Activistas “orgánicos”

El Diario, 30 de junio de 2019

Luis Javier Valero Flores

El título de la presente entrega es una evocación de aquella discusión, entre los distintos grupos de intelectuales que, a fines de los 80’s, se disputaban los favores del todopoderoso presidente Carlos Salinas de Gortari.

Como resultado de ello se ganaron el mote de “intelectuales orgánicos”. 

No eran los primeros que incursionaban en tan lucrativa actividad, en la que lisonjeaban a más no poder al mandatario.

Javier Corral buscó, y obtuvo, el apoyo de un grupo de activistas y dirigentes de la izquierda chihuahuense, tanto la partidaria, como la social, para las elecciones del 2016. 

Apoyarlo, en su momento, parecía lo políticamente correcto, era la época en la que el duartismo ahogaba la vida pública y la candidatura de Enrique Serrano parecía la plena continuidad del ballezano. 

Acumular fuerzas para evitarlo era indispensable.

Hasta la mayor parte del entonces electorado de Morena lo entendió así. El 2% votó por su candidato, Javier Félix, pero los candidatos a diputados y alcaldes morenistas alcanzaron el 10% de la votación.

En ese contexto, que activistas como Lucha Castro, Alma Gómez y Gabino Gómez accedieran a puestos de poder en el gobierno del nuevo amanecer parecía lógico. Igual que otros dirigentes políticos, destacadamente Víctor Quintana, cuya abrupta salida de Morena y la cruel denostación que le hiciera el mismísimo Andrés Manuel López Obrador fueron de los hechos más lamentables de aquella campaña.

Lo esperable de esa participación es que el nuevo gobierno se imbuyera de las concepciones de tales dirigentes y que la actuación de ellos contribuyera al fortalecimiento de las instituciones democráticas de la entidad; que su desempeño permitiera el desarrollo de una política social de alcances verdaderamente transformadores.

Pero lo realizado por quienes fueron los principales dirigentes de El Barzón-Chihuahua y de las decenas de miles de deudores caídos en cartera vencida, Lucha Castro y Gabino Gómez, es una lamentable y enorme decepción para muchos chihuahuenses.

No son responsables únicos, por supuesto, de los hechos que comentaremos a continuación, pero son, sin duda alguna, parte del equipo gobernante y son copartícipes de las políticas públicas y de muchas de las posturas del gobierno de Javier Corral.

Y si no las compartieron, callaron, callaron, callaron…

Hoy están en medio de otro escándalo judicial. 

Una jueza ha decidido otorgar un amparo mediante el cual debiera anularse la designación de 56 jueces, debido a una serie de irregularidades cometidas por los encargados de elaborar las bases del proceso, de su calificación y de su evaluación, tareas que están asignadas a la consejera -del Consejo de la Judicatura- Lucha Castro, quien a la postre puede ser señalada de ser la autora de la comisión de varias irregularidades denunciadas por el también integrante de ese Consejo, Joaquín Sotelo.

Castro, en acuerdo con Corral, pretendió designar a su antojo a esa cantidad de jueces. Para ello, rompió todas las reglas establecidas.

A su vez, Gabino Gómez, sin participar en el gobierno, se convirtió en algo así como el encargado de los movimientos sociales. 

Alcanzó su clímax en la “Caravana por la dignidad”, movilización en la que fue el jefe operativo.

Pero quizá una frase suya, en respuesta a los periodistas, es lo más representativo de su actuación pública en este tramo del actual gobierno. 

Interrogado acerca de si la administración de Javier Corral estaba haciendo su trabajo para erradicar el feminicidio, secamente contestó: “Habría que preguntarle a él, aquí no estamos en un foro para determinar o no si hay trabajos ideales”. (Nota de La Opción, 24/VI/19).

Lejos de los días en que lidereaba las protestas por los feminicidios que ocurrían en Chihuahua, cuestionando severamente a los gobernantes, el dirigente del Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM, organización fundada fundamentalmente por Lucha Castro) agregó que “cuando tenemos que levantar la voz, lo hemos hecho permanentemente, los gobiernos van y vienen”, pero no fue capaz de exponer una postura ante el agravamiento de los feminicidios en el actual gobierno, que nos ha llevado, en el año 2018, a ocupar el quinto lugar nacional de feminicidios y en la cifra oficial de mujeres desaparecidas, tercer lugar, en tasa proporcional, según informó en el mismo evento, Ruth Fierro, coordinadora de CEDEHM. (Ibídem).

Pero si en estos aspectos, quienes accedieron al gobierno con Corral procedentes del activismo social, han arriado las banderas -lo cual, sin duda, es muy malo- lo efectuado por Lucha Castro es inconmensurable.

Probablemente ninguno de los dirigentes del vastísimo movimiento de deudores de los 90’s llegó, siquiera, a soñar que uno de ellos llegaría a tan elevado puesto en el Poder Judicial de modo tal que le permitiese incidir en la correcta aplicación y administración de la justicia. Castro llegó ahí y lo realizado es radicalmente contrario a lo que el movimiento, del cual formó parte fundamental, concibió.

La jueza de distrito, Matilde del Carmen Gonzalez Barboza, que ya había ordenado la restitución de los jueces provisionales, removidos ilegalmente, “consideró que hubo violaciones a las condiciones de equidad, que hacen ilegítimo el procedimiento utilizado por el Consejo de la Judicatura del Estado de Chihuahua… La valoración no fue objetiva, lo que violentó los términos de la convocatoria…”. (Nota de Blanca Elizabeth Carmona, El Diario de Juárez, 26/VI/19).

Más. El proceso generó incertidumbre con respecto a la idoneidad de los ganadores “y con ello pone en riesgo a la sociedad porque no se respeta el principio de seguridad jurídica”, asienta la juzgadora. (Nota de la Redacción, 25/VI/19).

