jueves, 31 de julio de 2014

Patrimonialismo de la era presente

El Diario, 31 de julio de 2014
Luis Javier Valero Flores
Conforme pasan los días y los acontecimientos aparece nítida la película. El corporativismo del régimen que no se fue, ha regresado por sus fueros de la peor manera, justamente en el gobierno de quien se pensaba -algunos ilusos, dirá no sin razón más de uno- podría instalar una nueva forma de gobernar, ajena a los viejos y presentes cánceres del régimen del pasado, el corporativismo y el patrimonialismo.
Hasta en los más nimios detalles de la vida pública se aprecian las evidencias; con una diferencia, quizá sólo de matiz, que ahora el régimen echa mano, para esos asuntos, del Partido Nueva Alianza y del Verde Ecologista.
Y para los asuntos mayores, como antes, desde Miguel de la Madrid a estas fechas, del PAN.
Ya en una entrega anterior abordamos el tema del corporativismo, ilustrado con la afiliación masiva de los cadetes de la policía municipal. Las explicaciones ofrecidas por los mandos de la academia y del PRI son un verdadero monumento a la estulticia y contribuyen de manera ejemplar a la picaresca mexicana ¡Hasta autobuses les pusieron a los cadetes para que se trasladaran al término de sus clases y el dirigente de la organización responsable de la “motivación” para la afiliación es elevado funcionario de la escuela de cadetes!
¿A quién pretenden engañar?
¿Y lo del patrimonialismo?
¿Po’s no se les ocurre tomar el dinero del gobierno federal, dirigido a la construcción del estacionamiento de una secundaria en Juárez, para pavimentar el estacionamiento de una instalación del sindicato de maestros, que es, por puritita casualidad, la matriz del Partido Nueva Alianza (Panal), también, por otra casualidad, aliado del PRI?
Ese estacionamiento se los había prometido el alcalde Enrique Serrano y a los funcionarios municipales se les hizo bueno y fácil tomar ese dinero. Si las cosas acaecieran como ocurre en un país medianamente democrático, las autoridades municipales del antiguo Paso del Norte serían encauzadas penal y administrativamente por desvío de recursos federales.
Pues no crean que es un asunto único, n’ombre que va. En la capital del estado, las autoridades municipales descubrieron que el mismo sindicato estaba construyendo unas instalaciones en un terreno propiedad del municipio.
Detuvieron la obra porque los señores del sindicato no presentaron los permisos correspondientes ni, por supuesto, el documento que amparara la venta o donación del terreno.
Luego, el dirigente de la Sección 8 del SNTE, Alejandro Villarreal, salió a dar un paseíllo, suponía triunfal, por los distintos medios de comunicación a ofrecer mil y una explicaciones en las que aseguró sí contar con el permiso y la donación….. de palabra.
Bueno, pues más se tardaron los inspectores del municipio en clausurar la obra que el cabildo en aprobar, por mayoría obviamente, la donación del terreno; faltaba más si ya tenemos encima las elecciones.
¿Podríamos estar en contra de esas obras? Obviamente, no, pero sí con muchas objeciones; la primera de ellas que es un sindicato muy poderoso económicamente, tanto, que se antoja hasta obscena la decisión de regalarle, a costa de la sociedad, recursos que hacen falta en infinidad de asuntos públicos.
¿De veras el Snte, en concreto la Sección 8, no tiene los recursos para construir todas las instalaciones necesarias a fin de otorgarles a sus agremiados mejoría en su bienestar? ¿No tiene para pavimentar un estacionamiento?
Y ese es el asunto, que como forman parte del gobierno -o se creen, o les han hecho creer- entonces los dineros públicos, creen, los pueden usar en su provecho, cualquiera que sea el destino que hayan resuelto.
¿Cuál es la diferencia entre esto y lo que el sindicato de Pemex (y los gobiernos priistas y panistas) hizo con los recursos destinados a las pensiones, o con la venta de petróleo que sí cobró pero que no entregó en EU?
Ninguna, sólo de montos. Ahí está la explicación, también, al elevado número de familiares trabajando en la función pública. Basta que un miembro de la familia acceda a uno de los espacios más elevados del gobierno para que, de sopetón, todos sus parientes vayan accediendo a un puesto de trabajo; o para que los diputados de todos los niveles y entidades aprueben que la mayor parte de sus ingresos como funcionarios públicos no estén sujetos al pago de impuestos.
Así podríamos seguirle en una inmensa variedad de aspectos demostrativos del inmenso botín en que han convertido a la administración pública.
Y ahora se aprestan a ratificar su hegemonía electoral, claro, si el voto del pueblo les favorece.
YA BASTA: 
“Israel es el país que jamás cumple las recomendaciones ni las resoluciones de las Naciones Unidas, el que nunca acata las sentencias de los tribunales internacionales, el que se burla de las leyes internacionales, y es también el único país que ha legalizado la tortura de prisioneros. ¿Quién le regaló el derecho de negar todos los derechos? ¿De dónde viene la impunidad con que Israel está ejecutando la matanza de Gaza? El gobierno español no hubiera podido bombardear impunemente al País Vasco para acabar con ETA, ni el gobierno británico hubiera podido arrasar Irlanda para liquidar a IRA. 
¿Acaso la tragedia del Holocausto implica una póliza de eterna impunidad? ¿O esa luz verde proviene de la potencia mandamás que tiene en Israel al más incondicional de sus vasallos?”
Eduardo Galeano
Escuche, de lunes a viernes a las 6 pm, en Chihuahua, Aserto Radio 102.5FM, o por www.antenafm.mx

