jueves, 28 de noviembre de 2013

Parodia fiscalizadora

 El Diario, 28 de noviembre de 2013

Luis Javier Valero Flores
Si se piensa que hemos agotado las cosas que pudieran asombrarnos del desempeño de los funcionarios gubernamentales, especialmente de los legisladores, estamos muy lejos de la realidad.
Lo realizado el martes por los integrantes de la mayoría legislativa del Congreso del Estado, -conformada por el PRI, PVEM y PANAL- es para competir por los récords de más trabajo legislativo: Aprobaron en una sola sesión las cuentas públicas del año 2012 ¡De 173 entes, tanto públicos como privados! En éste caso, aquellos que recibieron recursos públicos.
Reacios, por distintos motivos, a rechazar tal hecho, el resto de las fracciones parlamentarias -PAN, y el denominado bloque de izquierda (integrado por los legisladores del PRD, PT y MC)- se abstuvieron, es decir, ni las aprobaron, ni las rechazaron, sino todo lo contrario.
Con este hecho quedó explicada en toda su magnitud la maniobra, absolutamente ilegal, efectuada al término de las elecciones locales de este año, mediante la cual el Partido Verde decidió (Nos imaginamos que por su cuenta, sin que nadie le “sugiriera”, ni le ordenara, sino, también, todo lo contrario) aceptar como su candidata mejor perdedora a la postulada por la Coalición de este partido con el PRI, María Elvira González Anchondo, militante distinguida del tricolor. Hoy es la presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso, es decir, la encargada de “planchar”, literalmente, prácticamente todas las cuentas públicas hoy comentadas.
Correcto, dicen bien los diputados del PRI, que las cuentas públicas fueron “subidas” a la internet, pero los dictámenes de cada una de ellas (los proyectos) fueron conocidos apenas unas cuantas horas por los diputados locales de todos los partidos. Como siempre, en eso no le fallaron, lo hicieron como sus ancestros, que nadie los conozca con antelación.
Entre las cuentas aprobadas se encuentran, 44 de juntas regionales y municipales de agua y saneamiento, de municipios, 35 de organismos descentralizados y autónomos, 18 fideicomisos, Conacyt, la Casa Chihuahua, el Programa Nacional de Becas y Financiamiento del Estado de Chihuahua y 76 asociaciones civiles. “No se encuentra el Instituto Estatal Electoral (IEE), pero sí el Tribunal Estatal Electoral y otros organismos… El IEE recibió diversos señalamientos por la Auditoría Superior del Estado (ASE), sin embargo, no apareció entre las cuentas públicas revisadas y presentadas por la Comisión de Fiscalización”, señala la información de El Diario. (Nota de Patricia Mayorga, 26/XI/13).
Los dictámenes fueron aprobados por la mayoría señalada por 21 votos y 11 abstenciones del bloque opositor.
Lo realizado por la actual legislatura supera en toda la línea lo efectuado por sus antecesoras. Por lo menos, en el pasado, se cubría el expediente de presentar cada uno de los dictámenes y someterlos a su discusión, pero de ahí a aprobar en paquete, como si cada uno de los ejercicios gubernamentales fueran los mismos, igual un municipio que una organización de la sociedad civil, supera todas las previsiones que en materia de opacidad hubieran hecho los más acerbos críticos del quehacer gubernamental.
Modificar radicalmente los mecanismos de fiscalización es tarea prioritaria de la sociedad chihuahuense y, por lo que vemos, de ninguna manera para el grupo hegemónico en Chihuahua.
Tal tarea ha sido pospuesta, una y otra vez por los partidos políticos acreditados en el Congreso del Estado. Más allá de quien ha detentado la mayoría legislativa desde la segunda mitad del gobierno de Francisco Barrio -el PRI- una buena parte de tal rezago le compete al panismo chihuahuense; a éste le corresponde la corresponsabilidad del pasado, de aquel en el que se intercambiaban con el priismo la aprobación de las cuentas -tú apruebas la de Juárez y te apruebo la de Chihuahua y la del gobierno estatal, era la conseja.
Luego, con su aprobación para el nombramiento de quienes han ocupado la Auditoría Superior del Estado (antes, la Contaduría General).
Hoy tienen, junto con el resto de los legisladores, la responsabilidad de cambiar el método de fiscalización y del modo de nombramiento del Auditor Superior del Estado.
También los priistas ¿Querrán éstos?
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martes, 26 de noviembre de 2013

“Profeproa"

El Diario, 26 de noviembre de 2013
Luis Javier Valero Flores
En marzo y abril presenciamos las llamativas movilizaciones de los maestros defraudados por la empresa GRIO. Prontamente, el Gobierno del Estado desactivó el conflicto por la vía de suspender los descuentos a la nómina que esta empresa hacía, luego de pactar con ellos préstamos agiotistas, con la anuencia y, ahora sabemos, también con el impulso de las dirigencias sindicales, de los dos niveles, estatal y nacional.
Entonces supimos que se trataba de un negocio nacional, que abarcaba a los sectores del magisterio, los federales y los estatales. El conflicto llegó hasta la elaboración del presupuesto federal para el 2014, con la aprobación de una partida de 5 mil millones de pesos, para resolver el problema, pero por la vía de cancelar los préstamos otorgados por las empresas y aparecer, ahora, el gobierno federal como el prestamista con una tasa de interés de locura: ¡Del 18% anual!
De ese modo, se pretende legitimar una tremenda violación a las leyes federales del trabajo y de servicio público, a través de un negocio pactado desde los tiempos de Vicente Fox en la presidencia de la república, entre la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y empresas financieras no reguladas por la autoridad.
El mecanismo es aparentemente sencillo: La dirigencia sindical firmaba la autorización para que el patrón de los profesores, el gobierno federal, actuara como retenedor de los abonos quincenales por el crédito y los entregara al acreedor, en abierta violación de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado pues los porcentajes de descuento de la nómina, de los deudores, rebasaba los máximos legales permitidos, del 30% “y sólo en caso de deudas contraídas por el trabajador con el Estado por anticipo de salarios, pagos hechos en exceso, cobro de cuotas sindicales, aportaciones a cooperativas o cajas de ahorro; créditos con organismos públicos de vivienda, pensiones alimenticias ordenadas por un juez o préstamos de los fondos de vivienda”.
Los arreglos eran en la cúpula, de acuerdo con la información del reportero Roberto González Amador, (La Jornada, 23 de noviembre de 2013) ese era el mecanismo generalizado, y puso de ejemplo el contrato firmado el 24 de agosto de 2004 entre Elba Esther Gordillo Morales y Sergio Chedraui Eguía, representante legal del Grupo Chedraui, que opera la compañía de préstamos garantizados por la nómina, Consupago.
Tales contratos son legales, sostiene la Asociación Mexicana de Empresas de Nómina, y, por supuesto, declaró su respaldo al programa gubernamental que más que rescate de los trabajadores, parece rescate de estas empresas.
Y es que, al “rescatar” a los trabajadores, luego de erogar los 5 mmdp, les cobrará a los maestros una tasa de interés casi de agiotista, el 18%, que significa, para quien solicitó un préstamo de 50 mil pesos, sólo de intereses al año, ¡9 mil pesos!
¿A quién salvaron?

