jueves, 30 de julio de 2020

Nuevamente, la cadena perpetua


El Diario, 30 de julio de 2020

Luis Javier Valero Flores

*La presente colaboración se elaboraba en tanto que la zona centro-sur del estado ardía por las protestas de los usuarios de las presas protestaban por la extracción del agua de la presa Las Vírgenes, ordenada por Conagua y ante el incumplimiento de los acuerdos de las autoridades federales y estatales.

Hundida la entidad en una nueva oleada homicida, la más violenta desde 2011, tema al que el gobernador Corral elude de todas las formas posibles en las conferencias de prensa y en sus alocuciones y al que, de ninguna manera ha afrontado, a pesar de la desaparición de la Comisión de Seguridad Pública y la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, para que estas funciones dejaran de ser atendidas formalmente por el Fiscal César Augusto Peniche, un subordinado de éste, el fiscal de la zona norte, Jorge Nava López, saca al conejo de la chistera y propone el restablecimiento de la “pena vitalicia” contra los homicidas.

Tan desesperada declaración se presenta luego de que el número de personas ejecutadas en el antiguo Paso del Norte, en lo que va del año llegó a mil 023 ”en esta ciudad, según cifras oficiales”. (Nota de Miguel Vargas, El Diario de Juárez, 29 de julio 2020).

Nava López anunció que “… la Fiscalía realiza análisis jurídicos para implementar nuevamente la condena vitalicia en Chihuahua, a efecto de incidir en la baja de este delito”. (Ibídem).

Lo que propondrán, dijo, se aplicaría “en aquellos casos en los que se confirme la participación de un acusado en tres homicidios, ya sea en un mismo evento o en diferentes”, lo que es una verdadera aberración jurídica pues cada homicidio cometido, si no es un solo evento, como todo mundo lo entendemos, se trataría de dos eventos distintos, con distintas mecánicas y motivaciones y, por tanto, se deberían enjuiciar por separado.

En el colmo de la ignorancia, o del intento de manipular la información, como lo hacen los impulsores de esta medida, que lo hacen sin mostrar una sola evidencia que demuestre la eficacia de ella para disminuir la incidencia homicida, el fiscal más importante, después del fiscal general pues la región fronteriza lo es por varias razones, la principal porque es la zona con la mayor incidencia delictiva, dijo que con la imposición de tal sanción se buscaría “enviar un mensaje a los jóvenes que participan en la delincuencia organizada, que son la mayoría de los detenidos por estos delitos”.

También propondrían que se apliquen “sentencias de hasta 70 años de prisión en los casos donde el Ministerio Público demuestre que los homicidas reciben una paga a cambio de privar de la vida a otras personas”.

Pero como ha sucedido en todos los casos cuando se propone la cadena perpetua, que ese es el nombre real, modificado eufemísticamente a “prisión vitalicia”, para eludir la prohibición constitucional de la imposición de  “penas inusitadas y trascendentales” (Art. 22), no hay un solo estudio que demuestre la eficacia de la imposición de la pena de muerte o la cadena perpetua como mecanismos disuasorios de la comisión de homicidios, menos si damos como buenas las aseveraciones del Fiscal Nava López, acerca de que la “mayor parte de las víctimas de homicidio doloso en el 2020 tuvieron una relación con organizaciones delictivas”, porque entonces el factor que genera, como es el caso de nuestra entidad, el crecimiento del número de homicidios obedece al tráfico de drogas.

Y el otro factor, quizá el más importante, sean los niveles de impunidad pues alcanza cifras récords en este año ya que “de 978 homicidios cometidos en Juárez hasta el pasado 22 de julio, los jueces del Estado habían emitido 56 condenas por este delito, lo cual deja un nivel de impunidad del 94.27% … en 2017 fue del 91.5 y en… 2018 el 90.8%”. (Ibídem).

El gobierno del “nuevo amanecer” va llegando a su fin, la inseguridad pública en la entidad será una de las peores herencias que nos dejará.


  • “El gobernador Javier Corral nos dio la espalda”: Andrés Valles, dirigente de usuarios de riego de la región de Delicias.
  • “No hay nada que negociar, deben cerrar las puertas de las presas”.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

