El Diario, 31 de marzo de 2011
Luis Javier Valero Flores
Pues ora sí que ya no supimos. Ahora resulta que al cumplirse el tercer aniversario de la puesta en marcha del Operativo Conjunto Chihuahua, la coordinación entre el gobierno federal y el estatal sólo se ha dado de “octubre a la fecha”.
Si se pensara que tal aseveración la hubiese efectuado un duartista irredento, nadie podría llamarse a equivocación, pero no, el autor de tan inesperado elogio es el coordinador de los diputados locales del PAN, Héctor Ortiz. (Nota de J. Armendáriz y Manuel Quezada B., El Diario 30/03/11).
Por eso no sorprende que declaraciones en tal sentido las hiciese –en la misma nota– el líder de los legisladores del PRI, Enrique Serrano: “A partir de esa fecha (octubre de 2010) se ha logrado una mejor comunicación, que ha sido más estrecha entre los niveles de gobierno. Qué bueno que se esté dando aunque hay aún muchos espacios en los que debe perfeccionarse esa coordinación”.
Justamente en uno de los momentos más difíciles para la actual administración estatal –y seguramente que, incluso, de la anterior– cuando un grupo criminal le puso un ultimátum (la exigencia de remover a dos mandos de la Fiscalía General), después de haber asesinado a cinco elementos de la corporación, en la repetición de otro de los momentos más difíciles para la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Juárez, que, igual, conminó a la separación del director de la corporación y en caso contrario ejecutarían diariamente a uno de sus elementos, las declaraciones de quienes tienen las principales responsabilidades en la conducción de la administración estatal y federal no abonan a la tranquilidad de los chihuahuenses.
El rumor de la separación del comandante Aguilera y la posterior rectificación del Fiscal Carlos Manuel Salas, no hicieron más que arrojar gruesas carretadas de desesperación y desánimo a la sociedad chihuahuense que todos los días pregunta ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto durará esta masacre?
Y es que a tres años de la puesta en marcha, con bombo y platillos, del operativo que pondría fin a la racha de ejecuciones desatadas en las primeras semanas del 2008, lo sorprendente es que la clase política prosiga con el mismo tono y contenido de sus declaraciones.
Miren si no: El líder parlamentario del PAN, para apoyar su afirmación de que ahora sí hay coordinación entre el gobierno federal y el estatal, dijo que “… Hay que validar y valorar los resultados. Hay muchas cosas, como aumento a homicidios, pero hay otras áreas en las que la delincuencia se ha disminuido. No por ello es una tarea terminada. Sigue estando pendiente”.
Sigue habiendo algunos muertitos, pero ya no hay tantos delitos de otro tipo. Poca cosa, se siguen matando, pero ya estamos un poquito mejor. En tanto, la entidad sigue acumulando las cifras negativas que la ubican, por mucho, como la más violenta del país, y ya no solamente Juárez se significa por estadísticas tan tenebrosas, ahora es el total del territorio chihuahuense. Tres años después ese es el balance de las acciones, coordinadas o no, del total de las dependencias gubernamentales, de todos los niveles, y esa es la realidad sobre la que los gobernantes debieran enhebrar sus declaraciones.
Estamos peor que antes y todos los esfuerzos, de todas las dependencias por enfrentar al crimen organizado son un completo fracaso. Ese es el balance real y ninguna declaración, así sea dicha en el más tajante de los tonos, podrá ocultarla.
Abordar las declaraciones de los dirigentes de las dos principales fuerzas parlamentarias tiene una razón, es el momento (poquito tardado) de impulsar, desde el ámbito estatal, el real cambio de la estrategia hasta ahora seguida en esta guerra de los cárteles que han hecho presa de la población chihuahuense y dejar de ser la parte pasiva, que sólo ha jugado el papel de acompañante y aval de las acciones federales.
Más de once mil víctimas mortales y la crisis de seguridad pública existente parecieran ser argumentos suficientes para la adopción de una postura política distinta.
jueves, 31 de marzo de 2011
martes, 29 de marzo de 2011
¿Ni-nis al ejército?
El Diario, 29 de marzo de 2011
Luis Javier Valero Flores
Pues vaya que el Gobernador del Estado, César Duarte, vino a originar otra polémica, ésta con motivo de la crisis de inseguridad y de la creciente participación de jóvenes –más jóvenes– en actividades delictivas, con su propuesta de incorporar a quienes no demuestren estar inscritos en alguna institución educativa oficial, ni desempeñar trabajo formal, al Servicio Militar Nacional y eventualmente al ejército mexicano.
Si hacemos caso a las cifras otorgadas por diversas fuentes, resultaría que del aproximadamente 1 millón de jóvenes que ingresan anualmente a la edad productiva, y de los cuales solamente el 2% accede a la educación superior –es decir, 20 mil– y que sólo se crean al año menos de 400 mil empleos, resultaría que más de medio millón de jóvenes se encontrarían con la posibilidad planteada por la iniciativa del gobernante chihuahuense ¿Está preparado el ejército para darles cabida y sostenerlos económicamente, tal y como se propone?
Vamos, suponiendo que no todos optan por esa posibilidad, porque la iniciativa establece que “podrán incorporarse de tiempo completo al mismo, con una duración de hasta tres años”, pero aún y cuando fuera un número razonablemente menor de todos modos nos encontraríamos con resultados no esperados.
Por un lado, que tal medida influiría muy poco en la disminución en la generación de delincuentes pues de todos modos entre 100 mil y 200 mil jóvenes no accederían a tan “atractiva” opción. Razonar lo anterior tiene un sustento, las enormes dificultades del ejército en el momento actual para reclutar a más jóvenes que deseen ingresar a las fuerzas armadas.
Otro asunto por demás espinoso, y del que poco se informa, es el elevado número de desertores del ejército –más de 120 mil– y de cuyas causas, también, poco se informa y a los cuales, por la cantidad prácticamente, no se les persigue a fin de sancionarlos por la deserción.
La iniciativa de marras incluye un apartado de sanciones, las que seguramente sufrirán el mismo desenlace que la relatada líneas arriba.
Pero subsiste un aspecto no menor: El presupuesto para solventar el ingreso de tantos jóvenes a las fuerzas armadas ¿De dónde?
Aún suponiendo que ocurriera un milagro y que se contara con lo necesario para resolver tan gigantesco problema ¿Sería lo mejor encausarlo al ejército? ¿No sería mejor enrumbarlos a otras actividades, las que pudieran generarle a ellos –y al país– otro futuro?
Porque si contáramos con todos los recursos necesarios para los ni-nis militarizados, después de los tres años ¿Qué harían esos miles de jóvenes en un país que no ha podido generar los empleos formales para ellos? ¿Qué van a hacer decenas de miles de jóvenes entrenados en las artes militares? ¿Qué harán?
Y ese es el fondo del problema: ¿Qué hacer ante un problema social de las dimensiones como las abordadas aquí? Indudablemente que no podrá enfrentarse del modo que se pretende con la iniciativa, puede ser un complemento, una variación del Servicio Militar Nacional, pero que sea una alternativa para la grave problemática que sufren alrededor de 7 millones en el país.
Nadie podría tener a la mano, de manera sencilla, la solución a este problema pero hay ejemplos que apuntan al rumbo correcto.
El Gobierno del DF inició, en el actual sexenio, la entrega de becas a los jóvenes de bachillerato, a todos los alumnos de las escuelas oficiales. Las cantidades varían según el promedio de cada uno de ellos, a los de 6 de promedio les entregan 600 pesos y se eleva la cantidad conforme aumentan el promedio de calificaciones.
Además, durante el sexenio anterior se construyeron sendos edificios en cada delegación, para albergar escuelas de bachillerato y se fundó la Universidad de la Ciudad de México.
Los resultados son sorprendentes. Semanas atrás, el rector de la UNAM informó que el índice de deserción en esa institución es del ¡1% Ubicó el origen de tan sorprendente cifra –probablemente, dijo– en el otorgamiento de las becas a los alumnos de bachillerato.
Y ese es sólo un ejemplo. Engrosar las filas de los ejércitos no son las vías construidas por las naciones desarrolladas; es la creación de empleos formales, bien remunerados, el mejoramiento de las condiciones generales de vida, el ensanchamiento de la vida democrática y la recreación de los mejores valores culturales como se puede hacer que desaparezcan los ni-nis, de ninguna manera militarizándolos.
Luis Javier Valero Flores
Pues vaya que el Gobernador del Estado, César Duarte, vino a originar otra polémica, ésta con motivo de la crisis de inseguridad y de la creciente participación de jóvenes –más jóvenes– en actividades delictivas, con su propuesta de incorporar a quienes no demuestren estar inscritos en alguna institución educativa oficial, ni desempeñar trabajo formal, al Servicio Militar Nacional y eventualmente al ejército mexicano.
Si hacemos caso a las cifras otorgadas por diversas fuentes, resultaría que del aproximadamente 1 millón de jóvenes que ingresan anualmente a la edad productiva, y de los cuales solamente el 2% accede a la educación superior –es decir, 20 mil– y que sólo se crean al año menos de 400 mil empleos, resultaría que más de medio millón de jóvenes se encontrarían con la posibilidad planteada por la iniciativa del gobernante chihuahuense ¿Está preparado el ejército para darles cabida y sostenerlos económicamente, tal y como se propone?
Vamos, suponiendo que no todos optan por esa posibilidad, porque la iniciativa establece que “podrán incorporarse de tiempo completo al mismo, con una duración de hasta tres años”, pero aún y cuando fuera un número razonablemente menor de todos modos nos encontraríamos con resultados no esperados.
Por un lado, que tal medida influiría muy poco en la disminución en la generación de delincuentes pues de todos modos entre 100 mil y 200 mil jóvenes no accederían a tan “atractiva” opción. Razonar lo anterior tiene un sustento, las enormes dificultades del ejército en el momento actual para reclutar a más jóvenes que deseen ingresar a las fuerzas armadas.
Otro asunto por demás espinoso, y del que poco se informa, es el elevado número de desertores del ejército –más de 120 mil– y de cuyas causas, también, poco se informa y a los cuales, por la cantidad prácticamente, no se les persigue a fin de sancionarlos por la deserción.
La iniciativa de marras incluye un apartado de sanciones, las que seguramente sufrirán el mismo desenlace que la relatada líneas arriba.
Pero subsiste un aspecto no menor: El presupuesto para solventar el ingreso de tantos jóvenes a las fuerzas armadas ¿De dónde?
Aún suponiendo que ocurriera un milagro y que se contara con lo necesario para resolver tan gigantesco problema ¿Sería lo mejor encausarlo al ejército? ¿No sería mejor enrumbarlos a otras actividades, las que pudieran generarle a ellos –y al país– otro futuro?
Porque si contáramos con todos los recursos necesarios para los ni-nis militarizados, después de los tres años ¿Qué harían esos miles de jóvenes en un país que no ha podido generar los empleos formales para ellos? ¿Qué van a hacer decenas de miles de jóvenes entrenados en las artes militares? ¿Qué harán?
Y ese es el fondo del problema: ¿Qué hacer ante un problema social de las dimensiones como las abordadas aquí? Indudablemente que no podrá enfrentarse del modo que se pretende con la iniciativa, puede ser un complemento, una variación del Servicio Militar Nacional, pero que sea una alternativa para la grave problemática que sufren alrededor de 7 millones en el país.
Nadie podría tener a la mano, de manera sencilla, la solución a este problema pero hay ejemplos que apuntan al rumbo correcto.
El Gobierno del DF inició, en el actual sexenio, la entrega de becas a los jóvenes de bachillerato, a todos los alumnos de las escuelas oficiales. Las cantidades varían según el promedio de cada uno de ellos, a los de 6 de promedio les entregan 600 pesos y se eleva la cantidad conforme aumentan el promedio de calificaciones.
Además, durante el sexenio anterior se construyeron sendos edificios en cada delegación, para albergar escuelas de bachillerato y se fundó la Universidad de la Ciudad de México.
Los resultados son sorprendentes. Semanas atrás, el rector de la UNAM informó que el índice de deserción en esa institución es del ¡1% Ubicó el origen de tan sorprendente cifra –probablemente, dijo– en el otorgamiento de las becas a los alumnos de bachillerato.
Y ese es sólo un ejemplo. Engrosar las filas de los ejércitos no son las vías construidas por las naciones desarrolladas; es la creación de empleos formales, bien remunerados, el mejoramiento de las condiciones generales de vida, el ensanchamiento de la vida democrática y la recreación de los mejores valores culturales como se puede hacer que desaparezcan los ni-nis, de ninguna manera militarizándolos.
domingo, 27 de marzo de 2011
Damnificado mayor, el Estado de Derecho
El Diario, 27 de marzo de 2011
Luis Javier Valero Flores
Ante el embate de la violencia, las sociedades desarrolladas reaccionan apoyándose en el marco legal vigente y tratan, por todos los medios, de limitar la acción de la autoridad al irrestricto respeto a la ley y de ubicar el fenómeno en su real contexto social. Invariablemente.
Por desgracia, en nuestro ámbito, ante la crisis de seguridad pública, las respuestas son en sentido contrario, tanto de la sociedad como del Gobierno, y quienes ocupan las posiciones de éste frecuentemente tratan de adaptarse a las tendencias prevalecientes, que en el presente caso se originan en la escasa legalidad vigente, por lo que se da rienda suelta a los ánimos revanchistas de la sociedad y el giro al conservadurismo y a las posiciones más retrógradas.
Así, entramos a un perverso círculo vicioso: La sociedad, al no encontrar la procuración y aplicación de justicia esperadas, reacciona hacia las posiciones más conservadoras y exige, ante tanta impunidad, castigos más severos, penas mayores y permea una creciente tendencia linchadora; ante ello, los gobernantes, queriendo hacerse eco de los reclamos societarios, adoptan las posturas más radicales e inicia la promoción de penas mayores y medidas punitivas más severas, sin enfrentar las causas que dieron origen al fenómeno.
Y de ninguna manera se soluciona el problema.
Hoy estamos enfrentados a esa situación. A pesar de las enormes sumas gastadas en el combate al crimen organizado y al creciente número de elementos militares y policiacos, la violencia no amaina y sí enfrentamos, cada vez en mayor proporción, más ataques al Estado de Derecho.
En la semana fuimos testigos –y víctimas– de dos de esos ataques. Por una parte, la decisión de las autoridades municipales del antiguo Paso del Norte, de continuar un programa de agentes encubiertos apostados en la cadena de Superettes del Río, propiedad del empresario licorero Federico de la Vega, ha generado un saldo preocupante.
Los agentes encubiertos, para impedir el robo en esos negocios, han asesinado a once personas en el curso de los últimos dos años, el último de los cuales ocurrió el martes cuando una persona intentó asaltar uno de ellos, armado de un cuchillo. El agente encubierto le acertó al menos cuatro balazos, en lo que tuvo todo el tinte de ejecución disfrazada y motivó la opinión editorial de El Diario, en la columna “Barbarie genera barbarie” (De Los Reporteros, 23/3/11) que pone el acento en los criterios establecidos líneas arriba.
Así lo dijo El Diario: “Algo está muy descompuesto cuando la autoridad fomenta la barbarie que debería combatir. Ahora resulta que desde la policía municipal se están promoviendo, casi por sistema, una especie de ejecuciones oficiales o ajusticiamientos extralegales a través de los agentes encubiertos que operan principalmente en tiendas en las que se expende cerveza y licores”.
La escena es altamente ilustrativa: Una persona intenta asaltar un negocio de venta de licores y cerveza en la ciudad más violenta del mundo, en la que el número de estos negocios rebasa todas las expectativas a la baja que uno pudiera concebir –dados los niveles de violencia y de adicción a las drogas– así como el número de jóvenes sin empleo ni escuela, ni futuro. La cadena de negocios pertenece a uno de los hombres más ricos de esta ciudad y quien se ha significado por impulsar públicamente a los políticos en quienes más confía, en particular al actual alcalde de Juárez, Héctor Murguía, y a quien soñó alguna vez –¿Habrá abandonado tal aspiración? – impulsar a la gubernatura de Chihuahua.
Bien, pues el gobierno municipal de su amigo le autoriza contar con agentes encubiertos –para proteger los negocios de venta de cerveza y licor– quienes, aparentemente, actúan con mucha frecuencia violando los protocolos de la policía municipal, esto es, actuar para detener a los presuntos delincuentes y ponerlos a disposición de las autoridades correspondientes.
Y en este momento claman las voces más conservadoras –y a veces las más desesperadas ante tanta impunidad– que ¡Los maten, se lo merecen El problema es que al mismo tiempo vamos cavando la prevalencia de la ilegalidad.
Este asunto muestra con toda nitidez la concepción de los gobernantes para afrontar la ola de violencia; en lugar de buscar las causas y ceñirse a sus facultades recurren a las medidas aparentemente más sencillas.
¿Por qué, en lugar de aprobar ese programa de agentes encubiertos no iniciar el de las acciones disuasivas, esto es la colocación de patrullas y elementos en las zonas de mayor riesgo y el patrullaje más frecuente de todas las unidades con las que ahora cuenta Juárez?
No es una novedad asentar que ante la más frecuente aparición y/o patrullaje de elementos policíacos la comisión de delitos –de este tipo– disminuyen; no así los de alto impacto, o los relacionados con el crimen organizado que, ya lo sabemos, a pesar de la presencia de miles de soldados y policías, no amainan (Quién sabe por qué).
¡Ah, pero es más fácil dar licencia para matar
Así, paulatinamente vamos perdiendo inmensas franjas de legalidad. Ni miles de soldados y policías federales, ni cientos de millones de pesos gastados en seguridad pública, ni decenas de discursos y programas gubernamentales, ni agentes encubiertos, ni tropas especiales, ni la asesoría de las agencias norteamericanas, ni la participación del embajador norteamericano han detenido el baño de sangre, violencia y criminalidad abatidos sobre Juárez (y el resto de Chihuahua) ¿Por qué no empezar de nuevo, con una estrategia distinta?