Por desgracia, luego de la crisis de abril en Chihuahua -con un universo de aproximadamente 40 millones de pesos y 456 maestros defraudados-, puede pensarse que el conflicto terminó, pues no se ha sabido del curso de este proceso, que debió derivar por la vía judicial.
Los comentábamos entonces, las víctimas presentarían las cartas en las que desautorizarían se efectuaran los descuentos, pero la deuda permanecía con las empresas. Con las novedades, pareciera que podrían acogerse los implicados al programa federal, a menos que éste sólo abarque a los maestros de ese ámbito.
 Pero quedan subsistentes varias interrogantes, derivadas de las posibles anomalías cometidas en el otorgamiento de los préstamos.
¿En función de qué facultades el Gobierno se convirtió en el departamento de cobranza de las financieras? ¿Cuánto cobra por esos servicios?
De ahí que tengan razón los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la casi proscrita -para las “buenas conciencias”, CNTE, al afirmar que es insuficiente tan sólo erogar los 5 mmdp, sin investigar y sancionar a quienes se beneficiaron de los préstamos usureros.
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domingo, 24 de noviembre de 2013

Apresuramientos y deslindes

 El Diario, 24 de noviembre de 2013
Luis Javier Valero Flores
Casi como copia, pareciera que el ahora denominado Vive Bus Juárez va a repetir toda la ruta crítica seguida por su antecesor en la capital del estado, ante el aparente apresuramiento de la puesta en marcha del gobernador César Duarte Jáquez, quien informó que el 30 de noviembre arrancaría operaciones el nuevo sistema de transporte urbano del antiguo Paso del Norte.
Una de las diferencias será la postura pública adoptada por los representantes de los concesionarios de tal transporte: “La red de transportistas que operará el… Vive Bus Juárez, pidió que se aplace el arranque del proyecto porque no existen condiciones, infraestructura, ni esquemas administrativos para su operación... ‘No es una negativa, pero es una realidad. Solicitamos que se amplíe el plazo, porque no hay un esquema. Confiamos en las autoridades, pero en los hechos no lo hemos vivido’, dijo Mario Téllez Contreras, secretario de la Confederación de Trabajadores de México (CTM)”. (Nota de Angélica Villegas, El Diario, 22/XI/13).
Tal postura que, ante los acontecimientos ocurridos en la capital del estado, pareciera ser la racional, choca frontalmente con la adoptada por los funcionarios estatales y municipales, quienes, casi como si fueran los directamente encargados de prestar el servicio, refutan a los dirigentes sindicales, todo está listo, dicen.
Pero de las mismas informaciones de los funcionarios gubernamentales y de los representantes de choferes y concesionarios puede colegirse que la apertura de la primera ruta tropezará con problemas semejantes, o quizá superiores, a los sufridos por los usuarios de la capital chihuahuense. Un factor pesará por encima de todo ello, el porcentaje de la población que usa este sistema de transporte; si en Chihuahua rondaba, según los estudios previos a la puesta en vigor del Vive Bus, alrededor del 17%, (algo así como 140 mil) en Juárez puede superar la quinta parte de la población, lo que llevaría a cifras por encima de los 250 mil usuarios diarios.
La lista de faltantes, y su importancia, es grande. Reportan que no se ha llegado a ningún acuerdo entre las autoridades estatales y municipales sobre el traspaso de los camiones y la contratación de los choferes. 
No hay acuerdos de los concesionarios con los choferes. No ha habido capacitación para los choferes de la nueva ruta, lo que puede redundar en un preocupante incremento en el número de accidentes, cosa que ha ocurrido en Chihuahua capital, seguramente no atribuibles la mayoría de ellos a los choferes del Vive Bus, pero de no impartirse los cursos necesarios lo resentiremos en el número de víctimas, de lesionados, de embotellamientos y de horas-hombre-trabajo perdidas a causa de los accidentes pues, también es un hecho, que una buena parte de los conductores particulares no están habituados a este nuevo sistema de transporte urbano.
Los concesionarios no cuentan con oficinas administrativas; seguramente todavía no están construidas las instalaciones de los talleres, patios de resguardo, ni los estacionamientos para las unidades.
Del apresuramiento dan cuenta las informaciones vertidas por el titular de la Dirección de Transporte, Jaime Enríquez Ordóñez, quien dio a conocer que se tiene contemplado contratar a 104 choferes, y que en el curso de la semana “van a estar firmados los contratos con los choferes que están debidamente preparados”, es decir, apenas van a firmar contratos y seguramente, como ya ocurrió en Chihuahua, a los antiguos choferes no se les plantea uno de los principales problemas, el del cambio de patrón, porque en adelante ya no será el concesionario, individualmente, el que sostenga la relación laboral, sino el nuevo ente conformado por los concesionarios, ellos mismos lo informan, aún no resuelven la situación de los choferes que tienen más de 15 años laborando en la ruta que será reemplazada.
No sólo en esos aspectos hay un evidente retraso, según las informaciones de los choferes, las zonas en donde se realizará el trasbordo de los peatones de las rutas alimentadoras hacia la troncal aún no cuentan con las instalaciones debidas.
No sólo eso, todavía no están establecidas aún las condiciones de cómo se van a pagar, ni las viejas, ni las nuevas unidades.
Es decir, la incertidumbre en todos los pasos del -ahora sabemos- difícil, muy difícil proceso de transición al nuevo sistema de transporte. Resulta que, de acuerdo con las declaraciones de estos funcionarios -citados en distintos medios- aún no saben si la empresa concesionaria va a adquirir los viejos-nuevos autobuses del Transporte SemiMasivo, ni los precios, ni el financiamiento, éste “se está negociando”, dijo Carlos Castañeda Echaniz, coordinador del Vivebús Juárez por el Municipio. (Ibídem)
Y como en Chihuahua, uno de los principales aspectos del sistema de transporte, el de los boletos, o de las tarjetas, a una semana de la puesta en operación, iniciará apenas mañana, con la operación de sólo cuatro módulos de expedición de tarjetas y aún no hay fecha de cuando se podrán adquirir en las tiendas comerciales y de autoservicio.
Y eso sin contar todas las anomalías que se presentan con las tarjetas, tanto que hasta la fecha existen cientos de usuarios en Chihuahua reportando que la pérdida de dinero en el uso diario las ha llevado a duplicar el gasto en transporte, por las fallas de las tarjetas, y eso sin contar el evidente retraso con el que se pusieron a la venta.
Bueno, está tan atrasada la transición que el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado, Guillermo Márquez Lizalde, informó que “en días pasados el gobernador del Estado, César Duarte Jáquez, presentó una iniciativa al Congreso, la cual está a la espera de ser aprobada”, para dar origen a “un fideicomiso técnico” encargado de la recaudación pública.
Ahí se encuentra el meollo de la discusión acerca del transporte público ¿Debe estar en manos de la iniciativa privada o, por el contrario, dada la complejidad e importancia -de la ciudad, del servicio, del número de usuarios y la evidente incapacidad de los concesionarios para ofrecer un buen servicio- esta empresa debiera ser del gobierno estatal y así evitarnos la insistente petición, anual, para aumentar el precio del pasaje, sin incrementar la calidad del transporte.
Ahora sabemos, por la experiencia de Chihuahua, que los ingresos del transporte urbano superan, quizá por mucho, las cifras que anualmente informaban los concesionarios.
Además, es el más vivo ejemplo de cómo los los dineros públicos sirven para subsidiar un negocio privado. Hasta ahora, en la actual administración estatal, se han gastado 440 millones de pesos, 300 millones por parte del Municipio y 140 de Gobierno del Estado, más los cerca de mil millones de las fases anteriores, después de más de una década de retraso
¡N’ombre así cualquiera se convierte en próspero y respetado empresario.
DESLINDES.- ¿Cómo está eso de que las primas deben decidir quién se queda en el Municipio, como lo sostiene el presidente municipal de Juárez?
Para eso es la autoridad, y el alcalde Enrique Serrano, simple y sencillamente debe despedir a la directora de Desarrollo Social, Adriana Terrazas Porras, prima hermana de la regidora Mireya Porras Armendáriz, porque el responsable de la designación es el alcalde y en todo caso es el munícipe el que incurre en violación a la ley de responsabilidades pues está violando el Código Municipal.
De otro modo, pareciera que el alcalde está presionando para que sea la funcionaria elegida por la ciudadanía, y no la designada por él, la que que debiera renunciar, y eso, es inadmisible pues se trata de una integrante del órgano colegiado de gobierno del municipio y, por tanto, de la misma fuerza y representación que el presidente municipal.
Por otra parte, las funcionarias no están resolviendo un asunto de la familia, se trata de la administración de los recursos públicos de los habitantes del municipio de Juárez, no es a ellas a quienes les corresponde resolverlo, basta con la aplicación de la ley, y en este sentido, ni siquiera tiene que esperar Enrique Serrano la opinión de la regidora para resolver, ésta es una funcionaria de elección popular, a menos que, como frecuentemente pasa, le estén ofreciendo otro puesto y otras prebendas, ya que,  entonces podría pensarse en que (como también muy seguido ocurre) la suplente aparece como más cómoda para los designios de quien todo lo resuelve en el cabildo.
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jueves, 21 de noviembre de 2013

