FIBRA, la reversión necesaria

El Diario, 29 de junio de 2017

Luis Javier Valero Flores

Por lo menos tres cosas debía hacer el gobierno de Javier Corral en materia financiera -entre muchas otras, seguramente- pero que estaba obligado pues son de las que se encuentran en sus manos -sin que por ello no requiera de la aprobación de instancias federales y/o instituciones financieras y bancarias-, esto es, la reestructuración de la deuda directa, por un lado,  aminorar el peso de la deuda del fideicomiso carretero y recuperar las concesiones y carreteras de la entidad.

La primera asciende a poco más de 20 mil millones de pesos (mmdp) y la segunda a alrededor de los 25 mmdp. La primera es imposible que ascienda, no puede pedir más créditos pues la deuda directa, avalada por sus ingresos propios, es igual a éstos y la regulación existente lo prohíbe, a menos que el Congreso de la Unión diera su aprobación para hacerlo. De ese tamaño son los candados generados por la orgía financiera, gastos excesivos e innecesarios, además de las enormes corruptelas de los gobernadores, integrantes de “la nueva generación de priistas”, que tanto elogiara Peña Nieto al inicio de sus respectivos mandatos.

De ahí que al discutirse si la reestructuración es una nueva deuda, que comprometerá las participaciones federales del estado, los detractores incurren en falsedades, las participaciones están comprometidas hasta el tope desde el sexenio anterior, en el que los críticos de hoy callaban ante lo que fue un verdadero atropello a las finanzas, entre ellos las que hoy integran la bancada del PRI en el Congreso del Estado, que eran, en esos momentos, o diputadas federales, dirigentes del PRI estatal, funcionarias del gobierno estatal o del municipal y que ante cada nuevo empréstito del gobierno de Duarte lo  menos que hicieron fue callar.

Y si lo anterior era gravísimo, es peor el asunto de la creación de la empresa -FIBRA (Fideicomisos de Bienes Raíces) Estatal Chihuahua, S.A. de C. V.- a la que el gobierno de Duarte le entregó las concesiones carreteras y que contemplaba la posibilidad que las concesiones carreteras terminaran en manos privadas, y eso en lo referente a las carreteras federales, porque en las de propiedad estatal, efectivamente el riesgo estaba latente, perderlas.

“… Mediante una reforma, aprovechando la creación de un nuevo instrumento financiero, denominados FIBRA (Fideicomisos de Bienes Raíces) el fideicomiso carretero existente fue sustituido en la presente operación por la empresa estatal denominada Fibra Estatal Chihuahua, S. A. de C. V. que además de colocar bonos en el mercado de valores, también puede vender acciones -en este caso de las concesiones carreteras-, razón por la que estará sujeta a los vaivenes del mercado, es decir, que puede llegar el momento en que el gobierno estatal ya no tenga el control de la empresa”. (“La agonía de un régimen”, LJVF, Aserto 156, julio de 2016).

Ahora sabemos que el proceso no concluyó, Patricia Terrazas, Directora de Ingresos de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, informó que a partir de la elección de junio de 2016, la Comisión Nacional Bancaria detuvo el proceso de acreditación de FIBRA hasta en tanto no tuvieran la opinión del gobierno de Corral. (Entrevista en Aserto Radio, de GRD Multimedia, 27/VII/17).

A su vez, Arturo Fuentes, Secretario de Hacienda, “informó, que por haber entregado las cuotas carreteras a la empresa FIBRA (Fideicomisos de Bienes Raíces) Estatal Chihuahua, S.A. de C. V., el gobierno estatal dejó de registrar” 360 millones de pesos en el rubro de Ingresos Propios. (Nota de la redacción, El Diario de Chihuahua, 27/VI/17).

Además, sostienen que al no reportar como propios los ingresos del peaje carretero, disminuyen las participaciones federales que toman en cuenta los porcentajes de ingresos propios de las entidades para calcularlos a la alta, proporcionalmente.

Con estas informaciones, y las generadas el año anterior, se confirma la pretensión de la administración anterior de enajenar el principal activo del gobierno de Chihuahua.

No sólo eso, la entrega de las concesiones a FIBRA se hizo para “monetizar” el peaje carretero y obtener los 6 mmdp de la parte final del gobierno de Duarte, que fueron gastados hasta el último centavo.

Ahora sabemos que -supuestamente- una parte fue usada para pagar los favores de la aprobación de la monetización.

¿Qué nos hubiera ocurrido si el duartismo hubiese continuado en el estado, como ahora lo pretende hacer en el PRI?

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Duarte, la trama de las corruptelas

Mega Radio 860, Juárez

Luis Javier Valero Flores

Lo develado por el caso de Fernando Reyes es altamente ilustrativo del modo en que ejerció el poder César Duarte.

Por desgracia no es un caso aislado, así lo hacen la inmensa mayoría de los gobernantes, unos más, otros menos, pero la manera en que discrecionalmente manejan los recursos públicos, para favorecer o perjudicar a los suyos o a los contrarios, sin más control que sus propias ambiciones y con absoluto desprecio a la sociedad, ha llegado a niveles inimaginables hasta hace unos cuantos años.

El gobierno de Javier Corral le ha propinado un serio revés al exgobernador César Duarte; ahora tiene en sus manos la versión, expresada a un juez, en el curso de una audiencia judicial, de como efectuaron una operación en agravio del patrimonio estatal. 

Además, un juez federal ha iniciado un procedimiento en contra de 4 ex funcionarios del gobierno duartista, entre ellos al ex secretario de Hacienda, Jaime Herrera, a quienes acusa la PGR de usar recursos públicos para favorecer al PRI, mediante el descuento a los empleados del gobierno de Chihuahua.

Así, en unos cuantos días y por la vía de dos causas judiciales se nos ha permitido ver las entrañas del ejercicio del poder por los priistas -puede que no sean todos, pero los casos que hoy impactan al país y que fueron la causa principal de las derrotas priistas en la mayoría de las entidades el año pasado, y por cosa de nada la del Estado de México-, es la corrupción de sus gobernantes. 

