“Primero el proyecto”

El Diario, 1 de diciembre de 2016
¿Qué tan preocupados estarán en el gobierno de la república -y faltos de creatividad- como para que el presidente Peña Nieto, erigido en “primer priista del país”, deba recurrir a una vieja frase expresada por el último ideólogo del PRI, Jesús Reyes Heroles, usada en el vano intento de detener las “ansias” presidenciales de los aspirantes en la década de los 70’s del siglo pasado?
Incapaz de asimilar lo que sucede en el país y el mundo, el presidente Enrique Peña Nieto, en la primera sesión del Consejo Nacional del PRI a la que acude como miembro de éste, para refrescar el ánimo de sus correligionarios, sacó del viejo baúl de los recuerdos la frase: “Primero el plan, primero el programa, primero el proyecto y después los nombres”.
Si ya en aquel pasado remoto era motivo de hilaridad, pues nadie creía tal dicho ¿A quién, de los aspirantes priistas a la presidencia de la república, le importaba, de veras, esbozar, siquiera, del proyecto de país? ¿A quien le importaba, en el mundo del pragmatismo y del saqueo interminable, pensar que el presidente de la república escogería el candidato, conforme al plan propuesto por alguno de los aspirantes.
Las frases del pasado ya eran trilladas e inverosímiles entonces ¿Cómo puede alguien, medianamente informado, volverlas a usar para competir electoralmente en la segunda década del siglo XXI?
Y si la falta de sensibilidad del mandatario sorprende, la de sus asesores y escribientes de sus discursos, aún más. Se atrevieron a que el presidente expresara una cosa inconcebible en los días que corren: “En el Revolucionario Institucional no tienen cabida la corrupción ni la impunidad…”.
Pero, ternuritas, si el país entero los está señalando; si esa fue la causa principal de su derrota en 9 entidades, la mayor que hayan sufrido en ese ámbito en una sola jornada electoral ¿Como se atreven a tanto?
El presidente Enrique Peña Nieto dijo que está en juego, no sólo la Presidencia de la República, sino todas las reformas construidas. “El PRI ganará para que los próximos años sean de construcción, no de destrucción; para no regresar a modelos obsoletos y caducos, el tricolor triunfará para mantener la certidumbre y estabilidad y no retornar al estancamiento”. Ajá.
Ese discurso fue extremadamente parecido al del ex gobernador César Duarte, cuando despotricaba en contra del entonces candidato Javier Corral y llamaba a los chihuahuenses a no echar por la borda lo alcanzado en su sexenio.
Padecen del mismo síndrome: No conectan con la realidad.
A menos que en las oficinas presidenciales den por descontado que con el caso de Javier Duarte una buena parte del electorado se sentirá satisfecha por la orden de aprehensión en contra del ex gobernador veracruzano y que amplias capas de la sociedad verán colmadas sus esperanzas de que, por fin, un gobierno en México combata la corrupción de las más altas esferas políticas.
Y como si no tuviese responsabilidad alguna en los casos denunciados en prácticamente todas las entidades que el PRI gobierna, Peña Nieto pidió a sus compañeros de partido no “ser omisos frente a casos que indignan”, en tanto, la demanda en contra de la periodista Carmen Aristegui, por develar el conflicto de interés y la presunción de corruptelas de la pareja presidencial, continúa a pesar de los múltiples reconocimientos que a nivel internacional le otorgan, suficientes como para llevar al grupo gobernante a detenerlo, no por otra razón que por la de convertirse en un elemento más de desprestigio del partido hoy gobernante en México.
En su discurso, en el típico modo de expresarse de otros actores y otros asuntos, para no señalarlos con sus nombres, llamó a los priistas a no dejarse “contagiar” por las “visiones derrotistas, ni por quienes viven en dudas. Esos mismos que en el pasado ya se han equivocado”, para referirse a los panistas, ni por las voces que “intentan confundir y engañar por supuestos pactos sobre batallas electorales que habremos de librar. Nada más falso que eso”, para desestimar las denuncias de López Obrador acerca de que el PRI y el PAN se unan en 2018 para evitar el triunfo de Morena.
Y recurrió al fracaso de las encuestas levantadas en otros países, para desestimar las realizadas en el ámbito nacional, en las que, en todas, el PRI aparece en el tercer lugar de las preferencias electorales.
No cabe duda, van al despeñadero.
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Atraco

