Los ‘chuecos’, siempre

El Diario, 29 de agosto de 2013 Luis Javier Valero Flores Visto como un mercado alterno por las más grandes empresas automotrices norteamericanas –que cabildearon intensamente para que quedaran inscritas las regulaciones acerca del libre comercio de autos usados, en el Tratado de Libre Comercio– México aceptó la inclusión de gravísimas cláusulas en el TLC para la industria automotriz y la industria de autopartes, que hasta fines de la década de los 90 del siglo pasado se desarrollaba dinámicamente, pues las regulaciones existentes hasta entonces obligaban a las empresas armadoras a que un mínimo del 60 por ciento de las partes de los vehículos armados en el país fueran de origen mexicano. Y no eran cualesquiera, en esos porcentajes deberían contemplarse partes del eje motriz (motor, caja de velocidades, ejes, etc.) de los vehículos. Con el TLC todo cambió. Bajaron los porcentajes nacionales, ya no se incluyó la obligación de incluir el eje motriz y la industria de autopartes desapareció. Pero el único sector que fue protegido al paso de los años fue el de los vendedores de autos nuevos en México, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles (AMDA) que logró una amplísima protección del gobierno federal, incluso por encima de las regulaciones del TLC. El planteamiento fue sencillo, si se permitía el libre acceso de los vehículos usados, fabricados en Norteamérica, bajarían las ventas de la AMDA. La conclusión fue obvia, oponerse a la puesta en vigor del clausulado respectivo del TLC y arrancarle al gobierno la decisión de, en todo caso, que se aplicaran aranceles muy por encima de los fijados en esa regulación internacional. De ahí los enormes costos de la regularización de “chuecos” y la permanente oposición de la AMDA a estos procesos y, también, el tortuguismo del gobierno federal para poner en vigor un proceso que pudiera regularizar a las decenas de miles de vehículos internados ilegalmente al país. La posposición de la regularización de vehículos hasta noviembre de este año arrancó, otra vez, la molestia de los vendedores de autos nuevos que son, por puritita casualidad, los hombres de la “alta sociedad” de cualquier región y ciudad del país, las buenas conciencias, pues. De acuerdo con las más recientes adecuaciones del TLC en esta materia, “… a partir del 1 de enero del 2013, México está obligado a no prohibir ni restringir la importación de autos usados provenientes de Estados Unidos y Canadá cuyo año modelo sea de seis o más años de antigüedad, de conformidad con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Hasta el 31 de diciembre pasado, esa misma regla aplicó para vehículos cuyo año modelo era de ocho o más años. Fuera de esta excepción, las aduanas de México imponen un arancel de 50 por ciento para quienes importen vehículos usados, muy por arriba de la tasa de 10 por ciento que deben pagar las unidades que entran en la cláusula del TLCAN”. (Nota de Roberto Morales, El Economista, 7/I/13). Según el acuerdo internacional, los plazos son fatales y en 2019, sin aranceles, deberán venderse en México, como si fueran propios, todos los vehículos usados norteamericanos. De tal manera que, a la luz de la realidad de los cientos de miles de vehículos internados ilegalmente al país, por la imposibilidad de comprar un auto nuevo, por la existencia de un sistema de transporte urbano ineficiente, de la enorme corrupción aduanal (y de otras dependencias, federales y estatales) y de un enorme mercado –el estadounidense– la puesta en vigor de medidas que resuelvan el problema pasa por muchas otras áreas del quehacer gubernamental, y deberá iniciarse con ajustarse escrupulosamente a lo señalado en el TLC: libre circulación de las mercancías –en este caso, los vehículos– en las naciones signatarias del acuerdo y la desaparición de cualquier arancel no acordado. Vamos, si todos los niveles de gobierno afirman que la circulación de miles de vehículos sin regularizarse eleva los niveles delictivo, si esto es cierto ¿por qué no han actuado firmemente para poner un alto a tan “nocivo” fenómeno, precisamente ante la presencia de la peor racha delictiva de la historia chihuahuense? Más aún, si en el comercio de vehículos usados se encuentra uno de los mejores mecanismos del lavado de dinero ¿por qué no aplicar lo establecido en el TLC?

ViveBús en Chihuahua, ¡qué inicio!

El Diario, 27 de agosto de 2013 Luis Javier Valero Flores Una sociedad, acaso más estructurada que la del antiguo Paso del Norte, estalló ayer en el inicio real de las actividades del nuevo sistema de transporte urbano de la capital del estado, el ViveBús, modelo con el que se pondrá en marcha en fecha futura el transporte semimasivo de Juárez. La obra insignia de la actual administración estatal en la ciudad de Chihuahua puede convertirse en uno de sus peores fracasos. Puede llegar a ser un verdadero modelo, emblemático, de un moderno, ágil y eficaz sistema de transporte urbano. Pero lo que mostró en los dos primeros días es el reverso de lo anterior. Evidenció que la ejecución del proyecto estuvo plagada de notorias incapacidades y de una enorme improvisación. Mostró, además, una peor faceta del gobierno: su incapacidad para afrontar las manifestaciones ciudadanas, ante las cuales se ha respondido –con apenas tres días de diferencia– con golpes, disparos de salva y de granadas de gases lacrimógenos y detenciones sin ton ni son. Todo ello aderezado de un lenguaje que creímos sepultado en los tiempos de cuando el dinosaurio gobernaba al país, así como el uso de información oficial mediante la cual prácticamente se lincha mediáticamente a dirigentes políticos y sociales y se les adjudica la conducción de los actos violentos del pasado viernes y de ayer lunes. La puesta en funcionamiento del ViveBús en la capital develó cuán a flor de piel se encuentra la intolerancia y los estados de ánimo violentos, y no sólo entre los elementos uniformados. En las imágenes ampliamente difundidas por la prensa y el gobierno se aprecia –contra la versión oficial– que los ánimos populares están muy caldeados. Así ocurrió en las manifestaciones del viernes, tanto la de los opositores a la réplica del mausoleo villista, como en la de los choferes de transporte urbano. Y si en ellas se podrían encontrar hartas motivaciones para criticarlas, o rechazarlas, al fin y al cabo eran protagonizadas quienes de una u otra manera habían programado, individual y colectivamente, su protesta, lo ocurrido desde las primeras horas del lunes no fue así. Fue la protesta espontánea, fulgurante, de miles que no pudieron llegar a tiempo a centros de trabajo y estudio; lo hicieron motivados, no como dice la fraseología oficial, por “grupos subversivos” o dirigentes políticos como Miguel La Torre, líder del PAN municipal capitalino, y Jaime García Chávez, ex líder y ex diputado del PRD, sino por cientos de ciudadanos, hartos del mal servicio ofrecido por el ViveBús, en la ruta troncal, y que desquició casi el total de las rutas “alimentadoras” en la ciudad, lo que llevó a que una buena parte de los usuarios duplicaran los tiempos de traslado. Si todavía hasta el viernes aún se habían firmado los contratos de sustitución de patrón para el total de los choferes del transporte urbano, ni, todavía a esa hora aún no se habían fijado las tarifas, lo ocurrido el lunes mostró que los autores del proyecto nunca pensaron en la necesidad de efectuar infinidad de mediciones, de viajes de prueba, de medición de tiempos en los trayectos, no sólo de la ruta troncal, sino de las alimentadoras, del número de personas que se podrían presentar en el inicio de las actividades. El atiborramiento de los autobuses, los verdaderos cuellos de botella presentados en casi todas las rutas demostró que, ni siquiera, calcularon los cupos de los autobuses en las distintas rutas. ¿Se necesitaban muchos elementos para darse cuenta que el sistema colapsaría en cuanto fuera exigido al máximo de las actuales necesidades de transporte en la ciudad si en pleno domingo ya se había detonado la ocupación del transporte? Pero si todavía hasta el viernes por la tarde los choferes aún no firmaban el contrato de sustitución de patrón (porque pasaron de tenerlo de manera individual para poseerlo ahora en un ente moral, la Coordinadora de Transporte Colectivo) los hechos de ayer vinieron a mostrarnos una faceta que creímos no veríamos. Algunos pensamos que los pasos anteriores –y otros, aún más complejos que los señalados–, por obvios, estarían resueltos. No fue así y los resultados los ha sufrido casi el total de los capitalinos, eventualidad que deberá poner a trabajar a los responsables del transporte semimasivo en Juárez, pues las complicaciones pueden ser aún mayores por el número de usuarios, superior al de Chihuahua y las distancias incomparablemente por encima de las de ésta. Ante tantos y grandes problemas, la pregunta sigue en el aire ¿Por qué mantenerlo como un negocio privado y no de la ciudad?