Por un lado, la del uso discrecional, indiscriminado, del dinero público y por otro, la de favorecer con el erario a su partido, el PRI, permanentemente, pero especialmente en tiempos electorales, de ahí la acusación de las cuotas entregadas a la tesorería estatal de ese partido en los años 2015 y 2016, que abarca al ex gobernador Duarte y a la ex presidenta del PRI, Karina Velázquez, quien puede enfrentar el desafuero.

La declaración del ex diputado de Movimiento Ciudadano, Fernando Reyes, es estremecedora, ilustra claramente el ejercicio del poder y la disposición de los recursos públicos, todo ello en un entorno pletórico de corruptelas.

Así lo dijo: “Tuve una situación familiar complicada el año pasado que me orilló a solicitar un apoyo económico del ex gobernador del estado. Él accedió y giró las instrucciones al personal de la Secretaría de Hacienda de gobierno del estado, para que desde esa instancia, esa dependencia, se instrumentara la forma de cómo se me entregó el apoyo que yo requería en ese momento, fue entonces que solicité al licenciado Iván Eli Sánchez (también procesado) que aportara la empresa a la cual hizo referencia la Fiscalía para que pudiéramos obtener el recurso que necesitaba, haciendo, pues, este trabajo de una manera simulada”.

La carga mayor de la acusación es para Duarte, y aparentemente también para el ex secretario de Hacienda pues un testigo protegido señaló que Reyes acudió ante Herrera a fin de concretar  la orden de Duarte.

La Fiscalía sostiene que ese dinero era para premiar al ex diputado por haber votado a favor de la bursatilización de 6 mil millones de pesos, dinero que recibió el gobierno de Duarte en el último día de su gestión y que lo gastó hasta el último centavo.

Claro, con sus amigos, socios y allegados.

El episodio que ahora abordamos es la vívida representación de lo que durante años supimos que existía pero que muy pocas veces se nos había presentado ante nuestros ojos: El año de Hidalgo, el último de las administraciones, en el que la maldición mexicana por excelencia le caería al “que dejara algo”.

Inmerso en la derrota, el PRI, pasmado, sin dirigente aceptado por todos, en medio de la discusión acerca de los procedimientos de elección de su dirigente estatal, sin percatarse plenamente de lo que les ocurrió y de lo que ha ocurrido en la sociedad chihuahuense, no alcanza a reflexionar y hacer la autocrítica que le debe e iniciar, por lo menos, el procedimiento de expulsión de Duarte.

No puede, el PRI está cooptado por el duartismo.

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Caso Fernando Reyes: Golpanazo a Duarte

El Diario, 25 de junio de 2017

Luis Javier Valero Flores

En tanto lentamente, al más puro estilo priista, se cuece la posible candidatura de unidad a la presidencia estatal del PRI, el gobierno de Javier Corral le ha propinado un serio revés a la causa del exgobernador César Duarte, ahora tiene en sus manos la versión, expresada a un juez, en el curso de una audiencia judicial de como efectuaron una operación en agravio del patrimonio estatal.

Es estremecedora, ilustra ejemplarmente de qué manera se ejerce el poder y se dispone libremente de los recursos públicos y, además, el trato diferenciado otorgado por el gobernante a sus interlocutores y/o solicitantes de los favores de los mandatarios, todo ello en un entorno pletórico de corruptelas.

Es contundente la declaración: “Tuve una situación familiar complicada el año pasado que me orilló a solicitar un apoyo económico del ex gobernador del estado. Él accedió y giró las instrucciones al personal de la Secretaría de Hacienda de gobierno del estado, para que desde esa instancia, esa dependencia, se instrumentara la forma de cómo se me entregó el apoyo que yo requería en ese momento, fue entonces que solicité al licenciado Iván Eli Sánchez que aportara la empresa a la cual hizo referencia la Fiscalía para que pudiéramos obtener el recurso que necesitaba, haciendo, pues, este trabajo de una manera simulada”.

En estas pocas frases del ex diputado local de Movimiento Ciudadano, Fernando Reyes, se condensa el meollo de los procedimientos usados en la administración estatal anterior -y en todas, casi sin excepción- para ejercer el poder, pero que se han convertido en la más sólida de las pruebas en contra del ex gobernador Duarte. No se trata, como en los otros casos, de acusaciones elaboradas por la Fiscalía, o de algunos otros actores, que aún faltaran por comprobar ante las autoridades judiciales.

No, ahora un imputado, beneficiado por esos arreglos, pescado in fraganti por recibir un pago sin haber otorgado el servicio pactado, y en la búsqueda de recibir una condena menor, describe con lujo de detalles la corruptela pactada entre ambos.

Fue simple la maniobra: “En complicidad con el representante legal de dicha empresa, Iván Eli Sánchez realizaron un procedimiento administrativo de contratación de servicios profesionales bajo el número SH/AD/001/SGG/2016, consistente en ‘Análisis Estratégico de Municipios del Estado de Chihuahua, en relación a la situación financiera del Gobierno Federal y la Prospectiva de los Programas Federales y su Aplicabilidad’, los cuales nunca fueron prestados”, 

La carga mayor es para Duarte, Reyes declaró que le ordenó a los subordinados efectuar todas las operaciones burocráticas y financieras posibles para beneficiar el ex legislador. Por supuesto que en esa cadena de ordenamientos hay otros funcionarios implicados y que debieran ser llamados a responder por los delitos cometidos en esa sola operación ¡Una de las muchas que, suponemos, se hicieron durante ese gobierno!

Por lo menos hasta donde se ha informado del proceso seguido en contra de Fernando Reyes, no se ha confirmado la razón de Duarte para otorgarle ese dinero al entonces legislador de Movimiento Ciudadano; la Fiscalía arguye que era para premiarlo por haber votado a favor de la última bursatilización del fideicomiso carretero, realizada por el gobierno de Duarte.