Y le ordena al Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chihuahua declarar nulo el proceso de designación del total de las plazas concursadas pues consideró que el Consejo de la Judicatura hizo una valoración indebida de un examen práctico, pues “cada aspirante fue revisado por un solo evaluador y no por un órgano colegiado…”. (Ibídem).

Por supuesto que es el primer episodio de este proceso y que el Poder Judicial del Estado aún tiene la posibilidad legal de impugnarlo, pero en la semana corrió, muy fuerte, el rumor que en reuniones previas de los magistrados había una tendencia muy marcada, especialmente de los de materia penal, de no inconformarse ante el amparo pues había la percepción que se perdería en todas las instancias.

Todo por la ambición del grupo gobernante de controlar, así fuera por los peores mecanismos, el Poder Judicial.

Hoy están en medio de una las peores catástrofes que el Poder Judicial de Chihuahua haya sufrido jamás, en lo que es una plena continuidad del episodio en el que la Suprema Corte de Justicia destituyó -por primera vez en la historia del México independiente- al presidente de un Tribunal Estatal.

Estamos a punto de que un gran número de juzgadores sean destituidos a causa de la decisión de un grupo de gobernantes que creyeron ser emisarios del futuro y resultó ser que están anclados en el viejo México de los 40’s, el de los cacicazgos regionales que tanto sufrimiento produjeron a lo largo de décadas, cobijados en el no menos viejo partido del régimen, el PRI, pero que ahora regresaron a Chihuahua -nunca se fueron estas prácticas- revestidos de un “Nuevo amanecer”, cobijados por quienes enarbolaron cuanta causa social se erigía en Chihuahua y hoy, ante el agravamiento de los feminicidios, apenas atinan a contestar, tibiamente, “pregúntenle a Corral”.

Ahora se entiende su ominoso silencio ante las represiones desatadas en contra de los manifestantes del “gasolinazo” y los de las casetas; en distintos momentos de la actual administración.

Son los “activistas orgánicos”.

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¡Plebiscitos, van!

El Diario, 27 de junio de 2019

Luis Javier Valero Flores

¿En realidad se trata de una estratagema del gobernador Javier Corral para incidir en la disminución de las preferencias por los alcaldes de Chihuahua y Juárez, Maru Campos y Armando Cabada?

De las respuestas vertidas en los pocos días posteriores a la resolución del Instituto Estatal Electoral, sorprenden las de los dirigentes empresariales y las del alcalde juarense, Armando Cabada. 

Se oponen al plebiscito.

El rechazo de los dirigentes empresariales los devela escandalosamente. En especial al dirigente de Coparmex Chihuahua, Federico Baeza, quien adujo que “Es un tema donde hay mucha infraestructura, conocimiento técnico, financiero y matemático, que la ciudadanía no tendría la capacidad de entender…”. (Nota de la Redacción, El Diario de Chihuahua, 25/VI/19).

¡Qué lógica!

La sorpresa no es sólo por el pronunciamiento, sino por el organismo que preside, que se había distinguido en las etapas previas por ser un férreo promotor de este tipo de procedimientos democráticos.

Del mismo modo se pronunció el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en la ciudad de Chihuahua, Francisco Santini, quien “consideró que dispensar recursos para la consulta ciudadana resulta ocioso, y no beneficiará a las instituciones, organizaciones civiles involucradas ni a la ciudadanía”. (Ibídem).

Cosa contraria ocurrió con el equipo gobernante del municipio de Chihuahua. El Secretario, César Jáuregui, expresó la que puede ser la más correcta de las posturas. En lugar de oponerse al plebiscito, lo aplaudió. 

Hacen bien, salen ganando. Si el plebiscito llegase a celebrarse, en cualquiera de los dos escenarios, políticamente saldrían ganando quienes gobiernan la capital del estado: Si gana el “No” al proyecto de “Iluminemos Chihuahua”, entonces Maru Campos podrá decir que se atiene a la decisión de la gente, y si por el contrario, ganase el “Sí”, entonces su proyecto saldría legitimado. 

Ganan en cualquier escenario.

De ahí que no se entienda la postura del grupo gobernante en Juárez, que le apostó al litigio, al anunciar que impugnarán la decisión del organismo electoral.

Por si fuera poco, cometieron -aparentemente- una enorme equivocación jurídica pues aducen que la presentación de la solicitud realizada ante el IEE debió ser acompañada por la firma de más de 5 mil ciudadanos.

No, la recaudación de las firmas es en un segundo momento (por ello el plazo de 90 días para que las recaben), cuando ya el órgano electoral determinó que los solicitantes tenían derecho a hacer la solicitud por lo que les autorizó a recabar las firmas necesarias, que demuestren la simpatía de otros ciudadanos y que, por tanto, demuestren que la consulta es justificada, no sólo desde el punto de vista “técnico” del IEE, sino desde el de una parte de la sociedad y que, por ese motivo, se pretende que sea la totalidad de ésta la que se exprese acerca del diferendo.

Otros son los problemas de los plebiscitos aprobados: Las reglas de operación, los espacios en medios de comunicación para la difusión de las posturas y, sobre todo, de las preguntas, etc.

Y el principal de los problemas será el texto de las preguntas. Carecen de claridad. 

Estas son.

Juárez:

“¿Debe mantenerse la autorización del Proyecto de Alumbrado Público “JUÁREZ ILUMINADO” aprobado el siete de mayo de dos mil diecinueve por el Ayuntamiento de Juárez?”.

Chihuahua:

“¿Estás a favor del acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Chihuahua el 26 de abril del 2019, denominado “Iluminamos Chihuahua” que autoriza concesionar la prestación del Servicio de Alumbrado Público del Municipio de Chihuahua por un máximo de 15 años?”.