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

domingo, 27 de julio de 2014

El Pemexproa y sus beneficiarios

El Diario, 27 de julio de 2014
Luis Javier Valero Flores
“Mientras que en la Cámara de Diputados se pactaba el rescate del pasivo laboral de Pemex el miércoles pasado, el líder de los trabajadores petroleros, Carlos Romero Deschamps, festejaba en grande. Fue una convivencia para 2 mil 500 secretarias que se prolongó por ocho horas en la sede de la sección 34 del sindicado, en Azcapotzalco, donde los petroleros fueron agasajados con lomo de cerdo, espagueti, tamales y antojitos.
De igual modo, bebieron ron, tequila, whisky y cerveza. La Orquesta Contraste los puso a bailar al ritmo de la cumbia, la salsa y el chachachá, y también hubo una rifa, en la que se repartieron monederos electrónicos, pantallas LCD, viajes a Acapulco y un automóvil último modelo. 
Una gran manta daba la recepción al líder gremial: "¡Bienvenido, ésta es tu casa!”. En su discurso, Héctor Sosa, secretario general de la sección 34, felicitó a Romero Deschamps "por su destacada, firme e inteligente intervención en los acuerdos de aprobación en la reforma energética”. (Nota de Benito Jiménez, Reforma, 25/VII/14).
Dos estampas parecieran retratar nítidamente el regreso del PRI a la Presidencia de la República; muestran dos aspectos elevadamente perjudiciales para el país, aparentemente distintos, pero que son parte del mismo fenómeno largamente sufrido por la absoluta mayoría de los mexicanos: La manera de gobernar de este partido, en la que el patrimonialismo es consustancial.
Las fotografías de estos hechos son hasta obscenas. Por un lado se aprecia (Reforma, primera plana, 25/VII/14) al líder de los trabajadores petroleros, el senador Carlos Romero Deschamps, rodeado de decenas de eufóricas mujeres, secretarias de Pemex, en un salón de eventos en el que ruidosamente festejaban a las empleadas, justamente a unas horas de que en las Comisiones de la Cámara de Diputados se pactaba que el “pasivo laboral” de Pemex se asumiera como deuda pública. Esto es, que la deuda de Pemex con sus empleados, consistente en 1 billón 200 mil millones de pesos adquiriera aquella calidad.
En la otra estampa, se observa a otros no menos eufóricos cadetes de la academia de policía de Juárez, que corrían luego de ser sorprendidos en las afueras del local del PRI municipal, a donde los llevaron a afiliarse, como requisito -así se lo dijeron al reportero varios de ellos- para acceder a la policía municipal; hecho desmentido (¡Pero por supuesto!) por César Muñoz, jefe de la Policía Municipal, quien dijo “claro que no, no es un requisito. No creo que hayan asistido por esa causa”. (Nota de Iván Lucio Alvillar, El Diario, 25/VII/14).
O sea, sí fueron a las oficinas de su partido ¿A qué irían, entonces, a limpiarlo? ¿A poner en práctica lo aprendido?
Pero unas son las declaraciones de los funcionarios y otra es la realidad: “El hecho se registró a las 6 de esta tarde en la avenida Lerdo y Galeana, donde los cadetes arribaron con familiares a bordo de camiones de transporte de personal…  Agentes municipales y de Tránsito resguardaban la zona”. (Ibídem).
Si en el sexenio de Vicente Fox nos escandalizamos por el monto del “Pemexgate”, que ascendía a poco más de mil 100 millones de pesos, la deuda de Pemex con sus trabajadores (por supuesto que al sindicato dirigido por Romero Deschamps) es para dejarnos anonadados, es igual a alrededor de 24 años del presupuesto del gobierno de Chihuahua y a una cuarta parte del presupuesto federal de este año.
Esa deuda es como si el gobierno de Chihuahua le debiera a sus trabajadores 12 mil 500 millones de pesos, de los poco más de 50 mmdp del presupuesto de este año.
No puede ser, no debe ser.
Es de tal dimensión la incongruencia, la sin razón de esta deuda que conforma prácticamente la mitad del total de los pasivos de la empresa.
¿Estamos en contra de las conquistas laborales? Por supuesto, no, pero el monto de esa deuda esconde en realidad el mundo de corruptelas en que permanentemente han vivido las cúpulas sindicales, en plena connivencia con los altos mandos de Pemex a lo largo de su historia.
Muestra vívidamente que la más grande empresa mexicana ha sido manejada con los peores modos, ninguno de los cuales tiene que ver con la eficiencia y la honradez. Al contrario.
Y esos métodos no fueron cambiados en la docena panista, no, también en los dos sexenios el otorgamiento de las prebendas a los caciques sindicales de Pemex continuó sin obstáculo alguno, incluso hasta unas cuantas semanas antes de la salida de Felipe Calderón.
¿Cuáles son las razones para que nada haya cambiado en las relaciones de Pemex y su sindicato, que, incluso, sean los mismos dirigentes los que ahora pactan con el equipo de Peña Nieto y antes con Zedillo, Fox y Calderón?
¿Los veremos en pocos meses -como en Rusia, en el que los dirigentes “comunistas” de la caída del “socialismo real” se convirtieron en los dueños y altos ejecutivos de las empresas privatizadas- como los nuevos magnates de la industria petrolera, del mismo modo que los últimos cuatro directores generales de la empresa?
Avidos de respuestas, tal pareciera que sólo hay una, la del patrimonialismo característico de los gobiernos priistas. Sus gobernantes (muchos) creen que los recursos públicos son para mantener la hegemonía de su partido y que pueden usarlos discrecionalmente. 
El problema es que tal conceptualización abarca a las personas, de ahí el hecho de llevar a los cadetes a la afiliación a su partido sin el menor resquemor, total, no hay nada malo en afiliar masivamente al PRI a quienes mañana serán quienes se encarguen de la seguridad pública y en este tenor hasta pudieran servir para algunas tareas partidarias en los procesos electorales.
Y si en las academias de policía se realizan tales prácticas ¿Cómo no hacerlo con los trabajadores de la principal empresa mexicana, precisamente aquella de la cual se obtiene una tercera parte del presupuesto federal?
Porque en el fondo se trata de no tener problemas, disidencias o cualquier cosa que se le asemeje al interior de las instalaciones petroleras, de ahí la permanencia de una casta sindical, quizá de las más corruptas en el mundo, aquella que le endilgó al presidente Miguel de la Madrid la frase: “Si se cae Pemex, se cae usted, señor presidente, se cae el país”, cuando se sintieron amenazados por el mandatario que no se atrevió a tocarlos.
El problema es que técnicamente la deuda de Pemex, toda, forma parte de la deuda pública mexicana y que, como tal es respaldada por el gobierno, pero antes de asumirla como tal, lo correcto debería ser el saneamiento de ella, no solamente la relativa a los trabajadores que incluye el pago de pensiones, primas, bonos y aguinaldos de los empleados sindicalizados de Pemex, sino también el conjunto de las operaciones financieras de la empresa, la que no debería arrastrar un endeudamiento de tal magnitud si obtiene ingresos anuales de 700 mil millones de pesos.
Mucho menos se justifica con la otra gran empresa -“la de clase mundial”- la CFE, cuya deuda asciende a 500 mil millones de pesos y que también será absorbida por la administración central federal, en lo que es un burdo “borrón y cuenta nueva”.
Todo iba bien para la dupla reformista -PRI y PAN- hasta que llegaron al tema de los subsidios a las tarifas eléctricas (algo que desde poco antes de asumir Peña Nieto la presidencia, Luis Videgaray anunció su desaparición). En el proyecto original estaba planteada la desaparición de los subsidios, lo que traería aparejada, no la tan prometida disminución de las tarifas eléctricas sino lo contrario.
Ni tardos ni perezosos decidieron quitar esa propuesta -algo deben haber leído acerca del rechazo ciudadano- y luego, prácticamente todos los legisladores federales priistas y sus voceros oficiosos, se dedicaron a publicitar que el subsidio “se mantendría” y casi nos piden, a lo largo de los últimos días, en los que desfilaron por cuanta estación de radio, periódico o portal digital se les presentó, que les agradezcamos no haber respetado la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, totalmente contraria a lo prometido por éste a lo largo de la campaña electoral.
¡Ah, bueno, es que, a pesar de encontrarnos a un año de las elecciones federales de mitad de sexenio, los tiempos electorales ya están aquí y es muy probable que tal cantaleta la escuchemos repetidamente en la próxima campaña!
Nos van a prometer que en cuanto se concrete la reforma energética, ahora sí con énfasis, las tarifas eléctricas van a bajar.
En tanto, la casta dorada petrolera seguirá apoyando al partido en el gobierno, y éste deberá pagar las facturas a costa de todo un pueblo que en pocos meses ha perdido una de sus mayores riquezas, la que le representaba una tercera de los ingresos del gobierno federal.
Los hemos cambiado por unos espejitos… igual que el año pasado.
¡BASTA!.- Bajo ningún argumento se puede justificar la matazón desatada por el gobierno israelita. Con ese motivo, distintos grupos de ciudadanos juarenses han lanzado la convocatoria a manifestarse frente al Consulado norteamericano -“No keremos esta guerra”-, el próximo martes a las 6 PM, coincidente con la convocatoria a una manifestación de rechazo a la política de EU en apoyo a los actos genocidas de los israelíes, que se realizará ese mismo día frente a la embajada norteamericana.
Podrá argumentarse, bajo alegatos chabacanos, que es un conflicto ajeno a nosotros, pero nunca habrá suficientes argumentos para justificar actos genocidas, y lo que ocurre en la Franja de Gaza es eso. 
Nadie como la diputada israelí, Ayelet Shaked, lo ha dicho mejor. Escribió en su cuenta de Facebook que las madres de los “terroristas” palestinos deberían ser asesinadas porque dan a luz a “pequeñas serpientes”.
“Tienen que morir y sus casas deben ser demolidas. Ellos son nuestros enemigos y nuestras manos deberían estar manchadas de su sangre. Esto también se aplica a las madres de los terroristas fallecidos”, escribió la diputada del partido ultranacionalista Hogar Judío.
Escuche, de lunes a viernes a las 6 pm, en Chihuahua, Aserto Radio 102.5FM, o por www.antenafm.mx