Y la respuesta de los propietarios de los principales medios de comunicación electrónica –del Gobierno Federal y de muchos impresos, con honrosas excepciones como las de El Diario, Reforma, La Jornada y Proceso– es de antología. Firmaron el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia.
Acordaron “precisar criterios acerca de cómo, cuándo y en qué espacios difundir información sobre actos relacionados con la violencia y el terrorismo de los grupos delictivos”, en lo que es, a no dudarlo, un serio intento por uniformar la información relacionada con el narcotráfico.
Algunas frases son de lujo: El Acuerdo compromete a los medios a “no convertirse en voceros involuntarios de las organizaciones delictivas”. O sea ¿Cómo? ¿Cómo puede alguien oponerse a cometer un acto involuntario?
En realidad, tal frase esconde la pretensión de censurar la información generada por las acciones del crimen organizado y las cometidas por las dependencias gubernamentales en la “guerra” lanzada contra ellas.
El Acuerdo pretende que los medios no usen el “lenguaje y la terminología empleados por los delincuentes” y que los medios busquen, con su información, “impedir que los delincuentes o presuntos delincuentes se conviertan en víctimas o héroes públicos”, como si la información publicada fuera la causante de que los criminales hayan adquirido tal estatus y tal hecho no fuera producto, como en muchos casos, de las acciones gubernamentales.
Por si fuera poco, se obligan a “Omitir y desechar información que provenga de los grupos criminales con propósitos propagandísticos. (Para) No convertirse en instrumento o en parte de los conflictos entre grupos de la delincuencia”.
Es decir, que para lograr tales objetivos, los medios deberán ejercer, como si les faltara trabajo, otra autocensura y desarrollar las habilidades necesarias como para detectar cuando un grupo criminal cometió tal y cual ejecución ¡con fines propagandísticos
¿Cuál es el fondo de tales pretensiones?
Imposible dejar de lado el antecedente de las filtraciones de WikiLeaks. Si alguien sufrió por ellas fueron Felipe Calderón y sus estrategas, así como el gabinete de seguridad ¿A poco no se podría, con el sambenito de que difundir, por ejemplo, la percepción norteamericana de que el ejército mexicano veía con buenos ojos el triunfo de un cártel sobre otro, sería convertirse en instrumento de uno de los grupos delincuenciales?
Podrán argumentarse muchas cosas, pero tal acuerdo es la pretensión de limitar la libertad de prensa, y por consiguiente, la de expresión; así, con el argumento de combatir a la criminalidad se convierte al Estado de Derecho en una baja más.
Luis Javier Valero Flores
Ante el embate de la violencia, las sociedades desarrolladas reaccionan apoyándose en el marco legal vigente y tratan, por todos los medios, de limitar la acción de la autoridad al irrestricto respeto a la ley y de ubicar el fenómeno en su real contexto social. Invariablemente.
Por desgracia, en nuestro ámbito, ante la crisis de seguridad pública, las respuestas son en sentido contrario, tanto de la sociedad como del Gobierno, y quienes ocupan las posiciones de éste frecuentemente tratan de adaptarse a las tendencias prevalecientes, que en el presente caso se originan en la escasa legalidad vigente, por lo que se da rienda suelta a los ánimos revanchistas de la sociedad y el giro al conservadurismo y a las posiciones más retrógradas.
Así, entramos a un perverso círculo vicioso: La sociedad, al no encontrar la procuración y aplicación de justicia esperadas, reacciona hacia las posiciones más conservadoras y exige, ante tanta impunidad, castigos más severos, penas mayores y permea una creciente tendencia linchadora; ante ello, los gobernantes, queriendo hacerse eco de los reclamos societarios, adoptan las posturas más radicales e inicia la promoción de penas mayores y medidas punitivas más severas, sin enfrentar las causas que dieron origen al fenómeno.
Y de ninguna manera se soluciona el problema.
Hoy estamos enfrentados a esa situación. A pesar de las enormes sumas gastadas en el combate al crimen organizado y al creciente número de elementos militares y policiacos, la violencia no amaina y sí enfrentamos, cada vez en mayor proporción, más ataques al Estado de Derecho.
En la semana fuimos testigos –y víctimas– de dos de esos ataques. Por una parte, la decisión de las autoridades municipales del antiguo Paso del Norte, de continuar un programa de agentes encubiertos apostados en la cadena de Superettes del Río, propiedad del empresario licorero Federico de la Vega, ha generado un saldo preocupante.
Los agentes encubiertos, para impedir el robo en esos negocios, han asesinado a once personas en el curso de los últimos dos años, el último de los cuales ocurrió el martes cuando una persona intentó asaltar uno de ellos, armado de un cuchillo. El agente encubierto le acertó al menos cuatro balazos, en lo que tuvo todo el tinte de ejecución disfrazada y motivó la opinión editorial de El Diario, en la columna “Barbarie genera barbarie” (De Los Reporteros, 23/3/11) que pone el acento en los criterios establecidos líneas arriba.
Así lo dijo El Diario: “Algo está muy descompuesto cuando la autoridad fomenta la barbarie que debería combatir. Ahora resulta que desde la policía municipal se están promoviendo, casi por sistema, una especie de ejecuciones oficiales o ajusticiamientos extralegales a través de los agentes encubiertos que operan principalmente en tiendas en las que se expende cerveza y licores”.
La escena es altamente ilustrativa: Una persona intenta asaltar un negocio de venta de licores y cerveza en la ciudad más violenta del mundo, en la que el número de estos negocios rebasa todas las expectativas a la baja que uno pudiera concebir –dados los niveles de violencia y de adicción a las drogas– así como el número de jóvenes sin empleo ni escuela, ni futuro. La cadena de negocios pertenece a uno de los hombres más ricos de esta ciudad y quien se ha significado por impulsar públicamente a los políticos en quienes más confía, en particular al actual alcalde de Juárez, Héctor Murguía, y a quien soñó alguna vez –¿Habrá abandonado tal aspiración? – impulsar a la gubernatura de Chihuahua.
Bien, pues el gobierno municipal de su amigo le autoriza contar con agentes encubiertos –para proteger los negocios de venta de cerveza y licor– quienes, aparentemente, actúan con mucha frecuencia violando los protocolos de la policía municipal, esto es, actuar para detener a los presuntos delincuentes y ponerlos a disposición de las autoridades correspondientes.
Y en este momento claman las voces más conservadoras –y a veces las más desesperadas ante tanta impunidad– que ¡Los maten, se lo merecen El problema es que al mismo tiempo vamos cavando la prevalencia de la ilegalidad.
Este asunto muestra con toda nitidez la concepción de los gobernantes para afrontar la ola de violencia; en lugar de buscar las causas y ceñirse a sus facultades recurren a las medidas aparentemente más sencillas.
¿Por qué, en lugar de aprobar ese programa de agentes encubiertos no iniciar el de las acciones disuasivas, esto es la colocación de patrullas y elementos en las zonas de mayor riesgo y el patrullaje más frecuente de todas las unidades con las que ahora cuenta Juárez?
No es una novedad asentar que ante la más frecuente aparición y/o patrullaje de elementos policíacos la comisión de delitos –de este tipo– disminuyen; no así los de alto impacto, o los relacionados con el crimen organizado que, ya lo sabemos, a pesar de la presencia de miles de soldados y policías, no amainan (Quién sabe por qué).
¡Ah, pero es más fácil dar licencia para matar
Así, paulatinamente vamos perdiendo inmensas franjas de legalidad. Ni miles de soldados y policías federales, ni cientos de millones de pesos gastados en seguridad pública, ni decenas de discursos y programas gubernamentales, ni agentes encubiertos, ni tropas especiales, ni la asesoría de las agencias norteamericanas, ni la participación del embajador norteamericano han detenido el baño de sangre, violencia y criminalidad abatidos sobre Juárez (y el resto de Chihuahua) ¿Por qué no empezar de nuevo, con una estrategia distinta?
Y la respuesta de los propietarios de los principales medios de comunicación electrónica –del Gobierno Federal y de muchos impresos, con honrosas excepciones como las de El Diario, Reforma, La Jornada y Proceso– es de antología. Firmaron el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia.
Acordaron “precisar criterios acerca de cómo, cuándo y en qué espacios difundir información sobre actos relacionados con la violencia y el terrorismo de los grupos delictivos”, en lo que es, a no dudarlo, un serio intento por uniformar la información relacionada con el narcotráfico.
Algunas frases son de lujo: El Acuerdo compromete a los medios a “no convertirse en voceros involuntarios de las organizaciones delictivas”. O sea ¿Cómo? ¿Cómo puede alguien oponerse a cometer un acto involuntario?
En realidad, tal frase esconde la pretensión de censurar la información generada por las acciones del crimen organizado y las cometidas por las dependencias gubernamentales en la “guerra” lanzada contra ellas.
El Acuerdo pretende que los medios no usen el “lenguaje y la terminología empleados por los delincuentes” y que los medios busquen, con su información, “impedir que los delincuentes o presuntos delincuentes se conviertan en víctimas o héroes públicos”, como si la información publicada fuera la causante de que los criminales hayan adquirido tal estatus y tal hecho no fuera producto, como en muchos casos, de las acciones gubernamentales.
Por si fuera poco, se obligan a “Omitir y desechar información que provenga de los grupos criminales con propósitos propagandísticos. (Para) No convertirse en instrumento o en parte de los conflictos entre grupos de la delincuencia”.
Es decir, que para lograr tales objetivos, los medios deberán ejercer, como si les faltara trabajo, otra autocensura y desarrollar las habilidades necesarias como para detectar cuando un grupo criminal cometió tal y cual ejecución ¡con fines propagandísticos
¿Cuál es el fondo de tales pretensiones?
Imposible dejar de lado el antecedente de las filtraciones de WikiLeaks. Si alguien sufrió por ellas fueron Felipe Calderón y sus estrategas, así como el gabinete de seguridad ¿A poco no se podría, con el sambenito de que difundir, por ejemplo, la percepción norteamericana de que el ejército mexicano veía con buenos ojos el triunfo de un cártel sobre otro, sería convertirse en instrumento de uno de los grupos delincuenciales?
Podrán argumentarse muchas cosas, pero tal acuerdo es la pretensión de limitar la libertad de prensa, y por consiguiente, la de expresión; así, con el argumento de combatir a la criminalidad se convierte al Estado de Derecho en una baja más.
jueves, 24 de marzo de 2011
Retos del panismo, ¿diagnóstico certero?
El Diario, 24 de marzo de 2011
Luis Javier Valero Flores
El discurso es muy semejante. Al momento en que los diversos liderazgos y dirigencias del panismo son cuestionados –o, declaran por su cuenta– y se les pide hacer una evaluación de los factores que los han llevado a la pérdida de innumerables posiciones políticas a lo largo y ancho del país, invariablemente argumentan que se debe a una deficiente política de comunicación social, que tenga como eje la mejor difusión de los aspectos positivos de los gobiernos emanados de su partido.
Cosa similar efectúan cuando reflexionan acerca de las causas locales que los hayan llevado a tantas y tan dolorosas derrotas para ellos. Excepciones en esa materia podrían ser –seguramente hay más– el saliente dirigente estatal, Cruz Pérez Cuéllar, y el militante, activísimo participante en los medios de comunicación, Héctor Pérez Estrada, quienes reconocen que el tema de la seguridad pública “nos ha pegado”.
Pero invariablemente, a continuación, todos, pasan a enumerarnos las ventajas y logros del panismo convertido en gobierno. En ese sentido, sólo porque a juicio del escribiente lo retrata de la mejor manera, son altamente ilustrativas las declaraciones del aún coordinador de los legisladores locales del PAN, Héctor Ortiz, expresadas a propósito del relevo de la dirigencia estatal.
Así lo dijo: “Acción Nacional se dedicó a ser gobierno y olvidó por ello las causas sociales y esto se vio reflejado en las pasadas elecciones. Así que nuestra responsabilidad será retomar esas causas y volcarnos a favor de los ciudadanos”.
No se podría tener mejor referencia para los propósitos de la presente reflexión. Resulta que el PAN se convirtió en gobierno y abandonó las causas sociales, es decir, en la versión de Ortiz, los gobernantes panistas, en lugar de que su desempeño al frente del gobierno sirviera a la sociedad, se olvidó de esta, y de ahí sus derrotas. Esa es una de las mejores descripciones de las razones que llevaron a este partido a perder bastiones como Mérida, Juárez, Aguascalientes, Tijuana, Chihuahua, etc.
A contrapelo de lo sostenido por muchos de ellos, son sus deficiencias como gobernantes las que los llevaron a la actual situación, tan mala que ahora las encuestas los ubican en el tercer lugar de las preferencias electorales, como partido, en el Estado de México, hecho que se presenta por primera ocasión en aquella entidad.
Elaborado el diagnóstico de esa manera, se antoja que en muy poco puede ayudarlos a superar la percepción ciudadana –derivada de monumentales errores gubernamentales– si, como dice Ortiz “ahora” retomarán esas causas y se volcarán “a favor de los ciudadanos” cuando existe una marcada descalificación a su actuación como gobierno, entre cuyos errores, los más evidentes, se encuentran las promesas fallidas de disminuir el precio de los combustibles y a que Calderón se convertiría en el “presidente del empleo”.
Pero esos son los ejemplos concretos, los más a la mano de los ciudadanos; el caudal de compromisos incumplidos es enorme, y sumados todos ellos, que ahora se nos revierten como nación es que llegaron a conducir una nación, con una estructura social, política y legal armada para cuando este país era el del partido casi único y no el de la plena competencia electoral.
Así, pretendieron gobernar con la misma estructura corporativa del pasado y sobre los restos del antiguo régimen político. Todo se revirtió y la crisis en prácticamente todos los órdenes de la vida social es hoy el rasgo preponderante.
Por si fuera poco, las redes de corrupción y de luchas por el poder emularon las sostenidas por sus antecesores en el gobierno, con el agravante de que bastó una década para sembrar en la mayoría del electorado la misma percepción que llevó al PRI a perder la presidencia de la república en el 2000. De ahí los continuos enfrentamientos y las constantes rupturas a las que el nuevo dirigente estatal, Mario Vázquez, pretende poner fin llamando a la unidad de frente a las elecciones presidenciales.
Es muy probable que tales afanes hayan llegado tarde, el panismo se encuentra en una pendiente político-electoral de proporciones gigantescas solo atenuadas el año pasado a partir de las alianzas con el PRD en algunas entidades y la postulación, no de “ciudadanos” simples y corriente, sino de destacados priístas perdedores de los comicios internos del PRI.
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Luis Javier Valero Flores
El discurso es muy semejante. Al momento en que los diversos liderazgos y dirigencias del panismo son cuestionados –o, declaran por su cuenta– y se les pide hacer una evaluación de los factores que los han llevado a la pérdida de innumerables posiciones políticas a lo largo y ancho del país, invariablemente argumentan que se debe a una deficiente política de comunicación social, que tenga como eje la mejor difusión de los aspectos positivos de los gobiernos emanados de su partido.
Cosa similar efectúan cuando reflexionan acerca de las causas locales que los hayan llevado a tantas y tan dolorosas derrotas para ellos. Excepciones en esa materia podrían ser –seguramente hay más– el saliente dirigente estatal, Cruz Pérez Cuéllar, y el militante, activísimo participante en los medios de comunicación, Héctor Pérez Estrada, quienes reconocen que el tema de la seguridad pública “nos ha pegado”.
Pero invariablemente, a continuación, todos, pasan a enumerarnos las ventajas y logros del panismo convertido en gobierno. En ese sentido, sólo porque a juicio del escribiente lo retrata de la mejor manera, son altamente ilustrativas las declaraciones del aún coordinador de los legisladores locales del PAN, Héctor Ortiz, expresadas a propósito del relevo de la dirigencia estatal.
Así lo dijo: “Acción Nacional se dedicó a ser gobierno y olvidó por ello las causas sociales y esto se vio reflejado en las pasadas elecciones. Así que nuestra responsabilidad será retomar esas causas y volcarnos a favor de los ciudadanos”.
No se podría tener mejor referencia para los propósitos de la presente reflexión. Resulta que el PAN se convirtió en gobierno y abandonó las causas sociales, es decir, en la versión de Ortiz, los gobernantes panistas, en lugar de que su desempeño al frente del gobierno sirviera a la sociedad, se olvidó de esta, y de ahí sus derrotas. Esa es una de las mejores descripciones de las razones que llevaron a este partido a perder bastiones como Mérida, Juárez, Aguascalientes, Tijuana, Chihuahua, etc.
A contrapelo de lo sostenido por muchos de ellos, son sus deficiencias como gobernantes las que los llevaron a la actual situación, tan mala que ahora las encuestas los ubican en el tercer lugar de las preferencias electorales, como partido, en el Estado de México, hecho que se presenta por primera ocasión en aquella entidad.
Elaborado el diagnóstico de esa manera, se antoja que en muy poco puede ayudarlos a superar la percepción ciudadana –derivada de monumentales errores gubernamentales– si, como dice Ortiz “ahora” retomarán esas causas y se volcarán “a favor de los ciudadanos” cuando existe una marcada descalificación a su actuación como gobierno, entre cuyos errores, los más evidentes, se encuentran las promesas fallidas de disminuir el precio de los combustibles y a que Calderón se convertiría en el “presidente del empleo”.
Pero esos son los ejemplos concretos, los más a la mano de los ciudadanos; el caudal de compromisos incumplidos es enorme, y sumados todos ellos, que ahora se nos revierten como nación es que llegaron a conducir una nación, con una estructura social, política y legal armada para cuando este país era el del partido casi único y no el de la plena competencia electoral.