¿Porqué no expresaron -en ambas preguntas- del mismo modo, la preocupación de la gente? 

¿Por qué no plasmar simplemente?: “¿Debe aprobarse el proyecto de alumbrado que será pagado en el curso de x años?”, o “¿que será pagado con la concesión del alumbrado por un máximo de 15 años?”.

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La imagen de Corral es lo importante

El Diario, 23 de junio de 2019

Luis Javier Valero Flores

De a poco se van construyendo conductas que se van constituyendo en “normales” en el ejercicio del poder público. Sólo cuando aumentan notoriamente las cantidades gastadas en determinados rubros se encienden las luces de alarma en la sociedad.

Tal cosa ocurre con los gastos de la publicidad gubernamental, en la que, con mucha frecuencia, se la analiza bajo el enfoque de cuando la preeminencia de los medios de comunicación abarcaba, solamente, además de la radio y la Tv, a los medios impresos.

La irrupción de las diversas plataformas en internet, que han dado origen a lo que genéricamente hemos denominado “redes sociales”, orillaría a evaluar con otros instrumentos y otra óptica lo que los gobernantes gastan en la publicidad oficial.

Algo de eso es lo aparecido en una investigación periodística. 

Resultó que el gobernador Javier Corral gastó 5 veces más en su imagen que lo presupuestado originalmente, debido a que el gasto fue más allá de lo contenido en el rubro de Comunicación Social.

Tal desproporción la aportó fundamentalmente el Presupuesto de Relaciones Públicas que pasó de 9 a más de 50 mdp en dos años. Esa dependencia tiene sólo dos objetivos: “fortalecer la imagen del Ejecutivo con la sociedad civil” y el “fortalecimiento de las relaciones con la ciudadanía y las organizaciones”. (Nota de Javier Olmos, El Diario de Juárez, 18 Junio 2019).

Expositor, casi hasta la saciedad, de un discurso de “restricción absoluta” en materia de publicidad oficial, aplicada por la Coordinación de Comunicación Social -que pasó de 9 millones en 2017, a 49.6 en 2018 y a 50.7 en 2019-, la realidad es que el gasto de la difusión de las actividades gubernamentales, y especialmente las del gobernador Corral, va mucho más allá, lo que contradice estruendosamente el discurso del mandatario, centrado, desde el inicio de su gobierno, en criticar acremente a los medios de comunicación, a los que acusó de postrarse ante el ex gobernador César Duarte, gracias al reparto de inmensas cantidades, cosa que ocurrió con numerosos medios de comunicación, tanto locales, como los de la Cd. de México.

Corral acusó a Duarte de ejercer el presupuesto de Comunicación Social de manera totalmente discrecional para fortalecer la imagen del ballezano, en el afán de éste por colocarse en la administración federal.

Bueno, pues las noticias son de que, al igual que en otros aspectos del gobierno de Javier Corral, la incongruencia es el signo relevante.

En ello juega un papel relevante la Coordinación de Relaciones Públicas del Gobierno del Estado que “con una plantilla de 26 empleados que le absorben anualmente 7 millones 514 mil 237 pesos en remuneraciones”, es la “unidad de apoyo que fortalece la imagen institucional del titular del Ejecutivo, promoviendo una mayor vinculación con la sociedad civil, organismos y entidades, así como los distintos sectores con los que interactúa para lograr los objetivos de Gobierno del Estado”. (Ibídem).

¡Ahí se disparó el gasto en 441%!

“La Coordinación de Relaciones Públicas tiene dos funciones principales en el aparato burocrático: fortalecer la imagen del Poder Ejecutivo frente a los habitantes y unir las relaciones entre la ciudadanía y las organizaciones. Para lograrlo, el presupuesto de la dependencia pasó de 9 a 50 millones de pesos en dos años.

En 2017, el primer año completo de Gobierno de Corral, se asignó a la coordinación un presupuesto de 9 millones 367 mil 483 pesos, cifra que para 2018 subió a 49 millones 654 mil 462 pesos, mientras que para este 2019 fueron 50 millones 692 mil 630 pesos”.

Además de “ser la unidad que garantiza la planeación y operación eficaz de las decisiones que el titular del Ejecutivo requiera tomar en materia de relaciones públicas, análisis y fortalecimiento de la imagen y vinculación institucional, a través de líneas de acción planeadas estratégicamente”.

En términos llanos, significa que es la dependencia encargada, incluido su gasto, de fortalecer la imagen del titular del Poder Ejecutivo en Chihuahua.

¡Vóytelas!

¿Y todas las regulaciones encaminadas a evitar el uso de los recursos públicos en la promoción de la figura e imagen de los gobernantes?

¿Recuerdan el gasto de la caravana, emplazada, según su promovente, para presionar al gobierno de Peña Nieto a que detuviera a César Duarte?

Promoción pura del gobernante chihuahuense.

Peor. 

En el quinquenio de la transparencia “de la nueva amanecida” la opacidad es la reina: “Aunque el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua la obliga (A la Coordinación de Relaciones Públicas) a rendir cuentas del desempeño de sus objetivos institucionales, al cierre del año pasado la dependencia estatal ni siquiera actualizaba los avances de trabajo logrados. Ese reporte indica que debió elaborar mil 300 eventos, pero al finalizar el cuarto trimestre del 2018 el informe permanecía en ceros…”. (Ibídem).

Más. De acuerdo con una investigación periodística, los “Gastos en imagen del gobernador Javier Corral (por el gasto en Relaciones Públicas), compra de espacios para publicidad oficial sin licitaciones públicas y viajes en aeronaves privadas, entre otros, han representado un gasto de 452.5 millones de pesos del erario estatal durante la actual administración”. (Nota de Miguel Chavarría, El Diario de Chihuahua, 21 de Junio 2019).

