterrey, Bruce Williamson, al Departamento de Estado en Washington, (con el número 09MONTERREY259 el 2 de julio de 2009), en los cuales afirma que “Juan José Rojas Cardona, el ‘Zar de los Casinos’, pagó en el 2006 al ex alcalde de Monterrey, Adalberto Madero, y al de San Nicolás, Zeferino Salgado, 2.5 millones de dólares a cada uno para sus campañas” y al candidato del PAN a Diputado federal del distrito de San Nicolás. (Nota de Reforma, 6/IX/11).
En el cable asegura también que, “según la fuente anónima, el ‘Zar de los Casinos’ –Juan José Rojas Cardona– y su hermano Arturo mantienen estrechos vínculos con el Cártel de los Beltrán Leyva”, con lo que se viene a cerrar un círculo de extremado “sospechosismo” pues debemos recordar que el actual alcalde de San Pedro Garza García, el también panista Mauricio Fernández de la Garza, afirmó, en una reunión grabada clandestinamente, que ya se habían puesto de acuerdo con ese grupo delictivo a fin de evitar que se perpetraran secuestros en el municipio más rico del país.
Más aún, el funcionario norteamericano afirma que su informante le aseguró que “tanto Madero como Salgado recibieron durante su gestión un porcentaje mensual de las ganancias de los casinos operados por los hermanos Rojas, entre otros donativos”.
Tales relaciones llegan hasta el primer círculo presidencial. Larrazabal era –¿Es?– el coordinador de los apoyos del panismo neolonés a Ernesto Cordero, el recién separado del gabinete presidencial con las frases extremadamente elogiosas de Felipe Calderón, para irse a buscar la candidatura presidencial del blanquiazul, presuntamente con la bendición de quien ocupa la residencia presidencial en México.
Pero las sospechosas relaciones del alcalde regiomontano, y las ridículas explicaciones de Jonás, su hermano, revelan el apretado entramado de intereses –muchos de ellos verdaderamente inconfesables– que rodea a una parte importante del partido en el gobierno y que involucra a dos de los más importantes aspirantes a la candidatura presidencial.
Por una parte, Santiago Creel, a quien poco se le ha mencionado pero que indudablemente tiene muy grandes responsabilidades en el otorgamiento de permisos más grande de la historia para el funcionamiento de casas de juego, prácticamente de todas las modalidades, otorgamiento que no sólo abarcó a quienes ahora se menciona como empresarios con perfiles altamente sospechosos (para usar los términos del ex secretario de Gobernación, quien ahora pretende pasar como un hombre del campo democrático) sino también, y de manera exagerada, al emporio televisivo número uno del país, Televisa, empresa que obtuvo permisos para operar 130 salas.
En un solo día, el 25 de mayo de 2005, (el mismo día que Rojas Cardona recibió los suyos) le fueron otorgados por la Secretaría de Gobernación, bajo la conducción de Santiago Creel quien para entonces era huésped de prácticamente todos los programas televisivos, durante todo el día, desde las más tempranas horas de la mañana hasta avanzada la noche. Era el delfín de Vicente Fox, y se suponía que también de Televisa.
Pero también al ex secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, quizá con un menor impacto, pues se trata, solamente, del apoyo de un personaje en solo una entidad; sin embargo, al paso de los días podría resultar que no se trata de cualquier apoyo sino uno de muchos ceros después de los primeros dígitos.
El ramo de los juegos y las apuestas es un negocio multimillonario, y no solo por los juegos de azar, sino por otros rubros, no precisamente de azar, para quienes participan de él en las más altas esferas del poder en México, sino solamente para quienes se juegan la vida en las calles y pueblos de toda la nación y que ahora han caído como moscas como si fuera bajo el fuego de los insecticidas.
Nada más ni nada menos que más de 50 mil personas, la décima parte de las cuales, según Calderón, son “daños colaterales”, y que el movimiento de Sicilia –y en general el repudio de los mexicanos– lo ha obligado a empezar a reconocer, por lo menos de dientes para afuera, como víctimas con nombre y apellido.
En tanto, Larrazabal organiza su propia consulta, discrepa del Comité Nacional de su partido y asegura que continuará en la alcaldía ¿Y los 52 muertos en el Casino Royale?
N’ombre, eso es lo de menos, lo importante es la elección presidencial, que al cabo lo hemos hecho muy bien, nos dicen las exultantes risas de Calderón y Cordero
Luis Javier Valero Flores
Lo que inició con el más artero ataque de los grupos del crimen organizado, el incendio del Casino Royale, puede llegar a convertirse en uno de los factores más decisivos en la definición de la contienda presidencial al interior del PAN, y quizá en la elección constitucional, asunto que pareciera no importarles mayor cosa a dos de los protagonistas más importantes de ese partido –Felipe Calderón y Ernesto Cordero– a quienes se les vio felices el viernes anterior al momento de anunciar la separación de éste último de la Secretaría de Hacienda, justamente cuando las áreas de su responsabilidad acusan serios, muy serios problemas, nomás la seguridad pública nacional y la situación financiera del país.
Es de tales dimensiones lo destapado por el otorgamiento y usufructo de los casinos y casas de juego –en todas sus modalidades– que puede convertirse en el peor de los escándalos protagonizado por varios de los más importantes integrantes del partido en el gobierno, entre ellos, quizá, el dirigente nacional, el chihuahuense Gustavo Madero, y dos de los aspirantes a la candidatura presidencial, Ernesto Cordero y Santiago Creel y, por supuesto, a los ex alcaldes panistas de San Nicolás –Fernando Larrazabal y Zeferino Salgado–, así como al de Monterrey, Adalberto Madero.
Los indicios de las corruptelas llegan hasta la pareja ex presidencial, pues Larrazabal es socio, en una empresa constructora, de Carlos Rojas Magnon (Usted lo recuerda, el encargado de administración de la residencia presidencial en tiempos de Fox y Marthita, que compró toallas de 4 mil pesos) y de Guillermo Sahagún, el hermano de la esposa de Vicente Fox.
Tal dato tiene importancia debido a que el alcalde regio fue Director General de CAPFCE, la dependencia encargada de la construcción de escuelas (después cambió su nombre) y con ese carácter fue responsabilizado de la construcción de la mega biblioteca José Vasconcelos, aquel proyecto macro de Fox que terminó inundada, no solamente de agua, sino también de un mar de corruptelas en su construcción.
Más aún, este asunto del inmenso crecimiento del número de permisos extendidos para la apertura de casinos y casas de juego, catapultado durante los dos sexenios de gobiernos panistas, tiene una íntima relación, por lo menos, con dos aspectos centrales de la actual situación: La de que son excelentes lugares para el lavado de dinero, no solamente el procedente del narcotráfico, sino también del resultante de las corruptelas gubernamentales; y la de que permiten el desvío de inmensas fortunas dirigidas a apuntalar campañas electorales, al margen de la fiscalización del IFE y la Auditoría Superior de la Federación.
De este modo, los gobiernos del “cambio” se han convertido en factores centrales del desarrollo de una de las vetas más importantes del circuito del dinero sucio. Han creado las empresas más adecuadas para el lavado de dinero.