domingo, 26 de julio de 2020

El Tratado de Agua. Lo mismo, pero al revés


El Diario, Aserto.mx, 26 de julio de 2020.
Luis Javier Valero Flores*
Pasan los años, se alternan las fuerzas políticas en los gobiernos, pero los problemas persisten; sólo cambian las posturas de quienes llegan al poder y, lógico, las de quienes pasan a la oposición.
Parecen de Perogrullo (Personaje ficticio a quien se atribuye presentar obviedades de manera sentenciosa: RAE) pero creímos que no, a menos que las transformaciones de las fuerzas o personajes políticos que llegan al gobierno abarquen a quienes provenían de las izquierdas, fenómeno que, de aceptar su existencia, sumaría más factores para las desesperanzas ciudadanas.
En el pasado no tan remoto, de cuando era el “régimen del partido casi único”, sus dos fuerzas opositoras, claramente identificadas, la izquierda y la derecha, poseían, supuestamente, a ojos de casi todos, una característica por demás elogiable: Su fuerza moral.
Durante años, el PAN pasó, ante una buena parte de la ciudadanía más avezada de aquellos años, como el partido de los “hombres honorables”. 
Sí aportó, cómo no reconocerlo, a algunos militantes y dirigentes con tales características.
A su vez, las agrupaciones de la izquierda, mucho más plurales y diversas que las de la derecha pues aportaron desde las fuerzas claramente reformistas, hasta “las electoreras”, las del activismo social y las guerrilleras, entre otras, sin descartar las corrientes priistas que claramente se ubicaban en lo que ahora denominamos como las de centro-izquierda y que se podrían clasificar como las del nacionalismo revolucionario, también aportaban en ese sentido.
Abundaban los ejemplos de respetabilidad y congruencia entre los militantes y dirigentes de tales agrupamientos. 
Hoy, casi todos pertenecen a la “clase política”.
En lo colectivo, en las acciones y políticas públicas también existe un abandono de las posturas de su pasado como fuerzas de oposición.
Por desgracia, el tema de Tratado de Límites y Aguas de 1944 (TILA) es un buen ejemplo de todo lo anterior.
Algunas premisas irrefutables:
- El TILA es benéfico para México en términos generales; no para Chihuahua;
- Los compromisos de Chihuahua se han cumplido casi en su totalidad, incluso en los años de las sequías más severas;
- Hasta ahora, el pago de agua se ha hecho, como lo dice el TILA, con los excedentes procedentes de los flujos pluviales del Conchos; nunca se ha extraído agua de las presas, previo al establecimiento del régimen de lluvias, para pagar anticipadamente a EU.
- En todos los gobiernos federales, de Zedillo a la fecha, sus posturas han sido las de apurar el pago del agua;
- En todas las ocasiones que se presentaron tales exigencias, las organizaciones y partidos de la izquierda chihuahuense se opusieron a la entrega del agua por encima de los intereses de los productores locales.
Pero el cambio de roles y posturas de las fuerzas políticas es deprimente.
La hemeroteca los devela nítidamente. He aquí una breve ojeada:
En septiembre de 1994, el Congreso del Estado (de mayoría panista, cuyo presidente estatal era Javier Corral) solicitó la revisión de los tratados en materia de aguas entre México y Estados Unidos, en una postura a la que se sumó el Gobierno del Estado. (Nota de José Pérez Espino, Diario de Juárez, 22/08/1996).
En ningún momento México ha sacado agua de sus presas, ni de ninguno de sus afluentes para entregarla a Estados Unidos, dijo Jesús Luévano Grano, secretario de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, sección mexicana. (Ibídem). El presidente era el priista Ernesto Zedillo.
Cristóbal Jaime Jacques, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) bajo el gobierno del panista Vicente Fox, anunció que México “cumplirá con el pago de su deuda de líquido con Estados Unidos a partir de ‘los futuros ahorros’ que se harán en la zona”. (Nota de La Jornada, 17/V/02).
En esas fechas, Fox se “comprometió con su colega George W. Bush a pagar la deuda de agua que México tiene con Estados Unidos”. (Ibídem).
En aquellos momentos los paganos eran los tamaulipecos, ante lo cual el senador priista de Tamaulipas, Oscar Loubbert afirmaba “que intereses poco claros exijan que se les entreguen volúmenes de agua mexicana antes de que finalice el ciclo, lo cual contradice la disposición del Tratado ante un eventual faltante que sería repuesto en los próximos cinco años”. (Ibídem).
Por su parte, “Jorge Luis López, del distrito 025 de Tamaulipas, dijo que por segundo año consecutivo la Conagua, (por enviar agua a Estados Unidos), provocó que en el último ciclo productivo se perdieron 400 millones de pesos porque no pudieron regar…”. (Ibídem).
El gabinete de Fox discutió acerca de los pagos del agua. 
Las posturas eran, como siempre, entre la que sostiene que la disponibilidad y escasez del agua es un tema de seguridad nacional y la que el pago de la deuda es de principal importancia para las relaciones entre ambas naciones y que México debía cumplir, en la medida de lo posible, sus compromisos internacionales. (Nota de Víctor Chávez, El Financiero, 23 de mayo 2002).
Como ahora, “El presidente Vicente Fox explicó que es necesario que México cumpla con sus compromisos internacionales y que es necesario establecer que las distintas dependencias federales acuerden con los gobiernos estatales (principalmente Chihuahua) un cronograma para la entrega del líquido”. (Ibídem).
Ante la actitud del gobierno de Fox, legisladores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exigieron al presidente Vicente Fox “ponerse del lado de México”. (El Financiero, 24 de mayo 2002).
Eran otras posturas. En junio de ese año, el gobernador priista de Coahuila, Enrique Martínez, se rehusó a firmar un “acuerdo para saldar deuda, suscrito por el presidente Fox con Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas”. (Nota de Hilda Fernández / José Luis Ruiz, El Universal, 6 de junio 2002).
Enrique Martínez dijo que el gobierno federal no había comprometido un solo peso "para los proyectos de reconversión de los distritos de riego, de la mejora de unidades y sistemas de riego obsoletos”. (Ibídem).
Días después, Chihuahua hacía el primer abono de agua a EU, luego de que se presentaran las primeras lluvias en la zona de Ojinaga -era el 13 de junio, cosa distinta a la del presente año- el pago se hizo con los escurrimientos pluviales, “aguas abajo de la Presa El Granero… sin necesidad de extraer agua de las presas…”. (El Diario de Chihuahua, 13 de junio de 2002).
Meses más tarde, el Congreso de Chihuahua, de mayoría priista, declaraba que primero se deberían “Satisfacer las necesidades y luego pagar el agua”. (Nota de Carlos Coria, El Diario, 5 de julio de 2003).
Todo se valía con tal de pagarle a EU, desde la óptica del gobierno federal del panista Vicente Fox. 
En agosto del 2003, productores de la región alertaron de la existencia de un “plan oculto” en el que con el argumento de que se generarán ahorros en el gasto del agua, a partir de las inversiones realizadas por el gobierno federal, se ofrecía a “los propietarios de los títulos de concesionarios originales de concesionarios la entrega de nuevos títulos en los que se limita su derecho de agua a volúmenes menores”, afirmó Carlos Durán Flores, tesorero del Comité Pro Mejoramiento del Agro Nacional. (El Diario, 1 de agosto de 2003).
A eso se había comprometido el presidente Vicente Fox en un “acuerdo -contenido en la Minuta 309 y firmado en El Paso, Texas, el pasado 3 de julio por representantes de las secciones de México y Estados Unidos en la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA)-”. (Ibídem).
En ese compromiso Fox fue respaldado por el gobernador Patricio Martínez en dos compromisos: El de intentar convencer a los usuarios de aceptar la “modernización” y de que el agua “ahorrada” quedara bajo la potestad del Gobierno federal”. (Ibídem).
Casi un año después, persistían los esfuerzos del gobierno federal: “Compra federación agua para cumplirle a EU. Alrededor de 500 productores agrícolas de Meoqui y Julimes serían beneficiados”. (Nota de Edgar Prado, Norte de Ciudad Juárez, 31 de octubre de 2004).
Cada uno de ellos recibiría 29 mil pesos por los derechos de extracción de agua de las presas.
Luego, ante las presiones de los productores texanos, el nuevo gobernador chihuahuense, Reyes Baeza, se negó a pagar el adeudo,  “… mientras Chihuahua no tenga suficiente agua, no podrá pagar…”. (Nota de Silvia Macías Medina, El Diario, 24 de diciembre de 2004).
En 2007, a principios de julio, ocurrieron las primeras precipitaciones; de inmediato se empezó al “trasvaso de los primeros 37 millones de metros cúbicos de agua de la presa Luis L. León al Río Bravo… esto no afecta al distrito de riego 05, pues se hacen con derrames naturales o derrames de las presas”, afirmó el gerente de la Sociedad de Responsabilidades Limitadas (SRL), unidad Conchos, Jorge Almaraz. (Nota de Martha Fernández, El Diario, 8 de julio de 2007).
El colmo, varios años después, en 2013, “El Gobernador del estado, César Duarte, indicó que a pesar de los compromisos con otras entidades, Chihuahua retendrá el agua debido a la situación de emergencia que ha generado la sequía”. (Nota de Orlando Chávez Echavarría, El Diario, 31 de mayo de 2013).
A los funcionarios federales de entonces, en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, aseguró haberles sostenido que “Nunca he aceptado, ni aceptaré que a Chihuahua se nos condicione cualquier infraestructura que tenga que ver con el aprovechamiento del agua…”. (Ibídem).
Dos años después, independientemente del incumplimiento de EU, debido al bajo nivel de sus presas, México completaría el pago del quinquenio 2010-2015. (Nota de David Piñón Balderrama, El Heraldo de Chihuahua, 13 de noviembre de 2015).
Ahora, igual que antes, las fuerzas políticas estatales y nacionales simplemente se cambian los roles.
*Reciba un reconocimiento mi compadre, Lorenzo (Cheque) Pérez, por la excelencia de su empresa, Información Procesada (Inpro), hemeroteca sin la cual resultaría casi imposible investigar lo aquí asentado.
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jueves, 23 de julio de 2020