De esa cantidad, la Coordinación de Comunicación Social ha “gastado 291.8 millones de pesos en publicidad oficial y otros servicios por medio de contratos firmados por adjudicación directa”. (Ibídem).

Si bien habría que diferenciar el gasto empleado en la publicidad oficial en los medios de comunicación, de lo gastado en otras áreas relacionadas, no con los medios, sino con la difusión de la imagen del gobierno del estado, o del gobernador, como podría ser el ejercido para la creación, diseño y publicación del semanario -hoy desaparecido como medio impreso- “Cambio 16”, en el que, necesariamente, debieron licitar los servicios que necesitaban para diseñarlo e imprimirlo.

Cosa contraria a lo que sucede con la contratación de espacios en los medios de comunicación en los que deben recurrir a una de las excepciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, pues los servicios que le otorga al gobierno cada medio son únicos, debido a que la difusión de los mensajes gubernamentales en cada uno de ellos va a un sector distinto, el de los usuarios de ese medio en concreto.

Y es que el artículo 74, fracción I de la norma estatal dicta que, en caso de que el costo del servicio por el que fue contratada una empresa, sobrepase el monto de un millón 109 mil 592 pesos, deberá llevarse a cabo un proceso de licitación pública.

Pero la excepción contenida en el artículo 73 de la misma norma es la aplicable: “Los entes públicos podrán contratar a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres proveedores o de adjudicación directa, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: I. No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, o bien, que en el mercado exista una sola persona oferente…”.

Así, aunque el periódico X le contrate sus servicios al gobierno y éste pretenda uniformarlo con el periódico Y, no se puede, pues el universo de lectores de cada uno de ellos es distinto.

Igual ocurre con el resto de los medios, de ahí que la excepción mencionada puede aplicarse -y se aplica- correctamente, aunque, por desgracia, no con la fijación de parámetros que acaben con la enorme discrecionalidad con la que se contratan  las tarifas a los anuncios gubernamentales, sujetos, como ya lo sabemos, al de la ley “López Portillo”: “No te pago para que me pegues”.

Sin embargo, a pesar del discurso gubernamental, lo gastado por Comunicación Social llegó a la cifra de 291.8 millones de pesos, en el que el mayor gasto se hizo en radio y, por otra parte, violando la norma vigente, Comunicación Social “firmó contratos con 43 proveedores para la prestación de servicios (otros, no con los medios de comunicación), los cuales suman 55.5 millones de pesos adjudicados de forma directa”, entre los cuales se encontraba la celebración del contrato para la impresión de Cambio 16, realizada de ese modo, y otros, como los relacionados con la parentela del diputado federal, Miguel Riggs, o de los familiares del ex coordinador de Comunicación Social, el también amigo del gobernador Corral, igual que Riggs, Antonio Pinedo.

Puesto en la tesitura, formidable oportunidad que no se les ha dado a otros impulsores de la regulación de la publicidad gubernamental, Javier Corral tuvo en sus manos la posibilidad de demostrar, en los hechos, que su propuesta en ese tema era la más cercana a las necesidades de la sociedad mexicana.

Lo único que debía hacer era aplicar, de concretar, tantas propuestas efectuadas a lo largo de más de dos décadas.

No sirvió de nada el pasado, se comportó de la misma manera que los gobernantes del pasado, creyendo que el presupuesto de la administración podía ser usado de manera discrecional, arbitrariamente para promoverse al siguiente cargo público.

¡Qué fracaso!

En tanto, Chihuahua se sumerge en otra espiral de sangre y violencia incontrolables, sin que se advierta, ni por asomo, la puesta en vigor de alguna estrategia que la enfrente.

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Revocación y fuero, propuestas envenenadas

El Diario, 20 de junio de 2019

Luis Javier Valero Flores

Revestidas inicialmente de propuestas de avanzada democrática que, sin duda, la revocación de mandato lo es, y la segunda, la eliminación del fuero constitucional debería abordarse con algo más que pinzas, seguramente con muchas acotaciones, viven una nueva etapa en la que la confusión es la prevaleciente.

Durante las más recientes décadas -particularmente en la parte final del siglo anterior y el inicio del presente- la sociedad mexicana fue construyendo palmo a palmo la derrota electoral del régimen. 

Quedó pendiente su deconstrucción, tarea en la que el panismo fue reprobado; tuvo en sus manos la conducción del país durante dos sexenios y no tuvo la capacidad, ni el ánimo, para deconstruir al viejo y carcomido régimen del priato.

Pero en la larga lucha democrática de los mexicanos fueron construyéndose un conjunto de instituciones y concepciones que de a poco fueron carcomiendo las indudables bases sociales del régimen. 

No son pocos ni tan menores los cambios logrados en esa larga, sangrienta y costosa jornada, aunque hoy, a toro pasado, y más porque fueron negros episodios, pareciera pertenecer a un muy viejo pasado e, incluso, como si ese régimen no hubiese existido.

En ese proceso fue arraigándose en los sectores más democráticos la idea de insistir en la creación de diversas mecanismos de la democracia participativa, entre ellos el de imponer la revocación de mandato de los gobernantes, como un recurso de la sociedad para imponerle límites al ejercicio del gobierno.

Luego, sobre todo desde la oposición de derecha y los círculos empresariales, fue creciendo la idea de desaparecer el fuero, especialmente el de los legisladores, en lo que fue una clara maniobra populista de la derecha mexicana para incidir en ese tema y en el de la desaparición de los legisladores plurinominales, como si quienes fueran corruptos se circunscribieran a los elegidos por esa vía.