En mayo de 2005, la Secretaría de Gobernación entregó un permiso para juegos a Arturo Rojas Cardona, hermano de Juan José, a quien se le conoce en Monterrey como el Zar de los Casinos, dueño, al menos en el estado de Nuevo León, de 12 casinos y quien era mencionado frecuentemente en los círculos panistas de esa entidad como uno de los principales financieros de algunos de los más prominentes hombres del poder político emanados del PAN, entre ellos al actual alcalde de Monterrey, al ex alcalde Adalberto Madero, al ex alcalde de San Nicolás, Zeferino Salgado (sucesor en ese cargo de Larrazabal y a quien se le considera como uno de sus más importantes delfines); los rumores abarcaban al chihuahuense Gustavo Madero, de quien se decía que también había sido uno de los beneficiarios de las donaciones del Zar de los Casinos. (Nota de Jesusa Cervantes, Arturo Rodríguez y Luciano Campos, Proceso No. 1818, 4/IX/11).
Tales señalamientos abarcan a Felipe Calderón. William Andrew Graven, ex socio de Rojas Cardona, declaró que el Zar de los Casinos aportó 25 millones de dólares a la campaña de Calderón. (Ibídem).
Todos lo han negado.
Sin embargo, WikiLeaks difundió los cables enviados por el Cónsul de EU en Monterrey, Bruce Williamson, al Departamento de Estado en Washington, (con el número 09MONTERREY259 el 2 de julio de 2009), en los cuales afirma que “Juan José Rojas Cardona, el ‘Zar de los Casinos’, pagó en el 2006 al ex alcalde de Monterrey, Adalberto Madero, y al de San Nicolás, Zeferino Salgado, 2.5 millones de dólares a cada uno para sus campañas” y al candidato del PAN a Diputado federal del distrito de San Nicolás. (Nota de Reforma, 6/IX/11).
En el cable asegura también que, “según la fuente anónima, el ‘Zar de los Casinos’ –Juan José Rojas Cardona– y su hermano Arturo mantienen estrechos vínculos con el Cártel de los Beltrán Leyva”, con lo que se viene a cerrar un círculo de extremado “sospechosismo” pues debemos recordar que el actual alcalde de San Pedro Garza García, el también panista Mauricio Fernández de la Garza, afirmó, en una reunión grabada clandestinamente, que ya se habían puesto de acuerdo con ese grupo delictivo a fin de evitar que se perpetraran secuestros en el municipio más rico del país.
Más aún, el funcionario norteamericano afirma que su informante le aseguró que “tanto Madero como Salgado recibieron durante su gestión un porcentaje mensual de las ganancias de los casinos operados por los hermanos Rojas, entre otros donativos”.
Tales relaciones llegan hasta el primer círculo presidencial. Larrazabal era –¿Es?– el coordinador de los apoyos del panismo neolonés a Ernesto Cordero, el recién separado del gabinete presidencial con las frases extremadamente elogiosas de Felipe Calderón, para irse a buscar la candidatura presidencial del blanquiazul, presuntamente con la bendición de quien ocupa la residencia presidencial en México.
Pero las sospechosas relaciones del alcalde regiomontano, y las ridículas explicaciones de Jonás, su hermano, revelan el apretado entramado de intereses –muchos de ellos verdaderamente inconfesables– que rodea a una parte importante del partido en el gobierno y que involucra a dos de los más importantes aspirantes a la candidatura presidencial.
Por una parte, Santiago Creel, a quien poco se le ha mencionado pero que indudablemente tiene muy grandes responsabilidades en el otorgamiento de permisos más grande de la historia para el funcionamiento de casas de juego, prácticamente de todas las modalidades, otorgamiento que no sólo abarcó a quienes ahora se menciona como empresarios con perfiles altamente sospechosos (para usar los términos del ex secretario de Gobernación, quien ahora pretende pasar como un hombre del campo democrático) sino también, y de manera exagerada, al emporio televisivo número uno del país, Televisa, empresa que obtuvo permisos para operar 130 salas.
En un solo día, el 25 de mayo de 2005, (el mismo día que Rojas Cardona recibió los suyos) le fueron otorgados por la Secretaría de Gobernación, bajo la conducción de Santiago Creel quien para entonces era huésped de prácticamente todos los programas televisivos, durante todo el día, desde las más tempranas horas de la mañana hasta avanzada la noche. Era el delfín de Vicente Fox, y se suponía que también de Televisa.
Pero también al ex secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, quizá con un menor impacto, pues se trata, solamente, del apoyo de un personaje en solo una entidad; sin embargo, al paso de los días podría resultar que no se trata de cualquier apoyo sino uno de muchos ceros después de los primeros dígitos.
El ramo de los juegos y las apuestas es un negocio multimillonario, y no solo por los juegos de azar, sino por otros rubros, no precisamente de azar, para quienes participan de él en las más altas esferas del poder en México, sino solamente para quienes se juegan la vida en las calles y pueblos de toda la nación y que ahora han caído como moscas como si fuera bajo el fuego de los insecticidas.
Nada más ni nada menos que más de 50 mil personas, la décima parte de las cuales, según Calderón, son “daños colaterales”, y que el movimiento de Sicilia –y en general el repudio de los mexicanos– lo ha obligado a empezar a reconocer, por lo menos de dientes para afuera, como víctimas con nombre y apellido.
En tanto, Larrazabal organiza su propia consulta, discrepa del Comité Nacional de su partido y asegura que continuará en la alcaldía ¿Y los 52 muertos en el Casino Royale?
N’ombre, eso es lo de menos, lo importante es la elección presidencial, que al cabo lo hemos hecho muy bien, nos dicen las exultantes risas de Calderón y Cordero
jueves, 8 de septiembre de 2011
No echar las campanas al vuelo
El Diario, 8 de septiembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
En todas las encuestas, en todas las conversaciones, en todos los encuentros públicos, en todos lados, el tema de la inseguridad es el más importante para la mayor parte de los mexicanos. Tal premisa vale para un porcentaje mayor de los chihuahuenses. No es gratuita esa percepción, a pesar de la disminución de los índices delictivos –prácticamente de todos– nuestra entidad sigue ocupando el liderazgo en varios de ellos, destacadamente el de homicidios, con mucho, el más relevante de los delitos.
Precisamente por ello las autoridades no pueden caer en la banalidad de lanzar cifras falsamente optimistas en esta materia porque, literalmente, pueden chocar con la realidad. Semanas atrás, Felipe Calderón –y previamente, Alejandro Poiré, secretario del Consejo Nacional de Seguridad Pública– protagonizó un episodio altamente ilustrativo de tales conductas. Aseguró que el índice de homicidios en Juárez había disminuido en 60 por ciento. Lo hizo de una manera grotesca. Comparó las cifras del mes más violento en la historia del antiguo Paso del Norte, octubre de 2010, cuando se presentaron 304 asesinatos, y lo comparó con marzo de este año, cuando ocurrieron 183.