Intolerancia

El Diario, 21 de noviembre de 2013

Luis Javier Valero Flores
La celebración del primer matrimonio homosexual en Chihuahua, la semana anterior, ha desatado infinidad de reacciones, destacadamente de la más alta jerarquía católica, la que ha descalificado acremente tales uniones. No se les pueden llamar matrimonios, eso está reservado para un hombre y una mujer, cuyo fin es el de la procreación, sostienen.
Sin embargo, justamente ahí es en donde ha resuelto la Suprema Corte de Justicia (SCJN) que existe una discriminación; la unión matrimonial, para la sociedad, dice el máximo tribunal, debe celebrarse entre dos personas.
Pero las expresiones eclesiales no son las únicas que desestiman la posibilidad de legislar en la entidad al respecto.
Los representantes parlamentarios del PRI, PAN y PRD en Chihuahua, Rodrigo de la Rosa, César Jáuregui y Hortensia Aragón, respectivamente, cada uno con su matiz, esbozan tímidamente tal posibilidad, luego, dicen, de consultar a la sociedad sobre este tema tan polémico.
Lo llevarían a debate a pesar de no encontrarse en la agenda legislativa. César Jáuregui lo calificó como un tema “molesto”, Hortensia Aragón opinó que debería llevarse a la discusión hasta el segundo año de la actual legislatura, “porque sería complicado empezar con temas que nos dividen y no con los que coincidimos” y De la Rosa sostuvo que lo harán “cuando lo solicite la ciudadanía”. (Nota de Jaime Armendáriz, El Diario de Chihuahua, 20/XI/13).
Las malas noticias para ellos es que, así se someta a la amplia consulta y debate este tema, en caso de legislar, tendrían que hacerlo en el sentido que lo ha ordenado la SCJN.
No hay otra posibilidad, las últimas reformas constitucionales en materia de derechos humanos, luego de ser sentenciado el Estado Mexicano por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, los ubican como primordiales. Uno de ellos es el de la prohibición a la discriminación por motivos de género o de preferencias sexuales.
De tal manera que la actual legislatura, si decide legislar sobre el tema no tiene opción, a menos que quiera verse envuelta en una controversia constitucional, con la seguridad de que será derrotada.
El rechazo de la jerarquía católica se basa en los argumentos sostenidos desde siempre. Es antinatural, es una aberración, sostuvo el Arzobispo Constancio Miranda Beckmann en diciembre pasado. Enfático, afirmó que “iríamos a la ruina” de aprobarse tales matrimonios, “ya que esto se agregaría a las lacras que laceran a la sociedad, como son las desgracias naturales o el cambio climático". (Nota de Venessa Rivas Medina, 13/XII/12).
¡De ese tamaño es el amor al prójimo, sólo porque decidan casarse dos homosexuales entran a la clasificación de calamidad al nivel de los tsunamis y tifones!
Bueno, respetable su punto de vista, pero es el de los creyentes de esta religión.
Ya hace mucho tiempo que acordamos que debería existir plena libertad de creencias y de cultos; por tanto, las concepciones de un culto determinado no pueden imponérsele al resto de la sociedad, más aún, como sostuvo el conductor norteamericano de televisión, Bill Maher, no se pueden “resolver problemas reales con pensamientos mágicos”, y el abordado ahora es uno de ellos.
Igual postura sostuvo la presidenta de la Alianza Ministerial Evangélica (AME), Norma Varela, quien afirmó que la “Palabra de Dios lo prohíbe” pues su guía es La Biblia y esta sostiene que el matrimonio es “sólo entre un hombre y una mujer”. (Nota de Juan Salazar, 7/XII/12).
Probablemente más puntilloso acerca del manejo de los conceptos y del lenguaje, el Padre Camilo Daniel, párroco de Anáhuac, y una de las figuras más respetadas en ámbito de los derechos humanos y las luchas campesinas, afirmó que los matrimonios homosexuales son contrarios a la naturaleza, porque “el matrimonio sólo puede darse y existir entre un hombre y una mujer, que constituyen la base de la familia y la razón es porque, para la Iglesia católica, el matrimonio tiene una doble finalidad del apoyo mutuo y de la procreación y éste sólo se puede dar de manera natural entre hombre y mujer”.
Y aquí se encuentra la diferencia, esa concepción, dijo, es para la Iglesia Católica.
Ahí es en donde deberemos abrevar.
No pueden elevarse al nivel de mandamientos jurídicos las concepciones religiosas de una parte de la sociedad, así sea mayoritaria.
Pretender que el resto de la sociedad se rija por sus creencias es uno de los signos más emblemáticos de la intolerancia, y esa, sí que no debemos tolerarla.
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martes, 19 de noviembre de 2013

Lo inexplicable de Blueberry

 El Diario, 19 de noviembre de 2013

Luis Javier Valero Flores
Apabullan las informaciones, todas negativas, precisamente aquello en lo que la sociedad debiera avanzar a pasos acelerados. Tienen que ver con la creciente debilidad institucional (Véase el eufemismo, ése que, al abandonarlo, tanto le costó a López Obrador -quizá también al país- cuando mandó al diablo “sus instituciones”), sobre todo las referentes a la procuración y aplicación de justicia.
Si en algo los gobernantes pudieran empeñar más sus esfuerzos, en tareas y funciones que les son asequibles, sería precisamente en esas áreas.
Edgardo Buscaglia, el estudioso en crimen organizado, sostiene (“Vacíos de poder en México”, editorial Debate, 2013) que la debilidad de esas instituciones crea vacíos que son ocupados por otros protagonistas, ajenos a la legitimidad y a la legalidad y que ahí es en donde deberían, las estructuras gubernamentales, incidir para acotar la extrema violencia y el explosivo crecimiento del poderío de los grupos criminales.
El accidente de la maquiladora Blueberry es un ejemplo dramáticamente ilustrativo de tal debilidad institucional.
Al lamentable comunicado de Protección Civil y de la Fiscalía General del Estado (FGE) en el que descartaron la posibilidad del fincamiento de responsabilidad penal a la empresa, o a cualquier otro ente, porque no encontraron evidencia que les mostrara la causa del accidente, vino a sumarse la oficiosa conducta del delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (Federal), Cutberto Medina Cervantes, quien informó haber enviado a oficinas centrales la petición de la empresa para que se retirara la “orden de restricción”, a fin de que pudieran reanudar labores.
Hasta ahí todo está bien, cumplió con sus funciones, pero sus declaraciones con este motivo ilustran nítidamente sus principales preocupaciones. Insistió en “que la empresa cumplía con los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo”; tenía, dijo, fallas, “como cualquier maquiladora”. (Nota de Patricia Mayorga, El Diario de Juárez, 15/XI/13).
Optimista, esperaba que le enviaran a la brevedad “la orden para ya abrir la empresa” y, al informar que la FGE ya había determinado la falta de responsabilidad penal de la empresa, se demostraba que ésta “trabajaba en regla”. La empresa, afirmó, no cuenta con amparos pendientes y previo al accidente, no le detectaron sustancias en el medio ambiente, que representaran peligro para los trabajadores o para la fábrica.
Según informó, a la empresa se le habían realizado 32 inspecciones por fallas de seguridad por la comisión de seguridad. Todas fueron subsanadas. (Ibídem).
Y como si no hubiera pasado nada, el domingo, la empresa ya había abierto sus instalaciones y se efectuaba la limpieza en vías de la reanudación de labores.
A la primera versión consistente en que la causa de la explosión podía ser la acumulación del almidón en las instalaciones, un lector, el ingeniero Fabián Moreno, especialista en contaminación industrial, le envió una carta al escribiente en la que dice, sin conocer los detalles del accidente, que es muy alta la probabilidad de que la acumulación de polvos combustibles haya sido la causa de la explosión.
Enlista los polvos cuya acumulación podría causar explosiones:  “de azúcar, granos (maíz, trigo), carbón, de plásticos, de madera, chocolate, leche en polvo y muchos polvos metálicos como aluminio, magnesio y otros”. 
Sus afirmaciones las acompaña con la dirección del video (en You Tube,https://www.youtube.com/watch?v=05NzONPeQnQ) acerca de la explosión de la fábrica de azúcar Imperial Sugar en 2008; además, refiere la explosión de la planta de Kelsey Hayes, fábrica “de rines de aluminio similar a las 7 u 8 plantas que mantienen en Chihuahua Superior Industries y Maxion (antes Kelsey Hayes). En Delicias ocurrió una explosión en años recientes en la planta Mead Johnson sin resultados fatales”.
Tales accidentes, sostiene, llevaron a que la OSHA (Occupational Health & Safety Administration) elaborara, en Estados Unidos, un programa denominado “Combustible Dusts National Emphasis Program”, del cual se derivó la modificación de las normas de la NFPA (National Fire Protection Agency).
Esas regulaciones, por desgracia, no existen en México, pero podrían motivar, siquiera, la expresión de la preocupación de nuestros legisladores, federales y estatales, coincidentemente callados ante esta tragedia y, acaso, intentar una adecuación de la legislación correspondiente.
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domingo, 17 de noviembre de 2013

