El Diario, 23 de diciembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
La decisión del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), José Luis Armendáriz, de solicitarle al Congreso del Estado la instauración de un juicio político contra los jueces que absolvieron en primera instancia a Sergio Barraza, –Nezahualcóyotl Zúñiga Vázquez, Catalina Ochoa Contreras y Rafael Boudib Jurado, y los agentes del Ministerio Público y de la Policía Municipal de Juárez que intervinieron en el caso del presunto asesino de Ruby Frayre– que le ofreció una salida al enredo gubernamental, originado por la premura de aparecer como muy preocupados por el asesinato de Marisela Escobedo, no deja de ser una bocanada de aire fresco en estos deplorables sucesos, representativos de la crisis estructural de las instituciones encargadas de la seguridad pública y de la procuración y aplicación de justicia.
Pero ahora sabemos que también deberán ser investigados los encargados de evaluar a los aspirantes a los cargos de jueces y agentes del ministerio público, pues, ¡bonita cosa ahora nos venimos enterando que los jueces, no aprobados para acceder a esos cargos en la capital y que por obra y gracia de quién sabe quién aparecieron como jueces ¡de la ciudad más conflictiva del país
Por eso se agradecen los buenos oficios de la CEDH. No importa que sean para enmendarle la plana al Gobierno del Estado, que para eso también se creó este organismo, si esto da lugar a un verdadero proceso de investigación de todas las instancias que fallaron en este problema.
¿Quién, de la policía municipal juarense, decidió que la denuncia del padre de Sergio Barraza no tenía fundamento?
¿Cuántos funcionarios de la entonces Procuraduría del Estado desestimaron las continuas denuncias de Marisela Barraza?
¿Y los agentes del Ministerio Público, y sus jefes, encargados de acreditar la responsabilidad de Sergio Barraza, más allá de conformarse con una declaración autoinculpatoria de éste?
¿Cómo explicarnos que, ante la presión social lograda por Marisela, un tribunal –de casación–, con las mismas evidencias a la mano que sus compañeros jueces, dictaran sentencia condenatoria en ausencia del enjuiciado?
¿Acaso al presidente del Supremo Tribunal de Justicia de entonces, Rodolfo Acosta Muñoz, no le parecieron, por lo menos, raras ambas sentencias y no tomara cartas en el asunto?
Hasta ahí lo concerniente en el caso de Ruby Frayre ¿Y el de Marisela? ¿En dónde está la tajante orden de cesar a los funcionarios de la Fiscalía que debieron estar al tanto de la seguridad, “discreta”, de Marisela?
¿Dónde la perentoria orden de investigar al personal de seguridad de Palacio de Gobierno que pudo ser testigo del crimen? ¿Dónde la exigente orden de la Fiscalía General para investigar el incendio de la maderería de Marisela y su pareja y el asesinato de su cuñado, primero, para esclarecerlos y, segundo, para informarle a los chihuahuenses sí estos cuatro hechos criminales tienen conexión entre sí o no?
Iniciar un proceso así, con la activa participación de los familiares de Marisela Escobedo, de la CEDH y de las organizaciones de la sociedad civil cercanas a aquellos sí podría convertirse en un verdadero parteaguas, a partir del cual podríamos empezaríamos a construir esperanzas de que los nuevos gobernantes están apostándole no solo energías, sino fundamentalmente inteligencia y respeto al marco legal para afrontar la gravísima crisis por la que atravesamos.
De lo contrario solamente tendremos, a cada nuevo salvaje episodio, sólo enérgicas declaraciones cuya vigencia dura menos de un día, el tiempo suficiente para que un nuevo hecho sangriento nos robe la atención.
Otra es la ruta del Congreso del Estado en lo referente a la solicitud de juicio político en contra de los jueces del primer proceso de Sergio Barraza. Una vez ratificada la denuncia por el presidente de la CEDH, deberá convocarse a un período extraordinario para conocer del caso, en su caso aceptarlo y nombrar a la Comisión Instructora, la que deberá someter al Pleno del Congreso un dictamen.
Bueno, ojalá no nos vayan a salir con el sambenito de que las sesiones del proceso serán privadas. Orear, transparentar su actuación (y la del resto de las actividades investigadoras de este caso) es obligado, la opacidad sólo llevará a mayor desesperanza.
jueves, 23 de diciembre de 2010
Imposible
El Diario, 21 de diciembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Imposible aceptar que el asesinato de Marisela Escobedo deba formar parte de la estadística general de la negra noche chihuahuense.
Imposible aceptar que el origen de su activismo merezca unas cuantas líneas de Twitter de Felipe Calderón y que, encima de ello, éste evidencie su profunda ignorancia de las reformas penales propuestas por él mismo, pues al deplorar el trabajo de los jueces que exoneraron a Sergio Barraza del asesinato de Ruby Frayre, incurre en el mismo error de la mayoría de quienes ubican la confesión de éste como la prueba reina de su proceso.
Imposible aceptar que ahora nadie ordene una “exhaustiva” investigación para saber las razones por las cuales la activista se encontraba totalmente desguarnecida.
Sí, concedamos, la culpa de origen fue un proceso mal atendido por las autoridades prejudiciales y judiciales del sexenio anterior, pero de ahí a no atender las gravísimas fallas que le causaron la muerte a Marisela son, también, imposibles de aceptar.
Imposible transigir en que este asesinato no es de los que debieran abrir una brecha entre el antes y el después. Porque entre la sentencia absolutoria a Sergio Barraza y los atentados en contra de la familia de Marisela hay un mundo de distancia, la existente entre quienes tienen la capacidad financiera, logística, audaz, de preparar y llevar al cabo un asesinato frente a Palacio de Gobierno, con todas las implicaciones que se supone provocaría un atentado de esa naturaleza.
Esa distancia, aparentemente, es la existente entre la comisión de un delito del orden común y otro en el que las evidencias nos conducen a la participación de grupos delictivos, lo que nos lleva, indefectiblemente, a la misma conclusión: El crecimiento de los índices delictivos en Chihuahua tiene como origen el enfrentamiento entre los cárteles y la inoperancia (eso esperamos) de las fuerzas policiales.
Imposible aceptar que no se inicie una enérgica revisión de la actuación de los exagentes del Ministerio Público –hoy fiscales-, de los agentes ministeriales, de sus jefes, de los procedimientos, de las técnicas de investigación, del aparato de inteligencia de las policías locales. Imposible, imposible.
Imposible no esperar la reacción pletórica de hartazgo, de impotencia, de incredibilidad, de escepticismo, de una sociedad, ahora sabemos, inerme ante los embates criminales. Si a esa señora que protestaba la matan ¿Qué podemos esperar los demás ciudadanos? Es la conclusión generalizada. ¿De qué sirve denunciar a los criminales si suceden cosas como éstas ¡Y en el mismísimo Palacio de Gobierno!?
Ciertamente, desde la óptica del poder todos los crímenes deberán ser tratados con la misma medida, pero hay algunos que debieran servir de acicate a las estructuras institucionales tan carcomidas, tan deplorables, tan inútiles existentes hoy día, pero tampoco deberá aceptarse que todos los crímenes son iguales, hay unos, como el de Marisela, que debieran acicatear a una sociedad tan agraviada como la nuestra y debiera servir de impulso de los gobernantes, siempre y cuando éstos efectuaran una profunda introspección de sus formas de gobernar.
Estamos en una etapa verdaderamente crucial, los signos en ese sentido aparecen por doquier; el barco que hasta fines de los 70’s del siglo pasado parecía extraordinariamente boyante, que los panistas creyeron suficiente para continuar con la aplicación de una ligera capa de pintura, hace agua por todos lados, y no basta con regresar a sus antiguos pilotos, dispuestos a gobernar con las mismas formas; la crisis, digámoslo en términos académicos, es estructural, y la manera en que abordan los problemas, conforme van surgiendo es, precisamente, la peor.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
Imposible aceptar que el asesinato de Marisela Escobedo deba formar parte de la estadística general de la negra noche chihuahuense.
Imposible aceptar que el origen de su activismo merezca unas cuantas líneas de Twitter de Felipe Calderón y que, encima de ello, éste evidencie su profunda ignorancia de las reformas penales propuestas por él mismo, pues al deplorar el trabajo de los jueces que exoneraron a Sergio Barraza del asesinato de Ruby Frayre, incurre en el mismo error de la mayoría de quienes ubican la confesión de éste como la prueba reina de su proceso.
Imposible aceptar que ahora nadie ordene una “exhaustiva” investigación para saber las razones por las cuales la activista se encontraba totalmente desguarnecida.
Sí, concedamos, la culpa de origen fue un proceso mal atendido por las autoridades prejudiciales y judiciales del sexenio anterior, pero de ahí a no atender las gravísimas fallas que le causaron la muerte a Marisela son, también, imposibles de aceptar.
Imposible transigir en que este asesinato no es de los que debieran abrir una brecha entre el antes y el después. Porque entre la sentencia absolutoria a Sergio Barraza y los atentados en contra de la familia de Marisela hay un mundo de distancia, la existente entre quienes tienen la capacidad financiera, logística, audaz, de preparar y llevar al cabo un asesinato frente a Palacio de Gobierno, con todas las implicaciones que se supone provocaría un atentado de esa naturaleza.
Esa distancia, aparentemente, es la existente entre la comisión de un delito del orden común y otro en el que las evidencias nos conducen a la participación de grupos delictivos, lo que nos lleva, indefectiblemente, a la misma conclusión: El crecimiento de los índices delictivos en Chihuahua tiene como origen el enfrentamiento entre los cárteles y la inoperancia (eso esperamos) de las fuerzas policiales.
Imposible aceptar que no se inicie una enérgica revisión de la actuación de los exagentes del Ministerio Público –hoy fiscales-, de los agentes ministeriales, de sus jefes, de los procedimientos, de las técnicas de investigación, del aparato de inteligencia de las policías locales. Imposible, imposible.
Imposible no esperar la reacción pletórica de hartazgo, de impotencia, de incredibilidad, de escepticismo, de una sociedad, ahora sabemos, inerme ante los embates criminales. Si a esa señora que protestaba la matan ¿Qué podemos esperar los demás ciudadanos? Es la conclusión generalizada. ¿De qué sirve denunciar a los criminales si suceden cosas como éstas ¡Y en el mismísimo Palacio de Gobierno!?
Ciertamente, desde la óptica del poder todos los crímenes deberán ser tratados con la misma medida, pero hay algunos que debieran servir de acicate a las estructuras institucionales tan carcomidas, tan deplorables, tan inútiles existentes hoy día, pero tampoco deberá aceptarse que todos los crímenes son iguales, hay unos, como el de Marisela, que debieran acicatear a una sociedad tan agraviada como la nuestra y debiera servir de impulso de los gobernantes, siempre y cuando éstos efectuaran una profunda introspección de sus formas de gobernar.
Estamos en una etapa verdaderamente crucial, los signos en ese sentido aparecen por doquier; el barco que hasta fines de los 70’s del siglo pasado parecía extraordinariamente boyante, que los panistas creyeron suficiente para continuar con la aplicación de una ligera capa de pintura, hace agua por todos lados, y no basta con regresar a sus antiguos pilotos, dispuestos a gobernar con las mismas formas; la crisis, digámoslo en términos académicos, es estructural, y la manera en que abordan los problemas, conforme van surgiendo es, precisamente, la peor.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
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lunes, 20 de diciembre de 2010
Mátenme frente a Palacio
El Diario, 19 de diciembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
¿A qué intereses se enfrentó la activista Marisela Escobedo, llegada a esa faceta de su vida a causa de exigir, hasta la muerte, la aplicación de justicia?
-Mátenme frente a Palacio, para vergüenza de las autoridades-, les gritó días antes de su asesinato el jueves anterior.
Era lo que faltaba, un asesinato frente a las puertas del Gobierno de Chihuahua, sin duda el más violento del país –por lo menos en ejecuciones a lo largo del año, y de los tres últimos también– que desnudase con toda crudeza la gravísima crisis de las instituciones chihuahuenses.
La febril actividad de Escobedo la llevó a encontrar hasta en dos ocasiones al presunto asesino de su hija Rubí, Sergio Barraza, pareja sentimental y padre de su hija, ahora de dos años. Realizó lo que todo un aparato de procuración de justicia no pudo –no quiso– efectuar: Ubicar y detener a quien pensaba pudiera ser el responsable del asesinato de su hija.
Pero enseguida tropezó con un escollo mayor, que ahora repiten periodistas, gobernantes, analistas y políticos en general. Barraza fue liberado a pesar, dicen, de haberse confesado culpable del asesinato. Sin embargo, tres jueces de juicios orales no encontraron evidencias de que fuera el responsable, vamos, ni siquiera pudieron demostrarles (los fiscales, en aquel entonces agentes del Ministerio Público) que Barraza hubiese estado en el lugar del crimen. Solo existía, machaconamente, la supuesta confesión del presunto.
El caso arrastra –sostiene el abogado Salvador Urbina– “una deficiente integración del agente del Ministerio Público, de la carpeta de investigación en la que se pretendía responsabilizar a Sergio Rafael Barraza Bocanegra por la muerte de su esposa Rubí Marisol Frayre Bocanegra”.
Quienes ahora deploran la actuación de los jueces, han pasado por alto que la responsabilidad de la exoneración decretada pasa, también, por la contundencia de las pruebas aportadas por el Ministerio Público, cosa que alegarán los jueces destituidos fast track el viernes anterior, en una deplorable demostración de sometimiento de los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia a los dictados del titular del Poder Ejecutivo y que seguramente objetarán legalmente.