Más aún, nadie ha presentado un estudio que muestre que los legisladores han abusado en forma escandalosa (cuantitativamente hablando) del fuero; ha habido, claro está, casos extraordinariamente deleznables, pero la esencia del fuero debiera permanecer intocada y regularla de otra manera; desaparecerlo, y sin darle autonomía a las fiscalías, es dejar, y no solamente a los legisladores, en la indefensión ante los abusos de los titulares del Poder Ejecutivo, ya sea federal o de los estados, en el caso, como frecuentemente ocurre, que los legisladores expresaran opiniones contrarias a los gobernantes, o emprendieran luchas sociales en el mismo tono.

Bastaría con la presentación de una denuncia en contra de alguno de ellos -con el evidente interés del gobernante- para que las fiscalías actuaran de inmediato. Otros son los casos en los que el fuero no podrá usarse, como, por ejemplo, en una infracción de tránsito, etc.

Pero el tema polémico, de fondo, es el de la revocación de mandato que pretende el presidente López Obrador.

Ya propuso el día de las elecciones en 2021. Le dijeron que no. Propuso el 21 de marzo, en una clara intención de ligar su nombre al de uno de sus referentes, Benito Juárez. La legislación es muy clara al respecto: No puede haber procesos que interfieran con el proceso electoral en marcha y en marzo del 2021 estaríamos en plena campaña electoral.

La oposición le plantea que en diciembre del 2021, pasada la contienda electoral en la que, además de las diputaciones federales se realizarán elecciones de gobernador en 15 entidades. Pareciera más que evidente la pretensión electoral de contribuir con su propia figura y nombre a los triunfos de Morena y mantener su mayoría en las Cámaras de Senadores y Diputados, además de empujar a la obtención de más gubernaturas.

Al develarse semejantes pretensiones, el presidente López Obrador pierde credibilidad, tanto en su imagen pública, como en su propuesta, que con toda seguridad debiera formar parte del entramado democrático de los mexicanos y cuya legislación debiera hacerse, como lo señala la ley, y tal y como se ha realizado con las modificaciones a los períodos gubernamentales, para aplicarse a partir de los períodos gubernamentales posteriores al de los presentes.

Si tal postura pudiera aprobarse, la exigencia debiera abarcar al total de las figuras ciudadanas de la democracia participativa; avanzar en ese sentido sí formaría parte del legado democrático que la 4T dejara a los mexicanos.

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Visita presidencial bajo la crítica

El Diario, 16 de junio de 2019

Luis Javier Valero Flores

Pocas veces un presidente de la república había visitado Chihuahua en medio de tantas controversias -locales, propias, ajenas, nacionales- y de tal profunda agudización de los más serios problemas por los que atravesamos.

Cruzado el país por la polémica desatada por el acuerdo migratorio con Estados Unidos, ahora acrecentada por la crítica postura de Porfirio Muñoz Ledo y la muy explícita postura del gobierno mexicano, declarada tajantemente por el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, paradójicamente realizada en el acto de aniversario de la llegada de los exiliados españoles, en la que muy poca diferencia se podrá advertir de las posturas de los más xenófobos rancheros de Arizona.

Así lo dijo Ebrard: "Les diremos (a los migrantes) que no queremos que atraviesen por México”.

Podrá coincidirse en que la postura de México tenía -tiene- muy poco margen de maniobra, y ahora menos pues el plazo de 45 días es extremadamente corto y sujeto a límites que no conocemos, sujetos enteramente a la discrecionalidad del presidente norteamericano, en una coyuntura en la que, también sorprendentemente, el presidente mexicano cuenta con el apoyo de la casi totalidad de los grupos empresariales.

Además, en el curso de la semana, sendas resoluciones judiciales le ordenaron al gobierno de la 4T suspender la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, así como la de no suspender la del aeropuerto de Texcoco (AICM).

La postura del mandatario ha sido la de buscar el mayor de los apoyos posibles, además de continuar con su plan de realizar giras de fin de semana. Hoy culmina la realizada a Chihuahua, la que, por la dinámica de impresión no podremos comentar,  pues la reflexión de hoy se elaboró el viernes.

Pero lo programado en el Estado Grande, e informado acerca de ello por la oficina de la representación del gobierno federal en Chihuahua, salvo lo que se informe a partir de la fecha, nos lleva a presumir que el presidente López Obrador sólo realizará los eventos masivos en Ojinaga, Cuauhtémoc, Parral y Camargo y que no habrá, en contrapartida, actos con una mecánica distinta en la que los distintos actores chihuahuenses pudiesen plantearle propuestas, requerimientos, planes, etc.

Ojalá se realizaran de ese modo.

No es asunto menor, requerimos, como país, que los gobernantes entiendan que deberá gobernarse de manera absolutamente diferente al pasado, que la interrelación entre gobernados y gobernante deberá hacer de tal modo que el mandatario escuche y oiga a los ciudadanos y a las agrupaciones de la sociedad civil, a fin de tener a la mano el pulso de los acontecimientos, de los planes del gobierno, de las fallas y de los aciertos.

Los chihuahuenses, y en particular los juarenses, algo de eso experimentaron en el gobierno de Felipe Calderón, y no precisamente por la vena democrática de éste, sino obligado por la masacre de Villas de Salvárcar y la imperdonable pifia que cometió al catalogar la tragedia como fruto del enfrentamiento entre pandilleros.

La presión social lo obligó a presidir una reunión en la que una de las madres, Doña Luz María Dávila, burlando al Estado Mayor Presidencial, le espetara que no era bienvenido, “… pues tengo muertos a mis dos hijos (Marcos y José Luis Piña), quiero que se ponga en mi lugar…”.

Fruto de aquellas jornadas, se instalaron varias mesas, integradas por distintos actores, sobre todo sociales y académicos, que fueron activos vigilantes y ejecutores de diversas actividades, programas y recursos económicos aplicados a Juárez.