Municipalizar el transporte

El Diario, 25 de agosto de 2013 Luis Javier Valero Flores Podrán achacarse a unos y otros manifestantes la responsabilidad de lo ocurrido en la tarde del viernes en los alrededores del Palacio de Gobierno cuando dos distintas manifestaciones confluyeron. No habrá razón. Lo ocurrido obedece a la evidente irresponsabilidad de quienes lanzaron a decenas de agentes de vialidad, policías estatales y municipales a remover los autobuses de ruta apostados por los choferes que protestaban. Los policías, estatales y de vialidad, mayoritariamente, todos, bajo el mando de la Fiscalía General, iban armados con pistolas, sin caretas, sin macanas, sin escudos y en desorden. El colmo, llegaron justamente por donde se celebraba la otra manifestación, la de quienes se oponían a la construcción de la réplica del mausoleo del Gral. Francisco Villa. Detectados, fueron detenidos por estos y aquellos manifestantes y de atrás de quienes se increpaban (policías y manifestantes) empezaron a llover proyectiles -¿Acaso ese factor no fue tomado en cuenta por quien ordenó el operativo? ¿No sabía que la acción policíaca -desesperada- de quitar los camiones, encendería los ánimos, cuando en ese momento se encontraban más de 500 manifestantes, la mayoría de ellos muy poco entrenados en eso de manifestarse pacíficamente, y me refiero no a los de la copia del mausoleo, sino a los otros, que han participado en la disuasión de otras manifestaciones?-. La respuesta policiaca es de antología: Empezaron a responder piedra por piedra ¿Acaso no hay policías antimotines, los mismos que actúan desarmados, para evitar algún desaguisado? ¿Acaso no han recibido adiestramiento para disolver manifestaciones sin violencia? Luego, una parte de los manifestantes, sobre todo los de la réplica del mausoleo decidieron, en una acción verdaderamente temeraria, abrir la puerta de Palacio de Gobierno ¿Para qué, para tomarlo? ¿Para qué? Las imágenes son elocuentes, tanto las distribuidas por Gobierno del Estado, como las tomadas por civiles y prensa, no hubo la menor preparación policiaca para un incidente como este. Los momentos en que ambos bandos estuvieron frente a frente, ante la puerta principal de Palacio de Gobierno fueron eternos ¿No había nadie, en el gobierno, que fuera capaz de llamar a las partes a negociar para amainar el conflicto? No, se dejaron correr preciosos minutos, los que sirvieron para que se enconaran aún más los ánimos. Los heridos son pocos si nos atenemos a la gravedad de los enfrentamientos, pero el salvajismo y la impreparación de los elementos policiacos son enormes, así como la incapacidad de sus jefes. Los enviaron sin preparación alguna y sin saber las consecuencias de sus actos. Espeluznante. Dos o tres policías apuntaban directamente a los manifestantes con sus fusiles, alguno de ellos amenazando con disparar -¡No te acerques!- ¿Esa es la preparación antimotines? ¿Sabrán que a esa distancia los proyectiles de gases son tan mortales como las balas? Pero el fondo del conflicto, el principal, el planteado por los choferes apenas entró en la fase de su resolución, porque el otro, se resolvió. En la misma noche de los hechos el gobierno estatal anunció la demolición de las obras de la construcción de la réplica del mausoleo de Villa, en una decisión que se aplaude ahora, pero ¿Qué caso tenía construirlo si el original se encontraba a menos de 500 metros y, además, con un costo que ofende a la mayoría de la sociedad? ¿Qué planteaban los choferes? Sorprenden las peticiones, la respuesta de las autoridades, el silencio de los concesionarios y los enormes vacíos en la puesta en marcha del nuevo sistema de transporte urbano en la capital. Todo ello deberá servir de experiencia a la puesta en vigor del Transporte Semi Masivo en Juárez. A menos de 48 horas de la puesta en vigor, los choferes no habían firmado un nuevo contrato -de sustitución de patrón-, no sabían quienes permanecerían en sus puestos de trabajo, no habían firmado las condiciones de trabajo en el nuevo sistema de transporte y, por tanto, los antiguos contratos laborales, individuales, entre el concesionario y su trabajador ya no serán vigentes y deberán ser sustituidos por el que firmen los choferes y la Coordinadora de Transporte Colectivo, que así se llama el nuevo patrón. Bueno, pues fue necesaria la manifestación, las pedradas del viernes y el clima de tensión para que empezaran a firmarse los contratos. Afortunadamente no hubo muertos. Asombran las conductas, tanto del gobierno, como de los concesionarios. La administración estatal ha gastado más de mil 200 millones de pesos en el Vive Bus -a fondo perdido, regalados a los concesionarios- en toda la infraestructura de la ruta troncal, ¡La primera, solamente en ella!, sin que la nueva empresa hubiese avanzado en una tarea ineludible, la de modificar las relaciones laborales de sus trabajadores. Cómodamente le dejó, ese conflicto y otros, al Gobierno estatal. -Po’s si ya nos regalaron toda la infraestructura del Vive Bus, y le pusieron hasta internet, y se andan adornando, además de comprometerse a mantener en óptimas las instalaciones, las vialidades y todo lo demás, po’s de una vez que se echen el trompo a la uña de los choferes. Y estalló el conflicto ¿Pueden ustedes creerlo? No es la única falla. Los funcionarios gubernamentales encargados del Vive Bus han dicho en todos los tonos que el 16% de la población de la capital es usuaria del transporte, eso significa que alrededor de 128 mil chihuahuenses se suben diariamente a los autobuses. A menos de una semana se anunció oficialmente que el nuevo sistema se pondría en funcionamiento el día de hoy y a menos de 48 horas aún no se sabía de las tarifas. Lógico. Los tumultos, las colas, las fallas de las máquinas expendedoras de las tarjetas volvieron un verdadero via crucis la obtención de las tarjetas. Ante ello, el gobernador César Duarte anunció que el Vive Bus sería gratis una semana. Horas después, el Secretario de Desarrollo Urbano, Guillermo Márquez, precisó que solamente la ruta troncal, pero el problema estriba en que a partir de hoy -se supone- ningún autobús recibiría dinero, el pago se hará exclusivamente por medio de las tarjetas. Híjole. Más. Sólo hasta en la noche del viernes, y después de los golpes, los funcionarios gubernamentales dieron a conocer que la tarifa sería de 6 pesos en la ruta troncal y 2 en las alimentadoras, y gratis en el tercer transbordo “siempre y cuando sea en el mismo sentido” (sic) ¿De cual sentido? ¿Se imaginan los funcionarios la confusión que están creando? Ineficiencia en grado superlativo. Más si se acude a la hemeroteca en donde encontraremos que el Gobernador Duarte expresó en varias ocasiones, a distintos medios, que sólo habría una tarifa, la de 6 pesos, y que podrían hacerse dos transbordos en cada viaje ¿Y entonces? Estamos ante una situación en extremo sui generis: El mandatario anuncia cosas que le corresponden a la empresa concesionaria; el gobierno resuelve los conflictos generados por los concesionarios (ahora sabemos que hay individuos, ligados a los funcionarios de la empresa, que venden tarjetas en la calle en 26 pesos ¿Quién se las dio?); el gobierno anuncia las tarifas; el gobernante decide que sea gratuito el Vive Bus durante una semana, evidentemente para que todos los usuarios puedan adquirir la tarjeta (¿Acaso el nuevo sistema de transporte no es precisamente eso, un sistema?); la tarjeta tiene un valor de 20 pesos; el gobierno capacita a más de mil choferes (suponemos que sin costo para los concesionarios); el gobierno les regala las instalaciones y, además, les consigue un financiamiento “blando” para la adquisición de las unidades nuevas. Es mucho. Si tanto dinero, tiempo y esfuerzo de la administración estatal se ha empleado en el Vive Bus ¿Por qué no, mejor, municipalizarlo, para que los municipios de Juárez y Chihuahua, cuyas estructuras administrativas tienen la complejidad necesaria para administrar el transporte público de la quinta parte de su población, lo hagan? ¿No es demasiado conceder a un gremio que ha mostrado, a lo largo de su historia, que no cumple con los estándares de calidad en la prestación de un servicio, estratégico como pocos? AVISOS.- La agresión sufrida por Jorge Gutiérrez Casas, Oficial Mayor del Municipio de Juárez, tuvo como objeto amenazar al Alcalde Murguía. No puede menospreciarse, lo ocurrido en Juárez estos años no es para menos. asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Obras sin ruta crítica