Todo empezó en diciembre…


El Diario, 23 de julio de 2020.
Luis Javier Valero Flores
Mediante un comunicado, la Secretaría de Gobernación informó, el 3 de diciembre del año pasado, que habían alcanzado un acuerdo los gobernadores y el gobierno federal “acerca del Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales entre México y los EEUU”.
“En mesa de trabajo convocada por la secretaria de Gobernación, a petición de Comisión Nacional del Agua (Conagua), … se llegó a los siguientes acuerdos que se hacen del conocimiento de la opinión pública…”. (Comunicado, Secretaría de Gobernación, No.79/2019, 3/XII/19).
El acuerdo consistió en dos puntos: 
“1. Atender por parte de la Conagua las solicitudes de los distritos de riego, con relación a sus concesiones, de la cuenca de Río Bravo, en términos de su ciclo agrícola pendiente, de los estados presentes y, 
2. El cumplimiento estricto y obligado del Tratado de 1944 y que se hace en el reconocimiento de todos, de qué obligaciones de carácter internacional, firmadas y suscritas por México, deben ser cumplimentadas a cabalidad”. (Ibídem).
No guarda proporción lo acordado con la dimensión del número e importancia de los presentes, firmantes del documento: “La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño. el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula; la directora general de la Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, … el subsecretario de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general de división Dagoberto Espinosa Rodríguez; el comisionado de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos-CILA Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, embajador Mario Chacón Carrillo…”.
Además, asistieron los gobernadores de Chihuahua, Javier Corral Jurado; de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; y de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón; así como el secretario general del gobierno de Coahuila, José María Fraustro Siller.
Luego, el 10 de enero de este año, la Directora de Conagua, Blanca Jiménez, escribió que estaba asegurado el abasto del agua para los productores de Chihuahua, por lo que era pertinente extraer agua de las presas de Chihuahua para abastecer agua para el consumo doméstico de Coahuila y Tamaulipas.
Nunca confirmaron ni demostraron tal afirmación. Vino luego el episodio de La Boquilla y Conagua siguió -como hasta ahora- en la conducta de no informar acerca de los montos de agua en las presas, ni de los necesarios para el consumo doméstico referido, ni de los extraídos.
Roto el diálogo con los representantes de los comités de riego -legales  y auténticos representantes de los usuarios del agua- vino el enfrentamiento de Ojinaga, a raíz de la extracción de agua de la presa El Granero y, ahora en Las Vírgenes.
En los tres casos el modus operandi de Conagua fue el mismo: Comunicado de prensa en el que se insiste en el cumplimiento de los compromisos del Tratado, llegada de contingentes mayores de la Guardia Nacional a la presa, protesta de los usuarios, enfrentamientos con las fuerzas públicas, instalación de mesas de negociación, participación de instancias estatales, tregua y, luego, rompimiento de acuerdos.
¡Ah, pero ahora el argumento de Conagua fue la exigencia de los productores de Texas para que se empiece a pagar el adeudo pendiente del ciclo actual!
Lo nuevo es que ahora el gobernador Corral y el presidente López Obrador coinciden en asegurar que el abasto de agua de la cuenca del Conchos está asegurado. Lo mismo que dijeron en diciembre.
¿Qué cambió en el país para que el pago de la cuota chihuahuense al Tratado se haga antes del fin del ciclo agrícola?
¿Porqué ahora exigen el pago en plena sequía, sin que antes se garantice el abasto para la productores?
¿Porqué no dan a conocer la cantidad extraída de las presas de Chihuahua de febrero a la fecha, si tan solo en 3 días, del 18 al 20 de julio, le extrajeron casi 6 millones de metros cúbicos de agua a Las Vírgenes, equivalente al 1% del total del adeudo a EU?
Y una pregunta, acaso más importante y de más dolor: 
¿Porqué le ordenaron a la Guardia Nacional lanzara bombas de gas lacrimógeno y disparos de balas de goma a los manifestantes, incluso cuando estos se encontraban a distancias superiores a los 50 metros de los efectivos militares?
¿Porqué ceder tan fácilmente a las exigencias norteamericanas, si a éstas, claramente, no les asiste la razón, en virtud de lo establecido en el Tratado?
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martes, 21 de julio de 2020