Viene a cuento lo anterior, porque, cinco meses atrás, López Obrador se comprometió a regresar a la frontera -en tres meses- a revisar los avances del denominado decreto fronterizo que contenía las promesas realizadas en campaña y ahora, según sus propias versiones, ni el alcalde de Juárez, ni los empresarios fueron invitados a la gira presidencial, “A esta gira presidencial no han sido convocados ni los líderes empresariales locales ni el presidente municipal, Armando Cabada, se pudo confirmar…”. (Nota de I. González / M. Vargas / R. Salcido, El Diario de Juárez, 13 de Junio 2019).

En posturas muy críticas, los dirigentes empresariales juarenses de Canaco y Coparmex, Rogelio González Alcocer y Eduardo Ramos, respectivamente, recordaron que el presidente les prometió mantener “un diálogo circular para escucharlos a todos”, y “no ha sido así”, al sostener “que los programas del Gobierno federal más que ayudarles han traído problemas e incertidumbre en las inversiones”. (Ibídem).

La molestia empresarial deriva de la falta de instrumentación del decreto fronterizo que habría de llevar el IVA al 8% y el ISR al 20%, además de la homologación de las gasolinas y diversos apoyos a los proveedores de maquiladora.

González Alcocer acusó a la secretaria de Economía, Graciela Márquez -quien acompañó al presidente en la gira- de negarse “a recibir a muchas cámaras y consejos empresariales de la frontera”.

Por si le faltaran más críticas al representante del gobierno federal en Chihuahua, Juan Carlos Loera, (envuelto en una serie de acusaciones de nepotismo al interior de la Secretaría de Bienestar Social, las que ya causaron, por lo menos declarativamente, la suspensión de varios funcionarios acusados de la comisión de este delito) fue señalado por el líder de la Canaco de no tener “presencia en los temas empresariales”. (Ibídem).

El tono diferente, desde el mundo empresarial, lo aportó, sorpresivamente, la Coparmex-Chihuahua, que “instó” al gobernador Corral a “dejar de lado las diferencias ideológicas y políticas con el Primer Mandatario a fin de lograr una relación institucional cordial y efectiva que reactive el flujo de recursos federales hacia la Entidad… Creemos que es el momento idóneo para que el Mandatario chihuahuense haga su gestión, sensibilice al Presidente y logre los acuerdos necesarios, no se puede desperdiciar una oportunidad así”.

Y exhortó a López Obrador a establecer “de manera impostergable, un plan extraordinario de asignación de fondos que respalde a Chihuahua en rubros prioritarios como Obra Pública, Salud, Educación, Seguridad y Agricultura, entre otros”, pues, “los recursos federales destinados para este año sufrieron una reducción del 23% en comparación con lo autorizado para el 2018”, según lo informado por Javier Corral en distintos momentos, de 12 mil 500 millones de pesos.

No es lo único adverso que esperaba al tabasqueño en Chihuahua. 

En los meses y días previos, la ola homicida tuvo un repunte, particularmente en el Valle de Juárez y en la zona occidental del estado. 

Lo más destacado fueron los anuncios dejados por los grupos criminales, en los que hacían una nueva declaratoria de “guerra” entre ellos -“Mexicles” y “Gente Nueva”- que ha llevado, entre otros factores, a que el número de homicidios dolosos se haya incrementado en 18%, de diciembre a la fecha, respecto del mismo lapso del año anterior, superior en 47% a la del 2017. (Nota de Miguel Vargas, El Diario de Chihuahua, 14/VI/19).

Impresionante baño de sangre se ha presentado a pesar de la presentación del “Plan Juárez”, dado a conocer en diciembre por el gobernador Corral, acompañado del comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, plan que tendría “un nivel de confidencialidad importante, se trata de medidas estratégicas y tácticas policíacas, operativos conjuntos, inteligencia permanente y la colaboración estrecha con autoridades de Estados Unidos”. (Ibídem).

Luego, en febrero, “el general Miguel Ángel Hernández Martínez, comandante de la V Zona Militar, dio como plazo dos meses para ver los resultados de los operativos que ese mes iniciaron…”. (Idem).

En ese entorno se realizó la visita presidencial.

Es nuestra realidad. 

Urge transformarla, López Obrador se comprometió a ello.

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Fueron contra aranceles, regresaron con más migrantes

El Diario, 13 de junio de 2019

Luis Javier Valero Flores

Fruto de una negociación destinada a perder, los miembros de la delegación mexicana negociadora con el gobierno de EU, regresaron con un agregado mayor al que ya tenía el país, antes del episodio de la amenaza arancelaria, lanzada por el presidente Trump: La de que en la práctica, México se convirtió en el “Tercer país seguro”.

No es una figura literaria, ni es una estratagema publicitaria, no. En virtud de los acuerdos, ahora México recibirá a los alrededor de 60 mil migrantes deportados por los vecinos en los próximos meses, los que hubieren ingresado a territorio estadounidense y hubiesen solicitado asilo. Acá estarán en tanto EU resuelve si otorga o no el asilo.

De golpe y porrazo nos convirtieron en el albergue de la Border Patrol de Estados Unidos y la dependencia encargada de la inmigración del Departamento de Estado de ese país.

No se requiere mayor explicación, eso es ser el “3o. país seguro”. De ese modo, el gobierno norteamericano se desentendió de cualquier responsabilidad en el origen, flujo y contención de la oleada migratoria existente en Centro América y nuestro país.

Este problema es uno más, añadido al de la contención del flujo migratorio y al de la regulación del mismo, compromisos adquiridos por la delegación mexicana en las negociaciones culminadas el viernes anterior.