Puede ser, no podría descartarse, lo cierto es que el último pago a la empresa de Reyes fue efectuado el 30 de septiembre del 2016, justamente cuando la administración de Duarte realizaba los últimos favores a sus amigos, socios y cómplices, a cuatro días del término de su gobierno.

Enerva conocer el detalle de una operación que ilustra claramente la degradación a la que ha llegado una buena parte de la clase política. Sin empacho se acude al gobernante a resolver un problema financiero y éste, también sin empacho alguno dispone del erario estatal como si fuera propio y decide, sin control alguno, restar esos recursos a la administración estatal en momentos en que cualquier cantidad, por exigua que fuera, era absolutamente indispensable para cubrir las necesidades del gobierno, para la prestación de los servicios que debe prestar este.

El episodio que ahora abordamos es la vívida representación de lo que durante años supimos que existía pero que muy pocas veces se nos había presentado ante nuestros ojos: El año de Hidalgo, el último de las administraciones, en el que la maldición mexicana por excelencia le caería al “que dejara algo”.

Y todo eso lo hacían en medio de la ríspida discusión entablada entre el equipo saliente y el entrante acerca de la bursatilización y los mecanismos que proponía Corral para evitar que se hiciera lo que ahora sabemos sí se hizo, que Duarte gastara el dinero en favorecer a los suyos y no para solucionar los problemas del gobierno de Chihuahua, ni el de él porque ya se iba y, por supuesto, menos, el de Javier Corral.

¿Cuántas otras operaciones de este tipo se realizarían?

Ahora bien, la Fiscalía ha dicho que se le entregó un millón de pesos a cada uno de los diputados para que aprobaran la mentada bursatilización. No se puede descartar tal versión, pero cuesta trabajo aceptar que a esas alturas del gobierno los diputados del PRI se hubiesen transformado tanto y de tal modo que se necesitara de un “estímulo” económico más para que aprobaran ese endeudamiento. 

N’ombre, aprobaban todo, absolutamente todo lo que quisiera el hombre que usó el poder para poder y no, para no poder.

Bueno, pues ahora que ya no lo tiene deberá preocuparse aún más, el gobierno de Corral tiene en sus manos todos los elementos para enderezar una causa judicial en su contra aún más sólida que las otras acusaciones, no porque sea mayor, a causa del monto -2 millones 400 mil pesos- sino porque ahora hay testimonios, avalados con otras pruebas y presentados ante un juez de una operación ilícita que implica la comisión de varios delitos.

Así, el ex diputado del MC, Fernando Reyes, y también ex diputado del PAN, quien abandonara las filas del blanquiazul, luego de argumentar inequidad en el proceso de designación del candidato a la alcaldía por este partido en 2007 y acusar a la dirigencia estatal de favorecer a quien a la postre se convirtiera en alcalde de Chihuahua, Carlos Borruel, le está prestando a la actual administración estatal un servicio invaluable, al tiempo que develó las truculentas operaciones de los gobernantes.

Ahora bien, Reyes fue presentado ante el juez 24 horas después de haber sido detenido ¿Por qué? ¿Acaso en ese día fue pacientemente orquestada la trama de lo que hoy estamos comentando? ¿Qué otras cosas se acordaron en ese día entero? ¿Qué razones tan poderosas los llevaron a realizar una operación que sabían ilícita y, además, que podría ser detectada por los nuevos gobernantes pues los pagos se efectuaron a días de la toma de posesión de Corral?

Inmerso en la derrota el PRI, pasmado, sin dirigente aceptado por todos, en medio de la discusión acerca de los procedimientos de elección de su dirigente estatal, sin percatarse plenamente de lo que les ocurrió y de lo que ha ocurrido en la sociedad chihuahuense no alcanza a reflexionar y hacer la autocrítica que le debe. 

El más representativo de todo ello es el delegado del Comité Nacional, Fernando Peña Moreno, quien, en lugar de ubicar exactamente el origen de las corruptelas del sexenio anterior, sólo atina a declarar que “A (Fernando) Reyes lo liberaron porque no es del PRI”, y sale a defender a sus compañeros de partido, de manera acrítica, especialmente en lo referente al ex gobernador.

No, en lugar de criticar el proceder del ex gobernador, ahora demostrado en un proceso judicial, y anunciar el inicio del procedimiento de expulsión de Duarte se limita a defender a los suyos, sin atinar a entender que su derrota se debe al rechazo generalizado al gobierno de Duarte, a su partido, a sus candidatos, todo ello provocado por la percepción generalizada que estábamos frente a uno gobierno profundamente corrupto, pero de eso nada quieren saber quienes ahora construyen, como antes, como siempre, la candidatura “de unidad” del próximo dirigente priista.

Les faltará tiempo para percatarse de su tremendo error, la sociedad mexicana de nuestros tiempos está harta de la corrupción y ahí ubica, preferentemente a los partidos políticos, y en las elecciones de junio de 2016, al PRI.

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PRI, preso por el duartismo

El Diario, 22 de junio de 2017

Luis Javier Valero Flores

“No busquemos vendettas entre priistas, les imploro unidad”. Así respondió la diputada priista por Juárez Isela Torres a los planteamientos de sus compañeros Miguel Ángel González y Eloy García Tarín, que propusieron cambiar el método de elección de la nueva dirigencia del PRI, abierto a la militancia.

Fueron abucheados por una buena parte de los integrantes del actual Consejo Estatal.

El discurso de la legisladora es verdaderamente ejemplar de lo que ahora ocurre en las filas del otrora todopoderoso partido; contrariamente a lo declarado por muchos priistas, Isela Torres salió a defender a quienes ahora enfrentan procesos penales: “No podemos tener enemigos entre nosotros mismos, nuestros enemigos están enfrente y están persiguiendo a nuestra gente y no todos son culpables”.

Prácticamente no se necesitan interpretaciones, en su visión hay quienes sí son responsables de los delitos imputados y otros no ¿Cuáles son unos y cuáles son otros? 