Protección Civil, lecciones

Editorial, Aserto 124, noviembre 2013.
Luego del trágico accidente del Aero Show, a principios de octubre, sobrevinieron una serie de incidentes, todos relacionados con las medidas de seguridad y/o de Protección Civil, acaecidos, tanto en Juárez, como en Chihuahua, que ameritan una serie de reflexiones, sí, de la sociedad chihuahuense, pero sobre todo una revisión de las instituciones gubernamentales encargadas de tales materias.
No sólo se trata de encontrar, y sancionar, a los responsables de las tragedias del espectáculo de las Monster Truck, en Chihuahua, y de la explosión e incendio de la fábricas Blueberry, en Juárez, sino de que se inicie una profunda revisión a las instituciones de seguridad pública, protección civil y del trabajo, para saber si en todas las instalaciones industriales y comerciales, así como en la celebración de los espectáculos en la entidad, se cumplen con las regulaciones establecidas en las leyes y reglamentos.
En la medida que se da curso a las declaraciones y pruebas, en el juicio seguido a los presuntos responsables del accidente suscitado en El Rejón, aparece nítida la situación de graves omisiones cometidas por todos los mandos municipales y estatales encargados de la protección civil.
Ahora resulta que nadie tenía responsabilidad en la vigilancia y prevención de situaciones anómalas en los espectáculos en curso en el “Extremo Aero Show 2013”. El Jefe de Bomberos estaba a cargo de un grupo de elementos, vigilando que nadie se cayera a la presa, en los sitios más riesgosos de la pista de los deportistas de a pie.
En la ley de Protección Civil aparece, nítida, una especie de ruta crítica que debiera seguirse en la celebración de un espectáculo con asistencia masiva. 
Los organizadores del espectáculo -y las empresas realizadoras de los distintos eventos- tendrían que cumplir una serie de requisitos, que llevaran a las autoridades a la autorización de la celebración del susodicho evento. Entre esos requisitos se encontraban, preferentemente, los de seguridad en los distintos escenarios y en caso de no contar con las regulaciones necesarias, hacerse de la información necesaria, en el ámbito nacional, o internacional, para exigir las mismas condiciones de seguridad que en un evento realizado en el extranjero, para el caso de las Monster Truck.
No se puede venir a alegar desconocimiento, como lo estaban haciendo, hasta el cierre de edición, todos los acusados del accidente.
Pero esa es sólo una parte de las aristas que han motivado suspicacias, la otra vertiente de hechos elevadamente criticables es lo relacionado al manejo económico de los espectáculos. Es cosa corriente, se afirma, que el esquema usado para el Aero Show es el acostumbrado por todas las instancias de gobierno. Es decir, que se da vida a una agrupación, tan solo para estos efectos, bajo la figura de “Asociación Civil”, a la que se le donan los recursos necesarios para que contrate y pague los servicios de las empresas que llevan al cabo los distintos eventos.
Sin embargo, el monto de recursos públicos usados en ellos rebasan cualquier norma y hacen que aparezca la duda ¿Por qué no mejor licitar los servicios de una empresa del Monster truck, directamente, sin necesidad de triangular decisiones y recursos económicos?

De la tragedia del 5 de octubre tendremos, necesariamente, que extraer lecciones. Es muy alto el costo como para no hacer nada que vaya en el camino de prevenir tragedias como la del Aero Show 2013.

Morena-Chihuahua, registro histórico

Aserto 124, noviembre de 2013
Luis Javier Valero Flores
En una asamblea histórica, en el legendario estadio beisbolero, Manuel L. Almanza, de la capital chihuahuense, en donde tantas epopeyas deportivas han realizado los peloteros chihuahuenses, la izquierda, -o una parte de ella, quizá la mas comprometida con las causas de esta corriente política- ha protagonizado un hecho inédito, histórico: Logró reunir a 3 mil 158 de sus militantes, para registrar como válida esta asamblea estatal, en el proceso de alcanzar el registro como partido político nacional ante el IFE, para lo cual requiere celebrar, al menos, 20 asambleas estatales con ese mínimo de miembros asistentes y con credencial de elector vigente.
De este modo, la asamblea chihuahuense se convirtió en la 12a. que cumple con los requerimientos legales, sumándose a las celebradas en Baja California, Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas, Guerrero y Morelos. Se convierte en la tercera norteña que lo logra, luego que Tamaulipas no lo alcanzó el pasado fin de semana y de que Zacatecas lo obtuviera en un segundo intento.
Al día siguiente, el 28 de octubre, Morena de Jalisco reunió a 4 mil 308 militantes y se convirtió en la 13a. con el quórum requerido por la regulación electoral; por la mañana del mismo domingo, en Guanajuato no se había alcanzado el objetivo.
No es novedad asentar que en el norte la izquierda tiene una menor inserción que en el resto del país, por ello impacta más que el morenaje chihuahuense lo haya alcanzado pues una rápida revisión de las asambleas celebradas con quórum se ubican en el centro y sur del país.
De ahí el valor de la asamblea del sábado 26 de octubre.
En una amalgama de regiones, historias, edades y experiencias, militantes de hoy y ayer, de todas las luchas sociales escenificadas en Chihuahua en las últimas cinco décadas, se dieron cita para acreditar que Morena es una expresión viva de una parte de la sociedad chihuahuense y que reclaman, válidamente, ser el referente de izquierda hasta ayer inexistente en nuestra entidad, por lo menos desde el punto de vista electoral.
Ahí estaban, desde el mítico dirigente comunista Antonio Becerra Gaytán, acompañado de varios de sus compañeros del antiguo y desaparecido Partido Comunista Mexicano; los jóvenes del Yosoy#132; los viejos y aún jóvenes dirigentes barzonistas de Benito Juárez, municipio de Buenaventura, compañeros del asesinado Ismael Solorio; los “morenos” de Jiménez, que en varias ocasiones han dado pruebas de la muy elevada simpatía por López Obrador en ese golpeado municipio, aún, por la violencia, entre ellas las de que en 2006 el tabasqueño obtuvo más votos que sis rivales y que en 2012 el porcentaje alcanzado por el ex Jefe de Gobierno del DF casi llegó al 30%.
También se encontraban las decenas de antiguos dirigentes regionales y municipales del PRD, emigrados de este partido y de su línea política, carente de un referente ético; pero también los sencillos dirigentes de decenas de organizaciones de la sociedad civil, los ambientalistas, los derechohumanistas, los defensores de las etnias originarias de Chihuahua; de los ex barzonistas de la capital; una parte, no menor, de académicos, de las dos universidades públicas chihuahuenses; de los participantes de las recientes luchas magisteriales, pero también de aquellos que participaron en la dirigencia del SNTE, cuando en una época la Sección 8 fue dirigida por militantes del Partido Comunista Mexicano, como el profesor Avelino Soto Ugalde.
A los anteriores se sumaron el titipuchal de activistas, o simples simpatizantes de las causas de la izquierda, venidos de los principales municipios de la entidad, sin más aliciente que el de contribuir al registro electoral de su propio partido.
Pero el mayor contingente lo aportó la nueva “camada” de participantes políticos, de casi todos los municipios del “Estado Grande”, tanto de jóvenes recién llegados a la lucha política, como de simples ciudadanos convencidos de las ideas de Morena y las posturas de López Obrador y que llegaron a esta militancia con el deseo de transformar profundamente al país, desde la raíz.
Al día siguiente de la asamblea, Eduardo Gómez Caballero, hijo del dirigente del asalto al Cuartel Madera, el 23 de septiembre de 1965, el Dr. Pablo Gómez, anunció en las redes sociales que renunciaba al PRD y se afiliaba a Morena.
Pueblo, mucho pueblo, era el congregado en el estadio beisbolero; hizo gala de paciencia, la tenía para dar y prestar, dispuesto a esperar hasta obtener el número mágico de 3 mil afiliados presentes; fueron muchas horas de espera para quienes arribaron desde temprano y esperaron ansiosamente el ya conocido -¡Sí se pudo!
La presencia de Morena, desde ya, cambia el panorama político estatal, en el que la única oposición, (por lo menos visiblemente, ahora ya sabemos que abajo, allá  donde el pueblo vive y sueña, se fraguaba la constitución de un nuevo instrumento político en defensa de los más caros intereses de la mayoría) la constituía el derechista Partido Acción Nacional, luego que el resto de los partidos, y no solo los de izquierda, se subsumieron a las directrices y sombra del partido gobernante en Chihuahua, incluso luego que las representaciones parlamentarias del PRD, PT y Movimiento Ciudadano acordaron asumirse como un bloque de “izquierda” en el Congreso del Estado, sin atreverse, siquiera, a convertirse en un grupo parlamentario único, lo que significaría perder parte de las prebendas otorgadas a los coordinadores de grupos parlamentarios.
Con esta asamblea, una de las que más incertidumbre despertaba entre los dirigentes estatales y nacionales, Morena llegó a las 12 estatales y entró en la recta final, con la seguridad de que alcanzará el número de 20 para participar con plenos derechos en las elecciones federales del 2015, y las locales de 2016.
Pendientes aún las correspondientes al Estado de México, Distrito Federal, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Nayarit y la celebración del segundo intento en Tamaulipas, ya se puede asegurar que en el 2015 Morena aparecerá en las boletas electorales.
Se abre, así, la posibilidad de que un agrupamiento de izquierda pueda participar en las elecciones locales y pueda darle un vuelco al deprimente entorno político local.