Así, pretendieron gobernar con la misma estructura corporativa del pasado y sobre los restos del antiguo régimen político. Todo se revirtió y la crisis en prácticamente todos los órdenes de la vida social es hoy el rasgo preponderante.
Por si fuera poco, las redes de corrupción y de luchas por el poder emularon las sostenidas por sus antecesores en el gobierno, con el agravante de que bastó una década para sembrar en la mayoría del electorado la misma percepción que llevó al PRI a perder la presidencia de la república en el 2000. De ahí los continuos enfrentamientos y las constantes rupturas a las que el nuevo dirigente estatal, Mario Vázquez, pretende poner fin llamando a la unidad de frente a las elecciones presidenciales.
Es muy probable que tales afanes hayan llegado tarde, el panismo se encuentra en una pendiente político-electoral de proporciones gigantescas solo atenuadas el año pasado a partir de las alianzas con el PRD en algunas entidades y la postulación, no de “ciudadanos” simples y corriente, sino de destacados priístas perdedores de los comicios internos del PRI.
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martes, 22 de marzo de 2011
Relevos partidistas y la “Morena”
El Diario, 22 de marzo de 2011
Luis Javier Valero Flores
Con los días se va recrudeciendo la lucha política. Las campañas electorales rumbo al relevo presidencial del 2012 ya están aquí. Puede argumentarse que aún no son los tiempos, que aún no hay candidatos, etc. pero la actividad política desplegada este fin de semana no hace más que reforzar tal percepción.
Dos relevos tienen especial significado; uno para el total de la nación y el otro en especial para los chihuahuenses. La designación de Jesús Zambrano y Dolores Padierna en la dirigencia nacional del PRD, si bien impidió la ruptura profundizará las enormes diferencias sostenidas entre los agrupamientos a los cuales pertenecen cada uno de ellos. A su vez, la elección de Mario Vázquez como presidente del Comité Estatal del PAN reflejó, por un lado la preocupación de la mayoría de sus grupos internos por hacer más llevaderas sus diferencias, y por otro, los profundos cambios en la composición de los alineamientos que en los últimos años los habían llevado a la generación de verdaderos escándalos políticos. Inicia, de ese modo, una nueva dirigencia que, probablemente, no concitará las continuas querellas presentadas a lo largo de los últimos años ¿Les alcanzará el tiempo para restañar todas las heridas y las bajas sufridas?
La resolución de la elección perredista –la primera sin irregularidades, quizá por haberla circunscrito al ámbito del Consejo Nacional- podría ser la evidencia de que el grupo de Nueva Izquierda –Los “Chuchos”- llegó a la conclusión que no puede ir al proceso federal del próximo año sin la participación de López Obrador, o que, por otro lado, enfrentados a la posibilidad de que éste finalmente decida participar sin el PRD los llevó a antagonizar a quienes han sido hegemónicos en los órganos de dirección perredista –Nueva Izquierda- y alcanzar el 30% de los votos en el órgano dirigente del PRD.
Así, el gran ganador de la elección fue el ex candidato presidencial, pues Padierna se identifica con esa corriente. Rechazó la alianza con el PAN en el Estado de México y declaró su simpatía por la candidatura de Alejandro Encinas en esa entidad. Ni más ni menos que la esencia de las posturas lopezobradoristas para esas elecciones y las federales. Previamente, por unanimidad, el sábado el PRD había rechazado las alianzas con el PAN o el PRI para los futuros comicios presidenciales.
Más aún, al asumir Padierna el segundo puesto de dirección partidista, el lopezobradorismo, por ese solo hecho, adquiere una mejor posición que en la actual dirigencia, en la que Jesús Ortega era acompañado de Hortensia Aragón –de la corriente de la ex gobernadora zacatecana, Amalia García, eterna aliada de Nueva Izquierda- en la Secretaría General, hecho que en la práctica hacía de la línea política de la dirigencia perredista una sola, siempre enfrentada a la de López Obrador, de ahí la frase de Jesús Zambrano –le tiendo la mano a López Obrador- que por sí sola pudiera ser un indicio de la rectificación de una línea política que los llevó a uno de los peores enfrentamientos entre sí.
El sábado, en Chihuahua, ocurrió un evento, que si es reflejo de lo acontecido en el resto del país explicaría el giro en las posturas de Nueva Izquierda. Ese día se reunió López Obrador con el núcleo central de sus activistas en la entidad, congregados alrededor del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Sorprendió ver ahí a la mayoría de los liderazgos regionales de este partido, o más correctamente dicho, de una buena parte de la izquierda local, que se dieron cita para expresar su simpatía por el tabasqueño. Ahí informaron de la conformación de comités seccionales y municipales. Si los informes rendidos en esa reunión son ciertos nos encontraremos de frente con la mejor organización territorial de la izquierda en muchos años en Chihuahua.
Y si en el resto del país se encuentran igual, entonces deberemos anotar a López Obrador con la fuerza necesaria como para disputar nuevamente la presidencia. Algo de eso reflejó el impresionante acto del domingo en la Ciudad de México en el que presentó su “Proyecto Alternativo de Nación”.
Ya no sorprende la masiva participación en los actos del ex candidato presidencial, pero sí la de un sinfín de destacados personajes de todos los ámbitos de la vida nacional y en el que es, sin duda, el regreso de una buena parte de la intelectualidad a las filas de la izquierda.
Así, no sería raro que en los próximos días la posibilidad de la alianza PAN-PRD en el Estado de México se aleje, que Alejandro Encinas aparezca como candidato de la alianza del PRD, PT y Convergencia y que la candidatura de López Obrador se fortalezca.
Luis Javier Valero Flores
Con los días se va recrudeciendo la lucha política. Las campañas electorales rumbo al relevo presidencial del 2012 ya están aquí. Puede argumentarse que aún no son los tiempos, que aún no hay candidatos, etc. pero la actividad política desplegada este fin de semana no hace más que reforzar tal percepción.
Dos relevos tienen especial significado; uno para el total de la nación y el otro en especial para los chihuahuenses. La designación de Jesús Zambrano y Dolores Padierna en la dirigencia nacional del PRD, si bien impidió la ruptura profundizará las enormes diferencias sostenidas entre los agrupamientos a los cuales pertenecen cada uno de ellos. A su vez, la elección de Mario Vázquez como presidente del Comité Estatal del PAN reflejó, por un lado la preocupación de la mayoría de sus grupos internos por hacer más llevaderas sus diferencias, y por otro, los profundos cambios en la composición de los alineamientos que en los últimos años los habían llevado a la generación de verdaderos escándalos políticos. Inicia, de ese modo, una nueva dirigencia que, probablemente, no concitará las continuas querellas presentadas a lo largo de los últimos años ¿Les alcanzará el tiempo para restañar todas las heridas y las bajas sufridas?
La resolución de la elección perredista –la primera sin irregularidades, quizá por haberla circunscrito al ámbito del Consejo Nacional- podría ser la evidencia de que el grupo de Nueva Izquierda –Los “Chuchos”- llegó a la conclusión que no puede ir al proceso federal del próximo año sin la participación de López Obrador, o que, por otro lado, enfrentados a la posibilidad de que éste finalmente decida participar sin el PRD los llevó a antagonizar a quienes han sido hegemónicos en los órganos de dirección perredista –Nueva Izquierda- y alcanzar el 30% de los votos en el órgano dirigente del PRD.
Así, el gran ganador de la elección fue el ex candidato presidencial, pues Padierna se identifica con esa corriente. Rechazó la alianza con el PAN en el Estado de México y declaró su simpatía por la candidatura de Alejandro Encinas en esa entidad. Ni más ni menos que la esencia de las posturas lopezobradoristas para esas elecciones y las federales. Previamente, por unanimidad, el sábado el PRD había rechazado las alianzas con el PAN o el PRI para los futuros comicios presidenciales.
Más aún, al asumir Padierna el segundo puesto de dirección partidista, el lopezobradorismo, por ese solo hecho, adquiere una mejor posición que en la actual dirigencia, en la que Jesús Ortega era acompañado de Hortensia Aragón –de la corriente de la ex gobernadora zacatecana, Amalia García, eterna aliada de Nueva Izquierda- en la Secretaría General, hecho que en la práctica hacía de la línea política de la dirigencia perredista una sola, siempre enfrentada a la de López Obrador, de ahí la frase de Jesús Zambrano –le tiendo la mano a López Obrador- que por sí sola pudiera ser un indicio de la rectificación de una línea política que los llevó a uno de los peores enfrentamientos entre sí.
El sábado, en Chihuahua, ocurrió un evento, que si es reflejo de lo acontecido en el resto del país explicaría el giro en las posturas de Nueva Izquierda. Ese día se reunió López Obrador con el núcleo central de sus activistas en la entidad, congregados alrededor del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Sorprendió ver ahí a la mayoría de los liderazgos regionales de este partido, o más correctamente dicho, de una buena parte de la izquierda local, que se dieron cita para expresar su simpatía por el tabasqueño. Ahí informaron de la conformación de comités seccionales y municipales. Si los informes rendidos en esa reunión son ciertos nos encontraremos de frente con la mejor organización territorial de la izquierda en muchos años en Chihuahua.
Y si en el resto del país se encuentran igual, entonces deberemos anotar a López Obrador con la fuerza necesaria como para disputar nuevamente la presidencia. Algo de eso reflejó el impresionante acto del domingo en la Ciudad de México en el que presentó su “Proyecto Alternativo de Nación”.
Ya no sorprende la masiva participación en los actos del ex candidato presidencial, pero sí la de un sinfín de destacados personajes de todos los ámbitos de la vida nacional y en el que es, sin duda, el regreso de una buena parte de la intelectualidad a las filas de la izquierda.
Así, no sería raro que en los próximos días la posibilidad de la alianza PAN-PRD en el Estado de México se aleje, que Alejandro Encinas aparezca como candidato de la alianza del PRD, PT y Convergencia y que la candidatura de López Obrador se fortalezca.
domingo, 20 de marzo de 2011
Combate al narco, la plena sumisión
El Diario, 20 de marzo de 2011
Luis Javier Valero Flores
A escasos días del tercer aniversario del inicio de la elevada participación de las fuerzas federales en el combate a la ola de violencia en la entidad, bajo distintas denominaciones, empezando por la de Operación Conjunta Chihuahua, las revelaciones efectuadas por WikiLeaks de los cables intercambiados entre distintos funcionarios norteamericanos acerca de asunto tan sensible nos llevan a un caudal de conclusiones a cual más de estremecedoras.
La primera de ellas, quizá la más importante, sea la de que muy probablemente la estrategia inicial, la de usar al ejército en ese combate, no se haya elaborado en nuestro país por Felipe Calderón y su equipo. Pero si hubiese duda en esa fase inicial, en la siguiente no la puede haber: Los norteamericanos decidieron que saliera el ejército de las tareas de patrullaje en Juárez y su lugar fuera ocupado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF), es decir, por la Policía Federal (PF).
Los cables cruzados entre los funcionarios norteamericanos, especialmente los de la autoría del embajador Carlos Pascual, son extremadamente reveladores. La calificación de que los estadounidenses “sugirieron” el cambio de estrategia, es sólo un eufemismo diplomático que debe entenderse como una especie de ultimátum. Ante esa “sugerencia”, Felipe Calderón fue muy sensible. De inmediato lo ordenó y le informó a Pascual, paso a paso, de todo el proceso.
Así, en noviembre de 2009 Calderón le informó a Pascual de la medida adoptada. En diciembre, José Reyes Ferriz, el alcalde de la ciudad, fue enterado de lo que debía hacer y sólo hasta enero de 2010, el gobernador Reyes Baeza fue informado de lo que habían resuelto Calderón y Pascual hacer en la entidad que él gobernaba por mandato de los chihuahuenses.
Peor aún, el general Felipe de Jesús Espitia, al coordinador del Operativo Conjunto Chihuahua (OCCh), se le informó que ya no estaba al mando en una reunión celebrada en enero de 2010 en la que se suponía se iba dar a conocer a un grupo de empresarios de los avances de tal operativo. Ahí le dijeron que ya no tenía la responsabilidad del OCCh.
Ahora nos explicamos mejor el porqué de la presencia de Carlos Pascual en las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Pensábamos que lo hacía en su papel –interventor, por supuesto– de fiscalizador del modo como se gastaban los recursos de la Iniciativa Mérida. Pues no, su papel era aún más importante, en la práctica asumió la jefatura del combate a la violencia en Juárez, aunque todos supusimos que era en contra del crimen organizado en su modalidad de tráfico de drogas.
Según los cables de WikiLeaks, el cambio de estrategia se debió a la “insistencia” del Gobierno estadounidense y en “estrecha colaboración” con grupos de trabajo binacionales que operan en todas las dependencias del Gobierno mexicano relacionadas con la seguridad. Pascual se mostró contento con la idea de entregar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, las riendas de la seguridad en Juárez. ¿Por qué? ¿Acaso porque, al igual que los norteamericanos mantiene una rivalidad con el ejército mexicano?
Aún resuenan las frases de los gobernantes al poner en marcha el OCCh. Era fines de marzo y el número de ejecutados en Juárez nos horrorizaba; de seguir así, dijimos, terminaremos el año con alrededor de mil homicidios relacionados con el crimen organizado ¡Que venga el ejército Clamaron infinidad de chihuahuenses. Sí, pero bajo la conducción de las autoridades civiles, precisaron los gobernantes locales.
Es decir, los militares llegaron a Chihuahua no porque nos atosigaran las cifras de adictos a las drogas, o la cantidad de ellas consumida en la entidad; no, llegaron porque se nos hacía exagerada la cuota de sangre corrida hasta entonces.
El resultado ya lo sabemos todos, el año terminó con más de mil 600 ejecutados. Igual ocurrió al año siguiente, más de 2 mil 600 en Juárez, pero con el agravante de que la mancha de sangre se había extendido a toda la entidad. Así, para fines de 2009 aparece Pascual, la PF sustituye al ejército y los resultados fueron peores, con un pavoroso incremento en las extorsiones y el secuestro, pero el número de adictos y la cantidad de droga en las calles –ni en el tránsito a EU– disminuyeron, y la crisis de seguridad pública adquirió niveles no conocidos por los chihuahuenses de infinidad de generaciones.
Y si ya no sorprenden las actitudes sumisas de Calderón y colaboradores frente a los gobernantes norteamericanos, cualquiera que sea su origen partidario, la de los gobernantes locales, especialmente la de Reyes Ferriz es el punto extremo. En declaraciones efectuadas a El Diario llega a aseverar que “Ellos (los norteamericanos) tenían información de que yo no me iba a oponer a lo que estaban haciendo”, preocupado por aclarar que no le habían dicho ser un “cero a la izquierda”, como escribió la reportera Blanche Pietrich, de La Jornada, en lugar de como lo escribió el funcionario norteamericano: “non factor”. Es decir, lo mismo que cero a la izquierda pero a lo gringo, que no era factor decisivo. ¡Imagínense, la principal autoridad del antiguo Paso del Norte era un factor a no tomar en cuenta por los norteamericanos en la elaboración del cambio de estrategia contra el crimen en Juárez
Pues claro, ya sabían que no discutiría. Es que lo acordaron los señores del otro lado y ni modo de oponerse.
La respuesta de Reyes Baeza fue la propuesta de cambiar de sede los poderes estatales, pero que según Pascual fue en cumplimiento al compromiso contraído con Calderón de residir la mitad del tiempo en Juárez a fin de velar por el buen desarrollo de los programas echados a andar con motivo de la masacre de Villas de Salvárcar, pero en nada participó en la elaboración de la estrategia, por más que insistieron en afirmar que la Coordinación de la OCCH estaba en manos de los gobernantes locales.
Por si faltara algo, ya tenemos a la mano hasta los elementos para sospechar la formación de los grupos paramilitares, de cuya existencia hay indicios, de acuerdo con las versiones de testigos de innumerables ejecuciones, consistentes en que en las cercanías de los hechos se encontraban estacionadas unidades militares o de la PF sin efectuar maniobra alguna por detener a los presuntos. La aparente confirmación la otorga otro cable que da cuenta de la iniciativa de algunos empresarios para contratar, como medida de protección, a ocho “zetas” los cuales, presumiblemente, visitaron las instalaciones militares en las cuales recibieron, probablemente, capacitación instrucciones y hasta armas de las decomisadas. Todo en versión de los funcionarios del consulado y la embajada norteamericanos.
No es todo, el Gobierno norteamericano tiene la percepción de que el ejército mexicano no vio con malos “ojos” el posible triunfo del Cártel de Sinaloa sobre el de Juárez.
Pero, además, no puede sostenerse válidamente que eran dos grupos cualesquiera en disputa, la guerra que sostienen no es en contra del ejército o las policías, sino entre ellos, en lo que parece ser una guerra entre un ejército con el control del territorio –el Cártel de Juárez– y un ejército de ocupación –el Cártel de Sinaloa– (aunque también se nutra de elementos locales) y con el apoyo disimulado de las fuerzas federales. El anterior cónsul de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Raymond Mc Grath, informó el 23 de enero de 2009 que “una percepción generalizada es que el Ejército se siente cómodo dejando que los cárteles de Sinaloa y Juárez hagan la guerra entre ellos por el control de la plaza y minen sus respectivas fuerzas. Como corolario, existe la teoría de que a los militares les gustaría ver que gane el Cártel de Sinaloa”.
Y si necesitáramos pruebas ahí están las batallas de Ahumada en mayo del 2008, en la que coincidentemente las tropas salieron por unas horas de esa población, las necesarias para que un grupo criminal hiciera desmán y medio y asesinara, entre otros, al jefe de policía; y la de Parral, ésta durante más de 8 horas sin que ninguna patrulla militar se presentara a detenerla, a pesar de la existencia de un cuartel militar enclavado en Parral y otro a escasos metros en la carretera rumbo a San Francisco del Oro.