Pero, además, en sus expresiones aduce la existencia de una persecución contra los priistas -nuestra gente-, ante la cual deberán estar unidos, más allá de si existe o no la comisión de algún delito y que al no saber cuales son culpables, se deduce, los defenderán, porque son su “gente”.

Más adelante, en este discurso emblemático del priismo -porque fue aplaudido a rabiar- argumentó que tales acciones obedecen a “venganzas personales”, porque los “delitos los resuelven con órdenes de aprehensión, se pelean con periodistas o hasta con ellos mismos, no es fácil el gobierno… Ya sabíamos que si eso nos pasaba, ya sabíamos qué esperar porque ya antes habían tenido un gobierno con venganzas personales”, de ahí su petición “no busquemos vendettas entre nosotros mismos, les imploro unidad”, en lo que fue, también, la exhortación a que el priismo no hiciera una reflexión sobre las causas que los llevaron a la peor de las derrotas electorales sufridas por ellos en una elección local.

Y es que la corriente, hoy en la cúspide del PRI chihuahuense, aprovechó la postura de un grupo que, desde tiempo atrás pidió la apertura de la elección de la dirigencia, para clamar “unidad” a fin de no abrir la discusión que tienen pendiente y le deben a la sociedad chihuahuense: Explicar sus razones de su estrepitosa derrota.

Más aún, por ningún lado aparece en ese partido, en correspondencia con lo anterior, ni siquiera, la petición -oficial- de alguno de sus militantes para aplicar sanciones y expulsión en su caso de los militantes que hoy están bajo proceso.

Hasta hace unos días podían alegar que se trataba de venganzas “personales”, porque eran procesos seguidos por la autoridad judicial local, pero ahora la mismísima PGR, cuyo jefe jerárquico es el presidente Peña Nieto, está solicitando la aprehensión del ex gobernador César Duarte, en tanto sus compañeros y ex subordinados, integrantes de los órganos de dirección del PRI, alegan que se trata de vendettas y se niegan a reconocer lo que fue una dolorosa e indignante oleada de corrupción en el sexenio anterior.

Altamente ilustrativas son las frases de la subcoordinadora de los diputados priistas de los métodos hasta ahora existentes en el PRI para acceder a los cargos públicos: “… No podemos decir que algo no nos gusta, yo no tendría la cara para decir que no me gustan los métodos del partido porque de ellos me he valido para tener las posiciones que yo tengo”. ¡Viva la dedocracia!

De ahí la reconvención a los llamados “renovadores” a no asumirse ganadores de obtener la elección de la dirigencia a través de todos los consejeros estatales, municipales y nacionales, “el hecho de que se haga una elección abierta no es triunfo de ustedes, porque si aquí hubiéramos querido un método diferente, ese habría sido el método ganador”.

Y les lanzó una frase demoledora: “… hay veces que no se han ganado el respeto…”.

¿Porqué razón, a diferencia de sus ex colegas, el ex gobernador César Duarte no enfrenta un proceso de expulsión del PRI?

No se necesita ir muy lejos por la respuesta: Porque sus ex subordinados controlan los órganos de dirección del PRI local… y porque el Presidente Peña Nieto no lo quiere.

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“Obrador, quítate tanto chapulín

Mega Radio 860, Juárez

Luis Javier Valero Flores 

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query_builder 19 de junio de 2017

Es muy pronto como para que Morena empiece a sufrir uno de los males más generalizados de los partidos políticos actuales, el de no escuchar a sus bases militantes, en la pretensión de obtener votos, a como dé lugar.

En el mejor de los actos celebrados en la capital del estado por el partido dirigido por Andrés Manuel López Obrador, con una concurrencia superior a los 2 mil 500 asistentes, a mediodía, con una temperatura cercana a los 40 grados, un variopinto grupo de políticos, académicos, dirigentes sociales, activistas y analistas fueron llamados a firmar el “pacto para la unidad”, la mayoría de los cuales fueron aplaudidos por los simpatizantes de Morena, pero justamente cuatro de los políticos más conocidos fueron los extensamente abucheados por la multitud.

No es para menos, por lo menos tres de ellos -Jaime Beltrán del Río, Cruz Pérez Cuéllar y Héctor Barraza- fueron actores destacados en el duartismo o en el “paraduartismo”; el cuarto, Víctor Valencia de los Santos, fue militante del PRI durante largos años, ocupó la presidencia del PRI, fue diputado local y federal, además de ser alto funcionario de Sedeso en el actual gobierno federal. En varias ocasiones ha buscado la candidatura a la presidencia municipal de Juárez y en la parte final del gobierno de César Duarte se convirtió en su acérrimo opositor.

A su vez, Beltrán del Río, ex alcalde de Delicias, ex precandidato a la gubernatura por el PAN y luego candidato del PRD a ese puesto fue, a su paso por la diputación local, uno de los que aprobaron la mayoría de los créditos solicitados por el gobierno de Duarte. Cuestionado por ello, en su calidad de Secretario de la Comisión de Hacienda, respaldó los criterios y medidas de aquel gobierno para el endeudamiento, en esa postura fue acompañado por el entonces coordinador de los diputados panistas, Héctor Ortiz, a la postre coordinador de la campaña de Cruz Pérez Cuéllar, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, ambos en la pretensión, más que de ganar la elección, de ponerle obstáculos a la candidatura de Javier Corral, en una postura reconocida en su momento como extremadamente favorecedora a la candidatura del priista Enrique Serrano.

Pérez Cuéllar, en el acto más memorable de su “apoyo” al gobernador Duarte, acusó a Javier Corral de ser integrante de la “Línea”, el grupo criminal de Juárez, basado en la acusación que Duarte le hiciera al panista, de que los hermanos de éste eran narcotraficantes. Acusación sin fundamento pues los Corral habían purgado, varios años atrás, sus penas y de que solamente uno de ellos había sido procesado por tráfico de mariguana, en El Paso.

Luego, ya más recientemente, Pérez Cuéllar llevó al dirigente morenista, Martín Chaparro, a que éste “conociera” las vides y las instalaciones industriales vitivinícolas del empresario más ligado a César Duarte, el deliciense Jaime Galván.