En una asamblea con una duración de poco más de 5 horas para quienes llegaron primero al estadio -desde las nueve de la mañana- los miembros de Morena esperaron pacientemente a que se cumpliera con el mínimo exigido por la legislación electoral federal. Ello motivó una sentida frase, la inicial, del dirigente nacional, Andrés Manuel López Obrador: “Me rindo ante ustedes; es un honor que mis primeras palabras sean de agradecimiento para ustedes y los felicito por participar en esta asamblea y lograr el quórum necesario, en Chihuahua sí se pudo”.
Luego se sabría que, ya en conversación con los dirigentes locales, el tabasqueño declararía que se veía muy difícil que el morenaje chihuahuense alcanzara la cifra mágica y que, en consecuencia, tal “hazaña”, dijo, se convertiría en un revulsivo nacional.
En medio de la más grave crisis de seguridad pública, con un pueblo sumido en la desesperanza de una violencia sin límites, Morena refrendó las elevadas simpatías existentes, en una parte de la sociedad chihuahuense, para sus posturas y dirigentes y que en unos cuantos años, esa fracción de los chihuahuenses decidió voltear hacia la izquierda..
La asamblea del registro tiene un ingrediente nuevo, a partir del cual habrán de tomarse más en cuenta sus posturas. 
Y es que se podía argumentar que la influencia de los comicios federales era el factor principal del crecimiento de sus cifras electorales en Chihuahua y solamente en ellas, para luego caer estrepitosamente en las elecciones locales, a porcentajes menores al 8% de la votación.
Así fue en las de mitad de sexenio, en 1997, y en las presidenciales del 2000, 2006 y 2012, año éste último en el que los votos por López Obrador rebasaron los 300 mil; que en Juárez alcanzara el segundo lugar de la votación y que en Chihuahua casi empatara la obtenida por la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota; sin embargo, que Morena alcanzara tal cantidad, no solo de afiliados, sino de militantes presentes en una espera de más de cuatro horas denota que está insertado muy profundamente en la vida política y social de Chihuahua y que sus cifras electorales, en elecciones locales, pueden superar las históricas del PRD, referente de esta corriente política en Chihuahua. Hasta ahora.
Lo logró sin patrocinio oficial alguno, con la aportación de sus miembros y simpatizantes, tanto en tiempo, como en recursos económicos; por ello es más loable y reconfortante. 
Lo es, porque, así lo nieguen los otros agrupamientos que se autodenominan de izquierda, PRD, PT y Movimiento Ciudadano, no concitan, por sus posturas y alianzas, simpatías, y Morena le aporta al ambiente político un aire de dignidad, de actuación política basada en la ética y de una firmeza que en pocas ocasiones se había presentado en el país, cuyo antecedente inmediato es Cuauhtémoc Cárdenas y su ya histórico llamado a construir el “partido del 6 de julio”, que le dio origen al PRD.
López Obrador decidió, y su postura fue aprobada por cientos de miles de mexicanos, apostarle a que fuera “la gente” la que construyera el registro de Morena, que se enraizara desde el principio, que esa misma “gente” aportara lo necesario para inscribirlo ante el IFE. Ya lo hizo, y aparentemente, también en la historia de México.
En las cifras de las asambleas realizadas hasta el cierre de edición se evidencia que la terquedad de AMLO, de acudir a todos los municipios y constituir, así fuera con unos cuantos, los comités municipales, es todo un acierto.
Con la construcción de Morena, la izquierda mexicana se apresta a escribir otra página relevante; son muy altas las expectativas sobre su actuación, tienen materia de sobra para no defraudarlas, hay todo un pueblo dispuesto a iniciar el escabroso camino de la reconstrucción social.

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Contundentes críticas a la justicia en Chihuahua