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

jueves, 24 de julio de 2014

Las visitas presidenciales

El Diario, 24 de julio de 2014
Luis Javier Valero Flores
La pospuesta visita del Presidente Enrique Peña Nieto a la capital del estado, que se realizaría el martes pasado, vino a poner de relieve el anquilosamiento de los rituales políticos del pasado reciente y el del no tanto.
¿A qué venía el presidente a la capital del estado?
Como acto central, a inaugurar el Hospital Infantil de Especialidades, que tenía en funciones ya varios meses, y en segundo plano a "entregar" un total de 80 vehículos, entre patrullas, camionetas y ambulancias, amén de otro acto con las mismas características de los ya señalados.
En total, la visita presidencial se reduciría a poco más de dos horas y de regreso a la Cd. de México, en un viaje que le llevaría poco más de tres horas de vuelo, más el tiempo empleado en los traslados terrestres.
¿Tiene objeto gastar el tiempo presidencial en tales afanes? La respuesta es obvia, y más si le sumamos las cifras millonarias gastadas en la recepción del "primer priista" del país.
Pasan los años y la clase política sigue haciendo lo mismo, en la creencia -¿De veras?- de que tales actos les reditúan política y electoralmente. Sirva de comparación que hace algunos años, la esposa de Fox, Marthita, fue a Sisoguichi a entregar un equipo de Rayos X al hospital de esa población; aparatos que tenían un valor, entonces, ligeramente por encima de los 100 mil pesos.
Bueno, pues esa suma fue la empleada solamente para el traslado de los colaboradores de los secretarios del gabinete estatal, ya no pensemos en el costo del traslado de la “primera” dama del país.
Sólo para tener otra referencia de los inútiles gastos en las visitas presidenciales de Peña Nieto, anótese que los organizadores del acto están obligados a rentar una carpa -con un costo superior a los 400 mil pesos- y que sólo pueden usar esa carpa, con una determinada empresa que les señaló el Estado Mayor Presidencial (EMP) -lo que le otorga un innegable tufo de corrupción a los actos presidenciales- más los gastos generados por la movilización de cientos de personas, todas designadas de antemano, ninguna que pudiera generar "problemas" al desarrollo de los actos, concepto en el que debe incluirse hasta los medios de comunicación no preferentes para los estrategas del EMP, es decir, todos los que no son Televisa, empresa que tiene la exclusiva de las visitas presidenciales. Y si se duda de esto, sólo recuérdese que Carlos Loret de Mola (y sus camarógrafos) fue el único que tuvo acceso al edificio de departamentos en donde aprehendieron a Joaquín Guzmán. ¡Ah, y además, fue trasladado en una camioneta de la Secretaría de Marina!
Idos ya los tiempos de la existencia de la partida secreta, eufemismo para designar el uso absolutamente discrecional de los recursos federales por el presidente de la república en turno, ha perdido toda razón de ser esta prebenda de los mandatarios (dicho esto desde la óptica de la conveniencia) pues ahora los mandatarios ya no van a las giras repartiendo dinero a manos llenas como antes, aunque todavía lo hacen a menor escala, otorgando discrecionalmente recursos económicos extraordinarios para obras no presupuestadas.
¿Son positivas las visitas? La respuesta parecería obvia, pero más nos valdría que tuvieran otros objetivos, otros fines y otras dinámicas.
¿Con quienes se reúne el presidente en la apretada gira? Prácticamente, en la realidad, con nadie, salvo el gobernante en turno en el que atropelladamente éste le plantea los asuntos que más le importan, que pueden ser, o no, los del interés de la sociedad, o de un segmento de ella.
¿Dónde están las reuniones en las que el presidente se reuniera con representantes de la sociedad, de los sectores, de los gremios, de las organizaciones de la sociedad civil -como sucedió con Felipe Calderón, en Juárez, obligado por los juarenses y la masacre de Villas de Salvárcar a escuchar de viva voz los reclamos y planteamientos de quienes pudieron acceder a esas memorables sesiones?
Los gobernantes ¿De veras creen que tienen trascendencia esos actos en los que sólo pueden acceder quienes forman parte de la clase política, siempre y cuando pasen por uno y mil filtros de seguridad y no porten material alguno que pudiera servir para la elaboración de un escrito de protesta y/o reclamo al presidente?
¡Ah, claro, también acuden aquellos a quienes previamente se les asignó sólo el papel de asistentes a ese acto, generalmente empleados y funcionarios de todos los niveles de gobierno y, por supuesto, militantes del partido gubernamental! De ahí que el Presidente Peña Nieto obtenga en esos actos innumerables muestras de fervorosa y agitada simpatía.
¿A quién le sirve toda esa parafernalia simuladora?
Más aún ¿Qué caso tiene traerlo para inaugurar una obra, o un edificio que lleva meses funcionando? ¿O como a Felipe Calderón, a inaugurar sólo un puente de la super carretera Durango-Mazatlán?
¿Por qué no traerlo, mejor, a plantearle proyectos, programas, etc, que le interesen a la sociedad y en la que representantes de ésta, no solamente los de la clase política o los empresarios, le puedan expresar algo más allá de las alabanzas tan comunes en estos actos?
Escuche, de lunes a viernes a las 6 pm, en Chihuahua, Aserto Radio 102.5FM, o por www.antenafm.mx