Peor aún, si se llegará a esa etapa, acudiremos a la ventilación de un conjunto de corruptelas pues la mecánica del asesinato de Marisela, intuida al principio, constatada luego por el video de las cámaras de seguridad de Palacio y primeras versiones oficiales, nos habla de la concreción de un asesinato por elementos muy profesionales, con la participación de, al menos, cuatro o cinco personas, además del asesino, hechos que se advierten de la lectura detallada de tal evidencia.
Aterra la sincronización del grupo y espantan las condiciones de relajamiento absoluto de las dependencias de seguridad pública.
Una mujer, denunciante de un salvaje asesinato, decidió manifestarse permanentemente frente a Palacio de Gobierno de la entidad más violenta del país. Ella misma denunciaba una y otra vez, a quien quisiera escucharla, que había sido amenazada de muerte por los familiares del presunto asesino de su hija.
Bueno, pues ni en uno ú otro caso existía la más elemental medida de seguridad alrededor, ni de Palacio de Gobierno, ni de la activista ¿Acaso no estamos en medio de una fatal guerra de los Carteles, o de la “guerra” de Calderón contra ellos? Ni un solo elemento de seguridad pública se encontraba cerca en el momento de los hechos.
La misma noche del asesinato, las autoridades afirmaron que Escobedo sí contaba con una protección “discreta” y que Palacio de Gobierno se había cerrado minutos antes del asesinato.
Marisela no tenía protección de ningún tipo y las puertas de Palacio se cerraron en el momento que se detenía el vehículo blanco (según se aprecia en el video, 33 segundos antes del disparo fatal) que transportó al asesino de Marisela Escobedo. Hasta unos momentos atrás, salieron y entraron personas del recinto ¿Por qué cerraron en ese momento? ¿Alguien puede explicarnos la razón? ¿Los agentes de seguridad se percataron del atentado y prefirieron cerrar?
¿Por qué razón, si Marisela había denunciado amenazas de muerte en su contra no se le asignó una protección, así fuera “discreta”, como asevera el Fiscal General? Porque de haber existido ésta, los segundos que le ofreció su hermano a Marisela, al lanzarle una silla al asesino, hubiesen bastado para evitar su muerte.
Vaya valentía la de esta mujer, emblemática ya de la lucha por la impartición de justicia, huyendo de su agresor tuvo la entereza de, con el movimiento de su brazo, pedirle a su hermano que se apartara.
Pero si de la mecánica del asesinato no se desprendieran conclusiones más aterradoras, el “levantón” del cuñado de Marisela y el incendio del negocio de su pareja, provocado por individuos armados, el día de ayer, no puede ubicarse como una fatal coincidencia.
¿Nos debe llevar a la conclusión de que Marisela se había enfrentado a un grupo del crimen organizado? ¿Que sus protestas, sobre todo mediáticas, influyesen en esos grupos criminales a grado tal que los llevó a tomar determinaciones funestas para la doliente madre de Rubí?
Cuesta trabajo creerlo. La otra sospecha es la perversa colusión de esos intereses y los de quienes no efectuaron su trabajo y que la actividad de Marisela la llevase al descubrimiento de una más de las cloacas de los aparatos de seguridad.
Lo cierto es que la actuación de esos elementos raya en la provocación al orden establecido, su actuación, presta, profesional, retadora, pues sabían del enorme riesgo corrido de efectuarse un atentado en ese lugar. No les importó.
Y empezó el linchamiento ¿Contra quién? Pues por supuesto contra los jueces. Estos pueden ser responsables de omisiones, quizá hasta delitos, pero afirmar tajantemente que son los culpables deberá merecer la atención de los niveles superiores del Poder Judicial. Implica luchar contra una forma de apreciar la aplicación de justicia. En Chihuahua, para acabar con los chivos expiatorios, se determinó quitarle a la declaración autoinculpatoria toda la importancia del pasado. Ya no basta decir que alguien confesó su delito –¿por qué no lo detienen?
Eso forma parte de la historia, hasta ahora, y ha evitado que nos hubiesen fabricado ya a los responsables de los más de 10 mil ejecuciones en Chihuahua, sólo basta recordar a cuántos presuntos asesinos nos han presentado las autoridades federales –en horario estelar, cadena nacional y sendas entrevistas con los supuestos sicarios– responsables, cada uno, de decenas de asesinatos y luego nos enteramos, por informaciones casi clandestinas, que fueron acusados, sólo, de posesión de armas prohibidas.
Tampoco se puede afirmar –desde esta tribuna– que Barraza sea inocente, lo que sí tenemos a la mano son los suficientes elementos para sustentar que las instituciones fallaron en el pasado reciente de esta familia ¿Por qué no ir más adelante y haber evitado cosas tan funestas como las ahora comentadas?
¿Por qué ninguna autoridad se molestó, como lo hacen en prácticamente todas las manifestaciones, en dejar al lado de los tres manifestantes del jueves pasado a un par de policías de cualquiera de los niveles de gobierno?
¿Por qué no había guardias en la puerta principal de Palacio de Gobierno?
Y no son señalamientos orientados a ubicar a los responsables del asesinato en las dependencias responsables de tales omisiones, sino que éstas demuestran el bajo nivel con el que se desempeñan, no obstante la matazón de que somos testigos impotentes.
La sociedad chihuahuense espera la versión de los jueces que ahora han sido linchados mediáticamente; otros esperamos los informes de quienes tenían la responsabilidad de demostrar la culpabilidad de Sergio Barraza; la de las autoridades que no lo detuvieron y no lo ubicaban; la de los magistrados del Tribunal de Segunda Instancia que revocó la absolución de Barraza Bocanegra y le dictó sentencia de 50 años de prisión, por unanimidad. Igual que sus antecesores lo habían declarado inocente, con las mismas pruebas. Ojalá no nos vayamos a encontrar con resoluciones judiciales al gusto del gobernante en turno.
En otra de sus declaraciones, el Gobernador César Duarte le pidió al fiscal General, Carlos Manuel Salas, una investigación sobre los agentes encargados de la seguridad de Marisela Escobedo. Esto quiere decir que él estaba informado de la existencia de una protección a cargo del gobierno a su mando ¿Y entonces?
Luis Javier Valero Flores
¿A qué intereses se enfrentó la activista Marisela Escobedo, llegada a esa faceta de su vida a causa de exigir, hasta la muerte, la aplicación de justicia?
-Mátenme frente a Palacio, para vergüenza de las autoridades-, les gritó días antes de su asesinato el jueves anterior.
Era lo que faltaba, un asesinato frente a las puertas del Gobierno de Chihuahua, sin duda el más violento del país –por lo menos en ejecuciones a lo largo del año, y de los tres últimos también– que desnudase con toda crudeza la gravísima crisis de las instituciones chihuahuenses.
La febril actividad de Escobedo la llevó a encontrar hasta en dos ocasiones al presunto asesino de su hija Rubí, Sergio Barraza, pareja sentimental y padre de su hija, ahora de dos años. Realizó lo que todo un aparato de procuración de justicia no pudo –no quiso– efectuar: Ubicar y detener a quien pensaba pudiera ser el responsable del asesinato de su hija.
Pero enseguida tropezó con un escollo mayor, que ahora repiten periodistas, gobernantes, analistas y políticos en general. Barraza fue liberado a pesar, dicen, de haberse confesado culpable del asesinato. Sin embargo, tres jueces de juicios orales no encontraron evidencias de que fuera el responsable, vamos, ni siquiera pudieron demostrarles (los fiscales, en aquel entonces agentes del Ministerio Público) que Barraza hubiese estado en el lugar del crimen. Solo existía, machaconamente, la supuesta confesión del presunto.
El caso arrastra –sostiene el abogado Salvador Urbina– “una deficiente integración del agente del Ministerio Público, de la carpeta de investigación en la que se pretendía responsabilizar a Sergio Rafael Barraza Bocanegra por la muerte de su esposa Rubí Marisol Frayre Bocanegra”.
Quienes ahora deploran la actuación de los jueces, han pasado por alto que la responsabilidad de la exoneración decretada pasa, también, por la contundencia de las pruebas aportadas por el Ministerio Público, cosa que alegarán los jueces destituidos fast track el viernes anterior, en una deplorable demostración de sometimiento de los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia a los dictados del titular del Poder Ejecutivo y que seguramente objetarán legalmente.
Peor aún, si se llegará a esa etapa, acudiremos a la ventilación de un conjunto de corruptelas pues la mecánica del asesinato de Marisela, intuida al principio, constatada luego por el video de las cámaras de seguridad de Palacio y primeras versiones oficiales, nos habla de la concreción de un asesinato por elementos muy profesionales, con la participación de, al menos, cuatro o cinco personas, además del asesino, hechos que se advierten de la lectura detallada de tal evidencia.
Aterra la sincronización del grupo y espantan las condiciones de relajamiento absoluto de las dependencias de seguridad pública.
Una mujer, denunciante de un salvaje asesinato, decidió manifestarse permanentemente frente a Palacio de Gobierno de la entidad más violenta del país. Ella misma denunciaba una y otra vez, a quien quisiera escucharla, que había sido amenazada de muerte por los familiares del presunto asesino de su hija.
Bueno, pues ni en uno ú otro caso existía la más elemental medida de seguridad alrededor, ni de Palacio de Gobierno, ni de la activista ¿Acaso no estamos en medio de una fatal guerra de los Carteles, o de la “guerra” de Calderón contra ellos? Ni un solo elemento de seguridad pública se encontraba cerca en el momento de los hechos.
La misma noche del asesinato, las autoridades afirmaron que Escobedo sí contaba con una protección “discreta” y que Palacio de Gobierno se había cerrado minutos antes del asesinato.
Marisela no tenía protección de ningún tipo y las puertas de Palacio se cerraron en el momento que se detenía el vehículo blanco (según se aprecia en el video, 33 segundos antes del disparo fatal) que transportó al asesino de Marisela Escobedo. Hasta unos momentos atrás, salieron y entraron personas del recinto ¿Por qué cerraron en ese momento? ¿Alguien puede explicarnos la razón? ¿Los agentes de seguridad se percataron del atentado y prefirieron cerrar?
¿Por qué razón, si Marisela había denunciado amenazas de muerte en su contra no se le asignó una protección, así fuera “discreta”, como asevera el Fiscal General? Porque de haber existido ésta, los segundos que le ofreció su hermano a Marisela, al lanzarle una silla al asesino, hubiesen bastado para evitar su muerte.
Vaya valentía la de esta mujer, emblemática ya de la lucha por la impartición de justicia, huyendo de su agresor tuvo la entereza de, con el movimiento de su brazo, pedirle a su hermano que se apartara.
Pero si de la mecánica del asesinato no se desprendieran conclusiones más aterradoras, el “levantón” del cuñado de Marisela y el incendio del negocio de su pareja, provocado por individuos armados, el día de ayer, no puede ubicarse como una fatal coincidencia.
¿Nos debe llevar a la conclusión de que Marisela se había enfrentado a un grupo del crimen organizado? ¿Que sus protestas, sobre todo mediáticas, influyesen en esos grupos criminales a grado tal que los llevó a tomar determinaciones funestas para la doliente madre de Rubí?
Cuesta trabajo creerlo. La otra sospecha es la perversa colusión de esos intereses y los de quienes no efectuaron su trabajo y que la actividad de Marisela la llevase al descubrimiento de una más de las cloacas de los aparatos de seguridad.
Lo cierto es que la actuación de esos elementos raya en la provocación al orden establecido, su actuación, presta, profesional, retadora, pues sabían del enorme riesgo corrido de efectuarse un atentado en ese lugar. No les importó.
Y empezó el linchamiento ¿Contra quién? Pues por supuesto contra los jueces. Estos pueden ser responsables de omisiones, quizá hasta delitos, pero afirmar tajantemente que son los culpables deberá merecer la atención de los niveles superiores del Poder Judicial. Implica luchar contra una forma de apreciar la aplicación de justicia. En Chihuahua, para acabar con los chivos expiatorios, se determinó quitarle a la declaración autoinculpatoria toda la importancia del pasado. Ya no basta decir que alguien confesó su delito –¿por qué no lo detienen?
Eso forma parte de la historia, hasta ahora, y ha evitado que nos hubiesen fabricado ya a los responsables de los más de 10 mil ejecuciones en Chihuahua, sólo basta recordar a cuántos presuntos asesinos nos han presentado las autoridades federales –en horario estelar, cadena nacional y sendas entrevistas con los supuestos sicarios– responsables, cada uno, de decenas de asesinatos y luego nos enteramos, por informaciones casi clandestinas, que fueron acusados, sólo, de posesión de armas prohibidas.
Tampoco se puede afirmar –desde esta tribuna– que Barraza sea inocente, lo que sí tenemos a la mano son los suficientes elementos para sustentar que las instituciones fallaron en el pasado reciente de esta familia ¿Por qué no ir más adelante y haber evitado cosas tan funestas como las ahora comentadas?
¿Por qué ninguna autoridad se molestó, como lo hacen en prácticamente todas las manifestaciones, en dejar al lado de los tres manifestantes del jueves pasado a un par de policías de cualquiera de los niveles de gobierno?
¿Por qué no había guardias en la puerta principal de Palacio de Gobierno?
Y no son señalamientos orientados a ubicar a los responsables del asesinato en las dependencias responsables de tales omisiones, sino que éstas demuestran el bajo nivel con el que se desempeñan, no obstante la matazón de que somos testigos impotentes.