El Diario, 17 de noviembre de 2013
Luis Javier Valero Flores
No podía ser de otra manera, dos de los casos emblemáticos de la procuración y aplicación de justicia, de los tiempos recientes, en los que se intuían la comisión de serios quebrantamientos al Estado de Derecho y por los que existía un muy vigoroso rechazo de la sociedad chihuahuense, el de Marisela Escobedo y el de Israel Arzate, conforme a los más recientes cambios del marco legal en materia penal (derivados de las sentencias recibidas por el Estado Mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos) se han convertido en contundentes señalamientos a la forma en que el gobierno de Chihuahua -en sus tres poderes y sus dos niveles, el estatal y el municipal- ha venido aplicando la justicia.
Tales casos pueden convertirse en el antes y el después de la actual administración estatal en esa materia. Se le abre una oportunidad para efectuar una profunda reforma interna, sin la necesidad de realizar reformas legales, a ellas no nos referimos, sino al modo en concreto con el que se procura y se aplica la justicia, en un momento en el que se aprecia un reforzamiento del control que ejerce el titular del Poder Ejecutivo sobre los otros poderes, y sobre los gobiernos del ámbito municipal; no en balde hemos afirmado que César Duarte se encuentra en el cenit de su poder.
Lo que ha ocurrido en los casos de Marisela Escobedo e Israel Arzate no puede, no debe repetirse, son ejemplo de lo que no debe hacerse. Por un lado, desoír los reclamos y denuncias de una madre a la que le mataron una hija y por otro lado, violar la ley y los hechos para encarcelar a una persona, en aras de demostrar artificialmente su culpabilidad, son los ejemplos extremos de una deficiente aplicación de justicia.
Eso es lo que está en el fondo de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para ordenar la inmediata liberación de Israel Arzate, ratificando los amparos solicitados por éste; y la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre las quejas interpuestas por Marisela Escobedo en 2010 que, quizá, sea la más severa de las condenas, tanto a la anterior administración estatal, como a la actual.
Los asesinatos de Rubí Fraire y de su madre, Marisela Escobedo, estremecieron a los chihuahuenses. Indignada, Marisela realizó una ejemplar actividad en la exigencia de encarcelar al asesino de su hija. Ante la cerrazón oficial, pese a sus denuncias en las que señalaba al cónyuge de Rubí como el presunto autor del asesinato, se quejó ante la CNDH. Hoy, ya nadie puede congratularse de la emisión de la recomendación, fue asesinada ante las puertas de Palacio mientras se ejercía una “discreta” protección por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), según informaría el entonces titular, Carlos Manuel Salas.
Unos meses atrás, Israel Arzate era detenido por tropas del ejército mexicano. Demostró que fue detenido en un momento y lugar distinto al reportado por los militares y que no fue a bordo de un vehículo robado. Después de varias sesiones de tortura sería entregado al ministerio público, acusado de ser uno de los participantes de la masacre de Villas de Salvárcar. A pesar de que una víctima lo señaló de ser uno de los asesinos, Arzate siempre arguyó su inocencia.
De la aplicación de tortura para obtener declaraciones autoincriminatorias ya no podemos especular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acreditó, en este caso, que sí se aplica, por ello determinó, sin llegar al fondo del caso, la inmediata liberación de Arzate.
Y es que llegaron a extremos inconcebibles. La resolución de la Corte hace hincapié en que Arzate era sacado ilegalmente del penal y trasladado a la Guarnición de la Plaza “en donde aparentemente era sometido a tortura y luego regresado a su celda”.
Pero la trama no termina ahí. En el colmo (si existiera tal medida en la procuración de justicia en Chihuahua) el nuevo Fiscal General, Jorge González Nicolás, ha declarado prófugo a Israel Arzate. Y lo hace, luego de haberse desempeñado como titular de la defensora pública en Juárez en los tiempos que Arzate enfrentaba una y mil peripecias causadas por el aparato de justicia. Antes lo defendía y hoy pretende inculparlo ¿Por qué? Porque puede.
Ahora, ya como fiscal general, pretende detenerlo, luego que durante cuatro años su dependencia no ha logrado obtener más pruebas en contra de Arzate y la de que fue detenido a bordo de un vehículo, con reporte de robo, fue desechada pues Israel Arzate demostró que fue detenido por los militares mientras vendía discos piratas, en un lugar cercano a un supermercado por la avenida Jilotepec, según lo refieren los testigos, y un día antes del que reportaron los mílites. 
O sea que ni siquiera el robo de vehículo le podrán achacar, aunque en el 2011 le presionaron para que aceptara su responsabilidad en el robo del vehículo, supuestamente usado en la masacre y en el que, según el reporte del perito en criminalística, Pedro Alfredo Velazco Cruz, de la FGE, al realizar la búsqueda de huellas o fragmentos dactilares de Arzate, los resultados fueron negativos.
Ignoro si la conducta del Fiscal esté penada por la ley, pero si no es así, debiera. Es como los ex funcionarios de la Secretaría de Hacienda, del Banco de México, o de la presidencia de México que luego se convierten en elevados funcionarios de instituciones bancarias o en parte de los consejos de administración de las empresas que adquirieron las empresas del Estado mexicano en su gestión.
¿En qué consiste la recomendación de la CNDH en el caso de Marisela?:
En que ordena otorgar a los familiares de Marisela asistencia médica, psicológica, social y material; la emisión de una disculpa institucional a los familiares de Marisela Escobedo, reconociendo las violaciones a los derechos humanos cometidos y el otorgamiento de medidas y garantías de no repetir actos como los que dieron origen a la investigación.
Asimismo, “realizar todas las acciones necesarias para la debida investigación de las amenazas y homicidio en agravio de Marisela Escobedo, y que se envíen a la CNDH las constancias que acrediten su cumplimiento y que debe tomar las medidas necesarias para que sus agentes observen los derechos de las víctimas y ofendidos del delito”; instruir al Fiscal General “para que se tomen las medidas necesarias para que los agentes de esta institución, observen los derechos de las víctimas y ofendidos del delito y se remitan a la CNDH las constancias con que se acredite su cumplimiento”.
Así como “para que en lo subsecuente, los fiscales especiales, jefes de unidad, directores y agentes del MP atiendan en tiempo y forma las solicitudes de información que la CNDH formule con motivo de investigaciones por presuntas violaciones a derechos humanos y se remitan a este organismo nacional las evidencias que le sean solicitadas, y las constancias con que se acredite su cumplimiento”.
Del mismo modo, que se “diseñen e impartan programas integrales de capacitación y formación, a los Agentes de Ministerio Publico, en materia de atención a víctimas, fortalecimiento de valores éticos y morales”, así como el envío de los indicadores de eficiencia de tal capacitación.
No sólo, ordena la colaboración de la FGE en la queja que levantará en contra de “los servidores públicos involucrados en los hechos que dieron origen al presente pronunciamiento y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento”, así como “en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que este organismo nacional formule ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, contra los SERVIDORES PUBLICOS involucrados, a fin de que se inicie la averiguación previa y se remitan a esta comisión nacional las constancias con que se acredita su cumplimiento”.
La CNDH señala que existen elementos suficientes para poner en evidencia las violaciones a derechos humanos a la legalidad, la seguridad jurídica, el trato digno y la debida procuración de justicia y al derecho a la verdad y, además, que la FGE “evidencia una falta de compromiso con la cultura de la legalidad, así como una efectiva protección y defensa de los derechos humanos”.
Ese es el camino que debiera recorrer el gobierno de Chihuahua. Tal es el reto a la mitad del camino.
No es menor.
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jueves, 14 de noviembre de 2013

¡Aquí no ha pasado nada!

El Diario, 14 de noviembre de 2013
Luis Javier Valero Flores
Increíble lo que nos reporta ayer El Diario de Juárez: “No hay delito qué perseguir en siniestro de Blueberry: Fiscalía y Protección Civil”.
“La Fiscalía General del Estado y la Unidad de Protección Civil del Municipio dieron a conocer a través de un comunicado los avances obtenidos por el dictamen pericial en el que hasta el momento no se ha encontrado indicador de que el accidente en la maquiladora Blueberry haya sido causado por omisión, negligencia o deber de cuidado, por lo que hasta el momento no hay delito que perseguir en contra de la empresa”. (Nota de Jesús Salas, El Diario, 13/XI/13).
Según la información, las autoridades informaron que el accidente no ocurrió en el área de calderas pues éstas se encuentran intactas; tampoco se haya debido a un desperfecto en las instalaciones de gas (“porque no existe instalación de gas natural”); descartaron, además, por explosión de gases del drenaje general. Vamos, tampoco, dicen, se debió al almacenamiento de solventes y sustancias peligrosas, ni a una falla del sistema eléctrico y descartaron una falla humana, en el manejo de alguna maquinaria, como causa de la explosión; es decir, la explosión ocurrió, no dejan más que esa explicación, porque fue un designio de Dios.
Nada se descompuso, no había gases explosivos en el área de la explosión; no hubo corto circuito, los materiales que podían originar una explosión eran inexistentes. Nada falló, es más, todo lo que hemos vivido, y sobre todo las víctimas y sus deudos y familiares (en el caso de los heridos), ha sido un fenómeno virtual, no existió.
Y sin embargo, ya van ocho decesos y aún permanecen en la unidad de atención de quemados en Guadalajara otras dos víctimas de la explosión en condiciones críticas.
¿Acaso la explicación, al reporte de que no encontraron alguna causa de la explosión, debamos buscarla en la parte central de la siguiente nota informativa?
Dice así: “También peritos de EU buscan causas de explosión en Blueberry”.
“Peritos estadounidenses contratados por la maquiladora Blueberry trabajan en conjunto con los de la Fiscalía General del Estado (FGE) para determinar las causas del accidente del pasado 24 de octubre, que a la fecha ha dejado seis muertes, confirmó ayer el comandante del Cuerpo de Bomberos, Ramón Lucero García”. (Nota de Carlos Hernández, El Diario, 7/XI/13).
¿Cómo está eso de que la empresa investigada participa en la investigación? ¿Acaso no le debería estar vedado el acceso a la zona del accidente a cualquier persona -así fuera el mejor de los peritos del planeta, si está contratado por la presunta responsable del accidente- que pudiera tener una representación de la empresa?
¿Por ventura los fiscales no saben nada de una figura existente en nuestra legislación, denominada responsabilidad civil objetiva?
¿Cómo es que lo permiten? ¿Será, otra vez la coincidencia, porque, se dice -y no es cualquiera el que lo dice, ni más ni menos que el alcalde de la ciudad, Enrique Serrano- que el propietario de la empresa es Eloy Vallina?
Tal cosa la informó el munícipe a escasos minutos de la tragedia:
“Al llegar al lugar del siniestro, el presidente municipal Enrique Serrano Escobar aseguró a los medios de comunicación que la empresa es de ‘los señores Vallina’, una de las familias más acaudaladas del estado que son los principales propietarios de terrenos industriales en la zona de San Jerónimo. El alcalde aseguró que se comunicó con los propietarios para tratar el caso. No dio mayores detalles. Por la noche, a través de su vocero, Guillermo Terrazas Villanueva, el alcalde dijo que ‘al parecer’, el empresario Eloy S. Vallina Lagüera es uno de los accionistas”. (Nota de Gabriela Minjáres, El Diario, 25/X/13).
¡Ah, cuántas cosas ocurren en el antiguo Paso del Norte bajo el manto del sospechosismo del presunto involucramiento de los más poderosos de tan noble urbe!
Y todas ocurren en agravio de los más humildes ¿Alguien nos podrá quitar de la cabeza que, de haber existido una unidad de atención a quemados en Juárez, algunos de quienes fallecieron después del accidente podrían estar vivos?
Ahora resulta que ni siquiera se pueden encontrar las causas del accidente, a pesar de los antecedentes de la empresa.
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martes, 12 de noviembre de 2013

Habemus partido de izquierda

El Diario, 12 de noviembre de 2013
Luis Javier Valero Flores 




El domingo, con la celebración de las asambleas estatales de Guanajuato y Quintana Roo, por la mañana, y la del DF por la tarde, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) alcanzó las 20 asambleas estatales, con un quórum certificado por el IFE, en cada una de ellas, de por lo menos 3 mil miembros presentes.