Ahora pareciera que tal ruta se pretende continuar en el ámbito estatal. Después de largos meses sin que se supiera de las actividades, logros, estrategias, detenciones, decomisos y asignación de responsabilidades, el martes se informó de la reunión del ¡Operativo Coordinado Chihuahua, ente que creímos había pasado a mejor vida en virtud del inobjetable fracaso, a tal grado que ni siquiera se había informado de su activación. Ahora resulta que está vivo, que andaba lejos de los reflectores y de la atención de los chihuahuenses. Con ese motivo, ahí se informó que los índices delictivos habían descendido de manera notable, tanto, que el de homicidios a nivel estatal se había reducido en 55 por ciento, “mientras que en Ciudad Juárez ese indicador descendió en 36 por ciento”. (Nota de la redacción, El Diario-Chihuahua, 6/IX/11). Sólo que tales cifras se alcanzaron ¡comparando agosto de 2010 con agosto del presente año
¿Y por qué no compararon los primeros ocho meses del año anterior con los primeros de este? ¿Porque hacerlo de ese modo no arrojaba las cifras optimistas que se desean para llegar al I Informe con datos halagüeños?
En el estado, según el recuento efectuado por La Opción.com, en 2010 ocurrieron 4 mil 80 ejecuciones, en tanto que hasta el 7 de septiembre se habían presentado 2 mil 290. Es decir, diariamente se presentaron, en aquel año, 11.17 ejecuciones, en tanto que hasta la fecha, en 2011, han ocurrido 9.27 por día, lo que significa una disminución del 17 por ciento, diariamente, pero que, si se realiza la proyección anual, nos encontraríamos que en el presente año podrán presentarse 3 mil 383 ejecuciones, si no disminuye o se acrecienta el promedio diario. No es novedad asentar que existen distintas estadísticas –aquí mismo hemos dado cuenta de la enorme disparidad entre las otorgadas por las dependencias federales– pero no encontraremos una realidad marcadamente distinta a lo aquí señalado.
Resulta, pues, que pasaremos de un poco más de 4 mil ejecuciones, a alrededor de 3 mil 400. Se antoja poca la diferencia. Es una enorme distancia entre una y otra, representa que al menos 600 familias no tendrán que llorar la caída de alguno de sus integrantes, es bueno apreciar tal descenso, pero no es, ni con mucho, lo que debería existir si tomamos en cuenta la dimensión de los recursos puestos en juego para hacer que disminuya la noche abatida sobre nosotros.
Es una disminución apreciable, pero en el ánimo general no pesa lo suficiente, y menos –piensa el escribiente– pesará en el de los inversionistas, locales y foráneos, al momento de poner en juego sus capitales en cualquiera de las urbes chihuahuenses.
Más aún, no se aprecian elementos que nos lleven a pensar que tal descenso se deba a la actividad gubernamental en contra de las bandas delictivas, más bien nos llevan a pensar que puede obedecer a la disminución del ritmo de sus enfrentamientos. Ello, porque nada de lo hecho en la presente administración se aprecia distinto a lo realizado en la anterior.
Sólo lo podremos asegurar en la medida en que la actual tendencia se consolide y abarque al resto de los índices delictivos desatados con motivo de la actual ola homicida. De modo que no es tiempo, aún, de echar las campanas al vuelo. Y menos en la recta final del I Informe.
Luis Javier Valero Flores
En todas las encuestas, en todas las conversaciones, en todos los encuentros públicos, en todos lados, el tema de la inseguridad es el más importante para la mayor parte de los mexicanos. Tal premisa vale para un porcentaje mayor de los chihuahuenses. No es gratuita esa percepción, a pesar de la disminución de los índices delictivos –prácticamente de todos– nuestra entidad sigue ocupando el liderazgo en varios de ellos, destacadamente el de homicidios, con mucho, el más relevante de los delitos.
Precisamente por ello las autoridades no pueden caer en la banalidad de lanzar cifras falsamente optimistas en esta materia porque, literalmente, pueden chocar con la realidad. Semanas atrás, Felipe Calderón –y previamente, Alejandro Poiré, secretario del Consejo Nacional de Seguridad Pública– protagonizó un episodio altamente ilustrativo de tales conductas. Aseguró que el índice de homicidios en Juárez había disminuido en 60 por ciento. Lo hizo de una manera grotesca. Comparó las cifras del mes más violento en la historia del antiguo Paso del Norte, octubre de 2010, cuando se presentaron 304 asesinatos, y lo comparó con marzo de este año, cuando ocurrieron 183.
Ahora pareciera que tal ruta se pretende continuar en el ámbito estatal. Después de largos meses sin que se supiera de las actividades, logros, estrategias, detenciones, decomisos y asignación de responsabilidades, el martes se informó de la reunión del ¡Operativo Coordinado Chihuahua, ente que creímos había pasado a mejor vida en virtud del inobjetable fracaso, a tal grado que ni siquiera se había informado de su activación. Ahora resulta que está vivo, que andaba lejos de los reflectores y de la atención de los chihuahuenses. Con ese motivo, ahí se informó que los índices delictivos habían descendido de manera notable, tanto, que el de homicidios a nivel estatal se había reducido en 55 por ciento, “mientras que en Ciudad Juárez ese indicador descendió en 36 por ciento”. (Nota de la redacción, El Diario-Chihuahua, 6/IX/11). Sólo que tales cifras se alcanzaron ¡comparando agosto de 2010 con agosto del presente año
¿Y por qué no compararon los primeros ocho meses del año anterior con los primeros de este? ¿Porque hacerlo de ese modo no arrojaba las cifras optimistas que se desean para llegar al I Informe con datos halagüeños?
En el estado, según el recuento efectuado por La Opción.com, en 2010 ocurrieron 4 mil 80 ejecuciones, en tanto que hasta el 7 de septiembre se habían presentado 2 mil 290. Es decir, diariamente se presentaron, en aquel año, 11.17 ejecuciones, en tanto que hasta la fecha, en 2011, han ocurrido 9.27 por día, lo que significa una disminución del 17 por ciento, diariamente, pero que, si se realiza la proyección anual, nos encontraríamos que en el presente año podrán presentarse 3 mil 383 ejecuciones, si no disminuye o se acrecienta el promedio diario. No es novedad asentar que existen distintas estadísticas –aquí mismo hemos dado cuenta de la enorme disparidad entre las otorgadas por las dependencias federales– pero no encontraremos una realidad marcadamente distinta a lo aquí señalado.
Resulta, pues, que pasaremos de un poco más de 4 mil ejecuciones, a alrededor de 3 mil 400. Se antoja poca la diferencia. Es una enorme distancia entre una y otra, representa que al menos 600 familias no tendrán que llorar la caída de alguno de sus integrantes, es bueno apreciar tal descenso, pero no es, ni con mucho, lo que debería existir si tomamos en cuenta la dimensión de los recursos puestos en juego para hacer que disminuya la noche abatida sobre nosotros.
Es una disminución apreciable, pero en el ánimo general no pesa lo suficiente, y menos –piensa el escribiente– pesará en el de los inversionistas, locales y foráneos, al momento de poner en juego sus capitales en cualquiera de las urbes chihuahuenses.
Más aún, no se aprecian elementos que nos lleven a pensar que tal descenso se deba a la actividad gubernamental en contra de las bandas delictivas, más bien nos llevan a pensar que puede obedecer a la disminución del ritmo de sus enfrentamientos. Ello, porque nada de lo hecho en la presente administración se aprecia distinto a lo realizado en la anterior.
