Inadmisible violación al Estado de Derecho

El Diario, 29 de noviembre de 2020

 Luis Javier Valero Flores 

Lo realizado en los últimos días por el gobernante chihuahuense, Javier Corral, lo ha puesto en el límite de una severa transgresión al estado de derecho. Rotos los límites de la división de poderes; violadas las mínimas garantías de la alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos, el gobernador Corral ha invadido las esferas de la autonomía de la Fiscalía y se ha erigido -él y su gobierno- en su persecutor.

Asombra que haya llegado a los niveles de antagonismo con ella, en la confrontación por su pretensión de impedirle se convierta en la candidata de su partido.

En tan impropia actividad a su investidura ha puesto en riesgo la vida institucional de Chihuahua pues, además de emplear a funcionarios a sus órdenes en actividades por demás ajenas a las funciones y sus atribuciones  -con lo que se configura la comisión de diversos delitos, de los funcionarios involucrados, y del mandatario mismo-; ha invadido y violado la autonomía de la Fiscalía General del Estado, hasta el grado de convertirse en el vocero de la misma al ser quien informara que el expediente de Maru Campos se encuentra bajo la conducción de un juez, con lo que le otorgó la máxima intensidad a la persecución jurídica y política que lanzó en contra de su compañera de partido, que encabeza las preferencias internas del PAN rumbo a las elecciones a gobernador del próximo año.

Anunciarlo él, y no el Fiscal de Chihuahua, César Augusto Peniche, encargado superior de conducir las investigaciones en contra de los supuestos responsables de la comisión de delitos en el estado, no hace más que confirmar la indebida y exagerada intromisión del mandatario en los asuntos jurídicos.

Más allá del hecho de que los partidos políticos son “entidades de interés público”, razón por la que merecen la atención de la sociedad, sin que para ello se requiera ser militante del que le ha merecido la crítica a alguien, lo realizado por el gobernador de Chihuahua y varios de sus funcionarios, con tal de imposibilitar la candidatura de Campos, se encuadra en el uso desmedido, e ilegal, de sus facultades, en la intromisión de las atribuciones de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía Anticorrupción,  además de la ilegal participación del Subsecretario de Gobierno, Carlos Olson y de Carlos Esparza Zamarripa, quien se identificó como ministerio público de la Fiscalía Anticorrupción, en hechos que pueden encuadrarse en la comisión de varios delitos que merecieran la instauración de un juicio político en contra del mandatario chihuahuense, a fin de que pueda ser juzgado por la probable comisión de diversos delitos.

“Ya ese asunto, como otros, ya están en manos del Poder Judicial, nosotros ya hemos cumplido con nuestra tarea, nuestro deber…”, afirmó el viernes anterior, en otra entrevista “banquetera”.

Y como si fuera ajeno al evidente objetivo político de las acciones de su gobierno, acusó a la contraparte -sin mencionarla- que han hecho “un manejo político; no hay una defensa jurídica, es un manejo político y no quiero entrar en esa dinámica, cuando tengamos que abordar con toda claridad y hondura el tema, lo vamos a hacer, no tengan la menor duda”.

Corral incurre en tremendas contradicciones. Acusa a Campos de no efectuar una defensa jurídica, pero a lo largo de varios meses, el equipo de abogados de la alcaldesa ha solicitado a la Fiscalía le informe de los procesos jurídicos en su contra. La respuesta ha sido, invariablemente, el silencio.

Pero ahora se anuncia que está en manos de un juez, sin haberle notificado a Campos de procesos en su contra, lo que viola su derecho al debido proceso.

La información de que el asunto ya está en manos de un juez fue dada a conocer apenas un día después de que la alcaldesa presentara sendas  denuncias en contra de los funcionarios estatales Carlos Olson, Subsecretario de Gobierno; Gema Chávez, Fiscal Anticorrupción e Inés Martínez, Directora del Registro Civil, por tráfico de influencias.

Las probables violaciones legales cometidas por estos funcionarios, y por el mandatario estatal, pues “violan el debido proceso”, en opinión del abogado amparista, Héctor Villasana, debido a que el agente del Ministerio Público, que entrevistó al ex colaborador de Maru Campos, lo presionó para que denunciara los probables delitos cometidos por la alcaldesa. Para obtener una declaración acusatoria en contra de Campos, Carlos Esparza, agente de la Fiscalía Anticorrupción, le amenazó con el hecho de que existían irregularidades en sus finanzas personales.

El jurisconsulto afirma que en esos hechos se cometieron violaciones graves al debido proceso, a la presunción de inocencia “y demás normas a los procedimientos penales, al haber intentado obtener de un excolaborador de la alcaldesa María Eugenia Campos una declaración fuera de la norma Constitucional”.

“En el video se observa que el agente del Ministerio Público, Carlos Zamarripa, le dice claramente al excolaborador que hay una investigación en su contra porque sus ingresos no coinciden con sus gastos, y lo declara fuera de todo contexto legal, sin la presencia de algún abogado, en un restaurante y no una instalación pública, donde obre un acta de por medio. Este agente debe ser inmediatamente separado de sus funciones porque ha cometido una violación grave al debido proceso”. (Nota de la redacción, El Diario de Chihuahua, 26/XI/20).

Villasana opinó que ese agente debía ser separado de sus funciones,  por  haber “cometido una violación grave al debido proceso”. A tales actividades de Zamarripa no puede permanecer ajena la Fiscal Anticorrupción, Gema Chávez, jefa superior inmediata del agente.