A pesar del evidente fracaso de tales estrategias insisten en ellas ¿Hasta cuándo? ¿Podrían respondernos Calderón y sus funcionarios? ¿Podrían los actuales gobernantes locales hacerlo?
Luis Javier Valero Flores
A escasos días del tercer aniversario del inicio de la elevada participación de las fuerzas federales en el combate a la ola de violencia en la entidad, bajo distintas denominaciones, empezando por la de Operación Conjunta Chihuahua, las revelaciones efectuadas por WikiLeaks de los cables intercambiados entre distintos funcionarios norteamericanos acerca de asunto tan sensible nos llevan a un caudal de conclusiones a cual más de estremecedoras.
La primera de ellas, quizá la más importante, sea la de que muy probablemente la estrategia inicial, la de usar al ejército en ese combate, no se haya elaborado en nuestro país por Felipe Calderón y su equipo. Pero si hubiese duda en esa fase inicial, en la siguiente no la puede haber: Los norteamericanos decidieron que saliera el ejército de las tareas de patrullaje en Juárez y su lugar fuera ocupado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF), es decir, por la Policía Federal (PF).
Los cables cruzados entre los funcionarios norteamericanos, especialmente los de la autoría del embajador Carlos Pascual, son extremadamente reveladores. La calificación de que los estadounidenses “sugirieron” el cambio de estrategia, es sólo un eufemismo diplomático que debe entenderse como una especie de ultimátum. Ante esa “sugerencia”, Felipe Calderón fue muy sensible. De inmediato lo ordenó y le informó a Pascual, paso a paso, de todo el proceso.
Así, en noviembre de 2009 Calderón le informó a Pascual de la medida adoptada. En diciembre, José Reyes Ferriz, el alcalde de la ciudad, fue enterado de lo que debía hacer y sólo hasta enero de 2010, el gobernador Reyes Baeza fue informado de lo que habían resuelto Calderón y Pascual hacer en la entidad que él gobernaba por mandato de los chihuahuenses.
Peor aún, el general Felipe de Jesús Espitia, al coordinador del Operativo Conjunto Chihuahua (OCCh), se le informó que ya no estaba al mando en una reunión celebrada en enero de 2010 en la que se suponía se iba dar a conocer a un grupo de empresarios de los avances de tal operativo. Ahí le dijeron que ya no tenía la responsabilidad del OCCh.
Ahora nos explicamos mejor el porqué de la presencia de Carlos Pascual en las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Pensábamos que lo hacía en su papel –interventor, por supuesto– de fiscalizador del modo como se gastaban los recursos de la Iniciativa Mérida. Pues no, su papel era aún más importante, en la práctica asumió la jefatura del combate a la violencia en Juárez, aunque todos supusimos que era en contra del crimen organizado en su modalidad de tráfico de drogas.
Según los cables de WikiLeaks, el cambio de estrategia se debió a la “insistencia” del Gobierno estadounidense y en “estrecha colaboración” con grupos de trabajo binacionales que operan en todas las dependencias del Gobierno mexicano relacionadas con la seguridad. Pascual se mostró contento con la idea de entregar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, las riendas de la seguridad en Juárez. ¿Por qué? ¿Acaso porque, al igual que los norteamericanos mantiene una rivalidad con el ejército mexicano?
Aún resuenan las frases de los gobernantes al poner en marcha el OCCh. Era fines de marzo y el número de ejecutados en Juárez nos horrorizaba; de seguir así, dijimos, terminaremos el año con alrededor de mil homicidios relacionados con el crimen organizado ¡Que venga el ejército Clamaron infinidad de chihuahuenses. Sí, pero bajo la conducción de las autoridades civiles, precisaron los gobernantes locales.
Es decir, los militares llegaron a Chihuahua no porque nos atosigaran las cifras de adictos a las drogas, o la cantidad de ellas consumida en la entidad; no, llegaron porque se nos hacía exagerada la cuota de sangre corrida hasta entonces.
El resultado ya lo sabemos todos, el año terminó con más de mil 600 ejecutados. Igual ocurrió al año siguiente, más de 2 mil 600 en Juárez, pero con el agravante de que la mancha de sangre se había extendido a toda la entidad. Así, para fines de 2009 aparece Pascual, la PF sustituye al ejército y los resultados fueron peores, con un pavoroso incremento en las extorsiones y el secuestro, pero el número de adictos y la cantidad de droga en las calles –ni en el tránsito a EU– disminuyeron, y la crisis de seguridad pública adquirió niveles no conocidos por los chihuahuenses de infinidad de generaciones.
Y si ya no sorprenden las actitudes sumisas de Calderón y colaboradores frente a los gobernantes norteamericanos, cualquiera que sea su origen partidario, la de los gobernantes locales, especialmente la de Reyes Ferriz es el punto extremo. En declaraciones efectuadas a El Diario llega a aseverar que “Ellos (los norteamericanos) tenían información de que yo no me iba a oponer a lo que estaban haciendo”, preocupado por aclarar que no le habían dicho ser un “cero a la izquierda”, como escribió la reportera Blanche Pietrich, de La Jornada, en lugar de como lo escribió el funcionario norteamericano: “non factor”. Es decir, lo mismo que cero a la izquierda pero a lo gringo, que no era factor decisivo. ¡Imagínense, la principal autoridad del antiguo Paso del Norte era un factor a no tomar en cuenta por los norteamericanos en la elaboración del cambio de estrategia contra el crimen en Juárez
Pues claro, ya sabían que no discutiría. Es que lo acordaron los señores del otro lado y ni modo de oponerse.
La respuesta de Reyes Baeza fue la propuesta de cambiar de sede los poderes estatales, pero que según Pascual fue en cumplimiento al compromiso contraído con Calderón de residir la mitad del tiempo en Juárez a fin de velar por el buen desarrollo de los programas echados a andar con motivo de la masacre de Villas de Salvárcar, pero en nada participó en la elaboración de la estrategia, por más que insistieron en afirmar que la Coordinación de la OCCH estaba en manos de los gobernantes locales.
Por si faltara algo, ya tenemos a la mano hasta los elementos para sospechar la formación de los grupos paramilitares, de cuya existencia hay indicios, de acuerdo con las versiones de testigos de innumerables ejecuciones, consistentes en que en las cercanías de los hechos se encontraban estacionadas unidades militares o de la PF sin efectuar maniobra alguna por detener a los presuntos. La aparente confirmación la otorga otro cable que da cuenta de la iniciativa de algunos empresarios para contratar, como medida de protección, a ocho “zetas” los cuales, presumiblemente, visitaron las instalaciones militares en las cuales recibieron, probablemente, capacitación instrucciones y hasta armas de las decomisadas. Todo en versión de los funcionarios del consulado y la embajada norteamericanos.
No es todo, el Gobierno norteamericano tiene la percepción de que el ejército mexicano no vio con malos “ojos” el posible triunfo del Cártel de Sinaloa sobre el de Juárez.
Pero, además, no puede sostenerse válidamente que eran dos grupos cualesquiera en disputa, la guerra que sostienen no es en contra del ejército o las policías, sino entre ellos, en lo que parece ser una guerra entre un ejército con el control del territorio –el Cártel de Juárez– y un ejército de ocupación –el Cártel de Sinaloa– (aunque también se nutra de elementos locales) y con el apoyo disimulado de las fuerzas federales. El anterior cónsul de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Raymond Mc Grath, informó el 23 de enero de 2009 que “una percepción generalizada es que el Ejército se siente cómodo dejando que los cárteles de Sinaloa y Juárez hagan la guerra entre ellos por el control de la plaza y minen sus respectivas fuerzas. Como corolario, existe la teoría de que a los militares les gustaría ver que gane el Cártel de Sinaloa”.
Y si necesitáramos pruebas ahí están las batallas de Ahumada en mayo del 2008, en la que coincidentemente las tropas salieron por unas horas de esa población, las necesarias para que un grupo criminal hiciera desmán y medio y asesinara, entre otros, al jefe de policía; y la de Parral, ésta durante más de 8 horas sin que ninguna patrulla militar se presentara a detenerla, a pesar de la existencia de un cuartel militar enclavado en Parral y otro a escasos metros en la carretera rumbo a San Francisco del Oro.
A pesar del evidente fracaso de tales estrategias insisten en ellas ¿Hasta cuándo? ¿Podrían respondernos Calderón y sus funcionarios? ¿Podrían los actuales gobernantes locales hacerlo?
jueves, 17 de marzo de 2011
¿Por cuestiones de salud?
El Diario, 17 de marzo de 2011
Luis Javier Valero Flores
La noticia de la renuncia de los jueces Catalina Ochoa, Rafael Boudib y Netzahualcóyotl Zúñiga –absolventes de Sergio Barraza del homicidio de Rubí Frayre–, otorgada por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), y las posteriores declaraciones de los titulares de los tres poderes en la entidad, en lugar de arrojar luces sobre tema tan polémico ha originado exactamente el efecto contrario.
Quizá en la administración estatal se esté pensando en una táctica mediática de mediano plazo y así evitar el enorme desgaste sufrido a causa de tal asunto, pero en el corto y, paradójicamente, en el largo plazo, nos traerá consecuencias altamente nocivas.
Para el colmo de tal táctica, justamente el día que se daba a conocer la renuncia de los jueces se informaba del asesinato de una persona en Juárez, a la que primero se ubicó como testigo del asesinato de Rubí, y luego resultó ser hermano del adolescente, quien declaró que Barraza había, supuestamente, informado ser el autor de la muerte de Rubí a balazos y después incendiado el cadáver –aunque los magistrados del Tribunal de Casación alegaron que la causa de muerte había sido un golpe en la cabeza, producto de la fractura del cráneo– vertió sobre el asunto un denso velo de sospechas entre la población.
Llaman la atención muchos hechos alrededor de renuncia tan inesperada, a la que de inmediato se pretendió colocar como el punto final de una “desgastante” controversia, pues hasta las primeras horas de la tarde del miércoles 16 de marzo no se sabía de la versión de ninguno de los jueces, ni de su representante legal, ni el STJE había accedido a mostrarle a los medios de comunicación la copia del texto de la referida renuncia.
Evidenciando la prisa por hacer que el caso se olvide lo más pronto, diversos actores se apresuraron a declarar que aquel hecho le permitía al asunto darle “vuelta a la página” y así enfocarse a la detención de Barraza.
Por desgracia no es así.
Si el Poder Judicial y el Legislativo deciden dar por terminados los procesos levantados en contra de los jueces, levantarán marejadas de suspicacias y le otorgarán la razón a quienes se oponen resueltamente al nuevo sistema de justicia penal, como si éste fuera el responsable de las graves deficiencias del juicio seguido en contra de Barraza y no la actuación de todos los protagonistas del mismo, y especialmente los seis agentes del Ministerio Público –y sus jefes inmediatos– que posibilitaron los indudables yerros cometidos y dieron origen a la continuación y profundización de la tragedia en la familia de Marisela Escobedo, así como el grave daño causado a la aplicación de justicia.
Más aún, podrán detener por cualquier causa a Sergio Barraza, incluso hasta por infringir el reglamento de tránsito, pero esta persona goza ahora de la protección de la justicia federal pues ésta le extendió un amparo. De esa magnitud son las cosas.
Por otra parte, los reporteros del portal www.tiempo.com informaron haberle solicitado al STJE copias de la renuncia y haber recibido una respuesta consistente en que lo contenido “es personal y confidencial por lo que la anexaron a los expedientes privados de los ex funcionarios”.
Pues no.
Nada de asunto tan polémico es confidencial, es todo lo contrario, y tal opinión se extiende a los jueces; pueden alegar que son simples ciudadanos, pero como tales tienen obligaciones ante la sociedad, la misma que les otorgó incontables prebendas, entre las cuales se encontraban sus emolumentos y la preparación recibida.
Por si fuera poco, ante sus señalamientos de ser víctimas de una “persecución política” la sociedad entera permaneció atenta al caso y lo menos que deberíamos esperar de ellos es su versión, vamos, hasta la confirmación de que renunciaron pues hasta la fecha sólo contamos con la versión del STJE pues no es gratuito que existan márgenes muy grandes de escepticismo sobre la credibilidad de quienes ahora tienen la responsabilidad de su conducción.
De ahí que mejor nos quedemos con la opinión de José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien sostiene que el juicio político en contra de los jueces debe seguir para deslindar si se trató de una irregularidad cometida por aquellos o, por el contrario, es una falla del sistema de justicia penal.
Luis Javier Valero Flores
La noticia de la renuncia de los jueces Catalina Ochoa, Rafael Boudib y Netzahualcóyotl Zúñiga –absolventes de Sergio Barraza del homicidio de Rubí Frayre–, otorgada por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), y las posteriores declaraciones de los titulares de los tres poderes en la entidad, en lugar de arrojar luces sobre tema tan polémico ha originado exactamente el efecto contrario.
Quizá en la administración estatal se esté pensando en una táctica mediática de mediano plazo y así evitar el enorme desgaste sufrido a causa de tal asunto, pero en el corto y, paradójicamente, en el largo plazo, nos traerá consecuencias altamente nocivas.
Para el colmo de tal táctica, justamente el día que se daba a conocer la renuncia de los jueces se informaba del asesinato de una persona en Juárez, a la que primero se ubicó como testigo del asesinato de Rubí, y luego resultó ser hermano del adolescente, quien declaró que Barraza había, supuestamente, informado ser el autor de la muerte de Rubí a balazos y después incendiado el cadáver –aunque los magistrados del Tribunal de Casación alegaron que la causa de muerte había sido un golpe en la cabeza, producto de la fractura del cráneo– vertió sobre el asunto un denso velo de sospechas entre la población.
Llaman la atención muchos hechos alrededor de renuncia tan inesperada, a la que de inmediato se pretendió colocar como el punto final de una “desgastante” controversia, pues hasta las primeras horas de la tarde del miércoles 16 de marzo no se sabía de la versión de ninguno de los jueces, ni de su representante legal, ni el STJE había accedido a mostrarle a los medios de comunicación la copia del texto de la referida renuncia.
Evidenciando la prisa por hacer que el caso se olvide lo más pronto, diversos actores se apresuraron a declarar que aquel hecho le permitía al asunto darle “vuelta a la página” y así enfocarse a la detención de Barraza.
Por desgracia no es así.
Si el Poder Judicial y el Legislativo deciden dar por terminados los procesos levantados en contra de los jueces, levantarán marejadas de suspicacias y le otorgarán la razón a quienes se oponen resueltamente al nuevo sistema de justicia penal, como si éste fuera el responsable de las graves deficiencias del juicio seguido en contra de Barraza y no la actuación de todos los protagonistas del mismo, y especialmente los seis agentes del Ministerio Público –y sus jefes inmediatos– que posibilitaron los indudables yerros cometidos y dieron origen a la continuación y profundización de la tragedia en la familia de Marisela Escobedo, así como el grave daño causado a la aplicación de justicia.
Más aún, podrán detener por cualquier causa a Sergio Barraza, incluso hasta por infringir el reglamento de tránsito, pero esta persona goza ahora de la protección de la justicia federal pues ésta le extendió un amparo. De esa magnitud son las cosas.
Por otra parte, los reporteros del portal www.tiempo.com informaron haberle solicitado al STJE copias de la renuncia y haber recibido una respuesta consistente en que lo contenido “es personal y confidencial por lo que la anexaron a los expedientes privados de los ex funcionarios”.
Pues no.
Nada de asunto tan polémico es confidencial, es todo lo contrario, y tal opinión se extiende a los jueces; pueden alegar que son simples ciudadanos, pero como tales tienen obligaciones ante la sociedad, la misma que les otorgó incontables prebendas, entre las cuales se encontraban sus emolumentos y la preparación recibida.
Por si fuera poco, ante sus señalamientos de ser víctimas de una “persecución política” la sociedad entera permaneció atenta al caso y lo menos que deberíamos esperar de ellos es su versión, vamos, hasta la confirmación de que renunciaron pues hasta la fecha sólo contamos con la versión del STJE pues no es gratuito que existan márgenes muy grandes de escepticismo sobre la credibilidad de quienes ahora tienen la responsabilidad de su conducción.
De ahí que mejor nos quedemos con la opinión de José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien sostiene que el juicio político en contra de los jueces debe seguir para deslindar si se trató de una irregularidad cometida por aquellos o, por el contrario, es una falla del sistema de justicia penal.
martes, 15 de marzo de 2011
Prioridad, la seguridad pública de EU
El Diario, 15 de marzo de 2011
Luis Javier Valero Flores
Y por desgracia, la prioridad incluye el absoluto respeto a la libertad de los estadounidenses de poseer las armas, en la cantidad y modalidad que desee, derecho que permite la vigorización de una de las industrias más prósperas de Estados Unidos, la bélico-militar, no importa que sea con base en el sufrimiento de los países dependientes de la más poderosa potencia del planeta.
Pero expliquémonos, según la nota de Juan de Dios Olivas, (El Diario, 13/03/11) en los últimos “15 meses —de enero del 2010 a la fecha—, la Aduana decomisó en los cruces internacionales de esta ciudad (Juárez) dos pistolas y un fusil, así como 3 mil 703 cartuchos, de acuerdo con datos oficiales”.
Tan ínfima cantidad, que refuta las triunfales declaraciones de todos los funcionarios federales acerca de su “extrema” preocupación por evitar el tráfico de armas, se aprecia de mejor manera si la comparamos con las cifras de armas incautadas en los mismos lugares en los años previos. “En el 2006, en esta misma área se lograron incautar 30 armas de fuego, 29 cargadores adicionales, 5 miras telescópicas, 20 mil 414 cartuchos de diversos calibres y 32 vehículos en los que se transportaba el armamento y el parque y en el 2007 se aseguraron 25 armas de fuego así como 17 mil 32 cartuchos de diversos calibres, transportados en 24 unidades. En el 2008 se incautaron 19 armas de fuego, una mira telescópica y 31 mil 590 cartuchos útiles de diferentes calibres, pero al año siguiente se presentó un drástico descenso y la Aduana no reportó aseguramientos”.