Sólo lo podremos asegurar en la medida en que la actual tendencia se consolide y abarque al resto de los índices delictivos desatados con motivo de la actual ola homicida. De modo que no es tiempo, aún, de echar las campanas al vuelo. Y menos en la recta final del I Informe.
martes, 6 de septiembre de 2011
Cobertura universal
El Diario 6 de septiembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
Así lo dijo Felipe Calderón el viernes anterior: “Hoy estamos convirtiendo muchos de esos derechos en realidad: el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación… Hoy, quiero anunciar que este mismo año, 2011, alcanzaremos la cobertura universal de salud, que es un logro singular al que aspiran todas las naciones y que pocas lo han conseguido”.
Es decir, en voz de Calderón México será una de las muy pocas naciones que habrá otorgado al total de su población tan ansiada prestación social. Estaremos, y no están ustedes para dudar, en niveles semejantes a Suecia, Noruega, Dinamarca, Inglaterra, Alemania y otras naciones de esos rangos, y por encima de Estados Unidos, Italia, España, Australia y quizá, de Suiza, Francia.
N’ombre, ora sí que entramos de lleno al primer mundo, estaba loco Salinas de Gortari cuando nos anunció que ya éramos de la élite mundial, ora sí, con el gobierno del PAN, sí que somos de los meros, meros.
Días atrás, en el curso de la más reciente de sus visitas a Chihuahua, se había ufanado de haber logrado, en concordancia con el gobierno estatal, la cobertura universal en materia de salud, al lograr que todos los chihuahuenses estuviesen amparados por algún sistema de atención medica, a partir de su incorporación al Seguro Popular.
Si estas noticias coincidieran con la realidad deberíamos tocar las fanfarrias. Como en el resto de lo informado por Calderón, no es cierto.
Tomemos como referencia lo acaecido en nuestra entidad. Puede llevarnos a imaginarnos la verdad acerca de la situación en materia de salud y aportarnos elementos para dudar de los verdaderos avances ocurridos en el país a lo largo del actual sexenio. Días atrás El Diario publicó una noticia estremecedora. Los recursos médicos son insuficientes para atender a la población inscrita en alguna de las instituciones públicas de salud en la capital del estado.
Resulta que Chihuahua ocupa el lugar 30 de 32 entidades, en cuanto al número de médicos por cada mil habitantes en instituciones públicas; y el sitio 23 en lo referente a unidades de consulta externa. (Nota de Luis Alonso Fierro, El Diario-Chihuahua, 1/IX/11)
“De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, en la capital hay 664 mil personas con derecho a algún servicio médico público, ya sea IMSS, ISSSTE, Pensiones, Seguro Popular u otros; pero sólo se cuenta con mil 100 médicos para atenderlas”. (Ibídem).
En la práctica cada médico debería atender a poco menos de 660 personas, pero con las mismas instalaciones medicas, con el mismo equipo y, además, a distancias mayores de sus domicilios para la mayoría de los derechohabientes.
No es el único aspecto preocupante, tales carencias abarcan al sector privado pues en esta materia Chihuahua ocupa el último lugar nacional en hospitales de especialidades privados, “de acuerdo con el Inegi en la Perspectiva Estadística junio 2011… superado incluso por estados con importantes carencias sociales como Chiapas, Oaxaca o Guerrero”.
Y la tendencia de una parte de la iniciativa privada chihuahuense, de los últimos años, la de incorporar la atención médica a sus negocios, se aprecia en los indicadores. “En el número de especialistas por cada mil habitantes, las instituciones públicas se ubican en el sitio 28 nacional, con una tasa de apenas 0.5; mientras que en los servicios privados se alcanza el cuarto sitio del país, con una tasa de 71.1”, es decir, la salud también es su campo, pero solamente la requerida por quienes cuentan con altos ingresos económicos.
En el otro lado de la tortilla lo existente son las enormes carencias, basta recorrer los centros hospitalarios los fines de semana para darse cuenta de ellas, y si eso ocurre en zonas urbanas, y no cualquiera, estamos hablando de la capital de Chihuahua, una de las urbes consideradas como de mejor calidad de vida, imaginémonos lo que ocurre con la cobertura universal en las entidades con menores índices de bienestar.
Y es que no basta con la simple declaratoria de la cobertura total en cualquier materia, es necesario que se acompañe del resto de los recursos económicos, administrativos y humanos necesarios para que sea real tal aspiración; de lo contrario, como ocurre en esta materia, son declaraciones demagógicas que juegan con la vida de las personas y que no guardan concordancia con las largas filas de derechohabientes, sean del ISSSTE o del IMSS, esperando la dotación de medicinas, sólo para que les digan, con mucha frecuencia, no hay, no hay, no hay. Como si las medicinas fueran azúcar, frijoles, o cualquier otra mercancía que se puede prescindir temporalmente de ella.
¡Ah, pero qué bonito se oye decir, ya alcanzamos la cobertura universal
Luis Javier Valero Flores
Así lo dijo Felipe Calderón el viernes anterior: “Hoy estamos convirtiendo muchos de esos derechos en realidad: el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación… Hoy, quiero anunciar que este mismo año, 2011, alcanzaremos la cobertura universal de salud, que es un logro singular al que aspiran todas las naciones y que pocas lo han conseguido”.
Es decir, en voz de Calderón México será una de las muy pocas naciones que habrá otorgado al total de su población tan ansiada prestación social. Estaremos, y no están ustedes para dudar, en niveles semejantes a Suecia, Noruega, Dinamarca, Inglaterra, Alemania y otras naciones de esos rangos, y por encima de Estados Unidos, Italia, España, Australia y quizá, de Suiza, Francia.
N’ombre, ora sí que entramos de lleno al primer mundo, estaba loco Salinas de Gortari cuando nos anunció que ya éramos de la élite mundial, ora sí, con el gobierno del PAN, sí que somos de los meros, meros.
Días atrás, en el curso de la más reciente de sus visitas a Chihuahua, se había ufanado de haber logrado, en concordancia con el gobierno estatal, la cobertura universal en materia de salud, al lograr que todos los chihuahuenses estuviesen amparados por algún sistema de atención medica, a partir de su incorporación al Seguro Popular.
Si estas noticias coincidieran con la realidad deberíamos tocar las fanfarrias. Como en el resto de lo informado por Calderón, no es cierto.
Tomemos como referencia lo acaecido en nuestra entidad. Puede llevarnos a imaginarnos la verdad acerca de la situación en materia de salud y aportarnos elementos para dudar de los verdaderos avances ocurridos en el país a lo largo del actual sexenio. Días atrás El Diario publicó una noticia estremecedora. Los recursos médicos son insuficientes para atender a la población inscrita en alguna de las instituciones públicas de salud en la capital del estado.