La sociedad chihuahuense espera la versión de los jueces que ahora han sido linchados mediáticamente; otros esperamos los informes de quienes tenían la responsabilidad de demostrar la culpabilidad de Sergio Barraza; la de las autoridades que no lo detuvieron y no lo ubicaban; la de los magistrados del Tribunal de Segunda Instancia que revocó la absolución de Barraza Bocanegra y le dictó sentencia de 50 años de prisión, por unanimidad. Igual que sus antecesores lo habían declarado inocente, con las mismas pruebas. Ojalá no nos vayamos a encontrar con resoluciones judiciales al gusto del gobernante en turno.
En otra de sus declaraciones, el Gobernador César Duarte le pidió al fiscal General, Carlos Manuel Salas, una investigación sobre los agentes encargados de la seguridad de Marisela Escobedo. Esto quiere decir que él estaba informado de la existencia de una protección a cargo del gobierno a su mando ¿Y entonces?
jueves, 16 de diciembre de 2010
AMLO, construir la hegemonía
El Diario, 16 de diciembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
La breve visita del excandidato presidencial del PRD, Andrés Manuel López Obrador a la capital del estado, en la que prácticamente sólo atendió una reunión de los dirigentes de la estructura creada por ellos y una entrevista radiofónica, trajo (por lo menos para el escribiente) una novedad en su discurso. No sólo repitió luengos tramos de lo que ha expresado a lo largo y ancho del país, repitiendo casi sin variaciones sus acusaciones contra “La mafia del poder”, pero que ahora ahondó en ese discurso el tema central de su pensamiento, fruto de los acontecimientos de la campaña electoral y los años subsiguientes.
Visto desde la óptica del poder, desde la formalidad de los poderes reales y fácticos, y, sobre todo, de lo que la mayoría de los ciudadanos aprecia en la lucha política, sus expresiones suenan un tanto desfasadas. Más, si sopesamos las verdaderas condiciones en las que se sustenta su actuación.
Casi expulsado del PRD, recibido como huésped de dos partidos –el PT y Convergencia- que a la mayor brevedad la juegan de aliados con el PRI en los virreinatos priistas del país, el tabasqueño afinó su discurso y seguramente sus concepciones.
Lo dijo reiteradamente en el acto celebrado a pocas cuadras de la sede estatal del PRI chihuahuense, en el sur capitalino: “Cambiar la vida política del país, no es sólo llegar al gobierno, o ganar la Presidencia; tiene que haber un camino para llegar a esa meta, debe haber una estrategia… porque sin estrategia, no se gana… y para ello necesitamos convocar a los protagonistas del cambio…”
Al contrario del discurso tradicional de la izquierda socialista o comunista, cuando López Obrador habla de tales personajes, no se refiere a la clase obrera, sino a los ciudadanos “libres” que deciden sumarse a la cruzada lopezobradorista y, consciente de la profundidad del cambio pretendido, una y otra vez machaca en la necesidad de que sus compañeros no sólo aborden las tareas electorales, sino fundamentalmente la de convencer a sus vecinos y compañeros de trabajo, de vivienda, etc. de que para gobernar necesitan (no lo dice con esas palabras) construir la hegemonía.
No de otra manera se puede entender cuando aborda uno de las principales causas de la desigualdad social, la de que las más poderosas empresas y empresarios no pagan impuestos y llevarlos a que lo hagan, ya en el poder una coalición de fuerzas como la que podría encabezar él, necesitarían vencer innumerables y poderosísimas resistencias de los poderes fácticos, a los que ubica en la propiedad del duopolio televisivo “por eso defienden a la mafia del poder”, dice.
Planteadas así las cosas, quizá ahora más claras, el tabasqueño insiste en que deberán obtener la suficiente cantidad de “protagonistas” sociales, para no depender de las estructuras partidistas a las que tanto criticaron los responsables de la estructura distrital que rindieron su informe, en una reunión política por demás sui géneris.
Esas sí son de las que construyen hegemonías, preguntémosles a los triunfadores de la Revolución Mexicana ¿Qué hubiera sido sin los precursores de ella, los miembros del Partido Liberal, distribuidores del periódico Regeneración, nombre que ahora recupera el movimiento lopezobradorista para el suyo, con una circulación, dicen, de 5 millones cada mes?
Si así fuera, entonces podremos llevarnos muchas sorpresas políticas. Creyeron que estaba muerto, en realidad traía un pachangón en la totalidad de los municipios del país.
Luis Javier Valero Flores
La breve visita del excandidato presidencial del PRD, Andrés Manuel López Obrador a la capital del estado, en la que prácticamente sólo atendió una reunión de los dirigentes de la estructura creada por ellos y una entrevista radiofónica, trajo (por lo menos para el escribiente) una novedad en su discurso. No sólo repitió luengos tramos de lo que ha expresado a lo largo y ancho del país, repitiendo casi sin variaciones sus acusaciones contra “La mafia del poder”, pero que ahora ahondó en ese discurso el tema central de su pensamiento, fruto de los acontecimientos de la campaña electoral y los años subsiguientes.
Visto desde la óptica del poder, desde la formalidad de los poderes reales y fácticos, y, sobre todo, de lo que la mayoría de los ciudadanos aprecia en la lucha política, sus expresiones suenan un tanto desfasadas. Más, si sopesamos las verdaderas condiciones en las que se sustenta su actuación.
Casi expulsado del PRD, recibido como huésped de dos partidos –el PT y Convergencia- que a la mayor brevedad la juegan de aliados con el PRI en los virreinatos priistas del país, el tabasqueño afinó su discurso y seguramente sus concepciones.
Lo dijo reiteradamente en el acto celebrado a pocas cuadras de la sede estatal del PRI chihuahuense, en el sur capitalino: “Cambiar la vida política del país, no es sólo llegar al gobierno, o ganar la Presidencia; tiene que haber un camino para llegar a esa meta, debe haber una estrategia… porque sin estrategia, no se gana… y para ello necesitamos convocar a los protagonistas del cambio…”
Al contrario del discurso tradicional de la izquierda socialista o comunista, cuando López Obrador habla de tales personajes, no se refiere a la clase obrera, sino a los ciudadanos “libres” que deciden sumarse a la cruzada lopezobradorista y, consciente de la profundidad del cambio pretendido, una y otra vez machaca en la necesidad de que sus compañeros no sólo aborden las tareas electorales, sino fundamentalmente la de convencer a sus vecinos y compañeros de trabajo, de vivienda, etc. de que para gobernar necesitan (no lo dice con esas palabras) construir la hegemonía.
No de otra manera se puede entender cuando aborda uno de las principales causas de la desigualdad social, la de que las más poderosas empresas y empresarios no pagan impuestos y llevarlos a que lo hagan, ya en el poder una coalición de fuerzas como la que podría encabezar él, necesitarían vencer innumerables y poderosísimas resistencias de los poderes fácticos, a los que ubica en la propiedad del duopolio televisivo “por eso defienden a la mafia del poder”, dice.
Planteadas así las cosas, quizá ahora más claras, el tabasqueño insiste en que deberán obtener la suficiente cantidad de “protagonistas” sociales, para no depender de las estructuras partidistas a las que tanto criticaron los responsables de la estructura distrital que rindieron su informe, en una reunión política por demás sui géneris.
Esas sí son de las que construyen hegemonías, preguntémosles a los triunfadores de la Revolución Mexicana ¿Qué hubiera sido sin los precursores de ella, los miembros del Partido Liberal, distribuidores del periódico Regeneración, nombre que ahora recupera el movimiento lopezobradorista para el suyo, con una circulación, dicen, de 5 millones cada mes?
Si así fuera, entonces podremos llevarnos muchas sorpresas políticas. Creyeron que estaba muerto, en realidad traía un pachangón en la totalidad de los municipios del país.
martes, 14 de diciembre de 2010
Rechazo social
El Diario, 14 de diciembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Bueno, pues lo peor de las consecuencias de la “guerra” de Calderón ya sucedió. Incorporar a las fuerzas federales, tanto policiacas como militares, en el combate al narcotráfico, sin estrategia ni inteligencia alguna, tenía como riesgos inminentes el que la población civil pasara de la connivencia, la tolerancia o el simplemente pensar que las cosas eran así y que el tráfico de drogas no le afectaría, al rechazo abierto a las fuerzas gubernamentales. Ya pasó, particularmente en Juárez y destacadamente en Michoacán, a juzgar por las primeras manifestaciones sociales celebradas en los dos días más recientes.
Si bien las protestas de los médicos de Juárez se inscriben solamente en protesta contra la violencia y el clima hostil en el que trabajan, lo cierto es que en sus manifestaciones hay una crítica devastadora hacia las fuerzas policiacas
La respuesta de los médicos juarenses deberá anotarse como una de las más importantes manifestaciones de esa población, golpeada salvajemente por la ola delictiva –¿Será coincidencia que el incremento de las extorsiones se haya disparado con la llegada de la Policía Federal? – pues, además de las extorsiones a las que han estado sometidos, las frecuentes ejecuciones –remates– realizadas en el interior de los hospitales los han llevado a adoptar –o por lo menos anunciar que así lo harán– medidas verdaderamente drásticas, como lo es el de negarse a atender a los presuntos delincuentes y/o policías heridos en los enfrentamientos.
No debería sorprender tal reacción, la ineficacia del aparato policiaco y de los planes de seguridad pública los ha llevado a manifestar que la sociedad está indefensa ante los embates de las bandas criminales.
Llama la atención que se anunciara la dilatada extensión del paro médico, por lo menos sus voceros anunciaron que abarcaría a todos los hospitales del sector público y privado, los que sólo atenderían emergencias y operaciones programadas. Al momento que se lean estos comentarios ya sabremos las dimensiones de la protesta médica.
La protesta llegó a estos niveles después del secuestro de once médicos, dos de ellos asesinados incluso a pesar de haber pagado el rescate.
El doctor Arturo Valenzuela Zorrilla, integrante de la mesa de seguridad del programa Todos Somos Juárez, fue enfático al señalar que esta era “una medida extrema, esperaremos la respuesta de las autoridades, ya no queremos palabras sino acciones concretas, de lo contrario, y ya lo avisamos, nos vamos de la ciudad porque así no se puede trabajar”. (Nota de Notimex, El Diario, 13/12/10).
Las protestas de los médicos han merecido un amplio respaldo, lo que marca una diferencia con el pasado reciente.
Los grupos del narcotráfico tenían en esa ciudad una especie de acolchonamiento social, su actividad no merecía la repulsa abierta de una sociedad abiertamente acostumbrada a la existencia del contrabando y el tráfico de drogas.
Se acabó, ahora tenemos una sociedad en la cual algunos sectores empiezan a oponerse a semejante conducta, pero al contrario de las protestas michoacanas, acá las protestas tienen un destino más claro: la ineficacia gubernamental al no garantizar la seguridad pública.
En cambio, los michoacanos están reaccionando tal como si estuvieran protestando en contra de una fuerza invasora (los agrupamientos federales) y, en consecuencia, de alguna manera, ofrecerle a la Familia Michoacana un resguardo social, pero tal es solamente la apariencia de un fenómeno social complejísimo y al que reiteradamente Calderón ha respondido con el uso salvaje de la fuerza, sin que aparezcan los elementos de inteligencia que lleven al desmantelamiento de la columna vertebral del crimen organizado: las finanzas, el lavado de dinero.
¿Dónde, dónde están las operaciones financieras en contra de los cárteles del crimen organizado?
En tanto, la lucha contra el tráfico de drogas instrumentada por Calderón pierde aceleradamente el respaldo social.
Luis Javier Valero Flores
Bueno, pues lo peor de las consecuencias de la “guerra” de Calderón ya sucedió. Incorporar a las fuerzas federales, tanto policiacas como militares, en el combate al narcotráfico, sin estrategia ni inteligencia alguna, tenía como riesgos inminentes el que la población civil pasara de la connivencia, la tolerancia o el simplemente pensar que las cosas eran así y que el tráfico de drogas no le afectaría, al rechazo abierto a las fuerzas gubernamentales. Ya pasó, particularmente en Juárez y destacadamente en Michoacán, a juzgar por las primeras manifestaciones sociales celebradas en los dos días más recientes.
Si bien las protestas de los médicos de Juárez se inscriben solamente en protesta contra la violencia y el clima hostil en el que trabajan, lo cierto es que en sus manifestaciones hay una crítica devastadora hacia las fuerzas policiacas
La respuesta de los médicos juarenses deberá anotarse como una de las más importantes manifestaciones de esa población, golpeada salvajemente por la ola delictiva –¿Será coincidencia que el incremento de las extorsiones se haya disparado con la llegada de la Policía Federal? – pues, además de las extorsiones a las que han estado sometidos, las frecuentes ejecuciones –remates– realizadas en el interior de los hospitales los han llevado a adoptar –o por lo menos anunciar que así lo harán– medidas verdaderamente drásticas, como lo es el de negarse a atender a los presuntos delincuentes y/o policías heridos en los enfrentamientos.
No debería sorprender tal reacción, la ineficacia del aparato policiaco y de los planes de seguridad pública los ha llevado a manifestar que la sociedad está indefensa ante los embates de las bandas criminales.
Llama la atención que se anunciara la dilatada extensión del paro médico, por lo menos sus voceros anunciaron que abarcaría a todos los hospitales del sector público y privado, los que sólo atenderían emergencias y operaciones programadas. Al momento que se lean estos comentarios ya sabremos las dimensiones de la protesta médica.