El Diario, 22 de agosto de 2013 Luis Javier Valero Flores Algo deberán hacer los gobernantes de Chihuahua –los de ahora, no los del futuro, aunque también y, obviamente, no los del pasado– para hacer que las obras que emprendan cuenten, ya no con la aprobación de la sociedad, sino con la debida ruta crítica que contemple como elemento esencial el empleo del menor tiempo posible en la construcción, para evitarle a la sociedad molestias innecesarias. Por supuesto, asentar lo anterior no significa, de ninguna manera, legitimar o allanarse al titipuchal de cosas emprendidas por nuestros gobernantes sin el consentimiento de la sociedad y ni tan siquiera con el aviso previo de lo que pretendían hacer al llegar al gobierno. Ahora le tocó al municipio de Juárez, del modo que sucedió antes en la capital del estado con motivo de las obras del Vive Bus, de las reformas al edificio Héroes de la Reforma y de diversas obras en el centro histórico de Chihuahua. A medio año del inicio de las obras del Plan de Movilidad Urbana (PMU) es evidente que la ruta crítica de la obra, si existe, ha sido rebasada y las molestias a una parte importante de la comunidad juarense se acrecientan sin que se aprecien medidas que permitan atisbar el aceleramiento de la construcción en las decenas de frentes abiertos, de tal modo que, seguramente, la nueva administración municipal deberá cambiar sus prioridades y sus planes de gobierno para que el PMU avance a la velocidad necesaria en una urbe del tamaño e importancia de Juárez, obra que, por otra parte, no tiene –no debería tener– como obstáculo la escasez, posposición o el racionamiento de los recursos económicos, como sí sucedió en las obras de la capital, que generaron retrasos tan lamentables como los ahora sufridos por los habitantes del antiguo Paso del Norte. Nadie, o muy pocas personas podrían oponerse a la modernización –la benéfica– del entorno citadino, y menos a los cambios necesarios en las zonas más urgidas de ellos, como serían las vialidades, cruces y puentes de Juárez, o la modernización del centro histórico de Chihuahua, y menos aún en la instrumentación de un moderno sistema de transporte público, sea el Semimasivo de Juárez, o el Vive Bus de Chihuahua. Los tiempos de construcción y de obstaculización de la vida cotidiana debieran ser el centro de las preocupaciones de constructores y gobernantes. No parece ser el caso. En la capital, con frecuencia a lo largo de la construcción de las obras del Vive Bus y de muchas de las obras del centro de la ciudad, se presentaron retrasos inexplicables, o notorias bajas de ritmo en la construcción, debidas, según los reportes periodísticos recogidos de los trabajadores de las obras, a la falta de recursos económicos, de las empresas constructoras, o de las partidas gubernamentales que debían ejercerse. El resultado siempre fue el mismo, el caos en buena parte del centro histórico a las horas pico. Hoy los juarenses atraviesan por una dinámica semejante ante la cual se responde con la inauguración de pequeños tramos viales y con un discordante uso mediático que de inmediato choca con la realidad vivida por miles y miles de juarenses. No bastan los mensajes, lo único que puede llevarle tranquilidad al ciudadano es el aceleramiento de los ritmos de construcción, la participación evidente de decenas o cientos de trabajadores y maquinaria que demuestre que, efectivamente, se trabaja en los ritmos que la sociedad y la ciudad requieren. Por lo menos en el caso del PMU no se puede argüir que las partidas presupuestales de tal obra “no han llegado”, o que se han retrasado; el esquema de financiamiento debiera mostrar, en esta fase, que tiene una alta efectividad y el acceso a esos recursos no debiera encontrar obstáculo alguno, a menos que en la operatividad aprobada para este proyecto existan pasos que están sujetos a la aprobación de alguien en la estructura estatal, ya sea en el Ejecutivo, o en el Legislativo. No debieran existir, y si los hay, debieran dar lugar a mecanismos infinitamente más expeditos.

Las reformas electorales necesarias

El Diario, 21 de agosto de 2013 Luis Javier Valero Flores Con un abrazo a Jorge Quintana Silveyra, acompañándolo en su dolor ante la dolorosa pérdida de su señora esposa, Lucía Moye Elizalde La reciente elección dejó un mal sabor de boca en quienes se interesaron por la composición de las alianzas, la conformación de los cabildos y la próxima legislatura, caracterizadas por lo que ya se considera abusivo, el trafique de votos antes de la elección, mediante los legales convenios celebrados entre los partidos políticos integrantes de las diversas coaliciones; los que ahora, además del reparto de votos, trajeron como consecuencia el irreal reparto de la representación política en el Congreso del Estado, así como la inequitativa distribución de las prerrogativas, que le permitirá a tres mini partidos acceder a cantidades estratosféricas de los recursos públicos. Sí habrá una representación en el Congreso del Estado de todos los partidos políticos, y por primera vez, también es cierto; el problema estriba en que la representación de todos los partidos es falsa, o por lo menos, no ajustada a las verdaderas simpatías ciudadanas por los partidos. Ninguno tendrá en el Poder Legislativo lo que los ciudadanos decidieron. Ni el PRI, con casi la mitad de los diputados, estará adecuadamente representado pues la diputada electa Elvira González (de Delicias), militante del PRI debió aceptar que su partido y el Verde Ecologista resolvieran que accediera al Congreso por la vía de este último. Luego, podrá cambiar de grupo parlamentario, pero llegará por la vía verde. El PAN tampoco estará representado en el Congreso en la medida de los porcentajes de votación obtenidos (casi 40 por ciento), pues sólo contará con 7 diputados, equivalentes al 21 por ciento de la legislatura. Y el resto, Panal, PRD, PT y Verde tendrán la representación que artificialmente les otorgó el PRI, creyendo (y algún elemento habrá de tener) que los diputados llegados por estos partidos serían más controlables que los surgidos por la vía del PAN. Ninguno de ellos, solos, podría haber llegado al 7 por ciento de la votación, suficiente para alcanzar el segundo diputado plurinominal. Por tanto, sí estarán representados todos los partidos, pero los dos mayores subrepresentados y los otros, sobrerrepresentados, excesivamente. De ahí que la más urgente de las reformas electorales que debieran aprobarse, aunque fuera sólo esa, sería la de que en las alianzas, las boletas electorales, en el espacio de los partidos coaligados, aparecieran todos los emblemas de ellos y el ciudadano pudiera votar por el partido de su elección, que participara en la coalición. De ese modo, nos evitaríamos los arreglos previos, las concesiones extraciudadanas, el regalo de votos, diputados y prerrogativas y serían exclusivamente los votantes los que definieran tales apartados. Además, sería el voto ciudadano el único que determinara la existencia, o no, de todos los partidos, el número de diputados a los que tendría derecho y el porcentaje de las prerrogativas a que tuvieran derecho, pues en esta ocasión, aprovechando los resquicios que la ley ofrece, sólo el PAN accederá a las prerrogativas económicas obtenidas por sus porcentajes de votación (y de uso de los tiempos oficiales en radio y TV), el PRI tendrá solamente el 20 por ciento y los otros estarán ampliamente sobrerrepresentados: Panal, por encima del 13 por ciento, PT y PRD con alrededor del 3 por ciento y Movimiento Ciudadano con un poco más del 2. ¿Son legales tales arreglos, se pregunta el ciudadano común? Por desgracia, sí. Pero sólo contribuyen a aumentar el descrédito sobre los partidos políticos y sobre el gobierno, dicho, así, en lo general. En asuntos como el ahora tratado, es cuando se evidencia que los discursos de “honda” preocupación de los partidos, acerca de los elevados grados de abstencionismo son eso, precisamente, discursos. El financiamiento a los partidos “familiares” y sus dirigentes, permanentemente, sin transparencia alguna, es objeto de críticas en cada proceso electoral ¿Serán sensibles a ello en el próximo episodio de reformas electorales?

Reforma “cardenista”