La culminación no podía ser más espectacular, registraron a poco más de 11 mil integrantes de esta nueva organización partidaria en la capital de la república. Con este acto se ratificó la indudable presencia política de la organización que puede convertirse en el referente de la izquierda, tan necesario ante la declinación de banderas de todo tipo realizado por la dirigencia nacional del PRD, hasta ahora el principal partido de la izquierda mexicana de toda la historia, cuya trayectoria, en los últimos años, había alejado de sus filas a miles de simpatizantes de esta corriente histórica, entre ellos a su fundador, Cuauhtémoc Cárdenas, y a su más emblemático candidato, el tabasqueño López Obrador.

Las asambleas de Morena hasta hoy verificadas (por orden de celebración) son las de Baja California, Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas, Guerrero, Morelos, Chihuahua, Jalisco, Edomex, Michoacán, Tamaulipas, Campeche, Quintana Roo, Guanajuato y DF, para hacer un total, hasta ahora, de 93 mil 386 morenistas registrados como asistentes a ellas.

En la euforia de la asamblea capitalina, anunciaron que a pesar de lo anterior realizarían las restantes asambleas, para intentar alcanzar la cifra requerida en las 32 entidades federativas, y “cumplir con demasía el requisito legal”.

No nace, la nueva agrupación, en el fragor de una contienda electoral, ni a la vista de alguna de ellas, y tal característica deberá tomarse muy en cuenta pues su principal postura, en el período de registro electoral, ha versado alrededor de la reforma energética propuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Precisamente en el acto del DF insistió en oponerse a ella y lanzó la pregunta central que concita la mencionada reforma: “¿Bajo qué consideración, por qué razón, qué necesidad se tiene de compartir utilidades del petróleo con extranjeros? No aceptamos eso”.

Ese será uno de los ejes de la actuación del Morena, postura que ha reiterado a lo largo de la última década su principal dirigente. Pero, aparentemente, el otro eje rector de la nueva agrupación –no se cree que el IFE pueda negarle el registro para participar con plenos derechos en las elecciones federales del 2015, de tal modo que seguramente a partir de abril del 2014 ya contará con el mismo– será, a juzgar por el contenido de los primeros discursos de AMLO acerca del nuevo partido, el de la conducta moral de sus integrantes pues, dijo, “se tendrán que dejar a un lado los comportamientos corruptos y el oportunismo que distinguen a otros partidos”.

Prestos a salirle al paso a uno de los factores que más han contribuido al descrédito ciudadano hacia los partidos, afirmaron que  “…no estamos construyendo a Morena para llegar a los cargos públicos. Para ocupar un cargo es fácil ser medianamente inteligente y un poco lambiscón, con eso es suficiente. No es el objetivo, que quede claro. Queremos que Morena sea un referente moral. Todos tenemos que cuidar que Morena no se eche a perder. Podemos tener estatutos muy rigurosos, pero no basta, aquí tenemos que asumir una actitud distinta, hacer a un lado vicios, procedimientos antidemocráticos… Quien piense que Morena va a ser un trampolín, se está equivocando. No es el partido para eso”.

En ese sentido, con el estilo tan característico del tabasqueño, afirmó que en su partido no caben dirigentes que pierdan el piso o políticos que “llegan a un cargo y cambian la manera de hablar, la forma de vestir, de caminar; se pavonean, se sienten muy importantes ¡Ridículos son!”. (Nota de Reforma, 11/XI/13).

Bueno, pues la ruta y la forma de actuar están trazadas, de ellos depende que una buena parte de la ciudadanía voltee a la izquierda, que sea capaz de recuperar el liderazgo moral de la sociedad, de aquella época en la que, a pesar de no participar en las contiendas electorales su presencia le otorgaba, a quienes los conocían, la confianza de que se regían por un código de ética política muy por encima del resto de la clase política.

El reto está lanzado.