La protesta llegó a estos niveles después del secuestro de once médicos, dos de ellos asesinados incluso a pesar de haber pagado el rescate.
El doctor Arturo Valenzuela Zorrilla, integrante de la mesa de seguridad del programa Todos Somos Juárez, fue enfático al señalar que esta era “una medida extrema, esperaremos la respuesta de las autoridades, ya no queremos palabras sino acciones concretas, de lo contrario, y ya lo avisamos, nos vamos de la ciudad porque así no se puede trabajar”. (Nota de Notimex, El Diario, 13/12/10).
Las protestas de los médicos han merecido un amplio respaldo, lo que marca una diferencia con el pasado reciente.
Los grupos del narcotráfico tenían en esa ciudad una especie de acolchonamiento social, su actividad no merecía la repulsa abierta de una sociedad abiertamente acostumbrada a la existencia del contrabando y el tráfico de drogas.
Se acabó, ahora tenemos una sociedad en la cual algunos sectores empiezan a oponerse a semejante conducta, pero al contrario de las protestas michoacanas, acá las protestas tienen un destino más claro: la ineficacia gubernamental al no garantizar la seguridad pública.
En cambio, los michoacanos están reaccionando tal como si estuvieran protestando en contra de una fuerza invasora (los agrupamientos federales) y, en consecuencia, de alguna manera, ofrecerle a la Familia Michoacana un resguardo social, pero tal es solamente la apariencia de un fenómeno social complejísimo y al que reiteradamente Calderón ha respondido con el uso salvaje de la fuerza, sin que aparezcan los elementos de inteligencia que lleven al desmantelamiento de la columna vertebral del crimen organizado: las finanzas, el lavado de dinero.
¿Dónde, dónde están las operaciones financieras en contra de los cárteles del crimen organizado?
En tanto, la lucha contra el tráfico de drogas instrumentada por Calderón pierde aceleradamente el respaldo social.
domingo, 12 de diciembre de 2010
Confirmado, guerra antinarco, sin inteligencia
El Diario, 12 de diciembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Las revelaciones de WikiLeaks de las comunicaciones entre los funcionarios norteamericanos, acerca del gobierno mexicano y el combate al narcotráfico, no solo desnudaron la increíble sumisión de la actual administración federal ante el gobierno de los Estados Unidos, sino también la enorme ineficacia del equipo dirigido por Felipe Calderón en ese aspecto, catalogado por los norteamericanos como el principal de los retos del panista.
La calificación de la guerra de Calderón efectuada por los norteamericanos, es bajísima. Dos son las principales características encontradas por ellos, la severa incoordinación y desconfianza existente entre las dependencias gubernamentales encargadas de la seguridad pública y la falta de un eficiente aparato de inteligencia, lo que ha llevado a los mexicanos, dicen nuestros vecinos, a depender casi absolutamente de las agencias estadounidenses pues, además, los cuerpos de seguridad nacionales no comparten datos por temor a infiltraciones
La estrategia de seguridad del presidente Felipe Calderón carece de un aparato efectivo de inteligencia para producir información de alta calidad y operaciones específicas. La dependencia resume que “el uso que hace México de inteligencia estratégica y táctica es fragmentada ad hoc y dependiente del apoyo de EU”, además de que uno “de los desafíos más importantes es la falta de confianza entre y dentro de las instituciones del gobierno de México… (ya que) la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene unidades de inteligencia que desarrollan información sobre capos del narcotráfico, pero en general no comparten esa información o análisis con las fuerzas desplegadas para la lucha antinarcóticos, como en Ciudad Juárez. Por lo tanto, soldados desplegados en puntos calientes operan virtualmente a ciegas, con la excepción de información anónima”.
Tales aseveraciones tendrían menor importancia si no fuera porque a unos cuantos meses de iniciada la “guerra” de Calderón, quien se desempeñara como primer jefe de las fuerzas federales en Michoacán, el comandante Javier Herrera Valles, denunció que todos los operativos efectuados bajo su conducción, y ordenados por el Secretario de Seguridad Pública Federal, se realizaron sin el conocimiento previo de los objetivos a alcanzar, ni del terreno a desplegarse, ni, mucho menos, las fuerzas con las que se enfrentarían, que nunca les otorgaron el mínimo de elementos de inteligencia, de investigación previa que los llevara a alcanzar los éxitos que mediáticamente sí se difundían.
Desatada la cacería en su contra, Herrera está encarcelado, acusado de cometer delitos contra la salud. No solo él sufre el hostigamiento oficial, un hijo y un hermano, ambos elementos de la misma agrupación, sufren de acosos desmedidos sólo por denunciar en su momento lo mismo que los funcionarios norteamericanos encontraron en la “guerra” de Calderón.
Incisivos, los informes de los estadounidenses ubican a nuestro país lejos de desarrollar un aparato de inteligencia autosuficiente, “a pesar de que la creación de un sistema coherente y operativo es crítica para el éxito en la lucha contra el crimen organizado” y enfatizan en el hecho de “… que muchas de las capturas exitosas de importantes figuras del narco son frecuentemente respaldadas por la asistencia de EU”, eufemismo usado para encubrir que el éxito de numerosos operativos han tenido como base las informaciones de los EU.
En ese recuento destaca, por supuesto, la eliminación de Héctor Beltrán Leyva y el hallazgo de varias narcofosas en distintos lugares del país, incluida Cd. Juárez y la detención de numerosos presuntos narcotraficantes.
Sin olvidar, ni dejar de lado que la ayuda norteamericana tiene pretensiones más allá del combate al narcotráfico, de ahí su clara tendencia a descalificar al ejército mexicano (lo dijimos una semana atrás, por ser reacio a la “modernización”, que para los norteamericanos significa convertirse en una especie de ariete de sus intereses) es de destacar la incongruencia de los informes de sus funcionarios al momento de evaluar la actuación de los dos agrupamientos militares, el de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el de la Marina (Semar) pues en tanto al primero lo ven lento, con una “nula preparación, sufre aversión al riesgo, está dividido y no es una garantía en la lucha contra el crimen organizado”, y falto de capacitación para reunir pruebas que incriminen a sus detenidos.
Así lo afirman en otro despacho, en el que los diplomáticos estadounidenses critican la salida del Ejército a las calles de algunos lugares como Juárez y dan cifras: sólo 2% de los detenidos son llevados a juicio, y sólo 2% de los detenidos en el antiguo Paso del Norte han sido responsabilizados de un crimen. Y luego reconocen que los militares no estaban preparados para patrullar las calles o imponer la ley, ni tienen la autoridad para recoger pruebas y presentarlas ante la judicatura.
En cambio, a la Semar la catalogan como una fuerza que “está bien entrenada, bien equipada y ha mostrado su capacidad para responder con rapidez a las acciones de inteligencia” de los norteamericanos que, según informó Carlos Pascual estos habían situado a “Arturo Beltrán Leyva en un edificio de departamentos localizado en Cuernavaca, donde ABL estaba escondido” y al que una unidad de la Semar le dio muerte, la que, afirma Pascual “fue entrenada intensamente por el Comando Norte hace varios años”.
Pero es justamente la acción más destacada de la Semar, la liquidación de Beltrán Leyva, la que desmiente contundentemente tales argumentos. Ese operativo no fue montado para detenerlo, sino para ejecutarlo, y la sevicia mostrada por sus elementos en el cadáver del narcotraficante ilustra fehacientemente su falta de preparación para acometer la lucha contra el narcotráfico respetando el marco legal vigente.
¿De dónde sacan los norteamericanos que la Marina tiene más preparación que el Ejército para acopiar las pruebas necesarias y enjuiciar a quienes sean detenidos por esta dependencia?
Más aún, a los informantes norteamericanos les bastó un solo incidente para catalogar al ejército mexicano de padecer “aversión al riesgo”, ya que, dicen, se negó a actuar en el operativo contra Beltrán Leyva a pesar de que la revista Proceso documentó que el jefe de la zona militar intentó ingresar, hasta en tres ocasiones, a la zona del combate y de que corrió consistentemente el rumor de que ese día habrían de comer en el departamento del sinaloense.
Pero la descalificación norteamericana hacia el ejército mexicano es contundente, usan ese mismo episodio como demostrativo de su conducta reacia “a actuar de manera inteligente y dirigir la operación contra objetivos de alto nivel”.
Es decir, y sin afirmar que tal sea la causa del fracaso de la “guerra” contra el narcotráfico, el informe de los norteamericanos se presta para que la conclusión sea obvia: El Ejército solo encamina sus acciones contra objetivos de poca monta, nunca contra los jefes de los cárteles, lo que nos llevaría a pensar, siguiendo la línea de pensamiento de los norteamericanos, que gracias a la omisión o la colusión de mandos militares las acciones en contra del narcotráfico no han tenido los resultados esperados por toda una sociedad ahíta de paz y seguridad.
Por otro lado, pero no tan lejana la relación, es de tal envergadura la dependencia mexicana en materia de inteligencia que en la caída de Beltrán Leyva, el embajador norteamericano, Carlos Pascual, enfatizó que la operación fue posible gracias a la información proporcionada por la delegación de Estados Unidos sobre la ubicación del capo.
Y si a eso se le agrega la inocultable descoordinación existente entre los funcionarios del gabinete y las dependencias encargadas de la seguridad pública, descoordinación que los funcionarios norteamericanos atribuyen a la rivalidad existente entre ellas, de las que dicen “están a menudo presas de una competencia de suma cero en la que un éxito de un organismo se ve como el fracaso del otro”.
Ante realidad tan apabullante, la administración calderonista solo atina a sostener, vía Alejandro Poiré, vocero del Consejo Nacional de Seguridad que el gobierno no ha perdido el control frente al narco, que hay actividades ordinarias en todo el país, ejemplo de lo cual, dice, es que se censó 99% del territorio; que la estrategia de seguridad ha avanzado “en sus cinco ejes y reporta logros significativos como el debilitamiento de bandas criminales; el reforzamiento de instituciones de seguridad y de justicia, tanto en el ámbito federal como en los estatales, y en la cooperación internacional”.
¿Es necesario decir algo más?
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
Las revelaciones de WikiLeaks de las comunicaciones entre los funcionarios norteamericanos, acerca del gobierno mexicano y el combate al narcotráfico, no solo desnudaron la increíble sumisión de la actual administración federal ante el gobierno de los Estados Unidos, sino también la enorme ineficacia del equipo dirigido por Felipe Calderón en ese aspecto, catalogado por los norteamericanos como el principal de los retos del panista.
La calificación de la guerra de Calderón efectuada por los norteamericanos, es bajísima. Dos son las principales características encontradas por ellos, la severa incoordinación y desconfianza existente entre las dependencias gubernamentales encargadas de la seguridad pública y la falta de un eficiente aparato de inteligencia, lo que ha llevado a los mexicanos, dicen nuestros vecinos, a depender casi absolutamente de las agencias estadounidenses pues, además, los cuerpos de seguridad nacionales no comparten datos por temor a infiltraciones
La estrategia de seguridad del presidente Felipe Calderón carece de un aparato efectivo de inteligencia para producir información de alta calidad y operaciones específicas. La dependencia resume que “el uso que hace México de inteligencia estratégica y táctica es fragmentada ad hoc y dependiente del apoyo de EU”, además de que uno “de los desafíos más importantes es la falta de confianza entre y dentro de las instituciones del gobierno de México… (ya que) la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene unidades de inteligencia que desarrollan información sobre capos del narcotráfico, pero en general no comparten esa información o análisis con las fuerzas desplegadas para la lucha antinarcóticos, como en Ciudad Juárez. Por lo tanto, soldados desplegados en puntos calientes operan virtualmente a ciegas, con la excepción de información anónima”.
Tales aseveraciones tendrían menor importancia si no fuera porque a unos cuantos meses de iniciada la “guerra” de Calderón, quien se desempeñara como primer jefe de las fuerzas federales en Michoacán, el comandante Javier Herrera Valles, denunció que todos los operativos efectuados bajo su conducción, y ordenados por el Secretario de Seguridad Pública Federal, se realizaron sin el conocimiento previo de los objetivos a alcanzar, ni del terreno a desplegarse, ni, mucho menos, las fuerzas con las que se enfrentarían, que nunca les otorgaron el mínimo de elementos de inteligencia, de investigación previa que los llevara a alcanzar los éxitos que mediáticamente sí se difundían.
Desatada la cacería en su contra, Herrera está encarcelado, acusado de cometer delitos contra la salud. No solo él sufre el hostigamiento oficial, un hijo y un hermano, ambos elementos de la misma agrupación, sufren de acosos desmedidos sólo por denunciar en su momento lo mismo que los funcionarios norteamericanos encontraron en la “guerra” de Calderón.
Incisivos, los informes de los estadounidenses ubican a nuestro país lejos de desarrollar un aparato de inteligencia autosuficiente, “a pesar de que la creación de un sistema coherente y operativo es crítica para el éxito en la lucha contra el crimen organizado” y enfatizan en el hecho de “… que muchas de las capturas exitosas de importantes figuras del narco son frecuentemente respaldadas por la asistencia de EU”, eufemismo usado para encubrir que el éxito de numerosos operativos han tenido como base las informaciones de los EU.
En ese recuento destaca, por supuesto, la eliminación de Héctor Beltrán Leyva y el hallazgo de varias narcofosas en distintos lugares del país, incluida Cd. Juárez y la detención de numerosos presuntos narcotraficantes.
