El Diario, 28 de octubre de 2010
Luis Javier Valero Flores
No se pueden descalificar a bote pronto las reacciones de una sociedad tan agraviada como la chihuahuense, y especialmente la juarense, pero deberá llamarse al atemperamiento, a la cordura, al uso de las mejores herramientas de la razón. Y si tales llamados se deben hacer al seno de la sociedad, se hacen extensivos –y más obligados están– a los integrantes de la clase política.
Los efectos de la exhibición del video, transmitido por YouTube, y que consternó a los chihuahuenses, muestran palmariamente la necesidad de hacer esos llamados.
¿Cómo estaremos, que infinidad de ciudadanos, al ver el video de las declaraciones del hermano de la ex procuradora Patricia González, efectuadas en las peores condiciones para otorgarle algún grado de credibilidad, creyeron todo a pie juntillas y se lanzaron en acres críticas a la ex procuradora y la señalaron como la responsable de todos los males ocurridos en la entidad en los últimos seis años? Más aún, en los programas radiofónicos a los que tuvieron acceso algunos ciudadanos en la capital del estado, ayer, en la práctica, efectuaron un linchamiento mediático.
En tal episodio mostramos, como sociedad, los efectos de toda una vida –bueno, por lo menos en los últimos 40 años– sometidos a la formación –y deseducación– a través de la televisión, lo que ha generado escasas capacidades para razonar, para reflexionar y para acopiar una elevada ausencia de cultura política (y de la otra también).
Lo primero que se debe hacer en episodios como el ahora abordado será plantearse si lo que vemos en la pantalla tiene dosis de credibilidad, si la persona que “confiesa” lo hace por su propia voluntad, si tiene condiciones adecuadas para efectuar tales aseveraciones, si no está coaccionada física, moral o sicológicamente.
Luego, preguntarse si las declaraciones arrancadas del modo que lo hicieron con Mario González Rodríguez tienen visos de verdad, o si coinciden con la realidad, por lo menos hasta la que podemos tener al alcance.
Pues bien, El Diario-Juárez confrontó rápidamente, con la información a la mano, la “realidad” mostrada por las declaraciones de Mario González Rodríguez.
En su ‘declaración’, contenida en el video González Rodríguez, secuestrado desde el jueves, aseguró que a los periodistas Armando Rodríguez y Enrique Perea los mató ‘‘el comandante Chacón por instrucciones de la procuradora”. Sin embargo, según los ‘‘archivos periodísticos, la persona que González Rodríguez identifica como ‘‘el comandante Chacón’’ fue asesinado en febrero de 2008, nueve meses antes que el periodista Armando Rodríguez’’.
Luego, en el video, Mario González aseguró que a Julio Porras, ‘‘presunto narcotraficante, lo mandó matar su hermana Patricia González, operativo en el que participaron Pedro Sánchez y Gonzalo González’’.
Información que es desmentida por el hecho de que esta persona, de acuerdo con el archivo periodístico, en octubre de 2008 ‘‘fue detenido en Estados Unidos, está vivo y se encuentra en calidad de testigo protegido’’.
Más errores, mentiras e incongruencias. En el video, González afirma que a los integrantes de la comunidad de LeBaron los asesinó el Rickyn “Chavira”, cuando en realidad al que se le vincula a esos hechos es a Rickyn Escajeda.
Finalmente, al abogado Miguel Étzel Maldonado no lo asesinó un ‘‘comando de ministeriales” ordenado por la ex procuradora, como dice Mario González, sino una sola persona, que obedeció las órdenes, según las pesquisas hasta ahora efectuadas, por una persona relacionada ‘‘con La Línea’’. (Nota del Staff, Diario, 26/X/10).
Y esos son los casos más evidentes de mentiras incontrastables, seguramente, como lo es en toda guerra mediática, habrá cosas ciertas, porque los videos exhibidos de este modo no son más que meros instrumentos, de eso, de una guerra y la sociedad, y sobre todo los gobernantes, deberán asumir tal hecho.
Lo contrario significará sumirnos, aún más, en esta vorágine de sangre y encarnizada lucha por el poder y por el control de la sociedad. Eso es lo que está en juego.
jueves, 28 de octubre de 2010
martes, 26 de octubre de 2010
La guerra de los videos
El Diario, 26 de octubre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Si alguien tuviera dudas acerca de la guerra mediática sostenida por los cárteles del narcotráfico, el video difundido por YouTube desde la madrugada del lunes, en el que el hermano de la ex procuradora, Patricia González, Mario de los mismos apellidos, realiza diversas aseveraciones, al responder a un interrogatorio efectuado por una voz en off y custodiado por cinco personas enmascaradas, con indumentaria militar, es una clarísima, nefasta confirmación.
Meses atrás, cuando grupos criminales secuestraron a varios periodistas que cubrían los acontecimientos del penal de Gómez Palacio, tal enfrentamiento había llegado a niveles inconcebibles hasta entonces pues en esa ocasión el condicionante para liberarlos fue la transmisión de videos grabados en condiciones semejantes al que sacudió a Chihuahua –¿Y por qué no decirlo, también al país entero? – pues en éste se hacen señalamientos concretos en contra de varios funcionarios y ex funcionarios chihuahuenses y se acusa a la ex procuradora de ser la autora intelectual de infinidad de asesinatos, entre ellos los de los periodistas, Enrique Perea y Armando Rodríguez, así como del ex secretario de Elecciones del Comité Estatal del PRI, Miguel Étzel Maldonado.
Pero cuidado, mal haremos en creer a pie juntillas, sin más elementos que la exhibición de un video –grabado en circunstancias más que particulares–.
Y si esa conducta se asumiera por simples ciudadanos, sería malo, peor será si la asumen actores políticos, los que tienen la obligación de guardar en todo momento, y más en estos momentos, la mesura necesaria para entender que acciones como las comentadas ahora pueden ser dirigidas a quien sea, que en medio de la ilegalidad, como ahora ocurre, todos podemos ser víctimas de acciones incriminatorias, o peor aún, de acciones definitivas a manos de quienes no tienen ninguna autoridad para hacerlo, ni para esas, ni para ningunas otras.
En la hora en la que la oleada criminal alcanza cifras que ni en los peores momentos llegamos a pensar, que la racha homicida supera ya el espanto sufrido por el pasado, la única alternativa posible será confiar en la vigencia del estado de derecho, que la mesura sea el rasgo central de los gobernantes, más de los actuales, obligados como nadie a ejercer sus cargos con la conciencia plena de la responsabilidad otorgada por sus conciudadanos.
No es el momento para hacer concesiones propagandísticas, ni para sustentar sus acciones en la inmediatez, no están obligados a presentar resultados concretos inmediatos que resulten en lo contrario al paso de pocas semanas. Es de tal magnitud la crisis de seguridad pública que poco se ayudará a salir de ella si se piensa en que bastarán dos o tres golpes mediáticos para salir de ella, o para que la percepción ciudadana acerca de la seguridad mejore ostensiblemente.
Estamos en medio de una guerra –y por desgracia, no es la de Felipe Calderón en contra del crimen organizado, sino la de los cárteles entre sí– y, como las presentadas en la era moderna, incluye, también, alcanzar la victoria mediática. A eso están dirigidas acciones como la de la presentación del video de marras y las consecuencias, previstas por sus autores, abarcarán al total de las esferas de la sociedad chihuahuense, y más allá.
Insistir, en ese contexto, en que todos los responsables gubernamentales actúen en el marco de la legalidad, adquiere mayor importancia y deberá ser la premisa bajo la cual debiera actuar el total de la sociedad.
El uso de la ilegalidad, por cualquiera de los actores públicos, sólo puede llevarnos a situaciones aún peores –y las hay– pues al final de la jornada nos puede llevar a preguntarnos ¿Y quién cerrará la puerta, alegando que encarna la legalidad?
De ahí que lo conducente, a lo anterior, sea, también, exigirles a los gobernantes, a todos los funcionarios públicos, mesura, reflexión, tranquilidad; nada va a cambiar si las declaraciones altisonantes, viscerales, como las del senador panista, Ramón Galindo Noriega (quien declaró que “... las manos de José Reyes Baeza están cubiertas de sangre” y se debería pedir el arraigo de él y de Patricia González y extender la investigación “a otros gobernadores de Chihuahua”, como si lo exhibido en el video fuera la verdad) se deben guardar para otros momentos, los de las contiendas electorales; es el momento en que las fuerzas políticas, todas, reflexionen acerca del futuro, no sólo personal o partidario, sino de la nación entera, las bandas criminales lo han puesto en riesgo, preservarlo es fundamental.
A ello están obligados, en primer lugar, los actores políticos.
Luis Javier Valero Flores
Si alguien tuviera dudas acerca de la guerra mediática sostenida por los cárteles del narcotráfico, el video difundido por YouTube desde la madrugada del lunes, en el que el hermano de la ex procuradora, Patricia González, Mario de los mismos apellidos, realiza diversas aseveraciones, al responder a un interrogatorio efectuado por una voz en off y custodiado por cinco personas enmascaradas, con indumentaria militar, es una clarísima, nefasta confirmación.
Meses atrás, cuando grupos criminales secuestraron a varios periodistas que cubrían los acontecimientos del penal de Gómez Palacio, tal enfrentamiento había llegado a niveles inconcebibles hasta entonces pues en esa ocasión el condicionante para liberarlos fue la transmisión de videos grabados en condiciones semejantes al que sacudió a Chihuahua –¿Y por qué no decirlo, también al país entero? – pues en éste se hacen señalamientos concretos en contra de varios funcionarios y ex funcionarios chihuahuenses y se acusa a la ex procuradora de ser la autora intelectual de infinidad de asesinatos, entre ellos los de los periodistas, Enrique Perea y Armando Rodríguez, así como del ex secretario de Elecciones del Comité Estatal del PRI, Miguel Étzel Maldonado.
Pero cuidado, mal haremos en creer a pie juntillas, sin más elementos que la exhibición de un video –grabado en circunstancias más que particulares–.
Y si esa conducta se asumiera por simples ciudadanos, sería malo, peor será si la asumen actores políticos, los que tienen la obligación de guardar en todo momento, y más en estos momentos, la mesura necesaria para entender que acciones como las comentadas ahora pueden ser dirigidas a quien sea, que en medio de la ilegalidad, como ahora ocurre, todos podemos ser víctimas de acciones incriminatorias, o peor aún, de acciones definitivas a manos de quienes no tienen ninguna autoridad para hacerlo, ni para esas, ni para ningunas otras.
En la hora en la que la oleada criminal alcanza cifras que ni en los peores momentos llegamos a pensar, que la racha homicida supera ya el espanto sufrido por el pasado, la única alternativa posible será confiar en la vigencia del estado de derecho, que la mesura sea el rasgo central de los gobernantes, más de los actuales, obligados como nadie a ejercer sus cargos con la conciencia plena de la responsabilidad otorgada por sus conciudadanos.
No es el momento para hacer concesiones propagandísticas, ni para sustentar sus acciones en la inmediatez, no están obligados a presentar resultados concretos inmediatos que resulten en lo contrario al paso de pocas semanas. Es de tal magnitud la crisis de seguridad pública que poco se ayudará a salir de ella si se piensa en que bastarán dos o tres golpes mediáticos para salir de ella, o para que la percepción ciudadana acerca de la seguridad mejore ostensiblemente.
Estamos en medio de una guerra –y por desgracia, no es la de Felipe Calderón en contra del crimen organizado, sino la de los cárteles entre sí– y, como las presentadas en la era moderna, incluye, también, alcanzar la victoria mediática. A eso están dirigidas acciones como la de la presentación del video de marras y las consecuencias, previstas por sus autores, abarcarán al total de las esferas de la sociedad chihuahuense, y más allá.
Insistir, en ese contexto, en que todos los responsables gubernamentales actúen en el marco de la legalidad, adquiere mayor importancia y deberá ser la premisa bajo la cual debiera actuar el total de la sociedad.
El uso de la ilegalidad, por cualquiera de los actores públicos, sólo puede llevarnos a situaciones aún peores –y las hay– pues al final de la jornada nos puede llevar a preguntarnos ¿Y quién cerrará la puerta, alegando que encarna la legalidad?
De ahí que lo conducente, a lo anterior, sea, también, exigirles a los gobernantes, a todos los funcionarios públicos, mesura, reflexión, tranquilidad; nada va a cambiar si las declaraciones altisonantes, viscerales, como las del senador panista, Ramón Galindo Noriega (quien declaró que “... las manos de José Reyes Baeza están cubiertas de sangre” y se debería pedir el arraigo de él y de Patricia González y extender la investigación “a otros gobernadores de Chihuahua”, como si lo exhibido en el video fuera la verdad) se deben guardar para otros momentos, los de las contiendas electorales; es el momento en que las fuerzas políticas, todas, reflexionen acerca del futuro, no sólo personal o partidario, sino de la nación entera, las bandas criminales lo han puesto en riesgo, preservarlo es fundamental.
A ello están obligados, en primer lugar, los actores políticos.
domingo, 24 de octubre de 2010
Imparable, ni Marisol podrá
El Diario, 24 de octubre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Irrefrenable, la ola homicida todo lo avasalla a su paso. Apenas el estado empezaba a asimilar la aprobación de las reformas al Código Penal, que incluyen la creación de la prisión vitalicia (eufemismo para sustituir el caduco término –La ONU dixit– de cadena perpetua), el país iniciaba la discusión acerca de la pertinencia de tales modificaciones, cuando al mundo entero lo asombró el anuncio del alcalde de Praxedis G. Guerrero, al nombrar a la joven Marisol Valles como nueva jefa de la policía de ese municipio.
No nos reponíamos aún de la sorpresa cuando ya nos informaban de la desaparición del hermano de la ex procuradora, Patricia González, Mario, y los señalamientos en contra de los dos en sendas narcomantas colocadas en la capital del estado, y en eso nos estalló en la cara una masacre más. Ahora de 12 jovencitos y una madre de familia (al momento de escribir estas líneas aún se debatían entre la vida y la muerte tres o cuatro víctimas más) y por lo menos dos decenas de heridos.
Ese salvaje operativo constituyó la más tajante evidencia acerca de la irracionalidad y absoluto desprecio por la legalidad por parte de quienes integran las bandas criminales y que el agravamiento de las penas en muy poco les preocupan. Se pueden instituir las más severas penas que para ellos no significará prácticamente nada, que al fin y al cabo impera la más gigantesca impunidad.
Así sea tímidamente, quizá con una inimaginable dosis de ingenuidad, Marisol y el alcalde praxedisense, José Luis Guerrero de la Peña, quisieron aportar sus propias visiones de cómo afrontar a las bandas de narcotraficantes. En sus primeras declaraciones lo esboza bien Marisol, que no se dedicará a las labores propias de la policía, que se dedicará a imbuir en la población los valores de la prevención del delito, que el resto de las tareas deberán desempeñarlas las policías facultadas y preparadas para ello.
De tan sólo veinte años de edad y próxima a graduarse como Licenciada en Criminología en una escuela particular de Juárez afirma que no se meterá “con el crimen organizado. Voy a tocar puerta por puerta para hacer labor social en las familias y dar orientación preventiva”, que su meta son los programas para “recomponer el tejido social del poblado, para lo cual tendrá 13 policías bajo su cargo que visitarán a las familias para darles diversas pláticas” y que de los robos “y demás delitos comunes, el Alcalde deberá tomar las decisiones”.
Ni siquiera porta armas.
Quizá tuviese razón, pero lo que ha sucedido, y sucede en el municipio en el cual ya es la principal responsable de la seguridad pública es para ponerse a temblar.
El Valle de Juárez, donde se encuentran ubicados los municipios de Praxedis G. Guerrero y Guadalupe Distrito Bravo, es una de las zonas más importantes en el tráfico de drogas, mercancías y vehículos, y ocupa, por tanto, un lugar estratégico en la disputa de los cárteles pues ahí desembocan infinidad de veredas procedentes del sur de la entidad y desde ahí se envían no pocas cantidades de drogas a los Estados Unidos.
La ola criminal ahí desatada ha abarcado a por lo menos un presidente municipal, dos ex presidentes municipales, dos regidores, a una ex regidora y, en general, a no menos de 20 funcionarios municipales.
Cobijados bajo el manto de la violencia en Juárez, ambos municipios poseen, sin embargo, y por su escasa población los más elevados índices de violencia en el país, y puede afirmarse sin lugar a dudas, del planeta entero.
Por supuesto, la importancia de Juárez acapara la atención mundial, pero la tragedia del Valle de Juárez es inconmensurable. Si hubiese que comparar la migración sufrida por estos dos municipios con la sufrida por Juárez significaría que algo así como cerca del medio millón de personas hubiesen emigrado del antiguo Paso del Norte a causa de la violencia.
Los hechos violentos acaecidos en esa zona estremecen. En marzo mataron al comisariado ejidal de El Porvenir, del municipio de Praxedis G. Guerrero, Manuel Morales Lerma. La Procuraduría Estatal reportó que hasta el 20 de junio de este año la delincuencia organizada había matado a más de 80 personas levantado a una docena y había quemado 15 casas en las dos semanas más recientes a esa fecha. En enero, la activista y ex regidora del PRD Josefina Reyes fue ejecutada. El año anterior habían asesinado a una regidora del PAN en Praxedis y a otra del PRI en Guadalupe. El 28 de marzo, en Praxedis tuvieron un día de más horror, ese día fueron asesinadas varias personas y la comandancia de policía fue rafagueada.
En las elecciones de julio se requirieron elementos militares para abrir casillas en el Valle de Juárez. El 17 de octubre, nuevamente, Praxedis se convirtió en tema de las noticias nacionales, asesinaron al presidente seccional de El Porvenir, Rito Grado Serrano y en el curso del año los centros de salud debieron cerrar y el Valle de Juárez quedó excluido de los programas de impartición de pláticas sobre seguridad que aplicaba la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
La exigüidad de los recursos lo ilustra el hecho de que ambos municipios sólo cuentan con seis policías cada uno.
El 4 de abril, un grupo armado incendió el templo del Sagrado Corazón en la comunidad de El Porvenir, municipio de Praxedis G. Guerrero. “Arrojaron botellas llenas de gasolina, pero no se quemó todo porque hombres del pueblo corrieron a sofocar el fuego cuando los atacantes habían huido”, dijeron testigos. Ese día había sido señalado por las bandas criminales como el plazo máximo para que los habitantes de ambos municipios se retirasen. Hasta esa fecha se contabilizaban alrededor de 80 asesinatos en el año.
Por si fuera poco el tamaño de la tragedia y el desamparo de la población, diversos habitantes denunciaron que a pesar de que la iglesia en llamas se encontraba a cuatro cuadras del campamento militar, los mílites se tardaron ¡tres horas en llegar a resguardarla.
Tan salvaje, primitiva e irracional ola criminal, llevada a las frías estadísticas, pone los pelos de punta.
Ciudad Juárez, con una población de poco más de 1 millón de personas, se habían presentado, hasta la primera semana de octubre, incluidos los municipios del Valle de Juárez, 2 mil 364 asesinatos, que llevaría la tasa de homicidios a la increíble cifra de 214 por cada 100 mil habitantes.
Si tal cálculo se hiciese en el municipio de Praxedis G. Guerrero, con base en el recuento efectuado por el escribiente, a partir de las notas periodísticas publicadas (lo que conlleva a un respetable margen de error, por desgracia no a la baja, sino al alza) que concluyó en por lo menos 43 ejecuciones, hasta el 20 de octubre, resultaría que en el municipio cuya seguridad pública está a cargo de Marisol Valles, la tasa de homicidios sería de 537.5 por cada 100 mil habitantes, muy cercana a la alcanzada por Cali en la década de los 90’s, que ascendió a 720, (según datos otorgados por José Luis Jáquez) en el curso del año más violento, cifra que seguramente será rebasada en Praxedis en lo que resta del año, a juzgar porque el año anterior se presentaron, oficialmente, 50 homicidios por los 69 del vecino municipio de Guadalupe Distrito Bravos.
Sirva de comparación, también, que el municipio de Chihuahua contaba, según el censo del 2005, con una población de 758 mil 791 habitantes. Si esa cifra la cerráramos en 830 mil por el crecimiento poblacional y la suma de los otros municipios de esta zona, y con poco más de mil asesinatos, hasta lo que va del año, resultaría que la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes rebasaría los 130.
Más, sirva sólo como una referencia de la devastación sufrida por Juárez y sus zonas aledañas sirva la de que la sección amarilla del directorio telefónico “contiene apenas una tercera parte del volumen de hojas que tenía hace dos años”, pues, según los distribuidores de mismo, innumerables negocios –más de 10 mil, de acuerdo con fuentes empresariales– “cerraron sus puertas o decidieron no seguir promocionándose por la crisis delictiva y económica, así como a la migración de los pobladores”. (Nota de Rocío Gallegos, El Diario, 8/6/10).
Si la devastación en Juárez es de esas dimensiones, imaginémonos la de Praxedis, inconmensurablemente superior.
Tan siniestra realidad no parece que sea superada con acciones como la del nombramiento de Marisol y, por desgracia, tampoco con la elevación de las penas, pasa, y ese es requisito fundamental, por atacar, de raíz, a la impunidad.
Luis Javier Valero Flores
Irrefrenable, la ola homicida todo lo avasalla a su paso. Apenas el estado empezaba a asimilar la aprobación de las reformas al Código Penal, que incluyen la creación de la prisión vitalicia (eufemismo para sustituir el caduco término –La ONU dixit– de cadena perpetua), el país iniciaba la discusión acerca de la pertinencia de tales modificaciones, cuando al mundo entero lo asombró el anuncio del alcalde de Praxedis G. Guerrero, al nombrar a la joven Marisol Valles como nueva jefa de la policía de ese municipio.
No nos reponíamos aún de la sorpresa cuando ya nos informaban de la desaparición del hermano de la ex procuradora, Patricia González, Mario, y los señalamientos en contra de los dos en sendas narcomantas colocadas en la capital del estado, y en eso nos estalló en la cara una masacre más. Ahora de 12 jovencitos y una madre de familia (al momento de escribir estas líneas aún se debatían entre la vida y la muerte tres o cuatro víctimas más) y por lo menos dos decenas de heridos.
Ese salvaje operativo constituyó la más tajante evidencia acerca de la irracionalidad y absoluto desprecio por la legalidad por parte de quienes integran las bandas criminales y que el agravamiento de las penas en muy poco les preocupan. Se pueden instituir las más severas penas que para ellos no significará prácticamente nada, que al fin y al cabo impera la más gigantesca impunidad.
Así sea tímidamente, quizá con una inimaginable dosis de ingenuidad, Marisol y el alcalde praxedisense, José Luis Guerrero de la Peña, quisieron aportar sus propias visiones de cómo afrontar a las bandas de narcotraficantes. En sus primeras declaraciones lo esboza bien Marisol, que no se dedicará a las labores propias de la policía, que se dedicará a imbuir en la población los valores de la prevención del delito, que el resto de las tareas deberán desempeñarlas las policías facultadas y preparadas para ello.
De tan sólo veinte años de edad y próxima a graduarse como Licenciada en Criminología en una escuela particular de Juárez afirma que no se meterá “con el crimen organizado. Voy a tocar puerta por puerta para hacer labor social en las familias y dar orientación preventiva”, que su meta son los programas para “recomponer el tejido social del poblado, para lo cual tendrá 13 policías bajo su cargo que visitarán a las familias para darles diversas pláticas” y que de los robos “y demás delitos comunes, el Alcalde deberá tomar las decisiones”.