Contra los productores


Aserto.mx, 21 de julio de 2020
Luis Javier Valero Flores
Corral y AMLO coinciden, sí hay agua
Luis Javier Valero Flores
¿A quién se le ocurrió que en pleno estiaje del norte semidesértico de México era el momento de “abonarle” al cumplimiento de la cuota del agua a entregar a los EU?
¿A quién se le ocurrió que aún sin instalarse el régimen de lluvias se podía asegurar el agua para cubrir los requerimientos de los productores de la región bañada por las aguas del Conchos?
¿A quién se le ocurrió siquiera pensar que el movimiento de los productores es manipulado por diputados, dirigentes políticos y alcaldes?
¿Qué no hay suficiente evidencia acerca de la justeza jurídica y política de los razonamientos de los productores?
¿Por qué razón Conagua no ha entregado a los productores las cifras de la extracción de agua de los últimos cinco meses, del adeudo de México, de las aportaciones realizadas por los otros estados y la cantidad que pretenden sacar de Chihuahua?
¿Por qué no muestran los estudios demostrativos de que el agua está asegurada para el presente ciclo, si El Granero tiene el 35% de su capacidad, Las Vírgenes el 60% y La Boquilla el 40%(*), si aún restan las semanas más decisivas del régimen de lluvias y la mayor parte de los municipios colindantes con la cuenca están bajo los estragos de la sequía?
¿Por qué hasta ahora el gobierno federal pretende extraer agua de las presas para pagar los compromisos? ¿Acaso no conocen lo establecido en el Tratado?
¿Es una actitud blandengue ante las presiones de los agricultores texanos y del gobierno norteamericano? 
Se completa el círculo, el gobernador Corral declaró (21/VII/20) que “hay suficiente agua para el abasto de los productores de la región del río Conchos”, al tiempo que reprobó las actitudes extremistas y de provocación que, dijo, han asumido algunos manifestantes, a los que pidió “no caer en situaciones que pongan en riesgo a la población en una revuelta social”.
Las palabras del amanecido mandatario, dichas a unos minutos de iniciar una reunión con los dirigentes de los usuarios de los distritos de riego, así como de los alcaldes de la región centro-sur del estado, cayó como balde de agua fría y exacerbó los ánimos de quienes, en todos los tonos, han expresado, no sólo su rechazo a la decisión -ilegal- de extraer agua de las presas de Chihuahua para el cumplimiento del Tratado de Aguas, sino a la reprobable postura de lanzar a la Guardia Nacional en contra de los manifestantes.
Si el presidente López Obrador tuviera razón al decir que han cometido el error de hablar solamente con los dirigentes -“y a esos está muy difícil convencer”- ¿Por qué la Directora de Conagua no ha conversado con los productores y les muestra los datos que soporten su postura, antes de mal informar a AMLO?
Lo peor: Para resguardar la decisión de la Conagua primero enviaron a más elementos de la Guardia Nacional y ahora, aplicada la primera operación represiva en contra de una movilización, llegaron más efectivos, cerca de 200.
A cada rato se confirman, por desgracia, nuestros peores pronósticos. 
Se dijo, también en todos los tonos, que era un error adjudicarle a las fuerzas armadas tareas de seguridad pública, así se les llame eufemísticamente Guardia Nacional.
La manera en que afrontaron los hechos del domingo en la presa Las Vírgenes nos dio la razón, por desgracia, se comportaron como los policías del tristemente célebre Mario Marín, el “gober precioso” de Puebla: 
Al reprimir una manifestación varios años atrás, las balas de goma mataron a uno de los manifestantes.
Todas las policías del mundo tienen destacamentos especiales adiestrados para controlar, con la menor de las violencias posible, las manifestaciones pacíficas, como la del domingo en la que los productores iban inermes.
En lugar de que la GN combatiera en Chihuahua a las bandas criminales, que incrementan día a día las ejecuciones, la lanzaron contra los usuarios del agua del Conchos.
Triste epitafio para la 4T en la zona centro-sur del estado de Chihuahua.



*Datos del Sistema Nacional de Información del Agua. Monitoreo de las Principales Presas de México, 20 de julio de 2020.
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domingo, 19 de julio de 2020

El atardecer del “Nuevo Amanecer”


El Diario, 19 de julio de 2020
Luis Javier Valero Flores
Unos años atrás, casi del mismo modo, aunque con un origen distinto, el mandatario estatal pretendía imponer a uno de los suyos en la candidatura y obstaculizar el ascenso al que parecía ser el aspirante con más fuerza para obtenerla, que era, para desgracia de ambos, si no contrario, sí distinto.
Sorprenden las similitudes.
En tanto que Marco Adán Quezada se encaminaba a una muy segura candidatura del PRI al gobierno del estado (a pesar de que aún faltaban largos 3 años para definirla, corría el año de 2013), que fue frustrada por el doloroso accidente del Aeroshow, evento aprovechado por el gobernador César Duarte para sabotear cualquier posibilidad del ex alcalde, incluso hasta el extremo de intentar (como ahora, en el símil en proceso en la capital del estado) llevarlo a la cárcel.
Culminó así un largo proceso de sordos enfrentamientos entre el gobernador de Chihuahua y el alcalde de la capital, los dos del PRI.
Siete años después -con las diferencias naturales, por la procedencia partidista y por las causas- estamos en medio del que era, hasta ahora, un más o menos soterrado enfrentamiento entre el gobernador Javier Corral y la alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos, en una ríspida confrontación que amenaza con minar las posibilidades del refrendo del PAN en la gubernatura del estado.
En el caso de Quezada-Duarte, la confrontación era hasta por el lugar en los presidium de los actos públicos.
En el de Maru-Corral los desencuentros se hicieron evidentes en varios actos públicos, que llegaron hasta los episodios en los que la alcaldesa insistía en ser escuchada por Corral así fuera a las puertas de la camioneta y con el gesto displicente del mandatario.
El desencadenante, ahora, fue la detención del ex gobernador Duarte, que envalentonó al amanecido gobernante de Chihuahua para lanzar una furiosa ofensiva en contra de la alcaldesa, con acciones, que si se respetara el Estado de Derecho, serían motivo para su enjuiciamiento pues la “filtración” de documentos que le hicieron llegar al periodista cuauhtemense, Aníbal Moreno, consistentes en las copias de los supuestos recibos de la “nómina secreta”, debiera ser motivo de una investigación y las sanciones correspondientes a quienes, desde la Fiscalía del Estado los hicieron llegar.
Otra causa sería el de la revelación de los recibos, de los supuestos beneficiarios y hasta las de las supuestas declaraciones realizadas por varios testigos, realizada por el gobernador Corral, con lo que violó el debido proceso seguido en contra de la alcaldesa.