Sin olvidar, ni dejar de lado que la ayuda norteamericana tiene pretensiones más allá del combate al narcotráfico, de ahí su clara tendencia a descalificar al ejército mexicano (lo dijimos una semana atrás, por ser reacio a la “modernización”, que para los norteamericanos significa convertirse en una especie de ariete de sus intereses) es de destacar la incongruencia de los informes de sus funcionarios al momento de evaluar la actuación de los dos agrupamientos militares, el de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el de la Marina (Semar) pues en tanto al primero lo ven lento, con una “nula preparación, sufre aversión al riesgo, está dividido y no es una garantía en la lucha contra el crimen organizado”, y falto de capacitación para reunir pruebas que incriminen a sus detenidos.
Así lo afirman en otro despacho, en el que los diplomáticos estadounidenses critican la salida del Ejército a las calles de algunos lugares como Juárez y dan cifras: sólo 2% de los detenidos son llevados a juicio, y sólo 2% de los detenidos en el antiguo Paso del Norte han sido responsabilizados de un crimen. Y luego reconocen que los militares no estaban preparados para patrullar las calles o imponer la ley, ni tienen la autoridad para recoger pruebas y presentarlas ante la judicatura.
En cambio, a la Semar la catalogan como una fuerza que “está bien entrenada, bien equipada y ha mostrado su capacidad para responder con rapidez a las acciones de inteligencia” de los norteamericanos que, según informó Carlos Pascual estos habían situado a “Arturo Beltrán Leyva en un edificio de departamentos localizado en Cuernavaca, donde ABL estaba escondido” y al que una unidad de la Semar le dio muerte, la que, afirma Pascual “fue entrenada intensamente por el Comando Norte hace varios años”.
Pero es justamente la acción más destacada de la Semar, la liquidación de Beltrán Leyva, la que desmiente contundentemente tales argumentos. Ese operativo no fue montado para detenerlo, sino para ejecutarlo, y la sevicia mostrada por sus elementos en el cadáver del narcotraficante ilustra fehacientemente su falta de preparación para acometer la lucha contra el narcotráfico respetando el marco legal vigente.
¿De dónde sacan los norteamericanos que la Marina tiene más preparación que el Ejército para acopiar las pruebas necesarias y enjuiciar a quienes sean detenidos por esta dependencia?
Más aún, a los informantes norteamericanos les bastó un solo incidente para catalogar al ejército mexicano de padecer “aversión al riesgo”, ya que, dicen, se negó a actuar en el operativo contra Beltrán Leyva a pesar de que la revista Proceso documentó que el jefe de la zona militar intentó ingresar, hasta en tres ocasiones, a la zona del combate y de que corrió consistentemente el rumor de que ese día habrían de comer en el departamento del sinaloense.
Pero la descalificación norteamericana hacia el ejército mexicano es contundente, usan ese mismo episodio como demostrativo de su conducta reacia “a actuar de manera inteligente y dirigir la operación contra objetivos de alto nivel”.
Es decir, y sin afirmar que tal sea la causa del fracaso de la “guerra” contra el narcotráfico, el informe de los norteamericanos se presta para que la conclusión sea obvia: El Ejército solo encamina sus acciones contra objetivos de poca monta, nunca contra los jefes de los cárteles, lo que nos llevaría a pensar, siguiendo la línea de pensamiento de los norteamericanos, que gracias a la omisión o la colusión de mandos militares las acciones en contra del narcotráfico no han tenido los resultados esperados por toda una sociedad ahíta de paz y seguridad.
Por otro lado, pero no tan lejana la relación, es de tal envergadura la dependencia mexicana en materia de inteligencia que en la caída de Beltrán Leyva, el embajador norteamericano, Carlos Pascual, enfatizó que la operación fue posible gracias a la información proporcionada por la delegación de Estados Unidos sobre la ubicación del capo.
Y si a eso se le agrega la inocultable descoordinación existente entre los funcionarios del gabinete y las dependencias encargadas de la seguridad pública, descoordinación que los funcionarios norteamericanos atribuyen a la rivalidad existente entre ellas, de las que dicen “están a menudo presas de una competencia de suma cero en la que un éxito de un organismo se ve como el fracaso del otro”.
Ante realidad tan apabullante, la administración calderonista solo atina a sostener, vía Alejandro Poiré, vocero del Consejo Nacional de Seguridad que el gobierno no ha perdido el control frente al narco, que hay actividades ordinarias en todo el país, ejemplo de lo cual, dice, es que se censó 99% del territorio; que la estrategia de seguridad ha avanzado “en sus cinco ejes y reporta logros significativos como el debilitamiento de bandas criminales; el reforzamiento de instituciones de seguridad y de justicia, tanto en el ámbito federal como en los estatales, y en la cooperación internacional”.
¿Es necesario decir algo más?
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Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Apertura impostergable
El Diario, 9 de diciembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
¿Cómo transparentar el ejercicio de la función pública si los actos que debieran ser públicos se le ocultan a la sociedad?
¿Cómo exigirle a una sociedad, tan agraviada como la chihuahuense, que acompañe al gobierno (así, en general) si uno de los principales rubros de la actividad pública, como el de la elaboración y aprobación del presupuesto estatal –y de la ley de ingresos- se le intenta mantener alejada de su discusión?
Quienes integran –y dirigen- a la actual legislatura han dado pie a ocupar sendos lugares de atención preferente de los medios de comunicación, particularmente en lo referente a su relación con éstos, y han debido –aparentemente- recular en asuntos menores como el de la regulación de la actividad de los reporteros en la sala de sesiones.
Ayer mismo, en diversas columnas de medios digitales ocupaban el centro de la atención debido a la información consistente en que cada uno de los legisladores recibiría 3 mil 600 pesos para “transportación”, en vez de la dotación de autos nuevos.
Siendo asuntos importantes los anteriores, y altamente criticable el segundo pues habla de la muy poca sensibilidad política de quienes están ahí precisamente por eso, por ser políticos, el lunes inició una práctica más criticable todavía.
Con la comparecencia del Secretario de Desarrollo Rural, Octavio Legarreta, iniciaron ese día las comparecencias de los secretarios a las comisiones legislativas, con el fin de abundar en información a los diputados, previamente a la discusión y aprobación de la ley de ingresos y presupuesto de egresos del gobierno estatal para el 2011.
La novedad consistió en que dichas comparecencias serán cerradas, solo podrán asistir a ellas los diputados locales y nadie más. Serán eventos cerrados para los medios de comunicación, por lo que ya podemos adelantar que la sociedad chihuahuense no estará informada de ellos, que no podremos estar en condiciones de adentrarnos en las argumentaciones de los integrantes del Poder Ejecutivo para la elaboración del presupuesto, ni nos enteraremos de los argumentos –pobres, ricos, certeros, desatinados, como sean- de los legisladores locales, ni, mucho menos, los chihuahuenses podrán comentar acerca de tales procesos y solo seremos testigos y víctimas o beneficiarios de las buenas artes de tales funcionarios.
Asombra tal disposición en plena época de la transparencia, de la que se ufanan ser los mejores los gobernantes de todos los colores partidarios, pues tal calidad sólo la pueden otorgar los hechos y actitudes así percibidos por la sociedad.
¿Cómo confiar en que los actos de los legisladores locales serán plenamente transparentes si en la discusión del asunto que es el más público de todos, los recursos económicos gubernamentales, que son los de todos los ciudadanos, se actúa de tal manera que solo se da pie a la sustentada sospecha de que se intenta ocultar algo a la sociedad.
Urge transformar la mentalidad de la clase política en un asunto que es toral para el desarrollo democrático de cualquier sociedad, el de hacerles ver que los asuntos públicos, todos, son precisamente públicos porque se trata del manejo de los recursos económicos, humanos, culturales, etc., de toda la sociedad, que nos pertenecen a todos y que, entonces, debieran actuar en consonancia.
Por supuesto que existen algunos que, por su naturaleza, deben permanecer ocultos a la sociedad, –particularmente los referentes a la seguridad pública- pero no se antoja, en el ámbito chihuahuense, que existan demasiados asuntos merecedores de tal clasificación.
¿O será que se pretende continuar con el actual discurso, de querer hacernos creer que las cosas mejorarán –en materia presupuestal- en el 2011?
Vano intento, la absoluta mayoría de los chihuahuenses sabe que no hay demasiadas cosas que nos lleven al optimismo, por el contrario. Y si esa es la percepción generalizada, flaco favor se hacen a sí mismos los gobernantes con intentar ocultar asuntos como el ahora planteado.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
¿Cómo transparentar el ejercicio de la función pública si los actos que debieran ser públicos se le ocultan a la sociedad?
¿Cómo exigirle a una sociedad, tan agraviada como la chihuahuense, que acompañe al gobierno (así, en general) si uno de los principales rubros de la actividad pública, como el de la elaboración y aprobación del presupuesto estatal –y de la ley de ingresos- se le intenta mantener alejada de su discusión?
Quienes integran –y dirigen- a la actual legislatura han dado pie a ocupar sendos lugares de atención preferente de los medios de comunicación, particularmente en lo referente a su relación con éstos, y han debido –aparentemente- recular en asuntos menores como el de la regulación de la actividad de los reporteros en la sala de sesiones.
Ayer mismo, en diversas columnas de medios digitales ocupaban el centro de la atención debido a la información consistente en que cada uno de los legisladores recibiría 3 mil 600 pesos para “transportación”, en vez de la dotación de autos nuevos.
Siendo asuntos importantes los anteriores, y altamente criticable el segundo pues habla de la muy poca sensibilidad política de quienes están ahí precisamente por eso, por ser políticos, el lunes inició una práctica más criticable todavía.
Con la comparecencia del Secretario de Desarrollo Rural, Octavio Legarreta, iniciaron ese día las comparecencias de los secretarios a las comisiones legislativas, con el fin de abundar en información a los diputados, previamente a la discusión y aprobación de la ley de ingresos y presupuesto de egresos del gobierno estatal para el 2011.
La novedad consistió en que dichas comparecencias serán cerradas, solo podrán asistir a ellas los diputados locales y nadie más. Serán eventos cerrados para los medios de comunicación, por lo que ya podemos adelantar que la sociedad chihuahuense no estará informada de ellos, que no podremos estar en condiciones de adentrarnos en las argumentaciones de los integrantes del Poder Ejecutivo para la elaboración del presupuesto, ni nos enteraremos de los argumentos –pobres, ricos, certeros, desatinados, como sean- de los legisladores locales, ni, mucho menos, los chihuahuenses podrán comentar acerca de tales procesos y solo seremos testigos y víctimas o beneficiarios de las buenas artes de tales funcionarios.
Asombra tal disposición en plena época de la transparencia, de la que se ufanan ser los mejores los gobernantes de todos los colores partidarios, pues tal calidad sólo la pueden otorgar los hechos y actitudes así percibidos por la sociedad.
¿Cómo confiar en que los actos de los legisladores locales serán plenamente transparentes si en la discusión del asunto que es el más público de todos, los recursos económicos gubernamentales, que son los de todos los ciudadanos, se actúa de tal manera que solo se da pie a la sustentada sospecha de que se intenta ocultar algo a la sociedad.
Urge transformar la mentalidad de la clase política en un asunto que es toral para el desarrollo democrático de cualquier sociedad, el de hacerles ver que los asuntos públicos, todos, son precisamente públicos porque se trata del manejo de los recursos económicos, humanos, culturales, etc., de toda la sociedad, que nos pertenecen a todos y que, entonces, debieran actuar en consonancia.
Por supuesto que existen algunos que, por su naturaleza, deben permanecer ocultos a la sociedad, –particularmente los referentes a la seguridad pública- pero no se antoja, en el ámbito chihuahuense, que existan demasiados asuntos merecedores de tal clasificación.
¿O será que se pretende continuar con el actual discurso, de querer hacernos creer que las cosas mejorarán –en materia presupuestal- en el 2011?
Vano intento, la absoluta mayoría de los chihuahuenses sabe que no hay demasiadas cosas que nos lleven al optimismo, por el contrario. Y si esa es la percepción generalizada, flaco favor se hacen a sí mismos los gobernantes con intentar ocultar asuntos como el ahora planteado.
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martes, 7 de diciembre de 2010
Cisma en la cima
Luis Javier Valero Flores
No tiene la estridencia de los conflictos de los perredistas (y en lo general, de las agrupaciones de la izquierda), ni tampoco la solemnidad de las rupturas de los priístas, pero de que algo se fracturó el domingo en la sesión del Consejo Nacional del PAN, ni duda cabe.
La evidencia mayor la constituyó el hecho de que la segunda candidatura más importante para la presidencia nacional no pudo incluir sus propuestas en la composición del nuevo Comité Nacional, emergido luego del triunfo de Gustavo Madero. Roberto Gil Zuarth, surgido como aspirante a la máxima dirigencia partidaria desde lo hondo de la alta burocracia del blanquiazul en el poder, denunció al nuevo presidente de incumplidor de los acuerdos a los que habían llegado el viernes anterior por la noche.
Reunidos en esa ocasión, antes de la elección de la dirigencia nacional, acordaron que al surgir un ganador de la elección en la primera ronda, todos declinarían y se conformaría un comité plural e incluyente.