De las declaraciones y conversaciones de Zamarripa y del ex colaborador de la munícipe, obtenidas de los vídeos dados a conocer por Campos en la semana, se sabe que la fiscalía ha indagado sobre las actividades de todo tipo de Maru Campos, lo que, afirma el abogado Villasana, “constituye una irregularidad y violación al debido proceso y al principio de defensa adecuada que establece el artículo 20 apartado B en la materia, porque se están practicando y revisando su patrimonio, sus cuentas bancarias, sus gastos y viajes; eso implica que está siendo investigada por un delito, por lo que tiene el derecho de comparecer en sede ministerial y ejercer su defensa, es decir, tener acceso a las constancias, a los medios de investigación, a los testigos para incluso poder nombrar a sus abogados y ellos defenderse ante el MP… ”. (Ibídem).

Increíble, todavía no le dan carácter de imputada y ya la están persiguiendo en todo su entorno. De ese tamaño y calidad es la procuración de justicia en el “Nuevo Amanecer” de Chihuahua.

La participación del subsecretario de Gobierno, Carlos Olson; de la Fiscal Anticorrupción y de la Directora del Registro Civil, Inés Martínez, tiene un solo hilo conductor, el mandatario chihuahuense, cosa que fue ratificada por las diversas declaraciones de Javier Corral.

¿Cuales son las pretensiones del gobernante? ¿Realmente lo impulsa un afán anticorruptor, el que no le alcanza para combatir la corrupción al interior de su gobierno?

¿De veras no le importa la afectación que le cause a su partido y a la hipotética continuidad en el gobierno de Chihuahua?

¿Por qué, si tuvo largos 4 años para instaurarle un juicio a la alcaldesa, no lo hizo? ¿Realmente tienen las sólidas evidencias en contra de Campos? 

Y no puede alegar la pretendida autonomía de la Fiscalía. Esa no existe.

¿O pretende ungirse como el más fiero combatiente en contra de la corrupción, a costa de una alcaldesa, militante de su partido, para que sea más “nítida” su convicción anticorruptora, y que tal conducta le sirva para su nunca desmentida aspiración de ser candidato a la presidencia de la república?

En tales propósitos no se encuentra, para nada, la preocupación por la sociedad chihuahuense y sus problemas.

No, para nada.

En tanto, en una especie de obnubilación financiera, Corral gasta fortunas en viajes, camionetas blindadas, deudas y en el remozamiento de la Casa de Gobierno. Propuso, además, increíblemente, un presupuesto 2021 deficitario. Pretende gastar 5 mmdp más que los ingresos.

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Ominosa conversación

Aserto.mx, 23 de noviembre de 2020

 Luis Javier Valero Flores 

De la reunión celebrada en días recientes entre el senador panista, Gustavo Madero, y la alcaldesa Maru Campos, en la que el legislador insistió en que debía ponerle atención a la posible acción penal en su contra por el hecho, hasta ahora no negado por el gobernador Corral, de que la alcaldesa se encuentra en una lista de personajes de la política local que recibieron financiamiento del ex gobernador Duarte.

Si bien no es nueva la mención -y no se ha resuelto, en ningún sentido- , lo que es totalmente nueva es la insistencia de Madero en señalarle el riesgo.

No puede tomarse a la ligera, ni desestimarse tal conducta, ya sea que  se tengan, o no, simpatías por la presidente municipal de Chihuahua. 

La advertencia de Madero no es la “sana” preocupación por la libertad, o la participación política de su compañera de partido. Todo lo contrario, se trata de una clara advertencia del grupo gobernante a quien aparece como puntera en las encuestas.

Puede perder la elección, si llega a ella, pero hoy por hoy está a la cabeza de las preferencias electorales.

Frente a esa situación, la postura del gobernador Corral y su principal apuesta a la candidatura del gobierno de Chihuahua -Madero- es la de enviarle un no muy soterrado mensaje de que debe abandonar sus pretensiones gubernamentales, so pena de ir a la cárcel.

No solo evidencian las corruptas maneras de hacer política de quienes gobiernan Chihuahua en el momento actual, sino, también, y eso es lo más grave, la justicia.

Quien llegó al gobierno anunciando el fin de las corruptelas y la impunidad, hoy recurre a la administración de “su” justicia para despejar el camino político a uno de los suyos, y si quien obstaculiza sus propósitos, puede, entonces, no aplicarle la ley, en el supuesto de que hubiese incurrido en conductas ilícitas.

Son pasmosas las declaraciones del senador Madero, le advirtió a Campos que no podía asumir que la denuncia en su contra no se presentaría, o que, de presentarse, podría ser resuelta fácilmente. Ante esa actitud, el legislador, dijo, “Yo le mostré mi preocupación de asumir esas ideas como escenario base, porque cuando ha habido recursos de parte de los Expedientes X o de la Nómina Secreta, han sido validados y vinculados a proceso”.

O sea, le dijo que si la alcaldesa se encuentra en esos expedientes, su destino será la de ser vinculada a proceso, a menos de que desista de su pretensión de ser candidata.

La respuesta a tales actitudes se presentó ayer. La mayoría de los consejeros estatales del PAN votaron en contra de la realización de alianzas, lo que implica que la elección del candidato-a sería por el Consejo Estatal, o por los militantes en el estado, lo que deja en desventaja al senador Madero y catapultaría las posibilidades de que la alcaldesa de Chihuahua se alce con la candidatura.

No todo está resuelto, a juzgar por los antecedentes y por lo que está ocurriendo, los encontronazos continuarán.

Lo lamentarán.

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Inicia la definición en Morena

 Luis Javier Valero Flores

Casi nada supera a las imágenes.

Por ello, es de una inmensa fuerza,  al interior del partido gobernante en el país, Morena, la que circuló en los medios de comunicación en la que cinco de los aspirantes a la candidatura al gobierno de Chihuahua se fotografiaron con los dirigentes nacionales de su partido, Mario Delgado, Presidente, y Citlali Hernández, Secretaria General, además del delegado del Comité Nacional, José Ramón Enríquez.