Pero el fondo ahí estaba, nítido, hacer todo con tal de impedir el acceso a la candidatura y despejarle el camino al senador Madero.
Sin embargo, tal camino lleno de abrojos implica el natural desgaste del partido al que ambos pertenecen, y por extensión a todos los partidos políticos.
¿Llegará el gobernador Corral al extremo de llevar ante los jueces la denuncia presentada por Alejandro Domínguez, destacado priista, en 2018, que usó los documentos de referencia que, dijo, le hicieron llegar de manera anónima?
¿Lo detendrá la dirigencia nacional, o la natural reacción de los seguidores de Maru Campos, militantes del PAN, como el grupo de mujeres que han presentado una denuncia-demanda a la dirigente estatal, Rocío Reza, (cercanísima al gobernador Corral) en la que acusan al mandatario de violencia política?
No son señalamientos o acusaciones baladís las vertidas por los dos protagonistas políticos del PAN de Chihuahua.
Además de las acusaciones de Corral contra Maru, de recibir financiamiento de Duarte y de financiar a sus detractores del gobernador, también son muy graves las enumeradas por el equipo de la alcaldesa acerca del uso faccioso de la Fiscalía, para chantajear políticamente e influir en la designación de la candidatura.
Bueno, fuimos testigos hasta del berrinche (perdón, no se le puede llamar de otro modo) de Corral cuando anunció que ya no recibirá a Maru en privado, solo acompañada.
¿Acaso teme al poder seductor de la alcaldesa?
¿Qué tanto afectará a las posibilidades del PAN, independientemente del candidato (a), la indubitable fractura, pues generará, a no dudarlo, un crecimiento del rechazo de una parte de los electores?
¿O será posible que el panismo, en masa (hablando de la base militante), más allá de quienes hoy ocupan cargos en el gobierno estatal, se volcará en favor de la alcaldesa?
¿O que suceda lo esperado por la dupla Corral-Madero, que los panistas se vuelquen, henchidos de entusiasmo por el senador favorito de Palacio?
Porque una cosa ha quedado en claro, por lo menos en el ámbito ciudadano, afuera del PAN, y es que la alcaldesa de Chihuahua -a reserva de las contingencias que se pueden presentar en cualquier proceso político electoral, y más en los actuales momentos en el que el componente jurídico pesará mayormente- es la más viable candidata panista a la gubernatura.
Luego ¿Qué tanto le pesaría, en la campaña, la acusación, cierre o no, de Corral?
Lo más probable es que Corral no ha calculado bien los daños colaterales de sus acciones; ni las locales, ni las repercusiones en el ámbito nacional.
Porque hay un factor esencial: La disputa por el gobierno de Chihuahua, será, como en casi todas las elecciones del ’86 para acá, parejera, ahora entre el PAN y Morena.
La disputa panista hará crecer el rechazo a los blanquiazules; a menos que ocurra un fenómeno, el mismo del 2016, que se presente un candidata (a) que capitalice el sentimiento anti-Corral y que el electorado ubique a la alcaldesa Campos como la más anticorralista y votara por ella, a pesar de proceder del mismo partido.

Y esa es la oportunidad de Morena. 
Quienes creen que de manera automática los beneficiarios de los programas del Bienestar Social de la 4T van a votar por Morena se van a llevar un chasco.
La elección del gobernador de Chihuahua será, como todas, una elección local, en ella contarán, sobre todo, los factores locales. 
Sin duda ahora pesará, más que en el pasado, el presidente de la república, por los elevados porcentajes de aprobación de AMLO (en la práctica, 50%), pero el morenaje deberá postular a un candidato (a) que el electorado identifique como opositor del “Nuevo Amanecer”. 
Mal harán si lo hacen por uno cuyas ligas con el corralismo sean evidentes, o se advierta una cierta connivencia; baste, para darse cuenta de ello, las calificaciones que los chihuahuenses le otorgan al antiguo exitoso tribuno parlamentario, menos del 25% lo aprueban.
Y si sería pésimo postular a un candidato cercano a Corral, peor sería postular a uno que formó parte de su gabinete -Víctor Quintana- quien no sólo apoyó a Corral en la candidatura (lo que era discutible y, quizá, correcto políticamente, pues había que frenar al duartismo), pero de ahí a aprobar y compartir la desastrosa gestión del “aldeano gobernante amanecido”, y no sólo en lo general, sino en particular su conducta frente a los movimientos populares, de los que provenía uno de los fundadores del Frente Democrático Campesino y que callaba cuando el gobernador Corral lanzaba críticas demoledoras en contra de López Obrador, en la etapa de candidato y que luego arreciaron cuando ya era el presidente en funciones.
En todas esas ocasiones se quedó callado, “por mesura”, como si el único que pudiera expresar sus opiniones políticas fuera Corral y, de ninguna manera, quien aparecía como la cabeza del grupo de la izquierda social que se sumó a la candidatura del panista.
Descomunales retos tiene frente a sí el morenaje pues sus otras “cartas” arrastran serios problemas electorales: Rafael Espino no es, como se diría en el viejo régimen, “nativo y con arraigo”, es, en la práctica, un desconocido para los chihuahuenses, que puede, o no, contar con la “bendición” del Peje.
Ciertamente, podría intentar mejorar el conocimiento de los chihuahuenses sobre él ¿Lo lograría?
Igual ocurre con Carmen Almeida, aunque ella ha permanecido en la entidad en los últimos años, no es una morenista conocida, ni en lo electoral,  ni socialmente.
Cruz Pérez Cuéllar es, para efectos prácticos, un auténtico representante de la clase política mexicana de las últimas dos décadas, que lo mismo se postulan por “A”, que por “B” o “Z”.
Y el delegado Juan Carlos Loera de la Rosa está empeñado en usar todo el peso de la distribución de los programas del gobierno federal en fortalecer su imagen personal, muy cerca, si no es que ya rebasó los límites legales del uso de los programas gubernamentales en favor de la imagen de los funcionarios.
De tales dimensiones son las repercusiones de la detención de Duarte, la disputa Maru-Corral y la postura de los morenistas frente al gobernador.
Será una candente campaña electoral, ya “pardeando” el amanecer.
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jueves, 16 de julio de 2020