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

domingo, 20 de julio de 2014

Electricidad y petróleo, la sinrazón

El Diario, 20 de julio de 2014
Luis Javier Valero Flores
Inmersos en su mundo, empeñados a “modernizar” al país según su entender, el grupo hegemónico en México no se detiene en sus pretensiones. Bajo el pretexto de impulsar al país a los primeros planos de la competencia internacional -como requisito para detonar el desarrollo económico- han cambiado, en unos cuantos meses, los pilares del Estado mexicano en dos de los aspectos más trascendentales: La política energética y las telecomunicaciones.
Las consecuencias serán, por una parte, la acelerada modernización de estos sectores, con base en una mayor explotación -en el caso de los hidrocarburos-, teniendo como eje central la máxima obtención de utilidades para los gigantes de estas industrias y, por otra, la depauperación de extensos sectores de la población, con una severa agudización en la desigual distribución de la riqueza.
En unos cuantos años, México habrá generado una nueva camada de hombres inmensamente ricos que, como la más reciente, tendrán como fuente de esa riqueza las concesiones obtenidas o auto regaladas a través de todos los mecanismos que el control gubernamental les ofrece.
La rapacidad será el signo distintivo de las empresas que se aprestan a apropiarse del petróleo, el gas, la electricidad y los negocios derivados de las telecomunicaciones.
A cambio, como en el caso del Tratado de Libre Comercio, dejarán a nuevos sectores sociales en la pobreza.
La política energética está diseñada para favorecer a la gran empresa, en perjuicio de la pequeña y mediana industria y los consumidores domésticos; las tarifas existentes así lo demuestran, particularmente en lo que se refiere a la producción agropecuaria en la que los productores nacionales, lanzados a la competencia internacional, están en desventaja frente a los productores norteamericanos que cuentan con muchos y muy grandes subsidios. 
Por otra parte, al no modernizar la explotación del gas, para favorecer la entrada de los capitales extranjeros, volvió incosteable la generación de electricidad a partir del combustóleo.
No son especulaciones. Ayer debió discutirse en la Cámara de Diputados el dictamen sobre las leyes secundarias de la reforma eléctrica. Del mismo modo que en la petrolera uno de los temas centrales será la desaparición de los subsidios a las tarifas.
¿A quién se le ocurre, en un país en el que más del 80% del transporte de mercancías y personas se realiza por medio de vehículos de motor a gasolina o diesel, quitar el subsidio a los combustibles para ubicar las tarifas a precios internacionales?
Del mismo modo harán en el caso de las tarifas eléctricas. Pero aquí la trampa es al contrario. Abrirán las puertas para que las empresas privadas puedan generar y vender electricidad -como ahora ya lo hacen en un buen porcentaje de las necesidades nacionales- sin restricción alguna. Para eso necesitan quitar los subsidios, para que esas empresas puedan obtener muy elevadas utilidades con precios a la alta.
Generarán no pocos problemas. Ahora mismo diversas organizaciones de productores agropecuarios en Chihuahua sostienen que las elevadas tarifas eléctricas impiden, siquiera, pagar las mensualidades para liquidar los pasivos que miles tienen con la CFE.
Esas mismas organizaciones sostienen que la situación hará crisis nuevamente si no se ajusta el cobro a 14 cvs. el kilowatt/h ¿Lo harán las nuevas empresas? Ni pensarlo.
Y a pesar de todas las argumentaciones de quienes impulsan la privatización de la generación de la electricidad, en nuestro país cuesta 84% más la electricidad para uso industrial que en EU, la usada por los comercios 135% más y la empleada en los hogares “de alto consumo” 149%.
El subsidio a la electricidad representa casi 30 por ciento de las tarifas eléctricas.
En tanto, en el uso residencial, para el estado de Chihuahua priva la esquizofrenia. Debido a una razón fuera de toda lógica, la mayoría de los municipios de la entidad tienen establecida la tarifa “1 A” de la Comisión Federal de Electricidad, pues ésta sostiene que Chihuahua tiene una temperatura promedio de 25 grados centígrados a lo largo del año, por lo que, concluye no nos hacemos merecedores a las tarifas de los climas extremos que en verdad padecemos.
Chihuahua debería estar ubicada en la zona correspondiente a la tarifa 1D, lo que equivale a pagar menos de la mitad de lo que pagamos, aunque los diputados federales del PRI le solicitaron al Director General de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa, cambiar la tarifa 1 “B” por la 1 “F”.
Igual planteamiento ha hecho el Gobernador César Duarte. Sin embargo, tres municipios (Ascensión, Guadalupe Distrito Bravos y Praxedis G. Guerrero) lograron cambiar las tarifas eléctricas, gracias a las gestiones directas de sus presidentes municipales. El cambio se dio en el subsidio que anteriormente era por cada 150 kilowatt/hora consumido, mientras que ahora lo tendrán por 600. 
No es cualquier cosa, según David Shields (Analista de la industria energética) “El calor extremo en las zonas cálidas es causa de subdesarrollo, pobreza y múltiples problemas de salud pública”. (Nota de Reforma, 17/VI/14).
Ante tal situación, sostiene, no se ha puesto en práctica medida alguna en la edificación de vivienda para disminuir el uso de electricidad en la climatización, a pesar de que en el año 2011 se publicó la Norma Oficial Mexicana denominada “NOM-020-ENER-2011, Eficiencia energética en edificaciones, envolvente de edificios para uso habitacional” que obliga a todas las constructoras de vivienda a usar materiales que eviten la “ganancia” de calor en las edificaciones.
No se ha aplicado. La presión de las empresas constructoras de vivienda ha surtido efectos.
Y es que al año se construyen cerca de 145 mil viviendas en zonas cálidas de México, con un costo para el erario de más de 240 millones de pesos en subsidios a la energía eléctrica. Con la aplicación de la NOM-020-ENER-2011 se estaría reduciendo el consumo de 40 millones de kWh y más de 80 millones de pesos en subsidios anualmente, tan sólo en estas nuevas viviendas debido al uso de materiales térmicos.
Este tema, el de las tarifas eléctricas, ilustra nítidamente la incapacidad, en esta materia, de quienes han representado a los chihuahuenses.
De ahí la preocupación ante el anuncio de que los “subsidios generalizados” en tarifas eléctricas y en combustibles desaparecerán para dar paso a una política de “subsidios focalizados” con programas de apoyo a la población de bajos recursos para que “no resienta” el alza de precios de combustibles y costos de luz.
Pero esos son los discursos, otra es la realidad. 
Ya se aprestan a “tomar” las ganancias de las reformas.
Por lo menos cuatro ex directores de Pemex están ligados a seis empresas que se beneficiarán de la apertura energética. (Nota de Israel Rodríguez, La Jornada, 19/VII/14).
“Diversos personajes políticos están relacionados de una u otra forma a empresas como Grupo Diavaz, OHL, Ienova, Iberdrola, Jacobs Engineering Group y Oro Negro, entre otras, las cuales incluso antes de la apertura total del sector energético han sido beneficiadas con contratos millonarios”, dice la nota.
El Grupo Diavaz, encabezado por Óscar Vázquez Sentíes, figura como uno de los 10 proveedores más importantes de Petróleos Mexicanos (Pemex). Ahí, el ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella, a través de la empresa Fondo Evercore México Capital Partners, posee el 20%.
En la empresa de Aspe Armella trabajó, en los más altos niveles, el hoy Secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
La empresa constructora Obrascón Huarte Lain Industrial (OHL), es presidida en México por José Andrés de Oteyza Fernández, ex secretario de Patrimonio y Fomento Industrial de 1976 a 1982 y en el Consejo de Administración participan dos ex directores de Pemex, Carlos Ruiz Sacristán, (1994, en el gobierno de Ernesto Zedillo) y Jesús Reyes Heroles González Garza, (2006 y 2009, con Calderón y secretario de Energía, de 1995 a 1997, en el gabinete de Zedillo).
A su vez, el actual director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, hijo de Emilio Lozoya Thalmann, quien fue director del Issste y secretario de Energía en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, fue consejero de la constructora OHL, empresa que en la presente administración ya obtuvo tres contratos relevantes con Pemex Refinación, de decenas de miles de millones de pesos.
También la panista Georgina Kessel, secretaria de Energía entre 2006 y 2011, durante la presidencia de Felipe Calderón, ahora es consejera independiente de Iberdrola, principal generadora de energía eléctrica privada en México y líder en energía eólica.
Otro ex director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, es alto funcionario de una empresa proveedora de servicios técnicos profesionales para la industria petrolera, la Jacobs Nederland BV, subsidiaria de Jacobs Engineering Group, empresa que desde 2004 obtuvo un contrato para construir 18 plataformas en la sonda de Campeche, con una inversión de 2 mil 500 millones de dólares. “El primero de octubre de 2012, dos meses antes de que dejara el cargo como director de Pemex, a Jacobs Engineering Group se le otorgó un contrato para la ejecución del paquete de servicios para la planta recuperadora de azufre en la refinería de Tula”. (Ibídem).
Los juniors también tienen sus lugares ¡pero por supuesto! en tan redituable negocio. José Antonio Cañedo White, ex presidente del Consejo de Grupo Televicentro, y ahora cabeza del fondo de inversión Axis se apresta, a través de la empresa Oro Negro, a participar en la industria mexicana de servicios petroleros. En Axis participa, además, como director general de Oro Negro, Gonzalo Gil White, sobrino del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, durante el sexenio de Vicente Fox.
Bueno, pues en Oro Negro participa otro ex director de Pemex, Luis Ramírez Corzo y Hernández, (2004 a 2006), también con Fox. Pemex ya otorgó contratos a Oro Negro para la operación de al menos cuatro plataformas, por un monto de 823 millones de dólares.
¿Las reformas son para beneficiar “al pueblo de México”?
Escuche, de lunes a viernes a las 6 pm, en Chihuahua, Aserto Radio 102.5FM, o por www.antenafm.mx
asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF


jueves, 17 de julio de 2014

Entreguismo inaudito

El Diario, 17 de julio de 2014
Luis Javier Valero Flores
Si ya la velocidad con la que se aprobaron, el año pasado, las reformas constitucionales sobre los energéticos y las telecomunicaciones, la empleada en la aprobación de las leyes secundarias no deja lugar a la duda; la dupla del PRI y el PAN intenta culminar la política reformista-entreguista iniciada en el sexenio de Miguel de la Madrid y cuya curva más alta se alcanzó en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
Con indignación deberá reconocerse que tales reformas fueron legitimadas de inicio por los actuales dirigentes del PRD, hasta entonces el partido mayor de la izquierda mexicana. En justicia, también, deberá precisarse que no toda la dirigencia de este partido fue acompañante de priistas y panistas. 
Fue el grupo que ha detentado la principal responsabilidad a lo largo de los últimos 15 años -Nueva Izquierda, conocidos como “Los Chuchos”, dirigidos por Jesús Ortega, Jesús Zambrano y Carlos Navarrete- quienes lo hicieron sin la aprobación y conocimiento de los órganos oficiales de la dirigencia nacional de ese partido.
En el clausulado del Pacto por México se encuentran contenidas, a grandes rasgos, las reformas que ahora deploramos. Alegremente, Zambrano, Ortega y sus compañeros acudieron a firmarlo y sólo hasta después lo hicieron del conocimiento del resto de los dirigentes formales perredistas. Cosa semejante le ocurrió al panismo, pero ahí fue superada la crisis debido a la extremada coincidencia con sus planteamientos programáticos. Lo que no pudieron hacer en la “docena” panista de Fox y Calderón, Peña Nieto lo hizo en menos de un año, y en menos de dos las secundarias.
Por ello importa detenerse en la conducta de Los Chuchos; llegaron, incluso,  al extremo de arrogarse la autoría del Pacto por México y de pactarlo con el equipo de Peña Nieto muy poco después de las elecciones presidenciales del 2012.
Tendremos mucho tiempo para lamentarlo. Las presiones que enfrentará el país para entregar lo más rápido posible sus recursos, en aras de, como lo dice el senador David Penchyna (PRI), “el crecimiento y la generación de riqueza que nos está esperando” no se harán esperar y motivar la reacción de los sectores afectados, tarde o temprano.
Semanas atrás se dio a conocer que las empresas petroleras Exxon y Shell estaban pidiendo al gobierno mexicano que abriera este año la autorización para la instalación de gasolineras de ellas en territorio nacional. Tal petición originó que la organización nacional de expendedores de combustibles se opusieran “enérgicamente”.
Y si en materia de telecomunicaciones el país sufrió una enorme regresión, ahora, en las leyes secundarias de la reforma energética, es un verdadero atentado a la propiedad nacional, con repercusiones directas a la economía familiar, tanto a los directamente afectados en los terrenos en los que se ejecutará alguna de las operaciones de la industria energética, como al resto de la sociedad.
Para encubrir la entrega de los terrenos -especialmente las ejidales y las comunales- a las empresas petroleras, gracias a su “cabildeo”, los panistas obtuvieron cambiar el término de ‘‘expropiación’’ por ‘‘ocupación temporal’’ de tierras, en el caso de que las empresas y los propietarios no llegasen a un acuerdo comercial, entonces el gobierno federal le haría un avalúo a las tierras en disputa y ordenaría la “ocupación temporal”. 
Sí, ya se imaginan que puede llegar hasta de 100 años, o los que quieran los nuevos conquistadores.
Cosas de ese talante aprobaron en comisiones los senadores, que se discutirán a partir de hoy y cuya aprobación ni siquiera es puesta en duda.
En el país del fast track legislativo -como dice Arturo Limón- los senadores aprobaron en poco más de dos horas los cuatro dictámenes de las 17 leyes secundarias de la reforma energética.
¡N’ombre, los panistas lograron que “las empresas petroleras están obligadas a dar de 0.5 a 1.5 por ciento de sus ganancias al dueño del predio en cuyo subsuelo se exploten crudo o gas”, siempre y cuando ese porcentaje no inhiba “la competitividad ni represente una carga desproporcionada a las actividades’’ de la petrolera extranjera!. (Nota de Andrea Becerril, La Jornada, 16/VII/14).
También, que a cambio de rentar o vender su tierra, los propietarios de las tierras ¡Podrán ser contratados como empleados de las empresas!
¡Ah, también que ‘‘el ejido, los ejidatarios, comunidades o comuneros podrán solicitar la asesoría y en su caso representación de la Procuraduría Agraria en las negociaciones (con las empresas petroleras)’’!
Escuche, de lunes a viernes a las 6 pm, en Chihuahua, Aserto Radio 102.5FM, o por www.antenafm.mx

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

domingo, 13 de julio de 2014

Telecomunicaciones, como antes

El Diario, 13 de julio de 2014
Luis Javier Valero Flores
No cabe la duda: Las reformas secundarias en materia de telecomunicaciones y energía son absolutamente regresivas; más, mucho más que las reformas constitucionales.
Se trata de la peor regresión sufrida por el país en, quizá, dos de los rubros económicos más importantes del mundo moderno. La explotación del petróleo significó para la humanidad la posibilidad de un desarrollo económico como no lo había experimentado hasta entonces. El espectro de actividades económicas de este energético es casi infinito.
Sin la nacionalización del petróleo no se habría desatado el crecimiento  económico sin igual alcanzado por México por largas décadas, las del “desarrollo    estabilizador”, con cifras por encima de los 6 puntos del PIB anuales.
Importancia semejante representa en el mundo actual el desarrollo de las telecomunicaciones. 
En ambas industrias el grupo gobernante ha entregado prácticamente todo a los inversionistas, especialmente a los más poderosos del orbe.
No pasará mucho tiempo para que algunos de los apellidos de quienes ahora gobiernan -PRI, PAN o PRD- aparezcan como beneficiarios de algunas de las concesiones o prebendas derivadas de las reformas que aprobaron y están por aprobar.
Tal sucede en estos momentos, en que varios de quienes aparecieron alguna vez en el organigrama del gobierno federal y de algunas administraciones estatales. Ahora son prósperos empresarios ligados a la industria del petróleo, del traslado de combustibles o del mundo de las finanzas. El emblemático de tal estirpe de ex gobernantes lo es, sin duda, Ernesto Zedillo, quien apareció, muy poco después del término de su mandato, en  los consejos de administración de las empresas que adquirieron, durante su gobierno, algunos de los activos más importantes que aún le restaban al Estado mexicano.
Precisamente, por la importancia que reviste para el mundo moderno la industria de las telecomunicaciones, las leyes secundarias de esta materia son aún más regresivas pues fortalecen al duopolio televisivo, en especial a Televisa.
Se podrá argumentar que también lo hace con el otro gran poder fáctico, el de la telefonía y su muy poderoso propietario, Carlos Slim, sólo que no es lo mismo este consorcio pues el televisivo conforma -y ha conformado a lo largo de más de medio siglo- la educación, la cultura, aficiones, tendencias y hasta la manera de ser de todo un pueblo.
Además de todo lo anterior, el monopolio televisivo ha logrado incidir determinantemente en el curso del rumbo del país; su participación en la derrota del PRI en el 2000 fue decisiva, sin su “extraordinaria” apertura a la campaña de Vicente Fox y en el linchamiento al candidato de la izquierda, López Obrador, en el 2006, no podríamos explicarnos mucho de lo que ahora vivimos.
Si en aquellos momentos fue importante, en la postulación de Enrique Peña Nieto y en su triunfo posterior en la elección presidencial, lo fue más. Hoy pueden considerarse retribuidos su servicios. No quedará ahí, su apetito es voraz.
Los sectores en las telecomunicaciones se dividen en radiodifusión y telecomunicaciones. Cada uno de ellos se divide en varios servicios. El sector de la radiodifusión contempla 2 servicios: radio y televisión abierta. El sector de telecomunicaciones engloba 4 servicios: telefonía fija, telefonía móvil, internet y televisión restringida o de paga. (Frente por la Comunicación Democrática).
Televisa obtuvo que la preponderancia se definiera por sector en radio y televisión. La ley considera preponderante a la empresa que posea el 50% o más de una de las ramas en materia de telecomunicaciones. Al optarse por esta definición, y no por la de la preponderancia en el servicio, Televisa obtuvo que no se le considerara preponderante en este último y, por tanto, podrá, por ejemplo, adquirir más empresas de la televisión por cable.
En cambio, en la telefonía se optó por la preponderancia por servicio, con lo que la empresa de Slim -América Móvil- sí lo es en todos los servicios, con la excepción la tv de paga.
Pero nunca pensaron, los redactores y ejecutores de la aprobación de la ley, que Slim reaccionaría vendiendo una parte de la empresa para perder esa categoría en telefonía y tener la posibilidad de acceder a una cadena de televisión.
Las paradojas de este mundo de especulación financiera sin control alguno, tan sólo por esa maniobra financiera ganó más de 60 mil millones de pesos.
Pero Televisa obtuvo, por ejemplo, que los tiempos del Estado en radio y televisión pudieran ser cobrados como si fueran publicidad, no tendrá límites para comercializar los espacios; cobrará los tiempos del Estado como si fueran de publicidad y no se le considerará monopolio.
Ahora pagaremos, como antes, como siempre, por los anuncios del gobierno federal que se transmitan en la televisión comercial. 
Además, podrán transmitir publicidad en más de la tercera parte de sus tiempos. Se establece el 18% en tv y hasta el 40% en radio pero podrán incluir sus promocionales, los del Estado y programas de oferta o de producción de servicios.
¡Imagínese, en los horarios de las telenovelas hasta 20 minutos de comerciales!
¡Ah, y los programas de ofertas de productos y servicios no se considerarán publicidad!
En Tv restringida también se aumentó el tiempo de publicidad.
Ya sabemos quienes ganarán por esta maniobra.
Por otra parte, se abre la posibilidad de que se cobren regalías por el must offer y el must carry, por lo que los canales de televisión abierta cobrarán a las empresas de cable o satélite por la retransmisión de sus programas, algo que ya se había superado en la reforma constitucional. Es decir, como antes.
El nuevo organismo electoral tendrá que pagar por parte del tiempo que use en la televisión comercial. Como antes.
Luego, los tiempos del INE podrán ser cambiados al obligarlos a sujetarse “a las formas y horas de operación” de los concesionarios. Como antes.
La ley establece el control del gobierno federal en la vigilancia y sanción de la transmisión de contenidos de la radio y la televisión y en la administración de los tiempos de Estado. Lo hará la Secretaría de Gobernación. Como antes.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá ser tomada en cuenta -su opinión técnica- en la prórroga de las concesiones. Como antes.
El artículo 256 establece que los códigos de ética se deberán ajustar a los lineamientos dictados por el IFT. Es decir, el Estado, a través del gobierno federal, le dictará la ética a los medios. Como antes, cuando el Estado tenía el monopolio del papel para la impresión de los periódicos.
Peor, las estaciones de las instituciones de educación superior de carácter público, no recibirán presupuesto adicional para ese objeto. Sí, ya sé, como antes.
La fracción II del artículo 190, establece la obligación de colaborar (para las empresas de telefonía celular) con la justicia con un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea, que los proveedores retengan los datos y registro de las comunicaciones privadas de los usuarios para la consulta y entrega en tiempo real y los almacenen hasta por 24 meses; incluyendo origen, destino, fecha, hora y duración de las llamadas.
El artículo 190, fracción I, mantiene las obligaciones de geolocalización en tiempo real abiertas para autoridades de seguridad, es decir que puedan monitorear la ubicación geográfica de un dispositivo en tiempo real, lo que interviene en la privacidad de las personas.
La reforma constitucional dejó claro que las empresas que resultaran preponderantes, es decir, que acapararan más del 50% del mercado, debían tener responsabilidades especiales, como permitir que otras empresas usen su red, antenas y ciertas elementos de su infraestructura, así como mantenerse bajo una estricta vigilancia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) quien determinará si están cayendo en prácticas monopólicas o si están poniendo trabas al mercado.
A Televisa se le estaría entregando el monopolio de la televisión del futuro, que se denomina Everything Everywhere. Es decir, la televisión en todas las plataformas audiovisuales. Sería el primer grupo de esta nueva generación en América Latina que tendría un monopolio de dar la televisión en todas sus plataformas sin ser considerado agente económico preponderante y habiendo colapsado su competencia, que en este caso sería Dish. (Frente por la Comunicación Democrática).
Y si las iniciativas de leyes secundarias, enviadas por la presidencia de la república en la reforma energética, eran regresivas, los senadores le agregaron su propio plus. Ahora pretenden que los contratos para exploración y extracción de hidrocarburos, para tender ductos, generar y comercializar energía eléctrica, además de construir la infraestructura respectiva, se otorgarán conjuntamente con la respectiva declaración de utilidad pública de los predios en cuestión.
El despojo legalizado. Es decir, si los propietarios de unos terrenos en los que se vayan a realizar alguna, o todas, las acciones mencionadas en el apartado anterior, si no llegan a un acuerdo con los compradores, éstos podrán acudir ante el gobierno federal y éste, en el curso de 10 días, declarará la expropiación “por causa de utilidad pública” de tales terrenos, “siendo siempre estas actividades de interés social y de orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie del subsuelo de los terrenos afectos a éstas’’ ¡Y el precio lo fijará el gobierno!
¡Los negocios privados ahora son causa de utilidad pública!
Como antes.
Escuche, de lunes a viernes a las 6 pm, en Chihuahua, Aserto Radio 102.5FM, o por www.antenafm.mx