Felices, la diputada federal suplente, Carmen Almeyda, la senadora Beatriz Caraveo, el consejero ciudadano de Pemex, Rafael Espino, el diputado federal Juan Carlos Loera y el senador Cruz Pérez Cuéllar posaron para las fotos.

Aserto.mx, 28 de noviembre de 2020

Luis Javier Valero Flores 

Era lógica su alegría, de manera extraoficial fueron confirmados como los probablemente únicos a considerar en las encuestas que este partido efectuará para designar a su candidato (a) al gobierno de Chihuahua.

No fueron invitados a tal cónclave el dirigente estatal, Martín Chaparro, y el ex dirigente estatal, ex secretario de Desarrollo Social del actual gobierno, Víctor Quintana; tampoco la funcionaria de la Secretaria del Bienestar, Avril Gómez, que habían externado, si bien la última no con tanta fuerza como los anteriores, su deseo de buscar dicha candidatura.

El mismo día de la reunión de los aspirantes, un grupo de militantes de Morena externaron su simpatía por Martín Chaparro, y un día después, Víctor Quintana informó que el delegado Enríquez le había confirmado que podía inscribirse como aspirante.

La convocatoria fija el 5 de diciembre como fecha única de inscripción en la ciudad de México; establece que solo 4 de los aspirantes serán incluidos en la encuesta y que será la Comisión de Elecciones la que los defina. 

La lista de los cuatro se podría conocer “a más tardar el 30 de enero” y el resultado de la encuesta, según la convocatoria, se dará a conocer el 1 de febrero, “de acuerdo con las regulaciones electorales locales”.

Dicho clausurado deja de lado la regulación electoral que dicta el 23 de diciembre como fecha de inicio de los procesos internos, las que deben culminar el 30 de enero.

¿Qué harán? ¿Designarán a los cuatro, para que efectúen tareas proselitistas, las que, no solo están permitidas, sino reguladas y estimuladas por el órgano electoral? ¿O seguirán lo estipulado por la convocatoria y no realizarán actividades algunas, en tanto el resto de aspirantes y partidos sí las efectuarán, de acuerdo con las restricciones cuarentenarias?

Más allá de los puntos anteriores, la convocatoria de Morena en Chihuahua, que será igual al del resto de las 14 entidades que elegirán gobernador, profundiza en los mecanismos más lejanos de la democracia simple, pura, clásica, en la que los votos de los militantes, de los ciudadanos, determinan la vida pública; se alejan de la construcción de una cultura democrática y agudizan el centralismo con el que se conduce Morena y su gobierno. 

Todo se hace y define, allá, en el viejo y antiguo Tenochtitlán, nada resuelven los militantes del partido, los que perpetúan el viejo mecanismo centralista y autoritario del más viejo régimen político instaurado a mediados de los 40’s del siglo anterior.

Así, Morena le da seguimiento al gobierno de López Obrador en lo referente a la construcción de la cultura democrática en México, ningún avance en ese sentido, al contrario, regresión pura al privilegiar el más acendrado mercantilismo para definir a sus candidatos, sin valoración política alguna, en la que los miembros del partido confirman su carácter de pasivos absolutos en la tarea más importante para la sociedad, la definición de quienes serán gobernantes postulados por sus siglas.

¡Cuán lejos quedan, incluso del modelo norteamericano en el que los ciudadanos se inscriben para votar por sus candidatos, desde las elecciones primarias!

¡Cuánto le queda a deber el partido más grande de la izquierda mexicana, Morena, que logró la proeza de ganar el gobierno, pero cuyo legado está lejos de los sueños de quienes aspiraban -y lucharon- por una patria democrática!

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Corral-Maru. Vil extorsión

El Diario, 26 de noviembre de 2020

 Luis Javier Valero Flores 

¿Es creíble la versión del gobernador Javier Corral, de que no presentarían cargos en contra de los participantes hasta que se detuviera a César Duarte?

Si así fuera, entonces los cargos en contra de Duarte, por esa causa, quedarían fuera del juicio de extradición.

¿Por qué Corral, teniendo a la mano en los primeros meses de su gobierno, la información de la supuesta “nómina secreta”, no pidió al Fiscal Peniche iniciara procesos en contra de los beneficiados?

De tener suficientes evidencias de tal hecho, la detención de los beneficiarios hubiese arrojado un alud de simpatías al entonces nuevo gobernante y hubiese pavimentado el enjuiciamiento del ex gobernador Duarte.

Además, siguiendo tal línea de pensamiento, Corral habría “limpiado” el camino para que su favorito llegase a la candidatura del panismo y, además, habría desactivado, hipotéticamente, a otros protagonistas políticos del resto de las fuerzas partidarias.

No lo ha hecho, y las designaciones partidarias están a la vuelta de la esquina. ¿Lo hará con el tiempo y los procesos encima?

La revelación del acoso efectuado en contra de un antiguo asistente de la alcaldesa de Chihuahua, la panista Maru Campos, a fin de que se erigiera en su acusador, desató una inesperada respuesta del gobernador Javier Corral en la que informó, reiteradamente, que a Maru Campos se le había propuesto, en varias ocasiones, acogerse al “criterio de oportunidades”; es decir, aceptar la comisión de un delito y revelar el modo en que se cometió, las fechas y los nombres de los involucrados.

No hay espacio a la interpretación, la amenaza es directa: O te conviertes en testigo protegido y abandonas, por tanto, tus pretensiones a la gubernatura de Chihuahua, o vas a la cárcel.

Corral insiste en que hay una causa -la nómina secreta- en la que la alcaldesa aparece como beneficiaria -igual que otros- de cifras milenarias  otorgadas por Duarte a un conjunto de actores políticos, económicos y sociales de la entidad durante su mandato.