Pues nada, que Madero, ya ungido presidente no incluyó el número solicitado por Gil, ni el número obligado de mujeres y que se le arma. El ex aspirante retiró sus propuestas y Madero protagonizó su primer desaguisado que, con sus antecedentes en la conducción de la Cámara de Senadores, muy probablemente serán frecuentes. Increpado por la titular del Instituto Nacional de la Mujeres, Rocío García Gaytán, y de la esposa de Felipe Calderón por lo de la “cuota de género”, debió elaborar de nuevo su lista bajo ¡la supervisión de las dos consejeras, listas a que el nuevo dirigente hiciera la tarea
Pero este episodio develó otro aspecto, desconocido para la mayoría de los mexicanos: Que la esposa de Calderón impulsó la candidatura de Madero y su hermana, Luisa María, participó en la campaña de Roberto Gil.
Por si fuera poco, a la sesión del Consejo Nacional se le impidió el acceso a Manuel Espino, ex presidente nacional y ex líder de la organización internacional a la que pertenece el PAN, no hace mucho, ni más ni menos que en el sexenio anterior, en el primer cargo, y sólo hace menos de un año en el segundo.
Y se le impidió entrar porque fue expulsado de su partido por el Comité Estatal de Sonora, entidad en la que ocupó durante algunos años la presidencia, enviado por el Comité Nacional a tratar de superar las divisiones generadas por la no postulación al gobierno estatal, de un viejo militante, Adalberto Rosas.
Las cosas se complican aún más debido a que no se trata, entonces, de cualquier militante, sino de uno que representa a una corriente, de las varias más cargadas a la derecha existentes al interior del panismo y, además, muy identificado con el equipo presidencial de Vicente Fox, quien, al igual que Espino y Jorge Castañeda, ha lanzado durísimas críticas al gobierno de Felipe Calderón.
No obstante, la nueva composición del comité nacional del blanquiazul refleja el indudable avance de las tendencias más conservadoras en ese partido, que de paso debe decirse, en el pasado no se identificaba a Gustavo Madero como integrante de ella.
Pero el ascenso del chihuahuense, y sus primeros discursos no hacen abrigar esperanza alguna de que pudiera establecer la “sana distancia” frente al gobierno de Calderón. Todo lo contrario, se antoja que seguirá en la misma senda de sus inmediatos predecesores, Germán Martínez y César Nava, surgidos del grupo más compacto de los cercanos de aquel.
Tal característica, y la preeminencia del michoacano en las decisiones de su partido, lo ilustra el rumor, insistente en la noche del viernes, consistente en que todos los candidatos (Cecilia Romero, Gustavo Madero, Francisco Ramírez y Blanca Judith Díaz) habían pactado un acuerdo en ir todos juntos en contra de Roberto Gil, al que, de acuerdo con esta versión desconocerían, primero, la inscripción como candidato y luego impedirían el triunfo en la elección...
Casi lo logran, fue necesaria la intervención del Secretario de Gobernación para impedirlo.
Y apenas se levantó como nuevo dirigente nacional, Madero ya surtió al mercado de perlas japonesas (en recuerdo de Nikito Nipongo) y argumentó que oponerse a las alianzas era antidemocrático pues éstas, sostuvo, son “kriptonita para el PRI y denostarlas es una actitud antidemocrática”, y debe ahondarse en ellas para impedir que los “priístas se perpetúen en el poder”, como si la perpetuación del panismo fuera la opción democrática.
No tiene la estridencia de los conflictos de los perredistas (y en lo general, de las agrupaciones de la izquierda), ni tampoco la solemnidad de las rupturas de los priístas, pero de que algo se fracturó el domingo en la sesión del Consejo Nacional del PAN, ni duda cabe.
La evidencia mayor la constituyó el hecho de que la segunda candidatura más importante para la presidencia nacional no pudo incluir sus propuestas en la composición del nuevo Comité Nacional, emergido luego del triunfo de Gustavo Madero. Roberto Gil Zuarth, surgido como aspirante a la máxima dirigencia partidaria desde lo hondo de la alta burocracia del blanquiazul en el poder, denunció al nuevo presidente de incumplidor de los acuerdos a los que habían llegado el viernes anterior por la noche.
Reunidos en esa ocasión, antes de la elección de la dirigencia nacional, acordaron que al surgir un ganador de la elección en la primera ronda, todos declinarían y se conformaría un comité plural e incluyente.
Pues nada, que Madero, ya ungido presidente no incluyó el número solicitado por Gil, ni el número obligado de mujeres y que se le arma. El ex aspirante retiró sus propuestas y Madero protagonizó su primer desaguisado que, con sus antecedentes en la conducción de la Cámara de Senadores, muy probablemente serán frecuentes. Increpado por la titular del Instituto Nacional de la Mujeres, Rocío García Gaytán, y de la esposa de Felipe Calderón por lo de la “cuota de género”, debió elaborar de nuevo su lista bajo ¡la supervisión de las dos consejeras, listas a que el nuevo dirigente hiciera la tarea
Pero este episodio develó otro aspecto, desconocido para la mayoría de los mexicanos: Que la esposa de Calderón impulsó la candidatura de Madero y su hermana, Luisa María, participó en la campaña de Roberto Gil.
Por si fuera poco, a la sesión del Consejo Nacional se le impidió el acceso a Manuel Espino, ex presidente nacional y ex líder de la organización internacional a la que pertenece el PAN, no hace mucho, ni más ni menos que en el sexenio anterior, en el primer cargo, y sólo hace menos de un año en el segundo.
Y se le impidió entrar porque fue expulsado de su partido por el Comité Estatal de Sonora, entidad en la que ocupó durante algunos años la presidencia, enviado por el Comité Nacional a tratar de superar las divisiones generadas por la no postulación al gobierno estatal, de un viejo militante, Adalberto Rosas.
Las cosas se complican aún más debido a que no se trata, entonces, de cualquier militante, sino de uno que representa a una corriente, de las varias más cargadas a la derecha existentes al interior del panismo y, además, muy identificado con el equipo presidencial de Vicente Fox, quien, al igual que Espino y Jorge Castañeda, ha lanzado durísimas críticas al gobierno de Felipe Calderón.
No obstante, la nueva composición del comité nacional del blanquiazul refleja el indudable avance de las tendencias más conservadoras en ese partido, que de paso debe decirse, en el pasado no se identificaba a Gustavo Madero como integrante de ella.
Pero el ascenso del chihuahuense, y sus primeros discursos no hacen abrigar esperanza alguna de que pudiera establecer la “sana distancia” frente al gobierno de Calderón. Todo lo contrario, se antoja que seguirá en la misma senda de sus inmediatos predecesores, Germán Martínez y César Nava, surgidos del grupo más compacto de los cercanos de aquel.
Tal característica, y la preeminencia del michoacano en las decisiones de su partido, lo ilustra el rumor, insistente en la noche del viernes, consistente en que todos los candidatos (Cecilia Romero, Gustavo Madero, Francisco Ramírez y Blanca Judith Díaz) habían pactado un acuerdo en ir todos juntos en contra de Roberto Gil, al que, de acuerdo con esta versión desconocerían, primero, la inscripción como candidato y luego impedirían el triunfo en la elección...
Casi lo logran, fue necesaria la intervención del Secretario de Gobernación para impedirlo.
Y apenas se levantó como nuevo dirigente nacional, Madero ya surtió al mercado de perlas japonesas (en recuerdo de Nikito Nipongo) y argumentó que oponerse a las alianzas era antidemocrático pues éstas, sostuvo, son “kriptonita para el PRI y denostarlas es una actitud antidemocrática”, y debe ahondarse en ellas para impedir que los “priístas se perpetúen en el poder”, como si la perpetuación del panismo fuera la opción democrática.
domingo, 5 de diciembre de 2010
Ineficacia e intervención confirmadas
El Diario, 5 de diciembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Lo que durante años para el común de la gente eran patrañas, alucinaciones y paranoias de la izquierda mundial, con la divulgación de los cables cruzados entre los funcionarios de las embajadas norteamericanas y sus jefes, es ahora verdad casi absoluta: Estados Unidos ejerce el papel de policía mundial y determina, o trata de determinar la política de prácticamente todas las naciones en el mundo.
Que ese sea el papel buscado por los norteamericanos es negativo, pero que existan gobernantes prestos a actuar con sumisión frente a los dictados estadounidenses, o peor aún que actúen como agentes pronorteamericanos frente al resto de las naciones no tiene nombre.
Ahora sabemos que Felipe Calderón se ubica en la última categoría. Pasajes enteros de las comunicaciones entre los funcionarios norteamericanos lo retratan de cuerpo entero: “… Calderón también comentó extensamente sobre acontecimientos políticos en América Latina y el papel de los Estados Unidos. Si bien dijo que los Estados Unidos habían recuperado una estatura significativa en América Latina, asimismo, instó a una mayor participación estadounidense en la política de la región”.
Según este cable, el Director de Inteligencia del gobierno norteamericano, Dennis Blair, habría conversado con Felipe Calderón. El informe completo de esa conversación fue difundido y en él “Calderón destacó que el presidente venezolano Hugo Chávez está activo en todo el mundo, incluyendo México. Calderón dijo que México está tratando de aislar a Venezuela a través del Grupo de Río. Calderón también comentó que él está especialmente preocupado por las relaciones de Venezuela con Irán, y que la embajada iraní en México es muy activa. Calderón destacó que la creciente influencia de Irán en América Latina debe ser motivo de preocupación considerable a los Estados Unidos, y Chávez está haciendo todo posible para ayudar e instigar”.
El panista, según esta información, fue insistente en pedirle al norteamericano en que “La región necesita una presencia visible de Estados Unidos, señaló. Chávez, dijo Calderón, también tendrá la oportunidad de hacerlo en un número de elecciones próximas, especialmente las de Honduras. Lo que es más importante, dijo Calderón, los Estados Unidos deben estar dispuestos a participar en la elección del próximo presidente brasileño. Brasil, dijo, es clave para la contención de Chávez, pero lamentó que el presidente Lula ha sido renuente a hacerlo.
Para concluir, Calderón dijo que existe un vínculo entre Irán, Venezuela, drogas, tráfico de estupefacientes y estado de cuestiones de derecho. (Y que) Estados Unidos debería mirar a América Latina desde una perspectiva interconectada”.
Bastan estos párrafos para ubicar el papel jugado por quien detenta la Presidencia de la República, con argumentos tan falsos como el del párrafo anterior ¿Cómo, en dónde está la creciente influencia de Irán en América? ¿Con base en qué Calderón afirmó que ese país, el dirigido por Hugo Chávez (a quien acusa en otra parte de financiar la campaña de López Obrador en 2006) y el tráfico de drogas forman parten del mismo entramado?
Gravísima la postura de Calderón. Con base en quién sabe qué sustento político (y ético) le solicita a Estados Unidos intervenga más en los procesos electorales de América Central y Sudamérica ¿Acaso no sabe que solicitar eso significa, en función de la dinámica del poder norteamericano, que también lo puede hacer en nuestro país? ¿O eso es lo que está en el fondo?
Habíamos tenido presidentes acusados de ser agentes de la CIA (Echeverría y Díaz Ordaz) pero no habíamos tenido la oportunidad de conocer con precisión las conversaciones sostenidas entre esos y los funcionarios norteamericanos. Da pena y dolor ajenos; enerva la sumisión de quien se ostenta como mandatario de los mexicanos.
El mundo entero se ha convulsionado gracias a las filtraciones proporcionadas por el portal de internet Wikileaks y que resolvió otorgárselas a cinco periódicos.
Importa aclarar el origen de las informaciones. Se trata de los registros de los informes de los funcionarios de las embajadas norteamericanas (incluidos los embajadores) y la correspondencia entre éstos y sus jefes en el gobierno de Estados Unidos.
No se trata, entonces, de versiones de terceros sino de los reportes de funcionarios gubernamentales obligados, de acuerdo con el marco legal de Estados Unidos, a dejar el registro de sus actividades (por esa razón el pueblo norteamericano conoció las grabaciones de las actividades de Richard Nixon en contra del Partido Demócrata y que le costaron la pérdida de la presidencia de la república) por lo que la información filtrada por Wikileaks tiene todos los visos de ser veraz pues según la normatividad allá existente, los actos de los funcionarios gubernamentales deben ser del conocimiento –o estar en posibilidades de que puedan ser– del pueblo norteamericano.
Y si la intervención norteamericana es un hecho incontrastable, el fracaso de la “guerra” de Calderón en contra del crimen organizado, en voz de los norteamericanos adquirió certificado de confirmación.
Más aún, las filtraciones dan a conocer las serias divergencias existentes al interior del gabinete. Un asunto en particular lo retrata nítidamente. Blair dijo que el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, le había informado haber propuesto el establecimiento del estado de excepción (es decir, el cese de las garantías constitucionales) en varios puntos del país, especialmente en Juárez pues esa era, en la visión del militar, una mejor manera de enfrentar la situación en la frontera chihuahuense.
Ese mismo día, en una conversación posterior, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, habría conversado con Blair y le había desmenuzado sus argumentos para oponerse a la declaración del estado de sitio en el antiguo Paso del Norte.
A lo largo de todos los mensajes dados a conocer hasta ayer, son varios los comunes denominadores, en relación con el combate al tráfico de drogas: la descalificación de la “guerra” de Calderón, el enjuiciamiento al Ejército, las pugnas entre las dependencias encargadas de la seguridad pública y el ensalzamiento de la Secretaría de Marina (“cuyos integrantes han sido adiestrados en el Comando Norte” del ejército norteamericano, sostienen con orgullo en sus cables internos).