Inaceptable tal reporte. Más si se analiza que desde 2009 se instaló en los cruces turísticos equipamiento con tecnología de avanzada para “detectar armas, dinero, mercancías ilegales y vehículos con reporte de robo o alerta de que se intenten introducir al país”, así como de la incorporación de nuevo personal, oficialmente seleccionado bajo criterios muy estrictos.
Pero no es el único aspecto criticable del comportamiento del gobierno mexicano en materia de contrabando de armas (y no solamente).
No está de más recalcar que a lo largo del país, de sur a norte, existen no menos de 14 retenes, de distintos cuerpos policíacos, militares y de inmigración, entre la frontera sur y la norte de México, pero que fuera de la aduana establecida kilómetros delante de los puertos fronterizos norteños, no existe operativo alguno que le permitiera a las autoridades mexicanas detectar el tráfico de armas.
Así, nos gastamos –como país- verdaderas fortunas, tanto en la operación, como en la capacitación del personal, en el montaje de las distintas medidas que permitan detectar y detener el tráfico de drogas y personas hacia la nación norteamericana, pero prácticamente nada en la detención del contrabando procedente del norte. Y tal contrabando abarca infinidad de mercancías, legales o no.
Tales operativos más parecen los necesitados por el gobierno norteamericano que para solucionar los graves problemas de seguridad pública de nuestro país.
¿Qué automovilista no ha sido detenido en innumerables retenes montados de sur a norte y prácticamente nunca en el sentido contrario? ¿Dónde están los detectores usados para encontrar droga, armas o dinero en los vehículos que van hacia Estados Unidos, que se aplicaran con la misma intensidad para detectar armas en los vehículos que ingresan a nuestro país?
¿Por qué si tanta enjundia aplican los gobernantes mexicanos en criticar a los estadounidenses, en la supuesta desidia de éstos, no la aplican en una medida siniestramente tan sencilla como lo es el de cambiar de sentido los retenes establecidos en todo el país, esto es, ponerlos en el sentido norte-sur, para así detener –o intentar detener el impresionante flujo de armas hacia nuestro país?
¿Por qué no piden, exigen, claman, los gobernadores de las entidades fronterizas, la aplicación de tan sencilla maniobra que va en beneficio directo de los habitantes que gobiernan, antes de enfrentarse a la triste realidad de ver en la calle a quienes previamente fueron detenidos por posesión de armas “de uso exclusivo del ejército” y que son liberados mediante el pago de una módica y expedita fianza?
¿Por qué no cambiar las cosas, cuidar a los mexicanos y que las autoridades norteamericanas se encarguen de vigilar que mercancías ingresan a su territorio? ¿Por qué no les copiamos en ese sentido?
¿Por qué no cambiamos las prioridades, en lugar de que sea la seguridad nacional de los norteamericanos, sea la nuestra?
Luis Javier Valero Flores
Y por desgracia, la prioridad incluye el absoluto respeto a la libertad de los estadounidenses de poseer las armas, en la cantidad y modalidad que desee, derecho que permite la vigorización de una de las industrias más prósperas de Estados Unidos, la bélico-militar, no importa que sea con base en el sufrimiento de los países dependientes de la más poderosa potencia del planeta.
Pero expliquémonos, según la nota de Juan de Dios Olivas, (El Diario, 13/03/11) en los últimos “15 meses —de enero del 2010 a la fecha—, la Aduana decomisó en los cruces internacionales de esta ciudad (Juárez) dos pistolas y un fusil, así como 3 mil 703 cartuchos, de acuerdo con datos oficiales”.
Tan ínfima cantidad, que refuta las triunfales declaraciones de todos los funcionarios federales acerca de su “extrema” preocupación por evitar el tráfico de armas, se aprecia de mejor manera si la comparamos con las cifras de armas incautadas en los mismos lugares en los años previos. “En el 2006, en esta misma área se lograron incautar 30 armas de fuego, 29 cargadores adicionales, 5 miras telescópicas, 20 mil 414 cartuchos de diversos calibres y 32 vehículos en los que se transportaba el armamento y el parque y en el 2007 se aseguraron 25 armas de fuego así como 17 mil 32 cartuchos de diversos calibres, transportados en 24 unidades. En el 2008 se incautaron 19 armas de fuego, una mira telescópica y 31 mil 590 cartuchos útiles de diferentes calibres, pero al año siguiente se presentó un drástico descenso y la Aduana no reportó aseguramientos”.
Inaceptable tal reporte. Más si se analiza que desde 2009 se instaló en los cruces turísticos equipamiento con tecnología de avanzada para “detectar armas, dinero, mercancías ilegales y vehículos con reporte de robo o alerta de que se intenten introducir al país”, así como de la incorporación de nuevo personal, oficialmente seleccionado bajo criterios muy estrictos.
Pero no es el único aspecto criticable del comportamiento del gobierno mexicano en materia de contrabando de armas (y no solamente).
No está de más recalcar que a lo largo del país, de sur a norte, existen no menos de 14 retenes, de distintos cuerpos policíacos, militares y de inmigración, entre la frontera sur y la norte de México, pero que fuera de la aduana establecida kilómetros delante de los puertos fronterizos norteños, no existe operativo alguno que le permitiera a las autoridades mexicanas detectar el tráfico de armas.
Así, nos gastamos –como país- verdaderas fortunas, tanto en la operación, como en la capacitación del personal, en el montaje de las distintas medidas que permitan detectar y detener el tráfico de drogas y personas hacia la nación norteamericana, pero prácticamente nada en la detención del contrabando procedente del norte. Y tal contrabando abarca infinidad de mercancías, legales o no.
Tales operativos más parecen los necesitados por el gobierno norteamericano que para solucionar los graves problemas de seguridad pública de nuestro país.
¿Qué automovilista no ha sido detenido en innumerables retenes montados de sur a norte y prácticamente nunca en el sentido contrario? ¿Dónde están los detectores usados para encontrar droga, armas o dinero en los vehículos que van hacia Estados Unidos, que se aplicaran con la misma intensidad para detectar armas en los vehículos que ingresan a nuestro país?
¿Por qué si tanta enjundia aplican los gobernantes mexicanos en criticar a los estadounidenses, en la supuesta desidia de éstos, no la aplican en una medida siniestramente tan sencilla como lo es el de cambiar de sentido los retenes establecidos en todo el país, esto es, ponerlos en el sentido norte-sur, para así detener –o intentar detener el impresionante flujo de armas hacia nuestro país?
¿Por qué no piden, exigen, claman, los gobernadores de las entidades fronterizas, la aplicación de tan sencilla maniobra que va en beneficio directo de los habitantes que gobiernan, antes de enfrentarse a la triste realidad de ver en la calle a quienes previamente fueron detenidos por posesión de armas “de uso exclusivo del ejército” y que son liberados mediante el pago de una módica y expedita fianza?
¿Por qué no cambiar las cosas, cuidar a los mexicanos y que las autoridades norteamericanas se encarguen de vigilar que mercancías ingresan a su territorio? ¿Por qué no les copiamos en ese sentido?
¿Por qué no cambiamos las prioridades, en lugar de que sea la seguridad nacional de los norteamericanos, sea la nuestra?
domingo, 13 de marzo de 2011
‘Chuecos’, primer diferendo
El Diario, 13 de marzo de 20111
Luis Javier Valero Flores
Seguramente habrá muchos más asuntos en los que los gobiernos federal y estatal han diferido y en los que, incluso, se hayan presentado situaciones ríspidas, pero públicamente la manera de abordar el problema de los vehículos internados ilegalmente al país –los “chuecos”– los ha llevado a niveles de la cuasi confrontación política.
Algo de eso hace presumir la insistencia del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado, en exigirle al gobernador César Duarte Jáquez que aplique “las facultades que le da la ley e impida la circulación de autos ‘chuecos’ en la entidad, con o sin firma del anexo 8 de la Ley de Coordinación Fiscal”. (Nota de Alejandro Salmón Aguilera, El Diario 12/03/11).
En un tono inusual, por los antecedentes inmediatos, le exigieron a Duarte que se dejara de buscar “excusas” y cumpliera con la promesa de no permitir la circulación de un solo vehículo sin identificación.
Más tajante, el diputado panista Jaime Beltrán del Río, integrante de la Comisión de Presupuesto del Congreso, afirmó que la administración estatal cuenta con las facultades necesarias para impedir la circulación de los chuecos, “sin necesidad de firmar el convenio de coordinación fiscal, y sin que la Federación le dé permiso”. (Ibídem).
No tiene desperdicio el discurso del legislador panista, le está exigiendo al gobierno estatal exactamente lo que no hace el federal, por puritita casualidad emanado de su partido, pues dice que “la ley faculta al gobierno a recoger cualquier artículo de contrabando, aunque no lo asegure, pero en ese caso lo puede entregar a la autoridad fiscal federal”. O sea, que el gobierno estatal detenga a los vehículos y se los entregue a Hacienda federal. Esto es, hacer todo lo que esa dependencia no ha sido capaz de efectuar a lo largo, ya, de más de 30 años.
¿Estará consciente de lo que está pidiendo? ¿Se imagina detener alrededor de 100 mil vehículos? ¿Dónde los van a depositar? ¿Será capaz de vislumbrar el conflicto social generado por una decisión de ese tipo?
¿Y por qué no explora otras soluciones, como por ejemplo la derivada del Tratado de Libre Comercio, consistente en que a partir del año 2008, el tránsito de vehículos entre los países firmantes debió ser libre de aranceles y que no se ha concretado porque el Gobierno Federal ha decretado una serie de normas para hacer nugatorio tal clausulado del TLC?
Vigilantes de las promesas realizadas por sus adversarios políticos, y olvidadizos de las efectuadas por sus correligionarios (¿Se acuerdan de quienes nos prometieron que bajarían el precio de los combustibles y ahora la gasolina ya cuesta 9 pesos el litro?), Héctor Ortiz Orpinel, coordinador de los diputados locales, reitera que Duarte prometió en su toma de protesta que a partir del primero de enero de este año “no circularía un solo vehículo sin identificar”.
Y es cierto.
El Estado censará los ‘chuecos’, ha advertido César Duarte desde fines del año pasado, para repetirlo invariablemente desde entonces, hasta la más reciente de sus declaraciones efectuadas apenas en el curso de la semana a distintos medios de comunicación. Dijo que “el Estado no puede seguir tolerando vehículos sin identificar, y a pesar de que no quiere lastimar la relación con la Federación, tendrá que poner un ultimátum a este problema”, pues “tenemos impresos los engomados, si la Federación no responde, en estos días los ubicamos y colocamos los engomados”.
Tal postura parece consolidarse con los días ante la postura del Gobierno Federal de posponer indefinidamente la legalización, que deberá aprobar tarde o temprano, y a lo mejor más pronto de lo que se imaginan muchos, pues estamos a poco más de un año de las elecciones presidenciales ¿Sería mucho especular que, a unos cuantos meses de la elección, Felipe Calderón emita un decreto aprobando la legalización de los chuecos?
¿En donde está el diferendo? ¿Dónde la explicación a la elevada permisividad para el internamiento de vehículos y la oposición a la legalización? ¿Por qué aceptar sin cambios el TLC y en el rubro de automotores imponer una serie de obstáculos para que se cumpla, tal y como fue aprobado por los gobernantes de América del Norte?
Una de las explicaciones podría encontrarse en la “abnegada” defensa de los empresarios vendedores de vehículos realizada por los gobernantes mexicanos, en detrimento de los compradores, a quienes se obliga a adquirir vehículos con precios muy por encima de los existentes en Estados Unidos.
Sin embargo, por encima de tales obstáculos, en Baja California encontraron el resquicio. A partir del uso de dos amparos, que ganaron al Gobierno federal comercializadoras de vehículos de Tijuana y Mexicali, el año pasado fueron importados en Ciudad Juárez 66 mil autos usados de procedencia extranjera, por agentes aduanales y comerciantes, según informó Manuel Miramontes, líder de ese gremio, cantidad que equivale a cuatro veces el número de vehículos fronterizados bajo la cobertura del programa “Todos Somos Juárez”, que logró la importación de 15 mil unidades.
Tales amparos, resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, permiten a las comercializadoras reducir el costo de importación hasta en un 70 por ciento. (Nota del Diario, 19 de febrero de 2011).
A su vez, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), en febrero, criticó la legalización de los 100 mil vehículos internados ilegalmente al país. El director de Relaciones Gubernamentales, Guillermo Rosales, se lanzó contra los gobiernos locales, como el de Chihuahua, interesados en regularizar autos ilegales importados, en el marco de la elección federal del próximo año. (Nota de Manuel Quezada Barrón, El Diario, 13/2/11).
Criticó el argumento del gobierno chihuahuense de que la mayor parte de los delitos se cometen en vehículos ilegales, argumento en el que coinciden el gobierno estatal y el federal. ¿De veras será así?
La postura de los dirigentes empresariales coincide con la esgrimida por los diputados locales del PAN, pues dicen que no es posible se permita la comercialización de vehículos chuecos a la vista de todos y los gobiernos estatales no hagan nada por frenarla, además de que no se impide la circulación de estos vehículos haciendo valer las medidas de Tránsito.
El representante de los distribuidores de automotores en el país señaló que tan sólo en el 2010 se importaron unas 430 mil unidades. A su vez, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (IAMIA), Eduardo Solís, consideró un verdadero problema “el boquete” legal que existe en el decreto importador de vehículos de la Secretaría de Hacienda y que permitió en dos años la introducción de aproximadamente 600 mil vehículos usados al país por la vía del amparo. Coincidió con la AMDA pues explicó que en el año 2009 llegaron al país 207 mil autos usados en malas condiciones, y en 2010 estimaba que la cifra llegaría a 430 mil vehículos (50% más), cobijados mediante la vía de los amparos.
Son de tal complejidad las negociaciones y los retruécanos utilizados por el Gobierno Federal, semejantes a los esgrimidos por los legisladores locales del blanquiazul, que para aceptar, por ejemplo, la fronterización de vehículos, la condicionan a que el gobierno estatal efectúe las funciones de oficina aduanal, sin que la administración federal aportara, ni los recursos económicos, ni la infraestructura necesaria para que el Gobierno de Chihuahua pudiera realizar tales funciones, como, por ejemplo, cuando se celebró la descentralización educativa, que fue acompañada de las respectivas partidas presupuestales. (Nota de Alejandro Salmón, 8/III/11).
Así, todo apunta a que el asunto de los “chuecos” será el primero de los temas en los que los gobernantes de los partidos mayores en Chihuahua mostrarán sus diferencias. En tanto pasan los días, aumenta el número de tales automotores y se deja crecer uno de los renglones de la crisis, no solamente de seguridad pública, sino de la legalidad vigente y Duarte ha insistido en su postura de no quitarle “a la gente un carro que le dejó otra autoridad pasar” y de emitir el engomado de identificación“ y el Gobierno Federal en no legalizarlos, por ahora”.
Luis Javier Valero Flores
Seguramente habrá muchos más asuntos en los que los gobiernos federal y estatal han diferido y en los que, incluso, se hayan presentado situaciones ríspidas, pero públicamente la manera de abordar el problema de los vehículos internados ilegalmente al país –los “chuecos”– los ha llevado a niveles de la cuasi confrontación política.
Algo de eso hace presumir la insistencia del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado, en exigirle al gobernador César Duarte Jáquez que aplique “las facultades que le da la ley e impida la circulación de autos ‘chuecos’ en la entidad, con o sin firma del anexo 8 de la Ley de Coordinación Fiscal”. (Nota de Alejandro Salmón Aguilera, El Diario 12/03/11).
En un tono inusual, por los antecedentes inmediatos, le exigieron a Duarte que se dejara de buscar “excusas” y cumpliera con la promesa de no permitir la circulación de un solo vehículo sin identificación.
Más tajante, el diputado panista Jaime Beltrán del Río, integrante de la Comisión de Presupuesto del Congreso, afirmó que la administración estatal cuenta con las facultades necesarias para impedir la circulación de los chuecos, “sin necesidad de firmar el convenio de coordinación fiscal, y sin que la Federación le dé permiso”. (Ibídem).
No tiene desperdicio el discurso del legislador panista, le está exigiendo al gobierno estatal exactamente lo que no hace el federal, por puritita casualidad emanado de su partido, pues dice que “la ley faculta al gobierno a recoger cualquier artículo de contrabando, aunque no lo asegure, pero en ese caso lo puede entregar a la autoridad fiscal federal”. O sea, que el gobierno estatal detenga a los vehículos y se los entregue a Hacienda federal. Esto es, hacer todo lo que esa dependencia no ha sido capaz de efectuar a lo largo, ya, de más de 30 años.
¿Estará consciente de lo que está pidiendo? ¿Se imagina detener alrededor de 100 mil vehículos? ¿Dónde los van a depositar? ¿Será capaz de vislumbrar el conflicto social generado por una decisión de ese tipo?
¿Y por qué no explora otras soluciones, como por ejemplo la derivada del Tratado de Libre Comercio, consistente en que a partir del año 2008, el tránsito de vehículos entre los países firmantes debió ser libre de aranceles y que no se ha concretado porque el Gobierno Federal ha decretado una serie de normas para hacer nugatorio tal clausulado del TLC?
Vigilantes de las promesas realizadas por sus adversarios políticos, y olvidadizos de las efectuadas por sus correligionarios (¿Se acuerdan de quienes nos prometieron que bajarían el precio de los combustibles y ahora la gasolina ya cuesta 9 pesos el litro?), Héctor Ortiz Orpinel, coordinador de los diputados locales, reitera que Duarte prometió en su toma de protesta que a partir del primero de enero de este año “no circularía un solo vehículo sin identificar”.