Resulta que Chihuahua ocupa el lugar 30 de 32 entidades, en cuanto al número de médicos por cada mil habitantes en instituciones públicas; y el sitio 23 en lo referente a unidades de consulta externa. (Nota de Luis Alonso Fierro, El Diario-Chihuahua, 1/IX/11)
“De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, en la capital hay 664 mil personas con derecho a algún servicio médico público, ya sea IMSS, ISSSTE, Pensiones, Seguro Popular u otros; pero sólo se cuenta con mil 100 médicos para atenderlas”. (Ibídem).
En la práctica cada médico debería atender a poco menos de 660 personas, pero con las mismas instalaciones medicas, con el mismo equipo y, además, a distancias mayores de sus domicilios para la mayoría de los derechohabientes.
No es el único aspecto preocupante, tales carencias abarcan al sector privado pues en esta materia Chihuahua ocupa el último lugar nacional en hospitales de especialidades privados, “de acuerdo con el Inegi en la Perspectiva Estadística junio 2011… superado incluso por estados con importantes carencias sociales como Chiapas, Oaxaca o Guerrero”.
Y la tendencia de una parte de la iniciativa privada chihuahuense, de los últimos años, la de incorporar la atención médica a sus negocios, se aprecia en los indicadores. “En el número de especialistas por cada mil habitantes, las instituciones públicas se ubican en el sitio 28 nacional, con una tasa de apenas 0.5; mientras que en los servicios privados se alcanza el cuarto sitio del país, con una tasa de 71.1”, es decir, la salud también es su campo, pero solamente la requerida por quienes cuentan con altos ingresos económicos.
En el otro lado de la tortilla lo existente son las enormes carencias, basta recorrer los centros hospitalarios los fines de semana para darse cuenta de ellas, y si eso ocurre en zonas urbanas, y no cualquiera, estamos hablando de la capital de Chihuahua, una de las urbes consideradas como de mejor calidad de vida, imaginémonos lo que ocurre con la cobertura universal en las entidades con menores índices de bienestar.
Y es que no basta con la simple declaratoria de la cobertura total en cualquier materia, es necesario que se acompañe del resto de los recursos económicos, administrativos y humanos necesarios para que sea real tal aspiración; de lo contrario, como ocurre en esta materia, son declaraciones demagógicas que juegan con la vida de las personas y que no guardan concordancia con las largas filas de derechohabientes, sean del ISSSTE o del IMSS, esperando la dotación de medicinas, sólo para que les digan, con mucha frecuencia, no hay, no hay, no hay. Como si las medicinas fueran azúcar, frijoles, o cualquier otra mercancía que se puede prescindir temporalmente de ella.
¡Ah, pero qué bonito se oye decir, ya alcanzamos la cobertura universal
domingo, 4 de septiembre de 2011
Desastre, fracaso total
El Diario, 4 de septiembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
Esperar que en el último informe –para fines prácticos– Felipe Calderón hiciese una reflexión, a fin de modificar una buena parte de sus políticas de gobierno, era un sueño. Parece pesadilla. Una vez superado el trámite burocrático de entregar el texto del informe y los anexos estadísticos, como prácticamente hacen todos los titulares del Poder Ejecutivo, estatales, municipales y el federal, Felipe Calderón se rodeó de la clase política, de la élite empresarial y de una buena parte de los suyos para hacer un largo, muy largo autoelogio, y a su administración.
No pudo evitar –nadie lo puede hacer– el tema de la inseguridad y a este aspecto de la vida nacional le dedicó la mayor parte de su discurso. Como en todos los temas, a pesar de reconocer fallas, y de adjudicarles a los otros una buena parte de las responsabilidades, finalmente, dijo que estaba en la senda correcta para afrontar tan serio reto para su administración.
A lo largo del documento hay un eje central: Todo se ha mejorado en el país.
Miente.
No solamente lo dicen los ciudadanos en la calle –así lo muestran, una y otra vez todas las encuestas, en las que sale permanentemente con bajas calificaciones– también los especialistas en distintas ramas de la economía o de la vida social… y los anexos estadísticos entregados por su administración al Congreso de la Unión.
Vamos, ni siquiera en el tema de seguridad pública sale bien librado. Tercamente insiste en mantener la actual estrategia (si es que hay alguna) y en apostarle a usar a las fuerzas armadas preferentemente en tal tarea para hacerle frente a los delincuentes, “hay que enfrentarlos con toda la fuerza del Estado y con lo mejor que tenemos, que son nuestras Fuerzas Armadas, que son nuestras instituciones Federales, que son las fuerzas públicas reintegradas en muchos estados de la República”.
Y lanzó su propio reto: “Mi compromiso es concluir el sexenio con instituciones Federales de seguridad y procuración de justicia renovadas, confiables y conformadas por elementos honestos y bien capacitados”.
A la vista de los resultados se antoja que, ni en éste que es su principal frente, y a pesar de haber sometido al país a una cruenta y dolorosa experiencia, la de lanzar a las calles a las fuerzas armadas, hay noticias esperanzadoras, el fracaso es absoluto.
De acuerdo con los indicadores del Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012, la PGR obtiene solamente el 12% de sentencias condenatorias sobre los detenidos involucrados en delitos relacionados con el narcotráfico, índice menor al obtenido por el gobierno de Vicente Fox, que en 2006 lograba 13.9% y que, incluso frente al año anterior, es menor pues en 2010 se alcanzó el 13.7%. (Nota de Gustavo Castillo García, La Jornada, 3/IX/11).
No es el único índice negativo. “La efectividad en la erradicación de cultivos ilícitos de mariguana y amapola disminuyó 46 por ciento, y la detención de presuntos responsables de delitos relacionados con el tráfico de drogas cayó 58.16 por ciento”. (Ibídem).
El desastre es total, a pesar de los miles de elementos militares y policiacos lanzados a las calles y de las sumas multimillonarias para sostener la “guerra” de Calderón, el decomiso de armas a grupos criminales descendió 33.5 por ciento y el de vehículos 34.5, “de acuerdo con datos del quinto Informe de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa”.
Son de escándalo. En 2011 se destruyeron 11 mil 100 hectáreas menos sembradas de mariguana en relación al año anterior cuando la cifra fue de 18 mil 600 y, en este, 7 mil 500 hectáreas de ese cultivo. Igual sucedió con las plantas de amapola. En 2010 se destruyeron 15 mil 500 hectáreas y ahora 11 mil.
Declarada la guerra a los cárteles de la droga, “para que ésta no llegue a tus hijos”, resulta que en 2010 se incautaron 10 millones 410 mil unidades de dosis de mariguana y cocaína, y este año 4 millones 92 mil dosis.
Todos los renglones están a la baja. En “2010 se decomisaron 2 mil 333 toneladas de mariguana y en este año 888 toneladas; en cuanto a cocaína, en 2010 fueron 9.8 toneladas y en este año 6.3; de goma de opio en 2010 fue una tonelada 195 kilos y en 2011, 933 kilos; en heroína en 2010 se registraron 373 kilos y este año 281 kilos”.
Y pueden presentar a miles de individuos en la TV, señalados por ser de los principales “capos” pero en el ataque a la estructura de los cárteles las cifras son abrumadoramente desalentadoras: “En 2010 se reportó el decomiso de 17 millones 382 mil 106 unidades de sicotrópicos y en este año 137 mil 195 unidades”, igual sucede con el decomiso de vehículos, en 2010 fueron 18 mil 724 y en el presente año, 12 mil 266; en 2010 decomisaron 33 mil 545 armas y este año 22 mil 158 y en un índice que tanto presumen, el de las detenciones, el resultado también fue catastrófico, en 2010 detuvieron a 18 mil 522, y este año 7 mil 751 personas.