Tampoco hay mucho margen para ubicar las motivaciones del mandatario estatal: Evitar a como dé lugar que Campos se erija en la candidata del PAN y colocar en ese lugar a Gustavo Madero.

Ha desatado toda la fuerza del gobierno estatal en contra de su compañera de partido.

Peor aún, uno de los más activos y poderosos operadores de tal propósito es el suplente del senador Gustavo Madero, el subsecretario de gobierno, Carlos Olson, quien debió excusarse de participar. El conflicto de interés es más que evidente.

Tal modo de operar recuerda, para descrédito del panismo, el famoso tema de “los moches”, escándalo en el que estuvieron involucrados varios de los funcionarios y legisladores más cercanos al actual senador del blanquiazul.

Además, podría suponerse que la decisión del grupo político de la alcaldesa, de dar a conocer las maniobras con las que presionaron a su excolaborador, fue motivada por la posibilidad de que los funcionarios del “Nuevo amanecer” actuaran y ordenaran la detención, cosa que de manera soterrada le diera a conocer Madero a Campos en reciente conversación.

La operación involucró a varios funcionarios de la administración corralista:

A Inés Martínez, directora del Registro Civil; Carlos Olson, subsecretario de Gobierno; Gema Chávez, Fiscal Anticorrupción y a Carlos Esparza Zamarripa, quien se identificó como ministerio público de la Fiscalía Anticorrupción.

Operación tan extensa, de ningún modo desmentida por el gobernador Corral, solo podría tener efecto si hubiese existido una decisión al más alto nivel del estado; no podría explicarse, entonces, que participaran en ella, ni la directora del Registro Civil, ni el subsecretario Olson; es evidente que hay un concierto en Palacio y cuya única oyente, pretenden, sea la aspirante a la gubernatura de Chihuahua.

Y si existió ese concierto, con todos los detalles ofrecidos por la alcaldesa en la conferencia de prensa del martes, es clara la comisión de varios delitos, por todos ellos, que podrían configurar, incluso, la participación del gobernador Corral, quien cometió la imprudencia de afirmar que en varias oportunidades se le ha ofrecido la posibilidad de ser testigo protegido- 

¿Para qué? ¿Para que devele la participación de otros y la del ex gobernador Duarte?

Solo que a Duarte no le podrán fincar cargos por la “nómina secreta”. Ya no podrá ser enjuiciado por esa causa.

Si la pretensión de la presidente municipal de Chihuahua es la de demandar a los funcionarios involucrados, no podría dejarse de lado el mandatario chihuahuense. 

Debería sometérsele a juicio político por su probable participación en los hechos relatados.

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4T: En medio de Cienfuegos y los 100 mil

El Diario, 22 de noviembre de 2020

 Luis Javier Valero Flores 

Mal termina la semana el gobierno de López Obrador. 

La liberación negociada por la 4T del Gral. Salvador Cienfuegos y el arribo a las 100 mil víctimas fatales de la pandemia no son, precisamente, de los mejores logros del gobierno del tabasqueño.

Le ocurren tales acontecimientos cuando enfrenta el descontento y la desilusión generalizada en la entidad natal del mandatario. Nunca esperó el morenista que pasaran tales desgracias, mucho menos en la zona de la que emergió como dirigente social, la Chontalpa, una de las regiones más pobres del país, la que enfrenta todos los años, sin falta, las inundaciones, algunas originadas no precisamente por los cataclismos naturales, sino como ahora,  de la decisión de desfogar las presas.

Sin duda, la liberación de Cienfuegos es el tema más sensible, más complejo y más trascendente. Sus consecuencias afectarán el desarrollo de la 4T.

Indefectiblemente la retrata.

Señala el rumbo del gobierno de AMLO, y no sólo en lo que se refiere a la seguridad, sino también en la relación con los EU, independientemente del gobernante de allá.

Estableció, también, el lugar que ocupan las fuerzas armadas en el  gobierno.

Y esto va en contrasentido a lo planteado por él a lo largo de más de dos décadas. Más importante que esto, a lo planteado -y soñado- por las izquierdas mexicanas.

López Obrador dio increíbles bandazos en el tema; pasó de la más absoluta aquiescencia a la detención del militar y la amenaza de la investigación y actuación judicial en contra de quienes hubiesen formado parte del equipo de Cienfuegos, a la de la más ácida crítica a la detención y a la acrítica defensa de las fuerzas armadas y a su institucionalidad.

A juzgar por las expresiones del presidente y de su Secretario de Relaciones Exteriores, las presiones de la cúpula militar fueron extremas. Los obligaron a presionar a las autoridades norteamericanas y amenazar con el cese de la colaboración en el combate al tráfico de drogas, además de que se puso en riesgo, argumentaron, la colaboración del ejército.

La conducta presidencial exhibió, nuevamente, la improvisación de AMLO en la celebración de las conferencias mañaneras. Evidenció palmariamente que no estaba al tanto, ni de las regulaciones existentes para casos como el comentado, ni de los acuerdos con los norteamericanos para las actuaciones de los organismos policiacos de EU en el país.

Pretendiendo tener el control de todo, dejó que le creciera, tanto en lo interno -las fuerzas armadas-, como en lo externo, el conflicto. Debió protestar desde el principio por el hecho de no haber sido informado de tan escandalosa detención, que puso al descubierto -oficialmente- la profunda desconfianza de las dependencias norteamericanas a las mexicanas, en especial a las fuerzas armadas.

De ahí la paradoja de que, luego de las presiones militares a López Obrador, y de éste a Donald Trump para liberarlo se argumentara que se le entregaba a las autoridades mexicanas, y especialmente a las de la Fiscalía  General de la República, para que ésta lo encomendara, si hubiese cargos en contra del militar, al Poder Judicial de la Federación, con lo cual depositaba su plena confianza en el gobierno mexicano.