Y es cierto.
El Estado censará los ‘chuecos’, ha advertido César Duarte desde fines del año pasado, para repetirlo invariablemente desde entonces, hasta la más reciente de sus declaraciones efectuadas apenas en el curso de la semana a distintos medios de comunicación. Dijo que “el Estado no puede seguir tolerando vehículos sin identificar, y a pesar de que no quiere lastimar la relación con la Federación, tendrá que poner un ultimátum a este problema”, pues “tenemos impresos los engomados, si la Federación no responde, en estos días los ubicamos y colocamos los engomados”.
Tal postura parece consolidarse con los días ante la postura del Gobierno Federal de posponer indefinidamente la legalización, que deberá aprobar tarde o temprano, y a lo mejor más pronto de lo que se imaginan muchos, pues estamos a poco más de un año de las elecciones presidenciales ¿Sería mucho especular que, a unos cuantos meses de la elección, Felipe Calderón emita un decreto aprobando la legalización de los chuecos?
¿En donde está el diferendo? ¿Dónde la explicación a la elevada permisividad para el internamiento de vehículos y la oposición a la legalización? ¿Por qué aceptar sin cambios el TLC y en el rubro de automotores imponer una serie de obstáculos para que se cumpla, tal y como fue aprobado por los gobernantes de América del Norte?
Una de las explicaciones podría encontrarse en la “abnegada” defensa de los empresarios vendedores de vehículos realizada por los gobernantes mexicanos, en detrimento de los compradores, a quienes se obliga a adquirir vehículos con precios muy por encima de los existentes en Estados Unidos.
Sin embargo, por encima de tales obstáculos, en Baja California encontraron el resquicio. A partir del uso de dos amparos, que ganaron al Gobierno federal comercializadoras de vehículos de Tijuana y Mexicali, el año pasado fueron importados en Ciudad Juárez 66 mil autos usados de procedencia extranjera, por agentes aduanales y comerciantes, según informó Manuel Miramontes, líder de ese gremio, cantidad que equivale a cuatro veces el número de vehículos fronterizados bajo la cobertura del programa “Todos Somos Juárez”, que logró la importación de 15 mil unidades.
Tales amparos, resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, permiten a las comercializadoras reducir el costo de importación hasta en un 70 por ciento. (Nota del Diario, 19 de febrero de 2011).
A su vez, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), en febrero, criticó la legalización de los 100 mil vehículos internados ilegalmente al país. El director de Relaciones Gubernamentales, Guillermo Rosales, se lanzó contra los gobiernos locales, como el de Chihuahua, interesados en regularizar autos ilegales importados, en el marco de la elección federal del próximo año. (Nota de Manuel Quezada Barrón, El Diario, 13/2/11).
Criticó el argumento del gobierno chihuahuense de que la mayor parte de los delitos se cometen en vehículos ilegales, argumento en el que coinciden el gobierno estatal y el federal. ¿De veras será así?
La postura de los dirigentes empresariales coincide con la esgrimida por los diputados locales del PAN, pues dicen que no es posible se permita la comercialización de vehículos chuecos a la vista de todos y los gobiernos estatales no hagan nada por frenarla, además de que no se impide la circulación de estos vehículos haciendo valer las medidas de Tránsito.
El representante de los distribuidores de automotores en el país señaló que tan sólo en el 2010 se importaron unas 430 mil unidades. A su vez, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (IAMIA), Eduardo Solís, consideró un verdadero problema “el boquete” legal que existe en el decreto importador de vehículos de la Secretaría de Hacienda y que permitió en dos años la introducción de aproximadamente 600 mil vehículos usados al país por la vía del amparo. Coincidió con la AMDA pues explicó que en el año 2009 llegaron al país 207 mil autos usados en malas condiciones, y en 2010 estimaba que la cifra llegaría a 430 mil vehículos (50% más), cobijados mediante la vía de los amparos.
Son de tal complejidad las negociaciones y los retruécanos utilizados por el Gobierno Federal, semejantes a los esgrimidos por los legisladores locales del blanquiazul, que para aceptar, por ejemplo, la fronterización de vehículos, la condicionan a que el gobierno estatal efectúe las funciones de oficina aduanal, sin que la administración federal aportara, ni los recursos económicos, ni la infraestructura necesaria para que el Gobierno de Chihuahua pudiera realizar tales funciones, como, por ejemplo, cuando se celebró la descentralización educativa, que fue acompañada de las respectivas partidas presupuestales. (Nota de Alejandro Salmón, 8/III/11).
Así, todo apunta a que el asunto de los “chuecos” será el primero de los temas en los que los gobernantes de los partidos mayores en Chihuahua mostrarán sus diferencias. En tanto pasan los días, aumenta el número de tales automotores y se deja crecer uno de los renglones de la crisis, no solamente de seguridad pública, sino de la legalidad vigente y Duarte ha insistido en su postura de no quitarle “a la gente un carro que le dejó otra autoridad pasar” y de emitir el engomado de identificación“ y el Gobierno Federal en no legalizarlos, por ahora”.
jueves, 10 de marzo de 2011
A “revitalizar” el transporte
El Diario, 10 de marzo de 2011
Luis Javier Valero Flores
La iniciativa anunciada el martes por el gobernador César Duarte, de crear un fideicomiso para reforzar –“vitalizar” – el transporte público urbano, sobre todo de las ciudades de Chihuahua y Juárez, representa un episodio más de la larga saga de este asunto, vital en la vida de cualquier urbe moderna del mundo, y más en la de las dos ciudades mayores chihuahuenses que por distintas razones, hace tiempo, requieren de una cirugía mayor en este servicio pues la deficiencia en la prestación del mismo, y las condiciones propias, generadas por la ubicación geográfica, han propiciado una de las peores consecuencias para el cuidado del medio ambiente, el desmesurado crecimiento del transporte particular.
Ahí es en donde debemos ubicar la principal razón del hecho de que sean de las ciudades con el mayor índice de automóviles por habitante, en cuyo rubro sólo somos superados por la zona metropolitana de la ciudad de México, con las previsibles consecuencias en la vida de sus habitantes, una de las cuales ya empieza a ser parte de las estadísticas de salud pública, esto es, el del elevado índice de personas afectadas de alguna alergia, especialmente las que inciden en el aparato respiratorio.
No sólo son las condiciones climáticas, el hecho de habitar en el semidesierto, o el de la generación de infinidad de sustancias derivadas de la actividad industrial, sino de los contaminantes generados por la elevada cantidad de automotores y, por supuesto, de las condiciones mecánicas de los mismos, en las que la elevada antigüedad de ellos se presenta no solamente en los del transporte urbano, sino también en los del transporte privado y cuya máxima expresión es el abultado número de vehículos extranjeros internados ilegalmente con largos años de uso.
Esos son solamente una parte de las numerosas aristas alrededor del transporte urbano. El 10 de marzo de 2009 los integrantes del Frente de Consumidores (Fedeco) –una organización de la ciudad de Chihuahua creada hace ya más de 30 años, probablemente a partir del lanzamiento de los Pactos de Austeridad– en un documento entregado al Gobernador del Estado hacían hincapié en que de 1998 al 2009, el gobierno del estado había autorizado el aumento del costo del pasaje de transporte urbano en más de un 172 por ciento: de 2 pesos 20 centavos en 1998, a 6 pesos en agosto de 2009. En ese mismo período, argumentaba el Fedeco, los salarios habían aumentado solo un 62.9 por ciento al pasar de 31 pesos 91 en 1998 a $51.95 en 2009.
La desproporción es apabullante, en 1998 con un salario mínimo se podían pagar 14.50 pasajes y en agosto de 2009 solo se podían pagar 8.65 pasajes. Tales proporciones no solo se atenuaron sino que se profundizaron.
Las quejas de los usuarios son extremadamente repetitivas. Nada ha cambiado, todos los años se repite la misma trama en la discusión acerca de las tarifas y las reiteradas promesas gubernamentales de ahora sí poner orden. Así, el gobierno estatal anterior (para no recordar la promesa de Juan Blanco, el alcalde capitalino de extracción panista, que prometió en la campaña electoral construir el “metro”, sin matizar su propuesta que a lo más que debería hacer su gobierno era iniciar el largo y costoso proceso de la modernización del transporte urbano) adelantó que se darían los pasos iniciales de la tan ansiada modernización.
Por razones nunca bien conocidas, ni explicadas, tales proyectos no se concretaron. No debíamos ir muy lejos por las explicaciones, los propietarios de las concesiones del transporte ejercen un raro poder sobre los gobernantes. Sexenio tras sexenio y nada cambia en tal servicio. Del mismo modo, en el gobierno de Reyes Baeza se anunció la casi inmediata instalación de los taxímetros, con el objetivo de mejorar el servicio de taxis y acabar con los permanentes abusos en el cobro del mismo, sin duda alguna uno de los más caros del país.
Igualmente, nada pasó.
Ahora se anuncia un nuevo intento gubernamental en tal sentido. Enhorabuena, ojalá ahora sí.
Luis Javier Valero Flores
La iniciativa anunciada el martes por el gobernador César Duarte, de crear un fideicomiso para reforzar –“vitalizar” – el transporte público urbano, sobre todo de las ciudades de Chihuahua y Juárez, representa un episodio más de la larga saga de este asunto, vital en la vida de cualquier urbe moderna del mundo, y más en la de las dos ciudades mayores chihuahuenses que por distintas razones, hace tiempo, requieren de una cirugía mayor en este servicio pues la deficiencia en la prestación del mismo, y las condiciones propias, generadas por la ubicación geográfica, han propiciado una de las peores consecuencias para el cuidado del medio ambiente, el desmesurado crecimiento del transporte particular.
Ahí es en donde debemos ubicar la principal razón del hecho de que sean de las ciudades con el mayor índice de automóviles por habitante, en cuyo rubro sólo somos superados por la zona metropolitana de la ciudad de México, con las previsibles consecuencias en la vida de sus habitantes, una de las cuales ya empieza a ser parte de las estadísticas de salud pública, esto es, el del elevado índice de personas afectadas de alguna alergia, especialmente las que inciden en el aparato respiratorio.
No sólo son las condiciones climáticas, el hecho de habitar en el semidesierto, o el de la generación de infinidad de sustancias derivadas de la actividad industrial, sino de los contaminantes generados por la elevada cantidad de automotores y, por supuesto, de las condiciones mecánicas de los mismos, en las que la elevada antigüedad de ellos se presenta no solamente en los del transporte urbano, sino también en los del transporte privado y cuya máxima expresión es el abultado número de vehículos extranjeros internados ilegalmente con largos años de uso.
Esos son solamente una parte de las numerosas aristas alrededor del transporte urbano. El 10 de marzo de 2009 los integrantes del Frente de Consumidores (Fedeco) –una organización de la ciudad de Chihuahua creada hace ya más de 30 años, probablemente a partir del lanzamiento de los Pactos de Austeridad– en un documento entregado al Gobernador del Estado hacían hincapié en que de 1998 al 2009, el gobierno del estado había autorizado el aumento del costo del pasaje de transporte urbano en más de un 172 por ciento: de 2 pesos 20 centavos en 1998, a 6 pesos en agosto de 2009. En ese mismo período, argumentaba el Fedeco, los salarios habían aumentado solo un 62.9 por ciento al pasar de 31 pesos 91 en 1998 a $51.95 en 2009.
La desproporción es apabullante, en 1998 con un salario mínimo se podían pagar 14.50 pasajes y en agosto de 2009 solo se podían pagar 8.65 pasajes. Tales proporciones no solo se atenuaron sino que se profundizaron.
Las quejas de los usuarios son extremadamente repetitivas. Nada ha cambiado, todos los años se repite la misma trama en la discusión acerca de las tarifas y las reiteradas promesas gubernamentales de ahora sí poner orden. Así, el gobierno estatal anterior (para no recordar la promesa de Juan Blanco, el alcalde capitalino de extracción panista, que prometió en la campaña electoral construir el “metro”, sin matizar su propuesta que a lo más que debería hacer su gobierno era iniciar el largo y costoso proceso de la modernización del transporte urbano) adelantó que se darían los pasos iniciales de la tan ansiada modernización.
Por razones nunca bien conocidas, ni explicadas, tales proyectos no se concretaron. No debíamos ir muy lejos por las explicaciones, los propietarios de las concesiones del transporte ejercen un raro poder sobre los gobernantes. Sexenio tras sexenio y nada cambia en tal servicio. Del mismo modo, en el gobierno de Reyes Baeza se anunció la casi inmediata instalación de los taxímetros, con el objetivo de mejorar el servicio de taxis y acabar con los permanentes abusos en el cobro del mismo, sin duda alguna uno de los más caros del país.
Igualmente, nada pasó.
Ahora se anuncia un nuevo intento gubernamental en tal sentido. Enhorabuena, ojalá ahora sí.
martes, 8 de marzo de 2011
Mujeres y niños primero
El Diario, 8 de marzo de 2011
Luis Javier Valero Flores
La clásica frase, usada para los casos de desastre, particularmente en los naufragios, pareciera ser el vivo retrato de lo sucedido en Chihuahua a partir de principios del 2008, particularmente en Juárez y el Valle de Juárez, zonas que deberán considerarse zonas de guerra, no sólo por el número de personas asesinadas (y heridas, que en los recuentos siniestros efectuados se nos olvida que las “bajas” abarcan a los heridos) sino, también, por el número de mujeres victimadas y, sobre todo, por las condiciones en las que viven la mayoría de las chihuahuenses en esta época.
No está por demás recordar que en todos los conflictos bélicos las mujeres son quienes resienten más sus efectos y son sometidas a las peores condiciones, aún peores que los de los tiempos “normales”. Otro rasgo, central, para considerarnos como parte de las víctimas de una guerra es el del éxodo y la adquisición del carácter de refugiados de quienes, por razones colectivas o individuales, deben emigrar de la zona del conflicto.
Precisamente hoy deberemos recordar que, para nuestra desgracia, a las mujeres se les suele considerar como parte del botín de guerra y que los ataques a ellas llegan a los extremos, como el del conflicto de los territorios de la vieja Yugoslavia, en el que fueron usadas para el exterminio étnico.
En Juárez, como en cualquier zona de guerra, sucede de la misma manera. De acuerdo, con Julia Monárrez Fragoso, directora de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), tan sólo durante la vigencia del Operativo Conjunto Chihuahua (y las subsecuentes denominaciones), fueron asesinadas 692 mujeres en Juárez, que presuntamente estaban implicadas de alguna manera con el crimen organizado.
Tal cifra choca frontalmente con el hecho de que de 1993 a 2007 se contaban 45 mujeres asesinadas por los mismos motivos, según la información proporcionada por esta investigadora, a partir de su libro Violencia contra las mujeres e inseguridad ciudadana en Ciudad Juárez.
Más aún, la cifra de feminicidios, sin relación con el crimen organizado, entre 1993 y 2005, ascendieron a 442 y ahora se cuentan mil 192.
Si a tan salvajes cifras sumamos el número de huérfanos, hijos de personas ejecutadas, calculadas en poco más de 4 mil, y de que en más del 60% de los asesinados en esta racha homicida eran menores de 30 años, estaremos ofreciendo el tétrico retrato de una sociedad altamente violentada y en la cual sus integrantes más indefensos sufren las consecuencias de una política absolutamente equivocada, pues los efectos buscados por las autoridades federales para involucrar al total de las agrupaciones en el seudo combate al narcotráfico son precisamente los contrarios.
Pero no es el único aspecto de esta tragedia, en el que son primordialmente las mujeres y los niños quienes más la resienten (por supuesto, descontamos la principal baja, la de la vida de miles y miles que se cuentan en más de 11 mil en el estado a partir de marzo de 2008) y es el de verse obligados a emigrar.
Así, el éxodo juarense asciende, en tan solo 3 años, a alrededor de 230 mil personas, (de acuerdo con una encuesta realizada por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez) “de las cuales más de la mitad se refugiaron en el vecino país”. (Nota de Angélica Villegas, El Diario, 06-03-2011) con todas sus implicaciones, las mismas que se advierten en la inocultable disminución de la actividad económica.
Tal situación es más grave aún en el Valle de Juárez en el cual, según distintos cálculos, “el 50 por ciento de la población huyó por la inseguridad y violencia que abaten a esa zona” y que en Juárez apenas haya aumentado en 1.8% su población en cinco años, “en contraste con la capital del estado, la cual incrementó su número de habitantes en un 8 por ciento, de acuerdo con cifras oficiales”. (Nota de Alejandro Salmón, El Diario/Corresponsal, 07-03-2011).
Pero tales cifras esconden, o no traslucen las miles de tragedias familiares en las que, finalmente, son las mujeres –esposas, madres, hijas- quienes deberán asumir diversas responsabilidades, la mayor parte de ellas derivadas de su relación de pareja, en un entorno absolutamente hostil pues, no descubrimos nada nuevo, los conflictos bélicos despiertan las peores conductas de sus participantes, empezando, claro está, por la del desprecio a la vida.
En tales condiciones hoy celebramos el Día Internacional de las Mujeres.
¡Bendita conmemoración!
Luis Javier Valero Flores
La clásica frase, usada para los casos de desastre, particularmente en los naufragios, pareciera ser el vivo retrato de lo sucedido en Chihuahua a partir de principios del 2008, particularmente en Juárez y el Valle de Juárez, zonas que deberán considerarse zonas de guerra, no sólo por el número de personas asesinadas (y heridas, que en los recuentos siniestros efectuados se nos olvida que las “bajas” abarcan a los heridos) sino, también, por el número de mujeres victimadas y, sobre todo, por las condiciones en las que viven la mayoría de las chihuahuenses en esta época.