De ahí el abucheo del morenismo.

El grito de uno de los morenistas que da título a este comentario, al momento que firmaban, fue respaldado por una buena cantidad de los asistentes, lo que debería llevar a los dirigentes, entre los que estaban Yeikol Polevnsky, Secretaria General del Comité Nacional, Bertha Luján, Presidenta del Consejo Nacional y Martín Chaparro, dirigente estatal, a revisar los perfiles de quienes pretenden acompañarlos en la búsqueda de la presidencia de la república.

Uno de los aspectos más criticables de la clase política es la pérdida de sus rutas ideológicas, las que encuentran sustituto en el cambio de rutas políticas. Así, sin rumbo definido por una ideología, los políticos cambian de partido en cada elección, sin más limitantes que su búsqueda de posiciones en el siguiente cambio de poderes.

Y tampoco puede, la dirigencia, ya sea nacional o local, recriminarle a sus representados que no los acompañen en determinada postura política, en la vieja concepción de que “líder no faltará” y que habrá “conducción” adecuada.

Solo para ilustrar lo anterior, recordemos el grito de la multitud reunida alrededor del Angel de la Independencia en la mismísima noche del triunfo de Vicente Fox: “No nos falles, no nos falles”.

¿De veras necesita Morena del acompañamiento de quienes apenas ayer disfrutaban de las mieles del poder de los partidos de “la mafia”?

El crecimiento de las simpatías por López Obrador obedece -en los últimos meses- a varios factores, uno de ellos, quizá el más importante, es el de la tendencia disruptora, el del rompimiento con el viejo régimen político.

Sí, en la ruptura sin duda que habrá protagonistas del viejo régimen que se sumen, pero hay de actores a actores, no todos los acompañamientos son los adecuados. Siempre hubo -y los hay- quienes actuaron en aquel pasado pero conservaron una conducta honesta y actuaron con rectitud.

Los dirigentes de Morena están obligados a revisar, no sus actos del lejano pasado, no, los del momento presente, para ejemplo ahí está el de la diputada veracruzana, Eva Cadena, la diputada “recaudadora”.

Desfiguros al amanecer

El Diario, 18 de junio de 2017

Cuando ya parecía que el gobierno de Javier Corral podría terminar una semana sin los sobresaltos de los errores propios, justamente cuando ya se ventaneaba por todos los rumbos que su administración había logrado lo que pocos gobernantes han hecho, llevar ante los tribunales a un número muy importante de funcionarios de los primeros niveles del gobierno anterior, le estalló una nueva minicrisis, a dos días del inicio de una nueva gira  al extranjero, ahora protagonizada por el mismísimo mandatario y su vocero, en litigio con el hacedor de la imagen publicitaria del candidato Javier Corral, primero, y luego del gobernador chihuahuense.

La razón, los pesos.

Incapaces de resolver adecuadamente, de acuerdo a los parámetros de las organizaciones de avanzada -en el mundo y la nación- el tema de la publicidad oficial, se les ha convertido en una de las aristas más ríspidas de los actuales gobernantes.

Es paradójico, llegaron a la campaña y al gobierno con las banderas desplegadas, criticando lo que las administraciones anteriores habían hecho, ciertamente criticable, en la que el principal rasgo era el uso discrecional de los recursos públicos en la publicidad gubernamental.

La dolorosa novedad es que, de acuerdo a lo trascendido hasta ahora, lo están haciendo del mismo modo que sus antecesores, a un nivel menor, debido a lo escasez de los recursos económicos. 

En ninguna parte aparecen los criterios mensurables, transparentes, que hagan posible la adecuada vigilancia y fiscalización del uso del presupuesto destinado a Comunicación Social.

El incidente con Marco Antonio Sifuentes Martínez, propietario de la empresa Extensión Urbana SA de CV, quien arguye no haber recibido el pago por sus servicios, lo que lo orilló a registrar bajo su nombre el logotipo del gobierno de Corral, asunto que está, bajo litigio, simplemente fortalecen la percepción detallada líneas arriba.

Confiados en la fortaleza alcanzada en las redes sociales en la campaña y los primeros meses de gobierno, lanzaron una inicial impresionante embestida en contra de los medios de comunicación, así, en lo general, y sin tomar en cuenta que la llegada al gobierno y los actos derivados de ello implica arrostrar un desgaste natural, que sería cobrado del mismo modo y magnitud por una parte importante de los usuarios de esas redes que, ojo, corresponden a los datos encontrados en todas las encuestas, de un porcentaje de la población que no se siente identificado con partido alguno y, por tanto, será muy proclive a criticar prontamente los desfiguros de la nueva administración.

Y si a ese sector le sumamos el que está pendiente de los errores y dispuesto a magnificarlos, tanto por la derecha, como por la izquierda y ahí debemos ubicar a los simpatizantes y electores del PRI, del PRD y Morena, en un entorno en el que la mayoría de los medios de comunicación, vilipendiados  por el corralismo por haber recibido gruesas sumas del erario estatal, magnificarían los errores, o los supuestos yerros de los gobernantes del amanecer, hacen prácticamente imposible que asuntos bien tratados por el gobierno de Corral, como el de la reestructuración de la deuda, o el de las detenciones de los ex funcionarios del gobierno anterior, cambien la percepción ciudadana sobre el actual gobierno pues sucumben ante el increíble número de errores cometidos por los gobernantes.

Como reza un viejo dicho chihuahuense, ni como ayudarles. No bien se digiere socialmente el asunto del litigio por el logotipo del gobierno, cuando un nuevo golpe contra la economía de una parte de la población es anunciado por la Secretaría de Educación: el incremento a las cuotas de inscripción al Colegio de Bachilleres.

¿En qué cabeza cabe semejante atropello a decenas de miles de familias chihuahuenses?

Cuando ocurren cosas como ésta, no puede olvidarse la frase de Ernesto Cordero, el ínclito Secretario de Hacienda de Felipe Calderón, quien argumentó que con 6 mil pesos mensuales hasta crédito para comprar un Volkswagen podrían acceder las familias chihuahuenses.