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

jueves, 10 de julio de 2014

Esquemas caducos

El Diario, 10 de julio de 2014
Luis Javier Valero Flores
Los recientes escándalos desatados en la administración municipal juarense, por el modo en que fueron otorgados recursos públicos para equipo de protección de los policías municipales (650 chalecos antibalas), y para el financiamiento de diversas organizaciones de la sociedad civil, dentro del Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred), han mostrado palmariamente el agotamiento de los procesos de adjudicación de los recursos públicos a los distintos programas y obras públicas.
No sólo se advierte la posibilidad de un presunto mal manejo de recursos, o conflicto de interés por parte de la ejecutiva de proyectos del municipio, la ex diputada Alva Almazán, sino, también, que en mayor medida la estructura política tiende a ocupar los espacios que la sociedad civil había construido con grandes dificultades, paradójicamente con la oposición terca, soterrada, constante -y en ocasiones hasta abiertamente- de las estructuras de los gobiernos, cualquiera que fuera su color partidario.
Así, en esos dos aspectos, centrales para la vida de la comunidad por distintas razones, la ex legisladora aparece con no muy buenas credenciales en procesos que siempre despiertan suspicacias porque, conforme los partidos políticos se alejan de las simpatías ciudadanas, se acrecientan los rumores y las informaciones sobre el crecimiento desmesurado de las corruptelas; en estos casos por la vía de los denominados “moches”, que no son otra cosa que la extorsión realizada por algunos funcionarios gubernamentales que, y otra vez lo preocupante, parecen crecer en número y dependencias.
Para resolver las dudas sobre la limpieza en la adjudicación de recursos a las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno municipal juarense resolvió, por su cuenta, sin consulta alguna con nadie, ni siquiera con el cabildo, que ese proceso pasaría a manos de la Uacj.
Nadie podría oponerse a tal medida debido al prestigio de la universidad fronteriza, pero cuando se resuelve un asunto de tales características también podríamos preguntarnos: ¿Está dentro de las facultades de la universidad? ¿Qué instancia, dependencia o facultad la va a realizar? Esa instancia ¿A quién va a rendirle cuentas? ¿Sus operaciones estarán al alcance de los ciudadanos vía transparencia?
Luego ¿Cuál va a ser el mecanismo de elección, o designación, de los funcionarios universitarios encargados de la asignación? ¿Cuáles son los criterios para aplicar recursos a unas organizaciones y negárselos a otras? 
¿No estaría mejor elegir una instancia especializada para que lo haga, en un proceso en el que participen, obviamente, los sectores universitarios, pero que fueran fundamentalmente miembros de la sociedad civil quienes lo hicieran, y entre ellos, destacados académicos y profesionistas ajenos a las organizaciones civiles y, por supuesto, a los partidos y sus gobiernos?
Cosa semejante sucede con las licitaciones. Está por demás recordar el procedimiento típico de ellas: Una de las empresas participantes -que ha recibido la “bendición” gubernamental, es decir, ya está “hablado” en qué consistirá su “beneficio”- cotiza la obra o artículos muy por debajo de los precios de sus competidores y ese solo hecho le da el triunfo en la licitación y la adjudicación de la obra, la que, obviamente, requerirá un sustancial aumento de recursos económicos, los que serán otorgados posteriormente.
En el camino, a uno, o varios funcionarios, les son retribuidos altamente sus servicios y participación.
Nadie vigila la limpieza del concurso y el resto de los participantes -por temor a no ser “beneficiados” del otorgamiento futuro de alguna obra- tampoco dicen nada, en la mayoría de los casos.
Bueno, pues tal procedimiento debe ser cambiado de manera inmediata, los recursos públicos perdidos por esta vía son cuantiosos y contribuyen grandemente a la pérdida que sufre el país por la corrupción imperante -se calcula en 9% del PIB- que fluyen, mayormente, de las arcas públicas.
Agregar otros factores, al prácticamente único existente, el del precio, como los de la calidad de los materiales y artículos a comprar o usar en las obras, la experiencia de la empresa, el cumplimiento en obras y compras anteriores, el de no haber nacido, como empresa, al mismo tiempo que la administración pública ante la que se solicita la obra o la compra, etc.
Y una cosa aún más importante, que no sean los funcionarios públicos que otorgarán los recursos para la construcción de la obra en mención quienes califiquen la licitación; o los que utilizarán los suministros comprados bajo este mecanismo; lo ideal sería que fueran órganos ciudadanizados (y con participación de las organizaciones de la sociedad civil, universidades, etc.) los que resolvieran sobre estos temas.
Más aún ¿Y porqué no experimentar con una modalidad distinta, algo así como la del fiscalizador ciudadano, un ente nuevo que se encargara de tales asuntos, del modo como se creó el Auditor Superior de la Federación?
Urge, porque casos como los ahora comentados seguirán dándose. Lo peor, cada vez con mayor cinismo, como el del ahora alcalde electo de San Blas,  Nayarit, “Layín”.
Parodiando aquello de que todos traemos adentro a un “pequeño” argentino, así podríamos decir que todos los de la clase política mexicana traen en su interior un “pequeño Layín”.
Escuche, de lunes a viernes a las 6 pm, en Chihuahua, Aserto Radio 102.5FM, o por www.antenafm.mx