Ni siquiera porta armas.
Quizá tuviese razón, pero lo que ha sucedido, y sucede en el municipio en el cual ya es la principal responsable de la seguridad pública es para ponerse a temblar.
El Valle de Juárez, donde se encuentran ubicados los municipios de Praxedis G. Guerrero y Guadalupe Distrito Bravo, es una de las zonas más importantes en el tráfico de drogas, mercancías y vehículos, y ocupa, por tanto, un lugar estratégico en la disputa de los cárteles pues ahí desembocan infinidad de veredas procedentes del sur de la entidad y desde ahí se envían no pocas cantidades de drogas a los Estados Unidos.
La ola criminal ahí desatada ha abarcado a por lo menos un presidente municipal, dos ex presidentes municipales, dos regidores, a una ex regidora y, en general, a no menos de 20 funcionarios municipales.
Cobijados bajo el manto de la violencia en Juárez, ambos municipios poseen, sin embargo, y por su escasa población los más elevados índices de violencia en el país, y puede afirmarse sin lugar a dudas, del planeta entero.
Por supuesto, la importancia de Juárez acapara la atención mundial, pero la tragedia del Valle de Juárez es inconmensurable. Si hubiese que comparar la migración sufrida por estos dos municipios con la sufrida por Juárez significaría que algo así como cerca del medio millón de personas hubiesen emigrado del antiguo Paso del Norte a causa de la violencia.
Los hechos violentos acaecidos en esa zona estremecen. En marzo mataron al comisariado ejidal de El Porvenir, del municipio de Praxedis G. Guerrero, Manuel Morales Lerma. La Procuraduría Estatal reportó que hasta el 20 de junio de este año la delincuencia organizada había matado a más de 80 personas levantado a una docena y había quemado 15 casas en las dos semanas más recientes a esa fecha. En enero, la activista y ex regidora del PRD Josefina Reyes fue ejecutada. El año anterior habían asesinado a una regidora del PAN en Praxedis y a otra del PRI en Guadalupe. El 28 de marzo, en Praxedis tuvieron un día de más horror, ese día fueron asesinadas varias personas y la comandancia de policía fue rafagueada.
En las elecciones de julio se requirieron elementos militares para abrir casillas en el Valle de Juárez. El 17 de octubre, nuevamente, Praxedis se convirtió en tema de las noticias nacionales, asesinaron al presidente seccional de El Porvenir, Rito Grado Serrano y en el curso del año los centros de salud debieron cerrar y el Valle de Juárez quedó excluido de los programas de impartición de pláticas sobre seguridad que aplicaba la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
La exigüidad de los recursos lo ilustra el hecho de que ambos municipios sólo cuentan con seis policías cada uno.
El 4 de abril, un grupo armado incendió el templo del Sagrado Corazón en la comunidad de El Porvenir, municipio de Praxedis G. Guerrero. “Arrojaron botellas llenas de gasolina, pero no se quemó todo porque hombres del pueblo corrieron a sofocar el fuego cuando los atacantes habían huido”, dijeron testigos. Ese día había sido señalado por las bandas criminales como el plazo máximo para que los habitantes de ambos municipios se retirasen. Hasta esa fecha se contabilizaban alrededor de 80 asesinatos en el año.
Por si fuera poco el tamaño de la tragedia y el desamparo de la población, diversos habitantes denunciaron que a pesar de que la iglesia en llamas se encontraba a cuatro cuadras del campamento militar, los mílites se tardaron ¡tres horas en llegar a resguardarla.
Tan salvaje, primitiva e irracional ola criminal, llevada a las frías estadísticas, pone los pelos de punta.
Ciudad Juárez, con una población de poco más de 1 millón de personas, se habían presentado, hasta la primera semana de octubre, incluidos los municipios del Valle de Juárez, 2 mil 364 asesinatos, que llevaría la tasa de homicidios a la increíble cifra de 214 por cada 100 mil habitantes.
Si tal cálculo se hiciese en el municipio de Praxedis G. Guerrero, con base en el recuento efectuado por el escribiente, a partir de las notas periodísticas publicadas (lo que conlleva a un respetable margen de error, por desgracia no a la baja, sino al alza) que concluyó en por lo menos 43 ejecuciones, hasta el 20 de octubre, resultaría que en el municipio cuya seguridad pública está a cargo de Marisol Valles, la tasa de homicidios sería de 537.5 por cada 100 mil habitantes, muy cercana a la alcanzada por Cali en la década de los 90’s, que ascendió a 720, (según datos otorgados por José Luis Jáquez) en el curso del año más violento, cifra que seguramente será rebasada en Praxedis en lo que resta del año, a juzgar porque el año anterior se presentaron, oficialmente, 50 homicidios por los 69 del vecino municipio de Guadalupe Distrito Bravos.
Sirva de comparación, también, que el municipio de Chihuahua contaba, según el censo del 2005, con una población de 758 mil 791 habitantes. Si esa cifra la cerráramos en 830 mil por el crecimiento poblacional y la suma de los otros municipios de esta zona, y con poco más de mil asesinatos, hasta lo que va del año, resultaría que la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes rebasaría los 130.
Más, sirva sólo como una referencia de la devastación sufrida por Juárez y sus zonas aledañas sirva la de que la sección amarilla del directorio telefónico “contiene apenas una tercera parte del volumen de hojas que tenía hace dos años”, pues, según los distribuidores de mismo, innumerables negocios –más de 10 mil, de acuerdo con fuentes empresariales– “cerraron sus puertas o decidieron no seguir promocionándose por la crisis delictiva y económica, así como a la migración de los pobladores”. (Nota de Rocío Gallegos, El Diario, 8/6/10).
Si la devastación en Juárez es de esas dimensiones, imaginémonos la de Praxedis, inconmensurablemente superior.
Tan siniestra realidad no parece que sea superada con acciones como la del nombramiento de Marisol y, por desgracia, tampoco con la elevación de las penas, pasa, y ese es requisito fundamental, por atacar, de raíz, a la impunidad.
jueves, 21 de octubre de 2010
Engaños y doble moral
El Diario, 21 de octubre de 2010
Luis Javier Valero Flores
A lo largo de cuatro años (casi) el discurso de Felipe Calderón ha sido el de recobrar los valores morales, que la lucha contra el crimen organizado tiene como sustento principal el recuperar el respeto a la legalidad y hacer prevalecer el estado de derecho.
Durante este tiempo, los funcionarios, dirigentes y activistas del Partido Acción Nacional han insistido fervorosamente en recuperar “los valores de la familia”, cualquier cosa que esto signifique. A su vez, comprometieron su palabra en hacer respetar la ley.
Sin embargo, dos hechos, ambos ligados a la lucha electoral y a la publicidad gubernamental (amén de otros casos) muestran fehacientemente el doble discurso de quienes ocupan hoy la principal responsabilidad política en el país.
Aprobada bajo un intenso fuego del duopolio televisivo, la reforma electoral del 2008 abrió una inmensa brecha entre los procesos electorales previos y los posteriores. Por lo menos esas eran las expectativas.
La reforma contenía un aspecto trascendental: por primera ocasión en la historia electoral se prohibía la contratación de propaganda política en los medios electrónicos. Y se les prohibía a todas las personas, físicas o morales; con ella, nuestro país se ponía en sintonía con los avances democráticos del mundo desarrollado en esta materia
Se pretendía otorgarle a los procesos electorales mayores rangos de equidad, disminuir la importancia e influencia de las aportaciones privadas, atenuar la influencia de los medios electrónicos en la decisión de los electores, fortalecer el espíritu inquisitivo de los ciudadanos, detonar el crecimiento territorial de los partidos y, por esta vía, convertirlos en organismo más ligados a los sentimientos, aspiraciones y requerimientos ciudadanos.
La reforma prohibió la publicidad personal o la dirigida a ensalzar a los gobernantes, por esas razones desaparecieron los mensajes personales de los gobernantes, salvo, y ahí se hicieron grandes concesiones, a unos cuantos días previos y otros posteriores a la presentación de los informes gubernamentales.
El duopolio luchó encarnizadamente contra tal reforma. No ha cejado en ese propósito y la actual administración, por otras vías, les ha pagado generosamente.
Ahí aparece el doble discurso de Calderón. Con motivo de las doce elecciones estatales del pasado 4 de julio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a raíz de la transmisión de un mensaje en cadena nacional, denunciado por el PRI, lo encontró responsable de haber violado el marco legal electoral, pero se declaró incapaz de aplicar alguna sanción.
Abierta la vía, ahora la Presidencia de la República, dueña de un increíble marco de impunidad, transmite en todas las estaciones de radio y televisión, en los tiempos oficiales, decenas de miles de anuncios, en los que se pregonan los beneficios de los programas gubernamentales realizados por “¡el gobierno del presidente de la república”
¿Qué cosa significa lo anterior? ¿Dónde se encuentra tal figura gubernamental?
¡Ah, cuántas chicanadas ¡Cuántos modos de evadir, eludir, defraudar a la ley, todo en aras de difundir su escasa obra gubernamental y el tremendo fracaso de la actual administración
¿Cómo explican tan desmesurado fraude? ¿Cómo compaginarlo con las “frases y el ideario de Gómez Morín” que tanto pregonan en sus discursos los actuales gobernantes?
La frase de los spots debería culminar con “el gobierno de Felipe Calderón, presidente de la república” ha hecho tal y cual cosa.
No, con tal de engañar, de engatusar con su doble lenguaje recurren a estratagemas verdaderamente inaceptables.
¿Y los otros, porqué no protestan?
¡Ah, po’s es que se están esperando a hacer lo mismo, o parecido ¡Y luego se desgañitan pidiendo que respetemos la ley
Luis Javier Valero Flores
A lo largo de cuatro años (casi) el discurso de Felipe Calderón ha sido el de recobrar los valores morales, que la lucha contra el crimen organizado tiene como sustento principal el recuperar el respeto a la legalidad y hacer prevalecer el estado de derecho.
Durante este tiempo, los funcionarios, dirigentes y activistas del Partido Acción Nacional han insistido fervorosamente en recuperar “los valores de la familia”, cualquier cosa que esto signifique. A su vez, comprometieron su palabra en hacer respetar la ley.
Sin embargo, dos hechos, ambos ligados a la lucha electoral y a la publicidad gubernamental (amén de otros casos) muestran fehacientemente el doble discurso de quienes ocupan hoy la principal responsabilidad política en el país.
Aprobada bajo un intenso fuego del duopolio televisivo, la reforma electoral del 2008 abrió una inmensa brecha entre los procesos electorales previos y los posteriores. Por lo menos esas eran las expectativas.
La reforma contenía un aspecto trascendental: por primera ocasión en la historia electoral se prohibía la contratación de propaganda política en los medios electrónicos. Y se les prohibía a todas las personas, físicas o morales; con ella, nuestro país se ponía en sintonía con los avances democráticos del mundo desarrollado en esta materia
Se pretendía otorgarle a los procesos electorales mayores rangos de equidad, disminuir la importancia e influencia de las aportaciones privadas, atenuar la influencia de los medios electrónicos en la decisión de los electores, fortalecer el espíritu inquisitivo de los ciudadanos, detonar el crecimiento territorial de los partidos y, por esta vía, convertirlos en organismo más ligados a los sentimientos, aspiraciones y requerimientos ciudadanos.
La reforma prohibió la publicidad personal o la dirigida a ensalzar a los gobernantes, por esas razones desaparecieron los mensajes personales de los gobernantes, salvo, y ahí se hicieron grandes concesiones, a unos cuantos días previos y otros posteriores a la presentación de los informes gubernamentales.
El duopolio luchó encarnizadamente contra tal reforma. No ha cejado en ese propósito y la actual administración, por otras vías, les ha pagado generosamente.
Ahí aparece el doble discurso de Calderón. Con motivo de las doce elecciones estatales del pasado 4 de julio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a raíz de la transmisión de un mensaje en cadena nacional, denunciado por el PRI, lo encontró responsable de haber violado el marco legal electoral, pero se declaró incapaz de aplicar alguna sanción.
Abierta la vía, ahora la Presidencia de la República, dueña de un increíble marco de impunidad, transmite en todas las estaciones de radio y televisión, en los tiempos oficiales, decenas de miles de anuncios, en los que se pregonan los beneficios de los programas gubernamentales realizados por “¡el gobierno del presidente de la república”
¿Qué cosa significa lo anterior? ¿Dónde se encuentra tal figura gubernamental?
¡Ah, cuántas chicanadas ¡Cuántos modos de evadir, eludir, defraudar a la ley, todo en aras de difundir su escasa obra gubernamental y el tremendo fracaso de la actual administración
¿Cómo explican tan desmesurado fraude? ¿Cómo compaginarlo con las “frases y el ideario de Gómez Morín” que tanto pregonan en sus discursos los actuales gobernantes?
La frase de los spots debería culminar con “el gobierno de Felipe Calderón, presidente de la república” ha hecho tal y cual cosa.
No, con tal de engañar, de engatusar con su doble lenguaje recurren a estratagemas verdaderamente inaceptables.
¿Y los otros, porqué no protestan?
¡Ah, po’s es que se están esperando a hacer lo mismo, o parecido ¡Y luego se desgañitan pidiendo que respetemos la ley
martes, 19 de octubre de 2010
Bajar el IVA, contramarcha
Luis Javier Valero Flores
Con de no entenderse. Primero pactaron subir el IVA, a condición de que no se pactara alianza alguna, ni en Oaxaca, ni en ningún otro estado, pero fundamentalmente en el Estado de México, luego, traicionados por Felipe Calderón pues sí se realizó la alianza en Oaxaca y ahora se cocina en el Estado de México, en los días recientes, los priístas se lanzaron como el “Borras” a decirle a la patria entera que ellos sí bajarían el IVA a los términos de antes de las traiciones.
Pero ahora nos dicen que no, que ya la pensaron mejor, que las finanzas públicas (sobre todo las estatales) se salvarán si mantenemos ese impuesto en los niveles solicitados por los panistas que en el caso de Chihuahua, según el Secretario de Hacienda estatal, Cristian Rodallegas, significaría una disminución de cerca de 384 millones de pesos, lo que sumados a los más de 300 millones por el no pago de tenencia vehicular le abriría tremendo boquete a las finanzas estatales.
El domingo en la noche –pa’ que vean que ellos sí trabajan, hasta en días y horas inhábiles– dieciocho gobernadores en funciones y electos del PRI; la presidenta del partido, Beatriz Paredes, y los coordinadores parlamentarios del Congreso de la Unión acordaron “proponerles” a sus legisladores federales se pronuncien en contra de la medida que en los últimos días tanto vistió al priísmo nacional.
Estudiadas las cuentas, analizadas las desventajas, sobre todo al momento de evaluar qué tantos dineros perderían los mandatarios estatales, y sobre todo los elegidos el 4 de julio, pues enfrentarán un muy inseguro fin de año debido a los desfalcos que encontrarán –o encontraron– resolvieron enviarles señales muy distintas a las que ofrecieron en sus muy recientes campañas electorales.
Nuevamente, como cuando los funcionarios federales, especialmente los de Hacienda, les pintaron el negro panorama económico (muy distinto a las expresiones públicas, en las que destilan optimismo irredento), en esta ocasión los gobernadores se volvieron extremadamente sensibles a los informes de los funcionarios de esa misma dependencia, que los amenazó con una muy sensible baja de las participaciones federales a las entidades y llegaron a la conclusión de “comunicarles” a sus diputados y senadores que habrán de bajarle a sus pretensiones “populistas” y aterrizar en la terrible conclusión que no habrá disminución del IVA.
¡Ah pero eso sí, las gasolinas y energéticos en lo general siguen su interminable ascenso y ante esas alzas, nuestros legisladores locales sólo atinan a aprobar “respetables” exhortaciones
Ante panorama tan desolador, en el que no se aprecian intenciones de efectuar una drástica modificación a la estructura fiscal del país, y en el que la violencia se asume como el más importante de nuestros problemas, pero que, por desgracia, no lo es, y tampoco es de dimensiones menores, la crisis económica se afianza en la mayor parte de la población, aunque la crisis de seguridad pública hace que se soslaye.
A donde volteemos, las principales medidas anticrisis contienen en un grado de elevada importancia la disminución de los impuestos y la de las tasas de interés (y en este caso, de bajas sensibles), cosa que ni los encargados del Poder Ejecutivo, ni los del Legislativo (que, además, lo son en la mayoría de las entidades y de los congresos estatales) tienen contemplada como eje central de un programa de tales características.
Sirva de ejemplo, solamente, que para atenuar los efectos de las devastaciones climáticas, o las generadas por la inseguridad pública, los mandatarios estatales de una docena de entidades han solicitado el establecimiento de regímenes fiscales de excepción, cosa que le ocurre, por otro lado, a todo el país y sin que aparezca, por ningún motivo, la menor intención de cambiar el esquema tributario del país, fincado casi exclusivamente en hacer de una parte de la población el principal apoyo fiscal.
Sí, porque entre el IVA, los productos petroleros y el Impuesto Sobre la Renta pagados por los asalariados integran la mayor parte de los recursos recaudados por la administración federal.
Mientras no cambie tal realidad irán aumentando el IVA y no cambiará la actual situación. Todo por respetarle a los más poderosos sus no pocos privilegios.
Con de no entenderse. Primero pactaron subir el IVA, a condición de que no se pactara alianza alguna, ni en Oaxaca, ni en ningún otro estado, pero fundamentalmente en el Estado de México, luego, traicionados por Felipe Calderón pues sí se realizó la alianza en Oaxaca y ahora se cocina en el Estado de México, en los días recientes, los priístas se lanzaron como el “Borras” a decirle a la patria entera que ellos sí bajarían el IVA a los términos de antes de las traiciones.
Pero ahora nos dicen que no, que ya la pensaron mejor, que las finanzas públicas (sobre todo las estatales) se salvarán si mantenemos ese impuesto en los niveles solicitados por los panistas que en el caso de Chihuahua, según el Secretario de Hacienda estatal, Cristian Rodallegas, significaría una disminución de cerca de 384 millones de pesos, lo que sumados a los más de 300 millones por el no pago de tenencia vehicular le abriría tremendo boquete a las finanzas estatales.
El domingo en la noche –pa’ que vean que ellos sí trabajan, hasta en días y horas inhábiles– dieciocho gobernadores en funciones y electos del PRI; la presidenta del partido, Beatriz Paredes, y los coordinadores parlamentarios del Congreso de la Unión acordaron “proponerles” a sus legisladores federales se pronuncien en contra de la medida que en los últimos días tanto vistió al priísmo nacional.
Estudiadas las cuentas, analizadas las desventajas, sobre todo al momento de evaluar qué tantos dineros perderían los mandatarios estatales, y sobre todo los elegidos el 4 de julio, pues enfrentarán un muy inseguro fin de año debido a los desfalcos que encontrarán –o encontraron– resolvieron enviarles señales muy distintas a las que ofrecieron en sus muy recientes campañas electorales.
Nuevamente, como cuando los funcionarios federales, especialmente los de Hacienda, les pintaron el negro panorama económico (muy distinto a las expresiones públicas, en las que destilan optimismo irredento), en esta ocasión los gobernadores se volvieron extremadamente sensibles a los informes de los funcionarios de esa misma dependencia, que los amenazó con una muy sensible baja de las participaciones federales a las entidades y llegaron a la conclusión de “comunicarles” a sus diputados y senadores que habrán de bajarle a sus pretensiones “populistas” y aterrizar en la terrible conclusión que no habrá disminución del IVA.
¡Ah pero eso sí, las gasolinas y energéticos en lo general siguen su interminable ascenso y ante esas alzas, nuestros legisladores locales sólo atinan a aprobar “respetables” exhortaciones
Ante panorama tan desolador, en el que no se aprecian intenciones de efectuar una drástica modificación a la estructura fiscal del país, y en el que la violencia se asume como el más importante de nuestros problemas, pero que, por desgracia, no lo es, y tampoco es de dimensiones menores, la crisis económica se afianza en la mayor parte de la población, aunque la crisis de seguridad pública hace que se soslaye.
A donde volteemos, las principales medidas anticrisis contienen en un grado de elevada importancia la disminución de los impuestos y la de las tasas de interés (y en este caso, de bajas sensibles), cosa que ni los encargados del Poder Ejecutivo, ni los del Legislativo (que, además, lo son en la mayoría de las entidades y de los congresos estatales) tienen contemplada como eje central de un programa de tales características.
Sirva de ejemplo, solamente, que para atenuar los efectos de las devastaciones climáticas, o las generadas por la inseguridad pública, los mandatarios estatales de una docena de entidades han solicitado el establecimiento de regímenes fiscales de excepción, cosa que le ocurre, por otro lado, a todo el país y sin que aparezca, por ningún motivo, la menor intención de cambiar el esquema tributario del país, fincado casi exclusivamente en hacer de una parte de la población el principal apoyo fiscal.
Sí, porque entre el IVA, los productos petroleros y el Impuesto Sobre la Renta pagados por los asalariados integran la mayor parte de los recursos recaudados por la administración federal.
Mientras no cambie tal realidad irán aumentando el IVA y no cambiará la actual situación. Todo por respetarle a los más poderosos sus no pocos privilegios.
lunes, 18 de octubre de 2010
Bancarrotas públicas
El Diario, 17 de octubre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Por muchas razones, no todas relacionadas con la crisis de seguridad pública padecida en la mayor parte del país, la frase del gobernador electo de Sinaloa, Mario López Valdez (Malova), es harto representativa de las circunstancias políticas del momento actual. En la reunión celebrada entre los gobernadores elegidos el 4 de julio y Felipe Calderón el mochiteco dijo que “así hasta vergüenza da ser autoridad”.
No fue la única frase claridosa expresada por quien fuera postulado por la alianza PAN-PRD en Sinaloa, después de encabezar, por segundo sexenio consecutivo, las preferencias electorales de todas las encuestas. Al describir el grado de preparación y de combatividad de las policías de su entidad, dijo que “Los delincuentes se pasean por las calles y los policías no le entran, se acuartelan; no hay ningún respeto, ningún temor a la autoridad, ningún respeto por la ley”.
Pero si la seguridad pública es un verdadero dolor de cabeza para los nuevos gobernantes chihuahuenses, el estado de las finanzas de las administraciones que reciben les proporcionará otros verdaderos malos momentos… y para la sociedad, aún peor.
Más allá de los discursos de Héctor Murguía y de Marco Adán Quezada, en su respectiva toma de posesión, la realidad de sus municipios –y la visita de Felipe Calderón- apagaron casi inmediatamente las repercusiones de sus expresiones.
De acuerdo con las expresiones de algunos de los nuevos funcionarios, la salud financiera del gobierno estatal y las presidencias municipales de Juárez, Chihuahua y Cuauhtémoc no tiene nada de envidiable. Seguramente en el curso de los próximos días otros alcaldes darán a conocer condiciones semejantes y entraremos de lleno a la práctica, que ya es común en cada relevo gubernamental, consistente en que los nuevos gobernantes acudirán a todas las oficinas públicas relacionadas con el tema a fin de obtener algún adelantito, o un préstamo para costear los gastos del resto del año.
A tales gastos les sumarán los que deberán hacer en la liquidación de decenas, cientos de trabajadores, cuyo número excesivo ilustra el elevado patrimonialismo de quienes ejercieron la administración pública con tan malas artes.