El Diario, 18 de agosto de 2013 Luis Javier Valero Flores La reforma propuesta por Enrique Peña Nieto es regresiva y contraria al interés de la Nación. Dicho así podría encuadrarse, esta opinión, en la postura ideológica de alguien que pretende una mayor -y mejor- participación del Estado en las cosas sustantivas del país, pero ni siquiera bajo la óptica de los negocios sería uno bueno para el país. Vayamos al diagnóstico. México produce la escalofriante cantidad de 2 millones 600 mil barriles de petróleo diarios, bajo la operación y conducción de Pemex. Esta empresa ocupa el 4o. lugar mundial en producción; posee el lugar 13o. en reservas de petróleo crudo y el 14 en ingresos (ventas de 125 mil millones de dólares anuales). En el continente americano es la empresa No. 13 y la 34 en el mundo. Sus utilidades -antes de Hacienda- superan los 75 mmdd y aporta la tercera parte del presupuesto federal. Además, Pemex invierte más que lo invertido por todas las empresas mexicanas juntas y más del doble que la América Móvil (la empresa de Carlos Slim). (Información de Pemex, ExpoForo Pemex, julio 2012). ¿Es una empresa quebrada que necesite urgentemente la participación de socios capitalistas? Más aún ¿De acuerdo a las necesidades de desarrollo del país, necesitamos producir esa cantidad de petróleo? La pregunta es necesaria porque México es el tercer mayor exportador de petróleo a los Estados Unidos. Lanzadas, así, las cifras y las preguntas alrededor de la reforma energética llevan a plantearse el porqué la propuesta no se hizo de manera global. Si se pretende modificar el régimen bajo el cual actúa Pemex, y dada su importancia en el mercado y en las finanzas públicas ¿Por qué no se presentaron, también, las leyes reglamentarias derivadas de las propuestas de reforma constitucional realizadas por Peña Nieto? Del mismo modo ¿Por qué no haber presentado la reforma fiscal, no sólo la derivada del cambio de régimen fiscal de Pemex, sino, también del total de la regulación fiscal? A la mayoría de los ciudadanos -no versados en el críptico lenguaje legislativo- los cambios propuestos no podrían aportarles muchos datos, pero toda iniciativa de ley debe presentar, en la exposición de motivos, las razones de la propuesta, las ventajas que arrojaría, los mecanismos que echarían a funcionar y el rumbo de la legislación secundaria que debería aprobarse para dar cauce a las reformas constitucionales aprobadas. A lo largo de la exposición de motivos hay un argumento central, la necesidad, no sólo de “modernizar” a la empresa, sino de obtener las inversiones necesarias para elevar la producción de petróleo, de la refinación, de aumentar la producción y capacidad de almacenamiento del gas natural, mejorar la red de distribución, construir la necesaria para el crecimiento económico que, dicen, tendrá el país. No hay dinero, dicen. No es buen negocio que nosotros tengamos una producción elevada de crudo sólo para venderlo y a cambio debamos comprar prácticamente todos los productos obtenidos del petróleo, y no sólo los combustibles. La principal empresa petrolera del mundo -Exxon- no posee una sola gota de petróleo y obtiene, por ventas, 452 mmdd al año ¿De dónde los obtiene? Ah, po’s de comprar petróleo crudo y vender productos refinados. El problema está en la elevada dependencia de las finanzas públicas de los ingresos petroleros, si estos desaparecieran, el país entero entraría a una gravísima crisis, a menos de que efectuáramos una profunda reforma fiscal y no solamente la que contuviera la elevación del IVA y el ISR, o que a todos los comerciantes informales les cobráramos impuestos y que el IVA se extendiera a alimentos y medicinas. Por la vía del régimen de consolidación fiscal, usado por todas las empresas mayores para eludir el pago de impuestos, el país deja de percibir alrededor de 40 mil millones de dólares anuales, cantidad que deja muy lejos los 50 mil millones de pesos que se podrían recibir, de aprobarse el IVA a alimentos y medicinas. No hay dinero para invertir en Pemex, dicen los apologistas de la reforma; se necesitan 32 mmdd para construir las 6 refinerías necesarias. Bien. ¿De veras no hay dinero mexicano para invertir en Pemex, en las aguas profundas, en las aguas someras, en la modernización de las redes y ductos, en la refinación e industrialización de todos los productos petroleros? ¿No hay dinero? ¿Y las reservas internacionales del país, que son, hasta el último reporte del Banco de México, 169 mil 325 millones de dólares, de las cuales “alrededor de 40 mil millones están invertidos en bonos del Tesoro de Estados Unidos, es decir, están financiando la economía del país vecino”?. (Columna Dinero, Enrique Galván Ochoa, La Jornada, 15/VIII/13). ¿Por qué no echar mano de una parte de las reservas, porqué sólo usarlas para financiar las pérdidas de las empresas privadas en la Bolsa de Valores o en las devaluaciones? Durante años nos dijeron, los que ahora gobiernan, que las Afores servirían para financiar el desarrollo de México. Bien. Tenemos 153 mmdd en ellas ¿Por qué sólo podemos pensar en los dólares de las empresas petroleras extranjeras para potenciar a Pemex? El otro gran argumento para la reforma de Peña es el de la falta de tecnología para llevar al cabo la explotación del petróleo del mar profundo, pero llevamos años recibiendo la correspondencia y el intercambio de conocimientos ofrecidos por la Asociación de Ingenieros Petroleros de Brasil para que nuestro país acceda a la tecnología de éstos, pero, además, como todas las cosas, también es una mercancía ¿A poco no la venden? La reforma de Pemex pasa, necesariamente por la reforma de muchas cosas, es así porque el petróleo no solo fue, es vital para el desarrollo nacional, pero ahora, sin cambiar la propiedad del crudo, se pretende “invitar” al gran capital privado a que participe de la riqueza petrolera, bajo un esquema novedoso: Que Pemex deje de ser la empresa del Estado Mexicano en materia de petróleo y que participe, entonces, al mismo nivel que el resto de las empresas y que las utilidades obtenidas sean “participables” al Estado Mexicano. Y ese esquema, contra toda la propaganda, se haría válido en todas las actividades petroleras, no solamente en las de la exploración y explotación del petróleo de las aguas profundas, pero ¿Qué empresa privada, del mundo, con utilidades del orden del 60-75% necesita de socios capitalistas? Dice la iniciativa peñista que su reforma es cardenista y que no entraña la pérdida de la propiedad. Pues sí, podemos seguir siendo los dueños del petróleo, del mismo modo como lo somos de las minas de oro, sólo que del metal sólo alcanzamos a ver el brillo y algunos cuantos pesos. Algo semejante quieren hacer con el petróleo, nada más que ahora por la vía de los contratos de “utilidad compartida”. Las modificaciones constitucionales hasta parecen insignificantes, en el 27o. Constitucional se quitarían las palabras “ni contratos”, porque ahora dice así: “En tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones, ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado (negrillas de LJVF) y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos...”. Al suprimirse lo entrecomillado, quedaría así: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos no se expedirán concesiones y la Ley Reglamentaria respectiva determinará la forma en que la Nación ...”. Algo semejante sucede con el 28, pero aquí es más grave porque a partir de la fecha se le quitaría la exclusividad a Pemex para explotar el petróleo. Así dice el texto vigente: “… No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión...”. Sencillo, proponen cambiar muy poco, quitan unas cuantas palabras: petróleo, hidrocarburos, petroquímica básica y electricidad ¡Ay nomás, diría Clavillazo! Así quedaría, según Peña Nieto: “No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; y…”. Y luego dicen que es cardenista, es pura demagogia. asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Acuerdos, por lo menos, extralegales

El Diario, 16 de agosto de 2013 Luis Javier Valero Flores En un acuerdo de los partidos, a petición del partido hegemónico en Chihuahua, y formalmente, del Partido Verde, quizá con la excepción del PAN, el órgano electoral aprobó la designación de los diputados de representación proporcional (los llamados “pluris”), que incluyó una aberración: que el Partido Verde aceptara que la candidata de la Coalición de estos dos partidos en el distrito de Delicias, Elvira González Anchondo, se le considerara la candidata perdedora con el más alto porcentaje, no del PRI, sino del Verde. De esa manera, el PRI se alza como el partido mayoritario de la nueva legislatura al acceder a la 17a. diputación pues González Anchondo, es sabido y aceptado por todos, no es militante verde, sino priista. ¿Que esto es un acuerdo aceptado por unanimidad, no solamente por los consejeros electorales, sino también por los partidos y entonces no debiera objetarse? El problema es que este acuerdo viola la legislación electoral de Chihuahua y ningún acuerdo partidario, por más “benéfico” que sea puede aceptarse. Podemos ahorrarnos todos los articulados, tanto de la ley electoral, como de la Constitución de Chihuahua; en esencia, establecen que los partidos pueden conformar coaliciones, y que éstas pueden ser parciales; que los partidos y las coaliciones pueden tener derecho a la asignación de diputados de representación proporcional, siempre y cuando registren candidatos en por lo menos 14 distritos y hayan rebasado el 2% de la votación. Para efectos de la contienda, y por supuesto de la asignación de diputados, las coaliciones son consideradas como un partido. En esta elección las coaliciones concertadas por el PRI fueron parciales porque sólo registraron candidatos en 8 distritos, por tanto, no tienen derecho al reparto de plurinominales y, además, los candidatos de estos distritos, para efectos de ese reparto, no se considerarán miembros de sus respectivos partidos, sino del “partido” llamado coalición, por lo que no se les debería considerar en el reparto de las “pluris”. A quienes sí se les considera en ese reparto son a los candidatos, de todos los partidos coaligados, de los 14 distritos en los que no pactaron coalición, así como, obviamente, a los integrantes de las listas presentadas por cada uno de ellos. Y si la coalición no postuló candidatos en 14 distritos, por tanto no tenía derecho a presentar lista de candidatos plurinominales ¿De dónde sacan que sí tienen derecho a la prelación? ¿De dónde sacan que la candidata de Delicias es “la mejor perdedora” del PRI? ¿O del Verde? ¿En qué ordenamiento legal se sustenta un acuerdo de tal naturaleza? En todo caso, González Anchondo es la mejor perdedora… pero de la coalición y, por tanto, no tiene derecho a participar en la pista de las “pluris”, porque, además, no se trata de que los partidos sean los que decidan, bajo su supuesto libre albedrío, quiénes acceden a las diputaciones, eso lo señala claramente la ley, de acuerdo con los votos emitidos por los ciudadanos y los registros de candidatos. Podemos convenir en que el reparto de los votos, efectuado por los partidos coaligados, es inmoral políticamente, pero se encuadra en lo establecido por la ley, lo de la sesión del IEE del miércoles, no. El problema va más allá. Podemos concluir que es ilegal tal decisión, pero solamente alguno de los partidos, que sustente ser afectado por ese acuerdo, o alguno de los candidatos afectados pueden objetarlo legalmente, nadie más, y como todos están de acuerdo pues… pasará. Y el PAN, que se alzaría como la fuerza de oposición, la única, ha decidido no impugnar este acuerdo porque, dicen, da lo mismo una ficha que otra, es decir, un diputado que otra, todos, sostiene, van en el mismo rumbo. ¿A cambio de qué un partido, que ya tenía en la bolsa un diputado, decide perderlo? Y lo hace, lo cede, al partido en el gobierno ¿Se necesitarán muchos elementos para llegar a saber, o atisbar, las razones? Sorprende la falta de cuidado que se debería tener para con el órgano electoral, hasta ahora podíamos discrepar de sus decisiones; pero se trataba, al fin y al cabo, de distintas interpretaciones sobre la ley, lo de ahora, no.

Cinismo

El Diario, 15 de agosto de 2013 Luis Javier Valero Flores La respuesta del señor Eloy Vallina al artículo publicado por El Diario, en el que, otra vez, se avizora una nueva inversión pública en la zona de San Jerónimo, que, como sabemos, es un negocio de Vallina -y otros empresarios juarenses- raya en el cinismo. Al puntilloso y realista recuento de los hechos efectuado por el Director General de El Diario, Osvaldo Rodríguez Borunda, sólo le faltó referir que el proyecto de la “Ciudad Vallina” fue realizado muchos años atrás y que formó parte esencial de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), usado como mecanismo para “convencer” a varios senadores norteamericanos, especialmente al entonces senador de Nuevo México, Pete Domenici, a fin de que otorgaran su voto favorable a la firma del Tlcan y que, con esa información, más la proporcionada de manera privilegiada por muy elevados funcionarios de la administración de Francisco Barrio, el empresario compró el terreno sobre el cual ya sabía se asentaría, del lado mexicano, una urbe pequeña -se hablaba de una población de 200 mil habitantes-, operación certificada -¡Qué casualidad!- por quien fuera el Secretario de Gobierno de Barrio y fallido candidato al gobierno del estado, el notario Eduardo Romero. No era el único funcionario barrista que participó en el proyecto, el señor Francisco J. Prieto Muñoz, director de Desarrollo Urbano en el gobierno de Francisco Barrio, al término de la gestión de éste pasó a figurar como asesor técnico del Grupo Chihuahua de Eloy Vallina. En tal proyecto participan -se ha documentado fehacientemente- poderosísimos consorcios y empresarios de la talla de la Union Pacific (en la que participa, en el Consejo de Administración, el ex presidente Ernesto Zedillo, luego de ser quien aprobara la venta de Ferrocarriles Nacionales de México) y el ex candidato presidencial, Ross Perot. Así lo dice el estudio realizado por la prestigiada Universidad de Harvard: “El lado estadounidense funcionaría como un centro de servicios al comercio y oficinas, de uso subregional, con una población de aproximadamente 20 mil habitantes. (En tanto) El lado mexicano emergería como una importante ciudad que pudiera exceder los 200 mil habitantes y con servicios culturales y sociales completos, así como actividades comerciales”. El gobierno de Salinas de Gortari se comprometió con Domenici a construir la carretera que enlaza el cruce fronterizo San Jerónimo-Santa Teresa con la carretera Juárez-Nuevo Casas Grandes. ¿Está mal aprobar la creación de un puente fronterizo -con tecnología de punta-, preparado para agilizar la internación de mercancías y productos a ambos lados de la frontera, que permita ofrecer una mejor opción que la de Laredo y Nuevo Laredo al comercio con Estados Unidos? La respuesta es obvia, el problema estriba en la codicia de quienes deciden hacer negocios al amparo de los presupuestos públicos y que todavía se molestan cuando se critica -con suficientes elementos- tal forma de subsidiar los negocios privados, al grado de arriesgar las reservas de agua para Juárez, además de los escasos recursos económicos del municipio y el estado, puestos a disposición del fortalecimiento de los negocios de quienes han mostrado un escaso compromiso con el desarrollo social de Juárez. La respuesta de Eloy Vallina no puede quedar ahí, y ubicar los intercambios entre éste y el Director General de El Diario, -como lo hizo el senador Patricio Martínez, ex gobernador y autor de la decisión de construir una unidad habitacional en esa zona, sólo para obligar a la dotación de servicios públicos y, por tanto, contribuir de manera decisiva a la detonación de la plusvalía de esos terrenos para favorecer al empresario- sólo como un “pleito” personal o, peor aún, como “chismes”. (Nota de La Columna, El Diario, 14/VIII/13). ¡Bendita “libertad de comercio”, que permite hacer negocios multimillonarios al amparo del poder público y le otorga el ánimo necesario al empresario para que anuncie, con soberbia, que “sacará” adelante sus proyectos, independientemente de las posturas de Rodríguez Borunda que en este caso son las expresadas por miles de juarenses! ATRACCION.- Se tardaron 5 años en “atraer” el caso del asesinato de Armando Rodríguez, El Choco, nuestro compañero. ¡Cuántas mentiras! ¡Cuanta ineficiencia, cuántas complicidades! ¡Cuánto miedo en hacer valer el “Estado de Derecho! asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Nuncamente

El Diario, 13 de agosto de 2013 Luis Javier Valero Flores Así, con esa palabra respondía Gustavo Madero, presidente del CEN del PAN, las preguntas de los reporteros si no le habían afectado las protestas y los zipizapes entre delegados a la Asamblea Nacional y los guardias de seguridad, así como la infinidad de objetos que le fueron lanzados en esa ríspida reunión. La profundidad de la crisis del partido vuelto gobierno en la docena anterior la ilustra la fortaleza de las vallas metálicas interpuestas entre el presídium del acto y los asistentes. Más allá de las discusiones –¿cuáles, tres oradores a favor y otros tantos en contra, para uno de los asuntos más trascendentales en la vida de ese partido, por lo menos en el momento actual?– y del modo en que finalmente se resuelvan, lo más importante estriba en que la confrontación está en todo lo alto en ese partido. “Nuncamente. Me arrojaban papeles para ver si decaía el ánimo, pero nuncamente”, diría Madero, luego de que decenas de delegados le gritaron “Tramposo. ¡Madero, eres un tramposo!” “¡Déspota!” “¡Bola de corruptos!”. (Nota de Reforma, 12/VII/13). La causa de tan violentos intercambios fue la apresurada y torpe maniobra del conductor de la asamblea en ese momento –Marko Cortés– para dar por aprobado el proyecto de “armonización” de dos artículos aprobados en marzo que se contraponían, uno de ellos aprobado en aquella abortada asamblea, mediante maniobras muy criticadas, para oponerlo a la elección de dirigentes por medio del voto universal. La llamada “armonización” dio por resultado que sí se aprobaba el voto universal, pero a cambio se crearía un nuevo organismo, con facultades superiores a las del propio Comité Nacional, pero este sería elegido en el Consejo Nacional. La aprobación de esas nuevas normas debería darse por mayoría calificada de dos tercios de los delegados presentes. Sin embargo, en lugar de tomar la votación de manera correcta, es decir, pedir el voto a favor, luego el voto en contra y finalmente las abstenciones –para poder calificar y demostrar que lo aprobaron los dos tercios– simplemente, con el levantamiento de los votos a favor, decretó aprobado el artículo y ardió la asamblea. Con ese hecho dejó abierta la posibilidad de que cualquier militante impugne la votación y, por tanto, la validez de la elección de los nuevos órganos dirigentes. El ex gobernador bajacaliforniano, Ernesto Rufo, lo caracterizó bien. Dijo que dos terceras partes “son un consenso (sic) y lo que estoy viendo es que no se siente tal armonización. Se podría haber repetido la votación”. (Ibídem). Las frases expresadas en los momentos más álgidos de la asamblea son estremecedoras. Luego del abucheo a Santiago Creel, defensor de la “armonización”, la confrontación creció luego de la votación. La diputada Priscila Vera, del DF, les dijo: “Ustedes, verdaderamente, son como Salinas: ni nos ven, ni nos oyen”. Al mismo tiempo se oían los gritos de fraude, ¡vendidos! ¡priistas! Y otros militantes lanzaban bolas de papel, vasos arrugados, manzanas, cáscaras de plátano, lo que fuera y otros le gritaban a Madero: “¡Eres un tramposo!”, “¡Estás vendido con Peña Nieto!” y “¡Déspota!”. En tanto, “delegados a la asamblea, guardias y organizadores, identificados con la palabra Staff impresa en sus camisetas, intercambiaron patadas, puñetazos, empujones, insultos…”. Podríamos seguir con las conclusiones de lo ocurrido, pero lo ilustra de mejor manera lo dicho por algunos de los más destacados del PAN: “No veíamos algo así desde los ochentas”: César Nava, ex presidente nacional, ex diputado federal. “Este no es el partido al que me afilié hace años”: Gabriela Cuevas, senadora, ex diputada federal (DF) “Estoy muy triste: Luis H. Álvarez, ex presidente nacional. “Es un atropello a los asambleístas. Para vergüenzas”: Luisa María Calderón, senadora , ex candidata al gobierno de Michoacán e ínclita hermana del ex presidente Felipe Calderón. Y la fresa del pastel: “El proyecto de armonización ha sido aprobado en lo general y en lo particular hasta el último artículo transitorio por dos terceras partes”: Gustavo Madero Lejos del evento, en Querétaro, Francisco Barrio, el ex gobernador chihuahuense, lo sintetizó (sin referirse a la asamblea nacional): “Para decirlo claramente: nos corrompimos. Y muchas de las peores prácticas priistas que denunciamos durante décadas, las fuimos haciendo nuestras”. (Nota de Fernando Paniagua, Reforma, 12/VIII/13).

Todo igual que ayer

El Diario, 11 de agosto de 2013 LUIS JAVIER VALERO FLORES Tres notas impactaron a la opinión pública, todas relacionadas con el mundo del tráfico de drogas, sus repercusiones serán de hondo calado. Sin ningún asomo de casualidad las tres son de elevada importancia para Chihuahua. Va por tiempos. En primer lugar la noticia de la sentencia a varios miembros del ejército norteamericano, por su participación en la eliminación de distintos integrantes de los grupos criminales mexicanos, ejecuciones realizadas, no en Estados Unidos, sino en México, viene a sumarse a la cadena de denuncias e informaciones que acreditan, cada vez con mayor contundencia, la participación de elementos de las fuerzas armadas en el papel de sicarios, actuando como “ejército del bien” en la eliminación de los “malos”. Michael Apodaca, soldado de primera clase apostado en la base de Fort Bliss, en El Paso Texas, fue contratado por el Cártel de Juárez para matar a un miembro de quien se había descubierto que era un informante. Más: “El año pasado, un sargento del Ejército y un ex soldado fueron arrestados en Texas tras haber acordado llevar a cabo un plan de asesinato con unos hombres que creían que eran miembros del Cártel de los Zetas, pero que en verdad eran agentes encubiertos”. (Nota de dailyonmail.com, El Diario de Juárez, 5/VIII/13). Luego, la eliminación de Gabino Salas Valenciano –apodado El Ingeniero– un presunto narcotraficante a quien se le señala por ser el jefe del Cártel de Sinaloa en la zona de Juárez y que se dice controlaba el Valle de Juárez, luego que esta región fue el escenario del más violento de los enfrentamientos entre los grupos criminales y que llevó a los municipios de Praxedis G. Guerrero y Guadalupe Distrito Bravo a ostentarse como los de más elevada tasa de ejecuciones en el país durante largos meses –por encima de Juárez–, y que provocó una de las migraciones más grandes. Sin embargo, todavía al momento de escribir estas líneas prevalece la confusión acerca de los hechos en los que caería Salas Valenciano. Primero se difundió la especie que había caído en un enfrentamiento de presuntos delincuentes con el Ejército, pero las versiones de los vecinos del lugar en que cayó hablan de la persecución de un grupo de personas armadas a otras dos que corrían, “luego se oyeron varias detonaciones”. (Notas del Staff, El Diario de Juárez, 8, 9 y 10/VII/13). También, sin más detalles, se informó que había muerto en un enfrentamiento con la policía municipal y que ésta había detenido a otras personas. La cifra de detenidos variaría entre 2 y 4. ¿Por qué será que cada que cae, ya sea detenido o eliminado, uno de los más connotados jefes de los cárteles de la droga, la opacidad es el signo distintivo? Porque si hacemos caso de la versión popular, y por las fotos del levantamiento del cadáver se puede deducir que la persona caída era perseguida por alguien que le disparó ¿Por detrás, por delante, cómo? La diferencia, como podemos coincidir, es enorme, si se trataba de elementos de algún agrupamiento policiaco o militar, tenían la obligación, si corría, de solamente detenerlo, no de acribillarlo, si es que se encontraba de espaldas a los tiradores. Más aún, si era perseguido por individuos armados ¿Eran los policías municipales –de Praxedis– o los federales, vestidos de civiles? Más adelante volveremos con el caso de Salas Valenciano, a propósito de la tercera nota, la de la liberación de Rafael Caro Quintero, sin duda el capo narcotraficante más conocido en el país antes de la aparición del Chapo Guzmán. Debieron pasar 28 años e infinidad de procesos judiciales para que las autoridades judiciales concedieran la razón a los abogados del narcotraficante –y a éste sí le podemos endilgar tal calificativo, debido a que recibió sentencias definitivas por tal delito– y encontraran que se había violado el “debido proceso”, de manera semejante a la de la francesa Florence Cassez. Resulta que las autoridades, las mexicanas y las norteamericanas, no acreditaron la personalidad consular o diplomática de Enrique Camarena Salazar, el agente de la DEA asesinado oficialmente por órdenes de Caro Quintero, por lo que su homicidio debió ser atendido en el fuero común y no en el federal, tal como había sucedido. Ese pequeño detalle es lo que le dio la libertad, pues por los otros delitos que se le había sentenciado ya habían, no solo prescrito, sino compurgado las penas emitidas. Y la garrafal falla judicial le permitió adquirir la libertad, después de 28 años de litigar su caso quien sabe cuántos abogados ¿De dónde habrán salido los recursos económicos para sostener tan luenga y costosa defensa? Bueno, pues esas fallas no solamente se cometían en aquel entonces, que nos parece tan lejano. Salas Valenciano fue detenido en dos ocasiones, una en 1999 acusado de homicidio, fue liberado; luego, en mayo del 2008, por elementos del 20 Regimiento de Caballería Motorizada del Ejército Mexicano quienes le aseguraron tres vehículos de lujo, así como armas de fuego de grueso calibre y de uso exclusivo de las fuerzas armadas, “cartuchos, 14 paquetes de mariguana con un peso de aproximadamente seis kilos, radios de comunicación y una máquina para cortar papel moneda”. (Nota del Staff, El Diario de Juárez, 9/VII/13). Sin embargo, fue liberado en octubre por el Tercer Tribunal Unitario “al determinar que existían inconsistencias de tiempo, modo y lugar en su detención. Esto basado en el parte rendido por los militares, ya que el documento correspondiente al arresto presentaba una fecha y el examen médico otra”. ¿Se acuerdan cuando, repetidamente, insistimos en que las detenciones efectuadas por las fuerzas armadas, seguidas por la celebración de interrogatorios en las instalaciones militares eran ilegales y que sólo llevaban a que los jueces y magistrados debieran liberar a los acusados al paso de unos cuantos meses? Bueno, pues ahí está uno de los “mejores” ejemplos de tales atropellos. Y es que, frecuentemente, los militares, al momento de hacer una detención, en lugar de ponerlo a disposición –como dice la ley– de las autoridades correspondientes, es decir, ante los agentes del ministerio público, los trasladaban a las instalaciones militares en donde les practicaban cuestionados interrogatorios, frecuentemente con el uso de torturas físicas y mentales, según revelaban los detenidos al momento de ser presentados ante los jueces varios días después de las detenciones. Cansinamente dijimos que no se podía usar la ilegalidad para combatir a los ilegales ¿Cuántas víctimas más caerían, por órdenes –presuntamente– de Salas Valenciano, a su salida del penal en octubre de aquel fatídico 2008, superado ampliamente por los tres años siguientes? ¿Cuánto dolor nos habríamos evitado? ¿Cuántas familias no habrían pasado por lo que pasaron a raíz de la demencial guerra sostenida por los Cárteles de Sinaloa y Juárez en las tierras del antiguo Paso del Norte? Además, según las informaciones ofrecidas por las dependencias federales y estatales, la trayectoria de Salas Valenciano es emblemática de lo ocurrido al interior de los grupos criminales asentados en Juárez. Cuando los capos sinaloenses mantenían, no sólo buenas relaciones, sino que compartían territorios, influencias y mercados, era natural que sus subordinados convivieran armónicamente y tuvieran pleno conocimiento de las estructuras de cada uno de los grupos criminales. Cuando rompen, como sucede con todos los grupos humanos, unos deciden quedarse en un grupo y otros lo abandonan. Así ocurrió con Salas Valenciano, integrante del Cártel de Juárez inicialmente, luego optó por el de Sinaloa, decisión que tiñó de sangre al Valle de Juárez en el que los hombres de Carrillo Fuentes habían sido amos y señores. La agencia Strattfor asegura que en toda esa zona ya había alcanzado la hegemonía el grupo del Chapo Guzmán, y que eso explicaría la abrupta disminución de la ola homicida, de ahí que Salas Valenciano se hubiese erigido como el “hombre fuerte” del Valle de Juárez. Si tales informaciones son ciertas, entonces concordarían con la versión de la gente de Praxedis G. Guerrero que era perseguido, no por las fuerzas del orden (por lo menos, no uniformadas) sino por integrantes del grupo rival, quienes ahí lo abatieron, lo que nos llevaría a la conclusión que la ola homicida puede agravarse en los próximos días. Y nosotros sin información, sólo con las especulaciones y las deliberaciones que logramos hacer con la que está a la mano.

Futurismo

El Diario, 8 de julio de 2013 Luis Javier Valero Flores Las declaraciones del Gobernador César Duarte acerca de los cambios en el gabinete desataron el futurismo. Ya en mayo, el gobernador Duarte había dado pie a tales especulaciones. En un acto público en Juárez, sin pregunta previa, había dicho que el alcalde juarense ya sabía a donde iría al término de su segunda gestión municipal. “Él ya sabe a dónde se va, si él lo guarda es su derecho”. A esas palabras, Teto, en medio de sonoras carcajadas contestó que “desde que fui presidente de CANACINTRA en 1982 yo aprendí a callar lo que debo callar…”. (Nota de Juareznoticias.com, 14/V/13). A tales antecedentes, nuevamente, pero ahora a pregunta expresa de un reportero, César Duarte, con motivo de los cambios a realizar en el gabinete -antes y después del informe, dijo- afirmó que, “de acuerdo a las circunstancias”, podrían acceder los actuales alcaldes de Juárez y Chihuahua, Teto Murguía y Marco Adán Quezada. Ello ha generado una muy natural especulación en los medios de comunicación, en los chihuahuenses más interesados en los asuntos políticos y en la clase política acerca de los posibles cambios en el gabinete de Duarte; y más en lo profundo, acerca de quien podría ser el eventual sucesor en la candidatura del PRI al Gobierno de Chihuahua. No pertenecientes al grupo original del gobernador, ni cercanos en la amistad, los une la militancia y la coincidencia temporal en los cargos de gobierno que ostentan. Se han empeñado en mantener públicamente buenas relaciones. Algo de lo cual debe ser cierto, pues hasta el momento no se sabe de contradicciones sobre asuntos de mayor trascendencia que hayan motivado la detención de alguna obra o proyecto. Se sabe, sí, de la distancia política entre ellos pues a Murguía se le ubica como un hombre cercano al Grupo Atlacomulco -o por lo menos eso se ha querido trascender- pero que desde antes de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, su grupo había decidido no enfrentar, ni al presidente, ni al gobernador en la sucesión municipal, resuelta, finalmente, en la persona de Enrique Serrano. Murguía quiso en serio la candidatura gubernamental en 2010, no fue designado y a cambio se le pidió que asumiera la del antiguo Paso del Norte. Se cree que entonces se pactó, o se habló de pactar una especie de relevo -ahora tú y 6 años más voy yo-, pero eran otros los tiempos, todavía Palacio Nacional estaba ocupado por un panista. Ya no. Como quiera, Murguía encabeza a un muy influyente equipo gubernamental, capaz, como ya se vió, de mantener la hegemonía priista en Juárez, además de poseer muy variadas posiciones de poder y en el caso personal de Murguía una especie de “pedigree” por sus enfrentamientos con los elementos de la Policía Federal. Marco Adán Quezada, por su parte, se le sabe muy cercano al ex gobernador Reyes Baeza, desde los tiempos en que éste era funcionario menor en el gobierno estatal. Quezada, igualmente, ha conformado un equipo gubernamental, en el que varios de sus integrantes lo acompañan desde los tiempos en que se desempeñaba como director de Atención Ciudadana, en los gobiernos de Jorge Larousse y Alejandro Cano. El escribiente tiene la impresión que el grupo de los Baeza es el más cercano a los de Atlacomulco. La relación de Fernando Baeza es de larga data, tanto con Carlos Hank González, como su segundo de a bordo de toda la vida, Manuel Gurría Ordóñez y no puede descartarse que esa relación le haya permitido a Reyes Baeza acceder al segundo lugar de la lista plurinominal de los diputados federales y de ahí a la candidatura al gobierno. Más aún, y seguramente que ya más por sus propias relaciones -se habla de una estrecha cercanía con Miguel Osorio Chong, el Secretario de Gobernación- accedió a la Dirección del Fovissste, con lo que se convirtió en el priista chihuahuense con el más alto cargo en el gobierno federal. Todo lo anterior -y más- deberá estar sopesando el actual mandatario estatal para resolver, ú opinar, quien debería ocupar la silla que hoy usufructúa, de ahí las menciones de los alcaldes y, también, la importancia de la labor que ejerzan los electos de las dos urbes mayores de Chihuahua, Enrique Serrano y Javier Garfio. No son los únicos. Hay uno que lo bajaron los electores, Israel Beltrán. Y, por otra parte, las senadoras Lilia Merodio y Graciela Ortiz están en la liza, probablemente más la segunda por ser quien ha desarrollado una más larga trayectoria, con muchas relaciones en el ámbito nacional. De ellos saldrá el candidato del PRI. Pero al fin y al cabo son puras especulaciones. asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Cuotas universitarias

El Diario, 6 de agosto de 2013 Luis Javier Valero Flores Las autoridades de la Uacj, desde hace tiempo, establecieron la posibilidad de que los estudiantes pudiesen prorrogar el pago de la cuota de inscripción. Pero las condiciones económicas han empeorado, y no solamente en Juárez, y ahora se calcula en 5 mil el número de universitarios juarenses que no han podido pagar, ni con la prórroga. Pueden llegar hasta los 7 mil 500. (Nota de Francisco Javier Chávez, El Diario de Juárez, 5/VII/13). Ante ese panorama, la UACJ decidió extender una semana más la mencionada prórroga. También la UACh-Campus Juárez se sumó a tales esfuerzos y otorga prórrogas a cerca de mil estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) -casi un 30% del total del alumnado- que, además, son más altas que las cobradas en la Uacj pues oscilan entre los 4 mil 500 pesos para los alumnos de reingreso y 6 mil para los de nuevo ingreso. (Nota de Francisco Javier Chávez, El Diario de Juárez, 1/VIII/13). En esta institución, si el estudiante se ve beneficiado con la medida, deberá pagar solamente mil 500 pesos y el resto en abonos durante el semestre. Pero la situación económica, a pesar de que ha mejorado, respecto de los terribles años del 2010 y 2011, no lo ha hecho en las magnitudes necesarias, de ello da cuenta que en tan sólo un año casi se duplicaron las solicitudes de prórrogas en la Uacj “debido al acumulamiento de adeudos de los estudiantes”. (Ibídem, 31/VII/13). Al explicar la dimensión del problema, Rafael Ruvalcaba, subdirector del área de Contabilidad de la UACJ, dijo que “… son diferentes causas que argumentan, pero principalmente es por el cierre de negocios y la violencia que se vive en la ciudad”, le aseguraría al reportero. La cartera vencida por este concepto, le informaron al reportero, asciende a 23 millones 575 mil pesos. Ante tal panorama, grupos de estudiantes han reclamado, ya no solamente por el monto de las cuotas, sino por la existencia de ellas. Y se lo han planteado al defensor de los derechos universitarios, el historiador y columnista de El Diario, Víctor Orozco, a fin de que éste se haga eco de tales demandas, además de ayudar a tramitar todos los casos individuales que le expongan. Las universidades públicas deben ser gratuitas, plantean los jóvenes universitarios, y tienen razón -según piensa el escribiente- pues reza el mandamiento constitucional que la educación impartida por el Estado (así, con mayúscula) deberá ser gratuita. Por lo tanto, las cuotas de inscripción no tendrían razón legal para establecerlas. Los jóvenes manifestantes de la Uacj conceden que, en todo caso, debería cobrarse una cuota voluntaria, establecida con base en el Salario Mínimo General Vigente. Entramos, así, a la discusión sobre el cobro de cuotas de inscripción en las escuelas públicas, las que han llegado a montos inexplicables, como el más de 7 mil pesos en la Facultad de Medicina de la UACh en Chihuahua capital, o las ya mencionadas de la Uacj, que vuelven prohibitivo el acceso a esos niveles de educación a los estratos sociales de menos recursos económicos y cuya fotografía estamos vislumbrando con el elevado número de estudiantes juarenses solicitantes de prórrogas. Igual ocurre con las cuotas de inscripción en el nivel bachillerato, no basta con abrir las escuelas, deberán, también, abaratar sus costos a las familias chihuahuenses, del mismo modo que se hace en el nivel básico en el que se otorgarán más de medio millón de paquetes de útiles escolares. Siguiendo ese hilo de pensamiento que hizo posible el otorgamiento de tales prebendas a todos los escolares del nivel básico, al ingresar a los niveles medio superior y superior, de no facilitarles las cosas, no tendrán más opción que interrumpir sus estudios. Hace unos años, al comentar la baja tasa de deserción en la UNAM, el rector Juan Ramón de la Fuente la atribuyó a la existencia de becas para todos los alumnos de nivel bachillerato que el gobierno del DF otorgaba. Así, no se necesita discutir mucho acerca de la imperiosa necesidad de abaratar (por lo menos) las cuotas de inscripción a estos niveles, porque de lo contrario se echará por la borda el esfuerzo de contar con cobertura universal, que se reflejará en que tendremos muy altas tasas de deserción universitaria a vuelta de no muchos años. De no hacerse de este modo, quedará la impresión que se abrió la matrícula para que por la vía del agotamiento económico se quede, otra vez, el mismo número de estudiantes.