No es cualquier cosa, a pesar del elevado porcentaje de migrantes que desisten del proceso de asilo, pues deciden, muchos de ellos, insistir en los esfuerzos de ingresar a EU de manera indocumentada. Sin embargo, por lo pronto las ciudades fronterizas -sobre todo las de mayor población y, por tanto, las de mayor y mejor infraestructura urbana, como Juárez y Tijuana- deberán prepararse a alojar durante algunas semanas, y quizá meses, a miles de deportados que esperarán la fecha de sus audiencias, la mayor parte de ellas programadas para fines de 2020.

De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Migración (INAMI), suman 4 mil 500 centroamericanos devueltos por EU a esta frontera, “con citas para ir a la Corte hasta 2020 y sin un plan de acción para atenderlos por parte del Gobierno de México”, la cifra alcanzada en Juárez inició apenas el 26 de marzo. (Nota de Hérika Martínez Prado, El Diario, 11 de junio de 2019).

A esas cifras deben sumarse las reportadas por la Patrulla Fronteriza-Sector El Paso, consistentes en que, de octubre pasado a la fecha, fueron detenidas 104 mil 131 familias y 13 mil 284 menores no acompañados, lo que significa que fueron detenidas alrededor de 300 mil personas ¡Más de mil 200 diariamente! Cifras que crecieron 25 veces más que en el mismo lapso del año anterior.

Bueno, pues todo esto repercutirá de manera directa en los presupuestos municipales y estatales de las ciudades involucradas, los que deberán reasignar los recursos económicos a las áreas encargadas de la atención a este otro tipo de migrante, el deportado-solicitante de asilo, y, además, a los migrantes, tanto los deportados, como los que transitan por el país.

Es una inmensa presión a las depauperadas finanzas nacionales, en las que deberá efectuarse una reasignación del presupuesto federal.

Y, por si fuera poco, estamos sometidos a la revisión del gobierno norteamericano, en 45 días, a la abrupta disminución del flujo migratorio en territorio nacional, cosa que sólo se podrá hacer mediante la aplicación de medidas draconianas. 

No hay de otra, porque apostarle a erradicar las causas de la migración, como sostuvo el presidente López Obrador el miércoles, en ese pequeñísimo lapso, es imposible.

De ese modo, la delegación mexicana acudió a negociar aranceles y salió proponiendo medidas migratorias -Marcelo Ebrard así lo afirmó- contrarias a su postura inicial y, también, al marco legal existente.

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Se compromete Corral a construirle estadio a su Secretaria de Economía

Luis Javier Valero Flores

Luego de que el Director Técnico del equipo de la Liga Mx, Lobos BUAP-Puebla confirmara la noticia que había sido comprado por los propietarios del equipo Bravos de Juárez, cuya principal propietaria es la aún Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, Alejandra de la Vega, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, amigo desde la juventud de la empresaria, anunció que su gobierno tenía un “gran” compromiso, el de la construcción de un estadio de futbol, si es que se confirmaba la noticia.

En el curso de una conferencia de prensa, celebrada en Juárez, Javier Corral dijo que “Si eso se confirma, que Bravos se convierta en equipo de Primera División, que viene la Primera División a la frontera, eso nos obliga a pensar, nuevamente, en ejecutar, de forma inmediata, en un nuevo estadio para Ciudad Juárez, en una asociación público-privada, que llame a un esfuerzo conjunto de gobierno, empresarios, aficionados, para darle a esta ciudad un nuevo estadio”.

De concretarse ambas noticias, y de realizarse la construcción del estadio bajo esas condiciones, sería la obra pública más importante -por su cuantía- del gobierno del Nuevo Amanecer en la frontera, no obstante los enormes rezagos, de todo tipo, a los que debiera afrontar el gobierno de Corral.

Peor aún, y al parecer ni siquiera les pasa por la mente que están impedidos, por ley, a realizar obra alguna que beneficiara a algún funcionario del gobierno estatal, está prohibido expresamente, a menos, claro está, que le den una vuelta a la ley y la Secretaria de la Vega renuncie a su cargo, en espera que el gobierno de su amigo le ayude a construir un nuevo estadio.

De ese modo, estaremos, nuevamente, frente al más repudiable de los actos de gobierno, poner los recursos públicos en favor de los negocios de los particulares, agravado porque, como en este caso, el beneficiario no sólo es el empresario sino que, además, es funcionario del primer nivel del gobierno que pudiera desembolsar ingentes cantidades en favor de la empresaria-funcionaria.

Entre la espada y la pared

El Diario, 9 de junio de 2019

Luis Javier Valero Flores

Difícilmente podrán lanzarse a plenitud a vuelo las campanas por la suspensión de la amenaza -temporal- de la aplicación de aranceles a México por el gobierno norteamericano.

Los términos del acuerdo son extremadamente duros para México, para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y para los migrantes centroamericanos. 

Además, las medidas aprobadas por ambos gobiernos abren, de par en par, las más inmediatas posibilidades de la comisión de numerosas violaciones a los derechos humanos ya que, entre otras de las medidas, se encuentra que a partir del lunes la Guardia Nacional realizará tareas de control de los migrantes, no sólo en la frontera sur del país, sino en todo el territorio nacional.

En la práctica, la parte mexicana aceptó todas, o casi todas, las exigencias de Donald Trump, quien, así, de un plumazo, echó abajo los trabajos de las delegaciones de Canadá, EU y México que durante meses estuvieron negociando los términos del nuevo acuerdo comercial de Norteamérica. 

Dura, muy dura experiencia para el gobierno de la 4T. O aceptaba las exigencias de Trump o se mantenía en la línea en la que se había sostenido los meses anteriores, en la defensa de los derechos humanos de los migrantes, sin aceptar el papel de guardián fronterizo de los EU, y nos enfrentaríamos a las severas consecuencias de la imposición de los aranceles.

Se puede festejar la suspensión de los castigos arancelarios, casi del mismo modo que lo hacen los sentenciados a la pena de muerte, cuando obtienen una suspensión temporal a la aplicación de la pena.