Más aún, en otros casos deberemos asimilar el hecho de que en la parte final de los gobiernos anteriores se les ocurrió liquidar a mandos medios y superiores, en una franca simulación para evitar ser sancionados debido a la prohibición expresa del otorgamiento de bonos por término de la gestión.
Si esto es así, entonces deberán estudiarse todos los casos en los que funcionarios de los primeros niveles –sobre todo de las alcaldías de Juárez y Chihuahua- fueron liquidados, a pesar de la prohibición anterior.
En tal situación se encuentran Chihuahua y Juárez, cuya importancia es obvia por la dimensión de sus finanzas y por la presunción de no tan saludables prácticas de quienes dejaron la función pública municipal. En los últimos días de la administración del panista Alvaro Madero se informó de la liquidación de 180, así lo dijeron, trabajadores y funcionarios del municipio, anuncio que debe despertar todas las suspicacias del mundo pues, que se despida a trabajadores y se les paguen sus respectivas liquidaciones, no tiene nada de raro, ni de ilegal, pero que se les dé el mismo trato a los funcionarios, es ilegal, máxime si, como es el caso, existen antecedentes, de este año, en el que se otorgaron, en la práctica, verdaderos bonos de despedida a varios funcionarios municipales, amén de varios regidores de todos los partidos acreditados en el cabildo.
Según informaciones extraoficiales, lo mismo ocurrió en Juárez, en donde se otorgaron liquidaciones a funcionarios municipales y regidores, que ascendieron, en total, a un monto de 2 millones 195 mil pesos.
El desaseo, o la pretensión de hacer que las administraciones públicas se conviertan en verdaderos financiadoras de las actividades partidarias, hicieron engrosar las nóminas municipales, de ahí que en ambas ciudades ya se esté hablando del despido de cientos de trabajadores. En la capital, Marco Adán Quezada anunció el de 500 trabajadores, y si a esos le sumamos los 180 despedidos por Madero nos explicaremos el porqué el gasto corriente municipal es desmesurado.
Quizá al paso de los días, la frase de Quezada en su discurso de posesión, dirigida a Madero -”Es justo reconocer al alcalde Álvaro Madero que ha sido cuidadoso de la administración municipal”- quede rebasada por la realidad.
Más aún que el oficial mayor del Ayuntamiento, Juan Cinco Zamarrón, informó que “se han detectado una serie de irregularidades por parte de la anterior administración municipal durante el trámite de entrega-recepción”, principalmente de gastos injustificados, “mismos que tendrán que ser revisados para poder proceder de acuerdo a lo que la ley indique”.
Otro aspecto, muy grave, es el del endeudamiento de los gobiernos. El estatal atraviesa, de acuerdo con los reportes realizados por la nueva administración, por un endeudamiento de casi los 6 mil millones de pesos y en caja sólo hallaron 169 millones de pesos. (Compárese ese dato con el gasto corriente mensual del municipio juarense que ronda los 140 millones de pesos). Ya se habla de la necesidad de solicitar un préstamo por 2 mil millones de pesos para cumplir con los compromisos del resto del año. Si así fuera, entonces la deuda real, dejada por la administración de Reyes Baeza, ascendería a casi 8 mil millones de pesos.
Algo semejante deberán afrontar los juarenses pues en la caja municipal sólo encontraron 900 mil pesos y una deuda de alrededor de mil 200 millones de pesos, aunque hay versiones que apuntan a los mil 500, además de que se dejó de pagar, por meses, el Impuesto Sobre la Renta de los trabajadores, el Fideicomiso Paso del Norte y hasta el teléfono, servicio que le fue cortado al ayuntamiento en los últimos días de Reyes Ferriz, además de las demandas levantadas en contra del Ayuntamiento.
No sucede cosa semejante en Chihuahua, en cuanto al endeudamiento, pero sí en cuanto al número de trabajadores, de las liquidaciones efectuadas y el estado en el que encontraron a la policía municipal. Aunque el viernes anterior ya se hablaba de algunas irregularidades financieras, lo cierto es que de mil policías sólo 300 se encontraban patrullando la ciudad, razón que explica, por sí sola, la elevada tardanza con la que solían acudir a los llamados en el pasado gobierno municipal.
Por su parte, la construcción del relleno sanitario en Cuauhtémoc y los dimes y diretes entre los funcionarios salientes y los entrantes llegaron al extremo de intercambiar verdaderos insultos. Seguramente que en los próximos días habremos de saber de verdaderas novedades. Habrá oportunidad de comentarlos.
Pero si entre todos los acontecimientos políticos hubo que fuera estridente ese lo fue la conducta del ex alcalde juarense, José Reyes Ferriz, quien en dos entrevistas a El Diario, edición Juárez y una a la revista Proceso, literalmente acusó al ex gobernador Reyes Baeza de ser el principal obstáculo en el combate a la narcoviolencia en Juárez.
El recuento de su gestión lo hizo el mismo ex munícipe: Cerca de 7 mil muertos, entre ellos 190 policías; 10 mil huérfanos, 250 mil juarenses que emigraron a causa de la violencia; el cierre de 10 mil negocios; la pérdida de 130 mil empleos; 25 mil viviendas abandonadas y la existencia de 80 mil adictos. Además, la OCCh le costó al municipio la friolera de 400 millones de pesos, pues la multimencionada ayuda federal no venía acompañada de los gastos de la estancia de los agrupamientos, ya sea militares o de la Policía Federal, aunque sí habrá de destacarse que los militares fueron infinitamente menos costosos que los polifederales pues aquellos no fueron hospedados en los hoteles de cuatro y cinco estrellas y el municipio debió pagarles a éstos los bonos de estímulos y sobresueldos ordenados por el gobierno federal.
De ese modo, las tronantes declaraciones del alcalde saliente de Juárez, José Reyes Ferriz, en las que le endilgó toda la responsabilidad del fracaso del combate a la violencia en esa ciudad a Reyes Baeza, y efectuadas solo hasta a unos cuantos días antes del término de su gestión, pone de manifiesto que no había la más remota posibilidad de que la Operación Coordinada Chihuahua (y su nombre anterior) correspondiera a tal denominación pues sabidas son las discrepancias existentes entre los mandos federales y los estatales –nomás recordemos que llegó un momento en que el ejército demandó al Secretario de Seguridad Pública Estatal, Víctor Valencia, por el asunto de los permisos de portación de armas de la ¡Cipol y de agentes encargados de la custodia de diversos empresarios-, a las que ahora debemos sumar las existentes entre los jefes del ejecutivo estatal y municipal.
Hoy, toda una región del norte de Chihuahua sufre los efectos de tales querellas.
ABRAZO.- Con fuerte abrazo a Sérbulo Lerma, en los aciagos momentos por los que pasa, ante la pérdida de su madre, Doña Elvira Carbajal Vda. de Lerma.
Luis Javier Valero Flores
Por muchas razones, no todas relacionadas con la crisis de seguridad pública padecida en la mayor parte del país, la frase del gobernador electo de Sinaloa, Mario López Valdez (Malova), es harto representativa de las circunstancias políticas del momento actual. En la reunión celebrada entre los gobernadores elegidos el 4 de julio y Felipe Calderón el mochiteco dijo que “así hasta vergüenza da ser autoridad”.
No fue la única frase claridosa expresada por quien fuera postulado por la alianza PAN-PRD en Sinaloa, después de encabezar, por segundo sexenio consecutivo, las preferencias electorales de todas las encuestas. Al describir el grado de preparación y de combatividad de las policías de su entidad, dijo que “Los delincuentes se pasean por las calles y los policías no le entran, se acuartelan; no hay ningún respeto, ningún temor a la autoridad, ningún respeto por la ley”.
Pero si la seguridad pública es un verdadero dolor de cabeza para los nuevos gobernantes chihuahuenses, el estado de las finanzas de las administraciones que reciben les proporcionará otros verdaderos malos momentos… y para la sociedad, aún peor.
Más allá de los discursos de Héctor Murguía y de Marco Adán Quezada, en su respectiva toma de posesión, la realidad de sus municipios –y la visita de Felipe Calderón- apagaron casi inmediatamente las repercusiones de sus expresiones.
De acuerdo con las expresiones de algunos de los nuevos funcionarios, la salud financiera del gobierno estatal y las presidencias municipales de Juárez, Chihuahua y Cuauhtémoc no tiene nada de envidiable. Seguramente en el curso de los próximos días otros alcaldes darán a conocer condiciones semejantes y entraremos de lleno a la práctica, que ya es común en cada relevo gubernamental, consistente en que los nuevos gobernantes acudirán a todas las oficinas públicas relacionadas con el tema a fin de obtener algún adelantito, o un préstamo para costear los gastos del resto del año.
A tales gastos les sumarán los que deberán hacer en la liquidación de decenas, cientos de trabajadores, cuyo número excesivo ilustra el elevado patrimonialismo de quienes ejercieron la administración pública con tan malas artes.
Más aún, en otros casos deberemos asimilar el hecho de que en la parte final de los gobiernos anteriores se les ocurrió liquidar a mandos medios y superiores, en una franca simulación para evitar ser sancionados debido a la prohibición expresa del otorgamiento de bonos por término de la gestión.
Si esto es así, entonces deberán estudiarse todos los casos en los que funcionarios de los primeros niveles –sobre todo de las alcaldías de Juárez y Chihuahua- fueron liquidados, a pesar de la prohibición anterior.
En tal situación se encuentran Chihuahua y Juárez, cuya importancia es obvia por la dimensión de sus finanzas y por la presunción de no tan saludables prácticas de quienes dejaron la función pública municipal. En los últimos días de la administración del panista Alvaro Madero se informó de la liquidación de 180, así lo dijeron, trabajadores y funcionarios del municipio, anuncio que debe despertar todas las suspicacias del mundo pues, que se despida a trabajadores y se les paguen sus respectivas liquidaciones, no tiene nada de raro, ni de ilegal, pero que se les dé el mismo trato a los funcionarios, es ilegal, máxime si, como es el caso, existen antecedentes, de este año, en el que se otorgaron, en la práctica, verdaderos bonos de despedida a varios funcionarios municipales, amén de varios regidores de todos los partidos acreditados en el cabildo.
Según informaciones extraoficiales, lo mismo ocurrió en Juárez, en donde se otorgaron liquidaciones a funcionarios municipales y regidores, que ascendieron, en total, a un monto de 2 millones 195 mil pesos.
El desaseo, o la pretensión de hacer que las administraciones públicas se conviertan en verdaderos financiadoras de las actividades partidarias, hicieron engrosar las nóminas municipales, de ahí que en ambas ciudades ya se esté hablando del despido de cientos de trabajadores. En la capital, Marco Adán Quezada anunció el de 500 trabajadores, y si a esos le sumamos los 180 despedidos por Madero nos explicaremos el porqué el gasto corriente municipal es desmesurado.
Quizá al paso de los días, la frase de Quezada en su discurso de posesión, dirigida a Madero -”Es justo reconocer al alcalde Álvaro Madero que ha sido cuidadoso de la administración municipal”- quede rebasada por la realidad.
Más aún que el oficial mayor del Ayuntamiento, Juan Cinco Zamarrón, informó que “se han detectado una serie de irregularidades por parte de la anterior administración municipal durante el trámite de entrega-recepción”, principalmente de gastos injustificados, “mismos que tendrán que ser revisados para poder proceder de acuerdo a lo que la ley indique”.
Otro aspecto, muy grave, es el del endeudamiento de los gobiernos. El estatal atraviesa, de acuerdo con los reportes realizados por la nueva administración, por un endeudamiento de casi los 6 mil millones de pesos y en caja sólo hallaron 169 millones de pesos. (Compárese ese dato con el gasto corriente mensual del municipio juarense que ronda los 140 millones de pesos). Ya se habla de la necesidad de solicitar un préstamo por 2 mil millones de pesos para cumplir con los compromisos del resto del año. Si así fuera, entonces la deuda real, dejada por la administración de Reyes Baeza, ascendería a casi 8 mil millones de pesos.
Algo semejante deberán afrontar los juarenses pues en la caja municipal sólo encontraron 900 mil pesos y una deuda de alrededor de mil 200 millones de pesos, aunque hay versiones que apuntan a los mil 500, además de que se dejó de pagar, por meses, el Impuesto Sobre la Renta de los trabajadores, el Fideicomiso Paso del Norte y hasta el teléfono, servicio que le fue cortado al ayuntamiento en los últimos días de Reyes Ferriz, además de las demandas levantadas en contra del Ayuntamiento.
No sucede cosa semejante en Chihuahua, en cuanto al endeudamiento, pero sí en cuanto al número de trabajadores, de las liquidaciones efectuadas y el estado en el que encontraron a la policía municipal. Aunque el viernes anterior ya se hablaba de algunas irregularidades financieras, lo cierto es que de mil policías sólo 300 se encontraban patrullando la ciudad, razón que explica, por sí sola, la elevada tardanza con la que solían acudir a los llamados en el pasado gobierno municipal.
Por su parte, la construcción del relleno sanitario en Cuauhtémoc y los dimes y diretes entre los funcionarios salientes y los entrantes llegaron al extremo de intercambiar verdaderos insultos. Seguramente que en los próximos días habremos de saber de verdaderas novedades. Habrá oportunidad de comentarlos.
Pero si entre todos los acontecimientos políticos hubo que fuera estridente ese lo fue la conducta del ex alcalde juarense, José Reyes Ferriz, quien en dos entrevistas a El Diario, edición Juárez y una a la revista Proceso, literalmente acusó al ex gobernador Reyes Baeza de ser el principal obstáculo en el combate a la narcoviolencia en Juárez.
El recuento de su gestión lo hizo el mismo ex munícipe: Cerca de 7 mil muertos, entre ellos 190 policías; 10 mil huérfanos, 250 mil juarenses que emigraron a causa de la violencia; el cierre de 10 mil negocios; la pérdida de 130 mil empleos; 25 mil viviendas abandonadas y la existencia de 80 mil adictos. Además, la OCCh le costó al municipio la friolera de 400 millones de pesos, pues la multimencionada ayuda federal no venía acompañada de los gastos de la estancia de los agrupamientos, ya sea militares o de la Policía Federal, aunque sí habrá de destacarse que los militares fueron infinitamente menos costosos que los polifederales pues aquellos no fueron hospedados en los hoteles de cuatro y cinco estrellas y el municipio debió pagarles a éstos los bonos de estímulos y sobresueldos ordenados por el gobierno federal.
De ese modo, las tronantes declaraciones del alcalde saliente de Juárez, José Reyes Ferriz, en las que le endilgó toda la responsabilidad del fracaso del combate a la violencia en esa ciudad a Reyes Baeza, y efectuadas solo hasta a unos cuantos días antes del término de su gestión, pone de manifiesto que no había la más remota posibilidad de que la Operación Coordinada Chihuahua (y su nombre anterior) correspondiera a tal denominación pues sabidas son las discrepancias existentes entre los mandos federales y los estatales –nomás recordemos que llegó un momento en que el ejército demandó al Secretario de Seguridad Pública Estatal, Víctor Valencia, por el asunto de los permisos de portación de armas de la ¡Cipol y de agentes encargados de la custodia de diversos empresarios-, a las que ahora debemos sumar las existentes entre los jefes del ejecutivo estatal y municipal.
Hoy, toda una región del norte de Chihuahua sufre los efectos de tales querellas.
ABRAZO.- Con fuerte abrazo a Sérbulo Lerma, en los aciagos momentos por los que pasa, ante la pérdida de su madre, Doña Elvira Carbajal Vda. de Lerma.
jueves, 14 de octubre de 2010
¡Qué fiasco!
El Diario, 14 de octubre de 2010
Luis Javier Valero Flores
La desilusión sólo le llega a los que se ilusionan. A algunos –ojalá que no a muchos chihuahuenses les haya pasado– sí se les podría aplicar tal aforismo, pero es de tal gravedad la actual situación que era casi imposible no apostarle, con esperanza, a la reunión de los gobernadores, electos el 4 de julio pasado, con Felipe Calderón, y con las posturas que adoptase éste último.
La dimensión de la desesperanza provocada por los resultados de tal reunión es enorme, nunca pensamos que llegasen a las gubernaturas políticos con tan pocos atributos para asumirse como los hombres de Estado necesarios para afrontar la actual crisis de seguridad.
Señores, medio país está a punto de la parálisis económica, originada por las inercias estructurales y agravada por la guerra de los cárteles del narcotráfico, que han generado la peor ola delictiva (incluidos los delitos del orden común) de nuestra historia como país independiente, y ustedes sólo atinan a firmar un pacto plagado de lugares comunes, indefiniciones y abstracciones, hasta groseras, sobre todo para poblaciones como la del estado de Chihuahua en general, y la juarense en particular.
Salvo el anuncio de la creación de unidades especiales antisecuestro, el resto de los compromisos firmados son un verdadero monumento al lenguaje críptico, clásico de la clase político. Miren si no es cierto, se comprometieron a “Contar con elementos policíacos y de procuración de justicia confiables, implementar los mandos únicos, impulsar los diálogos por la seguridad en los estados, proporcionar seguridad a los ciudadanos que desarrollen tareas sensibles, generar inteligencia policial, reforzar operación de centros penitenciarios, impulsar políticas de prevención social de la violencia y el delito y gestionar los recursos públicos para la seguridad”.
Puras abstracciones.
No es lo más grave, algunos, ilusoriamente, pensábamos que esa reunión serviría para marcarle la línea a Felipe Calderón, a decirle lo que todos ellos se desgañitaron diciéndolo en sus respectivas campañas, que su estrategia estaba equivocada, que era necesario un cambio de rumbo, que en el combate al narcotráfico iban todos, pero que para definir las estrategias deberían tomarse en cuenta todas las opiniones de quienes tienen responsabilidades gubernamentales adquiridas por haberse ganado la confianza ciudadana.
Nada de eso recordaron, al contrario.
El otro aspecto, deplorable en grado máximo, es la increíble frivolidad de Calderón. No me refiero al desplante de anunciar que podría asistir al encuentro de las selecciones de futbol de Venezuela y México, sino al modo con el que encara reuniones como las del martes en Juárez y Chihuahua.
La celebrada en el antiguo Paso del Norte es emblemática en ese sentido. Ni él, ni el Secretario de Economía estaban al tanto del avance del proceso de regularización de vehículos “chuecos”; al Procurador General se le reclamaron las decenas de agentes del Ministerio Público federal a los que se habían comprometido enviar. Reconoció que no lo habían hecho, que existen en la entidad 71 agentes, 41 de ellos en Juárez y Calderón llegó al extremo de pedirles a los presentes le informaran de algunos abogados que quisiesen cubrir esas vacantes.
La pura improvisación ¿Acaso no tienen burócratas de lujo, para acopiar toda la información que presumiblemente le será solicitada en reuniones como las celebradas el martes y, por lo menos en el discurso, cumplirle a una sociedad tan agraviada como la chihuahuense?
De igual modo, ante la petición empresarial (y del gobernador César Duarte) para el establecimiento de un régimen fiscal de excepción, Calderón no atinó a responder cosa alguna. Quizá ya repuesto de la sorpresa, de su falta de preparación para afrontar sus compromisos ante los chihuahuenses, instruyó a su secretario de Hacienda a recibir a Duarte el día de hoy.
Y eso que visitó la ciudad más violenta del mundo.
De ahí el calificativo de frívolo.
Luis Javier Valero Flores
La desilusión sólo le llega a los que se ilusionan. A algunos –ojalá que no a muchos chihuahuenses les haya pasado– sí se les podría aplicar tal aforismo, pero es de tal gravedad la actual situación que era casi imposible no apostarle, con esperanza, a la reunión de los gobernadores, electos el 4 de julio pasado, con Felipe Calderón, y con las posturas que adoptase éste último.
La dimensión de la desesperanza provocada por los resultados de tal reunión es enorme, nunca pensamos que llegasen a las gubernaturas políticos con tan pocos atributos para asumirse como los hombres de Estado necesarios para afrontar la actual crisis de seguridad.
Señores, medio país está a punto de la parálisis económica, originada por las inercias estructurales y agravada por la guerra de los cárteles del narcotráfico, que han generado la peor ola delictiva (incluidos los delitos del orden común) de nuestra historia como país independiente, y ustedes sólo atinan a firmar un pacto plagado de lugares comunes, indefiniciones y abstracciones, hasta groseras, sobre todo para poblaciones como la del estado de Chihuahua en general, y la juarense en particular.
Salvo el anuncio de la creación de unidades especiales antisecuestro, el resto de los compromisos firmados son un verdadero monumento al lenguaje críptico, clásico de la clase político. Miren si no es cierto, se comprometieron a “Contar con elementos policíacos y de procuración de justicia confiables, implementar los mandos únicos, impulsar los diálogos por la seguridad en los estados, proporcionar seguridad a los ciudadanos que desarrollen tareas sensibles, generar inteligencia policial, reforzar operación de centros penitenciarios, impulsar políticas de prevención social de la violencia y el delito y gestionar los recursos públicos para la seguridad”.
Puras abstracciones.
No es lo más grave, algunos, ilusoriamente, pensábamos que esa reunión serviría para marcarle la línea a Felipe Calderón, a decirle lo que todos ellos se desgañitaron diciéndolo en sus respectivas campañas, que su estrategia estaba equivocada, que era necesario un cambio de rumbo, que en el combate al narcotráfico iban todos, pero que para definir las estrategias deberían tomarse en cuenta todas las opiniones de quienes tienen responsabilidades gubernamentales adquiridas por haberse ganado la confianza ciudadana.
Nada de eso recordaron, al contrario.
El otro aspecto, deplorable en grado máximo, es la increíble frivolidad de Calderón. No me refiero al desplante de anunciar que podría asistir al encuentro de las selecciones de futbol de Venezuela y México, sino al modo con el que encara reuniones como las del martes en Juárez y Chihuahua.
La celebrada en el antiguo Paso del Norte es emblemática en ese sentido. Ni él, ni el Secretario de Economía estaban al tanto del avance del proceso de regularización de vehículos “chuecos”; al Procurador General se le reclamaron las decenas de agentes del Ministerio Público federal a los que se habían comprometido enviar. Reconoció que no lo habían hecho, que existen en la entidad 71 agentes, 41 de ellos en Juárez y Calderón llegó al extremo de pedirles a los presentes le informaran de algunos abogados que quisiesen cubrir esas vacantes.
La pura improvisación ¿Acaso no tienen burócratas de lujo, para acopiar toda la información que presumiblemente le será solicitada en reuniones como las celebradas el martes y, por lo menos en el discurso, cumplirle a una sociedad tan agraviada como la chihuahuense?
De igual modo, ante la petición empresarial (y del gobernador César Duarte) para el establecimiento de un régimen fiscal de excepción, Calderón no atinó a responder cosa alguna. Quizá ya repuesto de la sorpresa, de su falta de preparación para afrontar sus compromisos ante los chihuahuenses, instruyó a su secretario de Hacienda a recibir a Duarte el día de hoy.
Y eso que visitó la ciudad más violenta del mundo.
De ahí el calificativo de frívolo.
martes, 12 de octubre de 2010
Calderón: ¿Nueva estrategia?
El Diario, 12 de octubre de 2010
Luis Javier Valero Flores
No sólo por las facultades expresas y las distintas responsabilidades de los diversos niveles de gobierno, sino por la capacidad y recursos de todo tipo bajo su mando, es el gobierno federal el principal responsable del combate al narcotráfico y en general al crimen organizado. Sin duda alguna, los gobiernos locales también tienen sus propias responsabilidades y los esfuerzos, o las omisiones que realicen en esa tarea deberán considerar tales limitantes.