Convertido el tema de los exámenes de control de confianza a las policías y sus mandos, en una polémica y agria discusión entre el PRI y el PAN, Calderón sólo aspira a que para mayo del 2012, “todos los mandos medios y superiores, y al menos la mitad de todos los elementos operativos de las corporaciones policiacas y ministeriales, hayan aprobado las pruebas de control de confianza”.
Pero no son los únicos indicadores negativos de la actual administración. Aspirante a ser recordado como el presidente del empleo, se ufanó de la creación de “más de 800 mil empleos formales netos, es decir, ya descontadas las bajas y las renuncias. Y en lo que va de 2011, se han creado –dijo– casi medio millón de empleos formales netos más”.
La realidad es distinta.
Durante los cinco años de la actual administración, el crecimiento económico promedio es de sólo 1.5%, frente a una tasa de crecimiento poblacional de alrededor del 1.8%, demostrativo de que el país no crece en la proporción necesaria, amén del rezago acumulado, fruto de las crisis de la década anterior. Y si no hay crecimiento, la tasa de desempleo lo resiente de manera inmediata. En septiembre del 2009 se alcanzó la más alta en la historia, de 5.95% cuando antes iniciar este sexenio fue de 3.59 por ciento, aseveró la consultoría Vanguardia Investment.
Según Roberto Galván, presidente de la firma, “para lograr un millón de empleos cada año, la economía debería crecer 5 por ciento, pero en lugar de ello el número de mexicanos desocupados se incrementó en un millón en lo que va del sexenio. En 2006 el número de personas desocupadas formalmente era de 1.6 millones. Cifras recientes arrojan 2.6 millones”, (Nota de La Jornada, 3/IX/11).
Más aún, y a pesar del tono optimista de Calderón acerca del impulso ofrecido a la economía nacional por las obras públicas construidas, Galván sostuvo que el crecimiento de la industria de la construcción a lo largo del sexenio, es de menos del 1% -0.95%, “muy lejos de las tasas de 8 por ciento que se requieren para que sean compatibles con un crecimiento del PIB de 5%”. (Ibídem).
Y si no hay crecimiento económico, ni empleo, lógicamente la pobreza aumenta. Así es, contrariamente a las festivas frases de Calderón de que hay mejores condiciones de vida para la mayoría de los mexicanos, a lo largo de su sexenio 10 millones de personas ingresaron a la pobreza patrimonial, con lo que la mitad de la población ya se encuentra en tales condiciones, además, uno de cada 4 mexicanos no tiene los ingresos suficientes para adquirir la canasta básica alimentaria. Es decir, 56 millones de mexicanos son pobres, y de ellos, la mitad –23 millones de personas– son más pobres aún. Tales datos se encuentran en la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH).
Más. México ocupa el primer lugar de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en cuanto a la tasa más alta de pobreza infantil. El gasto público que el gobierno realiza por niño es mucho menor que el promedio de ese organismo: tan sólo la inversión en la primera infancia apenas llega a 39 mil 600 pesos por infante, comparado con los 274 mil 700 pesos de la OCDE.
Tal realidad no pasó por las frases presidenciales, por el contrario, Calderón afirmó que centraron sus objetivos en materia económica en mantener “en orden la economía, alinear las políticas públicas hacia la competitividad y brindar certeza jurídica a las empresas. Eso es, precisamente lo que hemos hecho”, sin pensar, para nada, en el fortalecimiento del mercado interno.
¡Ah, pero eso sí, “las reservas internacionales llegaron el día de ayer, a casi 137 mil millones de dólares, que es la cifra más alta de la historia, y que es suficiente para cubrir 2.3 veces, más del doble que el total de la deuda externa del Gobierno Federal”
No es todo, en el curso de la semana abordaremos otros aspectos del V informe de Felipe Calderón. Un desastre que, por desgracia, es tragedia nacional.
Luis Javier Valero Flores
Esperar que en el último informe –para fines prácticos– Felipe Calderón hiciese una reflexión, a fin de modificar una buena parte de sus políticas de gobierno, era un sueño. Parece pesadilla. Una vez superado el trámite burocrático de entregar el texto del informe y los anexos estadísticos, como prácticamente hacen todos los titulares del Poder Ejecutivo, estatales, municipales y el federal, Felipe Calderón se rodeó de la clase política, de la élite empresarial y de una buena parte de los suyos para hacer un largo, muy largo autoelogio, y a su administración.
No pudo evitar –nadie lo puede hacer– el tema de la inseguridad y a este aspecto de la vida nacional le dedicó la mayor parte de su discurso. Como en todos los temas, a pesar de reconocer fallas, y de adjudicarles a los otros una buena parte de las responsabilidades, finalmente, dijo que estaba en la senda correcta para afrontar tan serio reto para su administración.
A lo largo del documento hay un eje central: Todo se ha mejorado en el país.
Miente.
No solamente lo dicen los ciudadanos en la calle –así lo muestran, una y otra vez todas las encuestas, en las que sale permanentemente con bajas calificaciones– también los especialistas en distintas ramas de la economía o de la vida social… y los anexos estadísticos entregados por su administración al Congreso de la Unión.
Vamos, ni siquiera en el tema de seguridad pública sale bien librado. Tercamente insiste en mantener la actual estrategia (si es que hay alguna) y en apostarle a usar a las fuerzas armadas preferentemente en tal tarea para hacerle frente a los delincuentes, “hay que enfrentarlos con toda la fuerza del Estado y con lo mejor que tenemos, que son nuestras Fuerzas Armadas, que son nuestras instituciones Federales, que son las fuerzas públicas reintegradas en muchos estados de la República”.
Y lanzó su propio reto: “Mi compromiso es concluir el sexenio con instituciones Federales de seguridad y procuración de justicia renovadas, confiables y conformadas por elementos honestos y bien capacitados”.
A la vista de los resultados se antoja que, ni en éste que es su principal frente, y a pesar de haber sometido al país a una cruenta y dolorosa experiencia, la de lanzar a las calles a las fuerzas armadas, hay noticias esperanzadoras, el fracaso es absoluto.
De acuerdo con los indicadores del Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012, la PGR obtiene solamente el 12% de sentencias condenatorias sobre los detenidos involucrados en delitos relacionados con el narcotráfico, índice menor al obtenido por el gobierno de Vicente Fox, que en 2006 lograba 13.9% y que, incluso frente al año anterior, es menor pues en 2010 se alcanzó el 13.7%. (Nota de Gustavo Castillo García, La Jornada, 3/IX/11).
No es el único índice negativo. “La efectividad en la erradicación de cultivos ilícitos de mariguana y amapola disminuyó 46 por ciento, y la detención de presuntos responsables de delitos relacionados con el tráfico de drogas cayó 58.16 por ciento”. (Ibídem).