¿De la noche a la mañana cambió la perspectiva norteamericana y ahora los gobernantes mexicanos son confiables, o mejor dicho, el ejército?

Sorprende tal conducta, pues los relatos -tanto en los juicios, como fuera de ellos- de los principales narcotraficantes mexicanos detenidos en EU son extremadamente abundantes de la participación de no pocos jefes militares mexicanos en el tráfico de drogas.

Los juicios de Vicente Zambada y de Joaquín Loera son pródigos en ello. Implican no sólo a los más altos jefes del ejército, sino también a los mandatarios mexicanos. En los juicios, los relatos de los traficantes, han sido reforzados por las investigaciones de los agentes norteamericanos.

No están sacadas de la realidad tales expresiones.

Si la CIA, la DEA y el Pentágono estuvieron al mando del tráfico de drogas en la década de los 80’s, para agenciarse recursos en el combate a la Revolución Sandinista ¿Quién puede desestimar su participación en esa actividad en el momento actual?

Compleja situación la que libra el gobierno de México -y el país-. 

Las autoridades norteamericanas detuvieron al jefe militar del gobierno más corrupto de las últimas décadas, lo hicieron bajo el sambenito de la extraterritorialidad decretada por el imperio, sin notificarle al presidente “amigo” López Obrador y éste se vio sometido a la presión extrema de las fuerzas armadas, las que a pesar de verse agraciadas con infinidad de tareas -las que han incrementado su poder-, mantienen una postura crítica -soterradamente- al gobierno de AMLO.

La molestia es por varias razones, entre ellas la de ordenarle la realización de tareas más allá de sus facultades, o por arriesgarlo en operaciones sin preparación alguna, o la de intentar someterlo a la conducción de un civil.

Destacan en esos dos casos, la decisión de convertir a la Guardia Nacional en la policía migratoria, encargada de concretar la exigencia del presidente Trump; por esa vía, se convirtieron, en los hechos, en el muro que tanto pregonó que construiría y que los mexicanos pagaríamos.

Pero si había un resentimiento militar, la reveló nítidamente el inusitado discurso del ex subsecretario de la Defensa Nacional con Felipe Calderón, Carlos Gaytán Ochoa, en un desayuno de la cúpula militar, pocos días después de la fallida detención de Ovidio Guzmán.

Entre los asistentes se encontraba el actual secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval.

Esto dijo Gaytán: “Nos preocupa el México de hoy. Nos sentimos agraviados como mexicanos y ofendidos como soldados”, en clara referencia al episodio de Culiacán. “Actualmente vivimos en una sociedad polarizada políticamente, porque la ideología dominante, no mayoritaria, se sustenta en corrientes pretendidamente de izquierda, que acumularon durante años un gran resentimiento”. (Nota de PATRICIA VÉLEZ SANTIAGO, Univisión Noticias, 4/XI/19).

La crítica iba a la cabeza: “Los frágiles mecanismos de contrapeso existentes, han permitido un fortalecimiento del Ejecutivo, que viene propiciando decisiones estratégicas que no han convencido a todos, para decirlo con suavidad”.

La respuesta de López Obrador no fue menos diplomática. Escribió un tuit, además de dedicarle muchos minutos de la conferencia mañanera: 

“Qué equivocados están los conservadores y sus halcones! Pudieron cometer la felonía de derrocar y asesinar a Madero porque este hombre bueno, Apóstol de la Democracia, no supo, o las circunstancias no se lo permitieron, apoyarse en una base social que lo protegiera y respaldara. Ahora es distinto. Aunque son otras realidades y no debe caerse en la simplicidad de las comparaciones, la transformación que encabezo cuenta con el respaldo de una mayoría libre y consciente, justa y amante de la legalidad y de la paz, que no permitiría otro golpe de Estado”.

¿Qué cambió? ¿De veras es la defensa de la institución y de la soberanía nacional lo que llevó a López Obrador a exigir la devolución de Cienfuegos, con la promesa de someterlo al escrutinio de la justicia mexicana? ¿O fue, simplemente, la presión de los mílites?

Pues ahora tiene un problema mayor. Las pruebas en contra de Cienfuegos -sobre todo los videos y las llamadas- se obtuvieron sin el conocimiento del general, lo que las vuelve inelegibles en un proceso penal en México.

Deberá ser una investigación efectuada por la FGR, basándose en las pruebas de los norteamericanos, pero nada hace suponer tal, sino lo contrario.

Pero el desgaste público del gobierno de Morena, sean peras o manzanas, es inconmensurable, el escepticismo es creciente, dadas las altas posibilidades de que Cienfuegos no sea acusado, ni, por supuesto, detenido.

Otros casos son los que -además de los investigados por los norteamericanos- deberían investigar los fiscales de la 4T, entre ellos las matanzas de Tlataya y Apatzingán, además de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa.

Además, los de su participación en los hechos que motivaron la emisión de 21 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por actos cometidos durante el sexenio de Calderón, en el cual “las unidades operativas a cargo de 40 titulares de Regiones y Zonas Militares, entre ellos Cienfuegos, fueron señalados por crímenes diversos en 192 recomendaciones de la CNDH, según lo documentó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) en su informe Entre la brutalidad y la impunidad”, quien registró que “las unidades adscritas a Cienfuegos, cuando estuvo al frente de la I y la VII Región Militar, recibieron siete recomendaciones de la CNDH, tres de ellas por crímenes cometidos en el marco del Operativo Conjunto de Chihuahua”.  (Artículo de Laura Castellanos, The Washington Post, 9/XI/20).

Hoy está en su casa el general y la 4T se sume en el descrédito.

Pero si el caso del militar la llevó a esa condición, el arribo a las más de 100 mil muertes a causa del COVID 19 significa el fracaso de la estrategia para combatir la pandemia.