Esas variantes deberán tomarse en cuenta al momento de resolver si en realidad se necesita un cambio tan drástico en materia de los organismos policiacos, con la propuesta de decretar la existencia de policías únicas, ya sea con la variante de 32 estatales o una sola policía nacional. Felipe Calderón ha insistido en que uno de los principales problemas en el combate a esos delitos lo constituyen las policías locales, dejando de lado que la infiltración de las policías federales es proverbial, tanto, que ha necesitado echar mano de las fuerzas armadas.
Por ello importa reflexionar sobre la que parece ser ya una determinación del nuevo gobierno estatal –y afirman los nuevos alcaldes de Juárez y Chihuahua– consensuada con los más altos mandos del Ejército Nacional, esto es, la de designar en los mandos de las direcciones de seguridad pública en Chihuahua a militares, ya sea en activo o retirados. Tal medida se ha decidido extender, al parecer, también a mandos inferiores e, incluso, en el caso de la Policía Única estatal, al total de sus integrantes.
En la elaboración de tal estrategia, indudablemente, influyó Felipe Calderón, y los gobernadores recientemente electos debieron coincidir, de tal modo que lo efectuado por los nuevos gobernantes chihuahuenses –y la decisión de realizar la reunión de ellos con Calderón– al parecer obedece a una estrategia nacional, en la cual va aparejada la intención de Calderón por sostener mejores relaciones con los mandatarios que las sostenidas por sus inmediatos antecesores. Ojalá así sea.
Si tal es el espíritu de colaboración y de coordinación entre esos dos niveles de gobierno, en los cuales participan militares en uno y otro, hará que se antoje inaceptable la falta de coordinación en el futuro entre las policías municipales, la estatal y las agrupaciones federales y más aún, que se alegue la diversa competencia para no emprender acciones certeras en el combate al narcotráfico y mejoramiento del resto de los índices delictivos.
Además, la incorporación de militares que ya cuentan con antecedentes de haberse desempeñado como mandos policiacos civiles, debiera convertirse en una drástica disminución de los ya preocupantes niveles de violación de los derechos humanos cometidos por elementos militares en distintos lugares del país y que ha motivado la disminución, o posposición, de la entrega de distintos recursos económicos internacionales, equipos y armas, debido a las cláusulas de los convenios referidos a tales rubros en los cuales se condiciona dicha entrega al respeto de las garantías constitucionales, por el ejército, de la población. Y ahí aparece otro signo preocupante, se dirá que, dada la gravedad de la situación, menor; pero no es así.
Tal hecho es el de la muy activa participación del embajador norteamericano, Carlos Pascual, en las reuniones de seguridad pública quien ha estado en Juárez en por lo menos tres ocasiones, todas originadas por el agravamiento de la inseguridad, pero en las que parece asistir a fiscalizar la actividad de los agrupamientos policiacos, en una inaceptable acción intervencionista, que no colaboradora en el combate al delito, independientemente del monto de los recursos aportados por el gobierno norteamericano, a través de la Iniciativa Mérida, notoriamente insuficientes para el tamaño del problema.
Finalmente, y dadas las nuevas circunstancias políticas, ojalá que los nuevos mandatarios asuman nuevas conductas y posturas frente al gobierno federal; no basta con declarar su apoyo a “la lucha de Felipe Calderón”, es insostenible asentar que alguno de los gobernadores no esté de acuerdo en tal combate, pero el apoyo no puede ser incondicional, es más que evidente el fracaso de la actual estrategia.
La simple suma a la acción federal no ha servido, son necesarias la discusión y las posturas auténticamente federalistas.
RECOMPENSAS
Publicada ayer la lista de varios de los supuestos integrantes del cártel de Juárez, por los cuales la PGR ofrece diversas recompensas, ojalá no nos vaya a resultar que alguno (s) o están encarcelados o ya murieron.
Luis Javier Valero Flores
No sólo por las facultades expresas y las distintas responsabilidades de los diversos niveles de gobierno, sino por la capacidad y recursos de todo tipo bajo su mando, es el gobierno federal el principal responsable del combate al narcotráfico y en general al crimen organizado. Sin duda alguna, los gobiernos locales también tienen sus propias responsabilidades y los esfuerzos, o las omisiones que realicen en esa tarea deberán considerar tales limitantes.
Esas variantes deberán tomarse en cuenta al momento de resolver si en realidad se necesita un cambio tan drástico en materia de los organismos policiacos, con la propuesta de decretar la existencia de policías únicas, ya sea con la variante de 32 estatales o una sola policía nacional. Felipe Calderón ha insistido en que uno de los principales problemas en el combate a esos delitos lo constituyen las policías locales, dejando de lado que la infiltración de las policías federales es proverbial, tanto, que ha necesitado echar mano de las fuerzas armadas.
Por ello importa reflexionar sobre la que parece ser ya una determinación del nuevo gobierno estatal –y afirman los nuevos alcaldes de Juárez y Chihuahua– consensuada con los más altos mandos del Ejército Nacional, esto es, la de designar en los mandos de las direcciones de seguridad pública en Chihuahua a militares, ya sea en activo o retirados. Tal medida se ha decidido extender, al parecer, también a mandos inferiores e, incluso, en el caso de la Policía Única estatal, al total de sus integrantes.
En la elaboración de tal estrategia, indudablemente, influyó Felipe Calderón, y los gobernadores recientemente electos debieron coincidir, de tal modo que lo efectuado por los nuevos gobernantes chihuahuenses –y la decisión de realizar la reunión de ellos con Calderón– al parecer obedece a una estrategia nacional, en la cual va aparejada la intención de Calderón por sostener mejores relaciones con los mandatarios que las sostenidas por sus inmediatos antecesores. Ojalá así sea.
Si tal es el espíritu de colaboración y de coordinación entre esos dos niveles de gobierno, en los cuales participan militares en uno y otro, hará que se antoje inaceptable la falta de coordinación en el futuro entre las policías municipales, la estatal y las agrupaciones federales y más aún, que se alegue la diversa competencia para no emprender acciones certeras en el combate al narcotráfico y mejoramiento del resto de los índices delictivos.
Además, la incorporación de militares que ya cuentan con antecedentes de haberse desempeñado como mandos policiacos civiles, debiera convertirse en una drástica disminución de los ya preocupantes niveles de violación de los derechos humanos cometidos por elementos militares en distintos lugares del país y que ha motivado la disminución, o posposición, de la entrega de distintos recursos económicos internacionales, equipos y armas, debido a las cláusulas de los convenios referidos a tales rubros en los cuales se condiciona dicha entrega al respeto de las garantías constitucionales, por el ejército, de la población. Y ahí aparece otro signo preocupante, se dirá que, dada la gravedad de la situación, menor; pero no es así.
Tal hecho es el de la muy activa participación del embajador norteamericano, Carlos Pascual, en las reuniones de seguridad pública quien ha estado en Juárez en por lo menos tres ocasiones, todas originadas por el agravamiento de la inseguridad, pero en las que parece asistir a fiscalizar la actividad de los agrupamientos policiacos, en una inaceptable acción intervencionista, que no colaboradora en el combate al delito, independientemente del monto de los recursos aportados por el gobierno norteamericano, a través de la Iniciativa Mérida, notoriamente insuficientes para el tamaño del problema.
Finalmente, y dadas las nuevas circunstancias políticas, ojalá que los nuevos mandatarios asuman nuevas conductas y posturas frente al gobierno federal; no basta con declarar su apoyo a “la lucha de Felipe Calderón”, es insostenible asentar que alguno de los gobernadores no esté de acuerdo en tal combate, pero el apoyo no puede ser incondicional, es más que evidente el fracaso de la actual estrategia.
La simple suma a la acción federal no ha servido, son necesarias la discusión y las posturas auténticamente federalistas.
RECOMPENSAS
Publicada ayer la lista de varios de los supuestos integrantes del cártel de Juárez, por los cuales la PGR ofrece diversas recompensas, ojalá no nos vaya a resultar que alguno (s) o están encarcelados o ya murieron.
domingo, 10 de octubre de 2010
Calderón-Duarte ¿Nuevas reglas?
El Diario, 10 de octubre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Son tantos los acontecimientos de la última semana que es imposible abordar alguno y no dejar fuera del tintero los demás, a cual más de importantes. Seguramente, por el peso específico propio, por la importancia, por las trágicas consecuencias que genera y por el tiempo e interés que el nuevo gobernante chihuahuense, César Duarte, le dedicó al tema de la seguridad pública, este debiera ser el tema central de hoy.
A él están ligadas ¡Pero si cómo no las estridentes declaraciones publicadas ayer por El Diario-Juárez del hasta ayer alcalde juarense, Reyes Ferriz, en las que acusó al ex gobernador Reyes Baeza de bloquear las acciones contra la narcoviolencia, frases que se sumaron a las expresadas el miércoles en las que, aseveró, que oportunistas y falsos redentores estorbaron su gestión. Así que, no indaguemos mucho para evaluar la obra del alcalde de la ciudad más violenta del mundo que hoy se va, todos los demás tuvieron la parte principal de la responsabilidad de la gravísima situación por la que atraviesa el antiguo Paso del Norte.
Indudablemente preocupado por la situación con la que asume el gobierno, Duarte fijó como su principal prioridad la recuperación de la seguridad pública y dijo querer ser recordado como el gobernante que puso orden en Chihuahua.
A juzgar por sus primeros actos de gobierno, el nombramiento de Carlos Manuel Salas en la Fiscalía General –hombre reputado como de los enérgicos– y a un militar retirado, Julián David Rivera Bretón, en la dirección de la Policía Única y el anuncio del llamado a que los restantes puestos de mando de la dependencia sean ocupados por militares, además de que en Juárez ya fue nombrado un mílite para ocupar la Dirección de Seguridad Pública (cosa que también puede ocurrir en Chihuahua capital, de acuerdo con las expresiones del hasta ayer alcalde electo, Marco Adán Quezada) podemos avizorar que tal tendencia será la imprimida por la actual administración estatal y que tales nombramientos se están haciendo de común acuerdo con la instancia militar.
En el pasado reciente tal modalidad ya era realidad en las policías municipales de las dos urbes mayores de Chihuahua, pero ahora abarcará a la policía estatal y de que se le apostará a la participación de militares en este cuerpo policiaco, independientemente del curso que tome la propuesta de Felipe Calderón de la creación de la policía nacional con mando único.
Del mismo modo, Duarte fue insistente –por sus primeros actos– en tratar de enviar la imagen de firmeza ante la ola delictiva, al enviar su iniciativa a fin de establecer la cadena perpetua a quienes se encuentre responsables de los delitos de extorsión, secuestro y homicidio múltiple, casi al mismo tiempo que la Cámara de Diputados aprobaba un endurecimiento de las penas en los dos primeros delitos, con el beneplácito de todas las fuerzas políticas, ¡aún del mismo PRD y la oposición del pequeño grupo de diputados leales a López Obrador, cobijados bajo las siglas del PT.
Pero más allá del discurso de toma de protesta de Duarte, dos hechos concitaron la atención: La presencia de la plana mayor priísta y la representación de Felipe Calderón.
En el primer caso fue impactante la manera en que la cúpula del PRI decidió hacerse presente en el acto del lunes anterior. Claro que en ello contó la labor de Duarte a su paso por la Presidencia de la Cámara de Diputados, pero se apreció la decisión de la dirigencia priísta por mostrar el “músculo”, precisamente en una entidad en la que el PAN había ostentado durante años ser una fuerza protagónica de primer orden.
Quizá no lo pensaron así, pero la presencia de tales actores políticos seguramente sirvió para enviarle un mensaje a Calderón acerca de la manera en que ha dirigido las acciones en contra del crimen organizado en la entidad que ocupa, y por mucho, el primer lugar nacional en ejecuciones.
En ese marco, el emplazamiento de Duarte a Calderón a revisar “en cien días” los primeros resultados de “nuestro compromiso de trabajar de manera coordinada (porque) tenemos una tarea compartida en el propósito de lograr cero impunidad, cero corrupción, cero contrabando, cero tráfico ilegal de armas y cero circulación ilegal de vehículos en Chihuahua” adquirió una inusitada fuerza política, ojalá que precursora de una nueva relación entre el gobierno local y el federal, a diferencia de los dos últimos años del gobierno de Reyes Baeza, en los cuales la coordinación de las fuerzas policiales existió sólo en la denominación del operativo cuyo nombre nadie recuerda ya, ahora.
Evidencia de que eran otras las expectativas de Duarte acerca de la representación de Felipe Calderón en el acto de su asunción al gobierno, es el de que en la versión de su discurso, enviada a las redacciones de los medios de comunicación, se dirige al Secretario de Gobernación al que le pide sea portavoz de un mensaje y una petición, “el mensaje es que Chihuahua, en la lucha contra el narcotráfico, lo respalda para ganar juntos esta batalla. Exprésele que mi Gobierno le ofrece tres compromisos fundamentales, orden institucional, con la nueva Fiscalía y la policía única, para evitar la dispersión que favorece a la criminalidad… Voluntad política, para la coordinación entre los poderes públicos. Impulsar una fuerza social que sea capaz de unificar lo diverso y lo disperso en un objetivo común” y su compromiso de “trabajar de manera coordinada”.
La respuesta a tales posturas, y seguramente a la presencia de la élite priísta, fue la convocatoria a una reunión de los gobernadores elegidos el 4 de julio pasado, con Felipe Calderón en Chihuahua, en la cual, además de discutir la crisis de seguridad pública, servirá, también, para el intento de Calderón por recomponer sus deterioradas relaciones con los actuales mandatarios, si es que tal es su propósito, o el de los nuevos mandatarios (incluidos los emanados de la alianza PAN-PRD) en establecer nuevas reglas para alcanzar la ansiada coordinación con la administración federal en ese rubro y que en el caso de Chihuahua sólo significó la existencia de determinaciones unilaterales y la pérdida de la conducción por parte de la administración estatal.
Los resultados no sólo están a la vista, sino, y es la tragedia del Chihuahua de hoy, bajo más de 8 mil sepulturas en el brevísimo lapso de dos años y medio.
Por ello importa insistir –como tantos lo dijeron en las mesas de trabajo, establecidas a partir de la masacre de Villas de Salvárcar en Juárez– en que lo prioritario es la reconstrucción –o la construcción– del tejido social y no solamente el combate violento a las fuerzas del crimen.
Para llevar a la práctica tales objetivos lo necesario será replantearse el modo en que se gastan los recursos públicos, a todos los niveles, sin una reingeniería del presupuesto estatal, por ejemplo, los ambiciosos planes propuestos por César Duarte serán imposibles de alcanzar, y sin esa visión por parte de la administración federal, menos.
Quizá en ello radique la importancia de tal reunión, porque asistirán quienes tienen un peso real en la Cámara de Diputados –probablemente poco menos de centenar y medio de diputados de tales entidades– pues su influencia es decisiva en tales legisladores, de tal modo que no es solamente la búsqueda de gestos de cortesía, los objetivos de ambas partes, tanto de Calderón, como de los gobernadores –unos pocos electos y aún sin tomar posesión, y la mayoría ya en funciones– que puede significarse como –ojalá así sea– un punto de inflexión en el modo que Calderón conduce sus fuerzas contra el crimen organizado, en especial el del tráfico de drogas.
Y si atender tal frente es verdaderamente importante, crucial para el Chihuahua de la actualidad, el nuevo gobernador debe afrontar otro, el interno. El enfrentamiento entre los equipos políticos de Reyes Ferriz y Héctor Murguía es de escándalo. Pero el ahora ex alcalde juarense abrió otro frente de batalla al señalar directamente al ex gobernador, Reyes Baeza, de cometer serias anomalías, que en todo caso coincidirían con los señalamientos hechos hace meses por la senadora panista, Teresa Ortuño, de que Baeza era responsable, por omisión, de diversas irregularidades en materia del tráfico de drogas.
Pero no solamente en Juárez se dan dichos enfrentamientos, en Cuauhtémoc, el edil saliente, Germán Hernández, acusó al entrante, Israel Beltrán, de provocar tal situación debido a “la inestabilidad emocional de éste. Al parecer, no es menor el diferendo pues Beltrán aduce que a pocos días de la ceremonia de entrega no tiene un reporte de la existencia de deudas, obras inconclusas y si éstas tienen el respaldo económico para continuarlas. (Nota de Viridiana Solís, El Diario, 8/10/10). Y, además, la existencia de serias diferencias entre los dos ediles por la construcción del relleno sanitario.
Pero esa es otra historia.
Luis Javier Valero Flores
Son tantos los acontecimientos de la última semana que es imposible abordar alguno y no dejar fuera del tintero los demás, a cual más de importantes. Seguramente, por el peso específico propio, por la importancia, por las trágicas consecuencias que genera y por el tiempo e interés que el nuevo gobernante chihuahuense, César Duarte, le dedicó al tema de la seguridad pública, este debiera ser el tema central de hoy.
A él están ligadas ¡Pero si cómo no las estridentes declaraciones publicadas ayer por El Diario-Juárez del hasta ayer alcalde juarense, Reyes Ferriz, en las que acusó al ex gobernador Reyes Baeza de bloquear las acciones contra la narcoviolencia, frases que se sumaron a las expresadas el miércoles en las que, aseveró, que oportunistas y falsos redentores estorbaron su gestión. Así que, no indaguemos mucho para evaluar la obra del alcalde de la ciudad más violenta del mundo que hoy se va, todos los demás tuvieron la parte principal de la responsabilidad de la gravísima situación por la que atraviesa el antiguo Paso del Norte.
Indudablemente preocupado por la situación con la que asume el gobierno, Duarte fijó como su principal prioridad la recuperación de la seguridad pública y dijo querer ser recordado como el gobernante que puso orden en Chihuahua.
A juzgar por sus primeros actos de gobierno, el nombramiento de Carlos Manuel Salas en la Fiscalía General –hombre reputado como de los enérgicos– y a un militar retirado, Julián David Rivera Bretón, en la dirección de la Policía Única y el anuncio del llamado a que los restantes puestos de mando de la dependencia sean ocupados por militares, además de que en Juárez ya fue nombrado un mílite para ocupar la Dirección de Seguridad Pública (cosa que también puede ocurrir en Chihuahua capital, de acuerdo con las expresiones del hasta ayer alcalde electo, Marco Adán Quezada) podemos avizorar que tal tendencia será la imprimida por la actual administración estatal y que tales nombramientos se están haciendo de común acuerdo con la instancia militar.
En el pasado reciente tal modalidad ya era realidad en las policías municipales de las dos urbes mayores de Chihuahua, pero ahora abarcará a la policía estatal y de que se le apostará a la participación de militares en este cuerpo policiaco, independientemente del curso que tome la propuesta de Felipe Calderón de la creación de la policía nacional con mando único.
Del mismo modo, Duarte fue insistente –por sus primeros actos– en tratar de enviar la imagen de firmeza ante la ola delictiva, al enviar su iniciativa a fin de establecer la cadena perpetua a quienes se encuentre responsables de los delitos de extorsión, secuestro y homicidio múltiple, casi al mismo tiempo que la Cámara de Diputados aprobaba un endurecimiento de las penas en los dos primeros delitos, con el beneplácito de todas las fuerzas políticas, ¡aún del mismo PRD y la oposición del pequeño grupo de diputados leales a López Obrador, cobijados bajo las siglas del PT.
Pero más allá del discurso de toma de protesta de Duarte, dos hechos concitaron la atención: La presencia de la plana mayor priísta y la representación de Felipe Calderón.
En el primer caso fue impactante la manera en que la cúpula del PRI decidió hacerse presente en el acto del lunes anterior. Claro que en ello contó la labor de Duarte a su paso por la Presidencia de la Cámara de Diputados, pero se apreció la decisión de la dirigencia priísta por mostrar el “músculo”, precisamente en una entidad en la que el PAN había ostentado durante años ser una fuerza protagónica de primer orden.
Quizá no lo pensaron así, pero la presencia de tales actores políticos seguramente sirvió para enviarle un mensaje a Calderón acerca de la manera en que ha dirigido las acciones en contra del crimen organizado en la entidad que ocupa, y por mucho, el primer lugar nacional en ejecuciones.
En ese marco, el emplazamiento de Duarte a Calderón a revisar “en cien días” los primeros resultados de “nuestro compromiso de trabajar de manera coordinada (porque) tenemos una tarea compartida en el propósito de lograr cero impunidad, cero corrupción, cero contrabando, cero tráfico ilegal de armas y cero circulación ilegal de vehículos en Chihuahua” adquirió una inusitada fuerza política, ojalá que precursora de una nueva relación entre el gobierno local y el federal, a diferencia de los dos últimos años del gobierno de Reyes Baeza, en los cuales la coordinación de las fuerzas policiales existió sólo en la denominación del operativo cuyo nombre nadie recuerda ya, ahora.
Evidencia de que eran otras las expectativas de Duarte acerca de la representación de Felipe Calderón en el acto de su asunción al gobierno, es el de que en la versión de su discurso, enviada a las redacciones de los medios de comunicación, se dirige al Secretario de Gobernación al que le pide sea portavoz de un mensaje y una petición, “el mensaje es que Chihuahua, en la lucha contra el narcotráfico, lo respalda para ganar juntos esta batalla. Exprésele que mi Gobierno le ofrece tres compromisos fundamentales, orden institucional, con la nueva Fiscalía y la policía única, para evitar la dispersión que favorece a la criminalidad… Voluntad política, para la coordinación entre los poderes públicos. Impulsar una fuerza social que sea capaz de unificar lo diverso y lo disperso en un objetivo común” y su compromiso de “trabajar de manera coordinada”.
La respuesta a tales posturas, y seguramente a la presencia de la élite priísta, fue la convocatoria a una reunión de los gobernadores elegidos el 4 de julio pasado, con Felipe Calderón en Chihuahua, en la cual, además de discutir la crisis de seguridad pública, servirá, también, para el intento de Calderón por recomponer sus deterioradas relaciones con los actuales mandatarios, si es que tal es su propósito, o el de los nuevos mandatarios (incluidos los emanados de la alianza PAN-PRD) en establecer nuevas reglas para alcanzar la ansiada coordinación con la administración federal en ese rubro y que en el caso de Chihuahua sólo significó la existencia de determinaciones unilaterales y la pérdida de la conducción por parte de la administración estatal.
Los resultados no sólo están a la vista, sino, y es la tragedia del Chihuahua de hoy, bajo más de 8 mil sepulturas en el brevísimo lapso de dos años y medio.
Por ello importa insistir –como tantos lo dijeron en las mesas de trabajo, establecidas a partir de la masacre de Villas de Salvárcar en Juárez– en que lo prioritario es la reconstrucción –o la construcción– del tejido social y no solamente el combate violento a las fuerzas del crimen.
Para llevar a la práctica tales objetivos lo necesario será replantearse el modo en que se gastan los recursos públicos, a todos los niveles, sin una reingeniería del presupuesto estatal, por ejemplo, los ambiciosos planes propuestos por César Duarte serán imposibles de alcanzar, y sin esa visión por parte de la administración federal, menos.
Quizá en ello radique la importancia de tal reunión, porque asistirán quienes tienen un peso real en la Cámara de Diputados –probablemente poco menos de centenar y medio de diputados de tales entidades– pues su influencia es decisiva en tales legisladores, de tal modo que no es solamente la búsqueda de gestos de cortesía, los objetivos de ambas partes, tanto de Calderón, como de los gobernadores –unos pocos electos y aún sin tomar posesión, y la mayoría ya en funciones– que puede significarse como –ojalá así sea– un punto de inflexión en el modo que Calderón conduce sus fuerzas contra el crimen organizado, en especial el del tráfico de drogas.
Y si atender tal frente es verdaderamente importante, crucial para el Chihuahua de la actualidad, el nuevo gobernador debe afrontar otro, el interno. El enfrentamiento entre los equipos políticos de Reyes Ferriz y Héctor Murguía es de escándalo. Pero el ahora ex alcalde juarense abrió otro frente de batalla al señalar directamente al ex gobernador, Reyes Baeza, de cometer serias anomalías, que en todo caso coincidirían con los señalamientos hechos hace meses por la senadora panista, Teresa Ortuño, de que Baeza era responsable, por omisión, de diversas irregularidades en materia del tráfico de drogas.
Pero no solamente en Juárez se dan dichos enfrentamientos, en Cuauhtémoc, el edil saliente, Germán Hernández, acusó al entrante, Israel Beltrán, de provocar tal situación debido a “la inestabilidad emocional de éste. Al parecer, no es menor el diferendo pues Beltrán aduce que a pocos días de la ceremonia de entrega no tiene un reporte de la existencia de deudas, obras inconclusas y si éstas tienen el respaldo económico para continuarlas. (Nota de Viridiana Solís, El Diario, 8/10/10). Y, además, la existencia de serias diferencias entre los dos ediles por la construcción del relleno sanitario.
Pero esa es otra historia.
jueves, 7 de octubre de 2010
¿Incompetencia mental?
El Diario, 7 de octubre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Acompañando en su dolor al amigo Manuel Valdez, ante la pérdida de su señora madre Doña María de los Angeles Serrano Vda. de Valdez.
La tónica marcada en su discurso por el gobernador chihuahuense, César Duarte, continúa. Quizá con el ánimo de infundir esperanza, certidumbre y optimismo a sus gobernados, el lunes apeló a varios de los sentimientos más enraizados en nuestros paisanos –el orgullo y la dignidad, la grandeza- pero también a los señalamientos directos a la situación prevaleciente en la entidad en el pasado inmediato. Tal orientación continúa en voz de varios de los nuevos funcionarios y del mismo parralense.
En los términos de las viejas usanzas priistas, la apariencia es que siguen un guión de ese origen al pie de la letra. Se decía –híjole, hace una friolera de años- que el mandatario recién instalado habría recibido de su antecesor tres sobres, el primero de los cuales decía que debería achacarle al gobernante anterior toda la culpa de los males recibidos; el segundo decía –probablemente, hace tanto tiempo que le perdí la huella- que debería preparar el relevo y el tercero simplemente decía que se debería preparar los tres sobres siguientes.
En esa orientación, en sus primeras declaraciones, ya como Fiscal General del Estado, Carlos Manuel Salas ya hizo su aportación al expresar que las autoridades, en muchas ocasiones, no combatieron delitos como el secuestro, la extorsión y el tráfico de drogas bajo el argumento de que no eran de su competencia, ahora no será así, dijo, y agregó: “Aquí vamos directo, sólido contra todos los delincuentes que han puesto en jaque a Chihuahua, no se vale que argumentemos incompetencia, eso es incompetencia mental, debemos de atacarlo todos juntos”.
Del mismo modo, al asumir su cargo, el nuevo Presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), Javier Ramírez Benítez, anunció una serie de medidas, entre las cuales mencionó preponderantemente las orientadas a evitar las prácticas nepotistas en el Poder Judicial, luego del escándalo originado por los nexos familiares del anterior presidente del STJ, Rodolfo Acosta Félix. Por si faltara algo en ese sentido, el mismísimo gobernador César Duarte Jáquez deploró el libertinaje “que en algún momento hubo en la procuración de justicia”, para lo cual anunció la colaboración entre los dos poderes a fin de poner término a tal situación.
Igual ha realizado en los últimos días de su mandato el alcalde juarense, José Reyes Ferriz quien en su último informe insistió en que llevó a cabo una depuración de la policía municipal, ya que “la que yo recibí estaba dentro de la delincuencia. Mi gobierno construyó nueva policía para que no abusara de nuestra comunidad, (porque) antes en las unidades de policía municipal se secuestraba, se extorsionaba… Ahora tenemos más de tres mil policías los cuales nunca más estarán en manos y a la orden del narco”.
Lo mismo ha hecho el nuevo grupo parlamentario del PAN, con la diferencia, pequeña cosa, que es el partido de la oposición mayoritaria y su conducta es una continuidad natural de la asumida en la segunda mitad del sexenio anterior.
Llegó, incluso, más lejos que otra fuerza política, al efectuar un inesperado reconocimiento al Fiscal General, en sus diferentes etapas previas de funcionario público, “sabemos que es gente comprometida con el Estado, con arraigo, lo hemos visto en Cd. Juárez… Hasta ahora siempre ha demostrado carácter y ha respondido a las tareas encomendadas”, dijeron los panistas ayer en el Congreso del Estado
¿Será?
¿No se estarán extralimitando en tales críticas y la creación de tan altas expectativas?
PREMIOS.- Una alegre, entusiasta y congratulada felicitación a las compañeras Sandra Rodríguez y Luz Sosa, periodistas de El Diario de Juárez por la obtención del Premio Internacional de Periodismo otorgado por el periódico español El Mundo. Otorgado por la calidad de sus trabajos y la valentía mostrada –así lo reconoció el jurado- en las condiciones extremas por las que se vive en el antiguo Paso del Norte. En ese reconocimiento va el total de quienes hacen posible la aparición cotidiana de El Diario.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
Acompañando en su dolor al amigo Manuel Valdez, ante la pérdida de su señora madre Doña María de los Angeles Serrano Vda. de Valdez.
La tónica marcada en su discurso por el gobernador chihuahuense, César Duarte, continúa. Quizá con el ánimo de infundir esperanza, certidumbre y optimismo a sus gobernados, el lunes apeló a varios de los sentimientos más enraizados en nuestros paisanos –el orgullo y la dignidad, la grandeza- pero también a los señalamientos directos a la situación prevaleciente en la entidad en el pasado inmediato. Tal orientación continúa en voz de varios de los nuevos funcionarios y del mismo parralense.
En los términos de las viejas usanzas priistas, la apariencia es que siguen un guión de ese origen al pie de la letra. Se decía –híjole, hace una friolera de años- que el mandatario recién instalado habría recibido de su antecesor tres sobres, el primero de los cuales decía que debería achacarle al gobernante anterior toda la culpa de los males recibidos; el segundo decía –probablemente, hace tanto tiempo que le perdí la huella- que debería preparar el relevo y el tercero simplemente decía que se debería preparar los tres sobres siguientes.
En esa orientación, en sus primeras declaraciones, ya como Fiscal General del Estado, Carlos Manuel Salas ya hizo su aportación al expresar que las autoridades, en muchas ocasiones, no combatieron delitos como el secuestro, la extorsión y el tráfico de drogas bajo el argumento de que no eran de su competencia, ahora no será así, dijo, y agregó: “Aquí vamos directo, sólido contra todos los delincuentes que han puesto en jaque a Chihuahua, no se vale que argumentemos incompetencia, eso es incompetencia mental, debemos de atacarlo todos juntos”.
Del mismo modo, al asumir su cargo, el nuevo Presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), Javier Ramírez Benítez, anunció una serie de medidas, entre las cuales mencionó preponderantemente las orientadas a evitar las prácticas nepotistas en el Poder Judicial, luego del escándalo originado por los nexos familiares del anterior presidente del STJ, Rodolfo Acosta Félix. Por si faltara algo en ese sentido, el mismísimo gobernador César Duarte Jáquez deploró el libertinaje “que en algún momento hubo en la procuración de justicia”, para lo cual anunció la colaboración entre los dos poderes a fin de poner término a tal situación.
Igual ha realizado en los últimos días de su mandato el alcalde juarense, José Reyes Ferriz quien en su último informe insistió en que llevó a cabo una depuración de la policía municipal, ya que “la que yo recibí estaba dentro de la delincuencia. Mi gobierno construyó nueva policía para que no abusara de nuestra comunidad, (porque) antes en las unidades de policía municipal se secuestraba, se extorsionaba… Ahora tenemos más de tres mil policías los cuales nunca más estarán en manos y a la orden del narco”.
Lo mismo ha hecho el nuevo grupo parlamentario del PAN, con la diferencia, pequeña cosa, que es el partido de la oposición mayoritaria y su conducta es una continuidad natural de la asumida en la segunda mitad del sexenio anterior.
Llegó, incluso, más lejos que otra fuerza política, al efectuar un inesperado reconocimiento al Fiscal General, en sus diferentes etapas previas de funcionario público, “sabemos que es gente comprometida con el Estado, con arraigo, lo hemos visto en Cd. Juárez… Hasta ahora siempre ha demostrado carácter y ha respondido a las tareas encomendadas”, dijeron los panistas ayer en el Congreso del Estado
¿Será?
¿No se estarán extralimitando en tales críticas y la creación de tan altas expectativas?
PREMIOS.- Una alegre, entusiasta y congratulada felicitación a las compañeras Sandra Rodríguez y Luz Sosa, periodistas de El Diario de Juárez por la obtención del Premio Internacional de Periodismo otorgado por el periódico español El Mundo. Otorgado por la calidad de sus trabajos y la valentía mostrada –así lo reconoció el jurado- en las condiciones extremas por las que se vive en el antiguo Paso del Norte. En ese reconocimiento va el total de quienes hacen posible la aparición cotidiana de El Diario.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
martes, 5 de octubre de 2010
¡Cuántas ganas de creer!
El Diario, 5 de octubre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Probablemente no lo quiso hacer así, y si optó por lo contrario no lo podremos saber, pero el primer discurso de César Duarte, el de la toma de posesión, se convirtió en una formidable crítica a su antecesor, pero no solo, sin nombrarlos, englobándolos en el concepto genérico de –gobierno– sus primeros pronunciamientos fueron cáusticos hasta el grado de desear que ojalá fuera recordado como el gobernador que “puso orden en Chihuahua”.
Y ese fue el eje central de su discurso, llamó a los chihuahuenses a rescatar el orgullo y dignidad de nuestro estado. De pasada defendió su decisión de celebrar el evento de ayer en un espacio público –para que los recupere la sociedad, dijo– y convocó a apoyar, defender y asumir su programa “Chihuahua vive”.
Porque, al igual que le sucedió en la campaña electoral, el tema de la seguridad pública acaparó la mayor de sus atenciones –y las de los miles de asistentes–, tanto, que opacó, igual que el resto de la obra pública del gobierno de Reyes Baeza, al resto de sus propuestas de carácter económico.
Hoy, sin afanes desmedidos, debemos reconocer que la suerte de la Patria se juega en Ciudad Juárez… Repito, señoras y señores, la suerte de la Patria se juega en Ciudad Juárez.
A la frontera le dedicó sendos pasajes, ambos de máxima importancia: “Con Chihuahua Vive recibirá el trato que merece del Gobierno del Estado y de la Federación”, y anunció que ha entablado “pláticas” con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para anunciar la creación de “un régimen fiscal de excepción para que nuestra frontera recupere la competitividad, el empleo, las oportunidades y la calidad de vida para todas sus familias”.
Cobijado por la élite del priísmo nacional –hasta por Gustavo Carvajal Moreno, ex líder nacional de su partido, ex de todos los cargos públicos en la década de los 70’s y 80’s– César Duarte elaboró un muy ambicioso programa de gobierno y una más que elevada lista de promesas ante la violencia que, dijo, se vive en el país y envuelve, también, a Chihuahua en lo que fue un velado deslinde de las críticas realizadas al gobierno de Reyes Baeza por el panismo, no sólo local sino nacional y ahí incurrió en lo que puede ser un asunto conceptual al decirle a los chihuahuenses que “su –nuestra– solidaridad me compromete aún más”.
No, la mayoría de los electores del primer domingo de julio no le entregaron su solidaridad sino su mandato para que atacara los gravísimos problemas por los que atravesamos y para que administre bien los recursos públicos estatales. Ahora él devolvió la pelota y planteó la conformación de un “pacto social” a fin de combatir a la inseguridad bajo el nombre de Chihuahua vive, frase con la que se culminó su discurso de ayer.
Lo prometido por Duarte es enorme, quizá superior a sus propias capacidades y a los retos presentes. Probablemente fuera lo que la mayoría de la sociedad quiso –quiere– escuchar pero se antoja mayor a las fuerzas, estructuras e inercias presentes en la sociedad chihuahuense de hoy.
Bueno, dijo que habría “cero impunidad, cero corrupción, cero contrabando, cero tráfico ilegal de armas y cero circulación ilegal de vehículos en Chihuahua”.
Del mismo modo, anunció que antes de un año la policía única funcionaría, ante una “autoridad incapaz de defender a la sociedad” y ante las evidentes fallas del sistema de justicia penal.
Más aún, al insistir en que habría de proponer cadena perpetua para los autores de los homicidios múltiples, secuestradores y extorsionadores pareciera un exceso, no sólo en el discurso, sino en la concepción de cómo atacar al crimen. Lo que padecemos no es un problema de falta de severidad de las penas –cerca del 95 por ciento de los delitos cometidos no son, ni siquiera, investigados–sino de la ineficacia en la procuración y aplicación de justicia. ¡Ah, pero cómo se obtienen consensos en ese tipo de discursos
La parte final del discurso merece un análisis más detallado, contiene una serie de propuestas de carácter social. El fin de semana habrá tiempo de comentarlas.
Por lo pronto, demos espacio a la esperanza, algo en lo que fue insistente el nuevo gobernador. Desafortunadamente, la desgracia abatida sobre Chihuahua es mayor, inconmensurablemente mayor; padecemos una crisis estructural y en ella va de todas las instituciones creadas bajo el viejo régimen.
Ese, quizá sea el reto verdadero, más que la administración de la crisis.
A ese tema volveremos.
PD.- ¿Por qué no mencionó entre los hombres importantes de Chihuahua a David Alfaro Siqueiros? ¿No será la hora de que le otorguemos el lugar que merece tan notable chihuahuense?
Luis Javier Valero Flores
Probablemente no lo quiso hacer así, y si optó por lo contrario no lo podremos saber, pero el primer discurso de César Duarte, el de la toma de posesión, se convirtió en una formidable crítica a su antecesor, pero no solo, sin nombrarlos, englobándolos en el concepto genérico de –gobierno– sus primeros pronunciamientos fueron cáusticos hasta el grado de desear que ojalá fuera recordado como el gobernador que “puso orden en Chihuahua”.
Y ese fue el eje central de su discurso, llamó a los chihuahuenses a rescatar el orgullo y dignidad de nuestro estado. De pasada defendió su decisión de celebrar el evento de ayer en un espacio público –para que los recupere la sociedad, dijo– y convocó a apoyar, defender y asumir su programa “Chihuahua vive”.
Porque, al igual que le sucedió en la campaña electoral, el tema de la seguridad pública acaparó la mayor de sus atenciones –y las de los miles de asistentes–, tanto, que opacó, igual que el resto de la obra pública del gobierno de Reyes Baeza, al resto de sus propuestas de carácter económico.
Hoy, sin afanes desmedidos, debemos reconocer que la suerte de la Patria se juega en Ciudad Juárez… Repito, señoras y señores, la suerte de la Patria se juega en Ciudad Juárez.
A la frontera le dedicó sendos pasajes, ambos de máxima importancia: “Con Chihuahua Vive recibirá el trato que merece del Gobierno del Estado y de la Federación”, y anunció que ha entablado “pláticas” con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para anunciar la creación de “un régimen fiscal de excepción para que nuestra frontera recupere la competitividad, el empleo, las oportunidades y la calidad de vida para todas sus familias”.
Cobijado por la élite del priísmo nacional –hasta por Gustavo Carvajal Moreno, ex líder nacional de su partido, ex de todos los cargos públicos en la década de los 70’s y 80’s– César Duarte elaboró un muy ambicioso programa de gobierno y una más que elevada lista de promesas ante la violencia que, dijo, se vive en el país y envuelve, también, a Chihuahua en lo que fue un velado deslinde de las críticas realizadas al gobierno de Reyes Baeza por el panismo, no sólo local sino nacional y ahí incurrió en lo que puede ser un asunto conceptual al decirle a los chihuahuenses que “su –nuestra– solidaridad me compromete aún más”.
No, la mayoría de los electores del primer domingo de julio no le entregaron su solidaridad sino su mandato para que atacara los gravísimos problemas por los que atravesamos y para que administre bien los recursos públicos estatales. Ahora él devolvió la pelota y planteó la conformación de un “pacto social” a fin de combatir a la inseguridad bajo el nombre de Chihuahua vive, frase con la que se culminó su discurso de ayer.
Lo prometido por Duarte es enorme, quizá superior a sus propias capacidades y a los retos presentes. Probablemente fuera lo que la mayoría de la sociedad quiso –quiere– escuchar pero se antoja mayor a las fuerzas, estructuras e inercias presentes en la sociedad chihuahuense de hoy.
Bueno, dijo que habría “cero impunidad, cero corrupción, cero contrabando, cero tráfico ilegal de armas y cero circulación ilegal de vehículos en Chihuahua”.
Del mismo modo, anunció que antes de un año la policía única funcionaría, ante una “autoridad incapaz de defender a la sociedad” y ante las evidentes fallas del sistema de justicia penal.
Más aún, al insistir en que habría de proponer cadena perpetua para los autores de los homicidios múltiples, secuestradores y extorsionadores pareciera un exceso, no sólo en el discurso, sino en la concepción de cómo atacar al crimen. Lo que padecemos no es un problema de falta de severidad de las penas –cerca del 95 por ciento de los delitos cometidos no son, ni siquiera, investigados–sino de la ineficacia en la procuración y aplicación de justicia. ¡Ah, pero cómo se obtienen consensos en ese tipo de discursos
La parte final del discurso merece un análisis más detallado, contiene una serie de propuestas de carácter social. El fin de semana habrá tiempo de comentarlas.
Por lo pronto, demos espacio a la esperanza, algo en lo que fue insistente el nuevo gobernador. Desafortunadamente, la desgracia abatida sobre Chihuahua es mayor, inconmensurablemente mayor; padecemos una crisis estructural y en ella va de todas las instituciones creadas bajo el viejo régimen.
Ese, quizá sea el reto verdadero, más que la administración de la crisis.
A ese tema volveremos.
PD.- ¿Por qué no mencionó entre los hombres importantes de Chihuahua a David Alfaro Siqueiros? ¿No será la hora de que le otorguemos el lugar que merece tan notable chihuahuense?
lunes, 4 de octubre de 2010
Agridulce
El Diario, 3 de octubre de 2010
Luis Javier Valero Flores
No podía ser de otra manera. Las caras tristes de la mayoría de los integrantes del gabinete de Reyes Baeza, las lágrimas de Claudia Garza y las de Lucía Chavira, así como, por momentos, el gesto nostálgico del todavía gobernador constitucional fueron el colofón de su sexenio.
Esas expresiones reflejaron el sinsabor de quienes tuvieron la responsabilidad de la conducción de la administración estatal durante los últimos seis años.
Pero no fueron las únicas manifestaciones de la terminación de ese sexenio. Dos de los más allegados al deliciense cometieron sendos errores que mostraron cuán flojos estaban ya los controles en el gobierno. La intempestiva salida de Saúl Hernández, director de la CIPOL, a unos cuantos días del fin de la gestión, informada como las vacaciones no tomadas por uno de los principales responsables de la seguridad pública en el estado y de la seguridad personal de Reyes Baeza, en medio de lo más enconado de la guerra entre los cárteles del narcotráfico y de la peor ola homicida en la capital del estado, es clara muestra de uno de los aspectos más criticables de la administración saliente.
Las consecuencias de tal acción pusieron en ridículo al gobierno de Chihuahua.
¿Cómo está eso de que se contrató a una empresa de seguridad, para ofrecerle seguridad a la dependencia encargada de la seguridad pública en la entidad?
¿A quién pertenece? ¿Es la única empresa que otorgó esos servicios al gobierno del estado?
¿Cómo está eso de que el director de CIPOL se va de vacaciones a quince días de entregar, y de que el mando operativo de la dependencia era un encargado y que sus funciones se constreñían a recibir el reporte diario de hechos?
¿Por qué no se dio un cese fulminante a Saúl Hernández en lugar de informar que el gobernador le pidió que regresara de sus vacaciones?
Y los antecedentes son muy oscuros. ¿Recuerda el ataque al convoy de Reyes Baeza? ¿Y la fuga de Crispín Borunda?
Pero no es el único caso de funcionarios que se toman las de Villadiego. Ahora resulta que en el Congreso del Estado, la mayoría saliente decidió aprobar una verdadera contrarreforma en materia de transparencia.
Así, a dos días del último informe de Reyes Baeza, los diputados del PRI, liderados por uno de los más cercanos a él –por lo menos en otros tiempos- se insurreccionaron. Corren los rumores que no atendieron los llamados de Sergio Granados, aún Secretario de Gobierno, y resolvieron que lo propuesto por el presidente del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), Fernando Medina, era de aprobarse y que quizá fue un postrer intento de Fernando Rodríguez Moreno, líder de los diputados priistas salientes, por fortalecer a algunos de los suyos.
Bueno, pues Reyes Baeza anunció que no publicaría esa contrarreforma, con lo que la responsabilidad se transmite a César Duarte.
Las modificaciones propuestas y aprobadas, intentan concentrar en la figura del presidente casi todas las decisiones administrativas, tales como la selección del personal, o bien su despido; la contratación de proveedurías o la adquisición de inmuebles; además, intentan adoptar, como nuevo marco legal, los criterios adoptados en el anterior Consejo del Ichitaip que consolidaron la opacidad y la negación de ese organismo por constituirse en verdadero garante del derecho de los ciudadanos al libre acceso a la información pública.
Más allá del conocimiento de los diputados salientes acerca de tal derecho (y seguramente la mayoría saldría reprobada) y de que se les supondría más atentos a los gestos de quien ejercerá la administración pública estatal a partir del lunes –algo a lo que siempre están muuuuy atentos- llama la atención el papelón de los diputados salientes del Verde, Panal y PT, ya acostumbrados a obedecer en todo a Rodríguez Moreno, y que lo siguieron hasta el último tramo. ¿Y los priistas? ¿Qué horas son, preguntó el líder parlamentario? Las que usted disponga, dijeron al unísono.
¡Híjole, qué ridículo!
Así, el robo al C-4 y la jugarreta congresual se constituyeron en un triste epílogo de la actual administración. No se podrá objetar la enorme obra construida, superior en más de un aspecto a la realizada en los sexenios anteriores, y cuyo origen debemos ubicarlo, para ser justos en la evaluación, en las nuevas reglas del reparto de recursos entre la federación y las entidades (que no obedece a la decisión de los gobernantes panistas, sino, sobre todo, es obvio, a los gobernadores priistas) y a los excedentes petroleros.
De ese modo, prácticamente no hay gobernador que no haya efectuado una vasta obra en materia de infraestructura. No se le quita méritos a Reyes Baeza, pero deberá evaluarse tomando en cuenta estos factores. En sus seis años de gestión se realizaron más obras que en 14 años anteriores.
Y lo mismo en educación. De acuerdo con la descentralización educativa, las entidades ahora manejan, también, el presupuesto que antes ejercía la federación para solventar el gasto en educación.
Debemos, en ambos aspectos, en todo caso, considerar las buenas artes de Reyes para incidir en el seno de la Conferencia de Gobernadores y en la buena relación sostenida, a pesar de todo, con Felipe Calderón que, a pesar de los dichos del panismo, aún prevalece la política discrecional en el manejo del presupuesto, como antes lo hacían los presidentes priistas, para obtener incrementos al presupuesto estatal.
Para su desgracia, Reyes Baeza será recordado como el mandatario de las cifras más altas de homicidios en el país y por la reforma penal. En esos aspectos, como en todo, es sólo corresponsable de la lamentable situación en que entregará ambos rubros.
Ninguna entidad, por sí sola, está en capacidad de enfrentar a los consorcios del crimen organizado, mucho menos en Chihuahua pues la disputa en nuestro estado rebasa los límites estatales y nacionales. Es mucho lo que se juegan los barones de la droga. Ante su embate han sucumbido todas las instituciones, las federales, las estatales y las municipales.
Sí se puede afirmar que, ante el embate criminal, no hubo una estrategia eficiente por parte del gobierno estatal, pero tampoco es justo, como lo hicieron los panistas, enfatizar en que fue el único responsable de la situación que padecemos. Juárez es hoy la ciudad, no solamente con la tasa de homicidios más alta del planeta, sino también como una de las de más alto número de efectivos policiacos y militares –per cápita- del mundo. No obstante, la masacre continúa.
Del mismo modo, el nuevo sistema de justicia penal fue completamente rebasado. Da pavor imaginar que la actual crisis de seguridad pública se hubiese presentado con el viejo sistema.
Y si la reforma penal contiene aspectos absolutamente criticables, hay otros para los cuales no hay, ni siquiera, un leve indicio de que se afrontarán, como el de darle seguimiento laboral y del entorno familiar a los delincuentes que alcanzan la libertad ¿Hay alguna autoridad que vigile a quien alcanzó su libertad, después de haber sido encarcelado y sentenciado por robo? ¿Alguien vigila que al salir de la cárcel tenga modo honesto de vivir?
Del mismo modo ¿Alguien vigila a los ex policías, dados de baja por cualquier motivo, en su vida post policiaca? ¿Se les da terapia a los miembros de los cuerpos policiacos? ¿A sus familiares más cercanos? ¿Se les otorgan períodos de descanso a los elementos policiacos, después de un cierto tiempo, para desestrearlos?
Las consecuencias de no adoptar medidas en esa orientación son la causa de la terrible tragedia del viernes en la capital del estado -¡Una más!- del ex policía municipal que asesinó a su ex mujer, a la nueva pareja de ella, para luego suicidarse.
Desafortunadamente, los gobernantes de esta época, sin duda alguna representantes del status quo, ante las dimensiones de la crisis estructural por la que atraviesa el país, sólo atinan a medio administrar las crisis. Aún en un panorama sin la existencia de la guerra entre los cárteles, Chihuahua enfrentaba los efectos de su modelo económico. Ya antes, en el sexenio de Patricio Martínez sufrimos un quebranto económico mayor, a causa de nuestra elevadísima dependencia de la industria maquiladora de exportación. En términos gruesos nada cambió en estos seis años.
Las consecuencias son gravísimas. Los 70 mil jóvenes “ni-nis” en Juárez son una prueba más que palpable de tal modelo y no se aprecia que se vaya a dar un golpe de timón, de las dimensiones que necesita Chihuahua para iniciar el combate a tal situación.
Por si fuera poco, el gobierno de Duarte iniciará con una deuda pública estatal de alrededor de 6 mil millones de pesos, es decir, algo así como el 15% del presupuesto estatal. Podrá argumentarse que se encuentra dentro de lo manejable. Puede ser, en tiempos “normales”, pero en momentos como los actuales puede convertirse en un muy serio dolor de cabeza de los nuevos gobernantes.
Así iniciarán.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
No podía ser de otra manera. Las caras tristes de la mayoría de los integrantes del gabinete de Reyes Baeza, las lágrimas de Claudia Garza y las de Lucía Chavira, así como, por momentos, el gesto nostálgico del todavía gobernador constitucional fueron el colofón de su sexenio.
Esas expresiones reflejaron el sinsabor de quienes tuvieron la responsabilidad de la conducción de la administración estatal durante los últimos seis años.
Pero no fueron las únicas manifestaciones de la terminación de ese sexenio. Dos de los más allegados al deliciense cometieron sendos errores que mostraron cuán flojos estaban ya los controles en el gobierno. La intempestiva salida de Saúl Hernández, director de la CIPOL, a unos cuantos días del fin de la gestión, informada como las vacaciones no tomadas por uno de los principales responsables de la seguridad pública en el estado y de la seguridad personal de Reyes Baeza, en medio de lo más enconado de la guerra entre los cárteles del narcotráfico y de la peor ola homicida en la capital del estado, es clara muestra de uno de los aspectos más criticables de la administración saliente.
Las consecuencias de tal acción pusieron en ridículo al gobierno de Chihuahua.
¿Cómo está eso de que se contrató a una empresa de seguridad, para ofrecerle seguridad a la dependencia encargada de la seguridad pública en la entidad?
¿A quién pertenece? ¿Es la única empresa que otorgó esos servicios al gobierno del estado?
¿Cómo está eso de que el director de CIPOL se va de vacaciones a quince días de entregar, y de que el mando operativo de la dependencia era un encargado y que sus funciones se constreñían a recibir el reporte diario de hechos?
¿Por qué no se dio un cese fulminante a Saúl Hernández en lugar de informar que el gobernador le pidió que regresara de sus vacaciones?
Y los antecedentes son muy oscuros. ¿Recuerda el ataque al convoy de Reyes Baeza? ¿Y la fuga de Crispín Borunda?
Pero no es el único caso de funcionarios que se toman las de Villadiego. Ahora resulta que en el Congreso del Estado, la mayoría saliente decidió aprobar una verdadera contrarreforma en materia de transparencia.
Así, a dos días del último informe de Reyes Baeza, los diputados del PRI, liderados por uno de los más cercanos a él –por lo menos en otros tiempos- se insurreccionaron. Corren los rumores que no atendieron los llamados de Sergio Granados, aún Secretario de Gobierno, y resolvieron que lo propuesto por el presidente del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), Fernando Medina, era de aprobarse y que quizá fue un postrer intento de Fernando Rodríguez Moreno, líder de los diputados priistas salientes, por fortalecer a algunos de los suyos.
Bueno, pues Reyes Baeza anunció que no publicaría esa contrarreforma, con lo que la responsabilidad se transmite a César Duarte.
Las modificaciones propuestas y aprobadas, intentan concentrar en la figura del presidente casi todas las decisiones administrativas, tales como la selección del personal, o bien su despido; la contratación de proveedurías o la adquisición de inmuebles; además, intentan adoptar, como nuevo marco legal, los criterios adoptados en el anterior Consejo del Ichitaip que consolidaron la opacidad y la negación de ese organismo por constituirse en verdadero garante del derecho de los ciudadanos al libre acceso a la información pública.
Más allá del conocimiento de los diputados salientes acerca de tal derecho (y seguramente la mayoría saldría reprobada) y de que se les supondría más atentos a los gestos de quien ejercerá la administración pública estatal a partir del lunes –algo a lo que siempre están muuuuy atentos- llama la atención el papelón de los diputados salientes del Verde, Panal y PT, ya acostumbrados a obedecer en todo a Rodríguez Moreno, y que lo siguieron hasta el último tramo. ¿Y los priistas? ¿Qué horas son, preguntó el líder parlamentario? Las que usted disponga, dijeron al unísono.
¡Híjole, qué ridículo!
Así, el robo al C-4 y la jugarreta congresual se constituyeron en un triste epílogo de la actual administración. No se podrá objetar la enorme obra construida, superior en más de un aspecto a la realizada en los sexenios anteriores, y cuyo origen debemos ubicarlo, para ser justos en la evaluación, en las nuevas reglas del reparto de recursos entre la federación y las entidades (que no obedece a la decisión de los gobernantes panistas, sino, sobre todo, es obvio, a los gobernadores priistas) y a los excedentes petroleros.
De ese modo, prácticamente no hay gobernador que no haya efectuado una vasta obra en materia de infraestructura. No se le quita méritos a Reyes Baeza, pero deberá evaluarse tomando en cuenta estos factores. En sus seis años de gestión se realizaron más obras que en 14 años anteriores.
Y lo mismo en educación. De acuerdo con la descentralización educativa, las entidades ahora manejan, también, el presupuesto que antes ejercía la federación para solventar el gasto en educación.
Debemos, en ambos aspectos, en todo caso, considerar las buenas artes de Reyes para incidir en el seno de la Conferencia de Gobernadores y en la buena relación sostenida, a pesar de todo, con Felipe Calderón que, a pesar de los dichos del panismo, aún prevalece la política discrecional en el manejo del presupuesto, como antes lo hacían los presidentes priistas, para obtener incrementos al presupuesto estatal.
Para su desgracia, Reyes Baeza será recordado como el mandatario de las cifras más altas de homicidios en el país y por la reforma penal. En esos aspectos, como en todo, es sólo corresponsable de la lamentable situación en que entregará ambos rubros.
Ninguna entidad, por sí sola, está en capacidad de enfrentar a los consorcios del crimen organizado, mucho menos en Chihuahua pues la disputa en nuestro estado rebasa los límites estatales y nacionales. Es mucho lo que se juegan los barones de la droga. Ante su embate han sucumbido todas las instituciones, las federales, las estatales y las municipales.
Sí se puede afirmar que, ante el embate criminal, no hubo una estrategia eficiente por parte del gobierno estatal, pero tampoco es justo, como lo hicieron los panistas, enfatizar en que fue el único responsable de la situación que padecemos. Juárez es hoy la ciudad, no solamente con la tasa de homicidios más alta del planeta, sino también como una de las de más alto número de efectivos policiacos y militares –per cápita- del mundo. No obstante, la masacre continúa.
Del mismo modo, el nuevo sistema de justicia penal fue completamente rebasado. Da pavor imaginar que la actual crisis de seguridad pública se hubiese presentado con el viejo sistema.
Y si la reforma penal contiene aspectos absolutamente criticables, hay otros para los cuales no hay, ni siquiera, un leve indicio de que se afrontarán, como el de darle seguimiento laboral y del entorno familiar a los delincuentes que alcanzan la libertad ¿Hay alguna autoridad que vigile a quien alcanzó su libertad, después de haber sido encarcelado y sentenciado por robo? ¿Alguien vigila que al salir de la cárcel tenga modo honesto de vivir?
Del mismo modo ¿Alguien vigila a los ex policías, dados de baja por cualquier motivo, en su vida post policiaca? ¿Se les da terapia a los miembros de los cuerpos policiacos? ¿A sus familiares más cercanos? ¿Se les otorgan períodos de descanso a los elementos policiacos, después de un cierto tiempo, para desestrearlos?
Las consecuencias de no adoptar medidas en esa orientación son la causa de la terrible tragedia del viernes en la capital del estado -¡Una más!- del ex policía municipal que asesinó a su ex mujer, a la nueva pareja de ella, para luego suicidarse.
Desafortunadamente, los gobernantes de esta época, sin duda alguna representantes del status quo, ante las dimensiones de la crisis estructural por la que atraviesa el país, sólo atinan a medio administrar las crisis. Aún en un panorama sin la existencia de la guerra entre los cárteles, Chihuahua enfrentaba los efectos de su modelo económico. Ya antes, en el sexenio de Patricio Martínez sufrimos un quebranto económico mayor, a causa de nuestra elevadísima dependencia de la industria maquiladora de exportación. En términos gruesos nada cambió en estos seis años.
Las consecuencias son gravísimas. Los 70 mil jóvenes “ni-nis” en Juárez son una prueba más que palpable de tal modelo y no se aprecia que se vaya a dar un golpe de timón, de las dimensiones que necesita Chihuahua para iniciar el combate a tal situación.
Por si fuera poco, el gobierno de Duarte iniciará con una deuda pública estatal de alrededor de 6 mil millones de pesos, es decir, algo así como el 15% del presupuesto estatal. Podrá argumentarse que se encuentra dentro de lo manejable. Puede ser, en tiempos “normales”, pero en momentos como los actuales puede convertirse en un muy serio dolor de cabeza de los nuevos gobernantes.
Así iniciarán.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Seguiré en la política: Reyes Baeza
Entrevista, Aserto 86, septiembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Lo anunció no bien pasó el proceso electoral. Recorreré el estado para despedirme de los chihuahuenses como gobernador. ASERTO Tv lo entrevistó para los televidentes del canal 10 de Cablemás, bajo la conducción de Georgina Torres y el autor. Con esa entrevista inició el largo periplo de despedida.
Tranquilo, mesurado, Reyes Baeza respondió a los cuestionamientos, efectuó un repaso general a su gestión, pero el tema de la inseguridad fue recurrente en sus reflexiones, no podía ser de otra manera, bajo su gobierno, Chihuahua se convirtió en la entidad más violenta del país, y Juárez, del planeta.
Tal ola homicida –que a fines de julio ha cobrado la vida de más de siete mil personas en la entidad- opacó el resto de la obra gubernamental, la misma que el inminente ex gobernador precisa, con lujo de detalles por momentos.
¿Qué queda pendiente, que le duele no haber hecho…? Son muchos temas, pero empecemos con los pendientes ¿Cómo cree usted que lo recordará la ciudadanía?
“Son muchas cosas que pasan por la mente de un funcionario público, cuando en retrospectiva quieres recordar puntualmente los temas centrales que motivaron el diseño de un documento rector del que hacer de la administración pública, que es el Plan Estatal de Desarrollo. Yo recuerdo cuando en campaña recorrí el estado, que los hombres y mujeres (jóvenes y adultos) me planteaban sus preocupaciones, demandas, exigencias, inquietudes y prioridades; fuimos tomando nota, enriqueciendo una propuesta de gobierno que finalmente se incorporó en el plan, veíamos entonces que era importante obviamente mejorar la infraestructura del estado, dotar de más espacios de salud, educativos, vialidades, pasos a desnivel, mejorar la infraestructura hidráulica pero también atender, entendiendo la problemática de miles de chihuahuenses, atender esa demanda y expresión que se da, legítima de los hombres y mujeres de este querido estado, en términos de mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos.
En términos de impulsar una reforma que transformara el sistema de justicia para hacerlo más claro, nítido, público, abierto… que pudiésemos iniciar un proceso reformador transformador de las leyes y normas que rigen la vida de los chihuahuenses, entendido todo esto, iniciamos este proceso y creo que casi a seis años de haber iniciado la administración, hemos cumplido en mucho de los compromisos y prioridades que nos marcó la sociedad a través del mandato que por el voto popular nos encomendó, pero también las circunstancias de entonces han variado, cambiado sustancialmente… son totalmente diferentes las del 2003 y 2004 a las del 2010”.
Íbamos saliendo de los bombazos a las Torres Gemelas, las repercusiones de la crisis de la maquila, la crisis económica…
“Íbamos saliendo de aquello, realmente nos sacudió a todos lo que sucedió entonces y a partir de ese momento cambiaron las reglas del juego y la relación binacional, no solo México-Estados Unidos, esto propicia que se genere una relación totalmente distinta e inédita y que el comportamiento del tráfico de enervantes cambie también radicalmente en el estado de Chihuahua, y en todo el país, porque, durante muchos años, yo no diría que de septiembre 11 para acá, pero de muchos años atrás, pero particularmente y de manera señalada a partir de septiembre 11, el consumo de drogas en el país y en Chihuahua en particular crece exponencialmente porque la restricción en el cruce se agudiza y entonces al buscar la satisfacción, me refiero a Estados Unidos para abastecer el consumo de más de 45 millones de adictos, se transforma, hay la posibilidad y la permisibilidad para la introducción de equis cantidades en determinados lugares de la frontera norte con Estados Unidos.
Creo que mucha de la droga que antes pasaba se está quedando en México y esa droga ahora está circulando en las calles, colonias, barrios y tienditas a través del narcomenudeo.
Nosotros nos abocamos o hemos pretendido hacer un gobierno transformador, reformador, moderno, actuante diariamente, que se adecúe a las nuevas realidades, un gobierno que optimice y logre eficientar la aplicación de los recursos públicos, un gobierno que toque puertas en la ciudad de México, que traiga recursos, un gobierno que rompa o supere las metas trazadas originalmente, como lo hemos hecho, porque, luego sucede que el recuento se va mas por los pendientes que por los logros”.
¿Cuáles serían de las principales cosas de las que te sientes satisfecho?
“Mira, además de las grandes reformas que tendrán su verdadero valor al paso del tiempo, justicia penal, transparencia, fundamentalmente. Hay otras reformas pero yo creo que son de los temas centrales que permitirá que la sociedad esté más enterada de lo que está sucediendo en cuanto al manejo de los recursos del erario, los recursos de la población, y el tema de ir a la vanguardia en un sistema criticado, incomprendido en este momento, pero que sin duda será el parteaguas en la historia de la procuración y la administración de justicia de Chihuahua.
Nosotros, Georgina, Javier, hemos logrado en casi seis años rebasar la meta en vivienda el plan estatal habla de 100 mil viviendas y hemos construido más de 170 mil viviendas en coordinación con sector privado, por supuesto, promotores desarrolladores de vivienda.
Hemos construido más de 1,700 Km. de nuevas carreteras y carreteras modernizadas en el Estado, esto rebasa por mucho lo hecho en muchas administraciones anteriores; hemos logrado construir más de 8,700 espacios educativos entre talleres, laboratorios, escuelas, desde el nivel básico hasta el nivel universitario y postgrado; hemos mejorado sustancialmente la infraestructura educativa, hemos construido más de 20 espacios culturales o reconstruido más de 20 espacios culturales de primer orden.
En este período las dos universidades públicas: UACJ y UACH se colocaron entre las mejores del país. Es un logro muy importante de los universitarios, obviamente apoyado por el gobierno de Chihuahua pero el mérito ha sido de ellos, maestros, alumnos y directivos.
Hemos logrado construir en esta administración más de doscientos espacios de salud, muchos de ellos en secciones municipales, allá en la lejanía de la barranca, de la alta y de la baja tarahumara, centros de salud en cabeceras municipales, hospitales nuevos como el que estamos construyendo aquí en Chihuahua, el Hospital Infantil de Especialidades que vamos a terminar la primera etapa a mediados de septiembre, el Hospital Regional de Parral, reconstruido el Hospital Regional de Camargo, reconstruido el de Delicias, reconstruido el de Juárez, el Hospital de Traumatología de Juárez, el Psiquiátrico en Juárez, el nuevo Hospital Infantil de Juárez”.
Casi sin respirar Reyes Baeza enumera las obras. Recién regresaba de un período vacacional y se le apreciaba la satisfacción por el cúmulo de obras emprendidas y casi todas terminadas…
“Hemos construido más de doscientos kms de nuevas vialidades en los centros urbanos, se dice fácil, pero construir vialidades como el R. Almada, aquí en Chihuahua, es difícil, lo ampliamos de 4 a 10 carriles de circulación, el libramiento aeropuerto en Juárez es una vialidad de primer mundo, 50 pasos a desnivel de un promedio de 30, 40 ó 50 millones cada paso a desnivel, hay algunos distribuidores viales mucho más costosos.
Hemos construido en esta administración o invertido más de 8 mil millones en infraestructura hidráulica, llevamos a través del acueducto Conejos Médanos en Juárez 4 mil litros por segundo de agua potable a la red interna de la ciudad, estamos por terminar la tercera planta de tratamiento que permitirá tratar el 100% de las aguas residuales en aquella frontera y la nota muy importante entre muchas otras es, que Chihuahua, al término de la administración, estará en primer lugar nacional, por mucho, en materia de tratamiento de aguas residuales, con el 86% de capacidad instalada para tratar aguas usadas, cuando el promedio nacional es abajo del 50%”.
Aquí se detiene en la enumeración y explica la importancia del hospital de Parral, que dará servicio a las poblaciones aledañas; se enorgullece de las dimensiones del nuevo hospital infantil de Chihuahua, que tendrá una superficie de 15 mil metros cuadrados de construcción, “es decir, tres veces más grande que el actual hospital. Tendrá tres quirófanos de primer mundo, quirófanos con capacidad e instrumentos y equipo para hacer transplantes, para hacer cirugía de corazón abierto a bebés a recién nacidos, endoscopias, diálisis, será un hospital de primera, con una inversión de 380 millones de pesos, de los cuales 90 serán de equipamiento”.
Su administración culminará dos de las tres etapas de la construcción. En este momento, hace una pausa y señala que son muchas las cosas por las que quisiera ser recordado, pero hay un tema que prefiere, el educativo, que le gustaría que “la gente dijera -el gobernador Reyes Baeza, de la administración 2004-2010, hizo una gran aportación en la parte educativa y cultural”.
Efectuado el recuento de lo realizado, ASERTO Tv le inquirió sobre la seguridad pública y la instrumentación del nuevo sistema de justicia penal.
“Mira, al sistema de justicia penal se le ha señalado como un sistema demasiado garantista, laxo en ocasiones que representa la puerta giratoria del delincuente que muchos delincuentes nomás entran y salen, yo creo que es un tema de cultura de una nueva cultura de aplicación de la justicia penal en el estado y en el país que finalmente nosotros estamos delante de lo que está aconteciendo en otras entidades federativas y de lo que va acontecer a nivel nacional en los próximos años porque, además, ya hay términos perentorios para que en el contexto nacional se dé el termino de la reforma.
Lo que he dicho en algunos foros locales y nacionales es que la reforma penal de Chihuahua no tuvo, luna de miel, que cuando empieza su vigencia eran circunstancias totalmente diferentes… El diseño, la concepción, el perfilamiento de la reforma empezó desde el 2004, yo recuerdo que las primeras pláticas con la actual Procuradora de Justicia Patricia González fueron en torno al nuevo sistema de justicia penal.
“Yo litigué en materia penal, anduve recorriendo los juzgados y haciendo promociones y les digo una cosa, el litigante con quien se entendía en aquel entonces era con la secretaria escribiente o con el secretario de acuerdos, en el mejor de los casos, difícilmente tenias oportunidad de interactuar con el juez de la causa para que escuchara el alegato directamente de la defensa o del coadyuvante del ministerio público… era un sistema obsoleto a más no poder.
¿Por qué? porque finalmente el juez lo que hacía era firmar el proyecto de sentencia que le presentaba el correspondiente secretario proyectista sin haber antes escuchado las partes en el proceso. Ese es un tema central del nuevo sistema de justicia penal en el marco de los juicios orales, yo creo pues que tenemos un sistema que le brinda mejores oportunidades tanto al propio imputado y a la víctima, creo que tenemos un sistema actual, que debo decirles, en lo que va de la vigencia del nuevo sistema de justicia penal no hemos tenido una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ese es un dato que me parece muy revelador y que tiene un altísimo valor, que criticas las hay”.
En esta parte de la entrevista, Reyes Baeza comenta que en las conversaciones sostenidas con el presidente (en ese momento) Alvaro Uribe, éste lo conminó a persistir en la aplicación del nuevo sistema de justicia penal pues, dijo, fue vital para superar la crisis de seguridad pública que padeció ese país.
¿Piensa que le llegue la paz a Chihuahua?
“Yo creo que sí, debemos pensar, saber y estar convencidos que tendremos que recuperar la tranquilidad a la que estábamos acostumbrados, porque la base moral de Chihuahua no se ha destruido. El norte del país y muchas entidades federativas son el escenario de disputa de grupos criminales en una guerra que no tiene origen en Chihuahua, la guerra de los grupos criminales no tiene su origen en una descomposición moral de la sociedad chihuahuense, hemos perdido terreno, eso sí, pero tenemos una gran base social, moral, ética que debe ser el soporte principal para que recuperemos la tranquilidad.
¿A qué me refiero? A que también ahí que reconocer autocríticamente que los muchachos que dejaron el libro para colgarse el fusil en el hombro no son traídos de Marte, ni de Júpiter, no son ni siquiera salvadoreños o guatemaltecos, son chihuahuenses, muchos de ellos jovencitos que dejaron la escuela y que desde los doce trece años se incorporaron desafortunadamente, o antes, a la lista de las adicciones y que al paso del tiempo esos muchachos fueron cooptados por los grupos criminales, ya no solo para que consumieran, sino para que informaran, luego para que llevaran y trasportaran droga y luego para que se convirtieran en sicarios… esa es la parte que debemos atender todos en la base social, en la familia chihuahuense e ir recuperando no solo con la policía, no solo con el apoyo del ejército, no solo con la policía federal. Con el apoyo institucional de los órdenes de gobierno vamos a lograr dar este paso adelante, yo creo”.
Al abordar la polémica sobre la legalización del comercio de las drogas (que no del consumo, eso no es un delito) el gobernador chihuahuense, sin oponerse a esa posibilidad, expresó que debería ser un debate internacional, no sólo nacional pues, dijo, no sería “idóneo” legalizarla en un solo país.
Reyes, en este aspecto, y expresado con el afecto que te profesamos, a ti se te ha acusado de ser débil en el ejercicio del cargo. Alguna gente, en los cafés, en las conversaciones se dice que lo que necesitamos es una mano fuerte para controlar la violencia que se ha generado en Chihuahua, en esta explicación que tú estas dando, me parece que ubica muchas de las cosas ¿Qué podrías decir, ya reflexionado, a punto de dejar el gobierno, con la mesura que concede la experiencia de haber gobernado Chihuahua? ¿Qué podrías decir de estos comentarios, que fueron incluso elemento de una discusión en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que tú reclamaste al senador Gustavo Madero hiciese expresiones públicas, peyorativas en tu contra?
“Yo creo que el ejercicio del poder público, cuando la sociedad te concede un mandato, obliga no solo a actuar con estricto apego a la ley y a los términos constitucionales, sino obliga a actuar con mesura, con prudencia, con sensatez; dejando de lado las pasiones, las fobias y las filias personales como integrante de un partido político, como integrante de un grupo, como creyente en una religión, como actor político. Creo que la sociedad no te otorga el mandato para que actúes en función de tu estado de ánimo matutino, o en función de los problemas familiares o personales que tengas, yo creo que los problemas de la casa se dejan en la casa, los problemas personales también se dejan en la casa porque no los puedes llevar al despacho del ejecutivo, yo no puedo y ni podría, ni hoy, ni en el futuro, independientemente de la responsabilidad, tomar decisiones en función, como se dice coloquialmente, de calenturas del momento, no se puede estar tomando las decisiones en función de eso, se tienen que tomar en base a la racionalidad política que obliga la alta investidura que tiene el titular del poder ejecutivo.
Algunos me han criticado de que faltó mano dura, no, lo que faltó en todo caso es el ingrediente del exceso y del abuso, eso sí falto ¿eh? yo nunca lo tuve y ni lo tendré, porque soy un creyente de la legalidad y del respeto a los derechos, la dignidad y las garantías de terceras personas yo nunca he transitado por esa vía.
La sociedad me exige y me demanda que actúe conforme a derecho y conforme a las normas mínimas de respeto en las relaciones personales de los chihuahuenses, he aplicado la ley cuando se tiene que aplicar, me he sentado a dialogar cuando se tiene que escuchar a la contraparte para saber cuál es su verdad me parece que el gobernante tiene la responsabilidad social, política, ética, moral de escuchar a quien no piensa igual. Te voy a decir, me podrán criticar de muchas cosas, hay detractores del gobernador, pero no me podrán criticar nunca que he actuado de mala fe, que he sido un servidor público que ha abusado, que se ha excedido, que ha maltratado, que ha violentado los derechos humanos y las garantías…”.
¿Tienes alguna queja contra ti en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos?
“No tengo ninguna, eso es muy importante y sabes qué, es imposible lograr la unanimidad en una sociedad tan diversa y tan plural como la nuestra, pues imagínate sería sospechoso tener unanimidad…”.
¿Considera que el problema del crimen organizado es problema de la Federación o error de su gobierno?
“De todos, yo creo que es problema de todos, más allá de las responsabilidades constitucionales”.
¿Qué opina de los ataques a la Procuradora del Estado?
“Mira, no es común que en una administración estatal el Procurador o la Procuradora en este caso duren los seis años, recordemos otras administraciones y hay administraciones que han tenido cuatro o cinco Procuradores…
La Procuradora empieza y se ha mantenido estos seis años, porque interpretó cabalmente el interés que yo tenía de transformar el sistema de justicia penal. Ha sido una mujer, como cualquier otro servidor público, con errores, con desaciertos como los he tenido yo, pero con una gran valentía que nadie le ha podido negar y con una gran capacidad técnica, académica, científica y al pasar el tiempo, como a todos, la sociedad juzgará el papel que desarrolló, pero creo que ha sido una mujer honesta, estoy seguro de ello y que siempre se ha apegado a la legalidad.
Y tiene un gran reconocimiento, incluso a nivel internacional”.
Tú has tenido expresiones críticas a las autoridades federales en la conducción de la Operación Coordinada Chihuahua, ¿Se ubica ahí una parte de las causas de la ola homicida?
“No, yo no creo. Yo creo que las fallas que habido en la coordinación, al pasar los meses y estos años han ido mejorando significativamente, yo en la crítica también he ido dejando expresamente testimonio de reconocimiento a las entidades federales, al señor Presidente de la República, no puedo dejar de reconocer el esfuerzo del Presidente, el apoyo incondicional de las fuerzas armadas, de la policía federal, de los ayuntamientos, muchos de los ayuntamientos; yo creo que si hubiésemos tenido un Presidente de la Republica, del PRI, tal vez hubiésemos podido tener una relación en el plano personal, más cercana, pero en la parte institucional hemos mantenido una buena comunicación con el titular del poder ejecutivo y con el grueso de los funcionarios públicos de la administración. No creo que esa haya sido una razón, motivo o un pretexto para decir no hemos avanzado lo suficiente, hemos hablado, hemos platicado, hemos acordado, hemos encontrado nuevas formas, nuevos caminos, tal vez no idóneos o no suficientes para contrarrestar o atenuar el impacto tan violento de los grupos criminales.
Durante meses Juárez estuvo por vigilada por más de doce mil elementos entre ejército, policía federal, municipal, cipolis y sin embargo la ola homicida en lugar de disminuir se incrementó al igual que los delitos del orden común, las extorsiones, secuestros, asaltos, robos a mano armada de vehículos, en fin ¿Crees que ha sido superado el Estado mexicano por esta confrontación que se sufre en Chihuahua, en el país, pero en el caso concreto de Chihuahua?
“Yo no creo Javier, no lo pienso y no quisiera nunca llegar a pensarlo, porque asumir una actitud de derrotismo, tampoco de triunfalismo ¿eh? nunca, pero de derrotismo entre nosotros sería, me parece llegar o caer en el fracaso total, yo creo que el Estado mexicano está haciendo su mejor esfuerzo y debemos, como sociedad, estar todos unidos más ahora que nunca con el Estado Mexicano, con los tres órdenes de gobierno, porque la pregunta ahora es, si el año pasado hubo 2 mil personas muertas en la lucha entre enfrentamientos entre grupos antagónicos o de estos con la autoridad…
Y los daños “colaterales” que son muchas víctimas, el 10%...
“El 10%, huérfanos niños y adolescentes. El comercio impactado, la industria impactada, la economía en general, todo esto es una realidad, los grupos criminales, al estarse disputando el espacio físico, han buscado también fuentes de ingresos y de financiamiento alterno, por eso hay delitos colaterales que surgen y se incrementan a partir de la lucha, como la extorsión y el secuestro, pero la pregunta es ¿De dónde surgen y emergen tantos jóvenes, para irse sumando a la lista de la organizaciones cuando van cayendo por cientos o por miles en la propia lucha? ¿Dónde estaban, quienes son, donde viven, quienes son sus padres, a que se dedicaban, iban o no a la escuela, son adictos, hacen o no deporte?
¿Qué está pasando, que vamos a hacer? Debemos voltear y ver a la familia, a los niños, para que estos niños de tres, cuatro y cinco años ahora no vayan a ser adolescentes que en lugar de traer el libro bajo el brazo traigan el fusil colgado, como lo traen ahora muchachos juarenses, chihuahuenses, veracruzanos, chiapanecos, que vinieron a Juárez a vivir, o que nacieron en Juárez porque sus padres son parte del flujo migratorio, la pregunta es ¿Cómo rescatar a la sociedad?”.
Se advierten en el gobernador el paso de los años, pero sobre todo el peso de las responsabilidades, peina ya bastantes canas, pero no pierde su jovialidad y la cordialidad para con quienes se le acercan. Cuestionado acerca de la propuesta de la creación de la policía única, insiste en que esa debería ser una herramienta necesaria para el momento actual. Se trata, dice, de que “en lugar de tener 2,500 policías municipales 32 policías estatales o no 32, sino 64, que son la ministerial y la preventiva, tener 32 policías estatales nada más y una federal… Si logramos sumar todos los policías que tiene el Estado de Chihuahua, entre municipales y estatales, podríamos tener una policía estatal de entre 7 ó 8 mil efectivos que pudiese moverse con un alto nivel de preparación a las regiones, según el comportamiento criminal, si en este momento Juárez demanda mayor presencia, concentremos 3 mil efectivos allá, si en este momento demanda mayor presencia el noroeste del Estado, concentremos allá mil efectivos”.
¿Cree usted que si su contendiente en aquel entonces, el Sr. Corral estuviera en su lugar, estuviera sucediendo lo mismo en seguridad pública?
“No sabría decirlo, yo lo que sí puedo decir es que hemos puesto lo mejor de nosotros mismos, alma, corazón, experiencia y entusiasmo. Hemos recibido las quejas con toda responsabilidad y madurez, no sabría decir que hubiera pasado si mi contrincante en el 2004 fuera ahora el Gobernador del Estado, lo que sí les digo es que el proceso de descomposición en este país, en el Estado, en particular de la propia sociedad, venía en aumento y finalmente, como en un grano se acumula la infección, tarde que temprano iba a reventar, ahora hay que buscar la curación de esa infección y darle el tratamiento adecuado yendo juntos la sociedad y el gobierno”.
De lo que no hiciste ¿Qué te causa más pesar, no haber hecho o que no pudiste hacer y que harás en el futuro próximo? Ya sé que te vas a descansar medio año, pero luego ¿Que harás?
“No dejar plena satisfacción en muchos hogares chihuahuenses respecto al tema de la seguridad. La seguridad personal y familiar es el bien más preciado de todos nosotros y a pesar del esfuerzo de las transformaciones, de las reformas, de los recursos del impulso, del tiempo dedicado es una asignatura pendiente por lo que hemos comentado y por el acoso de las organizaciones criminales, ese es el tema que me deja más inquieto, insatisfecho a pesar del gran esfuerzo que hemos hecho.
Me dedicaré unos meses al reencuentro de mi familia, de mis hijos, mi esposa, de mis seres más cercanos, de mi familia en general y regresaré a la vida política en algunas tareas partidistas, el 2012 está cerca. Mi pasión y mi vocación es la política, seguiré en ella durante el tiempo que pueda dedicarme en cuerpo y alma y aportando donde me encuentre lo mejor de mí para que Chihuahua siga siendo el Estado que todos queremos y añoramos”.
Las acusaciones que te hicieron y a la Procuradora Patricia González, en muchos momentos, no sé si por desesperación o por intención política, de pertenecer a una de las bandas criminales existentes en el país, ya con la mesura de estos meses ¿Qué contestas a eso?
“Son parte de la pasión y son parte de la descalificación y del juego de los propios grupos criminales, los grupos en disputa tratan de confrontar a la autoridad, señalan a la autoridad y está uno expuesto a esas cosas hasta el último día de la administración. Sin duda estaré expuesto a que un grupo señale a la Procuradora, señale al Secretario, me señale a mí, pero tengo mi conciencia tranquila y estoy muy satisfecho por el esfuerzo que he hecho. Intranquilo con algunos detalles, pero, lamento que en el marco de la coyuntura electoral se den este tipo de imputaciones sin razón que luego lastiman o pretenden lastimar la integridad moral de un persona y de la familia”.
LJV.- Por mi parte Reyes, quería decirlo en público. A lo largo de seis años, bueno, siete con la precampaña, y los meses anteriores en nuestro trabajo editorial hemos hecho críticas a tu desempeño, las hemos señalado, las hemos hablado abiertamente. Pero debo hacerte un reconocimiento por haberte mantenido en la conducción del Gobierno. No es fácil. Además, no sabemos que tengas riquezas, ni bien ni mal habidas, espero, y estoy seguro que el tiempo nos va a dar la razón, que no habrá patrimonio por encima a lo obtenido por tu salario, ni habrá compras de bienes y muebles, en fin, y no se te ha señalado.
No es fácil mantenerse en la entidad que tiene varios de los índices más violentos del mundo y soportar de la manera que has hecho las críticas, soportando a la oposición que aquí es una oposición muy fuerte, respetando las posturas políticas y sin embargo no hemos tenido una crisis política, y eso siempre hay que considerarle al gobernante que se va.
“Te agradezco Javier, recordaba cuando hace seis años y medio me estabas entrevistando arriba del autobús en Camargo enfrente del Hotel, pasaron ya casi 7 años y seguimos igual, bueno, los años pasan y se nos queda algo. Gracias Georgina muy amable”.
GT.- Muchas gracias por acompañarnos, felicidades y esperamos que nos vuelva a acompañar.
“Ojalá me inviten y aquí estaremos con mucho gusto y que buen raiting tienen, felicidades”.
Luis Javier Valero Flores
Lo anunció no bien pasó el proceso electoral. Recorreré el estado para despedirme de los chihuahuenses como gobernador. ASERTO Tv lo entrevistó para los televidentes del canal 10 de Cablemás, bajo la conducción de Georgina Torres y el autor. Con esa entrevista inició el largo periplo de despedida.
Tranquilo, mesurado, Reyes Baeza respondió a los cuestionamientos, efectuó un repaso general a su gestión, pero el tema de la inseguridad fue recurrente en sus reflexiones, no podía ser de otra manera, bajo su gobierno, Chihuahua se convirtió en la entidad más violenta del país, y Juárez, del planeta.
Tal ola homicida –que a fines de julio ha cobrado la vida de más de siete mil personas en la entidad- opacó el resto de la obra gubernamental, la misma que el inminente ex gobernador precisa, con lujo de detalles por momentos.
¿Qué queda pendiente, que le duele no haber hecho…? Son muchos temas, pero empecemos con los pendientes ¿Cómo cree usted que lo recordará la ciudadanía?
“Son muchas cosas que pasan por la mente de un funcionario público, cuando en retrospectiva quieres recordar puntualmente los temas centrales que motivaron el diseño de un documento rector del que hacer de la administración pública, que es el Plan Estatal de Desarrollo. Yo recuerdo cuando en campaña recorrí el estado, que los hombres y mujeres (jóvenes y adultos) me planteaban sus preocupaciones, demandas, exigencias, inquietudes y prioridades; fuimos tomando nota, enriqueciendo una propuesta de gobierno que finalmente se incorporó en el plan, veíamos entonces que era importante obviamente mejorar la infraestructura del estado, dotar de más espacios de salud, educativos, vialidades, pasos a desnivel, mejorar la infraestructura hidráulica pero también atender, entendiendo la problemática de miles de chihuahuenses, atender esa demanda y expresión que se da, legítima de los hombres y mujeres de este querido estado, en términos de mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos.
En términos de impulsar una reforma que transformara el sistema de justicia para hacerlo más claro, nítido, público, abierto… que pudiésemos iniciar un proceso reformador transformador de las leyes y normas que rigen la vida de los chihuahuenses, entendido todo esto, iniciamos este proceso y creo que casi a seis años de haber iniciado la administración, hemos cumplido en mucho de los compromisos y prioridades que nos marcó la sociedad a través del mandato que por el voto popular nos encomendó, pero también las circunstancias de entonces han variado, cambiado sustancialmente… son totalmente diferentes las del 2003 y 2004 a las del 2010”.
Íbamos saliendo de los bombazos a las Torres Gemelas, las repercusiones de la crisis de la maquila, la crisis económica…
“Íbamos saliendo de aquello, realmente nos sacudió a todos lo que sucedió entonces y a partir de ese momento cambiaron las reglas del juego y la relación binacional, no solo México-Estados Unidos, esto propicia que se genere una relación totalmente distinta e inédita y que el comportamiento del tráfico de enervantes cambie también radicalmente en el estado de Chihuahua, y en todo el país, porque, durante muchos años, yo no diría que de septiembre 11 para acá, pero de muchos años atrás, pero particularmente y de manera señalada a partir de septiembre 11, el consumo de drogas en el país y en Chihuahua en particular crece exponencialmente porque la restricción en el cruce se agudiza y entonces al buscar la satisfacción, me refiero a Estados Unidos para abastecer el consumo de más de 45 millones de adictos, se transforma, hay la posibilidad y la permisibilidad para la introducción de equis cantidades en determinados lugares de la frontera norte con Estados Unidos.
Creo que mucha de la droga que antes pasaba se está quedando en México y esa droga ahora está circulando en las calles, colonias, barrios y tienditas a través del narcomenudeo.
Nosotros nos abocamos o hemos pretendido hacer un gobierno transformador, reformador, moderno, actuante diariamente, que se adecúe a las nuevas realidades, un gobierno que optimice y logre eficientar la aplicación de los recursos públicos, un gobierno que toque puertas en la ciudad de México, que traiga recursos, un gobierno que rompa o supere las metas trazadas originalmente, como lo hemos hecho, porque, luego sucede que el recuento se va mas por los pendientes que por los logros”.
¿Cuáles serían de las principales cosas de las que te sientes satisfecho?
“Mira, además de las grandes reformas que tendrán su verdadero valor al paso del tiempo, justicia penal, transparencia, fundamentalmente. Hay otras reformas pero yo creo que son de los temas centrales que permitirá que la sociedad esté más enterada de lo que está sucediendo en cuanto al manejo de los recursos del erario, los recursos de la población, y el tema de ir a la vanguardia en un sistema criticado, incomprendido en este momento, pero que sin duda será el parteaguas en la historia de la procuración y la administración de justicia de Chihuahua.
Nosotros, Georgina, Javier, hemos logrado en casi seis años rebasar la meta en vivienda el plan estatal habla de 100 mil viviendas y hemos construido más de 170 mil viviendas en coordinación con sector privado, por supuesto, promotores desarrolladores de vivienda.
Hemos construido más de 1,700 Km. de nuevas carreteras y carreteras modernizadas en el Estado, esto rebasa por mucho lo hecho en muchas administraciones anteriores; hemos logrado construir más de 8,700 espacios educativos entre talleres, laboratorios, escuelas, desde el nivel básico hasta el nivel universitario y postgrado; hemos mejorado sustancialmente la infraestructura educativa, hemos construido más de 20 espacios culturales o reconstruido más de 20 espacios culturales de primer orden.
En este período las dos universidades públicas: UACJ y UACH se colocaron entre las mejores del país. Es un logro muy importante de los universitarios, obviamente apoyado por el gobierno de Chihuahua pero el mérito ha sido de ellos, maestros, alumnos y directivos.
Hemos logrado construir en esta administración más de doscientos espacios de salud, muchos de ellos en secciones municipales, allá en la lejanía de la barranca, de la alta y de la baja tarahumara, centros de salud en cabeceras municipales, hospitales nuevos como el que estamos construyendo aquí en Chihuahua, el Hospital Infantil de Especialidades que vamos a terminar la primera etapa a mediados de septiembre, el Hospital Regional de Parral, reconstruido el Hospital Regional de Camargo, reconstruido el de Delicias, reconstruido el de Juárez, el Hospital de Traumatología de Juárez, el Psiquiátrico en Juárez, el nuevo Hospital Infantil de Juárez”.
Casi sin respirar Reyes Baeza enumera las obras. Recién regresaba de un período vacacional y se le apreciaba la satisfacción por el cúmulo de obras emprendidas y casi todas terminadas…
“Hemos construido más de doscientos kms de nuevas vialidades en los centros urbanos, se dice fácil, pero construir vialidades como el R. Almada, aquí en Chihuahua, es difícil, lo ampliamos de 4 a 10 carriles de circulación, el libramiento aeropuerto en Juárez es una vialidad de primer mundo, 50 pasos a desnivel de un promedio de 30, 40 ó 50 millones cada paso a desnivel, hay algunos distribuidores viales mucho más costosos.
Hemos construido en esta administración o invertido más de 8 mil millones en infraestructura hidráulica, llevamos a través del acueducto Conejos Médanos en Juárez 4 mil litros por segundo de agua potable a la red interna de la ciudad, estamos por terminar la tercera planta de tratamiento que permitirá tratar el 100% de las aguas residuales en aquella frontera y la nota muy importante entre muchas otras es, que Chihuahua, al término de la administración, estará en primer lugar nacional, por mucho, en materia de tratamiento de aguas residuales, con el 86% de capacidad instalada para tratar aguas usadas, cuando el promedio nacional es abajo del 50%”.
Aquí se detiene en la enumeración y explica la importancia del hospital de Parral, que dará servicio a las poblaciones aledañas; se enorgullece de las dimensiones del nuevo hospital infantil de Chihuahua, que tendrá una superficie de 15 mil metros cuadrados de construcción, “es decir, tres veces más grande que el actual hospital. Tendrá tres quirófanos de primer mundo, quirófanos con capacidad e instrumentos y equipo para hacer transplantes, para hacer cirugía de corazón abierto a bebés a recién nacidos, endoscopias, diálisis, será un hospital de primera, con una inversión de 380 millones de pesos, de los cuales 90 serán de equipamiento”.
Su administración culminará dos de las tres etapas de la construcción. En este momento, hace una pausa y señala que son muchas las cosas por las que quisiera ser recordado, pero hay un tema que prefiere, el educativo, que le gustaría que “la gente dijera -el gobernador Reyes Baeza, de la administración 2004-2010, hizo una gran aportación en la parte educativa y cultural”.
Efectuado el recuento de lo realizado, ASERTO Tv le inquirió sobre la seguridad pública y la instrumentación del nuevo sistema de justicia penal.
“Mira, al sistema de justicia penal se le ha señalado como un sistema demasiado garantista, laxo en ocasiones que representa la puerta giratoria del delincuente que muchos delincuentes nomás entran y salen, yo creo que es un tema de cultura de una nueva cultura de aplicación de la justicia penal en el estado y en el país que finalmente nosotros estamos delante de lo que está aconteciendo en otras entidades federativas y de lo que va acontecer a nivel nacional en los próximos años porque, además, ya hay términos perentorios para que en el contexto nacional se dé el termino de la reforma.