Quien se lleva la peor parte es el Ejército Mexicano, de él sostienen que tiene una nula preparación, es lento, sufre aversión al riesgo, está dividido y no es una garantía en la lucha contra el crimen organizado. ¡Ahí nomás
Y a propósito del operativo en el que efectivos de la Secretaría de Marina dieron muerte a Arturo Beltrán Leyva, se desviven en elogios a esa dependencia y critican severamente a la Sedena, colocada en “la difícil posición de explicar por qué han sido reacios a actuar de manera inteligente y dirigir la operación contra objetivos de alto nivel. Nuestros servicios transmitieron la información originalmente a la Sedena, que se negó a actuar con rapidez y reflejó una aversión al riesgo que ha costado a la institución una victoria principal contra el narcotráfico”.
En unos cuantos párrafos acabaron con todos los discursos de los políticos mexicanos hacia las fuerzas armadas. No sólo eso, al igual que todos los críticos al gobierno mexicano, opuestos a la utilización del Ejército en el combate al narcotráfico, los gobernantes norteamericanos coinciden en que las fuerzas armadas no están preparadas para afrontar semejante tarea por su “falta de capacitación para reunir pruebas que incriminen a sus detenidos”. ¡Ah pero en cambio, la Secretaría de Marina, dicen, “está bien entrenada, bien equipada y ha mostrado su capacidad para responder con rapidez a las acciones de inteligencia”
Además, tales filtraciones develan las no tan secretas intenciones de los norteamericanos. Al criticar la falta de “modernización” del Ejército Mexicano, cuyos jefes se opusieron a ser los instrumentadores de los recursos procedentes de la Iniciativa Mérida (otorgados por el gobierno norteamericano), en uno de los cables los funcionarios norteamericanos nos explican claramente cuál es su concepto de modernización de las fuerzas armadas mexicanas, a las que “sugiere” impulsar a una “transición modernizadora” consistente en alentar “a los militares mexicanos a participar más activamente en la arena internacional, así como una mayor cooperación en seguridad en Centroamérica y Colombia, y aun con participación limitada en operaciones regionales humanitarias, y posiblemente de mantenimiento de paz; también será clave en ayudar a la transición militar de una mentalidad de ‘proteger la Revolución’ a una fuerza más activa dinámica y flexible”.
Es decir, que se conviertan en uno de los brazos ejecutores de la política norteamericana en nuestro continente, así como los ejércitos de Inglaterra y España (en tiempos de Aznar) lo fueron en Irak.
¡Ah, y que abandonen cualquier discursito de ser los defensores de la Revolución Mexicana
Y todavía falta el análisis de lo relacionado con el combate al narcotráfico.
Luis Javier Valero Flores
Lo que durante años para el común de la gente eran patrañas, alucinaciones y paranoias de la izquierda mundial, con la divulgación de los cables cruzados entre los funcionarios de las embajadas norteamericanas y sus jefes, es ahora verdad casi absoluta: Estados Unidos ejerce el papel de policía mundial y determina, o trata de determinar la política de prácticamente todas las naciones en el mundo.
Que ese sea el papel buscado por los norteamericanos es negativo, pero que existan gobernantes prestos a actuar con sumisión frente a los dictados estadounidenses, o peor aún que actúen como agentes pronorteamericanos frente al resto de las naciones no tiene nombre.
Ahora sabemos que Felipe Calderón se ubica en la última categoría. Pasajes enteros de las comunicaciones entre los funcionarios norteamericanos lo retratan de cuerpo entero: “… Calderón también comentó extensamente sobre acontecimientos políticos en América Latina y el papel de los Estados Unidos. Si bien dijo que los Estados Unidos habían recuperado una estatura significativa en América Latina, asimismo, instó a una mayor participación estadounidense en la política de la región”.
Según este cable, el Director de Inteligencia del gobierno norteamericano, Dennis Blair, habría conversado con Felipe Calderón. El informe completo de esa conversación fue difundido y en él “Calderón destacó que el presidente venezolano Hugo Chávez está activo en todo el mundo, incluyendo México. Calderón dijo que México está tratando de aislar a Venezuela a través del Grupo de Río. Calderón también comentó que él está especialmente preocupado por las relaciones de Venezuela con Irán, y que la embajada iraní en México es muy activa. Calderón destacó que la creciente influencia de Irán en América Latina debe ser motivo de preocupación considerable a los Estados Unidos, y Chávez está haciendo todo posible para ayudar e instigar”.
El panista, según esta información, fue insistente en pedirle al norteamericano en que “La región necesita una presencia visible de Estados Unidos, señaló. Chávez, dijo Calderón, también tendrá la oportunidad de hacerlo en un número de elecciones próximas, especialmente las de Honduras. Lo que es más importante, dijo Calderón, los Estados Unidos deben estar dispuestos a participar en la elección del próximo presidente brasileño. Brasil, dijo, es clave para la contención de Chávez, pero lamentó que el presidente Lula ha sido renuente a hacerlo.
Para concluir, Calderón dijo que existe un vínculo entre Irán, Venezuela, drogas, tráfico de estupefacientes y estado de cuestiones de derecho. (Y que) Estados Unidos debería mirar a América Latina desde una perspectiva interconectada”.
Bastan estos párrafos para ubicar el papel jugado por quien detenta la Presidencia de la República, con argumentos tan falsos como el del párrafo anterior ¿Cómo, en dónde está la creciente influencia de Irán en América? ¿Con base en qué Calderón afirmó que ese país, el dirigido por Hugo Chávez (a quien acusa en otra parte de financiar la campaña de López Obrador en 2006) y el tráfico de drogas forman parten del mismo entramado?
Gravísima la postura de Calderón. Con base en quién sabe qué sustento político (y ético) le solicita a Estados Unidos intervenga más en los procesos electorales de América Central y Sudamérica ¿Acaso no sabe que solicitar eso significa, en función de la dinámica del poder norteamericano, que también lo puede hacer en nuestro país? ¿O eso es lo que está en el fondo?
Habíamos tenido presidentes acusados de ser agentes de la CIA (Echeverría y Díaz Ordaz) pero no habíamos tenido la oportunidad de conocer con precisión las conversaciones sostenidas entre esos y los funcionarios norteamericanos. Da pena y dolor ajenos; enerva la sumisión de quien se ostenta como mandatario de los mexicanos.
El mundo entero se ha convulsionado gracias a las filtraciones proporcionadas por el portal de internet Wikileaks y que resolvió otorgárselas a cinco periódicos.
Importa aclarar el origen de las informaciones. Se trata de los registros de los informes de los funcionarios de las embajadas norteamericanas (incluidos los embajadores) y la correspondencia entre éstos y sus jefes en el gobierno de Estados Unidos.
No se trata, entonces, de versiones de terceros sino de los reportes de funcionarios gubernamentales obligados, de acuerdo con el marco legal de Estados Unidos, a dejar el registro de sus actividades (por esa razón el pueblo norteamericano conoció las grabaciones de las actividades de Richard Nixon en contra del Partido Demócrata y que le costaron la pérdida de la presidencia de la república) por lo que la información filtrada por Wikileaks tiene todos los visos de ser veraz pues según la normatividad allá existente, los actos de los funcionarios gubernamentales deben ser del conocimiento –o estar en posibilidades de que puedan ser– del pueblo norteamericano.
Y si la intervención norteamericana es un hecho incontrastable, el fracaso de la “guerra” de Calderón en contra del crimen organizado, en voz de los norteamericanos adquirió certificado de confirmación.
Más aún, las filtraciones dan a conocer las serias divergencias existentes al interior del gabinete. Un asunto en particular lo retrata nítidamente. Blair dijo que el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, le había informado haber propuesto el establecimiento del estado de excepción (es decir, el cese de las garantías constitucionales) en varios puntos del país, especialmente en Juárez pues esa era, en la visión del militar, una mejor manera de enfrentar la situación en la frontera chihuahuense.
Ese mismo día, en una conversación posterior, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, habría conversado con Blair y le había desmenuzado sus argumentos para oponerse a la declaración del estado de sitio en el antiguo Paso del Norte.
A lo largo de todos los mensajes dados a conocer hasta ayer, son varios los comunes denominadores, en relación con el combate al tráfico de drogas: la descalificación de la “guerra” de Calderón, el enjuiciamiento al Ejército, las pugnas entre las dependencias encargadas de la seguridad pública y el ensalzamiento de la Secretaría de Marina (“cuyos integrantes han sido adiestrados en el Comando Norte” del ejército norteamericano, sostienen con orgullo en sus cables internos).
Quien se lleva la peor parte es el Ejército Mexicano, de él sostienen que tiene una nula preparación, es lento, sufre aversión al riesgo, está dividido y no es una garantía en la lucha contra el crimen organizado. ¡Ahí nomás
Y a propósito del operativo en el que efectivos de la Secretaría de Marina dieron muerte a Arturo Beltrán Leyva, se desviven en elogios a esa dependencia y critican severamente a la Sedena, colocada en “la difícil posición de explicar por qué han sido reacios a actuar de manera inteligente y dirigir la operación contra objetivos de alto nivel. Nuestros servicios transmitieron la información originalmente a la Sedena, que se negó a actuar con rapidez y reflejó una aversión al riesgo que ha costado a la institución una victoria principal contra el narcotráfico”.
En unos cuantos párrafos acabaron con todos los discursos de los políticos mexicanos hacia las fuerzas armadas. No sólo eso, al igual que todos los críticos al gobierno mexicano, opuestos a la utilización del Ejército en el combate al narcotráfico, los gobernantes norteamericanos coinciden en que las fuerzas armadas no están preparadas para afrontar semejante tarea por su “falta de capacitación para reunir pruebas que incriminen a sus detenidos”. ¡Ah pero en cambio, la Secretaría de Marina, dicen, “está bien entrenada, bien equipada y ha mostrado su capacidad para responder con rapidez a las acciones de inteligencia”
Además, tales filtraciones develan las no tan secretas intenciones de los norteamericanos. Al criticar la falta de “modernización” del Ejército Mexicano, cuyos jefes se opusieron a ser los instrumentadores de los recursos procedentes de la Iniciativa Mérida (otorgados por el gobierno norteamericano), en uno de los cables los funcionarios norteamericanos nos explican claramente cuál es su concepto de modernización de las fuerzas armadas mexicanas, a las que “sugiere” impulsar a una “transición modernizadora” consistente en alentar “a los militares mexicanos a participar más activamente en la arena internacional, así como una mayor cooperación en seguridad en Centroamérica y Colombia, y aun con participación limitada en operaciones regionales humanitarias, y posiblemente de mantenimiento de paz; también será clave en ayudar a la transición militar de una mentalidad de ‘proteger la Revolución’ a una fuerza más activa dinámica y flexible”.
Es decir, que se conviertan en uno de los brazos ejecutores de la política norteamericana en nuestro continente, así como los ejércitos de Inglaterra y España (en tiempos de Aznar) lo fueron en Irak.
¡Ah, y que abandonen cualquier discursito de ser los defensores de la Revolución Mexicana
Y todavía falta el análisis de lo relacionado con el combate al narcotráfico.
jueves, 2 de diciembre de 2010
Arraigo a la carta
El Diario, 2 de diciembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Los peores presagios se cumplieron. El 24 del mes anterior, en un aparatoso e inesperado operativo, la Policía Federal (PF) detuvo en la ciudad de Chihuahua a cuatro mandos de la Policía Municipal, tanto que hasta el día siguiente se informó de sus nombres.
Así, Víctor Javier Hernández Leyva, Gil Noé Estrada Martínez, Jonathan Manjarrez, Héctor Daniel de Luna Chávez y al jefe de mecánicos Antonio Gerardo Ortega Legarreta fueron aprehendidos, acusados de la presunta comisión de delitos del crimen organizado, en general, y en particular, de formar parte del comando que secuestró y asesinó al abogado Mario González Rodríguez, hermano de la ex procuradora Patricia González y, por tanto, formar parte del Cártel de Sinaloa.
Pero con todo y lo escenográfico de su detención, de la certidumbre de las acusaciones interpuestas por la PGR pues, se supone, ninguna autoridad se atrevería a llevar al cabo tales operaciones en contra del agrupamiento policiaco de la que puede ser la segunda ciudad más violenta del país –Chihuahua capital– ahora resulta que en lugar de girárseles sendas órdenes de aprehensión, los polimunicipales recibieron una orden de arraigo ¡Por cuarenta días Con toda seguridad para que la autoridad policiaca federal investigue a ver si tales elementos cometieron algún delito.
Y si no es suficiente ese lapso ¡Ah pues a solicitar otro igual Y si después de ese tiempo no encuentran nada, entonces, como les sucedió a los funcionarios michoacanos, fincarles algún cargo que les permita (a las autoridades federales) enviarlos a la cárcel para que un año después, amparos y juicios mediante, sean liberados y, como es costumbre, ni siquiera pedirles una disculpa, ya no a los detenidos, sino a la sociedad chihuahuense.
Todo lo anterior no implica, de ninguna manera, que el escribiente pudiera alegar la inocencia o la culpabilidad de los arraigados, eso deberá determinarlo el Poder Judicial, pero lo que es merecedor de la crítica de hoy son los elevados grados de ineficiencia de la PGR y la PF, y su acendrada tendencia a tratar de fabricar los mejores escenarios en la “lucha” del gobierno federal en contra el crimen organizado.