Corral perdió la institucionalidad


El Diario, 16 de julio9 de 2020
Luis Javier Valero Flores
Cuando creíamos que la confrontación entre el gobernador Javier Corral y la alcaldesa capitalina, Maru Campos, había llegado a su más alto grado, nuevamente el mandatario estatal la escaló a un nivel, nuevamente, no conocido en el ámbito político.
Fueron descarnadas, tajantes, cargadas de una emotividad política desusada; si bien se percibía la existencia de diferencias entre ellos, no se sabía, en público, de la elevada animosidad del gobernante estatal en contra de la alcaldesa de Chihuahua.
No solo la acusó, ahora sí de manera precisa, indubitable, sin el tamiz o el filtro de la Fiscalía, de pertenecer al grupo de César Duarte y de recibir dinero del ex mandatario, sino que también la acusó de patrocinar a sus detractores y especificó que Campos paga una página digital en su contra, “ya no voy a dejar pasar una sola calumnia, una mentira más”, afirmó tajantemente.
Desatadas las hostilidades, de manera publica, a partir de la derrota legislativa de la propuesta corralista de las elecciones primarias generalizadas, el fondo electoral de sus divergencias lo develó Corral, pues precisó que no venía “a cuidarle a nadie sus aspiraciones”.
No había declarado tan claramente el gobernador sobre los recibos, supuestamente firmados por la alcaldesa, y ahora agregó la existencia de varias versiones en las que Maru había informado de la recepción del dinero y que, además, había explicado para que sería usado, y negó tajantemente que la Fiscalía del Estado se usara con fines políticos, como habían señalado, cada uno por su cuenta, la alcaldesa y el jefe de su gabinete, Mario Vázquez.
“La alcaldesa ha dado múltiples versiones sobre el tema, bueno, esa es su verdad, pero la cual tendrá que ser contrastada con la verdad de las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado”.
Por el tono, por las cosas que dijo el gobernador y por la evidente subordinación del Fiscal Peniche al mandatario, pareciera que estaríamos a punto de que le solicitaran a un juez la emisión de una orden de aprehensión, en el caso de que lo hasta ahora denunciado en los medios de comunicación configurara la comisión de uno o más delitos.
A los asuntos estrictamente legales, o jurídicos, Corral agregó acusaciones de corte estrictamente políticos, como cuando sostuvo que “ese grupo” de panistas le decían “jefe” a César Duarte, o al señalarlos que “eran un grupo muy cercano, al gobernador, en el PAN; hay muchos hechos para acreditarlo”.
En otro momento incurrió, nuevamente en un proceso legal, en ilegalidades, al dar a conocer aspectos de una causa penal, como cuando aseveró que “incluso tienen (en la fiscalía) la declaración de colaboradores cercanos de María Eugenia Campos, sobre cuando y bajo qué motivos ella (Maru Campos) recibió esos recursos”, o cuando se refirió a que “hay más de cien señalados” en el expediente.
Hay otro aspecto en los señalamientos efectuados por el gobernador en su conferencia de prensa del martes pasado, el de la ambivalencia de sus expresiones, pues primero afirmó que “Vamos a ir hasta donde tope”, y luego que serían “el fiscal y los jueces los que definan si merecen sanción”, en un gobierno al que una de las críticas más documentadas es el de la total pérdida de la división de poderes, lo que le criticó severamente al ahora encarcelado de Florida.
Algo le ocurre a Corral. 
Primero afirmó que era una mentira el que desde un año atrás no recibía a la alcaldesa -como aseguró Maru Campos-, para, a continuación, aceptar que “hace tiempo no la recibo sola” y luego, nuevamente, contradecirse, pues después de un largo alegato acerca de que la relación institucional se mantendría, anunció que no se reuniría con ella, nunca más, “de manera privada”.
Con sus señalamientos, el gobernador Corral no sólo ha minado las aspiraciones de la alcaldesa a la candidatura, o tratado de hacerlo (no es una coincidencia que en los últimos actos públicos el acompañante más cercano a él sea el senador Gustavo Madero, también aspirante a la gubernatura), sino que ha emitido un lamentable mensaje: El de que sus preocupaciones centrales son las de la elección del próximo año.
Y de quien va a sucederlo.
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lunes, 13 de julio de 2020

Se lanza Corral contra Maru Campos


Aserto.mx, 13 de julio de 2020
Luis Javier Valero Flores
Disparados los primeros obuses en contra de Cruz Pérez Cuéllar, luego continuaron en contra de la alcaldesa capitalina, Maru Campos. 
El origen es el mismo.
Los lanzados en contra del morenista Pérez Cuéllar no daban margen a la duda, tenían origen en los textos publicados por el gobernador Javier Corral. En ellos, el mandatario le acusaba de ser uno de los operadores políticos de César Duarte, de “participar de la nómina secreta y de recibir igualas mensuales” por lo cuales firmaba los recibos correspondientes.
Pero contra la alcaldesa la operación fue más lejos, sabedores de que sería entrevistada en el programa del conductor radiofónico, Aníbal Moreno, le “filtraron” a éste copias de la supuesta documentación que comprobaba el hecho de que Maru Campos recibió del ex gobernador Duarte poco más de 7 millones de pesos.
La respuesta de la alcaldesa, conminando a la Fiscalía a resolver la denuncia presentada por el priista Alejandro Domínguez en 2018, obligaría al gobernador Corral a desvelar su juego, para saber si se encontraba en el fondo de la ofensiva en contra de Campos, y forzar al Fiscal Peniche a decretar el no ejercicio de la acción penal, por la inexistencia de pruebas, o por lo contrario, a establecer proceso en contra de la munícipe.
Pero ésta fue más allá. Acusó a la Fiscalía de chantajearla: “De repente parecería que le estamos (apostando) a la justicia en una especie de chantaje electoral o polí­tico, entonces, sería un llamado a la Fiscalí­a General para que le termine…”, además de aseverar que tales ataques obedecen a que “Nos quieren manchar porque ahí viene la elección”.