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

domingo, 6 de julio de 2014

Reformas preocupantes

El Diario, 6 de julio de 2014
Luis Javier Valero Flores
La aprobación de las reformas del Código de Procedimientos Civiles, como paso previo a la modificación del Código Civil, del cual se quitaría todo lo referente a lo familiar, para dar origen al Código Familiar, puede convertirse en uno de los pasos más regresivos en contra del patrimonio familiar de decenas de miles -y acaso centenas- de chihuahuenses.
Y esa es sólo una faceta de la multidiversidad que abarca un instrumento regulador de la sociedad como lo es éste código.
Por su complejidad y vastedad sólo abordaremos -por ahora- algunos aspectos.
Como prácticamente todas las iniciativas de ley, las trascendentales y las que no lo son, se caracterizan por el casi total desconocimiento de la sociedad sobre ellas; por el tratamiento burocrático que las legislaturas -ésta, la pasada, la anterior, etc.- le dan al concepto de “consulta a la sociedad”. Ni los del partido gobernante, ni los de la supuesta oposición de izquierda, ni la oposición de derecha, el PAN, ponen en entredicho los procedimientos de realización de las consultas.
El presente caso no fue la excepción.
No se trata, solamente, de lanzar la convocatoria por algunos medios de comunicación, o la realización algún evento gubernamental en el que se da a conocer el inicio de la consulta; o que aparezcan unas breves notas informativas sobre la realización de los foros de consulta. 
Consultar implica, además de hacer lo anterior, sentarse a discutir con los principales actores del tema a debatir, con las organizaciones de todo tipo que se podrían involucrar en la reforma, con los académicos relacionados, con los especialistas, con los colegios de abogados (en donde se deben realizar los necesarios debates), pero también, y eso es lo sustantivo, con las organizaciones que una vez aprobada determinada reforma podrían impugnarla, porque se sintieran afectadas por el total, o de una buena parte del total de la reforma.
Este es el caso. 
La “consulta” a la sociedad sobre este tema se hizo con la celebración de algunos foros en los que la participación social fue mínima.
En junio del año pasado se instaló la la Comisión Técnica Interinstitucional,  integrada por representantes de los tres poderes del Estado, “para realizar la labor de análisis y recopilación de material que les ayude a elaborar los proyectos de código de procedimientos civiles y familiares cuya iniciativa fue presentada por el gobernador César Duarte para implementar los juicios orales en ambas materias”. (Diversas notas periodísticas).
Días después, al poner en marcha los “Foros de consulta sobre la implementación del Sistema Oral en los Juicios Civiles y Familiares en el Estado de Chihuahua“, -que se celebrarían a partir del 14 de junio en Juárez, el 21 en Chihuahua, el 28 en Parral: el 12 de julio en Cuauhtémoc y el 19 en Delicias- con una convocatoria emitida el 9 de junio, Javier Ramírez Benítez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, indicó que “el objetivo del foro es recopilar propuestas por parte de la sociedad, es decir, instituciones educativas, barras y colegios de abogados, así como cualquier persona que cuente con una aportación para incorporarse al Código de Procedimientos Civiles y Familiares del Estado”. (Nota de Angélica Villegas, El Diario de Juárez, 15/VI/13).
Con esa antelación son de imaginarse los resultados. La iniciativa de ley fue presentada el 16 de septiembre pasado.
Las críticas de una parte de la sociedad, probablemente la más informada, fueron lógicas: “… el Congreso de Chihuahua está trabajando con una sospechosa velocidad una serie de reformas a nuestro Código de Procedimientos Civiles, para establecer un sistema de oralidad que vendrá a entorpecer nuestros procedimientos sin siquiera advertir que el juicio de controversia familiar que ya tenemos es un verdadero ejemplo de esa oralidad que tanto añora, sin desperdiciar las cualidades de nuestro sistema escrito.
Actualmente los juicios familiares de este orden se desahogan prácticamente en dos audiencias y, de no ser por una demora de seis meses que se observa en los trabajos del departamento de estudios socioeconómicos… Bien haría el gobernador darle una leída a unos tres artículos que regulan las controversias familiares en nuestro estado y sabría que tal esquema procesal debiera traslaparse a todos los procesos que actualmente regulan nuestras leyes e incluso ajustar a él los ampulosamente llamados juicios orales del ramo penal…”. (“Aberraciones judiciales”, Miriam A. Ornelas, El Diario de Juárez, 20/IX/13).
A su vez, una de las organizaciones que más experiencia acumuló en las controversias de la cartera vencida, El Barzón, al lado del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, elaboró una serie de observaciones, en lo referente al tema de los créditos a la vivienda y al derecho familiar del nuevo código aprobado que más nos valdría tomar en cuenta, no les falta razón.
Afirman que al acelerar los tiempos de los juicios, a dos meses, podría llevar a que miles de deudores vayan a la calle en ese plazo.
“Justamente estas reformas, obligan a todas las autoridades a respetar y proteger con nuevas reglas bajo la perspectiva de los derechos humanos y los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Un análisis jurídico de los dictámenes de los códigos familiar y civil, nos indican que ambos ordenamientos jurídicos, no se encuentran bajo los estándares internacionales que mandata la obligación para todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y, por supuesto, dando vida al principio pro persona, relativo a la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate”. (Análisis enviado al Congreso del Estado, 24/VI/14).
Auguran una “hecatombe” a causa de la nueva ley, dado el “abultamiento de la cartera vencida, el inmenso número de los destinatarios de los procedimientos civiles… Además la legislación propuesta, parte de una falsa premisa, al considerar que actor y demandando son iguales ante la ley, sin considerar que más allá de las declaraciones de derecho, en los hechos, esto no es una realidad. La gran masa de personas deudoras está constituida por trabajadores/as carente de recursos económicos, estos sujetos procesales acuden a los tribunales en total indefensión. No existen defensores públicos en esta materia, y hay imposibilidad de contratación de abogados particulares, debido a que las familias no pueden pagar las mensualidades y con mayor razón están imposibilitados de pagar honorarios profesionales de abogados”.
Y a su juicio, “la médula del Código de Procedimientos Civiles es el endurecimiento en los instrumentos de cobranza a favor de los acreedores llegando al absurdo de instaurar el arraigo” de los deudores y en caso de incumplimiento, la prisión preventiva, es decir la “criminalización de la pobreza”.
Y luego enumeran los aspectos más negativos de la reforma, todos contrarios a los deudores: “Las novedosas figuras jurídicas como el arraigo, la discrecionalidad excesiva a las y los juzgadores, el uso de la fuerza pública, las notificaciones por lista, la prelación del embargo en detrimento de los derechos de alimentos y laborales, la autorización de venta judicial sin juicio, las limitaciones en la defensa por intervenciones en audiencias de hasta quince minutos, derivan en violaciones al debido proceso, etc., son algunos ejemplos de la gran cantidad de incongruencias que contiene esta ley, que violentan los derechos humanos”.
Por otra parte, Jorge Arturo Chávez Álvarez, del Colegio de Abogados de Chihuahua,afirmó que “Con la reforma se acortan los juicios para la parte más vulnerable y eso viola el equilibrio procesal y es inconstitucional”.
Preocupante, la ley otorga facilidades para desalojar a familias de sus viviendas porque no prevé situaciones de emergencia económica, que llevarían al desempleo a miles de trabajadores, algo que ya nos ocurrió con la oleada violenta en la entidad, especialmente en Juárez.
No es cualquier cosa, en Juárez, en el 2010, había 22 mil 532 juicios civiles de deudores de Infonavit y en Chihuahua, de 2010 a 2012 se registraron 10 mil 983 demandas judiciales para recuperar sus viviendas. ¡Más de 30 mil juicios!
Por si fuera poco, el 10% de los créditos del Infonavit en la entidad, -que ascienden a 56 mil- les pertenecen a las empresas extranjeras Scrapp II y Carpmack, las que no están preocupadas por el grave deterioro social, sino por la recuperación de las viviendas cuyos acreditados cayeron en cartera vencida.
Y tan sólo en Juárez existen más de 10 mil viviendas desocupadas.
Las leyes deberán elaborarse para atender la nueva realidad social, se dice en la academia, pero estamos frente a una nueva regulación en la que la preocupación fundamental que reflejan es la de los otorgadores de los créditos, en la que, parece, se puso como aspecto prioritario la pronta recuperación de la inversión de los llamados “desarrolladores” de vivienda.
No de otra manera se pueden explicar aspectos como el de que elimina la notificación personal, por lo que el acreditado puede ser informado por vía electrónica o con los mismos vecinos, aun y cuando no esté enterado del proceso judicial en su contra.
Por otra parte, los jueces tendrán una excesiva discrecionalidad pues no necesitarán fundar ni motivar el rechazo de incidentes en el juicio, lo que contraviene el artículo 16 constitucional.
A su vez, la otra parte, la de los empresarios dedicados a la construcción y a la industria inmobiliaria auguran que las reformas podrán estimular la adquisición de vivienda porque los esquemas crediticios serán más fáciles de otorgar, ya que tendrán la garantía de que podrán recuperar más pronto las viviendas de los caídos en cartera vencida.
Y esto sólo es lo referente a lo civil, faltaría por abordar lo relativo a lo familiar.
Lo dicho, las “consultas ciudadanas” tendrán que cambiar. 
Muy probablemente estamos ante una nueva oleada de juicios de amparo, entablados por quienes estarán en peligro de perder “fast track” su vivienda.
Escuche, de lunes a viernes a las 6 pm, en Chihuahua, Aserto Radio 102.5FM, o por www.antenafm.mx