Opuesto, hasta el nivel del empecinamiento, a la puesta en vigor de las medidas que mostraron su eficacia temprana en Asia y Europa, el gobierno de AMLO desechó los llamados a efectuar un drástico confinamiento, junto con la sana distancia, la obligatoriedad del cubrebocas, la realización masiva de pruebas y la monitorización de los contagios; así como la puesta en vigor de un ambicioso plan económico que pusiera el acento en el apoyo a la población y el mantenimiento y rescate de las microempresas y hasta las de mediano tamaño.

Los resultados están a la vista. López Obrador le apostó a no endurecer las medidas, a desestimar el uso del cubrebocas; al ajuste presupuestario (cuando se requería lo contrario) y al no endeudamiento, cuando lo aconsejable es precisamente eso, adquirir los créditos necesarios para apoyar económicamente a los individuos y a las unidades económicas.

Bueno, pues todo lo contrario a lo efectuado por el gobierno federal es lo que está realizando el gobierno de la Ciudad de México, el que ha impulsado la aplicación de cientos de miles de pruebas, la obligatoriedad del cubrebocas, el confinamiento selectivo y ahora la monitorización de las personas en los espacios cerrados a través de una aplicación en los celulares.

¿Qué tanto le costaba hacer lo mismo?

Es que López Gatell… ay, López Gatell…

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Recrudece disputa Corral-Maru

El Diario, 19 de noviembre de 2020

Luis Javier Valero Flores 

Destapada por el articulista del Excélsior, Francisco Garfias, la nueva etapa de la disputa por la candidatura a la gubernatura por el PAN, develada por la declaración de la alcaldesa chihuahuense, Maru Campos, que debió recurrir al amparo a fin de obligar al gobierno de Javier Corral a informarle si hay una causa penal en su contra, mostró con toda crudeza el acoso del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, en contra de su compañera de partido, la que, acusa, son las maniobras del paseño por imponer, a como de lugar, al senador blanquiazul, Gustavo Madero en tal candidatura.

El objetivo es clarísimo. En la versión de la alcaldesa, la actual presidente del Comité Estatal, Rocío Reza, muy cercana al gobernador Corral, le aconsejó que se acogiera al “criterio de oportunidades” para evitar la caída a la cárcel.

En el mejor de los españoles le sugirió que se retirara de la contienda, que evitara la cárcel, y que, para lograr esto último, actuara como soplona para llevar a otros a la cárcel, los que, supuestamente, estarían en el mismo hipotético caso de haber recibido financiamiento del ex gobernador Duarte para promover sus candidaturas a distintos puestos de elección popular.

Hasta ahí todo era la versión de la alcaldesa, pero hete que el Secretario de Gobierno, Fernando Mesta, que no se caracteriza por tejer “fino”, confirmó todo con una sola frase, al afirmar que el asunto del amparo no era competencia de su gobierno, pero que irían hasta “donde tope” en el tema que ha motivado las expresiones de la alcaldesa.

O sea, sí hay la intención del grupo gobernante de proceder, si es necesario, con tal de imponer a quien sea en la candidatura a quien sea, pero la munícipe, no.

La prisa ha hecho presa del gobernador Corral. Esto es así porque el próximo sábado el Consejo Estatal del Partido Acción Nacional se reunirá el próximo sábado y tiene como tema central la definición del método de la designación del candidato a la gubernatura para el próximo año. 

Son distintas las versiones que señalan la pretensión de que sea el Comité Estatal el que designe al candidato, o candidata, organismo en el que tiene mayoría el gobernador. Cosa contraria a la que pretenden los impulsores de la candidatura de Maru Campos, que pretenden se resuelva por medio del Consejo Estatal o en una elección abierta a toda la militancia.

Sin embargo, todo apunta a que de la manera en la que se está desarrollando el conflicto, sea el Comité Nacional, o el Consejo Nacional los que designen al candidato de Chihuahua.

Además, hay en el aire otro aspecto. El de la definición si el blanquiazul de Chihuahua efectúa alianzas con otros partidos; si se concretaran, Corral buscaría -y estaría más cerca de la realidad- que la dirigencia local designará al candidato.

En cambio, ante el recrudecimiento del conflicto, el Comité Nacional podría atraer el caso, lo que, aparentemente, favorecería a la alcaldesa de Chihuahua.

De la manera en que resuelva el Partido Acción Nacional el presente conflicto pareciera determinar las expectativas de este partido para conservar la gubernatura. 

No está fácil la resolución del conflicto, si lo hacen mal, le abrirán las puertas a Morena, en virtud de que el partido del presidente López Obrador mantiene niveles competitivos en el estado. Ante una crisis de proporciones mayores en el panismo pudiera alzarse con la victoria, con cualquiera de los aspirantes que hoy la pretenden.

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Corral, perdido

El Diario, 15 de noviembre de 2020

 Luis Javier Valero Flores 

Si a lo largo de su gestión el gobernador Corral había mostrado grandes deficiencias para gobernar, lo ocurrido en los últimos días ha llegado al nivel del desastre.

Es el peor momento. Justamente cuando la capacidad hospitalaria ha quedado reducida a la nada; en el que la banca decidió no prestarle a su gobierno; enfrentado como nunca al gobierno federal; acotado el presupuesto federal; emplazado por el personal de salud a cumplir con los pagos pendientes; expulsado su gobierno de las mesas de seguridad del gobierno federal y de las indagatorias del cementerio clandestino de Casas Grandes, por “desconfianza”; sin dinero en las arcas y emplazado por el panismo de Jiménez a que sea expulsado de su partido.

Además, Corral está empeñado en participar en el proceso electoral 2021, tratando de intervenir en todos los partidos a fin que postulen a los de sus querencias y, seguramente, en la línea de impulsar la alianza del PAN, PRI y PRD en las candidaturas a las diputaciones federales y acaso en la gubernatura.