Todavía no se asimilaba el eco de estas frases, cuando Mario Vázquez, jefe del gabinete de Campos y ex dirigente estatal del PAN, para evitar que los señalamientos llegasen al gobernador Corral, en un escrito denominado “Amenazar desde el poder”, señaló a “algunos -hoy- cercanos al gobernador”, que utilizan el caso Duarte “para retomar el control de la sucesión”, lo que es deleznable y “va en contra las posiciones y luchas históricas de Acción Nacional y a contrapelo de sus principios y valores”.
El enfrentamiento es abierto, Vázquez no dejó margen para la duda: “El uso faccioso de las instituciones encargadas de procurar e impartir  justicia, con la pretensión de cambiar el curso natural de la vía democrática política, es inaceptable. Flaco favor le hacen al gobernador los personajes aquí descritos…”.
La sorpresa vino, otra vez, de la parte más inesperada: El gobernador Javier Corral.
De la seriedad con la que deben tomarse las expresiones del mandatario da cuenta el hecho de que la respuesta a Campos y Vázquez no fue una declaración, sino un texto suyo, publicado en Facebook, y en el cual declara abiertas las hostilidades de manera abierta.
Asombran muchos pasajes de la postura del gobernador del amanecer.
Al anunciar que no efectuará negociación alguna con motivo del proceso a Duarte, como si tuviera en mente señalar a otros que sí lo harían, afirmó no tener “compromisos oprobiosos con nadie, ni acuerdos inconfesables.
Y en la línea mostrada en los últimos días, aseguró que no permitiría que “regrese el pasado de atraco y corrupción”, sin importarle que en esa “red de corrupción haya líderes sociales, empresariales y religiosos, o incluso, miembros de mi propio Partido…”.
Y en clara respuesta a los gobernantes del municipio de Chihuahua, adujo que “No vine a cuidar ninguna aspiración política de nadie, de ningún Partido; ni a usar a la Fiscalía con intenciones electorales o para controlar la sucesión”.
No hay punto de descanso o de confusión en su respuesta, señala que “Cada quien deberá hacerse responsable de sus actos, y darle cuenta a la sociedad de sus contubernios o debilidades”.
Para que no quede duda, sin mencionar a la alcaldesa, cita las frases de Maru Campos, al afirmar que hay quienes le reclamaban la no detención de Duarte, entre los cuales “hay de todo”, los que se curan “en salud, otros que empiezan a hacerse las víctimas y apuran a la Fiscalía a terminar las investigaciones en su contra”.
Ominoso el discurso del gobernador de Chihuahua. En tono amenazador, afirmó que no desistirá de combatir la corrupción, “hasta sus últimas consecuencias. No ha habido ni habrá tratos preferenciales o especiales; no seré tapadera de nadie; los criterios de oportunidad los establece la ley y los conceden los jueces, no el Gobernador”.
Vaya que la detención de César Duarte vino a convertirse en un detonante de algo que, ahora sabemos, había permanecido latente, de cuyas evidencias sólo los del primer círculo del gobernante tenían conocimiento o referencias pues reveló a un gobernante beligerante y dispuesto a ir con todo, no tanto en contra de los posibles responsables de corruptelas, sino de quienes pretenden sucederlo y lanza su ofensiva a quienes, desde distinto flanco partidario, encabezan las preferencias electorales, por lo menos en la mayoría de las encuestas hasta ahora realizadas: Maru Campos y Cruz Pérez Cuéllar.
Que lo haga -no se justifica- en contra del senador morenista es entendible hasta cierto grado, pero que la confrontación con los de su partido lo haga del modo que la ha hecho, revela la extrema animosidad que le despierta el equipo panista de la capital.
Otra cosa se le olvida a Corral. Ya no podrá agregarle, ni acusaciones, ni nuevas investigaciones al proceso en contra de Duarte, en caso de que procediera la extradición. 
Esta tiene como condicionante inamovible que el ex gobernador no podría ser acusado, ni procesado por más delitos que los que motivaron la extradición.
No serán semanas de calma política en Chihuahua, las confrontaciones, las descalificaciones, la guerra sucia, las filtraciones, los deslindes y el uso faccioso de las instituciones y el poder público serán moneda corriente en el proceso electoral que ya inició.
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domingo, 12 de julio de 2020