Además, y así lo escribíamos apenas la semana anterior, “Que los agrupamientos policiacos detengan a un ciudadano y no informen de las razones, ni de la mecánica del operativo puede resultar razonable, pero que las policías federales sitien, ingresen (aunque esto último no parece ser el caso, por lo menos hasta ahora) y detengan a policías, y especialmente a jefes de la policía municipal y no informen acerca de ello, agrede severamente la credibilidad ciudadana en las policías y anula las pocas esperanzas de que la actual tragedia vivida por los chihuahuenses, termine prontamente.
Un aspecto del operativo preocupa enormemente, el de que el alcalde de la capital, el priísta Marco Adán Quezada, se informara del operativo a través de los medios de comunicación”.
Y si todo lo anterior es altamente preocupante, el hecho de que la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la PGR, como parece ser el caso, sólo tengan como sustento el que fueron mencionados por Mario González en el ya muy famoso video que fue obligado a grabar.
El mensaje que envían las dependencias encargadas de hacer que se cumpla con la ley es espeluznante: Si tales operativos se efectuaron en contra de jefes policiacos, detenidos sin orden de aprehensión, sin cumplir con el requisito de la flagrancia ¿Qué puede esperar el ciudadano común y corriente?
Pues sólo que a mitad de la noche, sin orden de cateo, ni de aprehensión sea sorprendido en su domicilio, detenido, y luego, como no cuentan con las suficientes evidencias para incriminarlo, solicitar una orden de arraigo, con lo que se viola, ese sí flagrantemente, el principio constitucional de la presunción de inocencia de cualquier ciudadano mexicano.
Sobran los ejemplos del fracaso de las autoridades federales y el abuso cometido por ellas en el uso de la figura del arraigo judicial, no ha servido para, así sea solo atenuar la ola criminal, lo peor es que ahora los procuradores estatales están solicitando que esa figura se extienda a los delitos del orden común.
Al rato van a pedir la legalización de la tortura –claro, en condiciones particulares, como lo explicó el presidente norteamericano, George Bush– para encontrar las evidencias que permitan incriminar a los detenidos bajo arraigo.
Luis Javier Valero Flores
Los peores presagios se cumplieron. El 24 del mes anterior, en un aparatoso e inesperado operativo, la Policía Federal (PF) detuvo en la ciudad de Chihuahua a cuatro mandos de la Policía Municipal, tanto que hasta el día siguiente se informó de sus nombres.
Así, Víctor Javier Hernández Leyva, Gil Noé Estrada Martínez, Jonathan Manjarrez, Héctor Daniel de Luna Chávez y al jefe de mecánicos Antonio Gerardo Ortega Legarreta fueron aprehendidos, acusados de la presunta comisión de delitos del crimen organizado, en general, y en particular, de formar parte del comando que secuestró y asesinó al abogado Mario González Rodríguez, hermano de la ex procuradora Patricia González y, por tanto, formar parte del Cártel de Sinaloa.
Pero con todo y lo escenográfico de su detención, de la certidumbre de las acusaciones interpuestas por la PGR pues, se supone, ninguna autoridad se atrevería a llevar al cabo tales operaciones en contra del agrupamiento policiaco de la que puede ser la segunda ciudad más violenta del país –Chihuahua capital– ahora resulta que en lugar de girárseles sendas órdenes de aprehensión, los polimunicipales recibieron una orden de arraigo ¡Por cuarenta días Con toda seguridad para que la autoridad policiaca federal investigue a ver si tales elementos cometieron algún delito.
Y si no es suficiente ese lapso ¡Ah pues a solicitar otro igual Y si después de ese tiempo no encuentran nada, entonces, como les sucedió a los funcionarios michoacanos, fincarles algún cargo que les permita (a las autoridades federales) enviarlos a la cárcel para que un año después, amparos y juicios mediante, sean liberados y, como es costumbre, ni siquiera pedirles una disculpa, ya no a los detenidos, sino a la sociedad chihuahuense.
Todo lo anterior no implica, de ninguna manera, que el escribiente pudiera alegar la inocencia o la culpabilidad de los arraigados, eso deberá determinarlo el Poder Judicial, pero lo que es merecedor de la crítica de hoy son los elevados grados de ineficiencia de la PGR y la PF, y su acendrada tendencia a tratar de fabricar los mejores escenarios en la “lucha” del gobierno federal en contra el crimen organizado.
Además, y así lo escribíamos apenas la semana anterior, “Que los agrupamientos policiacos detengan a un ciudadano y no informen de las razones, ni de la mecánica del operativo puede resultar razonable, pero que las policías federales sitien, ingresen (aunque esto último no parece ser el caso, por lo menos hasta ahora) y detengan a policías, y especialmente a jefes de la policía municipal y no informen acerca de ello, agrede severamente la credibilidad ciudadana en las policías y anula las pocas esperanzas de que la actual tragedia vivida por los chihuahuenses, termine prontamente.
Un aspecto del operativo preocupa enormemente, el de que el alcalde de la capital, el priísta Marco Adán Quezada, se informara del operativo a través de los medios de comunicación”.
Y si todo lo anterior es altamente preocupante, el hecho de que la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la PGR, como parece ser el caso, sólo tengan como sustento el que fueron mencionados por Mario González en el ya muy famoso video que fue obligado a grabar.
El mensaje que envían las dependencias encargadas de hacer que se cumpla con la ley es espeluznante: Si tales operativos se efectuaron en contra de jefes policiacos, detenidos sin orden de aprehensión, sin cumplir con el requisito de la flagrancia ¿Qué puede esperar el ciudadano común y corriente?
Pues sólo que a mitad de la noche, sin orden de cateo, ni de aprehensión sea sorprendido en su domicilio, detenido, y luego, como no cuentan con las suficientes evidencias para incriminarlo, solicitar una orden de arraigo, con lo que se viola, ese sí flagrantemente, el principio constitucional de la presunción de inocencia de cualquier ciudadano mexicano.
Sobran los ejemplos del fracaso de las autoridades federales y el abuso cometido por ellas en el uso de la figura del arraigo judicial, no ha servido para, así sea solo atenuar la ola criminal, lo peor es que ahora los procuradores estatales están solicitando que esa figura se extienda a los delitos del orden común.
Al rato van a pedir la legalización de la tortura –claro, en condiciones particulares, como lo explicó el presidente norteamericano, George Bush– para encontrar las evidencias que permitan incriminar a los detenidos bajo arraigo.
Sorpresas en ayuntamiento de Chihuahua
Editorial Aserto No. 88, noviembre de 2010
Ninguna de ellas servirá para elevar los decaídos ánimos ciudadanos, ni para aumentar la credibilidad en los funcionarios públicos y, en general, para la clase política. A pesar de las reiteradas menciones efectuadas por el actual alcalde, Marco Adán Quezada, de origen priista, acerca de la salud financiera del municipio de la capital del estado, ahora sabemos, por boca de los funcionarios encargados de las finanzas municipales, que la situación financiera del ayuntamiento se encuentra en condiciones verdaderamente difíciles, pero al fin y al cabo superables.
La otra sorpresa tampoco es agradable. Al anunciar la reducción de los salarios del primer nivel de los funcionarios municipales, nos encontramos que el salario de los presidentes municipales de Chihuahua, por lo menos los dos últimos, de extracción panista, ascendía a poco más de 140 mil pesos mensuales, sin duda, de los más altos del país, por encima, incluso, del devengado por el Jefe de Gobierno del DF, (quien obtiene 72 mil 852 pesos netos al mes, cifra tomada de la página de la jefatura de gobierno, que publica los montos y nombres de los funcionarios, sin necesidad de solicitar dicha información) y que gracias a la anunciada reducción se ubicará en alrededor del 113 mil pesos mensuales.
Si bien el endeudamiento del ayuntamiento capitalino no fue tan sorpresivo, los mensajes efectuados por los nuevos gobernantes municipales sí hicieron que se llegara a la conclusión más o menos generalizada que tal cosa era cierta, sin embargo, las sorpresas ocurrieron inmediatamente al día siguiente de tomar posesión, cuando el alcalde Quezada anunció que sólo se encontraban patrullando la ciudad poco más de 300 efectivos de la policía municipal y que, en labores administrativas, se encontraban elementos sin los méritos suficientes para encontrarse laborando en esas condiciones, en lugar de efectuar las tareas propias de la policía.
Un día después, otra sorpresa, la del anuncio del despido de más de 500 empleados del municipio, debido, entre otros factores, a lo abultado de la nómina existentes y a la necesidad de disminuir el gasto corriente del ayuntamiento, elevado a tal grado que en dependencias como el Consejo Urbano Municipal hacía meses no se iniciaban nuevos trabajos de pavimentación por no contar con recursos económicos.
No lo plantearon así los nuevos ocupantes del palacio municipal pero se advierte el afán de sus antecesores por utilizar los recursos a su alcance en tareas de proselitismo electoral, para lo cual ubicaron a muchos de sus operadores políticos en puestos de gobierno.
Aún falta saber si las liquidaciones de personal, efectuadas poco antes del término de la pasada administración, se hicieron con base en la ley y no, como es posible se hiciesen, para beneficiar a quienes, por ley, estaban obligados a renunciar ante el relevo de administración.
Más controversial es el otro asunto, el de los salarios, en el que los políticos de todos los partidos desbarran, mienten, ocultan, soslayan e intentan aparentar su ignorancia respecto del salario devengado.
Tales conductas son originadas por una sola razón, lo elevado de los mismos, por encima de los de sus homólogos de prácticamente toda América Latina, de una buena parte de Europa, colocados entre los más altos del planeta y con muy poca correlación con la eficiencia y efectividad de su encargo.
El origen del salario de los funcionarios municipales de Chihuahua capital se encuentra en que al total de los ingresos le sumaban el pago de un bono de “productividad”, que en todos los casos era de 100% y cuyo monto era exactamente al del total de sus ingresos. Ahora, con la nueva medida, a pesar de la anunciada reducción, esos ingresos irregulares se legalizan. Sí, pero no se legitiman ante la sociedad.
¡Vaya sorpresas!
Ninguna de ellas servirá para elevar los decaídos ánimos ciudadanos, ni para aumentar la credibilidad en los funcionarios públicos y, en general, para la clase política. A pesar de las reiteradas menciones efectuadas por el actual alcalde, Marco Adán Quezada, de origen priista, acerca de la salud financiera del municipio de la capital del estado, ahora sabemos, por boca de los funcionarios encargados de las finanzas municipales, que la situación financiera del ayuntamiento se encuentra en condiciones verdaderamente difíciles, pero al fin y al cabo superables.
La otra sorpresa tampoco es agradable. Al anunciar la reducción de los salarios del primer nivel de los funcionarios municipales, nos encontramos que el salario de los presidentes municipales de Chihuahua, por lo menos los dos últimos, de extracción panista, ascendía a poco más de 140 mil pesos mensuales, sin duda, de los más altos del país, por encima, incluso, del devengado por el Jefe de Gobierno del DF, (quien obtiene 72 mil 852 pesos netos al mes, cifra tomada de la página de la jefatura de gobierno, que publica los montos y nombres de los funcionarios, sin necesidad de solicitar dicha información) y que gracias a la anunciada reducción se ubicará en alrededor del 113 mil pesos mensuales.
Si bien el endeudamiento del ayuntamiento capitalino no fue tan sorpresivo, los mensajes efectuados por los nuevos gobernantes municipales sí hicieron que se llegara a la conclusión más o menos generalizada que tal cosa era cierta, sin embargo, las sorpresas ocurrieron inmediatamente al día siguiente de tomar posesión, cuando el alcalde Quezada anunció que sólo se encontraban patrullando la ciudad poco más de 300 efectivos de la policía municipal y que, en labores administrativas, se encontraban elementos sin los méritos suficientes para encontrarse laborando en esas condiciones, en lugar de efectuar las tareas propias de la policía.
Un día después, otra sorpresa, la del anuncio del despido de más de 500 empleados del municipio, debido, entre otros factores, a lo abultado de la nómina existentes y a la necesidad de disminuir el gasto corriente del ayuntamiento, elevado a tal grado que en dependencias como el Consejo Urbano Municipal hacía meses no se iniciaban nuevos trabajos de pavimentación por no contar con recursos económicos.
No lo plantearon así los nuevos ocupantes del palacio municipal pero se advierte el afán de sus antecesores por utilizar los recursos a su alcance en tareas de proselitismo electoral, para lo cual ubicaron a muchos de sus operadores políticos en puestos de gobierno.
Aún falta saber si las liquidaciones de personal, efectuadas poco antes del término de la pasada administración, se hicieron con base en la ley y no, como es posible se hiciesen, para beneficiar a quienes, por ley, estaban obligados a renunciar ante el relevo de administración.
Más controversial es el otro asunto, el de los salarios, en el que los políticos de todos los partidos desbarran, mienten, ocultan, soslayan e intentan aparentar su ignorancia respecto del salario devengado.
Tales conductas son originadas por una sola razón, lo elevado de los mismos, por encima de los de sus homólogos de prácticamente toda América Latina, de una buena parte de Europa, colocados entre los más altos del planeta y con muy poca correlación con la eficiencia y efectividad de su encargo.
El origen del salario de los funcionarios municipales de Chihuahua capital se encuentra en que al total de los ingresos le sumaban el pago de un bono de “productividad”, que en todos los casos era de 100% y cuyo monto era exactamente al del total de sus ingresos. Ahora, con la nueva medida, a pesar de la anunciada reducción, esos ingresos irregulares se legalizan. Sí, pero no se legitiman ante la sociedad.
¡Vaya sorpresas!
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