El desastre es total, a pesar de los miles de elementos militares y policiacos lanzados a las calles y de las sumas multimillonarias para sostener la “guerra” de Calderón, el decomiso de armas a grupos criminales descendió 33.5 por ciento y el de vehículos 34.5, “de acuerdo con datos del quinto Informe de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa”.
Son de escándalo. En 2011 se destruyeron 11 mil 100 hectáreas menos sembradas de mariguana en relación al año anterior cuando la cifra fue de 18 mil 600 y, en este, 7 mil 500 hectáreas de ese cultivo. Igual sucedió con las plantas de amapola. En 2010 se destruyeron 15 mil 500 hectáreas y ahora 11 mil.
Declarada la guerra a los cárteles de la droga, “para que ésta no llegue a tus hijos”, resulta que en 2010 se incautaron 10 millones 410 mil unidades de dosis de mariguana y cocaína, y este año 4 millones 92 mil dosis.
Todos los renglones están a la baja. En “2010 se decomisaron 2 mil 333 toneladas de mariguana y en este año 888 toneladas; en cuanto a cocaína, en 2010 fueron 9.8 toneladas y en este año 6.3; de goma de opio en 2010 fue una tonelada 195 kilos y en 2011, 933 kilos; en heroína en 2010 se registraron 373 kilos y este año 281 kilos”.
Y pueden presentar a miles de individuos en la TV, señalados por ser de los principales “capos” pero en el ataque a la estructura de los cárteles las cifras son abrumadoramente desalentadoras: “En 2010 se reportó el decomiso de 17 millones 382 mil 106 unidades de sicotrópicos y en este año 137 mil 195 unidades”, igual sucede con el decomiso de vehículos, en 2010 fueron 18 mil 724 y en el presente año, 12 mil 266; en 2010 decomisaron 33 mil 545 armas y este año 22 mil 158 y en un índice que tanto presumen, el de las detenciones, el resultado también fue catastrófico, en 2010 detuvieron a 18 mil 522, y este año 7 mil 751 personas.
Convertido el tema de los exámenes de control de confianza a las policías y sus mandos, en una polémica y agria discusión entre el PRI y el PAN, Calderón sólo aspira a que para mayo del 2012, “todos los mandos medios y superiores, y al menos la mitad de todos los elementos operativos de las corporaciones policiacas y ministeriales, hayan aprobado las pruebas de control de confianza”.
Pero no son los únicos indicadores negativos de la actual administración. Aspirante a ser recordado como el presidente del empleo, se ufanó de la creación de “más de 800 mil empleos formales netos, es decir, ya descontadas las bajas y las renuncias. Y en lo que va de 2011, se han creado –dijo– casi medio millón de empleos formales netos más”.
La realidad es distinta.
Durante los cinco años de la actual administración, el crecimiento económico promedio es de sólo 1.5%, frente a una tasa de crecimiento poblacional de alrededor del 1.8%, demostrativo de que el país no crece en la proporción necesaria, amén del rezago acumulado, fruto de las crisis de la década anterior. Y si no hay crecimiento, la tasa de desempleo lo resiente de manera inmediata. En septiembre del 2009 se alcanzó la más alta en la historia, de 5.95% cuando antes iniciar este sexenio fue de 3.59 por ciento, aseveró la consultoría Vanguardia Investment.
Según Roberto Galván, presidente de la firma, “para lograr un millón de empleos cada año, la economía debería crecer 5 por ciento, pero en lugar de ello el número de mexicanos desocupados se incrementó en un millón en lo que va del sexenio. En 2006 el número de personas desocupadas formalmente era de 1.6 millones. Cifras recientes arrojan 2.6 millones”, (Nota de La Jornada, 3/IX/11).
Más aún, y a pesar del tono optimista de Calderón acerca del impulso ofrecido a la economía nacional por las obras públicas construidas, Galván sostuvo que el crecimiento de la industria de la construcción a lo largo del sexenio, es de menos del 1% -0.95%, “muy lejos de las tasas de 8 por ciento que se requieren para que sean compatibles con un crecimiento del PIB de 5%”. (Ibídem).
Y si no hay crecimiento económico, ni empleo, lógicamente la pobreza aumenta. Así es, contrariamente a las festivas frases de Calderón de que hay mejores condiciones de vida para la mayoría de los mexicanos, a lo largo de su sexenio 10 millones de personas ingresaron a la pobreza patrimonial, con lo que la mitad de la población ya se encuentra en tales condiciones, además, uno de cada 4 mexicanos no tiene los ingresos suficientes para adquirir la canasta básica alimentaria. Es decir, 56 millones de mexicanos son pobres, y de ellos, la mitad –23 millones de personas– son más pobres aún. Tales datos se encuentran en la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH).
Más. México ocupa el primer lugar de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en cuanto a la tasa más alta de pobreza infantil. El gasto público que el gobierno realiza por niño es mucho menor que el promedio de ese organismo: tan sólo la inversión en la primera infancia apenas llega a 39 mil 600 pesos por infante, comparado con los 274 mil 700 pesos de la OCDE.
Tal realidad no pasó por las frases presidenciales, por el contrario, Calderón afirmó que centraron sus objetivos en materia económica en mantener “en orden la economía, alinear las políticas públicas hacia la competitividad y brindar certeza jurídica a las empresas. Eso es, precisamente lo que hemos hecho”, sin pensar, para nada, en el fortalecimiento del mercado interno.
¡Ah, pero eso sí, “las reservas internacionales llegaron el día de ayer, a casi 137 mil millones de dólares, que es la cifra más alta de la historia, y que es suficiente para cubrir 2.3 veces, más del doble que el total de la deuda externa del Gobierno Federal”
No es todo, en el curso de la semana abordaremos otros aspectos del V informe de Felipe Calderón. Un desastre que, por desgracia, es tragedia nacional.
jueves, 1 de septiembre de 2011
Cerrar los casinos
El Diario, 1 de septiembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
Desafortunadamente, como siempre, cada que ocurre una desgracia aparecen los factores causantes, o los coadyuvantes que la tornan aún más lamentable. El incendio del Casino Royale ha destapado una inmensa cloaca. Lo peor es que no es exclusiva de la Sultana del Norte.
Y para enfrentarla, como si no existieran otras medidas, como si cada tragedia como la mencionada fuera motivo para aplicar la misma receta, ya patrullan las calles de Monterrey miles de soldados y policías federales para asegurarse de que el mundo entero es testigo de la preocupación del Gobierno federal por la seguridad de los regiomontanos, aunque para ello hayan decidido movilizar a más de 300 polifederales de Juárez.
Así, se han lanzado tropas de federales y soldados contra los sicarios del casino, como si esos elementos fueran los necesarios para enfrentar una auténtica y gigantesca cloaca nacional, la de los casinos, que para acabarla no es necesario movilizar un solo elemento militar o policiaco, basta con investigar a los jueces, magistrados, alcaldes, secretarios y funcionarios de la Secretaría de Gobernación, basta con derogar los permisos de los casinos e iniciar el camino de la investigación del lavado de dinero y extender órdenes de aprehensión contra los responsables de los ilícitos, y no, como en el caso de los acusados de Monterrey, órdenes de arraigo. Pero no solamente en ese aspecto destila pus este tema, el cruce de datos, de nombres y de fechas arroja cosas nada alentadoras para la sociedad en su conjunto y deja muy mal parados a algunos apellidos ilustres del panismo nacional, entre ellos destacadamente a uno de ellos que pretende convertirse nuevamente en candidato presidencial, y al dirigente nacional de su partido.