De medallitas, visitas y regalos


El Diario, 12 de julio de 2020
Luis Javier Valero Flores
Al complejo momento por el que pasamos se le sumaron dos acontecimientos a cual más de importantes para la mayoría de los chihuahuenses: La visita de López Obrador a EU y, durante ésta, la detención del ex gobernador César Duarte.
Por más que se niegue el hecho, lo cierto es que la voluntad del presidente norteamericano en la detención de Duarte fue fundamental para que ocurriese en el curso de la visita. 
Echó mano de las últimas facultades a su alcance en el proceso seguido en contra del ex mandatario chihuahuense. Bajo la jurisdicción del poderoso Departamento de Estado de EU se encontraba la facultad de detenerlo.
Lo hicieron. Ahora se encuentra en manos del Poder Judicial norteamericano; iniciará un largo proceso de extradición, cuyo desenlace es incierto, más allá de la justeza del levantamiento de cargos en su contra, del procesamiento de las pruebas, de la obtención las órdenes de aprehensión y la final petición de extradición por el gobierno mexicano, ya en manos de López Obrador.
Las consecuencias de la detención de Duarte serán, como el final del litigio, imprevisibles y abundantes.
Desde los primeros momentos ya se desataban dos tormentas: La de la reclamación de la autoría y la del nuevo episodio del largo enfrentamiento del gobernador Corral y el ahora senador morenista, Cruz Pérez Cuéllar.
No deja de asombrar la mezquindad política del gobernador Javier Corral. 
Ni en el momento del éxito fue capaz de reconocer que el catalizador, el detonante de la insurgencia ciudadana en contra del ahora preso de una cárcel de Florida fue Jaime García Chávez, cuya denuncia fue el inicio de una lenta, sorda, pero sólida insumisión de la mayoría de los chihuahuenses que terminó por expresarse (y esa fue, por desgracia, la mejor manera) electoralmente en los memorables momentos de la elección del 2016, luego de dar origen a la agrupación dirigida por García Chávez, Unión Ciudadana, en diciembre del 2014.
Aún tendrían que transcurrir los comicios de diputados federales del 2015. Ahí refrendó el PRI su larga hegemonía en la entidad; Duarte, exultante, designó, confiado, a los del año siguiente a su más cercano seguidor, el ex alcalde juarense, Enrique Serrano, a quien sustituyó Javier González Mocken en el interinato, y que luego fuera candidato morenista, Javier González Mocken.
Lo siguiente es historia. Apareció Corral punteando las encuestas del PAN, el Comité Nacional lo designó candidato y de inmediato abandonó Unión Ciudadana, la que usó, ahora sabemos, de simple trampolín para sus metas políticas. 
En unas cuantas semanas formalizó su salida del organismo que catapultó y dio rumbo a la inconformidad ciudadana, la que necesitaba de una candidatura que protagonizara el anti-duartismo.
En ninguno de sus mensajes, el ahora mandatario chihuahuense, hizo mención a la larga y dolorosa travesía de la sociedad, que hiciera posible la proeza de vencer al partido del viejo régimen y que sólo de ese modo se pudiera acceder a los expedientes que pueden acreditar la comisión de una colosal corruptela, la que Duarte intentó ocultar, desaparecer, a lo largo de las angustiosas últimas semanas de su gobierno.
Los abusos llegaron hasta el último día del gobierno del ballezano, ese día gastaron miles de millones de pesos. Arguyeron que fue para pagar a los proveedores. 
Sí, así fue, pero para los favoritos de Palacio.
Y si Corral le dio la espalda al veterano líder García Chávez, también sepultó a la que denominara “robusta” denuncia en contra de Duarte, presentada y vigilada por el dirigente ciudadano, a pesar de que era, sin duda, la más sólida de las que luego se presentaron.
A continuación, a lo largo de más de dos años, la administración de Corral se dedicó a elaborar las denuncias en contra del ballezano, las que ahora estarán sometidas al escrutinio de los tribunales norteamericanos. 
Ahí veremos si las elaboraron adecuadamente y logran demostrar la responsabilidad del ex gobernador. 
En adelante, al contrario de los procesos levantados en contra de los ex funcionarios duartistas, no estarán en manos de los jueces predilectos del “Nuevo amanecer”, los que han mostrado una lamentable tendencia a obedecer, ya sea los mandatos, o las intenciones del gobernador Corral.
Ahora bien, sin duda que la decisión del presidente López Obrador es la que ha posibilitado lo que ahora celebramos cívicamente. 
Ha quedado muy claramente demostrada la inconmensurable lealtad del ex presidente Enrique Peña Nieto para con sus compañeros de viaje, la inefable camada de gobernadores priistas que salieron, al igual que el Primer Priista, presuntamente, muy corruptos.
Hay que cuidar la corrección jurídica. Hasta ahora, salvo alguno, son, todavía, inocentes, ahora se tratará de demostrar que no es así. Y una de las consecuencias esperadas de la detención del Duarte chihuahuense es la que podría derivar en el develamiento de la extensa red de corruptelas del sexenio anterior, creadas, tanto para el enriquecimiento, como para efectuar todo lo necesario para mantenerse en el poder.
Los barrió el tsunami ciudadano que creyó verse reflejado y representado por el morenista López Obrador y que ahora, dada la muy previsible tardanza del litigio de extradición, podría ser -él, su partido y candidatos- los principales beneficiarios de la detención del ex gobernador, pues ante esa circunstancia lo más probable es que, si conceden la extradición, llegaría a los tribunales mexicanos -preferentemente los chihuahuenses- ya terminada la gestión de Javier Corral.
Si unos días atrás asegurábamos que políticamente el amanecido quinquenio había culminado, cosa que, por supuesto, Corral no cree, al contrario, al anuncio de la detención de Duarte creyó llegado el momento de lanzar obuses a diestra y siniestra.
Uno de ellos, el más tempranero, el dirigido al protagonista de la más añeja rivalidad, al ahora senador de Morena, Cruz Pérez Cuéllar, mostró al viejo tribuno, beligerante y lanzador de acusaciones, sin parar mientes en su papel de responsable de la administración estatal.
Al acusar al senador de formar parte de la “nómina secreta” de Duarte, de haber recibido financiamiento para varias campañas electorales (las que presumimos efectuó cuando fue dirigente y candidato del PAN y de Movimiento Ciudadano) y de haber firmado recibos de la recepción de dinero en efectivo, el gobernante declaró tener conocimiento de la comisión de presuntos hechos delictivos.
Estaba obligado a denunciarlos y, de tener pruebas, aportarlas al ministerio público, no sólo del fuero común, sino del fuero federal, pues tales señalamientos implican la comisión, hasta de delitos electorales, y de otra índole.
Ahora bien, si tuvo conocimiento de esos delitos ya en el papel de gobernador, su falta será aún más grave pues la presunta comisión de esos delitos iban en perjuicio del patrimonio estatal. 
Estaba más que obligado a denunciar.
¿Porqué no lo ha hecho? ¿Será que sí existen las evidencias y está esperando los tiempos electorales para usar esa información de manera ilegal en la campaña electoral, en el supuesto de que Pérez Cuéllar fuese el candidato de Morena?
¿Lo mismo está haciendo en el caso de los ex funcionarios duartistas que aún no están sometidos a proceso? 
¿Y de los otros actores políticos y empresarios a los que en los corrillos políticos acusan de ser financiados por el ex gobernador, cosa que implicaría, no se puede pensar de otra manera,?
Ahora bien, en el caso de Pérez Cuéllar, el hecho de que tenga fuero no es obstáculo para que, de tener evidencias, presentara la denuncia, ésta se desarrollara y, si fuera el caso, solicitar el desafuero.
Pero esas serían las formas correctas de actuar. 
Todo hace suponer que no será así, pues se aprecia una acelerada conducta con tal despejarle el camino y de impulsar al también senador Gustavo Madero.
Corral se apresta a tratar de ser un activo factor de la próxima elección, puede que no tenga los mejores auspicios para ello, se llevará, como Duarte, una amarga sorpresa.
Se queda en el tintero la reflexión sobre la visita de López Obrador a EU.
Aún está en el aire el sabor dulzón del almibarado discurso del presidente de la 4T a Donald Trump.
Quizá sea más penetrante el mal humor que sus expresiones dejaron en la comunidad mexicana, sometida como nunca, a mil y una agresiones por un presidente norteamericano, y eso que los ha habido de negra memoria.
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