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

jueves, 3 de julio de 2014

Justicia, hacemos agua

El Diario, 3 de julio de 2014
Luis Javier Valero Flores
Poco a poco, casi imperceptiblemente, quizá no en un número que pudiera preocupar a la autoridad, pero sí con mayor frecuencia, se empiezan a conocer cada vez más casos en los que los tribunales liberan a detenidos, acusados de cometer alguno (s) de los delitos de mayor impacto en la población.
Preocupan más las razones más frecuentes por las que son liberados: Las declaraciones autoinculpatorias, obtenidas a través de la tortura, lo que retrotrae la situación al mismo sitio en que nos encontrábamos, antes de la vigencia del nuevo sistema de justicia penal.
Esto se da independientemente de la oralidad de los juicios, característica que por sí sola pensamos que pudiera traernos certeza en la procuración y aplicación de la justicia.
Y es que al aprobarse que todas las declaraciones válidas de los inculpados fueran exclusivamente las rendidas en el juicio, y ninguna otra, dados los antecedentes en esta materia en el país y en la entidad, en los que las declaraciones de los acusados eran la prueba reina de los juicios, entonces se sometía a los acusados a las torturas más indecibles.
La fábrica de “chivos expiatorios” era muy eficiente. La reforma parecía el camino ideal para lograr que los ministerios públicos efectuaran eficazmente su tarea investigadora. Luego, ante la avalancha homicida y la incapacidad de la autoridad encargada de la procuración de justicia, se efectuó la reforma para aceptar, nuevamente, la declaración autoinculpatoria, siempre y cuando fuera “rendida ante autoridad competente”.
Y se abrió la puerta del infierno, porque en el afán de mostrar resultados se incurrió nuevamente en lo que ahora reflexionamos, con casos cada vez más frecuentes.
Así acaba de ocurrir nuevamente. Tras 29 meses presos, tres personas salieron libres y exonerados, acusados de los delitos de extorsión, absueltos “por un Tribunal de Juicio Oral que anuló todas las pruebas presentadas por el Ministerio Público al determinar que fueron obtenidas a través de la tortura. El representante legal de los tres hombres anunció que interpondrán una demanda por la vía civil y penal para exigir la reparación del daño ocasionado y que se sancione a los servidores públicos que ordenaron y los sometieron a tortura para que se autoincriminaran”. (Nota del Staff,  El Diario, 2/VII/14).
De ese modo, Juan Antonio y Jesús Iván Figueroa Gómez, así como Misael Sánchez Frausto, obtuvieron su libertad. Su caso se convirtió en una verdadera tragedia familiar pues se quedaron hasta “sin vivienda, todo por una mentira que se inventaron”, señaló Raúl Sánchez, padre de Misael.
A Misael le quebraron las costillas, a Juan Antonio le dislocaron un brazo y a Jesús Iván le reventaron el tímpano de un oído.
Fueron declarados inocentes por un Tribunal Oral colegiado al dejar “sin valor las autoincriminaciones de los tres procesados y las imputaciones de un testigo –Francisco Javier Sariñana, al señalar que también fue coaccionado…”. (Ibídem).
En el juicio fue determinante la contradicción entre el agente ministerial que los detuvo y las declaraciones de los acusados. En tanto el primero sostuvo que fueron detenidos luego de cobrar una cuota por “derecho de piso”, los acusados arguyeron que fueron sacados de sus casas por los agentes.
Luego demostrarían que fueron torturados. Este caso aparece en el informe anual de Amnistía Internacional 2013.
“Con ellos son más de 20 las personas liberadas en los pasados 12 meses después que se comprobó que fueron aprehendidos durante el operativo Conjunto Chihuahua (vigente de 2008 a 2012) y sometidos a tortura por militares o agentes policiacos”. (Nota de Rubén Villalpando, La Jornada, 13/VI/14).
¿Estará funcionando bien la aplicación de justicia? Semanas atrás, al detener al presunto asesino de los abogados, Salvador Urbina Quiroz y César Cordero Gutiérrez, se informó que había entrado y salido de la cárcel siete veces, por haber recibido, tanto de jueces de Garantía (estatal), como de Distrito (federal), sentencias con los beneficios de la libertad condicional, la sustitución de la pena por jornadas de trabajo a favor de la comunidad y el pago de fianzas.
Y en otras ocasiones, algo que se va convirtiendo en un asunto cotidiano, los ministerios públicos, tanto estatales como federales, no pudieron aportar elementos para que fuera encarcelado.
Las consecuencias de hechos como los aquí relatados, son gravísimas. “Siete de cada 10 asesinatos cometidos en el año 2013 siguen impunes. Durante este periodo, los tribunales de Garantía únicamente resolvieron la situación jurídica de 136 acusados del delito de homicidio de los 485 que se registraron en la ciudad (Juárez)”, según datos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE). (Nota de El Diario, 19/I/14). 
Es decir, mientras en ese lapso casi 500 personas fueron asesinadas, sólo se había resuelto el 28% de esos crímenes.
Las otras dos consecuencias mayores estriba en que al detener a quienes no se les comprueba participación en los delitos, pues sólo tienen su declaración arrancada a base de tortura, los verdaderos delincuentes siguen libres; o si, por el contrario, sí son responsables  de los delitos imputados, al no investigar y obtener evidencias en su contra, son liberados por falta de pruebas y… tortura.
O cambiamos tal situación o la impunidad seguirá imperando entre nosotros.
Escuche, de lunes a viernes a las 6 pm, en Chihuahua, Aserto Radio 102.5FM, o por www.antenafm.mx

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF