Deuda, crecimiento exponencial

Editorial

Aserto 128, marzo de 2014

Lo declarado por el Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, Jaime Herrera, es extremadamente preocupante. A pesar de su reiteración acerca de la buena “salud” de las finanzas, en tan solo un año la actual administración recurrió al empréstito que sí aceptan como deuda, la deuda directa, en montos que revelan la gravedad y profundidad de la crisis de las finanzas estatales.

Creció en 11 mil millones de pesos (mmdp); y la de los fideicomisos y bonos carreteros creció 7 mmdp.

Más aún, obligado a responder si los ingresos derivados del peaje de las casetas de las carreteras, estatales o concesionadas, constituyen deuda o no, aceptó que eran “pasivos” o “compromisos”, que en el lenguaje técnico financiero no es otra cosa que deuda, lisa y llanamente.

Además, en el curso del mes de febrero informó que esa deuda directa llegaba a la cifra de 19 mil 900 millones de pesos.

De acuerdo con la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el total de la deuda, a fines de 2012, llegó a 23 mil 284 millones de pesos (mmdp), de los cuales 6 mil 216 mdp eran deuda directa avalada con las participaciones federales y 6 mil 249 mdp con ingresos propios; es decir, 12 mil 465 mdp de deuda directa y 8 mil 364 mdp correspondían a “emisiones bursátiles”.

Al cierre de 2013 ascendía, el total, a 41 mil 768 mdp, de los cuales 17 mil 966 correspondían a la deuda directa y 15 mil 70 a emisiones bursátiles. En el curso de ese año, el gobierno reestructuró su deuda y la sostenida con la banca de desarrollo, garantizada con las participaciones federales, ascendió a 5 mil 873 mdp.

Entonces, de acuerdo con las cifras de Hacienda federal, en números redondos, la deuda directa, la contratada con la banca comercial y la de desarrollo, garantizada con las participaciones federales, pasó, en un año, de 12 mil 465 mdp a 23 mil 839 mdp, esto es, un crecimiento de 11 mil 374 mdp ¡Casi el doble!

Cosa similar ocurrió con la deuda granizada con las emisiones de la bolsa, pasó de 8 mil 364 mdp a 15 mmdp, también, casi el doble.

Entre ambas, la deuda de Chihuahua creció ¡18 mil 500 millones de pesos! ¡En un año!

Tales cifras arrojan un resultado, por lo menos, preocupante en términos del esclarecimiento del ejercicio del presupuesto de la actual administración estatal pues significaría que habrá ejercido, en 2013, más de 71 mil millones de pesos, un crecimiento del 33% del presupuesto aprobado por el Congreso del Estado.

Y la deuda habrá crecido en un 79.4%.

¿Cómo no preocuparse ante esas cifras?

Si faltaran motivos para ello, el propio secretario los aporta en la entrevista, justifica los empréstitos en el desmedido crecimiento del gasto educativo, de lo empleado en seguridad pública y de las obras emprendidas.

Pero de sus palabras se desprende que fue empleado mayormente en el gasto corriente del gobierno estatal, algo que está prohibido por la regulación existente ya que, dice, los empréstitos deberán ser usados en la creación de infraestructura, y de ninguna manera en el gasto corriente.

Nadie podría oponerse, válidamente, a que la mayor parte del gasto estatal se empleara en la educación, la salud y la seguridad pública, pero lo informado por la instancia federal encargada de las finanzas no solamente ha encendido los focos de alerta en el ámbito local, también allá pues se trata de un desmedido crecimiento de las obligaciones estatales, lo que, sin duda, irá en demérito del presupuesto que deberán ejercer las administraciones posteriores.

Jaime Herrera afirma que no sucede tal en este momento, que no están comprometidas las finanzas estatales, que no se ha afectado del desarrollo futuro de los chihuahuenses y que no queda de otra que seguir invirtiendo en la educación y la salud.

Es de tal magnitud el monto de la deuda que ha llevado al gobernante a desmentir, una y otra vez, que haya llegado a los niveles informado por algunos medios de comunicación, que sólo, dice, es de 17 mil millones de pesos, como lo dijo en el curso de un discurso de una asamblea de maestros celebrada en la primera semana de marzo en Juárez.

Sin embargo, la fuente de las informaciones es intachable, por lo menos debiera serlo para los militantes y gobernantes emanados del PRI: Es la Secretaría de Hacienda del gobierno de Enrique Peña Nieto, su compañero.

Y fue elaborada por el equipo dirigido por uno de los colaboradores más poderosos de ese equipo, Luis Videgaray.

Ni modo que a éste también lo desmientan. 

La de los bonos carreteros: Sí es deuda: Jaime Herrera

Aserto 128, marzo de 2014

Inmerso en la polémica sobre el monto y carácter de la deuda, controversia atizada por el gobernante chihuahuense, su Secretario de Hacienda, Jaime Herrera, en el curso de una entrevista radiofónica (Aserto Radio, 21/II/14, a través de Antena FM102.5, www.antenafm.mx) aceptó que el total informado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del gobierno federal, al término del 2013 había llegado a casi 42 mil millones de pesos (mmdp), con lo que en el curso de ese año se había incrementado en alrededor de 18 mmdp, un aumento del 80%.

Ninguna entidad presentó tal incremento, lo que llevó a la entidad al tercer lugar nacional, por el monto, y al primero por el porcentaje que representa de su PIB.

Por el indudable valor que tiene, decidimos publicarla casi íntegra pues lo ahí expresado le permitirá a los chihuahuenses contar con más elementos para definir sus posturas respecto a tema tan trascendental

Luis Javier Valero Flores

-Jaime, Chihuahua ya trae una deuda arriba de la de Coahuila…

JH.- “No es cierto, Coahuila trae un adeudo de 35 mmdp, de ellos, 34 mil son deuda directa soportada con las participaciones federales, la de Chihuahua no, es de 17 mil 966 mdp, si vemos ese cuadro (el publicado por la SHCP), para el caso de Chihuahua son 25,614, y por ello pasa al 6o. lugar nacional por el monto de la deuda directa, avalada con las participaciones federales”.

A continuación explica que esa es la deuda con la banca comercial, pero se le suman casi 6 mmdp con la banca de desarrollo (Banobras), por lo que, dice, “son 25 mmdp en créditos bancarios, directos, que ahí el estado sí tiene obligación de pagar, en realidad son 19 mil 921 y corresponden a 5 créditos bancarios, 4 de banca comercial y 1 de Banobras, a 30 años, de 3 mmdp”. 

“La contratación se llevó a cabo con un proceso de licitación… La tasa ponderada es de 1.8 pero por la calificación crediticia llegó a 1.4, más la TIIE, la deuda quedó en alrededor del 6%, a 30 años… Con BBVA es con quien se ha contratado la mayor parte de la deuda de este tipo”.

Dispuesto a explicar con detalle todos los aspectos de la deuda, abundó en ellos, y sostuvo que “… gracias a la concesión de las carreteras, que se amplió a 30 años, fue posible contratar este crédito; hay otro componente en la deuda directa que es el de los 1 mil 800 millones de pesos, que son los cupones cero, lo único que se va pagando es el costo financiero de éste y con él se está construyendo la ciudad judicial y otras obras, también se contempla una emisión bursátil sobre el impuesto sobre nómina. Impuesto que creció hasta el 3%, que generó algunas críticas, pero que otros estados, el Distrito Federal y Estado de México también han aprobado”.

Después de explicar la composición de la deuda directa (la que está avalada por las participaciones federales, que para 2013 ascendieron a 38 mmdp), Herrera afirmó que “En números redondos la deuda sobre la que debemos pagar intereses son 20 mil millones de pesos, porque entre los bonos ceros y el impuesto sobre nómina son los otros 5 mil millones de pesos”.

-Sin embargo, Hacienda federal dice que al cierre del 2012 las emisiones bursátiles eran de 8 mil millones de pesos...

“Bueno, habría que revisar eso. Lo que pasa es que tuvimos muchos requerimientos, lo que es la parte educativa, lo que es la seguridad pública se ha mantenido al alza y se han tenido que tomar recursos para poder avanzar en la materia de educación…”.

-Pero la deuda directa creció, en un año, 11 mil millones de pesos ¿Ahí se contempla también la deuda con proveedores…?

“Sí, ahí está contemplada esta parte de la deuda”, y al afirmar lo anterior, sostuvo que esa deuda es heredada, fruto de un pasivo, o de un déficit generado desde los gobiernos anteriores, incluso al de Reyes Baeza, “… esta administración recibe, al terminar el gobierno de Reyes Baeza, un déficit operativo de alrededor de 10 mil millones de pesos, es decir pasivos con proveedores, con casas comerciales, en fin, que se viene manteniendo un pasivo a través de varios mecanismos, de créditos de corto plazo, arrendamientos, cadenas productivas, una especie de factoraje, es decir, estos 10 mil millones de pesos ya venía generándose desde hace algunos años, yo no podría decir, incluso, que es una deuda generada por el gobierno anterior, vienen de más atrás, es decir, prácticamente desde el año de 1992 empieza a generarse pasivos derivados del mismo factor que hoy tenemos crecido, que es el tema de las escuelas, de la educación básica y la media media superior”.

“Es lo que ocurre, francamente es un gasto con un crecimiento extraordinario en el gasto de educación y que, a partir del 2011, cuando entra el gobernador Duarte, le hemos tenido que invertir más a la educación, en seguridad, en donde hemos tenido que triplicar el gasto de seguridad pública, donde eran niveles de mil millones de pesos, hoy estamos invirtiendo más de 3 mil millones de pesos…”.

-En este tema, Jaime, no es un tanto que el gobierno del estado desea que no se clasifique como deuda la proveniente de la bursatilización porque entonces estaría violando la ley que establece la obligación de destinar la deuda a la infraestructura y no al gasto corriente?

-¿Técnicamente es deuda este asunto de las emisiones bursátiles…?

“… Es un pasivo. Es una obligación…”.

-… Es deuda...

“La diferencia es que el pago de esa deuda no va provenir del pago de los impuestos de los chihuahuenses, ni sale del ISN (Impuesto Sobre Nómina), ni sale de las participaciones federales, ni viene del ISR, IVA o de otros impuestos estatales, eso no se va pagar con impuestos federales o impuestos estatales… Son recursos que se van a pagar procedentes de los flujos carreteros; yo ahí es donde ubico la polémica que si es deuda, que si no es deuda; bueno pues sí es deuda…”.

Y argumenta a favor del esquema de bursatilización de los peajes carreteros, porque, dice, “aquí la diferencia es que las carreteras son propiedad de Chihuahua o del gobierno federal, en cuanto sales del estado te vas encontrar que las carreteras son privadas. Lo que tenemos se deriva de una decisión del gobernador Patricio Martínez, que no estuvo de acuerdo en que se realizara el rescate carretero en Chihuahua, para que luego el gobierno las concesionara a inversionistas privados…”.

-… Este crecimiento de 11 mmdp de deuda directa sí llama a preocupación...

“Los rubros fundamentales en que se gastaron son educación, seguridad, salud es en lo que más se ha tenido que invertir.

Mira, el gobierno de Chihuahua recibe de ingresos 8 mil, a los cuales hay que restar 2 mil, porque son los que entrarían por el peaje carretero, son 6 mil, más alrededor de 38 mil de participaciones federales, pero ya vienen etiquetadas; entonces tendríamos ingresos de 44 mil millones de pesos; nada más que los maestros nos cuestan 9 mil 300 mdp, quiere decir que genera un déficit de 3 mil, el presupuesto de seguridad pública te cuesta otros 3 mil, la burocracia te cuesta 5 mil… con la deuda hemos solventado…

-¿Y no estamos maniatando a los otros gobiernos de Chihuahua…?

“No, las concesiones obtenidas por el gobernador Duarte es una especie de certificado para los próximos seis gobernadores, para que lo vayan utilizando conforme el flujo carretero vaya creciendo. Levantamos este año, estos 15 mmdp, el próximo año, con el crecimiento de la economía, seguramente podremos levantar otros 3-4 mil millones más (en la bursatilización) como producto del crecimiento económico… El esquema de la bursatilización del peaje carretero le permitirá a la siguiente administración levantar algo así como 5 mil millones de pesos…”.

-… Sin ponerle casetas a las carreteras, como la de Chihuahua Delicias...

“Bueno, ese es otro gran tema que en su momento habrá que analizar. Es muy sencillo, la pregunta que tenemos que hacernos es si queremos tener una carretera a la que hay que estar invirtiendo permanentemente para mantenerla bien, o si quisiéramos tener una autopista alemana, con alumbrado y de cemento.

¿Qué queremos tener, una autopista como la que ahora tenemos, que está en permanente reparación o una de cuatro carriles en cada sentido e iluminada? Pero, en fin, es un tema que se analizará en su momento…”.

-¿Pero no estará contemplada para 2014…?

-¿Cuánto se piensa cobrar en las cinco casetas que se proponen y cuánto es lo que se debe pagar de intereses de las emisiones bursátiles?

“Hay una parte fija que se paga al 7 o 7.5 y otra parte variable, entre  5 y 5.5. Eso está bursatilizado a plazos de 15 a 20 años, que irá creciendo conforme aumente el flujo carretero, y éste se incrementa con base en el crecimiento económico. Chihuahua tuvo un crecimiento del 5% en 2013, ninguna entidad lo presentó así, ni el país mismo y nadie habla de eso, al revés, ahora mismo nos acusan que estamos despidiendo gente, pero vamos a ver cuáles son las prioridades ¿A ver, usted está de acuerdo en que sigamos alimentando a una burocracia que es improductiva? ¿O prefiere que se abra una escuela?…”.

-¿En qué se gastó la deuda?

“El dinero se ha gastado fundamentalmente en educación. El gobernador Duarte se había propuesto la construcción de 9 bachilleratos, ya van 10, la meta eran 7 Cecyt's, van 9, había la propuesta de hacer 10 universidades tecnológicas, van doce; se han abierto más de 110,000 espacios educativos, y aquí la pregunta, francamente, ¿Eso está mal?

¿Está mal que invirtamos el dinero en abrir escuelas? ¿En contratar maestros? Creo que es el camino que debemos seguir”. 

Y regresa a las cuentas del déficit. “Sólo tenemos ingresos propios de 6 mmdp y se deben pagar 9 de educación, es decir, 3 mil de déficit, más 3 de seguridad pública; hay que cubrir pensiones, que esa es una cantidad de alrededor de 2 mil o 3 mil millones de pesos, más salud, otros 2 o 3, lo que lleva a 12 el déficit; la burocracia cuesta 5 mmdp…

Si ya llevo una cuenta cercana a los 20 ¿de qué tamaño es el déficit? Pues arriba de 14 mmdp ¿Cómo le vamos hacer? Pues tenemos que ajustar donde podamos. Chihuahua es el estado número 1 en recaudación, tenemos una recaudación del 15%, el resto de los estados andan en el 7%; entonces la interrogante es ¿De dónde obtenemos más ingresos? Y obviamente salió el tema de los otros ingresos del peaje carretero, tuvimos que ajustarnos al impuesto sobre nómina; porque aquí hay un acuerdo, Chihuahua no puede seguir tomando más créditos, la capacidad del Estado no nos permite seguir contratando más deuda, entonces tenemos que explorar otras vías, por ejemplo, el estado tiene una gran cantidad de inmuebles, de bienes fijos, tiene muchos terrenos, pues véndelos, réntalos…”. 

-¿Cuánto van ahorrar con el programa de austeridad de 2014…?

“¿Qué necesitamos hacer? Bueno, pues que este déficit de alrededor de 20 mmdp, vemos que va a tener que ir ajustándose de manera tal que los próximos años llegue a cero, no es una tarea sencilla es una cantidad muy grande…”.

-¿Habrá dinero para la nueva ruta troncal del Vive Bus?

“Tenemos que modernizarnos, no podemos quedarnos con este tipo de transporte, estamos haciendo todos los esfuerzos, vamos a buscar dinero por otras vías que nos permitan aprovechar todos los recursos.

Pero es que nos encanta martirizarnos con las malas noticias, no somos capaces de propagandizar lo bueno !Ah el tema es la deuda!”.

La entrevista finalizó con el secretario Herrera tratando de convencer a los radioescuchas de lo central de su mensaje: “Tenemos que seguir buscando la manera de cómo aclarar las cosas, dimensionar bien los problemas. El esfuerzo tenemos que hacerlo todos, los empresarios, todos. Nosotros quisiéramos siempre lo mejor para Chihuahua”.

Casi al término de la entrevista se le preguntó si todos los créditos habían sido aprobados por el Congreso.

“Todos los empréstitos fueron autorizados por Congreso del Estado. En septiembre del año pasado nos aprobó un endeudamiento por 30 mil millones de pesos”.

Vive Bus, el obsceno financiamiento

El Diario, 30 de marzo de 2014

Luis Javier Valero Flores

La crisis del Vive Bus-Chihuahua ha develado infinidad de vertientes que obligaría, no solamente al Gobierno del Estado, sino a la sociedad chihuahuense, al replanteamiento del esquema mediante el cual a un grupo de empresarios, además de otorgárseles las concesiones para la prestación del servicio de transporte urbano, se les subsidiará -ya se les subsidia- con extraordinarias inversiones públicas a fin de que puedan operar sin problemas su negocio, que es, para el resto de la población, absolutamente indispensable.

La oportunidad para hacerlo es inmejorable en el caso del Vive Bus-Juárez pues en este caso, al contrario de Chihuahua, se optó por iniciar la transformación del transporte urbano de manera paulatina con una sola ruta, ciertamente una de las más importantes del antiguo Paso del Norte, la Presidencia-Tierra Nueva.

En tan solo tres meses de funcionamiento arrojó luces sobre los verdaderos ingresos de los transportistas. Según sus propias informaciones, en la actualidad alrededor de 48 mil personas utilizan ese servicio diariamente, lo que arrojó utilidades de 10 millones de pesos y medio.

Son 50 camiones los que prestan el servicio en la única ruta del Vive Bus-Juárez con “unos 48 mil usuarios diarios, informó el coordinador del proyecto del Sistema de Transporte Colectivo de Ciudad Juárez por parte del Estado, Manuel Ortega Fernández”. (Nota de Araly Castañón, El Diario de Juárez, 28/III/14).

Pero “… Hace un mes el ex presidente de Intra, Rodolfo González Perea, quien actualmente sólo es socio de la empresa, aseguró que el proyecto había dejado 10.5 millones de pesos en los primeros tres meses de su operación”. (Ibídem).

“Según se vino previendo en el anteproyecto, la ganancia era de cinco mil pesos por concesión de manera semanal. Hay alrededor de 25 concesionarios, pero todavía no sabemos cómo va a quedar”, dijo Juan Carlos Saldívar Hernández, vocero de la empresa integradora INTRA. (Nota de Angélica Villegas, El Diario de Juárez, 11/XII/13).

Especulemos: Si diariamente 24 mil personas pagan la tarifa completa y otros tantos la tarifa especial, resultaría que tienen ingresos diarios del orden de los 200 mil pesos, de 6 millones al mes. Descontemos de ahí los gastos de la operación, calculemos en 4 millones mensuales, restan 2 millones de ganancias, con estos cálculos, que chocan con lo informado por González Perea.

Pero resulta que si sólo son 25 concesionarios, a pesar de todo cada uno tendría ganancias del orden de los 80 mil pesos mensuales. Y apenas empieza el proyecto.

Sin embargo, cuando se le inquirió al vocero acerca de las ganancias obtenidas en sólo tres meses de funcionamiento, afirmó que de ellas se tenía que descontar el pago de los camiones. 

A la fecha no han erogado un solo centavo por ese concepto pues aún no se define, ni siquiera, el mecanismo de compraventa, a pesar de que el plazo para concretar la venta vence el 30 de abril.

El desmentido viene desde las alturas. El alcalde Enrique Serrano informó que los camiones que operan el sistema semimasivo ViveBús Juárez les serán vendidos a los concesionarios conforme al avalúo correspondiente, pero que ronda el millón de pesos por unidad.

A su vez, el tesorero Juan Miguel Orta Vélez, informó que el Ayuntamiento aún debe 129 de los 475 millones de pesos que el Gobierno solicitó en la administración 2007-2010 para adquirir 50 unidades de pasajeros y para construir la infraestructura del transporte semimasivo, de ellos, 175 millones de pesos fueron destinados a la adquisición de los camiones, que ya fue liquidada. (Nota de Antonio Rebolledo, El Diario de Juárez, 28/III/14).

Es decir, cada vehículo nos costó 3 millones 500 mil pesos y ahora tienen un valor de un millón de pesos.

La conclusión de las negociaciones para la adquisición de las unidades vence en abril, pero el alcalde Serrano informó que “el flujo financiero del sistema de transporte no ha generado los recursos suficientes para pagar los autobuses”. (Ibídem). No parece ser así.

Tan solo por esta operación, el municipio de Juárez habrá perdido 125 millones de pesos.

Un segundo crédito, por 300 millones, fue el contratado para la construcción de los paraderos, para el confinamiento del carril exclusivo, para la compra de los vialetones, en el pago de las afectaciones a particulares por el desarrollo de las obras y la compra de los terrenos que albergarán los talleres.

No son los únicos egresos municipales realizados para subsidiar a la empresa de transporte urbano. A fin de dotar a la ruta troncal del Vive Bus de los señalamientos necesarios para que los vehículos puedan dar vuelta a la izquierda -o prohibirlo-, además de un conjunto de señalizaciones pendientes de colocar, la vocera de la dirección de tránsito declaró que “de 750 señalamientos gráficos, la DGTM ha colocado 500 de cruce peatonal, disminución de velocidad y vueltas indirectas. Aparte se van a colocar 92 semáforos peatonales y 19 vehiculares”. (Nota de Araly Castañón, El Diario de Juárez, 28/III/14).

En esas obras, el municipio gastará “15 millones de pesos en elaborar y colocar estos gráficos y semáforos”. (Ibídem).

“Se les está dando una última pasada a los paraderos. Estamos revisando cada uno, para tener cualquier detallito que se requiera y las vueltas izquierdas se van a hacer posteriormente, pero va a iniciar la primera etapa así como está”, decía el subsecretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado en Juárez, Everardo Medina, el 15 de noviembre pasado; cuatro meses después no se han realizado tales obras. Inaudito.

En tanto, 106 cadetes de tránsito y policía y 12 agentes vigilan el sistema de transporte ViveBús ¿Cuánto se gastará en salarios de todos ellos, al mes? Y eso es ahora, pero al inicio de las operaciones más de mil empleados gubernamentales, estatales y municipales, fueron destinados a atender todos los pormenores del Vive Bus-Juárez.

No es lo único. El Gobierno del Estado tiene planeado invertir 69 millones de pesos más en el presente año en la construcción de la terminal suroriente, los patios de resguardo de la zona suroriente, así como los patios de resguardo de la zona poniente, aspectos que no se contemplaron en su totalidad en el Vive Bus-Chihuahua que, por ejemplo, ha invadido los terrenos aledaños al Estadio de la Uach, sin que hasta la fecha se haya informado de los términos en que una universidad pública financia a una empresa privada con el usufructo de sus instalaciones de manera gratuita (mientras no nos demuestren lo contrario).

¿Pues de qué clase de empresarios estamos hablando, con tantos privilegios?

Y faltan el resto de las obras necesarias de las rutas troncales y la instrumentación de las alimentadoras, en ambas ciudades ¿De qué montos será la inversión pública?

Más. Aunque el proyecto del nuevo sistema de transporte urbano contemplaba la adquisición de camiones nuevos para las rutas alimentadoras de la primera troncal del ViveBús, los concesionarios ya están condicionando su participación a que los dejen comprar  los mismos camiones escolares de desecho de siempre. 

Total, que los usuarios son los que sufrirán por el servicio y lo peor es que las autoridades siempre los dejan hacer lo que quieren. El colmo es que todavía es hora de que no pagan un cinco de los camiones que compró la Administración municipal de José Reyes Ferriz y que ahora son la base de su negocio en la primera etapa del semimasivo.

Su petición consiste en que se les permita reciclar autobuses modelos 2002 y 2003 para las siguientes rutas que se pondrán en funcionamiento en ese sistema. “Para completar las rutas alimentadoras de la troncal Presidencia-Tierra Nueva, en lugar de camiones para transporte colectivo se contempla adquirir unidades escolares, aseguró el tesorero de la Integradora de Transporte de Juárez (Intra), Luis Alfonso Sosa Flores”. (Nota de Araly Castañón, El Diario de Juárez, 18/III/14).

¡Ah, pero si el gobierno les permite elevar la tarifa a ocho pesos, dicen, entonces podrían adquirir camiones nuevos! Los argumentos son los de siempre para exigir el aumento de la tarifa, “los altos precios de las refacciones y del combustible”.

Y también, como siempre, los cuestionamientos de los usuarios. 

Si no obtienen las utilidades que se les achacan ¿Entonces por qué continúan en el negocio? ¿Por su patriótico sentido del “servicio público”, que lo contradicen sus niveles de vida?

Una diferencia existe entre las empresas que prestan el servicio en Juárez y Chihuahua. Por lo menos la de Juárez deja traslucir, así sean cuestionables sus cifras, el número de usuarios diarios, pero la de Chihuahua, nada, la opacidad plena, y eso que la inversión pública en su empresa es mayor.

Por dondequiera que se le observe, no hay explicación racional para que continúen, el Gobierno de Chihuahua y los ayuntamientos de Juárez y la capital, subsidiando a un negocio enteramente privado, y menos se justifica si el carácter del servicio que prestan es estratégico y lo hacen con tan elevados niveles de ineficiencia.

No hay justificación alguna, en todas las ciudades de población semejante a la de estas dos ciudades, cuando cuentan con un sistema de transporte unificado, es propiedad del Estado y es operado por éste, bajo distintas modalidades, las que tienen, como requisito indispensable, velar, ante todo, por el interés público, antes que el privado.

Y si algo nos faltara en tan enredado problema, la participación de los dos partidos mayoritarios en Chihuahua, partidizándolo, intentando, claramente, llevar agua a su molino, poco le aporta a la solución de tan complejo problema que implica, de manera directa, a más de un millón de chihuahuenses.

Queda en el aire la más evidente contradicción: El gobierno no puede subsidiar la operación de una empresa privada; si ésta no cuenta con la capacidad para ofrecer el servicio, entonces el Estado debe operarlo.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Ahí viene el lobo...

El Diario, 27 de marzo de 2014

Luis Javier Valero Flores

Las tibias  anunciadas ayer por el Secretario de Gobierno, Raymundo Romero, para aplicarse en el Vive Bus- Chihuahua, luego de las tronantes declaraciones realizadas a lo largo de varios días por el Gobernador del Estado, César Duarte, son la ratificación de lo que se especulaba en casi todos los círculos sociales: Que no había la intención de enfrentar de lleno el problema creado por los concesionarios.

Afirmar que la ruta troncal "es un éxito", como sostiene el segundo de a bordo en Palacio, significa el pleno desconocimiento de lo que ocurre en el transporte de cientos de miles de habitantes de la capital chihuahuense.

De ninguna manera se puede calificar de exitosa la prestación de un servicio, "en las horas pico", en el que la absoluta mayoría de quienes viajan en esas condiciones deben soportar el apetrujamiento verdaderamente ofensivo, la espera de largos y largos minutos -que se convierten en media, una hora- y los riesgos de sufrir lesiones de consideración en caso de ocurrir un accidente de tránsito, así sea lo más leve, justamente cuando apremia el ingreso al trabajo o a la escuela, o el regreso a casa.

Disminuir el número de asientos ha tenido un desenlace doloroso para, ya, cientos de usuarios que han sufrido lesiones de mediana a severa magnitud debido a que viajan parados en condiciones verdaderamente riesgosas pues basta el menor incidente del autobús para que una parte importante de los pasajeros sufran una caída o algunos golpes con la estructura de la unidad.

Luego de largos siete meses de "experiencia", la autoridad ha llegado a la conclusión de revisar las rutas alimentadoras.

¿Quién hizo el estudio del transporte en Chihuahua, antes de la puesta en vigor del sistema de transporte?

Debió ocurrir casi una catástrofe social y mediática para que las autoridades se diesen cuenta que se necesitaba instalar el pago mixto del servicio -tarjeta y efectivo-, sin que los usuarios tuviesen el mínimo de defensa ante un sistema y unos empresarios abusivos, los mismos del ayer que se comportaban como si la prestación del servicio fuera una concesión que le otorgaban a los usuarios del transporte y que todavía hoy, ante el cobro mixto la autoridad anuncia que se deberá pagar la tarifa completa.

Por todas partes aparecen las evidencias de los malos, irregulares, sospechosos y hasta ilegales acuerdos y pactos de los concesionarios con la autoridad.

No se debe acudir a alguna investigación especial para llegar a esa conclusión, bastan, para ello, las declaraciones del Lic. Romero, recogidas en un comunicado oficial del Gobierno estatal: "... y por otra parte, la exigencia a 80 concesionarios que no tienen camiones para que los presenten". (Comunicado de prensa, Gobierno del Estado, Comunicación Social, 26/III/14).

¿De qué manera se puede, ya no justificar, sino explicar que existan 80 concesiones otorgadas sin que los titulares de ellas, después de meses de sufrimiento de infinidad de usuarios, no hayan presentado las respectivas unidades para prestar el servicio de transporte urbano?

¿Cómo fue que a lo largo de siete meses, con las quejas presentadas por cientos, acaso miles de usuarios de las rutas alimentadoras, no se hayan tomado las medidas "pertinentes", es decir, cancelarles las concesiones para otorgarlas a otros inversionistas que, de inmediato, introdujeran las unidades al transporte urbano?

¿Era necesario que los concesionarios solicitaran, de manera absolutamente irracional, un aumento de la tarifa para desatar el cúmulo de irregularidades que presenta el Vive Bus?

¿Cómo es posible que luego de estos siete meses, sólo hasta ahora se aborde tímidamente el tema de las tarjetas, sin que se esboce, siquiera, que la autoridad intervendrá, revisará, fiscalizará, estudiará, analizará, o lo que sea, el cobro de las tarjetas?

El asunto del Vive Bus devela otro aspecto aún más preocupante ¿Estarán de tal modo rotas las líneas de conexión del gobierno con la sociedad que nadie haya podido percatarse de la profundidad del problema que aqueja a más de 300 mil personas en la capital del estado?

¿O, más grave aún, se hicieron cargo de las preocupaciones y requerimientos de los concesionarios solo hasta que las exigencias de éstos colmaron la paciencia de la autoridad y se dio paso a la actual controversia?

Ante ese panorama, se insiste, por la complejidad del servicio, por el número de usuarios, por la importancia que reviste y porque los concesionarios han demostrado   hasta la saciedad que no pueden otorgarlo con calidad, deberá, tarde o temprano, convertirse en uno que lo conduzca una dependencia gubernamental, tanto el de la capital, como el de Juárez.

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Vive Bus: Reprobados

El Diario, 23 de marzo de 2014

Luis Javier Valero Flores

Ante la ineficiencia mostrada por los concesionarios, y su exigencia de elevar la tarifa, la reacción gubernamental ha sido la posibilidad del cese de las concesiones.

No responderá el Gobierno de César Duarte a las precisiones de Reyes Baeza sobre los números de la deuda

“Ya hemos dado tiempo y hemos sufrido desgaste, hemos compartido y acompañado a la empresa en sus inquietudes, hemos dado el tiempo para que resuelvan los problemas pero ya ha pasado el tiempo y no los resuelven”: César Duarte. (Nota del Staff, El Diario de Chihuahua, 20/III/14). 

Lo que al inicio era un capital político, recibido hasta con alegría popular durante la Feria de Santa Rita del año anterior, cuando la ruta troncal del Vive Bus Chihuahua se puso en funcionamiento, es ahora motivo de congoja y profunda preocupación gubernamental; tanto política como operativamente, de acuerdo a lo expresado por el gobernante chihuahuense, a vuelta de poco más de medio año funcionando, bajo el símbolo estelar de la actual administración -Chihuahua Vive- el nuevo sistema de transporte urbano se ha convertido en una rémora, política y social: ”La gente piensa que el transporte lo maneja el gobierno, pero no es cierto, el transporte lo opera una empresa y los concesionarios, junto con la empresa, pero la empresa no ha dado los resultados y nosotros le estamos exigiendo a la empresa que mejore", dijo el Gobernador Duarte, al tiempo que no descartó que su gobierno asuma la administración del Vive Bus, por lo menos de la ciudad de Chihuahua.

Así lo dijo el Gobierno del Estado, de manera oficial: “Duarte Jáquez aseveró que existe un contrato celebrado con los concesionarios y el Gobierno está atento para que se brinde un servicio de mejor calidad, de lo contrario se analizarán las acciones a seguir, que podrían llegar incluso a la posible revocación de las concesiones”. (Boletín de la Coordinación de Comunicación Social, Gobierno de Chihuahua, 20/III/14).

En el mismo sentido se pronunció el líder parlamentario de la oposición, César Jáuregui: “No puede ser que a meses de estar funcionando ya no les salgan las cuentas. No puede ser que no resulte rentable cuando va hasta el gorro todos los días, por eso se le llama sardina rodante. Entonces ¿qué está pasando?” cuestionó Jáuregui. Inclusive, manifestó, hay quienes plantean que el servicio sea directamente operado por Gobierno del Estado, “hay que analizar todas las posibilidades”, dijo. (Nota de Jaime Armendáriz, El Diario de Chihuahua, 18/III/14).

El balance no podía ser peor. 

La ruta troncal, atiborrada; las alimentadoras, malas, con pocas unidades, generadoras de retrasos interminables; los problemas con las tarjetas, inacabables, tanto, que hacen sospechar la existencia de un programa de cómputo para quitarle dinero a las tarjetas de forma discrecional -¿O automática?-, problemas que, en conjunto, han llevado a que la mayoría de los usuarios califiquen de la peor manera el servicio.

Ante las presiones de los concesionarios para elevar la tarifa del Vive Bus no hemos conocido sus argumentos; no han informado de la dimensión de las pérdidas, ni los ingresos y, peor, ante el reclamo de miles de personas acerca de la pérdida de pequeños montos (para el tamaño de la empresa, pero muy elevados para la gran mayoría de los usuarios que así les  ha ocurrido) en sus tarjetas de prepago, el procedimiento para las aclaraciones está diseñado para ahuyentar al usuario y eludirlas, como si el sistema de cómputo tuviera un algoritmo -como en el PREP de las elecciones presidenciales del 2006- que le descuenta alguna cantidad a las tarjetas, aparentemente sin ningún patrón de conducta.

Pero tampoco, y esa es la información esencial, han informado del número de personas-viajes efectuados diariamente, lo que podría revelar si ese negocio no es rentable, como aseveran los concesionarios, lo que demostraría que no se hicieron los cálculos -corridas- financieros para saber si el negocio sería rentable, o, por el contrario.

Sin embargo, la información generada en el Vive Bus Juárez, acerca de que las ganancias aportadas por la única ruta en esta ciudad, del orden de los 10 millones 500 mil pesos, en tan sólo tres meses de funcionamiento, nos llevaría a aseverar que otra es la realidad del sistema capitalino.

Y que revelarían, por ejemplo, las ganancias y niveles de vida de los concesionarios: “… No por nada en la última sesión de la nueva empresa INTRA (la operadora del Vive Bus-Juárez)… se vieron varios equipos de escoltas que siguen a los más pesados concesionarios de lo que era la vieja ruta Tierra Nueva, de las más rentables de la ciudad. Ahí mostraron sus camionetones, como suele ocurrir todavía en las oficinas de Transporte Público con los líderes concesionarios de las rutas del sistema antiguo que acuden… Tampoco es un secreto para nadie que los más pesados transportistas viven en El Paso, Texas, en donde se refugiaron cuando empezaron a ser blanco de las mafias, con extorsiones y secuestros…..”. (La Columna, De los Reporteros, El Diario, 17/III/14).

Nada nuevo, en Juárez están condicionando la adquisición de unidades nuevas, para las rutas alimentadoras, a la elevación de la tarifa, con los argumentos de siempre, con la novedad de que ahora, afirman, tienen que pagar los autobuses de la ruta troncal y anuncian que, por lo pronto, adquirirán camiones viejos, reciclados, para las rutas alimentadoras, del “tipo escolar y de modelos 2002 ó 2003”. (Nota de Araly Castañón, El Diario de Juárez, 18/III/14).

Bueno, es de tal dimensión el problema del transporte urbano que motivó la amenaza del Gobernador Duarte, quien rechazó la elevación de la tarifa. Ante afirmaciones y declaraciones tan tajantes, como prácticamente así lo ha hecho a lo largo de su breve existencia, la Coordinadora de Transporte Colectivo (CTC), operadora del sistema Vivebús, no emitió declaración alguna, vamos, ni siquiera el demagógico -ya nos vamos a portar bien-, nada, como si la prestación de un servicio público de tanta trascendencia pudiera transitar bajo la más completa opacidad por parte del gremio empresarial más cuestionado de la historia reciente de Chihuahua.

¿Sería viable y benéfico que el gobierno estatal asumiese la prestación del servicio?

El diseño del Vive Bus Chihuahua consiste en que asume el control sobre la prestación del servicio en toda la ciudad; se asemeja, por esa razón, al Metro de las ciudades que cuentan con este servicio, por lo que se le debe considerar estratégico, razón por la cual no debiera estar en manos de un concesionario.

Por varias razones, la principal, que la experiencia de esas ciudades -y muchas norteamericanas, en las cuales el transporte urbano, de autobuses, lo presta el gobierno- es que la empresa estatal presta un mejor servicio; la segunda, que la principal motivación en la prestación de este servicio no debiera ser el lucro, sino la eficiencia.

Para quienes, por razones ideológicas, o prácticas, difieren de este razonamiento, podríamos poner de ejemplo el peaje en las carreteras de Chihuahua, que le ha permitido a por lo menos a cuatro administraciones estatales, incluida la actual, acceder a ingentes recursos que hoy constituyen la mayor parte de las emisiones bursátiles, hasta más de 15 mmdp.

¿Tendrá fama de eficiente la prestación del servicio en las carreteras estatales con este esquema, que nos prestan, miles de tenedores de los bonos carreteros, decenas de miles de millones de pesos?

Además, la inversión pública a una empresa privada -la CTC- supera los mil 200 millones de pesos, más los costos no cuantificados de los servicios otorgados por los gobiernos municipal y estatal al inicio de las operaciones, amén del subsidio -según información extraoficial- de alrededor de 10 millones de pesos mensuales al sistema de transporte, lo que puede traducirse en un mayor quebranto estatal al año, superior, a los 120 millones de pesos, y sin que se haya abonado un peso al pago de la adquisición de las unidades nuevas.

Tiene razón César Duarte, es mucho el costo político (además del económico, del social, del laboral y de la pérdida de calidad de vida para cientos de miles de chihuahuenses que han visto incrementarse sus tiempos de traslado) como para seguir subsidiando a un gremio empresarial que nunca se ha distinguido por su eficiencia en la prestación del servicio.

Por supuesto que el fondo político contará extraordinariamente en la toma de decisiones, pero si la requisa -vamos, para que no se oiga tan tajante, la anulación de las concesiones y el gobierno estatal se hiciera cargo de la prestación del servicio y ya sin la presión de obtener ganancias-, se acompañara de la compra y puesta en circulación de decenas de nuevos autobuses, quizá un centenar, por supuesto que mejoraría la calificación de los ciudadanos acerca del gobierno de César Duarte.

No son pocos los usuarios agraviados, suman cerca de 300 mil en la capital.

LA RESPUESTA DE DUARTE A REYES BAEZA.- “No tengo que responder a Reyes Baeza”, dijo el actual gobernador ante la propuesta del ex mandatario; fue un “planteamiento abierto”, argumentaría, razón por la que, en su percepción, lo exime de cualquier confrontación de cifras y cálculos, como lo había propuesto el deliciense.

No es así, deberán debatir, probablemente no ahora ni ellos personalmente, pero sus colaboradores deberán abonar a la discusión sobre asunto tan trascendente, tanto, que puede convertirse en uno de los temas centrales de las campañas electorales de los dos próximos años.

De acuerdo con lo planteado por Jaime Herrera, Secretario de Hacienda, en el cálculo del monto de la deuda dejada por Reyes Baeza, no se tomaron en cuenta que en esos años las tasas de interés eran alrededor de 2 puntos superiores a las actuales, razón por la que el costo financiero de esa deuda debería calcularse hacia arriba y que la suma de la deuda, al final de 2010, llegara a los 14 mil 27 millones de pesos. Del mismo modo, aseveró ante los diputados, que el déficit operativo, acumulado, del anterior gobierno ascendió a 14 mil 262 millones de pesos, de ahí la suma total de 28 mmdp.

Del mismo modo, la contraparte aduce que, entonces, debería sumarse el actual déficit operativo acumulado en la presente administración, razón por la que el total podría rondar los 50 mil millones de pesos.

Tendremos tiempo para incursionar nuevamente sobre tema tan controversial, e importante, para los chihuahuenses.

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Congruencia y credibilidad ciudadana

El Diario, 20 de marzo de 2014

Luis Javier Valero Flores

El reciente affaire de la deuda pública del Gobierno del Estado de Chihuahua, escenificado entre el actual Secretario de Hacienda y el ex gobernador José Reyes Baeza, -el primer encontronazo público entre los grupos políticos lidereados por éste último y el gobernante- tiene, además de las evidentes consecuencias y motivaciones políticas, un ingrediente mayor, el desmesurado crecimiento de las “obligaciones” del gobierno estatal.

Más allá de si una es deuda “garantizada” o no con los ingresos propios, o los de las participaciones federales, el asunto de fondo es el del modo en que se gastan los recursos públicos y la manera en que lo perciben los ciudadanos. Eso explica, en gran medida, el rechazo ciudadano a los endeudamientos y en general a la actividad política. 

Existe una creciente percepción del uso inadecuado de los recursos públicos.

¿Cómo no sospechar de un manejo, por lo menos dilapidador de ellos, si los salarios de los funcionarios públicos mexicanos son extraordinariamente superiores, a los de sus similares de otros países?

Y no sólo por el monto, sino, también, por el número de habitantes gobernados, o por el monto del presupuesto público ejercido?

Sólo para poner un ejemplo extremo. El presidente del Uruguay, país que posee una población ligeramente inferior a la de Chihuahua, gana casi 12 mil dólares al mes (alrededor de 162 mil pesos mexicanos), pero de ellos sólo se queda con mil 500, el resto lo ha donado a distintas instituciones privadas ¡Vive con aproximadamente 20 mil pesos!

Por supuesto que ningún político mexicano, no de las “élite”, ni de medio pelo, en general, estaría dispuesto a “sacrificarse” por ese salario, pero lo que debe destacarse es el gesto político.

Si los políticos chihuahuenses (que son los que más importan, porque son los que tenemos y son los gobernantes) emularan ese gesto, probablemente obtendrían mayor credibilidad y, quizá, tendríamos mejores gobernantes.

Por desgracia, las señales en sentido contrario nos llegan cotidianamente. 

Al inicio de las actuales gestiones municipales de Juárez y Chihuahua advertimos una ligera y esperanzadora señal; tanto Enrique Serrano, de Juárez, como Javier Garfio, de Chihuahua (dos de los señalados, del equipo del actual gobernante, por ser de los más serios aspirantes a suceder a César Duarte) anunciaron la disminución de los salarios de los funcionarios de los primeros niveles de estos dos municipios.

En ambos nos topamos, a las semanas, con la realidad. Los regidores priistas de la capital del estado se negaron a disminuirse el salario, y como ellos son mayoría… pues se cuecen aparte del resto de sus compañeros de partido que laboran en la administración municipal, y éstos, sí, con horarios y cargas de trabajo determinadas.

Luego, con pesar, nos enteramos de la existencia de una partida secreta de sueldos en el municipio juarense, “con la que se pagan ‘compensaciones’ salariales al alcalde, directores generales, titulares de Área de la administración municipal y regidores, (que) fue revelada por el Gobierno municipal a través de su portal de Transparencia, donde se indica que los sobresueldos de los funcionarios oscilan entre 10 mil y 28 mil pesos mensuales”. (Nota de Antonio Rebolledo, El Diario de Juárez, 14/III/14).

Como en muchos aspectos de la vida política, pareciera que el pasado regresa en espiral. El hallazgo de la “nómina confidencial” le costó al gobernador panista, Francisco Barrio, la pérdida del aire de “honorabilidad” con la que se mantenían los políticos del PAN.

Años después, la difusión de la existencia de los bonos “por productividad”, que el alcalde de la capital del estado otorgaba a los funcionarios con “mejor” desempeño -en la administración del priista Alejandro Cano- puso en entredicho la honorabilidad de los gobernantes priistas.

En ambos casos, en la siguiente elección fueron derrotados sus partidos y candidatos.

Al inicio de la administración de Marco Adán Quezada, en Chihuahua, el municipio dejó de pagar los bonos, a cambio, los emolumentos reales de los funcionarios de los primeros niveles de esa administración se elevaron. Pero desapareció esa entelequia de que el Tesorero “calificaba” el desempeño de los funcionarios, incluido el del alcalde.

En todos esos años, las administraciones municipales juarenses -tanto priistas, como panistas- presumieron que en Juárez no existían los denominados bonos de compensación, aunque en la administración de Héctor Murguía sí se otorgaron diversos y muy elevados “estímulos”.

Bueno, pues ahora esa historia se acabó; transparentes y todo, las compensaciones discrecionales que se otorgan entre sí los funcionarios municipales no tienen sustento legal y contribuyen a elevar sustancialmente la percepción ciudadana acerca de que los políticos acceden al gobierno sólo para servirse del erario puesto bajo su responsabilidad.

Y luego quieren que no critiquemos los elevados niveles de endeudamiento público.

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Silencio desde Palacio

El Diario, 16 de marzo de 2014

Luis Javier Valero Flores

“… de ninguna manera Chihuahua es el tercero más endeudado, ni ha crecido la deuda como se afirma… La página de Hacienda (federal) despliega perfectamente cuál es la deuda de Chihuahua, mientras que algunas publicaciones suman una serie de recursos que no corresponden a la deuda directa de la entidad”: César Duarte Jáquez, Gobernador de Chihuahua. (Nota de Patricia Mayorga, El Diario, 18/II/14).

Las precisiones, puntuales; las referencias, inobjetables; son, nada más y nada menos, que las proporcionadas en sus respectivos portales por las secretarías de Hacienda en el ámbito nacional y estatal. El golpe, contundente; el desmentido, paralizante; la tormenta política, en todo lo alto en el partido gobernante de Chihuahua.

Sin mencionar, ni al Secretario de Hacienda, Jaime Herrera (“diferentes voces”, le denominó el ex gobernador José Reyes Baeza), ni al gobernante, César Duarte Jáquez, el chihuahuense que ocupa el más alto cargo en la administración federal respondió directa, tajantemente (llamó “conceptos que en el mejor de los casos generan confusión”), a la información ofrecida por Herrera en el sentido de que la administración del deliciense había heredado una deuda que, llevada a pesos de 2014, ascendería a 28 mil millones de pesos (mmdp).

De ese modo Baeza respondió a los señalamientos que desde mediados de febrero había esbozado el gobernador Duarte: “Buena parte de los recursos son heredados de la administración anterior, que no se establecían como deuda, no se había formalizado, se tenía como proveedores y las deudas a corto plazo que no se habían formalizado”, dijo el mandatario estatal el 24 de febrero a El Diario. (Nota de Gabriela Minjárez, El Diario, 13/III/14).

¿Qué llevó a los actuales responsables de la administración estatal a achacarle a sus antecesores el desmedido crecimiento de la deuda?

Misterio.

Pero si el lenguaje del comunicado de Reyes Baeza fue comedido, la propuesta que aparece en la parte final se antojaba como la puerta de salida para César Duarte: Le propuso que Cristian Rodallegas (Secretario de Hacienda, último del anterior gobierno y primero del actual), Jaime Herrera, quien ocupa hoy esa cartera y los licenciados Jesús Ruiz Palma y Jesús Olivas elaboraran “la versión correcta y podamos cerrar el capítulo, invirtiendo energía, la nuestra y la social, en tareas edificantes para todos”.

Y ante esa propuesta, el silencio desde Palacio.

La única respuesta pública, del grupo de Duarte, ha sido la declaración del alcalde juarense, Enrique Serrano, quien afirmó que “… No hay ningún enfrentamiento y me consta. Son interpretaciones diversas posiblemente, de una estructura financiera compleja como lo son las finanzas del estado”. (Nota de Antonio Rebolledo, El Diario, 14/III/14).

Y agregó que “no es nada más matemáticas, son finanzas, que es mucho más complicado que una suma de 2 más 3”. Ajá.

Pues tiene razón el munícipe, es mucho más complicado, tanto, que hizo brotar a la luz pública la sorda confrontación sostenida por los dos principales grupos políticos al interior del PRI chihuahuense, ante la cual, el más importante de los juarenses, el del ex alcalde, Héctor Murguía, mantiene una muy discreta distancia, a la espera del desarrollo de los acontecimientos, casi del mismo modo que el panismo, el que, ocupado como está en la definición de la dirigencia estatal, no le ha invertido la atención que un asunto le reclamaría, no sólo por la importancia societaria, sino también por los enormes dividendos políticos que le acarrearía. O le acarreará.

El asunto no es para menos. El mismo Secretario Herrera ha zanjado la controversia acerca del carácter del financiamiento obtenido de las emisiones bursátiles cuyo aval es el ingreso del peaje carretero (ingresos propios le llama la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la SHCP). En el curso de una entrevista de radio aceptó que son “pasivos, son compromisos del Gobierno del Estado”. (Aserto Radio, en Antena FM 102.5, 21/II/14).

Una vez aceptado esto, queda sin controversia la información de la SHCP, la deuda de Chihuahua asciende, al final de 2013, a 41 mil 768 millones de pesos. 

Tres años atrás, al cierre de 2010, era de 12 mil 547 mdp.

De ellos, 5,916 estaban garantizados con las participaciones federales, es decir, era la denominada deuda directa y 6,630 estaban garantizadas con “ingresos propios” que es la manera con la que se describen las emisiones bursátiles.

La diferencia es abismal y ubica a la entidad en el tercer lugar nacional, porque ya sea por la vía de pagarla con las participaciones federales,  con el peaje carretero, o con el Impuesto Sobre Nómina, los tres conceptos son de los principales ingresos con los que cuenta el estado de Chihuahua y revela un problema más allá de la controversia entre el ex y el actual gobernante, estamos gastando más dinero del que ingresa, muy por encima de la real capacidad de las finanzas estatales.

Y ante un crecimiento de esa magnitud, lo lógico, lo inevitable, es que un buen número de chihuahuenses plantee su preocupación acerca del modo en que se gasta el dinero público.

De ahí la trascendencia de la respuesta de Reyes Baeza; vino a reforzar la percepción de que se está endeudando más allá de lo razonable al estado pues las cifras ofrecidas por Herrera no resisten el análisis más elemental.

Ese es el problema, las cifras otorgadas por los portales gubernamentales no le otorgan la razón a la actual administración, al contrario, dejan la sensación de que se intentó crear una cortina de humo en asunto tan delicado pues por ningún lado aparece la deuda de los 28 mmdp.

Peor aún, si le creyéramos al Secretario Herrera acerca del monto de la deuda recibida, compuesta por los 12 mmdp de deuda y 6 mmdp con proveedores, esos 18 mmdp no se convertirían en 28 mmdp pues la inflación, en el período de octubre de 2010 a febrero de 2014, solo sería del 15%, lo que arrojaría una suma de 20.7 mmdp. La diferencia sería de un poco más de 7 mil millones de pesos.

¿Dónde están?

Más allá de la controversia política y el trasfondo, el verdadero problema sobrevino en 2012 y 2013. 

Al cierre de 2012, la deuda total era de 23 mil 284 mdp.

De ellos, la deuda con la banca comercial, 6,216 estaban garantizados con participaciones y 6,249 con ingresos propios y los bonos carreteros llegaban a 8,364.

Al cierre de 2013, un año después, la deuda ascendía, a 41,768.

De los cuales la directa llegó a 17,966 mdp; la contratada con la banca de desarrollo, sostenida con participaciones federales, es de 5,873 y la derivada de emisiones bursátiles 15,070.

Es decir, en el curso de un año, de acuerdo con las cifras de Hacienda federal, en números redondos, la deuda directa, la contratada con la banca comercial y la de desarrollo, garantizada con las participaciones federales, pasó, en un año, de 12 mil 465 mdp a 23 mil 839 mdp, esto es, un crecimiento de 11 mil 374 mdp ¡Casi el doble!

Cosa similar ocurrió con la deuda garantizada con las emisiones de la bolsa, pasó de 8 mil 364 mdp a 15 mmdp, también, casi el doble.

Entre ambas, la deuda de Chihuahua creció ¡18 mil 500 millones de pesos! ¡En un año!

¿Cómo no preocuparse ante esas cifras?

De las palabras del secretario de Hacienda local se desprende que fue empleado mayormente en el gasto corriente del gobierno estatal, algo que está prohibido por la regulación existente ya que, dice la legislación, los empréstitos deberán ser usados en la creación de infraestructura, y de ninguna manera en el gasto corriente.

Nadie podría oponerse, válidamente, a que la mayor parte del gasto estatal se empleara en la educación, la salud y la seguridad pública, pero lo informado por la instancia federal encargada de las finanzas no solamente ha encendido los focos de alerta en el ámbito local, también allá pues se trata de un desmedido crecimiento de las obligaciones estatales, lo que, sin duda, irá en demérito del presupuesto que deberán ejercer las administraciones posteriores.

Jaime Herrera afirma que no sucede tal en este momento, que no están comprometidas las finanzas estatales, que no se ha afectado el desarrollo futuro de los chihuahuenses y que no queda de otra que seguir invirtiendo en la educación y la salud.

Sin embargo, luego de la puntual respuesta del ex gobernador Reyes Baeza, y basándose en los informes de la dependencia dirigida por Jaime Herrera, resultaría que al cierre de 2010, se pagó un total de mil 391 mdp en el servicio de la deuda y los bonos carreteros.

A su vez, reportaron un financiamiento público (endeudamiento) de 2 mmdp.

Un año después, al cierre de 2011, los ingresos derivados de financiamiento público se elevaron a 5 mil 473 mdp y el pago a los fideicomisos llegó a mil 75 mdp y en pago de la deuda fue de 368 mdp, es decir, el pago por la deuda fue de mil 443 mdp, apenas unos cuantos millones más que el año anterior.

En 2012, los ingresos derivados del financiamiento público crecieron una cuarta parte respecto al año anterior pues llegaron a 6 mil 804 mdp. 

En tanto, el pago de deuda fue de 516 mdp y el pago a los fideicomisos bursátiles fue, en el caso de los carreteros, de mil 73 mdp y los del impuesto sobre nómina, de 665 mdp.

En total, en total del pago de la deuda, de ambos conceptos, la directa y la soportada con ingresos propios, en 2012, fue de 2 mil 254 mdp, un crecimiento de 56% respecto al año anterior.

Todo cambió un año después. Al cierre del 2013, los ingresos derivados del endeudamiento fueron de 12 mil 419 millones de pesos, el doble del anterior; los pagos a la deuda pública llegaron a mil 88 millones de pesos, y el pago de las emisiones bursátiles fue de 2 mil 37 mdp, en total, el pago de la deuda en ese año llegó a 3 mil 125 mdp, un crecimiento del 38% respecto al año anterior.

Esa es la realidad de la deuda.

Ahora, no sólo es un tema de la economía y las finanzas estatales, por decisión del grupo gobernante se ha convertido en un tema político que les podrá generar indudables quebrantos, que le abrirá las puertas al grupo de Peña Nieto para intervenir abiertamente en Chihuahua, pues ahora se trata de una confrontación entre el gobernador saliente y el actual, justo a unos meses de la definición de las candidaturas a las diputaciones federales, puerta de la sucesión gubernamental.

Lo que ahora sucede en nada los favorece, ni el endeudamiento, ni la percepción ciudadana sobre la conducción del gobierno… ni la confrontación Reyes-Duarte.

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“A confesión de parte, relevo de pruebas”

El Diario, 13 de marzo de 2014

Luis Javier Valero Flores

Ya existían bastantes casos que habían prendido las luces de alerta acerca de la pretendida eficiencia de las agrupaciones policiacas en el combate al narcotráfico, en su modalidad de la extrema violencia que azotó al país, y especialmente, como a ninguna otra ciudad, a Juárez.

La ola violenta abarcó a la entidad y ubicó, durante largas semanas, a las dos principales urbes chihuahuenses en los dos primeros lugares de los más violentos del planeta.

Ante ello, las agrupaciones policiacas federales y militares establecidas en la entidad desplegaron una operación que tuvo como eje central la detención de cientos, quizá miles, de jóvenes a los que, sin más trámite, señalaron como responsables de los delitos por ellos imputados.

Quedará, probablemente para siempre, la duda de si la mayoría de los detenidos eran responsables de los hechos achacados, lo cierto es que fueron sometidos a distintas prácticas ilegales con tal de obtener una declaración autoinculpatoria, la que creímos erradicada de Chihuahua, que constituyó el eje del viejo sistema de justicia penal y cuya mejor representación gráfica la constituía el concepto de que se trataba de delincuentes “confesos”.

Poco importaban los hechos, lo esencial era que el detenido se declarara culpable de los hechos que la autoridad le imputara. “A confesión de parte, relevo de pruebas”, era la máxima del pasado, en ella centraban autoridades y abogados su trabajo.

Y por supuesto, poco importaba el método usado para obtener la declaración y mucho menos si el “confeso” era el verdadero culpable.

Como la legislación federal así lo sostenía, las fuerzas federales siguieron al pie de la letra el viejo cartabón, nada les importaba que el homicidio seguía siendo un delito del fuero común, para el cual ya existía una nueva regulación en Chihuahua, en la que la declaración autoinculpatoria ya no era la prueba reina de los juicios.

Los resultados están a la vista, la liberación de cinco de los imputados del bombazo a una patrulla federal en 2010 en Juárez ejemplifica, como otros muchos casos, la excesiva deficiente actuación de los grupos encargados de procurar justicia y prevenir los delitos.

Puesta en vigor en lo más candente de la ola violenta, la nueva legislación penal evidenció en muy pocas semanas lo endeble, no del nuevo sistema de justicia penal, sino del total de las instituciones encargadas de la procuración y aplicación de la justicia.

No hay problema, para eso eran mayoría quienes sostenían que se debería regresar a los viejos tiempos. Modificaron el sistema de justicia penal e introdujeron una reforma que en los hechos se constituyó en la contrarreforma penal, la de aceptar la presentación en los juicios orales las declaraciones obtenidas antes de esa etapa, realizadas ante la policía o los fiscales, con lo que se abrió la puerta para que la vieja práctica regresara y, por tanto, la posibilidad de que las denuncias por la comisión de torturas contra los implicados se vaya convirtiendo en lo cotidiano.

De este modo, en lo que va del 2014, se han presentado 10 denuncias contra la Policía Ministerial Investigadora por tortura ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a las que se suman las “80 quejas de tortura contra diferentes corporaciones policiacas” presentadas en 2013, según informó el presidente de esa institución, José Luis Armendáriz. (Nota de Patricia Mayorga, El Diario de Juárez, 11/III/14).

La consecuencia de tales prácticas ilegales, no solo conlleva la liberación de presuntos responsables -que en muchos casos han demostrado ser absolutamente inocentes, después de tortuosos y dolorosos procesos-, sino, más preocupante aún, la prevalencia de la impunidad pues luego de la detención de algunos acusados con estos procedimientos cesa toda la actividad investigadora -¿Para qué, si ya tenemos a éstos en el “tambo”?.

No son pocos, ni poco impactantes los casos en que, luego de largos meses, al presentarse la liberación de los acusados, nos encontramos con que ya no hay nada para encontrar a los auténticos responsables ¡Viva la impunidad!

Por desgracia, esa es la lección que nos dejan hechos como la liberación de los acusados de haber participado en el referido bombazo, como antes el caso de Israel Arzate, acusado de participar en la masacre de Villas Salvárcar.

Torturados, declararon lo que querían los policías. Culpables éstos imputados, o no, los hechos siguen impunes.

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Reconstrucción relampagueante

El Diario, 9 de marzo de 2014

Luis Javier Valero Flores

De los archivos del pasado:

“… Destaca el papel reclamado por el primer mandatario (Patricio Martínez); no sólo se erigió en el ‘primer priísta’ del Estado, sino que, al amenazar con cambiar las características de la elección interna -no hacerla abierta a la ciudadanía- se convirtió en el único dirigente de su partido y transformó a los órganos de dirección partidaria -y no sólo a los estatales- en meros vehículos que deberán concretar las directrices elaboradas en la oficina principal de Palacio de Gobierno”. (“Nubarrones, gritos y regaños”, LJVF, El Diario, 17/07/03).

Cuando creíamos enterrado al dinosaurio, héte aquí que nos lo topamos prácticamente a diario, a tal grado que hasta en las filas del todopoderoso partido crece la preocupación, pero al parecer no en las sillas principales de Palacio. 

Estamos en pleno regreso a los “gloriosos” tiempos del partido “casi único” en el cual el gobernante era, no sólo el fiel de la balanza, sino la balanza completa.

Por todos lados, y en prácticamente todos los eventos, paso a paso se reconstruye el viejo partido de Estado en Chihuahua.

Por un lado, la organización priista de las “capas” medias, la casi extinta CNOP, decide afiliar en masa a esa organización a más de 15 mil trabajadores del IMSS y, por esa vía, al PRI; por el otro, el gobernador Duarte viaja indistintamente a actos de su partido que de su gobierno en las aeronaves oficiales; en tanto el gabinete municipal juarense se convierte en el comité dirigente del PRI y algunos diputados se dan el lujo de cobrar dos salarios públicos.

El colmo, ante un confuso incidente entre el líder nacional juvenil priista, Cristopher James Barousse y el hijo del ex alcalde panista Carlos Borruel, los más connotados priistas le extienden certificados de buena conducta y no antecedentes penales a su compañero, sin parar mientes en que hay una persona aparentemente golpeada de manera salvaje y no como fruto de una riña entre dos personas que compartían, por lo menos, el lugar de las libaciones.

El reclamo del respeto a la legalidad vigente es lo menos que debemos hacer. 

El gobernador César Duarte usó el avión propiedad del Gobierno de Chihuahua, se trasladó a Guadalajara a participar en el evento nacional de la organización juvenil de su partido, presidida por James Barousse y luego, de regreso a la capital del Estado Grande a encabezar los festejos del “Día de la Familia”.

Justamente cuando arreciaban las críticas en contra de otro paisano, el panista Gustavo Madero, por haber utilizado un avión de la empresa Oceanografía -ahora envuelta en un escándalo de corrupción y tráfico de intereses, por supuesto blanquiazules-, el gobernante chihuahuense no se detiene a reflexionar que, si bien en ningún momento -en el período gubernamental para el cual fue elegido- deja de ser el mandatario, no por ello el erario estatal tendría por que solventar los gastos de sus actividades partidarias.

Ahora bien, si no viajó en el avión gubernamental, debieran exhibir los contratos de arrendamiento o los boletos de la línea comercial correspondiente. Podría decirnos que “un amigo” le facilitó su avión. En ese caso, el PRI deberá mostrarnos el cálculo del costo de esos traslados y sumarlos a los donativos recibidos en especie y cuantificarlos en sus cuentas.

Pero si en este caso podrían demostrar la ausencia de violación a alguna norma legal, en el caso de la afiliación de los trabajadores del IMSS a la CNOP-PRI no hay atenuante que valga, la prohibición constitucional es clarísima: 

“Artículo 41. 

… Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.” (Las negrillas son de LJVF).

Nada de lo anterior parece formar parte del arsenal legal de los dirigentes partidarios, en este caso, del dirigente estatal de la CNOP, quien es, a su vez, Presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, el ex aspirante a la alcaldía, Maurilio Ochoa, quien recibió con estas palabras a los dirigentes del sindicato del IMSS: “siéntase como en su casa, esta afiliación demuestra que hoy en el PRI estamos avanzando y somos sensibles a las acciones de cambio que se dan en nuestro país”. (Comunicado de prensa de la CNOP, 1/III/14).

Pero no es todo, al congraciarse de haber afiliado masivamente a los trabajadores del IMSS al PRI, el tesorero del SNTSS, Adalberto de los Ríos, cometió otra posible violación legal, pues aseveró que con ese hecho, la firma del convenio de adhesión a la CNOP, “permitirá crear mejores garantías y mejores prestaciones laborales para los trabajadores del SNTSS”. (Ibídem).

¿O sea que, si nos afiliamos al PRI todos los mexicanos, podremos tener eso, todos?

N’ombre, se habían tardado en informarnos de tan peculiar forma de rescatar de la pobreza y del desempleo a decenas de millones de compatriotas.

Bueno, pues podrían incurrir en un delito mayor al condicionar el acceso a una plaza en el IMSS a la militancia en el PRI.

No es una casualidad la prohibición constitucional a la afiliación corporativa; ése era el signo distintivo del PRI, en los años del “partido casi único”, en la que un trabajador, por el solo hecho de laborar en tal o cual dependencia o empresa, lo afiliaban automáticamente al entonces partido gobernante, en clara violación a todos sus derechos humanos, empezando por el de la libertad de afiliación política y en un intolerable paralelismo al corporativismo típico de los regímenes fascistas.

Bueno, pues parece que eso formó parte de alguno de nuestros sueños y que el nuevo grupo gobernante se empeña en recordarnos que otra es la realidad.

Evidencias las ofrecen a diario.

No hace mucho reflexionábamos acerca del hecho de que la tesorería del ayuntamiento juarense era la encargada de recaudar las cuotas partidarias de empleados y funcionarios miembros del partido gobernante; ahora nos enteramos que una buena parte de los integrantes del Comité Municipal del PRI en Juárez son funcionarios municipales o estatales.

¿A qué horas atienden una y otras responsabilidades?

Incapaces de resistirse a recibir doble salario público, violan la norma y la justifican de manera tal que su contribución a la picaresca nacional es de antología.

Entre ellos se encuentra Juan Carlos Alonso, “ejecutivo de proyectos” del municipio, quien es el secretario de Evaluación y Seguimiento del órgano partidario municipal y, a la vez, “dirigente a nivel estatal del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (Icadep) del PRI”. (De Los Reporteros, El Diario de Juárez, 4/III/14).

A su vez, la diputada local Mayra Chávez es la presidenta del comité; Héctor Salazar, director de Alumbrado Público, es el secretario de Afiliación y Credencialización; el secretario de Administración y Finanzas del PRI, Héctor Borunda, “cobra decenalmente en la Dirección de Centros Comunitarios” del municipio”. (Ibídem).

Además, el secretario técnico del Comité Municipal es Andrés Quevedo, subdirector de Asentamientos Humanos, además de ser el “dirigente municipal del Icadep”; y “el coordinador de Asuntos Juveniles, Ricardo Salas, trabaja en Desarrollo Social del Municipio”.

El colmo, el secretario particular de la presidenta y diputada Chávez, Javier Apodaca, es el director de Atención Ciudadana del municipio.

Aparte, Raúl Galván, secretario de Acción Electoral del comité partidista, es integrante “del staff del coordinador general de asesores, el profe Guillermo Narro” y dos funcionarios estatales también forman parte de la estructura municipal de su partido: “… el delegado de Protección Civil, Jorge García, quien funge como secretario de Vinculación Ciudadana y una abogada de la defensoría pública, Katy Vázquez, quien es titular en el partido de la Coordinación Jurídica”. (Ibídem).

Y la “enfermedad” parece no circunscribirse a los militantes del PRI. Varios diputados, de distintos partidos, además de su actividad legislativa se dan el tiempo, dicen ellos, para atender su otro trabajo, “docente”, aseguran.

De todos ellos, “sólo la legisladora Elvira González es académica de una institución de educación superior (lo que sí está contemplado por la ley), en este caso de la Facultad de Contaduría y Administración de la UACH, campus Delicias”. (Nota de Gabriela Minjáres, El Diario de Juárez, 2/III/14).

Gustavo Martínez, del PANAL y miembro del Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Cuentas en el SNTE, aseguró tener una plaza como “docente en el nivel superior” ¿Cuál?

El diputado Rosemberg Loera Chaparro, también del PANAL, está a la espera del cambio  “de centro de adscripción”, pero él es maestro de indígenas.

El que no falla a sus responsabilidades, dice, es el diputado Hugo Avitia, del PT, “quien es director de la Escuela Secundaria Técnica Número 89”, y cumple de esta manera con su doble responsabilidad: “… sigo trabajando en mi escuela, sigo firmando, sigo siendo el responsable directo de la escuela y cumpliendo con mis responsabilidades y mi función…”. (Ibídem).

A su vez, América Aguilar, también del PT, sigue dando clases como maestra de la presa dirigida por su padre, el ex diputado local y federal, Rubén Aguilar.

En tanto, Francisco Caro, “se ostenta como maestro de la Escuela Secundaria No. 3032, con sede en Camargo” ¿A qué horas da clase?

Efectivamente, no son del partido gobernante, pero el entorno creado reproduce, con extrema fidelidad, aquel pasado en el que los gobernantes hacían y deshacían, sin que se sintieran obligados a dar cuenta de sus actos, ni del modo en que ejercían el presupuesto público.

Pero la aparente reconstrucción de hechos aquí relatada es total, por doquier se advierten las señales de que la principal fuerza de oposición, la antagonista del PRI en las últimas 3 décadas, como entonces, el PAN, podríamos decir que casi sin merecerlo, ni de trabajar en ese sentido, podría alzarse con muy sorprendentes victorias en 2016, no sin que antes, en el 2015, se presentaran, para el PRI, falsos positivos de su hegemonía; es decir, que en las elecciones federales pudiera contabilizar más triunfos que los panistas, pero que un año después debiera afrontar su segunda derrota al gobierno de Chihuahua.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Las tentaciones del pasado

El Diario, 6 de marzo de 2014

Luis Javier Valero Flores

¿Por qué será que en el tema de los asesinatos de mujeres es cuando más desbarran los gobernantes?

¿Qué prisa hay en mostrar, de manera falsa, que, ante un feminicidio, están a punto de esclarecerlo, o que muy prontamente lo harán?

No sólo los asesinatos de mujeres nos retrotraen al pasado, también, y más, las declaraciones de los funcionarios gubernamentales, incapaces de asimilar la magnitud de una tragedia como esa.

En plena competencia electoral por la gubernatura, dos actores políticos de los más destacados de los últimos 20 años, vigentes aún hoy, declaraban a propósito de los feminicidios de Juárez. Ramón Galindo, candidato del PAN, entonces gobernante en Chihuahua, se quejaba de la “gran difusión” de los homicidios -“Lamento las muertes de esas mujeres, pero ¿Por qué solo ésas? En el mismo período (el del gobierno de Francisco Barrio) también han ejecutado a más de 400 hombres”. (“Las muertas de Juárez”, LJVF, La Jornada, 14/VI/98).

A su vez, “el candidato del Revolucionario Institucional, Patricio Martínez, no se quedó atrás al referirse a las víctimas: -No venían precisamente de misa”. (Ibídem).

Ante el hallazgo del cuerpo de Esperanza Manuela Chaparro Sáenz en la capital chihuahuense, (coincidentemente, muy cerca de donde fue encontrado, en julio del 2003, el cuerpo de Neyra Cervantes, crimen hasta hoy sin esclarecerse) desaparecida cuatro semanas atrás, el Fiscal General del Estado, Jorge Enrique González Nicolás, en el mismo afán de sus antecesores, y con el ánimo de atemperar las críticas a hechos tan dolorosos, declaró que “… No quisiera yo adelantarme, lo que quiero decir es que había un estado aparentemente de ánimo complicado para esta señorita y esto la haya hecho tomar decisiones, no necesariamente de quitarse la vida, pero a lo mejor de irse con alguien, hacer cosas riesgosas, en breve publicaremos la carta”. (Editorial de El Diario de Chihuahua, 5/III/14).

Además, como si faltara algo a declaraciones tan desafortunadas, afirmó que le realizarían un “examen psicológico post mortem”, como si de esos hechos se pudiera colegir una línea de investigación sustentada en una conducta errática de la joven.

Otra vez la postura de achacarle a las víctimas alguna parte de la responsabilidad por su asesinato.

El colmo. Al día siguiente del hallazgo, fuentes extraoficiales confirmaron que ¡La joven tenía atadas las manos! (Nota del Staff, El Diario de Chihuahua, 4/III/14), algo que a simple vista llevaría a la conclusión que de ninguna manera, por su “estado de ánimo complicado” podía llevarla hasta lugar tan intrincado y maniatada, en lugar de abrevar en las terríficas coincidencias de este caso (que, por supuesto, no podría ser la única línea de investigación) con los ocurridos una década atrás.

Más. Los padres de Esperanza informaron que a su hija le gustaba escribir versículos de La Biblia y que de ninguna manera estaba deprimida.

Esperanza Chaparro Sáenz desapareció al salir de su trabajo en una mercería cercana a Palacio de Gobierno y “las investigaciones policiales señalan que la joven fue vista por última vez muy cerca de la Presidencia Municipal” (Ibídem), amén de que se rumora el hallazgo de una credencial del Vive Bus muy cerca del cadáver.

Bueno, pues de esa zona del centro de la capital del estado desaparecieron varias jóvenes entre los años 2001 a 2005, cuyos asesinatos no han sido esclarecidos.

Y como ocurre siempre, cuando se necesita realizar una investigación, luego de un crimen como este, resulta que, según Norma Ledezma, dirigente de la agrupación “Justicia para nuestras hijas”, las cámaras de vigilancia del Vive Bus están “desinstaladas”, debido a que “el dueño no ha pagado lo que debe pagar para activarlas”!!!

Y a plantear, otra vez, las enormes diferencias existentes entre los asesinatos de hombres y mujeres, a propósito del Día Internacional de la Mujer.

Generalmente, cuando ocurre un homicidio es porque existe un antecedente en la conducta de la víctima, una riña, una rencilla, el involucramiento en alguna actividad delictiva, pero casi nunca sólo por el hecho de ser hombre.

No sucede así en el caso de las mujeres. Cuando una de ellas es asesinada, generalmente es por ese solo hecho, el de ser mujer, y en el caso del asesinato es la parte final de un proceso vejatorio, en el que se trata de usar y abusar de la mujer.

Por eso no se pueden catalogar de igual manera. Ciertamente, son hechos lamentables, dolorosos, inaceptables; ambos, derivados del tremendo salvajismo de nuestra sociedad, pero en el que la discriminación hacia las mujeres es aún peor pues permea a todas las clases y capas de la sociedad y está presente en infinidad de los más pequeños detalles de nuestra conducta diaria.

No, la razón de los feminicidios no se encuentra en la conducta de las mujeres sino en el primitivismo de nuestra sociedad que lleva a conceptualizar que son simples objetos a merced de los deseos de los hombres, merced a su inferioridad.

Nada de eso se puede aceptar de quienes tienen la elevada responsabilidad de procurar justicia.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Nueva tormenta sobre el gobierno de Chihuahua

Editorial

Aserto 127, febrero de 2014

De acuerdo con la versión del Lic. Héctor Villasana, uno de los abogados más reconocidos en materia de amparo, el Congreso del Estado de Chihuahua pudiera verse sometido a una nueva tormenta jurídica, debido a que el Poder Judicial de la Federación lo puede acusar de desacato al no ejecutar las sentencias de amparo extendidas a favor de los abogados Rodolfo Leyva Martínez, en el caso de la designación de los consejeros del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip); y del ex magistrado Carlos Flores Silva.

A tales supuestos se agrega el hecho que las depuestas consejeras del Ichitaip, María Nancy Martínez y Alma Rosa Armendáriz, -hasta el 13 de febrero, dos días después de fenecido el plazo para que el Congreso del Estado efectuara la nueva elección- aún seguían desempeñando sus cargos, (según nota de César Ibarra, El Heraldo de Chihuahua, 13/II/14) por lo que se podrían hacer acreedoras a sanciones penales (hasta de 10 años de prisión) y administrativas por desacato y usurpación de funciones.

Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llega a la conclusión que el Congreso de Chihuahua desacató el ordenamiento del juez octavo de Distrito, Ignacio Cuenca Zamora, los diputados, el total de ellos, podrían ser inmediatamente destituidos y consignados. 

Según la apreciación del jurista Villasana, ni siquiera se podría llamar a los suplentes pues no habría autoridad legislativa que así lo acordase.

En ese orden de ideas, y ante la gravedad de la situación, decimos nosotros, incluso, se podría llegar al extremo de la desaparición de poderes en la entidad y entonces el Congreso de la Unión debería convocar a las elecciones extraordinarias a fin de designar a los integrantes del Poder Legislativo.

Razones no les faltarían a los ministros de la SCJN para coincidir en tal hipótesis, el caso del abogado Carlos Flores Silva dista mucho de haberse resuelto. Obligada la legislatura anterior a confirmarlo en su cargo de magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, le tomó la protesta de ley. A continuación, Flores y representantes del grupo gobernante en Chihuahua, pactaron una jubilación “en automático”. El problema estriba en que nunca tomó posesión de su cargo, nunca fue instalado en su sala judicial, y eso conforma la falta de ejecución de la sentencia extendida por la SCJN.

Más aún, ni el Judicial, ni el Legislativo han caído en la cuenta que debieron iniciar el procedimiento para nombrar al sustituto de Flores, en ese lugar se desempeña la que fue nombrada antes de éste, pero ese proceso, como el de los consejeros del Ichitaip, es inválido.

Por tal desacato podrían ser destituidos de sus cargos los actuales presidentes municipales de Juárez y Chihuahua, así como el secretario del ayuntamiento capitalino y todos los legisladores del trienio pasado podrían ser consignados por el mismo delito, en un escándalo jurídico-político de proporciones y consecuencias inesperadas.

Pero todo lo anterior es derivado de la comisión de una lista muy grande de errores de quienes dirigen a la actual administración estatal, incapaces -por lo que se ve- de asimilar el nuevo esquema legal vigente en el país.

Durante años nos hemos quejado que el advenimiento de la plena competencia electoral, de la alternancia partidaria en los gobiernos y de mejores y nuevos estadios democráticos electorales, no habían deparado para la mayoría de la población un sensible mejoramiento en los estándares de vida, pero, por lo menos en la formalidad de las leyes y nuevos ordenamientos legales, sí se han abierto vías para limitar los poderes legales y extralegales de los gobernantes.

Esos son los beneficios de los litigios judiciales hoy comentados; en adelante, los titulares del Poder Ejecutivo y del Judicial deberán fundamentar sus propuestas y adecuarlas a lo establecido en las leyes en las propuestas de integrantes de los órganos colegiados, y el Poder Legislativo deberá fundar y motivar sus designaciones; ya no podrán elegir a quienes ellos quieran, sólo por su voluntad, estarán obligados a elegirlos conforme la normatividad elaborada que llevaría, así esperamos todos -o casi todos- a que sólo podrían optar entre las mejores propuestas para integrar órganos como el Ichitaip, CEDH, los órganos electorales y los nuevos integrantes del Poder Judicial.