¿No saben, en realidad, el impacto que tiene en esas familias un incremento de 200 pesos a la cuota de inscripción de los jóvenes bachilleres?

Claro, si se analiza bajo el cristal del Secretario que “se dejó llevar”, es decir, convencer a los integrantes del gobierno acerca del bajo impacto que producirían en las economías familiares, todos coincidirían en que es una medida que no las afecta.

Pero relacionar el conflicto con el hacedor de la imagen publicitaria del gobierno de Corral -en el que no hubo acuerdo en el monto del pago a efectuar y que Sifuentes asegura fueron los miembros del equipo de Corral los que lo tasaron, para no pagarle finalmente y enfrentar ahora un litigio sobre la propiedad intelectual del logotipo- en el que la percepción es la de falta de cumplimiento con los compromisos realizados, con el asunto de las cuotas de inscripción, en el que, finalmente, se desdicen de lo prometido en la campaña electoral, no se requiere demasiada elaboración, el nuevo gobierno se está caracterizando del modo que lo hizo el Secretario de Educación en las primeras horas, las promesas realizadas fueron del corazón, no de la razón.

Y eso es lo que está en el fondo de la desazón acerca de la detención del ex gobernador César Duarte, solicitada por infinidad de chihuahuenses, pero en los que priva la percepción que no se hará, de ahí el desmesurado crecimiento de las opiniones contrarias al gobierno del amanecer.

En ese entorno, y en el del un innegable crecimiento de los índices delictivos, especialmente los de los homicidios, es que un asunto que debiera recibir buenas calificaciones, el de la reestructuración de la deuda directa del gobierno, no ha recibido la recepción que cualquier iniciativa bien sustentada y mejor planteada podría tener.

Si logran disminuir la tasa de interés con la reestructuración -que técnicamente no es una nueva deuda pues las garantías serán las mismas y el adeudo podría bajar- y acortar los plazos de la deuda, serían los logros mínimos alcanzables en la actual situación en la que las finanzas estatales están seriamente comprometidas y les generarían algunos cuantos millones de pesos que en estos momentos serían, literalmente, una poca de agua para el desierto presupuestario existente.

Alrededor de 300 millones de pesos anuales no pintan frente al tamaño del presupuesto estatal, pero en algo aliviarían las finanzas del gobierno corralista.

Sin embargo, anunciar el aumento de las cuotas de inscripción en Bachilleres, en medio de la agria disputa con la dirigencia sindical, motivada, sí, por la falta de distintos pagos al personal, pero en la que, indudablemente, cuentan las filias partidistas y la inadecuada conducción de la institución educativa de nivel superior más concurrida de la entidad.

Es de tal peso esa medida que le quitó los reflectores a la detención de siete de altos funcionarios de la administración duartista, entre ellos el ex auditor Superior del Estado, en una ofensiva judicial sin precedente en el país, pero a la que aún le falta la ratificación de las resoluciones judiciales.

Del mismo modo, el anuncio del citatorio judicial al ex gobernador César Duarte, a fin de que presente sus alegatos en relación a la denuncia del desvío de casi 90 millones de pesos, para entregarlos al PRI, motivó no pocas esperanzas en la aplicación de la justicia, pero en el que, extrañamente, no se levantaron cargos por el hecho usar los recursos del gobierno estatal para recaudar el dinero y entregarlo a las finanzas del PRI, ya que la tesorería del estado se convirtió en la caja recaudadora de ese partido.

Pero hechos tan destacables como esos, no hacen que se olviden episodios, paradójicamente, memorables, como el de los contratos cedidos a los familiares del Síndico Miguel Riggs, o la falta de las facturas de la renta de los viajes de avión, realizados por Corral para acudir a centros de recreo, o la falta de resultados en las investigaciones a los actuales funcionarios, en esos temas.

Pero no hay problema, pensarán algunos de los estrategas del panismo, no tenemos riesgo, dirán al ver declaraciones como la del presidente del PRI estatal, Guillermo Dowell, quien, en las reuniones preparatorias de la elección del Consejo Estatal lanzó esta frase: “No somos un partido en derrota sino en victoria por lo sucedido este año. Somos un partido trabajando para recuperarnos en Chihuahua”.

No, po’s sí.

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¿Desaparecer los pluris? De ninguna manera

El Diario, 15 de junio de 2017

Luis Javier Valero Flores

Abierta la discusión -tardíamente- en y desde el Congreso del Estado sobre la Reforma electoral, dos temas llamaron poderosamente la atención, sin que otros aspectos de la realidad electoral desmerezcan y aún reciban el más severo de los rechazos de una parte importante de la sociedad.

Durante muchos años, las posturas que más desestiman a las modernas sociedades democráticas han enderezado sus ataques al financiamiento público de los partidos -por tanto, propugna por la existencia, solamente, del financiamiento privado a los partidos y campañas electorales- y la eliminación de los “pluris”.

La presentación de desaparecer a los diputados de representación proporcional (RP), los popularmente conocidos como “plurinominales”, tiene como fondo la idea de que éstos no responden a la decisión ciudadana o que significan algo así como el regalo del gobierno a los partidos.

Muchos de los críticos de la existencia de los pluris tienen la concepción maniquea de que estos legisladores son los “malos”, frente a los “buenos”, o sea, los que ganaron su elección.

Melindrosa como es la clase política mexicana -porque defiende sus intereses a capa y espada- al momento de efectuar la reforma electoral de 1987-1988, no se atrevió a estructurar adecuadamente el esquema de elección de los legisladores y creó un híbrido: El de contar con diputados de mayoría (es decir, los ganadores de la elección directa en cada distrito) y los de RP.

El origen y objetivo de este tipo de legisladores son esencialmente de carácter democrático. Se trata de otorgarles a los partidos el mismo porcentaje de diputados que el porcentaje de votación obtenido, con lo que se aseguraría la adecuada representación de los votantes en los órganos legislativos. 