No está por demás recordar que en todos los conflictos bélicos las mujeres son quienes resienten más sus efectos y son sometidas a las peores condiciones, aún peores que los de los tiempos “normales”. Otro rasgo, central, para considerarnos como parte de las víctimas de una guerra es el del éxodo y la adquisición del carácter de refugiados de quienes, por razones colectivas o individuales, deben emigrar de la zona del conflicto.
Precisamente hoy deberemos recordar que, para nuestra desgracia, a las mujeres se les suele considerar como parte del botín de guerra y que los ataques a ellas llegan a los extremos, como el del conflicto de los territorios de la vieja Yugoslavia, en el que fueron usadas para el exterminio étnico.
En Juárez, como en cualquier zona de guerra, sucede de la misma manera. De acuerdo, con Julia Monárrez Fragoso, directora de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), tan sólo durante la vigencia del Operativo Conjunto Chihuahua (y las subsecuentes denominaciones), fueron asesinadas 692 mujeres en Juárez, que presuntamente estaban implicadas de alguna manera con el crimen organizado.
Tal cifra choca frontalmente con el hecho de que de 1993 a 2007 se contaban 45 mujeres asesinadas por los mismos motivos, según la información proporcionada por esta investigadora, a partir de su libro Violencia contra las mujeres e inseguridad ciudadana en Ciudad Juárez.
Más aún, la cifra de feminicidios, sin relación con el crimen organizado, entre 1993 y 2005, ascendieron a 442 y ahora se cuentan mil 192.
Si a tan salvajes cifras sumamos el número de huérfanos, hijos de personas ejecutadas, calculadas en poco más de 4 mil, y de que en más del 60% de los asesinados en esta racha homicida eran menores de 30 años, estaremos ofreciendo el tétrico retrato de una sociedad altamente violentada y en la cual sus integrantes más indefensos sufren las consecuencias de una política absolutamente equivocada, pues los efectos buscados por las autoridades federales para involucrar al total de las agrupaciones en el seudo combate al narcotráfico son precisamente los contrarios.
Pero no es el único aspecto de esta tragedia, en el que son primordialmente las mujeres y los niños quienes más la resienten (por supuesto, descontamos la principal baja, la de la vida de miles y miles que se cuentan en más de 11 mil en el estado a partir de marzo de 2008) y es el de verse obligados a emigrar.
Así, el éxodo juarense asciende, en tan solo 3 años, a alrededor de 230 mil personas, (de acuerdo con una encuesta realizada por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez) “de las cuales más de la mitad se refugiaron en el vecino país”. (Nota de Angélica Villegas, El Diario, 06-03-2011) con todas sus implicaciones, las mismas que se advierten en la inocultable disminución de la actividad económica.
Tal situación es más grave aún en el Valle de Juárez en el cual, según distintos cálculos, “el 50 por ciento de la población huyó por la inseguridad y violencia que abaten a esa zona” y que en Juárez apenas haya aumentado en 1.8% su población en cinco años, “en contraste con la capital del estado, la cual incrementó su número de habitantes en un 8 por ciento, de acuerdo con cifras oficiales”. (Nota de Alejandro Salmón, El Diario/Corresponsal, 07-03-2011).
Pero tales cifras esconden, o no traslucen las miles de tragedias familiares en las que, finalmente, son las mujeres –esposas, madres, hijas- quienes deberán asumir diversas responsabilidades, la mayor parte de ellas derivadas de su relación de pareja, en un entorno absolutamente hostil pues, no descubrimos nada nuevo, los conflictos bélicos despiertan las peores conductas de sus participantes, empezando, claro está, por la del desprecio a la vida.
En tales condiciones hoy celebramos el Día Internacional de las Mujeres.
¡Bendita conmemoración!
domingo, 6 de marzo de 2011
¿Alianzas impúdicas?
El Diario, 6 de marzo de 2011
Luis Javier Valero Flores
Impúdico: Sin pudor, sin recato.
Pudor: Honestidad, modestia, recato.
Diccionario de la lengua española, Real Academia Española
Conforme pasan los días, y por consiguiente se acerca la elección presidencial, crece la importancia de la elección en el Estado de México, de ahí los continuos pronunciamientos de los actores políticos y, ¡Oh sorpresa, las frases para el enriquecimiento de la picaresca mexicana como la pronunciada por el nuevo dirigente del PRI, Humberto Moreira, quien inauguró su gestión con un discurso –quizá con la marca de la casa– que prefigura una actuación pletórica de descalificaciones hacia sus adversarios políticos y, por lo que oímos en Querétaro, abundante en frases que ya las quisiera Nikito Nipongo para acrecentar su bagaje de perlas, especialmente las lanzadas por la clase política mexicana.
En esa ocasión denostó a la alianza, sin mencionarla específicamente, del PAN y el PRD en el Estado de México, asunto en el cual acapara mayormente la atención la postura del PRD respecto a la misma.
Y lo es porque, como en otros aspectos de la vida política, Jesús Ortega y Andrés Manuel López Obrador –y sus respectivas corrientes políticas– han chocado frontalmente. El ex candidato presidencial se opone férreamente a la alianza de estos dos partidos en el Edomex y enfrente, tal vez con el mismo ímpetu, impulsan fuertemente la alianza.
Sin duda alguna que tales posturas tienen un elevado contenido ideológico, empero, del análisis de los comportamientos políticos y de los resultados de las últimas elecciones podría concluirse que las posturas de todos los actores políticos tienen en el centro de su atención la necesidad de obtener el más alto porcentaje posible del electorado mexiquense, cuyo padrón asciende a 10 millones 300 mil electores.
De tal modo que si votara el 60% de ellos, querría decir que se disputan 6 millones 360 mil votos. Contar con la tercera parte de los votos mexiquenses equivale a, por ejemplo, cuatro veces la votación obtenida por César Duarte en 2010, y a cinco la alcanzada por Carlos Borruel.
No es, entonces, tan descabellada la oposición de AMLO a la alianza, ni tan desubicada la pretensión del panismo en alcanzarla. Y, por supuesto, la preocupación del priísmo es más que justificada, pero en este caso, se exacerba la importancia porque perder el Estado de México es, además de disminuir su porcentaje en el país, la pérdida de imagen de su cuasi candidato presidencial.
Si tal cosa sucediese arrancarían con una desventaja –si bien “sicológica”– desventaja al fin y al cabo, pues los electores en el país podrían muy bien concluir que si tan mal califica el electorado mexiquense a quien fue su gobernante, entonces no debería ser considerado buen candidato para la Presidencia.
Pero si tales aspectos tienen importancia capital para el PRI, lo puesto en juego por el PAN y el grupo de AMLO no la contiene en menor grado.
Por el giro impuesto a su política electoral a lo largo del año anterior y lo transcurrido del presente, tal pareciera que en el PAN resolvieron dar pie a una que fuera algo así como el control de daños, de acuerdo con los resultados electorales del 2009 y las previsiones al inicio del año 2010. Decidieron, mejor, antes que sufrir una caída libre en los resultados electorales, abrirse a las posibilidades de postular candidatos ajenos e impulsar por todos los medios posibles la alianza con el PRD, de ese modo si los resultados fueran negativos no incidiría demasiado en la imagen electoral del PAN en el 2012.
Pero si en cambio lograsen –como así fue en tres casos– éxitos electorales, bien podrían, con un adecuado manejo mediático, dar la apariencia que en realidad se trató de triunfos del blanquiazul, como en distintas ocasiones lo han presumido sus dirigentes nacionales.
No es desmesurada tal especulación, las preferencias electorales, en todas las encuestas realizadas hasta hace un año mostraban niveles extremadamente bajos para el PAN; de seguir tal tendencia podrían haberse encontrado con la posibilidad de que su candidato presidencial no rebasase el 20% de la votación, como ahora lo demuestran los resultados de las encuestas efectuadas, en particular la última de la empresa Mitofsky, que le otorga a Santiago Creel el 16% de las preferencias electorales, apenas 0.5% por encima de López Obrador, por el 48% de Peña Nieto.
De ese modo, para el PAN es imprescindible ir aliado al PRD en el Estado de México pues así emergería, no como el partido en caída libre, sino como el que salió airoso con una adecuada política de alianzas.
El problema, para este esquema, es que donde la alianza PAN-PRD triunfó fue debido a la existencia de candidatos fuertes, con una extendida estructura territorial y, lo más importante, que procedían –salvo Gabino Cué en Oaxaca– de procesos internos del PRI.
Es decir, la alianza no solo triunfó en esas entidades por la fortaleza de sus candidatos sino, también, por la debilidad causada al PRI por las fracturas. Tales características no se dan, hasta el momento, en el Estado de México.
Por el PRD, y más concretamente, en el lopezobradorismo, se advierte, en el rechazo a la alianza, una visión a más largo plazo, esto es, al 2012. Hasta antes del anuncio de Alejandro Encinas –el ex jefe de gobierno y uno de los hombres más cercanos al ex candidato presidencial– las preferencias electorales en esa entidad no rebasaban el 15%, con la aparición de Encinas empezó el crecimiento y seguramente por estas fechas habrá rebasado el 20%. Nada nos lleva a pensar que esa tendencia ya se estancó, por el contrario, es muy probable que al inicio de la campaña –en abril– haya llegado al 25%, y si hubiese alcanzado tales niveles, entonces estará en la competencia por la gubernatura, a la espera del desgaste sufrido por el PRI en el proceso de elección de candidato, cosa que aún no está, de ninguna manera, resuelta.
Pero más allá del resultado a la gubernatura –que importa, y mucho– en el fondo de la apuesta lopezobradorista se encuentra el ir al rescate de los millones de votos perdidos por el PRD en las últimas elecciones locales y federales, y hay mucha diferencia entre obtener 900 mil votos y 2 millones. Más si se analiza en detalle la geografía –y la geografía electoral– de la entidad mexiquense y sus colindancias con entidades y regiones con una fuerte influencia perredista.
Así, el DF influye fuertemente en el oriente mexiquense, zona en la que el PRD ha gobernado los muy poblados municipios de Nezahualcóyotl, Chalco y Los Reyes, amén de otros menores. Postular a un candidato fuerte, propio, como Encinas, podría potenciar las fuerzas perredistas y aspirar a recuperarlos. Del mismo modo, en el norte defeño se ubica Ecatepec, el municipio más poblado del país y que los perredistas aspirarían a recuperarlo.
Por otra parte, los municipios mexiquenses colindan con la Tierra Caliente michoacana y la guerrerense. Recordemos que en Guerrero el PRI sufrió una muy dolorosa derrota y la influencia perredista se extendió y, al mismo tiempo, en Michoacán se celebran este año, también, elecciones a gobernador.
De tal modo que postular un candidato propio llevaría a los perredistas a la disputa de un sinfín de posiciones municipales que de frente a las elecciones presidenciales de mucho les servirían para afrontarlas con mejores expectativas; más aún, implicaría, de mantener en 30% su porcentaje de votación (que seguramente elevarían pues en las de 2006 obtuvieron cifras superiores al 40%) obtener 2 millones de votos, a los cuales se le sumarían –por lo menos– los poco más de 3 millones de votos que podrían obtener en el DF (López Obrador obtuvo el 70% de la votación en 2006).
Así, en solo dos entidades alcanzarían la tercera parte de los votos obtenidos en 2006 –15 millones– cifra un poco menor a la necesaria para que triunfe cualquiera de los candidatos de los tres partidos mayores.
Si a eso le sumamos las expectativas perredistas de obtener el 40% de los votos en Guerrero y Michoacán (500 mil y 700 mil respectivamente) llevaría al candidato perredista –o de la alianza de partidos– a estar muy cerca de la mitad de los votos necesarios para ganar la Presidencia de la República.
De ese modo, la controversia acerca de la alianza en el Estado de México rebasa la simple argumentación de intentar acabar con la hegemonía priísta en esa entidad, como arguyen los dirigentes formales del PRD y los del blanquiazul. En la discusión se encuentra, sin ninguna duda, la disputa presidencial, de ahí la “creatividad” del nuevo dirigente priísta.
Correo electrónico: asertodechihuahua@yahoo.com.mx
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
Impúdico: Sin pudor, sin recato.
Pudor: Honestidad, modestia, recato.
Diccionario de la lengua española, Real Academia Española
Conforme pasan los días, y por consiguiente se acerca la elección presidencial, crece la importancia de la elección en el Estado de México, de ahí los continuos pronunciamientos de los actores políticos y, ¡Oh sorpresa, las frases para el enriquecimiento de la picaresca mexicana como la pronunciada por el nuevo dirigente del PRI, Humberto Moreira, quien inauguró su gestión con un discurso –quizá con la marca de la casa– que prefigura una actuación pletórica de descalificaciones hacia sus adversarios políticos y, por lo que oímos en Querétaro, abundante en frases que ya las quisiera Nikito Nipongo para acrecentar su bagaje de perlas, especialmente las lanzadas por la clase política mexicana.
En esa ocasión denostó a la alianza, sin mencionarla específicamente, del PAN y el PRD en el Estado de México, asunto en el cual acapara mayormente la atención la postura del PRD respecto a la misma.
Y lo es porque, como en otros aspectos de la vida política, Jesús Ortega y Andrés Manuel López Obrador –y sus respectivas corrientes políticas– han chocado frontalmente. El ex candidato presidencial se opone férreamente a la alianza de estos dos partidos en el Edomex y enfrente, tal vez con el mismo ímpetu, impulsan fuertemente la alianza.
Sin duda alguna que tales posturas tienen un elevado contenido ideológico, empero, del análisis de los comportamientos políticos y de los resultados de las últimas elecciones podría concluirse que las posturas de todos los actores políticos tienen en el centro de su atención la necesidad de obtener el más alto porcentaje posible del electorado mexiquense, cuyo padrón asciende a 10 millones 300 mil electores.
De tal modo que si votara el 60% de ellos, querría decir que se disputan 6 millones 360 mil votos. Contar con la tercera parte de los votos mexiquenses equivale a, por ejemplo, cuatro veces la votación obtenida por César Duarte en 2010, y a cinco la alcanzada por Carlos Borruel.
No es, entonces, tan descabellada la oposición de AMLO a la alianza, ni tan desubicada la pretensión del panismo en alcanzarla. Y, por supuesto, la preocupación del priísmo es más que justificada, pero en este caso, se exacerba la importancia porque perder el Estado de México es, además de disminuir su porcentaje en el país, la pérdida de imagen de su cuasi candidato presidencial.
Si tal cosa sucediese arrancarían con una desventaja –si bien “sicológica”– desventaja al fin y al cabo, pues los electores en el país podrían muy bien concluir que si tan mal califica el electorado mexiquense a quien fue su gobernante, entonces no debería ser considerado buen candidato para la Presidencia.
Pero si tales aspectos tienen importancia capital para el PRI, lo puesto en juego por el PAN y el grupo de AMLO no la contiene en menor grado.
Por el giro impuesto a su política electoral a lo largo del año anterior y lo transcurrido del presente, tal pareciera que en el PAN resolvieron dar pie a una que fuera algo así como el control de daños, de acuerdo con los resultados electorales del 2009 y las previsiones al inicio del año 2010. Decidieron, mejor, antes que sufrir una caída libre en los resultados electorales, abrirse a las posibilidades de postular candidatos ajenos e impulsar por todos los medios posibles la alianza con el PRD, de ese modo si los resultados fueran negativos no incidiría demasiado en la imagen electoral del PAN en el 2012.
Pero si en cambio lograsen –como así fue en tres casos– éxitos electorales, bien podrían, con un adecuado manejo mediático, dar la apariencia que en realidad se trató de triunfos del blanquiazul, como en distintas ocasiones lo han presumido sus dirigentes nacionales.
No es desmesurada tal especulación, las preferencias electorales, en todas las encuestas realizadas hasta hace un año mostraban niveles extremadamente bajos para el PAN; de seguir tal tendencia podrían haberse encontrado con la posibilidad de que su candidato presidencial no rebasase el 20% de la votación, como ahora lo demuestran los resultados de las encuestas efectuadas, en particular la última de la empresa Mitofsky, que le otorga a Santiago Creel el 16% de las preferencias electorales, apenas 0.5% por encima de López Obrador, por el 48% de Peña Nieto.
De ese modo, para el PAN es imprescindible ir aliado al PRD en el Estado de México pues así emergería, no como el partido en caída libre, sino como el que salió airoso con una adecuada política de alianzas.
El problema, para este esquema, es que donde la alianza PAN-PRD triunfó fue debido a la existencia de candidatos fuertes, con una extendida estructura territorial y, lo más importante, que procedían –salvo Gabino Cué en Oaxaca– de procesos internos del PRI.
Es decir, la alianza no solo triunfó en esas entidades por la fortaleza de sus candidatos sino, también, por la debilidad causada al PRI por las fracturas. Tales características no se dan, hasta el momento, en el Estado de México.
Por el PRD, y más concretamente, en el lopezobradorismo, se advierte, en el rechazo a la alianza, una visión a más largo plazo, esto es, al 2012. Hasta antes del anuncio de Alejandro Encinas –el ex jefe de gobierno y uno de los hombres más cercanos al ex candidato presidencial– las preferencias electorales en esa entidad no rebasaban el 15%, con la aparición de Encinas empezó el crecimiento y seguramente por estas fechas habrá rebasado el 20%. Nada nos lleva a pensar que esa tendencia ya se estancó, por el contrario, es muy probable que al inicio de la campaña –en abril– haya llegado al 25%, y si hubiese alcanzado tales niveles, entonces estará en la competencia por la gubernatura, a la espera del desgaste sufrido por el PRI en el proceso de elección de candidato, cosa que aún no está, de ninguna manera, resuelta.