¿A quién se le ocurrió que en México, paso obligado de la cocaína, entrada perfecta de esta droga y de otras a Estados Unidos, podía manejarse adecuadamente el funcionamiento de los casinos?
Y es que nuestras autoridades, intencional o involuntariamente, dejan de lado, permanentemente, la investigación y la prevención del lavado de dinero. Era imposible deducir, al momento de aprobar la apertura de casinos, que se convertirían en uno de los mejores lugares para esta actividad –y si no lo creen, pregúntenle a Jonás Larrazábal, el hermano más que incómodo del alcalde de Monterrey– y fuente de infinidad de conflictos, de disputas de los cárteles de las drogas, así como una actividad preferente para los extorsionadores.
Además, y es un asunto que no puede pasarse de lado, los casinos están convertidos en una de las principales fuentes de adicciones –no solamente la del juego, de por sí extremadamente dañina– y que no ha concitado el reclamo de las “buenas conciencias”, exigiendo su inmediato cierre, ¡ah, es que es una de las distracciones de las, sobre todo, mujeres de capas medias altas y altas y, por tanto, ni modo de ofender de esa manera a sector social tan influyente
La corrupción es aplastante. Los gobiernos federales emanados del PAN están en la picota en este tema. Legalizaron el juego y en el curso de una década propiciaron el crecimiento desbocado de las casas de apuestas que pasaron de 122 a 550. En septiembre de 2004 Vicente Fox emitió el decreto de Reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos, promovido por el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel (nota de Proceso 1816, 28/VIII/11).
El contraste es apabullante. De 1973 a 2000 se concedieron 16 permisos que permitían establecer 301 centros de apuestas, aunque sólo operaban 122. El secretario de Gobernación Creel otorgó siete permisos para que se establecieran en el país 198 establecimientos; el 17 de marzo de ese año autorizó cinco más y el 29 de abril, en un solo día, avaló 193. No es todo, en esa política de propiciar el establecimiento de casinos, los funcionarios federales panistas no están solos, en el curso de 7 años –de 2004 a la fecha– jueces y magistrados, todos del ámbito federal, han concedido 6 mil recursos de protección a casinos.
¡Ah, pero Calderón, rapidito, muy rapidito se fue a montar una guardia de honor frente al casino Así que no se trata, solamente, de revisar que los casinos cuenten con las adecuadas medidas de seguridad, o con todos los permisos necesarios, requisitos que deben cumplir, sino aplicar una política, en todos los órdenes de gobierno, que lleve al cierre de estos negocios, auténticas máquinas de lavado y fuente de otras muy nocivas prácticas sociales.
Luis Javier Valero Flores
Desafortunadamente, como siempre, cada que ocurre una desgracia aparecen los factores causantes, o los coadyuvantes que la tornan aún más lamentable. El incendio del Casino Royale ha destapado una inmensa cloaca. Lo peor es que no es exclusiva de la Sultana del Norte.
Y para enfrentarla, como si no existieran otras medidas, como si cada tragedia como la mencionada fuera motivo para aplicar la misma receta, ya patrullan las calles de Monterrey miles de soldados y policías federales para asegurarse de que el mundo entero es testigo de la preocupación del Gobierno federal por la seguridad de los regiomontanos, aunque para ello hayan decidido movilizar a más de 300 polifederales de Juárez.
Así, se han lanzado tropas de federales y soldados contra los sicarios del casino, como si esos elementos fueran los necesarios para enfrentar una auténtica y gigantesca cloaca nacional, la de los casinos, que para acabarla no es necesario movilizar un solo elemento militar o policiaco, basta con investigar a los jueces, magistrados, alcaldes, secretarios y funcionarios de la Secretaría de Gobernación, basta con derogar los permisos de los casinos e iniciar el camino de la investigación del lavado de dinero y extender órdenes de aprehensión contra los responsables de los ilícitos, y no, como en el caso de los acusados de Monterrey, órdenes de arraigo. Pero no solamente en ese aspecto destila pus este tema, el cruce de datos, de nombres y de fechas arroja cosas nada alentadoras para la sociedad en su conjunto y deja muy mal parados a algunos apellidos ilustres del panismo nacional, entre ellos destacadamente a uno de ellos que pretende convertirse nuevamente en candidato presidencial, y al dirigente nacional de su partido.
¿A quién se le ocurrió que en México, paso obligado de la cocaína, entrada perfecta de esta droga y de otras a Estados Unidos, podía manejarse adecuadamente el funcionamiento de los casinos?
Y es que nuestras autoridades, intencional o involuntariamente, dejan de lado, permanentemente, la investigación y la prevención del lavado de dinero. Era imposible deducir, al momento de aprobar la apertura de casinos, que se convertirían en uno de los mejores lugares para esta actividad –y si no lo creen, pregúntenle a Jonás Larrazábal, el hermano más que incómodo del alcalde de Monterrey– y fuente de infinidad de conflictos, de disputas de los cárteles de las drogas, así como una actividad preferente para los extorsionadores.
Además, y es un asunto que no puede pasarse de lado, los casinos están convertidos en una de las principales fuentes de adicciones –no solamente la del juego, de por sí extremadamente dañina– y que no ha concitado el reclamo de las “buenas conciencias”, exigiendo su inmediato cierre, ¡ah, es que es una de las distracciones de las, sobre todo, mujeres de capas medias altas y altas y, por tanto, ni modo de ofender de esa manera a sector social tan influyente
La corrupción es aplastante. Los gobiernos federales emanados del PAN están en la picota en este tema. Legalizaron el juego y en el curso de una década propiciaron el crecimiento desbocado de las casas de apuestas que pasaron de 122 a 550. En septiembre de 2004 Vicente Fox emitió el decreto de Reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos, promovido por el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel (nota de Proceso 1816, 28/VIII/11).
El contraste es apabullante. De 1973 a 2000 se concedieron 16 permisos que permitían establecer 301 centros de apuestas, aunque sólo operaban 122. El secretario de Gobernación Creel otorgó siete permisos para que se establecieran en el país 198 establecimientos; el 17 de marzo de ese año autorizó cinco más y el 29 de abril, en un solo día, avaló 193. No es todo, en esa política de propiciar el establecimiento de casinos, los funcionarios federales panistas no están solos, en el curso de 7 años –de 2004 a la fecha– jueces y magistrados, todos del ámbito federal, han concedido 6 mil recursos de protección a casinos.
¡Ah, pero Calderón, rapidito, muy rapidito se fue a montar una guardia de honor frente al casino Así que no se trata, solamente, de revisar que los casinos cuenten con las adecuadas medidas de seguridad, o con todos los permisos necesarios, requisitos que deben cumplir, sino aplicar una política, en todos los órdenes de gobierno, que lleve al cierre de estos negocios, auténticas máquinas de lavado y fuente de otras muy nocivas prácticas sociales.
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