Aún más, con este mecanismo se aseguraba -en la hipótesis más “sana”- que al contar con una lista de candidatos pluris se aseguraba que los militantes más representativos de cada partido accedieran a las Cámaras. 

Con el tiempo y la aguda degradación, de la clase política y los partidos, este mecanismo ha servido para fortalecer a la élite existente en cada uno de ellos, fenómeno que es más aparente en las agrupaciones con la menor representación, en la que los clanes familiares se ceban de los partidos.

Sólo para ubicar adecuadamente el problema, si la RP no existiese, el actual Congreso del Estado se compondría de 16 diputados del PAN y 6 del PRI, y ya, ello a pesar de que, por ejemplo, el Panal y Morena obtuvieron alrededor del 8% de la votación, lo que en una representación proporcional directa les daría derecho a contar con 2 diputados, pues cerca de 10 de cada 100 electores lo hicieron por sus candidatos.

Bueno, pues para ayudar a una mejor representación de las fuerzas políticas y a que, finalmente, sea el voto ciudadano el que de manera directa elija a sus representantes populares, la legislación de Chihuahua contempla que haya dos formas de acceder a las diputaciones pluris: La mitad de ellas por medio de la integración de una lista de candidatos y la otra mitad la conformarán quienes, siendo los perdedores de cada partido, sean los que mejor porcentaje de votación hayan obtenido.

¿Y porqué no quitar, mejor, la lista de candidatos pluris, elaborada al interior de cada partido, con todos los vicios y defectos que les conocemos y que sólo puedan ser diputados pluris los candidatos de cada partido que mejor porcentaje de votación obtengan y que hayan resultado perdedores?

¿Y, además, establecer la proporcionalidad directa -tanto porcentaje de votos, tanto porcentaje de diputados-?

De ese modo podríamos asegurar que es, finalmente, el voto ciudadano el que determinara quien accediera a las Cámaras.

Luego, el problema no radica en el número de pluris sino en el mundo de privilegios que poseen los diputados y la increíble falta de representación que alcanzan.

¿Porqué no, mejor, constitucionalmente, se fija un salario bajo a los legisladores, del orden de los 15 salarios mínimos mensualizados -en este momento, alrededor de los 35 a 40 mil pesos- y la desaparición de todas las prerrogativas (celulares, vehículos, etc.)?

De ese modo se lograrían ahorros que podrían emplearse en miles de cosas, pero una de ellas sí podría mejorar nuestro sistema político: La de aumentar el número de diputados, por ejemplo, al doble, pero establecer sólo dos pequeños períodos de sesiones al año y pagarles solamente en esos períodos, con las modificaciones legales pertinentes para que los patrones de ellos estén obligados a preservarles sus trabajos en tanto desempeñan las tareas legislativas?

Sin duda, así, no habría tantos que desearan “servir a la comunidad”.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Morena, el ganón

El Diario, 11 de junio de 2017
Luis Javier Valero Flores

La ira de varios de los conductores de los noticieros de Radio Fórmula, en contra del dirigente de Morena, Andrés López Obrador, en la mañana del lunes anterior, develaba algo que parecía superado luego de las aciagas horas postelectorales del 2006, el linchamiento mediático en contra de un candidato opositor.

El enojo, a la luz de las filias y fobias desatadas por la controversial vida política del tabasqueño, era justificada; su partido, Morena, amanecía el día después de las elecciones disputando el triunfo en la más importante de la jornada, la del Estado de México (Edomex).

A pesar de quedar en el tercer lugar, por el número de votos, en Veracruz, sus triunfos municipales en la zona petrolera (Poza Rica, Minatitlán y Coatzacoalcos) y la capital, Jalapa, lo convirtieron en la principal fuerza de oposición en esa entidad.

Sus otros dos candidatos, Armando Guadiana en Coahuila, y Miguel Navarro Quintero en Nayarit, obtenían el 12% de la votación y se colocaban en la tercera fuerza de esas entidades, rompiendo, de esta manera, la polarización existente en las elecciones a gobernador en las que sólo los dos partidos punteros de la elección tienen posibilidades reales de competir.

Claramente están lejos en ambas entidades pero la aportación en votos, para la elección presidencial es invaluable.

Y ese es el principal resultado de la jornada del domingo anterior, su influencia en la elección del próximo año. No hay lugar a la duda, a pesar de que el PRI haya ganado la gubernatura mexiquense, sus resultados muestran claramente el deterioro de las preferencias electorales; también, las bajas calificaciones otorgadas al gobierno de Peña Nieto, factores que en conjunto lo hicieron perder la mitad de los votos alcanzados en las elecciones de seis años atrás.

A su vez, el PAN, no obstante los aspectos favorables de varios de sus resultados, en general sufre, también dio notable decremento de sus cifras electorales y obtuvo un desastroso cuarto lugar en el Edomex.

Frente a eso, los resultados de esta última entidad y en Veracruz ratifican a Morena en la punta de las preferencias electorales presidenciales.

Aún deberemos esperar las resoluciones de los tribunales electorales, existen suficientes indicios que demuestran la validez del aserto inicial: Fue una elección de Estado.

Según los resultados parciales del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), de los 45 distritos electorales en los que se emitieron votos para Gobernador en el Estado de México, Alfredo Del Mazo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ganó en 20, Delfina Gómez de Morena ganó en 21 y en los votos extranjeros, pero hubo siete distritos en los que Del Mazo se impuso por más de 20,000 votos.

PRD ganó los tres distritos electorales del municipio de Nezahualcóyotl y Josefina Vázquez Mota (PAN) ganó solamente un distrito electoral, en Naucalpan.

Alfredo Del Mazo se impuso en 20 distritos electorales. La diferencia total fue de menos de 170,000 votos pero hubo 11 distritos en los que superó a la candidata de Morena por más de 10,000 votos. Coincidentemente, esos distritos son preferentemente rurales, y entre éstos, los más pobres.