Del estilo personal de gobernar y las estadísticas

El Diario, 4 de agosto de 2013 Luis Javier Valero Flores Conforme pasan los días crecen las dudas acerca de la certeza acerca de las cifras de participación electoral, pero también acerca de la certidumbre de las cifras proporcionadas por los distintos organismos gubernamentales. Hay una contradicción general que llama la atención. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en Chihuahua vivían, según el censo de 2010, 3 millones 406 mil personas. Bien, pero de acuerdo con el IFE existen 2 millones 560 mil electores. De acuerdo con tales cifras, querrá decir que sólo hay 846 mil chihuahuenses menores de 18 años, si partimos de la idea que todos los mayores a esta edad fueron credencializados por el órgano electoral. Esto es, que solamente el 24.8% de la población no tiene edad para votar. ¿Será cierto? Eso, en todo el estado. En las ciudades de Chihuahua y Juárez se repite tal esquema. Así, en la capital, de una población de 816 mil personas, 616 mil son mayores de edad (repito, las que obtuvieron su credencial de elector); y en Juárez, de 1 millón 333 habitantes, existe un padrón de 1 millón 5 mil electores. Su importancia, para estas elucubraciones, es que la participación electoral se ha calculado con base en tales estadísticas. Así, con un padrón estatal de 2 millones 560 mil electores, la participación electoral fue del 39.8%, casi la misma de 2010, que fue elección general en la que se presentó el 41% de los electores y por encima de la de mitad del sexenio anterior, la del 2007, en el cual la participación fue del 37.5%. ¿Dónde está el diferendo? El Inegi informó que la población de cero a 14 años del 2010 constituía el 29.7% de la población, equivalente a 1 millón 12 mil personas, y si calculamos en 5.2% los jóvenes entre los 15 y los 18 años, que equivale a 177 mil la suma de tales estratos de la población es de 1 millón 188 mil habitantes. Si se los restamos a los 3 millones 400 mil, nos quedan 2 millones 218 mil. Hay, por tanto, una diferencia, con el padrón, de 342 mil electores “de más”, esto es, que “nos sobra” ese número de electores, que no son reales, o que migraron. De ese modo, si el cálculo de la participación electoral se hace con el número de personas por encima de los 18 años, entonces llegaría al 45.94%, una cifra más cercana a los promedios mundiales de abstencionismo. En la práctica, uno de cada dos chihuahuenses no fue a votar, o 5 de cada 10. Al hacer el cruce de tales estadísticas con las de la matrícula escolar nos encontraremos más contradicciones. De acuerdo con las “Estimaciones de población realizadas por Conapo 2012”, los inscritos en el estado de Chihuahua para el ciclo 2012-2013 en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media superior fueron 886 mil educandos. Si a estos le agregamos el diferencial entre nacimientos y defunciones de 2011 y 2012, 45 mil por año, entonces el número de los chihuahuenses en la escuela de estos niveles y los de 1 a dos años de edad son 976 mil ¿Y los que no estudian en las edades de medio superior, calculados en 70 mil, tan sólo en Juárez? Ah, po’s ya son más de 1 millón 40 mil, y si sumamos unos 50 mil más del resto del estado, entonces la suma puede llegar al millón 100 mil. Pero si la cobertura es, en primaria del 89%, del 92 en secundaria, del 67 en prepa y del 55 en preescolar, entonces quiere decir que quedaron fuera de estas estadísticas una buena cantidad de chihuahuenses menores de los 18 años y que, por tanto nos hacen que deduzcamos más inconsistencias en el número real de electores ofrecidos para esta elección. Lo mismo ocurre en los municipios mayores de la entidad. En Chihuahua se inscribieron 209 mil -para el ciclo escolar que recién terminó- y el padrón dice que solamente 200 mil son menores de 18 años pues registró 616 mil electores en una población de 816 mil. En Juárez se inscribieron 342 mil escolares de los niveles mencionados y el padrón es de un millón de una población de un millón 300 mil habitantes. No cuadran, quiere decir que el padrón está inflado, o mejor dicho, muchas personas ya no están en Chihuahua, sin embargo, su “lugar” electoral ahí está. Explicaciones hay muchas. A las ya conocidas de la migración “natural” de la frontera y la causada por la ola de violencia, fuentes del IEE aseguran que un buen número de connacionales y de extranjeros, (en este caso, sobre todo los procedentes de centro y Sudamérica) se registran en el IFE para tratar de obtener una credencial con residencia en Juárez y así, en el caso de la deportación las autoridades migratorias los regresen a esta ciudad, para, luego, hacer lo que el vaquero, buscar una segunda oportunidad. En tanto, las cifras reales de la participación electoral seguirán siendo un dolor de cabeza para los estudiosos del tema, para las autoridades electorales y quizá no tanto a los partidos políticos, pero seguirá siendo factor de legitimidad electoral y política. En tanto, queda en el aire si las recientes elecciones fueron un parámetro para medir la calificación que la sociedad hizo a la actual administración estatal ¿Salió bien librado el Gobernador Duarte? Porque una calificación es la que hacen los partidos opositores -¿Cuáles?-, sus militantes más críticos, los ciudadanos más informados y más cuestionadores de la función pública y otra la que emiten una buena parte de los ciudadanos no necesariamente encuadrados en tales apartados y, por supuesto, los que votaron por el PRI y sus partidos satélites. Vistos los resultados, se podría llegar a la conclusión que el PRI no necesitaba de alianza, ni candidatura común alguna para ganar en la mayoría de los municipios y distritos, habría alcanzado las 18 diputaciones de mayoría y ninguna plurinominal (por el candado de la sobrerrepresentación), pero el PAN habría obtenido entre 5 o 6 diputaciones más, que sumadas a las 4 de mayoría alcanzaría los 9 o 10 diputados y en un descuido hasta los 11. En cambio, con alianzas y candidaturas comunes (a un alto precio en las prerrogativas pues se quedará con poco menos del 18% de ellas) dejó al PAN solamente con 7, las 4 de mayoría y tres pluris y se agenció los restantes 26 diputados y quizá, también, a un muy elevado costo en materia de prebendas en el Congreso del Estado para los legisladores de los partidos coaligados. Saldrán muy caros, no solamente a la administración estatal, también a la sociedad chihuahuense. La nueva legislatura puede significarse como una de las peores que hayamos padecido desde la época de las elecciones competidas y con órganos electorales ciudadanizados. Así, la segunda mitad del gobierno de César Duarte transcurrirá en condiciones ideales, o por lo menos en muchísimas mejores condiciones que las padecidas por sus 3 antecesores inmediatos -Francisco Barrio, Patricio Martínez y Reyes Baeza- quienes enfrentaron elecciones intermedias verdaderamente difíciles y de las cuales salieron muy “raspados”. Barrio perdió la mayoría legislativa y 52 municipios. Seis años después, Patricio sufría cosa semejante, no perdió la mayoría en el Congreso del Estado, pero sí Juárez y un buen número de municipios. Luego, en 2007, Reyes Baeza perdía la capital (nuevamente) y se consolidaba el “corredor azul” del sur del estado. Ahora, Duarte y su partido ganan la friolera de 55 municipios, con las dolorosas derrotas de Cuauhtémoc y Delicias, pero dejan al PAN con su más pequeño grupo parlamentario y en medio de una verdadera crisis. Si la interpretación de que la mayoría de los votantes que acudieron a las urnas en julio le refrendaron su apoyo al gobernador Duarte es cierta, éste tiene un paquete mayor en sus manos; deberá gobernar sin más limitante que sus propias convicciones y capacidades, pues aunque el grupo de diputados panistas se comportara con inteligencia y se convirtiera en el contrapeso que necesita un gobernante como Duarte, su fuerza en el Congreso no bastaría, a menos que desde la sociedad surgiera un ánimo vigilante, fiscalizador y participativo para imponer los controles que toda sociedad democrática le impone a sus gobernantes. La disyuntiva está ahí, o se ejerce el gobierno abriéndolo a la participación de la sociedad, escuchando a las variadas y distintas voces existentes en el Estado Grande, y llevando a sus amigos en el corazón, y solo a los muy capaces en la administración, o podrá ejercer el gobierno sin más límites que los que personalmente se imponga, con todas sus consecuencias. asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Incomunicación

El Diario, 1 de agosto de 2013 Luis Javier Valero Flores Ahora sí que es de no entenderse. La postura gubernamental sobre dos aspectos, torales en materia educativa, el de la cobertura universal en los niveles de educación media superior y superior, y el cobro de cuotas en las escuelas primarias y secundarias, pareciera que en la zona norte del estado padeciera un problema de comunicación. Lanzada con bombo y platillos, la decisión del gobernador César Duarte de otorgar la cobertura universal en educación media y superior en todo el estado de Chihuahua, se había concretado, -no sin algunos pequeños problemas- y había colocado a la entidad en el tope de las entidades en un aspecto que, casi, había logrado carta de naturalidad, la de que solamente unos cuantos estudiantes tenían acceso a las instituciones educativas públicas, y el resto tenían la opción -si a tal situación se le puede denominar opción- de acceder a alguna institución educativa privada. No se necesita insistir mucho en que la preferencia por las públicas se finca estrictamente en los costos, algo que ahora está causando una justa manifestación de estudiantes de la Uacj, en la exigencia de abaratar las cuotas de inscripción a esa universidad pública. Bueno, pues ahora se informa, como si fuera una novedad, que los estudiantes de preparatoria rechazados podían “optar por escuelas particulares”, y que en este caso, la Subsecretaría de Educación en la Zona Norte fungirá “como gestora para que los estudiantes rechazados puedan encontrar un espacio en cuando menos 63 colegios particulares que ofrecen sus servicios en la ciudad (Juárez)...”. (Nota de Francisco Chávez, El Diario de Juárez, 30/VII/13). Más aún, el reportero informó que “fuentes educativas mencionaron que no existe gran diferencia de las cuotas escolares entre escuelas públicas y privadas, por lo que se puede considerar como una segunda opción de estudios”. (Ibídem). “Nuestro papel es ser gestores para que se puedan otorgar algunas becas en los planteles de nivel medio superior”, le afirmaría al reportero Ramón Mario López López, subsecretario de Educación en la Zona Norte. Además, la nota informa que las mismas “fuentes educativas” le dijeron que las cuotas mensuales en los planteles privados ascienden a los 800 pesos, en tanto que las de los Colegios de Bachilleres es de 600, también mensuales. Sin embargo, el sistema de Colegio de Bachilleres en el estado tiene asignada una cuota de inscripción, por semestre, de mil 600 pesos, más 400 pesos por la compra de libros y el costo de 1 uniforme de diario y 1 deportivo, lo que implica un desmesurado gasto familiar para la mayoría de las familias chihuahuenses. De ahí que pensar en las escuelas privadas no sea opción; lo es para quienes tienen ingresos por encima de la media, ello explica la elevada demanda de los espacios en las escuelas públicas, las que, por otra parte, deberán reconsiderar los costos de inscripción. Lo anterior, de ninguna manera está en la sintonía de las pretensiones del Gobernador Duarte, quien ha dicho que no se actuará como en el pasado -no tan remoto- en el que a los rechazados simplemente se les decía lo que ahora nos dice el subsecretario López López: “Existe la opción de las escuelas privadas”. El otro gran tema, el de las cuotas escolares “voluntarias”, implantadas por las sociedades de padres de familia, presenta ahora otra arista. Según dice el mismo subsecretario López López, en la dependencia que dirige se están preparando para atender “sobre la marcha”, de manera individual, las denuncias que se presenten en el cobro de pretendidas cuotas de inscripción a las escuelas y que en este momento, afirma, “los subsistemas escolares están atentos para que no se den enfrentamientos”. ¿Enfrentamientos? ¿Entre quienes? ¿Por qué razón puede haber enfrentamientos al momento que los padres de familia se presenten a inscribir a sus hijos a las escuelas? Si todos estamos ciertos que las cuotas de inscripción son ilegales, que no se debe condicionar el ingreso escolar al pago de cuota alguna, entonces ¿Por qué deberá haber enfrentamientos? Solo hay una manera de que los haya. Si directivos de las sociedades de padres de familia insisten en presionar, en las escuelas, en el pago de las cuotas “voluntarias”, apoyados por directivos escolares, entonces sí se pueden presentar los mentados enfrentamientos, evitarlos está en manos de las autoridades educativas, si actúan con firmeza. asertodechihuahua@yahoo.com.mx http://luisjaviervalero.blogspot.com http://twitter.com/LJValeroF