Tal conclusión se puede deducir, si se analizan fríamente las condiciones impuestas en los acerados alcanzados el viernes en horas de la tarde, la principal de ellas, consistente en que México se obliga al despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur y que quienes pidan asilo en EU, obviamente, en cuanto crucen la frontera y sean detenidos por las autoridades norteamericanas, México se comprometió a aceptarlos “sin demora” y albergarlos, hasta en tanto EU resuelve su situación.

Es decir, el estatus de “Tercer país seguro”: ”… México por razones humanitarias y en cumplimiento de sus obligaciones internacionales autorizará la entrada de dichas personas mientras esperan la resolución de sus solicitudes de asilo”, dijo Ebrard. (Nota de Reforma, 07 Junio 2019).

Y al comprometerse a aceptarlos, acepta que “ofrecerá oportunidades laborales y acceso a la salud y educación a los migrantes y sus familias mientras permanezcan en territorio nacional así como protección a sus derechos humanos”.

Además, “México incrementará significativamente su aplicación de la ley mexicana a fin de reducir la inmigración irregular incluyendo el despliegue de la Guardia Nacional en todo el territorio nacional dando prioridad a la frontera sur”. (Ibídem).

Este aspecto, de manera implícita, le concede la razón a las severas acusaciones de Trump en el sentido de que México no estaba haciendo lo suficiente para contener la oleada migrante, cosa que en los últimos cambió radicalmente pues las fuerzas policiacas y militares mexicanas desplegaron sendos operativos en distintos puntos del sur del país para detener las caravanas de migrantes, acción criticada desde los primeros momentos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Y algo bueno debería obtenerse, así sea solo declarativamente, cuando los dos países confirmaron el objetivo de “fomentar el desarrollo económico en el sur de México y en Centroamérica para crear una zona de prosperidad”.

No puede haber duda, Trump obtuvo de México lo que quería desde un principio, en materia de inmigración, que nuestro país endureciera su postura en ese aspecto, que los mexicanos actuaran como una primera barrera frente al fenómeno migratorio centroamericano, sin comprometerse a invertir un solo dólar en el cambio de las condiciones económicas de los principales países productores de migrantes. 

Sin duda que el momento por el que pasa el país, a consecuencia de las amenazas del presidente norteamericano, posterga, o atenúa el resto de los graves asuntos que debieran abordarse, tanto del entorno local, como del nacional.

El presidente Trump no ha fallado, tenía en el centro de su atención el lanzamiento de una feroz ofensiva en contra del principal socio comercial de los EU: México.

Lector riguroso del acontecer mundial y de las nuevas tendencias de la economía mundial, de la geopolítica, y de los verdaderos alcances del uso de otras tácticas más agresivas, lanzó contra México, una y otra vez, con distintos enfoques comerciales y políticos, la ofensiva que más podía vulnerar a nuestro país, la economía.

Con toda seguridad nunca pensó, como al contrario sí ha declarado hacer con Venezuela, lanzar una ofensiva militar; de nada le valdría, los fenómenos de los que se queja no se resuelven con un conflicto armado; quiere, eso sí, que se realicen el mayor número de acciones punitivas a fin de poner un alto a la inmigración que sufre, no sólo del continente americano, sino, también, de Africa y Asia.

Como la mayoría de los presidentes norteamericanos, es incapaz de comprender que ellos son la causa principal de la elevada migración de los países subordinados o dependientes hacia las metrópolis financieras y que la explotación inmisericorde, irracional, efectuada durante siglos sobre estos países, tarde o temprano se revertiría. 

Se trata del mismo fenómeno mediante el cual inmensas muchedumbres de africanos y asiáticos están asaltando a la vieja Europa. Los antiguos esclavos y subordinados de los países hegemónicos se lanzan a través de los desiertos, de las montañas, de los mares, en medio de un increíble sufrimiento, a invadir a los antiguos y modernos países del mundo desarrollado.

Ahora, Trump, al lanzar la amenaza de imponer nuevos aranceles confirma aquel aserto, momentáneamente suspendidos, pues si existe una certidumbre con Trump, es la de que no hay cosa cierta con él.

Así, al culminar el presente episodio de la constante agresión en contra de México, Trump no ha hecho más que escalar un peldaño más en la estrategia que se planteó desde los tiempos de las elecciones primarias de Estados Unidos.

Lo puede hacer merced al poderío económico de su país y la extrema supeditación de la economía nacional a los EU, que se caracteriza por patrones casi radicalmente distintos a los de casi todo el siglo pasado, pues ahora la globalidad, la interrelación existente en las economías nos hacen extremadamente interdependientes, de modo distinto, pero real, entre el país dependiente y la metrópoli imperial, debido a que los factores que pudieran dañar a las economías subordinadas, incidirán de manera directa en las capitales económicas del imperio; por supuesto, no con la misma intensidad.

El presidente estadounidense, sabedor de lo anterior le apuesta a convertir a la economía de los EU en una mucho más proteccionista de lo que ya lo es, convencido que por esa ruta su país puede crecer a un ritmo mayor que el precedente, cosa en la que pareciera tener cierta razón pues EU registró una aceleración notable en su crecimiento económico, de una tasa de 2.3% en el 2017, a una muy cercana a 3.0% en el 2018 (2.9). 

Esta tasa de crecimiento es la más alta desde el 2005 y superior al promedio de 2.15% observado entre el 2010 y el 2017.

Vistas así las cosas, poner en vigor la visión de López Obrador acerca del modo de afrontar el fenómeno migratorio, colocando el acento en el desarrollo socioeconómico en Centroamérica y el sur del país, tardará, pues es un asunto que a  Trump no le interesa.

Hoy este ganó, pero ¿Podrán detener la oleada migratoria si la desigualdad social y la violencia no cesan?

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