El Diario, 11 de marzo de 2018
Luis Javier Valero Flores
“Nosotros nunca estamos mal’, escribió el diputado panista Jorge Soto en un mensaje por celular a su compañera Rocío González. Ella le sugirió que mal hacían en incluir un dictamen no consensuado previamente con todas las fuerzas políticas en el Congreso del Estado”. (De los periodistas, El Diario de Juárez, 9/III/18).
Muchos años atrás, en la otra ocasión en la que el PAN ha tenido mayoría parlamentaria (en aquel entonces, 1992-1995, era calificada y el gobernador era Francisco Barrio) impulsaron y aprobaron una reforma constitucional que, como ahora en la reforma al juicio de procedencia, fue rechazada por la bancada priista que abandonó en esa ocasión el recinto parlamentario. Cuando salían, desde la tribuna, el coordinador de los legisladores panistas, Javier Corral, les espetaba la frase que da título a la presente reflexión.
Esa concepción del ejercicio del poder prevalece. No es nueva, es la forma en la que el PRI lo ha ejercido a lo largo de 72 años, desde 1946.
En esa concepción no existe respeto a la división de poderes ni al Estado de Derecho, mucho menos a la diversidad política.
Parecieran asuntos distintos, muy diferenciados, el de las frases atribuidas al diputado Soto -presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado-, la frase del diputado Corral y la restitución del Comisionado Rodolfo Leyva a la presidencia del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), ordenada por un juez federal.
No lo son, forman parte troncal de lo que ahora vive la sociedad chihuahuense.
No son poca cosa. El jueves, cuando se trataba de entregar el premio a las chihuahuenses más destacadas en diversas disciplinas, la mayoría parlamentaria del PAN ¡Cambió el nombre de una de las ganadoras, atropellando, no solamente el trámite legislativo, sino la resolución de un jurado y los términos de la convocatoria respectiva!
¿Qué puede esperar la sociedad chihuahuense si, quienes fueron, durante décadas, la oposición “respetable” en Chihuahua, que pregonaban -no siempre fueron congruentes- los más elevados valores societarios, ahora atropellan descarada, salvajemente, cosas que podrían considerarse menores en la disputa por el poder, como lo puede ser la entrega de un reconocimiento a mujeres chihuahuenses?
¿Cuáles son las razones de la inquina gubernamental en contra del Comisionado Rodolfo Leyva? ¿Es, solamente, la pretensión de colocar en un lugar fundamental a Ricardo Gándara, el esposo de la Secretaria de la Función Pública, Rocío Olmos? ¿O es, por el contrario, un asunto aún más grave, el de pretender controlar todas las instancias y dependencias encargadas de la vigilancia y fiscalización del quehacer gubernamental y del ejercicio del presupuesto público, bajo el manto de un discurso “democrático”, de “plena transparencia” y de la más “absoluta congruencia”?
¿Cómo explicarnos que la mayoría legislativa -diputados panistas y del PES- se hayan aferrado a aprobar la reforma al juicio de procedencia, el que se podrá llevar al cabo con la determinación de una mayoría simple?
La explicación para tantos asuntos y de tan variadas aristas es una sola, por desgracia la más desalentadora a los afanes democráticos de los chihuahuenses, la pretensión de ejercer el poder sin cortapisas, sin contrapesos y sin críticas.
¿Por qué empeñarse en echar fuera del Ichitaip a Rodolfo Leyva?
Las razones se encuentran -una parte de ellas- en la nueva ley anticorrupción, que da origen al Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), que será dirigido por un Comité Coordinador (CC-SEA) y del cual, de acuerdo con el Art. 187, Fracción A, de la Constitución de Chihuahua, estará integrado por un representante del Comité de Participación Ciudadana del SEA, “quien presidirá el Comité”, el Auditor Superior del Estado, el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el titular de la Secretaría de la Función Pública, el del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; el representante del Consejo de la Judicatura y el Comisionado Presidente del Ichitaip.
El actual grupo gobernante impulsó decididamente la creación del SEA pero, al igual que sus predecesores, se cuidaron que no cayeran, las designaciones de los titulares de las dependencias encargadas de vigilar y fiscalizar el quehacer gubernamental y el ejercicio del gasto público, en personas ajenas al grupo gobernante, al mandatario o al partido en el gobierno.
Para asegurarse de tal propósito, designaron en el Comité Ciudadano del SEA a puros miembros distinguidos del PAN o círculos afines.