Además del acoso federal al gobernador Corral, el local del morenaje no es menor. Todos los aspirantes de la denominada 4T, con la excepción del ex secretario de Desarrollo Social de Corral, Víctor Quintana, enderezaron sus baterías contra el gobierno del Nuevo Amanecer,.

Es lógico, López Obrador ha respondido punto por punto a las diatribas del gobernante chihuahuense y sus seguidores locales no se quedarían atrás

Presionado por tantos factores, fenómenos y actores, Corral da palos de ciego: Propone una ley ¡Para el uso de cubrebocas; impone un toque de queda encubierto que catapulta las concentraciones de personas; restringe las actividades económicas y todos los empresarios lo critican; impuso el mote de “Héroes de la salud” a los trabajadores de esta área y en la semana cientos de trabajadores tomaron las calles para denunciar las intolerables condiciones de trabajo y las incumplidas promesas del pago de retroactivos y bonos.

Se le aglutinan los tianguistas frente a Palacio y ni siquiera los ve. 

Es que el mandatario estaba muy ocupado discutiendo con distintos actores políticos, entre ellos la priista Graciela Ortiz, quien no es solamente aspirante al gobierno de Chihuahua, sino que es la Secretaria de Operación Política del CEN del PRI.

Corral le impuso a sus diputados la aprobación del uso obligatorio y punitivo del cubrebocas, pero dejaron fuera de tan restrictivas iniciativas el hecho de que el 80% de los contagios se originan en las reuniones familiares y que en todo caso se debería insistir en la más estricta aplicación de medidas restrictivas en las fiestas, transporte público, centros de comercialización masiva informal y obtener de los empresarios la mejor colaboración para concretarlas en los centros de trabajo permitidos.

Pero todo lo anterior debería estar obligado a un ambicioso programa económico de rescate.

Es un desastre en todas las esferas de la administración pública. 

El gobernador Corral ha pasado la mayor parte del tiempo en que ha cogobernado con López Obrador en la más dura confrontación: el tema del Insabi, el de los apoyos de fin de año y luego el conflicto de las presas tensaron al máximo las relaciones y llevaron a que ambas partes se expulsaran de la mesa de seguridad.

Lo último es de la mayor gravedad. El Subsecretario de Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, mediante un tweet explicó las razones por las que el gobierno federal ha rechazado la participación del gobierno de Chihuahua en las mesas de seguridad: Por desconfianza.

Le agregó, además, por aquello del dicho corralista de la falta de apoyo federal a Chihuahua, que en la entidad se encuentran 5 mil 300 elementos de las fuerzas federales.

Tal dicho fue reforzado en la mañanera por el presidente López Obrador al afirmar que ese número de elementos es “superior a los policías del estado”.

Digamos, entre paréntesis, que la expresión presidencial es de la mayor importancia, porque implica que el principal responsable de la seguridad en Chihuahua es su gobierno. Tal situación requiere una mayor reflexión, a ella volveremos pronto.

Pero ante anuncio tan demoledor, -la de la no participación del gobierno de Chihuahua en la mesa de seguridad- ninguna de las dos partes ha expresado opinión alguna, ni, mucho menos, la voluntad de establecer el más que necesario diálogo para afrontar tema tan sensible, máxime por las condiciones de extrema inseguridad en la que nos encontramos.

No pasa nada. Ahora, en las últimas semanas, mientras Chihuahua se hundía en la catástrofe epidémica, sin recursos económicos, con el personal de salud agotado y diezmado, además de una grave crisis hospitalaria, el panista se lanzó a una pelea sin dar ni pedir cuartel en contra del gobierno federal, justamente en la discusión del presupuesto federal del próximo año.

Pero la disputa por el 2021 debía pasar por la situación actual, antes de pensar en el futuro mediato, Corral debió priorizar sus necesidades como gobernante.

Debió buscar el apaciguamiento con el gobierno federal, negociar el auxilio en provisiones, equipos y medicamentos; además, debía haber explorado la posibilidad de un apoyo en materia de financiamiento, no para el año próximo sino para los meses siguientes, que se preven terribles. 

Lo que debe hacer es ir, con humildad, (como se lo aconsejó hasta en dos ocasiones, al principio del sexenio, un alto funcionario de su gobierno, ahora ya retirado de su gobierno, quien le dijo, textual, -“No te pelees Javier”-) a la Sría. de Hacienda y solicitar un adelanto de las participaciones del 2021, una declaratoria de desastre sanitario, por la sequía, o lo que sea, para hacer que fluyan recursos para la compra de los abastecimientos de salud y los salarios de los trabajadores de la salud, y no solo para ellos, porque hoy mismo, después de las protestas de éstos, el bono para los que trabajan en el área COVID 19 no les ha sido pagado.

La lucha por un federalismo de nuevo tipo, contrario al existente, es, sin duda, una apuesta válida, pero el momento por el que pasamos no es precisamente el mejor para salir a la disputa política para resolver tan complejo y difícil asunto.

Si los gobernadores “federalistas” insisten en ello, abren el espacio para especular que sus intenciones no son, precisamente, avanzar en ello.

Es que el mandatario chihuahuense no entiende de apaciguamiento, y como enfrente no cantan mal las rancheras, ahí tenemos el panorama completo.

Todo ocurre en el peor momento. No sólo la pandemia recrudeció en la entidad, también la postura del gobernador Corral llegó al clímax del enfrentamiento con el gobierno federal.

A pesar de ello, deberá reconocerse que el gobierno federal no sólo no se hizo a un lado, sino que envió a Chihuahua una buena cantidad de pertrechos médicos, entre los cuales se encuentran los dos hospitales móviles, los más de 50 trabajadores del IMSS procedentes de otros estados,  -y otros que llegarán, de acuerdo con la información de la subsecretaria de salud local- para atender la tremenda emergencia médica.