Para la picaresca nacional, algunos de ellos son de antología. En una elección extremadamente reñida, en la que la diferencia entre Del Mazo y Delfina Gómez es menor a los 170 mil votos, en Valle de Bravo la diferencia a favor del priista frente a la morenista es de 55 mil 849 votos; en Tejupilco, de 48 mil 470; en Ixtlahuaca, de  46 mil 325 votos de diferencia, Atlacomulco, 40 mil votos; en Jilotepec, de 36 mil; Almoloya 21mil y Huixquilucan, de 20 mil 500 votos de diferencia.

La elección fue, efectivamente una elección de Estado. Del Mazo lo dijo en el cierre de campaña: “En esta elección se juega el futuro del PRI”. Estaba cantado, era un llamado a todo el priismo a echar toda la carne al asador. Así lo hicieron.

Tuvo razón el candidato  priista, el PRI utilizó todas sus armas en la elección mexiquense, todo el peso del gobierno de la república, todo el presupuesto del gobierno local; hicieron alarde de recursos económicos, especialmente en las zonas más deprimidas, cosa que ha llevado a Morena a centrar la anulación en alrededor de 5 distritos en los que, confían, que si se anulan podrían revertir el resultado, pues ahí el PRI obtuvo la friolera de 400 mil votos.

La sorpresa, la caída de Josefina Vázquez Mota, quien obtuvo apenas un poco más del 11% de los votos y el cuarto lugar de la contienda.

El candidato del PRD, Juan Zepeda, sorprendió pues obtuvo más de un millón de votos y casi el 18% de la votación. Quizá la mejor explicación para esa votación es que una parte del electorado, no plenamente identificado con las posiciones de izquierda, pero sí de oposición al PRI y que, ante la caída de la candidata del PAN, optó por el perredista.

La conclusión es lapidaria para el PRI, la mitad de los votantes mexiquenses optaron por las agrupaciones de izquierda y dos tercios de los electores se oponen a ese partido. Pero también debiera llevar a reflexionar a los dirigentes del PRD. Si desean mantener el perfil de izquierda -que muy pocos electores le adjudican aún- deberán buscar la alianza con Morena, bajo el entendido que el candidato con posibilidad de triunfar, no hay de otra, es López Obrador.

Esa también es una lección para el perredismo. Hasta el último minuto se negaron a declinar la candidatura de Zepeda en favor de Delfina. Su argumento es que era mejor candidato el perredista, pero a escasos días de la elección es una regla de oro de elecciones competidas, es que el mejor es quien lleva la delantera en las simpatías, ahí ya no hay criterios subjetivos. 

El resultado fue tajante en ese sentido, la morenista casi duplicó la votación del perredista.

Pero la suma de los votos obtenidos en las 4 elecciones, balance que de frente a la elección presidencial es el necesario realizar, es que el PRI, a pesar de obtener los triunfos (hasta ahora) en dos gubernaturas, es el partido que más votos perdió respecto de las elecciones anteriores y se quedó, solamente, con alrededor de 2 millones 900 mil votos (que son la mitad de los obtenidos seis años atrás), frente a los 2 millones 600 mil de Morena y los 2 millones 200 mil del PAN.

Sólo que, tanto el PRI como el PAN, sus resultados fueron en alianza, el tricolor con el Verde Ecologista, PANAL y PES; y el PAN, con el PRD, salvo el Edomex.

La pérdida de votos para el PRI es impresionante en el Edomex, rebasa el 1 millón 100 mil votos menos. En Coahuila perdió 350 mil votos, cantidad superior a los 340 mil obtenidos en esta elección; es decir, perdió más de la mitad de los votos del 2011, de una elección a otra. 

En Nayarit ocurrió cosa semejante, el PRI perdió la mitad de su votación. En 2011, Roberto Sandoval obtuvo 220 mil 508 votos, 45.74 por ciento, ahora Manuel Cota, al perder la elección, sólo recibió 130 mil.

A su vez, el PAN perdió más de 100 mil votos en Coahuila. Pasó de 422 mil 296, obtenidos en la elección anterior, a poco más de 330 mil.

Balance tan negativo para el PAN lo atenúan los resultados municipales pues gobernarán las alcaldías (las más importantes) de Boca del Río, Córdoba, Martínez de la Torre, Papantla, Tierra Blanca, Tuxpan y Veracruz, en ese estado; además de Tepic, Bahía de Banderas y Santiago Ixcluintla, en Nayarit, y de Ciudad Acuña, Monclova, Sabinas y Torreón, en Coahuila.

A cambio, perdió el llamado “corredor azul” en el Edomex, es decir, los municipios conurbados con la Ciiudad de México. Los perdió a manos de Morena.

Así, el PRI llegará al 2018 con 15 gobernadores; PAN, 12, y PRD, 4. El restante es Manuel Velasco, del Verde, que llegó de la mano del PRI a Chiapas.

Los mandatarios priistas gobernarán a 40.7 millones de ciudadanos, 48% del padrón electoral, frente a los 27.8 millones del PAN, el  31.3%.

En 2012, el PRI gobernaba 21 estados, entre ellos la entidad con el mayor padrón electoral -Edomex- (11.3 millones de ciudadanos), Jalisco (5.7 millones) y Chiapas (3.4 millones). (Nota de Jesús Aranda, La Jornada, 8/VI/17).

A su vez, el PAN gobernará a 5.5 millones en Veracruz (tercer padrón más grande del país); 4.3 millones en Puebla y 4.2 millones en Guanajuato. (Ibídem).

Frente a tal situación, la postura del gobernador chihuahuense, el panista Javier Corral pareciera ser, a la vista de la concepción no rupturista, la más  razonable, ir en un bloque opositor, aunque descartando, dice, a López Obrador, y sólo se le podría considerar dentro de ella si “él quisiera entrarle a un verdadero esquema de transición del país yo no lo descartaría como un actor de ese acuerdo. (Nota de Georgina Saldierna, La Jornada, 9/VI/17).

El problema, para esta postura, es que la mayoría del electorado está optando por el rupturismo, y eso representa el tabasqueño.

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