El presidente del Comité Ciudadano será el presidente del Comité Coordinador del SEA, de ahí la pertinencia -para el PAN y para el amanecido gobierno- que su titular sea panista. Esa es la explicación del porqué José Enríquez Tamez, militante del PAN, ocupa esa posición y, también, y es lo más lamentable -además de elevadamente criticable- fruto de que en la legislación local, no incluyeran lo establecido en la legislación federal, de no permitir militantes de los partidos, con menos de 4 años de separación de ellos.
Igual ocurrió en la Auditoría Superior del Estado. Como los gobernadores anteriores, Corral impuso en ese lugar a uno muy cercano suyo, Armando Valenzuela, luego de un más que desaseado proceso para desbancar a Ignacio Rodríguez.
Cero y van dos. Falta nombrar al Fiscal Anticorrupción. Ni duden que designarán a otro distinguido integrante de la élite blanquiazul.
Al Comité Coordinador del SEA se suma la Secretaria de la Función Pública, subordinada del titular del Poder Ejecutivo.
Además, el representante del Consejo de la Judicatura. Tampoco hay dudas, será alguien aquiescente al grupo gobernante.
El titular del nuevo -a formar- Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, que seguramente seguirá la tónica de la administración.
Y, finalmente, el consejero presidente del Ichitaip.
Por todo lo anterior, no desean a Rodolfo Leyva ahí.
Es que las funciones -a pesar de lo acotado de esta nueva parafernalia administrativa, con una gran dosis de escenográfica- atribuidas al Comité Coordinador son excesivas (a los ojos de los hombres del poder) para que las pudiera desempeñar, así fuera en un órgano colegiado, alguien independiente al mandatario o, como es el caso, un funcionario tan abiertamente enfrentado al actual titular del Poder Ejecutivo.
¡Eso no se vale en los tiempos presidencialistas que vivimos los chihuahuenses, es decir, en la época en la que no debe haber -a juicio de los gobernantes- contrapesos ni opositores, ni críticos a los hombres del poder!
Menos, que vayan a participar en los organismos en los que se puedan detectar más fácilmente y hasta denunciar, no solo públicamente, sino judicialmente, las corruptelas de los integrantes de la élite del poder.
Bien se dice que el que puede lo más, puede lo menos.
Leyva ha sostenido reiteradamente que su ilegal destitución fue producto de una orden -sugerencia le pueden llamar los otros integrantes del Consejo del Ichitaip- del gobernador Corral, debido a que no acató la orden de designar a Ricardo Gándara.
Con esos antecedentes, el desenlace sobrevino de manera natural y la remoción de Leyva fue cuestión de unos cuantos días ¡No importa atropellar de manera vil el marco legal y el pretendido discurso de la transparencia del gobierno del amanecer!
Ahora, el grupo gobernante recibe un nuevo sopapo del Poder Judicial de la Federación -al igual que antes su antecesor, el gobernador César Duarte-, fruto del mismo origen, la pretensión de avasallar todo y a todos, incluso por encima de la legalidad vigente, pues los comisionados del Ichitaip no podían, no pueden, remover a su presidente, facultad reservada al Congreso del Estado.
No les importó, sobró la soberbia y ahora enfrentan la posibilidad de tener a Leyva en la presidencia del Ichitaip y en el Comité Coordinador del sistema anticorrupción o, impugnar la resolución del juez federal, lo que implicaría posponer un año el regreso de Leyva.
Pero no hay margen para el optimismo, esa misma concepción autoritaria ha presidido la actuación de los diputados blanquiazules en la aprobación de la reforma al mecanismo del juicio de procedencia -el llamado juicio político en contra de los funcionarios- en la cual lo esencial es que bastará con que una simple mayoría puede ordenar la destitución de jueces, diputados, magistrados, funcionarios de órganos autónomos, etc.
Distintas voces ubican esa modificación como el mecanismo que se usará para, ahora sí, remover a los magistrados Gabriel Sepúlveda y Jorge Ramírez.
Puede ser que así sea.
Es más grave que eso; se trataría de arrogarse de todos los instrumentos jurídicos para controlar de manera cuasi absoluta todos los espacios del poder, además de la plena extinción de la división de poderes y erigirse en un mandatario con más poder, y menos controles, que César Duarte.
Y pensar que para lograr tales propósitos ha recibido el apoyo total de uno de los nuevos aliados de Morena, el PES, en asuntos que, se supondría, mantendrían plenas coincidencias, de ser cierto el discurso de que este partido asumió el denominado “Proyecto de Nación” de AMLO.
¡Valiente aliado en lo nacional se consiguió el morenaje!