Y sucedió lo que se temía. 

En la discusión del presupuesto federal 2021, además del recorte general por la pandemia y la paralización económica, todos los estados sufrieron una merma considerable de las participaciones -además de la desaparición de los fideicomisos, de programas, etc.- lo que concluyó, para Chihuahua, en una disminución de mil millones de pesos, según los diputados federales de Morena, o de 4 mil 500, según el mandatario estatal.

Lo más malo para el gobernador Corral es que, según los mismos legisladores, hay un aumento en los recursos federales para Chihuahua, que se ejercerán por las dependencias federales, de más de 5 mil millones de pesos, que no pasarán por las manos de Corral, dijeron, debido al previsible mal uso que haría de ellos.

Lo cierto es que le otorgaron al gobierno de Chihuahua lo que dicen fríamente las tablas de la distribución del presupuesto. Los recursos federales del 2021 estarán bajo la coordinación de la nueva delegada del gobierno federal, Bertha María Alcalde Luján, quien viene de ser Directora de Estrategia Institucional de la Secretaría de Seguridad.

Nada de lo anterior parece preocuparle al gobernante de Chihuahua, su insensibilidad espanta. 

Días atrás achacó a la “mayoría” de la sociedad la responsabilidad del agravamiento de la pandemia. 

Luego, en tanto decenas de tianguistas se manifestaban en el exterior de Palacio pidiéndole ser recibidos, ni siquiera los vio. En cambio, sí tuvo tiempo para recibir a los políticos con los que conversaría sobre las elecciones.

Pero ya recibe respuestas. Por haber criticado a Corral, la dirigencia del PAN inició el proceso de expulsión del dirigente municipal de Jiménez, Luis Medina. En respuesta, la asamblea de panistas de ese municipio están exigiendo la expulsión de ¡Javier Corral!

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Paridad a rajatabla, centralismo rampante

El Diario, 12 de noviembre de 2020

Luis Javier Valero Flores 

¿Se extralimitó el INE al ordenarle a los partidos que deberán designar en 7 entidades a candidatas, de las 15 elecciones a gobernador que se realizarán en junio próximo?

El asunto no es trivial, y plantearlo no es, y hasta oponerse, no significa el rechazo a impulsar la paridad de género, y ponerlo bajo el tamiz del análisis debiera llevar a criticar a quienes mantienen una postura contraria a la del órgano electoral.

Es de fondo la discusión. El PAN y el PRD presionaron a Peña Nieto a fin de que éste aceptara desaparecer al antiguo Instituto Federal Electoral (IFE) y dar paso al Instituto Nacional Electoral (INE).

Panistas y perredistas alegaron que se debía hacer ese cambio para quitarle a los gobernadores la posibilidad de manejar a su antojo a los organismos electorales y para integrar al nuevo organismo electoral actuaron como siempre, por medio de cuotas en la designación de los consejeros.

El cambio de nombre no es una cosa insustancial. Significa pasar de un organismo federalizado, como lo indicaba su nombre, con la existencia de los organismos estatales encargados de las elecciones locales, a un órgano centralizado, nacional, que mantiene una hegemonía sobre los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y que, en dado caso, puede atraer la celebración de las elecciones de estados y municipios.

No sólo, el INE tiene bajo su manto diversas y principales tareas de los procesos electorales locales, pero ahora, seguramente imbuidos de ese espíritu centralista, los consejeros electorales resolvieron que los estados ya no son un conjunto de entidades soberanas (así sea sólo en el papel), sino una especie de entidades que están bajo un mismo ordenamiento, una especie de provincias, al estilo del virreinato y que, por tanto, como si fueran un órgano colegiado, deben atenerse a las normas de la equidad de género en las elecciones de gobernadores.

De ninguna manera, la elección en una entidad es una sola elección que no guarda relación con la celebrada en otra, así sea vecina, por tanto, no puede imponerse la regla de la paridad de género.

Es como si, usando el extremo de lo absurdo, el INE ordenara que en la elección a presidente de la república la mitad de los partidos debiera postular a mujeres.

Ese principio se debe aplicar -como ya se hace en todo el país- dentro de los territorios que integran a una unidad, ya sea la nación -en el caso de las diputaciones y las senadurías-, los estados y los municipios, en el caso de las secciones municipales, sindicaturas, etc., de acuerdo a la organización territorial existente en cada entidad.

Hay otro aspecto igualmente criticable de la medida del INE: La de que en la práctica está legislando, lo que ha generado las impugnaciones del Senado de la República y el PAN, cuya semejante argumentación estriba en que establecen que los consejeros electorales “se extralimitaron en sus facultades, al instaurarse como ‘un cuarto poder’ para legislar fuera de tiempo”. (Nota de Erika Hernández, Agencia Reforma, 11 noviembre 2020).

Además, rechazan la resolución del INE porque viola el artículo 105 constitucional, que prohibe realizar cambios legislativos una vez iniciado el proceso electoral, cuyo arranque fue el 1o de octubre.

La argumentación del PAN fue más precisa. 

Establecieron que “La naturaleza representativa de las gubernaturas, como titulares de los ejecutivos locales de entidades federativas libres y soberanas, unidas en una federación que conforman la República Mexicana, no pueden, bajo ninguna circunstancia, ser concebidas como una circunscripción electoral, como lo hace el acuerdo que por esta vía se impugna”.

No es menor la responsabilidad del Tribunal Electoral de la Federación en este tema, no se debate estrictamente la paridad de género en las candidaturas, sino el modelo federalista frente al centralista.

Esta discusión formará parte del larguísimo debate, histórico, acerca del modelo republicano a construir.

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