domingo, 10 de noviembre de 2013

Más centralismo, ahora registral y catastral

 El Diario, 10 de noviembre de 2013

Luis Javier Valero Flores
Con el riesgo de dejar fuera de la agenda temas tan controvertidos como la liberación de Israel Arzate, las investigaciones del accidente de la fábrica Blueberry, el proceso del Aero Show de Chihuahua, las cuentas públicas de las administraciones  municipales salientes (y por supuesto, las del gobierno estatal), así como la polémica desatada por los nombramientos en el Supremo Tribunal de Justicia y la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso de Marisela Escobedo, un asunto ocupó nuestra atención, prioridad explicada por su importancia específica, y por el hecho de que en el curso de la semana se celebrará en la ciudad de Chihuahua el XXX Congreso Nacional del Instituto Mexicano de Derecho Registral, en el marco del 130o. Aniversario del Registro Público de la Propiedad.
También, porque a las preocupaciones generales sobre el agudo proceso de centralización -expresado en este espacio días atrás en materia electoral- se suman las particulares de quienes alertan acerca del enorme riesgo que corre el Pacto Federal, ahora acerca de las facultades que poseen las entidades federativas en materia del registro público de la propiedad y del registro catastral que, de concretarse, sería uno de los más serios golpes al federalismo, que con tantos trabajos han construido los mexicanos.
Se pretende, sin ambages, que la federación asuma el control de dichas materias, lo que se convertiría en un inminente riesgo para que entidades y municipios pudieran perder la jurisdicción sobre los ingresos derivados de ellas.
Ahora, no solamente se pretende lo mismo en materia electoral, ya también los legisladores federales han aprobado que la nómina magisterial se regrese al gobierno federal y, encima, intentan desandar el camino recorrido para otorgarle autonomía financiera a los municipios.
La Cámara de Senadores aprobó, el 20 de agosto de 2013, reformar el artículo 73 constitucional para otorgarle al Congreso de la Unión facultad “para expedir la ley general que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales”.
Previamente, en mayo del 2007, el diputado federal por Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar, había presentado una iniciativa, a nombre de los coordinadores parlamentarios del PRI y del PAN, muy semejante a la recientemente aprobada.
En diciembre del 2008, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen sobre la iniciativa que ordenaba la creación de una ley en las materias de operación del Registro Público de la propiedad, del comercio y catastral, hasta ahora facultad exclusiva de los gobiernos estatales y municipios.
La argumentación usada para la aprobación del dictamen fue prácticamente la misma que la usada por los partidos del Pacto por México, para proponer la creación del Instituto Nacional de Elecciones y la desaparición de los órganos electorales estatales: “Otorgar la competencia en esas materias a 32 estados y más de 2 mil 400 municipios ha prohijado instituciones registrales y catastrales ineficaces, inconfiables (sic), inseguras, sin tecnología y sistemas electrónicos, cuyo tiempo de respuesta es hasta de 6 meses, y con personal directivo y operativo impreparado”.
Como una graciosa concesión, aceptaba la participación de los 3 niveles de gobierno “pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y términos de participación de dichas entidades”, las que conservarían el aspecto tributario derivado de los ingresos del registro, la designación de los funcionarios y la administración de las instalaciones”.
Así fue aprobada en abril de 2009, en el momento que el actual gobernador, César Duarte, era el presidente de la Cámara de Diputados, quien, según la información del Lic. Enrique Aguilar Pérez, había mostrado su conformidad con el rechazo del Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados a dicha iniciativa.
Dicho rechazo se basaba, -aquí rescatamos su argumentación, por su importancia y, claro, por la coincidencia del escribiente- en que con tal ordenamiento se “trastocaba el Pacto Federal” pues le otorgarían al poder central, atribuciones que “desde el siglo XIX han sido exclusivas de los Estados”.
Más aún, que al aprobarse dicho ordenamiento el gobierno federal se arrogaría facultades hasta ahora reconocidas al municipio y que la argüida incapacidad de estados y municipios en materia registral y catastral podría devenir en una mayor ineficiencia si se trasladan dichas facultades al gobierno federal, el que debería, entonces, designar al personal en todo el país y encargarse de todas las facultades y funciones hasta ahora desarrolladas por los organismos estatales y municipales encargados de ellas.
Concluyentes, los dirigentes de los organismos de abogados, sostienen que “la división de poderes, el sistema republicano, federal, representativo y democrático de gobierno, la no reelección, la educación gratuita, los derechos sociales, la competencia y facultades reservadas a los estados, la no retroactividad de las leyes, la preservación de las garantías individuales o derechos fundamentales del hombre, por citar sólo algunos, son decisiones fundamentales del pueblo mexicano.
Por ende, serían inválidos acuerdos en contrario, aunque tengan su fuente en el Constituyente Permanente y por mayoría de razón en ambas o en una sola de las Cámaras del Congreso de la Unión. Ello, porque el Constituyente Permanente y las cámaras, están sometidos a los principios de la Constitución Federal”, principios que arguye Aguilar Pérez no pueden trastocarse, ni siquiera por el Constituyente Permanente, pues tal pretensión, sostiene, sólo la puede realizar un órgano constitucional especialmente convocado para tal efecto, es decir, el de cambiar los principios rectores de la actual constitución del país.
Esa debiera ser la discusión del Congreso Nacional del Instituto Mexicano de Derecho Registral, del cual será anfitrión el director del Registro Público de la Propiedad y del Notariado del Gobierno de Chihuahua, José Manuel Aburto Ramos, con la participación de la mayoría de los funcionarios registrales del país.
No podría ser mejor escenario para que se discuta si también en este ámbito se da paso al agudo proceso de centralización de la vida pública en desarrollo en la actual administración, pero que ahora vemos abarca, también, a lo acaecido en la administración federal anterior y cuyos protagonistas son, otra vez, las bancadas y dirigencias de PRI y PAN.
Sin embargo, infinidad de notarios, la mayoría de ellos con militancia o filia priista, han manifestado -a sotto voce- su inconformidad, ante lo que es, sin duda, un paso más en ese escalamiento centralista y que pudiera detenerse, argumentan algunos, en las legislaturas estatales que debieran aprobar la reforma constitucional.
Esa es la coyuntura.
Ni duda cabe, el mandatario estatal tiene una influencia decisiva en quienes componen la mayoría en la actual legislatura, sus compañeros del PRI y, también, en el resto de los grupos parlamentarios, razón por la cual tienen en sus manos pasar, del mero discurso federalista, al terreno de los hechos que confirmen tal presunción. Esa reforma constitucional no debiera aprobarse, ni en la Cámara de Diputados, que aún  le falta discutirla, ni en las legislaturas locales, oponerse a ella significará preservar el poco federalismo existente y presentar un, así sea menor, obstáculo al acelerado proceso de centralismo que, por igual, las dirigencias partidarias de PRI; PAN y PRD pretenden endilgarle al país.
Les va en ello algo más que la vida, con el sambenito de que las entidades son incapaces para, prácticamente todas las actividades públicas, quienes hoy se comportan (y en ese sentido tiene razón Manlio Fabio Beltrones cuando dice que el Pacto por México es un “cogobierno”) como promotores del centralismo -las dirigencias y cúpulas parlamentarias de PRI, PAN y PRD- pueden confrontarse seriamente con sus compañeros de partido que gobiernan las entidades federativas y que, hasta ahora, sólo contemplan de qué modo van perdiendo facultades y jurisdicción.
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jueves, 7 de noviembre de 2013

Visita “cargada”

El Diario, 7 de noviembre de 2013
Luis Javier Valero Flores 

Anunciada como uno más de las acciones del blanquiazul por difundir su postura en contra de la reforma fiscal, la visita del senador y ex secretario de Hacienda de Felipe Calderón, Ernesto Cordero, a Chihuahua, no pudo perder el tufo preelectoral, en la ruta de alcanzar la presidencia nacional de su partido, ni evidenciar la profundidad de la división al interior del PAN.

Las divergencias de sus principales liderazgos no sólo se ubicaron en el ámbito nacional, también, en el local. A pregunta expresa, después de esbozar que los liderazgos situados junto a él en la conferencia de prensa celebrada en la capital del estado estaban en el proceso de definir si lo acompañaban en el proyecto “que contrasta” con el de la dirigencia nacional, confirmó que, salvo el dirigente estatal, Mario Vázquez, los demás sí están en ese proyecto.

Y los acompañantes eran Cruz Pérez Cuéllar (ex dirigente estatal), Maru Campos (actual legisladora local) Carlos Borruel (ex diputado local y ex alcalde de Chihuahua) y el ex diputado local por Juárez, Raúl García.

Pérez Cuéllar y Borruel han confrontado al otro liderazgo estatal, el del senador Javier Corral, una y otra vez en la última década, amén de los puntos de vista totalmente contrarios a los del visitante Cordero, sostenidos  por Corral, incluso en los tiempos en que éste era el conductor de las finanzas cuando expresaba que los mexicanos podían, con un ingreso salarial de 6 mil pesos, pagar la hipoteca de una casa, la compra de un automóvil y las colegiaturas de sus hijos en escuelas privadas. Hoy recorre el país dando cátedra de buen manejo de las finanzas públicas.

Y lo hace denostando la miscelánea fiscal recién aprobada. Sostiene –no sin razón en lo que se refiere al IVA, no así en las reformas del ISR– que la instrumentación de más impuestos –o aumentar los ya existentes– en un momento de parálisis de la economía nacional, la agrava, pues inhibe la inversión privada, impide la acumulación del ahorro doméstico, paraliza la creación de nuevos empleos y, en suma, hace que disminuya la moneda circulante.

En varias ocasiones, en el curso de la conferencia de prensa, afirmó que el Pacto por México estaba agotado, o que el Congreso de la Unión debería ser el lugar en el que se dirimieran todas las propuestas de Gobierno y no “en la mesa chiquita” que es el órgano dirigente del Pacto por México, integrado por las dirigencias de PRI, PAN y PRD, en una ratificación de que la participación del PAN, en este instrumento creado por el Presidente Enrique Peña Nieto, será el eje central de la disputa por la conducción del panismo.

En el fondo se encuentra la manera en que condujeron los panistas al país los dos sexenios anteriores. En tanto ahora critican la elevación del IVA en la frontera y alegan que no puede haber reforma energética si antes no se destierra la corrupción en Pemex, antes, cuando gobernaron, elevaron el IVA en todo el país y mantuvieron los mismos privilegios de la élite sindical petrolera, a la que le entregaron, anualmente, del mismo modo que sus ancestros del PRI, cantidades semejantes a las que recibiera la campaña del priista Francisco Labastida en el 2000, del sindicato petrolero, recibidas, a su vez, del gobierno de Ernesto Zedillo, en el ya legendario “Pemexgate”.

Nos asomamos a un enfrentamiento entre éstos y el grupo de Gustavo Madero. La diferencia podrán aportarla los ex gobernadores, ya que el rumbo del partido que fuera capaz de derrotar al PRI en las urnas, pero que le faltó voluntad y capacidad democrática para transformar el régimen político dependerá de con quién se alineen éstos.

Y si la disputa será de pronóstico reservado en el ámbito nacional, la aparición pública, después de las elecciones internas del 2012, de Cruz Pérez Cuéllar y Carlos Borruel juntos, y muy probablemente apoyando en el ámbito estatal a un candidato diferente al que apoye el senador Javier Corral le aportará no menos elementos para la controversia en el blanquiazul.

¿Será un nuevo episodio de agudo enfrentamiento, de consecuencias fatales para el PAN?