Pero más allá del resultado a la gubernatura –que importa, y mucho– en el fondo de la apuesta lopezobradorista se encuentra el ir al rescate de los millones de votos perdidos por el PRD en las últimas elecciones locales y federales, y hay mucha diferencia entre obtener 900 mil votos y 2 millones. Más si se analiza en detalle la geografía –y la geografía electoral– de la entidad mexiquense y sus colindancias con entidades y regiones con una fuerte influencia perredista.
Así, el DF influye fuertemente en el oriente mexiquense, zona en la que el PRD ha gobernado los muy poblados municipios de Nezahualcóyotl, Chalco y Los Reyes, amén de otros menores. Postular a un candidato fuerte, propio, como Encinas, podría potenciar las fuerzas perredistas y aspirar a recuperarlos. Del mismo modo, en el norte defeño se ubica Ecatepec, el municipio más poblado del país y que los perredistas aspirarían a recuperarlo.
Por otra parte, los municipios mexiquenses colindan con la Tierra Caliente michoacana y la guerrerense. Recordemos que en Guerrero el PRI sufrió una muy dolorosa derrota y la influencia perredista se extendió y, al mismo tiempo, en Michoacán se celebran este año, también, elecciones a gobernador.
De tal modo que postular un candidato propio llevaría a los perredistas a la disputa de un sinfín de posiciones municipales que de frente a las elecciones presidenciales de mucho les servirían para afrontarlas con mejores expectativas; más aún, implicaría, de mantener en 30% su porcentaje de votación (que seguramente elevarían pues en las de 2006 obtuvieron cifras superiores al 40%) obtener 2 millones de votos, a los cuales se le sumarían –por lo menos– los poco más de 3 millones de votos que podrían obtener en el DF (López Obrador obtuvo el 70% de la votación en 2006).
Así, en solo dos entidades alcanzarían la tercera parte de los votos obtenidos en 2006 –15 millones– cifra un poco menor a la necesaria para que triunfe cualquiera de los candidatos de los tres partidos mayores.
Si a eso le sumamos las expectativas perredistas de obtener el 40% de los votos en Guerrero y Michoacán (500 mil y 700 mil respectivamente) llevaría al candidato perredista –o de la alianza de partidos– a estar muy cerca de la mitad de los votos necesarios para ganar la Presidencia de la República.
De ese modo, la controversia acerca de la alianza en el Estado de México rebasa la simple argumentación de intentar acabar con la hegemonía priísta en esa entidad, como arguyen los dirigentes formales del PRD y los del blanquiazul. En la discusión se encuentra, sin ninguna duda, la disputa presidencial, de ahí la “creatividad” del nuevo dirigente priísta.
Correo electrónico: asertodechihuahua@yahoo.com.mx
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
jueves, 3 de marzo de 2011
Libre tránsito
El Diario, 3 de marzo de 2011
Luis Javier Valero Flores
Diversos acontecimientos, a cual más de dramáticos, ponen de relieve la necesidad de replantearse las distintas medidas que los gobiernos de Estados Unidos y el de México han adoptado para enfrentar el problema del tráfico de drogas, de personas y armas.
Recurrentemente escuchamos las quejas de los gobernantes mexicanos –y de infinidad de voces– acerca de la enorme disparidad del compromiso entre ambas naciones al momento de aplicar sus políticas en esos rubros. Todos dicen –decimos– que en nuestro territorio se libran las batallas por el control de las rutas, de los territorios y de las instancias gubernamentales que les permitan trasladar e ingresar las drogas a la nación norteamericana; y que, en cambio, no se aprecian los mismos esfuerzos en aquel lado de la frontera.
Del mismo modo, –y hoy es la noticia destacada– a propósito de las armas con las que asesinaron al agente norteamericano del ICE, de fabricación norteamericana y venta en Texas, al parecer por un grupo dedicado a tan redituable negocio, sobrevinieron los discursos de infinidad de funcionarios de todos los niveles y partidos deplorando el escaso interés mostrado por los gobernantes estadounidenses para detener el tráfico de armas hacia México, y no sólo, sino también para cambiar la más que laxa legislación referente a la fabricación y venta de armas en los Estados Unidos.
¿Pero cómo afectar los poderosísimos intereses de la no menos poderosa organización norteamericana dedicada a la venta de armas –Rifle– a la que pertenecen varios de los más influyentes y poderosos políticos y empresarios norteamericanos?
Así, los gobernantes estadounidenses, sin aspavientos, sin detenerse mucho en explicaciones, aplican su propia política en esos dos rubros, el de las armas y el de las drogas: Dejan fluir libremente la compra-venta de ambas mercancías.
¡Ah, pero eso sí, tienen perfectamente ubicados a quienes se dedican a tales negocios, como nos lo vinieron a demostrar los operativos efectuados, tanto allá como acá, para ubicar y detener a los presuntos atacantes de los agentes norteamericanos Zapata y Avila
En el tiempo récord de escasas dos semanas detuvieron a dos de los presuntos asesinos materiales, además de cerca de 700 distribuidores de drogas en 169 ciudades norteamericanas, amén de ubicar a los vendedores del arma homicida y decomisar más de 10 millones de dólares ¡Híjole
¿Cómo explicar tan brillantes resultados?
Sencillito, ellos sí los tienen ubicados, porque los dejan trabajar libremente en la distribución de las drogas y cuando se salen del orden, entonces son aprehendidos en una política que, quiérase o no está ubicada en la cuasi libertad de compra y venta de drogas, porque allá, aparte de otros argumentos, el problema del tráfico de drogas lo empiezan a considerar como un asunto de salud pública y no de seguridad pública, y mucho menos, de seguridad nacional. ¿Tal política no explica, entonces, cómo, a pesar de haber encendido las luces de alerta a partir del ataque a las torres gemelas en 2001, la frontera con México sigue siendo porosa? Pues porque tienen controlado, regulado el acceso de drogas a su país y ubicadas a quienes las introducen. Allá sí ¿acá también?
De ahí que se antoje sugerirle a los gobernantes mexicanos, particularmente a los federales, que adopten la misma política norteamericana en materia de venta de armas a México: Ellos dejan fluir el tráfico de armas, no se preocupan del destino final –solamente si los afecta– y dejan a las autoridades mexicanas con todo el trabajo de detección y detención.
¿Por qué no hacer lo mismo con las drogas, de aquí para allá, dejarlas fluir hasta la frontera y que sean ellos los encargados de evitar el ingreso a territorio norteamericano?
Más de un lector dirá que es una sugerencia descabellada, pero aquí sufrimos la parte violenta de la cadena comercial y a pesar de la fortuna gastada –más de 300 mil millones de pesos en el presente sexenio– ni logramos detener el tráfico de drogas, ni el número de adictos, ni el número de personas en rehabilitación y sí sufrimos los efectos de una guerra “huérfana” de padre y madre.
¿Por qué no?
Luis Javier Valero Flores
Diversos acontecimientos, a cual más de dramáticos, ponen de relieve la necesidad de replantearse las distintas medidas que los gobiernos de Estados Unidos y el de México han adoptado para enfrentar el problema del tráfico de drogas, de personas y armas.
Recurrentemente escuchamos las quejas de los gobernantes mexicanos –y de infinidad de voces– acerca de la enorme disparidad del compromiso entre ambas naciones al momento de aplicar sus políticas en esos rubros. Todos dicen –decimos– que en nuestro territorio se libran las batallas por el control de las rutas, de los territorios y de las instancias gubernamentales que les permitan trasladar e ingresar las drogas a la nación norteamericana; y que, en cambio, no se aprecian los mismos esfuerzos en aquel lado de la frontera.
Del mismo modo, –y hoy es la noticia destacada– a propósito de las armas con las que asesinaron al agente norteamericano del ICE, de fabricación norteamericana y venta en Texas, al parecer por un grupo dedicado a tan redituable negocio, sobrevinieron los discursos de infinidad de funcionarios de todos los niveles y partidos deplorando el escaso interés mostrado por los gobernantes estadounidenses para detener el tráfico de armas hacia México, y no sólo, sino también para cambiar la más que laxa legislación referente a la fabricación y venta de armas en los Estados Unidos.
¿Pero cómo afectar los poderosísimos intereses de la no menos poderosa organización norteamericana dedicada a la venta de armas –Rifle– a la que pertenecen varios de los más influyentes y poderosos políticos y empresarios norteamericanos?
Así, los gobernantes estadounidenses, sin aspavientos, sin detenerse mucho en explicaciones, aplican su propia política en esos dos rubros, el de las armas y el de las drogas: Dejan fluir libremente la compra-venta de ambas mercancías.
¡Ah, pero eso sí, tienen perfectamente ubicados a quienes se dedican a tales negocios, como nos lo vinieron a demostrar los operativos efectuados, tanto allá como acá, para ubicar y detener a los presuntos atacantes de los agentes norteamericanos Zapata y Avila
En el tiempo récord de escasas dos semanas detuvieron a dos de los presuntos asesinos materiales, además de cerca de 700 distribuidores de drogas en 169 ciudades norteamericanas, amén de ubicar a los vendedores del arma homicida y decomisar más de 10 millones de dólares ¡Híjole
¿Cómo explicar tan brillantes resultados?
Sencillito, ellos sí los tienen ubicados, porque los dejan trabajar libremente en la distribución de las drogas y cuando se salen del orden, entonces son aprehendidos en una política que, quiérase o no está ubicada en la cuasi libertad de compra y venta de drogas, porque allá, aparte de otros argumentos, el problema del tráfico de drogas lo empiezan a considerar como un asunto de salud pública y no de seguridad pública, y mucho menos, de seguridad nacional. ¿Tal política no explica, entonces, cómo, a pesar de haber encendido las luces de alerta a partir del ataque a las torres gemelas en 2001, la frontera con México sigue siendo porosa? Pues porque tienen controlado, regulado el acceso de drogas a su país y ubicadas a quienes las introducen. Allá sí ¿acá también?
De ahí que se antoje sugerirle a los gobernantes mexicanos, particularmente a los federales, que adopten la misma política norteamericana en materia de venta de armas a México: Ellos dejan fluir el tráfico de armas, no se preocupan del destino final –solamente si los afecta– y dejan a las autoridades mexicanas con todo el trabajo de detección y detención.
¿Por qué no hacer lo mismo con las drogas, de aquí para allá, dejarlas fluir hasta la frontera y que sean ellos los encargados de evitar el ingreso a territorio norteamericano?
Más de un lector dirá que es una sugerencia descabellada, pero aquí sufrimos la parte violenta de la cadena comercial y a pesar de la fortuna gastada –más de 300 mil millones de pesos en el presente sexenio– ni logramos detener el tráfico de drogas, ni el número de adictos, ni el número de personas en rehabilitación y sí sufrimos los efectos de una guerra “huérfana” de padre y madre.
¿Por qué no?
martes, 1 de marzo de 2011
¿Bienvenido?
El Diario, 1 de marzo de 2011
Luis Javier Valero Flores
Apenas a unos cuantos días de haber visitado la entidad, con motivo del Día del Ejército, Felipe Calderón visitó nuevamente tierras chihuahuenses; en esta ocasión con la pretensión, dicen los comunicados oficiales de los cuales casi la totalidad de los medios de comunicación se hicieron eco, de “promocionar” sitios turísticos, o de localizar los mejores sitios para tal fin, justamente un día antes de la firma del Acuerdo Nacional por el Turismo, como si el encargado de la administración federal tuviese el tiempo necesario como para realizar tales tareas.
O, a menos que anduviese posando para los anuncios promocionales de los mejores destinos turísticos de México pues, por lo visto, el Gobierno Federal no posee la capacidad técnica como para designar a funcionarios especializados en tales tareas, o el talento artístico necesario como para encontrar los modelos adecuados para hacerlo.
Vamos, ya en el peor de los casos, ya que tan buenas relaciones mantienen con el monopolio televisivo, pues pídanle las modelos, el equipo artístico y técnico con el que realizaron los spots del bicentenario y Calderón se hubiese ahorrado el larguísimo viaje efectuado hasta nuestras tierras y dedicarle ese valioso tiempo a la atención de su familia, como debiesen hacer todos los padres de familia que se precian de tal categoría.
¡Ah, porque deberíamos de admirar la foto tomada al borde de la Barranca, acompañado del gobernador César Duarte –quien debió posponer su salida a Japón para atender a tan trabajador funcionario que en domingo efectúa trabajo de tan elevada envergadura y no menor importancia, tanta, que el chihuahuense pospuso sus planes– en una estancia con una duración superior a prácticamente todas las efectuadas por el también michoacano a lo largo de estos poco más de cuatro años.
Pero es que las anteriores no tenían el atractivo de la actual, es decir, no debió soportar las soporíferas reuniones con funcionarios y empresarios locales, o mejor aún, con exigentes representantes de la sociedad civil chihuahuense, o con algunos de los deudos de las no pocas víctimas de la ola homicida abatida sobre nuestra tierra.
¿Es criticable que el mandatario de una nación tenga el tiempo libre necesario como para buscar descansar el domingo en alguno de los maravillosos destinos turísticos del país? Definitivamente, no.
Lo criticable es que se argumenten mil y un pretextos para justificar tan impresionante operativo de seguridad.
Pero más criticable es que se elija una de las zonas más golpeadas por la violencia, cuyos orígenes no pocos actores achacan a las operaciones gubernamentales, especialmente las emprendidas por él, y que su presencia coincida con uno de los peores momentos de Chihuahua.
Así como el asesinato de Marisela Escobedo adquirió carta de emblemático, el secuestro y asesinato de los Reyes Salazar le dio a la masacre de Juárez otra connotación pues los caídos de esta familia no fueron activistas porque una desgracia se hubiese abatido sobre ellos.
No, actuaron de la forma que ahora se entera el país –y de alguna manera la comunidad internacional– debido a sus convicciones, y cuando alguien actúa así, se convierte de alguna manera en heraldo de la sociedad y cuando manos criminales los desaparecen, de cierto modo también hacen que una parte de la misma, la mejor, la más activa, se nos vaya de las manos.
Por eso enerva, irrita, que en tal momento, quien tiene la principal responsabilidad en el país pueda actuar con la frivolidad con la que se comporta Felipe Calderón, y encima pretenda engañarnos.
No, señor Calderón, Chihuahua es en estos momentos el peor lugar para que vacacione; lo sentimos, pero ahora no podemos honrar una de las cualidades contenidas en el escudo de Chihuahua; como lo dijo Luz María Dávila: No es bienvenido.
Luis Javier Valero Flores
Apenas a unos cuantos días de haber visitado la entidad, con motivo del Día del Ejército, Felipe Calderón visitó nuevamente tierras chihuahuenses; en esta ocasión con la pretensión, dicen los comunicados oficiales de los cuales casi la totalidad de los medios de comunicación se hicieron eco, de “promocionar” sitios turísticos, o de localizar los mejores sitios para tal fin, justamente un día antes de la firma del Acuerdo Nacional por el Turismo, como si el encargado de la administración federal tuviese el tiempo necesario como para realizar tales tareas.
O, a menos que anduviese posando para los anuncios promocionales de los mejores destinos turísticos de México pues, por lo visto, el Gobierno Federal no posee la capacidad técnica como para designar a funcionarios especializados en tales tareas, o el talento artístico necesario como para encontrar los modelos adecuados para hacerlo.
Vamos, ya en el peor de los casos, ya que tan buenas relaciones mantienen con el monopolio televisivo, pues pídanle las modelos, el equipo artístico y técnico con el que realizaron los spots del bicentenario y Calderón se hubiese ahorrado el larguísimo viaje efectuado hasta nuestras tierras y dedicarle ese valioso tiempo a la atención de su familia, como debiesen hacer todos los padres de familia que se precian de tal categoría.
¡Ah, porque deberíamos de admirar la foto tomada al borde de la Barranca, acompañado del gobernador César Duarte –quien debió posponer su salida a Japón para atender a tan trabajador funcionario que en domingo efectúa trabajo de tan elevada envergadura y no menor importancia, tanta, que el chihuahuense pospuso sus planes– en una estancia con una duración superior a prácticamente todas las efectuadas por el también michoacano a lo largo de estos poco más de cuatro años.
Pero es que las anteriores no tenían el atractivo de la actual, es decir, no debió soportar las soporíferas reuniones con funcionarios y empresarios locales, o mejor aún, con exigentes representantes de la sociedad civil chihuahuense, o con algunos de los deudos de las no pocas víctimas de la ola homicida abatida sobre nuestra tierra.
¿Es criticable que el mandatario de una nación tenga el tiempo libre necesario como para buscar descansar el domingo en alguno de los maravillosos destinos turísticos del país? Definitivamente, no.
Lo criticable es que se argumenten mil y un pretextos para justificar tan impresionante operativo de seguridad.
Pero más criticable es que se elija una de las zonas más golpeadas por la violencia, cuyos orígenes no pocos actores achacan a las operaciones gubernamentales, especialmente las emprendidas por él, y que su presencia coincida con uno de los peores momentos de Chihuahua.
Así como el asesinato de Marisela Escobedo adquirió carta de emblemático, el secuestro y asesinato de los Reyes Salazar le dio a la masacre de Juárez otra connotación pues los caídos de esta familia no fueron activistas porque una desgracia se hubiese abatido sobre ellos.
No, actuaron de la forma que ahora se entera el país –y de alguna manera la comunidad internacional– debido a sus convicciones, y cuando alguien actúa así, se convierte de alguna manera en heraldo de la sociedad y cuando manos criminales los desaparecen, de cierto modo también hacen que una parte de la misma, la mejor, la más activa, se nos vaya de las manos.
Por eso enerva, irrita, que en tal momento, quien tiene la principal responsabilidad en el país pueda actuar con la frivolidad con la que se comporta Felipe Calderón, y encima pretenda engañarnos.
No, señor Calderón, Chihuahua es en estos momentos el peor lugar para que vacacione; lo sentimos, pero ahora no podemos honrar una de las cualidades contenidas en el escudo de Chihuahua; como lo dijo Luz María Dávila: No es bienvenido.
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