Lo que he dicho en algunos foros locales y nacionales es que la reforma penal de Chihuahua no tuvo, luna de miel, que cuando empieza su vigencia eran circunstancias totalmente diferentes… El diseño, la concepción, el perfilamiento de la reforma empezó desde el 2004, yo recuerdo que las primeras pláticas con la actual Procuradora de Justicia Patricia González fueron en torno al nuevo sistema de justicia penal.
“Yo litigué en materia penal, anduve recorriendo los juzgados y haciendo promociones y les digo una cosa, el litigante con quien se entendía en aquel entonces era con la secretaria escribiente o con el secretario de acuerdos, en el mejor de los casos, difícilmente tenias oportunidad de interactuar con el juez de la causa para que escuchara el alegato directamente de la defensa o del coadyuvante del ministerio público… era un sistema obsoleto a más no poder.
¿Por qué? porque finalmente el juez lo que hacía era firmar el proyecto de sentencia que le presentaba el correspondiente secretario proyectista sin haber antes escuchado las partes en el proceso. Ese es un tema central del nuevo sistema de justicia penal en el marco de los juicios orales, yo creo pues que tenemos un sistema que le brinda mejores oportunidades tanto al propio imputado y a la víctima, creo que tenemos un sistema actual, que debo decirles, en lo que va de la vigencia del nuevo sistema de justicia penal no hemos tenido una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ese es un dato que me parece muy revelador y que tiene un altísimo valor, que criticas las hay”.
En esta parte de la entrevista, Reyes Baeza comenta que en las conversaciones sostenidas con el presidente (en ese momento) Alvaro Uribe, éste lo conminó a persistir en la aplicación del nuevo sistema de justicia penal pues, dijo, fue vital para superar la crisis de seguridad pública que padeció ese país.
¿Piensa que le llegue la paz a Chihuahua?
“Yo creo que sí, debemos pensar, saber y estar convencidos que tendremos que recuperar la tranquilidad a la que estábamos acostumbrados, porque la base moral de Chihuahua no se ha destruido. El norte del país y muchas entidades federativas son el escenario de disputa de grupos criminales en una guerra que no tiene origen en Chihuahua, la guerra de los grupos criminales no tiene su origen en una descomposición moral de la sociedad chihuahuense, hemos perdido terreno, eso sí, pero tenemos una gran base social, moral, ética que debe ser el soporte principal para que recuperemos la tranquilidad.
¿A qué me refiero? A que también ahí que reconocer autocríticamente que los muchachos que dejaron el libro para colgarse el fusil en el hombro no son traídos de Marte, ni de Júpiter, no son ni siquiera salvadoreños o guatemaltecos, son chihuahuenses, muchos de ellos jovencitos que dejaron la escuela y que desde los doce trece años se incorporaron desafortunadamente, o antes, a la lista de las adicciones y que al paso del tiempo esos muchachos fueron cooptados por los grupos criminales, ya no solo para que consumieran, sino para que informaran, luego para que llevaran y trasportaran droga y luego para que se convirtieran en sicarios… esa es la parte que debemos atender todos en la base social, en la familia chihuahuense e ir recuperando no solo con la policía, no solo con el apoyo del ejército, no solo con la policía federal. Con el apoyo institucional de los órdenes de gobierno vamos a lograr dar este paso adelante, yo creo”.
Al abordar la polémica sobre la legalización del comercio de las drogas (que no del consumo, eso no es un delito) el gobernador chihuahuense, sin oponerse a esa posibilidad, expresó que debería ser un debate internacional, no sólo nacional pues, dijo, no sería “idóneo” legalizarla en un solo país.
Reyes, en este aspecto, y expresado con el afecto que te profesamos, a ti se te ha acusado de ser débil en el ejercicio del cargo. Alguna gente, en los cafés, en las conversaciones se dice que lo que necesitamos es una mano fuerte para controlar la violencia que se ha generado en Chihuahua, en esta explicación que tú estas dando, me parece que ubica muchas de las cosas ¿Qué podrías decir, ya reflexionado, a punto de dejar el gobierno, con la mesura que concede la experiencia de haber gobernado Chihuahua? ¿Qué podrías decir de estos comentarios, que fueron incluso elemento de una discusión en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que tú reclamaste al senador Gustavo Madero hiciese expresiones públicas, peyorativas en tu contra?
“Yo creo que el ejercicio del poder público, cuando la sociedad te concede un mandato, obliga no solo a actuar con estricto apego a la ley y a los términos constitucionales, sino obliga a actuar con mesura, con prudencia, con sensatez; dejando de lado las pasiones, las fobias y las filias personales como integrante de un partido político, como integrante de un grupo, como creyente en una religión, como actor político. Creo que la sociedad no te otorga el mandato para que actúes en función de tu estado de ánimo matutino, o en función de los problemas familiares o personales que tengas, yo creo que los problemas de la casa se dejan en la casa, los problemas personales también se dejan en la casa porque no los puedes llevar al despacho del ejecutivo, yo no puedo y ni podría, ni hoy, ni en el futuro, independientemente de la responsabilidad, tomar decisiones en función, como se dice coloquialmente, de calenturas del momento, no se puede estar tomando las decisiones en función de eso, se tienen que tomar en base a la racionalidad política que obliga la alta investidura que tiene el titular del poder ejecutivo.
Algunos me han criticado de que faltó mano dura, no, lo que faltó en todo caso es el ingrediente del exceso y del abuso, eso sí falto ¿eh? yo nunca lo tuve y ni lo tendré, porque soy un creyente de la legalidad y del respeto a los derechos, la dignidad y las garantías de terceras personas yo nunca he transitado por esa vía.
La sociedad me exige y me demanda que actúe conforme a derecho y conforme a las normas mínimas de respeto en las relaciones personales de los chihuahuenses, he aplicado la ley cuando se tiene que aplicar, me he sentado a dialogar cuando se tiene que escuchar a la contraparte para saber cuál es su verdad me parece que el gobernante tiene la responsabilidad social, política, ética, moral de escuchar a quien no piensa igual. Te voy a decir, me podrán criticar de muchas cosas, hay detractores del gobernador, pero no me podrán criticar nunca que he actuado de mala fe, que he sido un servidor público que ha abusado, que se ha excedido, que ha maltratado, que ha violentado los derechos humanos y las garantías…”.
¿Tienes alguna queja contra ti en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos?
“No tengo ninguna, eso es muy importante y sabes qué, es imposible lograr la unanimidad en una sociedad tan diversa y tan plural como la nuestra, pues imagínate sería sospechoso tener unanimidad…”.
¿Considera que el problema del crimen organizado es problema de la Federación o error de su gobierno?
“De todos, yo creo que es problema de todos, más allá de las responsabilidades constitucionales”.
¿Qué opina de los ataques a la Procuradora del Estado?
“Mira, no es común que en una administración estatal el Procurador o la Procuradora en este caso duren los seis años, recordemos otras administraciones y hay administraciones que han tenido cuatro o cinco Procuradores…
La Procuradora empieza y se ha mantenido estos seis años, porque interpretó cabalmente el interés que yo tenía de transformar el sistema de justicia penal. Ha sido una mujer, como cualquier otro servidor público, con errores, con desaciertos como los he tenido yo, pero con una gran valentía que nadie le ha podido negar y con una gran capacidad técnica, académica, científica y al pasar el tiempo, como a todos, la sociedad juzgará el papel que desarrolló, pero creo que ha sido una mujer honesta, estoy seguro de ello y que siempre se ha apegado a la legalidad.
Y tiene un gran reconocimiento, incluso a nivel internacional”.
Tú has tenido expresiones críticas a las autoridades federales en la conducción de la Operación Coordinada Chihuahua, ¿Se ubica ahí una parte de las causas de la ola homicida?
“No, yo no creo. Yo creo que las fallas que habido en la coordinación, al pasar los meses y estos años han ido mejorando significativamente, yo en la crítica también he ido dejando expresamente testimonio de reconocimiento a las entidades federales, al señor Presidente de la República, no puedo dejar de reconocer el esfuerzo del Presidente, el apoyo incondicional de las fuerzas armadas, de la policía federal, de los ayuntamientos, muchos de los ayuntamientos; yo creo que si hubiésemos tenido un Presidente de la Republica, del PRI, tal vez hubiésemos podido tener una relación en el plano personal, más cercana, pero en la parte institucional hemos mantenido una buena comunicación con el titular del poder ejecutivo y con el grueso de los funcionarios públicos de la administración. No creo que esa haya sido una razón, motivo o un pretexto para decir no hemos avanzado lo suficiente, hemos hablado, hemos platicado, hemos acordado, hemos encontrado nuevas formas, nuevos caminos, tal vez no idóneos o no suficientes para contrarrestar o atenuar el impacto tan violento de los grupos criminales.
Durante meses Juárez estuvo por vigilada por más de doce mil elementos entre ejército, policía federal, municipal, cipolis y sin embargo la ola homicida en lugar de disminuir se incrementó al igual que los delitos del orden común, las extorsiones, secuestros, asaltos, robos a mano armada de vehículos, en fin ¿Crees que ha sido superado el Estado mexicano por esta confrontación que se sufre en Chihuahua, en el país, pero en el caso concreto de Chihuahua?
“Yo no creo Javier, no lo pienso y no quisiera nunca llegar a pensarlo, porque asumir una actitud de derrotismo, tampoco de triunfalismo ¿eh? nunca, pero de derrotismo entre nosotros sería, me parece llegar o caer en el fracaso total, yo creo que el Estado mexicano está haciendo su mejor esfuerzo y debemos, como sociedad, estar todos unidos más ahora que nunca con el Estado Mexicano, con los tres órdenes de gobierno, porque la pregunta ahora es, si el año pasado hubo 2 mil personas muertas en la lucha entre enfrentamientos entre grupos antagónicos o de estos con la autoridad…
Y los daños “colaterales” que son muchas víctimas, el 10%...
“El 10%, huérfanos niños y adolescentes. El comercio impactado, la industria impactada, la economía en general, todo esto es una realidad, los grupos criminales, al estarse disputando el espacio físico, han buscado también fuentes de ingresos y de financiamiento alterno, por eso hay delitos colaterales que surgen y se incrementan a partir de la lucha, como la extorsión y el secuestro, pero la pregunta es ¿De dónde surgen y emergen tantos jóvenes, para irse sumando a la lista de la organizaciones cuando van cayendo por cientos o por miles en la propia lucha? ¿Dónde estaban, quienes son, donde viven, quienes son sus padres, a que se dedicaban, iban o no a la escuela, son adictos, hacen o no deporte?
¿Qué está pasando, que vamos a hacer? Debemos voltear y ver a la familia, a los niños, para que estos niños de tres, cuatro y cinco años ahora no vayan a ser adolescentes que en lugar de traer el libro bajo el brazo traigan el fusil colgado, como lo traen ahora muchachos juarenses, chihuahuenses, veracruzanos, chiapanecos, que vinieron a Juárez a vivir, o que nacieron en Juárez porque sus padres son parte del flujo migratorio, la pregunta es ¿Cómo rescatar a la sociedad?”.
Se advierten en el gobernador el paso de los años, pero sobre todo el peso de las responsabilidades, peina ya bastantes canas, pero no pierde su jovialidad y la cordialidad para con quienes se le acercan. Cuestionado acerca de la propuesta de la creación de la policía única, insiste en que esa debería ser una herramienta necesaria para el momento actual. Se trata, dice, de que “en lugar de tener 2,500 policías municipales 32 policías estatales o no 32, sino 64, que son la ministerial y la preventiva, tener 32 policías estatales nada más y una federal… Si logramos sumar todos los policías que tiene el Estado de Chihuahua, entre municipales y estatales, podríamos tener una policía estatal de entre 7 ó 8 mil efectivos que pudiese moverse con un alto nivel de preparación a las regiones, según el comportamiento criminal, si en este momento Juárez demanda mayor presencia, concentremos 3 mil efectivos allá, si en este momento demanda mayor presencia el noroeste del Estado, concentremos allá mil efectivos”.
¿Cree usted que si su contendiente en aquel entonces, el Sr. Corral estuviera en su lugar, estuviera sucediendo lo mismo en seguridad pública?
“No sabría decirlo, yo lo que sí puedo decir es que hemos puesto lo mejor de nosotros mismos, alma, corazón, experiencia y entusiasmo. Hemos recibido las quejas con toda responsabilidad y madurez, no sabría decir que hubiera pasado si mi contrincante en el 2004 fuera ahora el Gobernador del Estado, lo que sí les digo es que el proceso de descomposición en este país, en el Estado, en particular de la propia sociedad, venía en aumento y finalmente, como en un grano se acumula la infección, tarde que temprano iba a reventar, ahora hay que buscar la curación de esa infección y darle el tratamiento adecuado yendo juntos la sociedad y el gobierno”.
De lo que no hiciste ¿Qué te causa más pesar, no haber hecho o que no pudiste hacer y que harás en el futuro próximo? Ya sé que te vas a descansar medio año, pero luego ¿Que harás?
“No dejar plena satisfacción en muchos hogares chihuahuenses respecto al tema de la seguridad. La seguridad personal y familiar es el bien más preciado de todos nosotros y a pesar del esfuerzo de las transformaciones, de las reformas, de los recursos del impulso, del tiempo dedicado es una asignatura pendiente por lo que hemos comentado y por el acoso de las organizaciones criminales, ese es el tema que me deja más inquieto, insatisfecho a pesar del gran esfuerzo que hemos hecho.
Me dedicaré unos meses al reencuentro de mi familia, de mis hijos, mi esposa, de mis seres más cercanos, de mi familia en general y regresaré a la vida política en algunas tareas partidistas, el 2012 está cerca. Mi pasión y mi vocación es la política, seguiré en ella durante el tiempo que pueda dedicarme en cuerpo y alma y aportando donde me encuentre lo mejor de mí para que Chihuahua siga siendo el Estado que todos queremos y añoramos”.
Las acusaciones que te hicieron y a la Procuradora Patricia González, en muchos momentos, no sé si por desesperación o por intención política, de pertenecer a una de las bandas criminales existentes en el país, ya con la mesura de estos meses ¿Qué contestas a eso?
“Son parte de la pasión y son parte de la descalificación y del juego de los propios grupos criminales, los grupos en disputa tratan de confrontar a la autoridad, señalan a la autoridad y está uno expuesto a esas cosas hasta el último día de la administración. Sin duda estaré expuesto a que un grupo señale a la Procuradora, señale al Secretario, me señale a mí, pero tengo mi conciencia tranquila y estoy muy satisfecho por el esfuerzo que he hecho. Intranquilo con algunos detalles, pero, lamento que en el marco de la coyuntura electoral se den este tipo de imputaciones sin razón que luego lastiman o pretenden lastimar la integridad moral de un persona y de la familia”.
LJV.- Por mi parte Reyes, quería decirlo en público. A lo largo de seis años, bueno, siete con la precampaña, y los meses anteriores en nuestro trabajo editorial hemos hecho críticas a tu desempeño, las hemos señalado, las hemos hablado abiertamente. Pero debo hacerte un reconocimiento por haberte mantenido en la conducción del Gobierno. No es fácil. Además, no sabemos que tengas riquezas, ni bien ni mal habidas, espero, y estoy seguro que el tiempo nos va a dar la razón, que no habrá patrimonio por encima a lo obtenido por tu salario, ni habrá compras de bienes y muebles, en fin, y no se te ha señalado.
No es fácil mantenerse en la entidad que tiene varios de los índices más violentos del mundo y soportar de la manera que has hecho las críticas, soportando a la oposición que aquí es una oposición muy fuerte, respetando las posturas políticas y sin embargo no hemos tenido una crisis política, y eso siempre hay que considerarle al gobernante que se va.
“Te agradezco Javier, recordaba cuando hace seis años y medio me estabas entrevistando arriba del autobús en Camargo enfrente del Hotel, pasaron ya casi 7 años y seguimos igual, bueno, los años pasan y se nos queda algo. Gracias Georgina muy amable”.
GT.- Muchas gracias por acompañarnos, felicidades y esperamos que nos vuelva a acompañar.
“Ojalá me inviten y aquí estaremos con mucho gusto y que buen raiting tienen, felicidades”.
Salida sin honra
Editorial, Aserto 86, septiembre 2010
El término de la gestión municipal panista en la capital de Chihuahua no podía ser peor. Lo hacen en medio del escándalo y de la crítica ciudadana a causa de lo que parece ser un sello de la casa: Los enormes ingresos salariales que se adjudican en el desempeño de la función pública.
Pero si ahora son ellos los que cargan con el descrédito ciudadano, también los funcionarios municipales del PRI y del PANAL deberán contar con su propia parte. El descubrimiento periodístico de la entrega –y aceptación- de una compensación extra, que se le denomina “bono”, puso a todos a temblar, y como cuando se pilla a un niño en la comisión de alguna falta, así los funcionarios públicos, del PRI, del PAN o del PANAL incurrieron en infinidad de contradicciones al intentar justificar tal ingreso, por la sencilla razón que todos estuvieron de acuerdo en otorgárselo
Unos dijeron que eran bonos de contingencia judicial –para enfrentar las demandas que les sobreviniesen por errores cometidos en la función pública, otros, de plano dijeron que así se estilaba en todos los órdenes de gobierno al terminar la gestión. El problema para esta argumentación es que desde fines de 1998 ya es un delito el otorgarse bonos por término de gestión.
Y finalmente debieron aceptar que son los llamados bonos de “actuación”, precisamente por constituirse como estímulo para el desempeño de sus funciones. El problema reside en que el monto de tales bonos es igual al de los salarios percibidos por los funcionarios y que tal normatividad rige, pero para los trabajadores del municipio, no para los funcionarios.
Pero si tal cosa fuera cierta, entonces lo que debieran hacer la autoridades municipales, es publicar las evaluaciones efectuadas al desempeño de los funcionarios de primer nivel del ayuntamiento de Chihuahua, porque ¿Quién evaluó al presidente municipal? ¿Un subordinado suyo? ¿De veras será cierto que la Oficial Mayor del municipio es quien debe evaluarlos, incluido el alcalde?
Patrañas.
Tal asunto viene a darle la puntilla a una administración que inició mintiendo acerca de este asunto pues la primera pregunta que se le hiciera a Carlos Borruel –inmediatamente después de recibir la constancia de mayoría- fue acerca de los bonos de actuación. Tajantemente afirmó que no habría pagos extraordinarios a los funcionarios municipales durante su gestión.
Por desgracia no es así, ahora sabemos que desde muchos meses atrás existía, como único proyecto político del alcalde, alzarse como candidato al gobierno de Chihuahua. No satisfecha tal aspiración, empiezan a aparecer los problemas generados por tan peculiar forma de ejercer el poder, pensada solo en función de tales aspiraciones, que vino a confirmar que, con notable frecuencia, los gobernantes panistas son quienes resultan ser los funcionarios públicos más caros y que no es ninguna coincidencia que, durante las administraciones federales de Fox y Calderón, la burocracia de “pedigreé” aumentó escandalosamente y que los extraordinarios ingresos generados por la venta de petróleo solo sirvieron para engrosar la nómina gubernamental, y con estratosféricos salarios para los funcionarios de los primeros niveles de gobierno.
El problema es que tan perniciosa enfermedad contagia a todos, independientemente del partido de procedencia y que, ya encarrerados, son buenísimos para inventar justificaciones a cosa que es absolutamente injustificable.
Y luego pretenden permanecer en el gobierno, con todo y artimañas, como lo prueba el hecho de que, según el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, encontró a Felipe Calderón culpable de haber violentado la ley al emitir sendos mensajes a pocos días de la celebración de elecciones en catorce estados.
Ya previamente, en 2006, ese mismo tribunal había señalado que Vicente Fox había violentado la ley electoral con sus participaciones.
Conductas como las señaladas son las que rechazaba violentamente el fundador del PAN, y que en su tiempo achacó al antecesor del actual PRI, el PRM.
El término de la gestión municipal panista en la capital de Chihuahua no podía ser peor. Lo hacen en medio del escándalo y de la crítica ciudadana a causa de lo que parece ser un sello de la casa: Los enormes ingresos salariales que se adjudican en el desempeño de la función pública.
Pero si ahora son ellos los que cargan con el descrédito ciudadano, también los funcionarios municipales del PRI y del PANAL deberán contar con su propia parte. El descubrimiento periodístico de la entrega –y aceptación- de una compensación extra, que se le denomina “bono”, puso a todos a temblar, y como cuando se pilla a un niño en la comisión de alguna falta, así los funcionarios públicos, del PRI, del PAN o del PANAL incurrieron en infinidad de contradicciones al intentar justificar tal ingreso, por la sencilla razón que todos estuvieron de acuerdo en otorgárselo
Unos dijeron que eran bonos de contingencia judicial –para enfrentar las demandas que les sobreviniesen por errores cometidos en la función pública, otros, de plano dijeron que así se estilaba en todos los órdenes de gobierno al terminar la gestión. El problema para esta argumentación es que desde fines de 1998 ya es un delito el otorgarse bonos por término de gestión.
Y finalmente debieron aceptar que son los llamados bonos de “actuación”, precisamente por constituirse como estímulo para el desempeño de sus funciones. El problema reside en que el monto de tales bonos es igual al de los salarios percibidos por los funcionarios y que tal normatividad rige, pero para los trabajadores del municipio, no para los funcionarios.
Pero si tal cosa fuera cierta, entonces lo que debieran hacer la autoridades municipales, es publicar las evaluaciones efectuadas al desempeño de los funcionarios de primer nivel del ayuntamiento de Chihuahua, porque ¿Quién evaluó al presidente municipal? ¿Un subordinado suyo? ¿De veras será cierto que la Oficial Mayor del municipio es quien debe evaluarlos, incluido el alcalde?
Patrañas.
Tal asunto viene a darle la puntilla a una administración que inició mintiendo acerca de este asunto pues la primera pregunta que se le hiciera a Carlos Borruel –inmediatamente después de recibir la constancia de mayoría- fue acerca de los bonos de actuación. Tajantemente afirmó que no habría pagos extraordinarios a los funcionarios municipales durante su gestión.
Por desgracia no es así, ahora sabemos que desde muchos meses atrás existía, como único proyecto político del alcalde, alzarse como candidato al gobierno de Chihuahua. No satisfecha tal aspiración, empiezan a aparecer los problemas generados por tan peculiar forma de ejercer el poder, pensada solo en función de tales aspiraciones, que vino a confirmar que, con notable frecuencia, los gobernantes panistas son quienes resultan ser los funcionarios públicos más caros y que no es ninguna coincidencia que, durante las administraciones federales de Fox y Calderón, la burocracia de “pedigreé” aumentó escandalosamente y que los extraordinarios ingresos generados por la venta de petróleo solo sirvieron para engrosar la nómina gubernamental, y con estratosféricos salarios para los funcionarios de los primeros niveles de gobierno.
El problema es que tan perniciosa enfermedad contagia a todos, independientemente del partido de procedencia y que, ya encarrerados, son buenísimos para inventar justificaciones a cosa que es absolutamente injustificable.
Y luego pretenden permanecer en el gobierno, con todo y artimañas, como lo prueba el hecho de que, según el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, encontró a Felipe Calderón culpable de haber violentado la ley al emitir sendos mensajes a pocos días de la celebración de elecciones en catorce estados.
Ya previamente, en 2006, ese mismo tribunal había señalado que Vicente Fox había violentado la ley electoral con sus participaciones.
Conductas como las señaladas son las que rechazaba violentamente el fundador del PAN, y que en su tiempo achacó al antecesor del actual PRI, el PRM.
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