El Diario, 27 de noviembre de 2016

Luis Javier Valero Flores

Sin duda que el gasto ejercido por el gobierno de César Duarte a lo largo del sexenio anterior, publicado por el gobierno de Javier Corral, es insultante; es un atraco a las finanzas estatales, que muestra a plenitud, con una increíble crudeza, la perversa política de ese gobierno (sin ser el único) en materia de comunicación social y de publicidad gubernamental.

Era uno solo el objetivo: Usar el presupuesto público para intentar crear una imagen de eficiencia y buen gobierno, por medio de la información falseada, ya sea inventada o exagerada en lo logros alcanzados y, al mismo tiempo, para denostar a la oposición (la política, la social, toda) y construir y/o mantener la hegemonía política como fuerza partidista.

Devela salvajemente el patrimonialismo de los regímenes priistas desgraciadamente copiados, (por supuesto, con altibajos y diferencias) casi de manera idéntica por los gobiernos emanados del PAN, PRD, MC y Partido Verde, que ejercen el presupuesto público como si fuera de su patrimonio y que usan, o intentan usar, a los medios de comunicación (y en general al gremio periodístico) como simples correas de transmisión del pensamiento de los gobernantes.

Si en Veracruz el gobierno de Javier Duarte combinó ese mecanismo con el otro, el de la violencia ejercida contra los periodistas incómodos, en Chihuahua, César Duarte utilizó preferentemente el del sometimiento a través del típico premio-castigo a la prensa local. Aplicaron ejemplarmente el dicho del presidente José López Portillo: No pago (publicidad) para que me peguen.

Tal frase refleja la profundidad de la concepción acerca del gasto en publicidad gubernamental. Por una parte, los gobernantes creen que le hacen “un favor” al medio de comunicación y/o al reportero/periodista al otorgarle cuantiosos (y a veces no tan elevados) recursos públicos de “publicidad” y estos creen que han obtenido una graciosa concesión del gobernante en turno.

Es la plena discrecionalidad, porque en los recursos entregados a los medios de comunicación (propietarios o reporteros, a ambos) no existen parámetros que le permitan a la ciudadanía esclarecer las razones para saber el porqué a unos medios de comunicación se les entregan unos dineros y a otros cantidades mayores o menores.

No aparecen -y no es de ahora, o en solamente en el sexenio anterior- los mecanismos mensurables, cuantificables que puedan llevarnos al patrón usado por la Coordinación de Comunicación Social para ejercer el presupuesto asignado por el Congreso del Estado año tras año -que debiera ser como todas-.

El único criterio visible es el descrito por la frase usada por el Gobernador Javier Corral en la presentación de los sitios de internet en los que, a partir de la fecha, se publicarán los convenios-contratos de los gastos en publicidad gubernamental: “En esa materia, la política era la de la zanahoria y la del garrote“.

Durante el gobierno de Duarte se aplicó a plenitud la consigna de que los amigos serían los preferidos del presupuesto de Comunicación Social. Personalmente, el ballezano revisaba las listas de los medios de comunicación y fijaba las cifras y los tiempos de los pagos, siempre bajo su personalísimo criterio.

De ahí, por ejemplo, la intensidad de los “rumores” que se presentaban acerca de su supuesta y permanente llegada al gabinete presidencial de Peña Nieto. Desde Palacio se “filtraba” la información para que convenientemente apareciera en las columnas políticas y los reporteros le preguntaran frecuentemente al mandatario acerca de su posible salida del gobierno de Chihuahua y su llegada a la presidencia del PRI, a la Secretaría de Gobernación, a la de Agricultura, etc.

La decisión de Javier Corral, de pretender terminar con esa malsana relación y de transparentar el gasto en publicidad gubernamental, debe ser concretada de la mejor manera posible; no puede caer en la máxima del anterior gobierno, no puede “castigar” a sus opositores y “premiar” a sus panegiristas.

Deberá, en tanto no exista la legislación pertinente (la que debe ser resultado, no de los supuestos “intereses ciudadanos”, sino de la más amplia discusión ciudadana) aplicar criterios que permitan cuantificar adecuadamente los recursos públicos ejercidos y difundir correctamente el ejercicio, tanto por el verdadero impacto de los medios de comunicación, como el de la importancia y características de la información difundida por cada uno de ellos, y en directa consonancia con su compromiso con el fortalecimiento de la cultura democrática, que pasa, necesariamente, por la existencia de medios de comunicación críticos, profesionales y cuyo desempeño pueda evaluarse a través de la información publicada.

Todo lo anterior deberá explicarse nítidamente, porque hay verdaderos monumentos al patrimonialismo y que por las cantidades entregadas a lo largo del sexenio, a cualquier tipo de medio de comunicación, no se tiene la certeza de las tarifas de las planas, o proporción de ellas (en el caso de los impresos), de los banners (anuncios en los portales digitales) o de los spots transmitidos en radio o televisión y, peor, en el caso de reporteros y conductores de radio y televisión cuyos servicios no se pueden cuantificar en materia de publicidad gubernamental.

Por ello sorprende, también, el excesivo número de portales digitales que aparecen como beneficiarios de los gastos gubernamentales, a pesar de que la enorme mayoría de quienes acceden a ellos es un muy bajo porcentaje de la población y, quizá, no pasen de tres decenas los portales realmente existentes en toda la entidad.

O en el caso de estaciones de radio y televisión impedidas legalmente a recibir pagos por publicidad, cosa que cambió, y solamente a partir de esa fecha,  a partir del 5 de octubre de este año, con la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que dictaminó que las concesiones de radiodifusión con fines culturales sí podrían vender espacios publicitarios.

Por otra parte, el gobierno deberá entender (y no sólo el actual) que la publicidad gubernamental forma parte de la información pública a la que los ciudadanos, usuarios de algún medio de comunicación, tienen derecho a acceder y que el gobierno deberá emplear mecanismos, -incluso diferenciados, pero cuantificables, mensurables y bajo criterios establecidos- para emplear en ese medio, parte del presupuesto asignado por el Congreso a Comunicación Social y que, disponer de otras cantidades, de partidas ajenas a ese objetivo deberá contar con una estricta reglamentación, la misma que existe para los otros rubros de los presupuestos públicos, es decir, que no puede, arbitrariamente, reasignar partidas, más allá de los límites establecidos por la ley.

Crear la legislación adecuada es urgente pues no basta con la publicación defectuosa de lo ejercido en esta materia por el anterior gobierno. 

¿Cuándo publicarán lo concerniente a la compra de medicamentos o de proveedores y contratistas, más allá del simple listado, como en aquel caso, de empresas sin que se puedan identificar los medios de comunicación a los cuales se destinaron los recursos públicos?

Y, además, publicarlas después de hacer las necesarias confrontaciones con toda la documentación existente pues de la primera revisión realizada se advierten claros errores, con la aparición de datos duplicados. 

De lo contrario, puede caerse en la descalificación del total de la información publicada, a causa de la aparición de evidentes errores en lo que el gobierno de Corral difundió a principios de la semana y, entonces, dar pie a que la pretensión fue solamente revanchista, esto es, cobrarse los tantos años de bloqueo y veto al hoy gobernante de Chihuahua, Javier Corral.

FIDEL.- La América de nuestros días no podría entenderse sin la participación viva, directa, de Fidel (Para muchos de mi generación era, así, simplemente, Fidel; nuestros opositores, o algunos de nuestros amigos, para hacernos rabiar, nos repreguntaban ¿Cuál, Fidel Velázquez? Ya sabían la respuesta: Fidel, siempre Fidel). 

Como todos los líderes políticos cometió muchos errores, pero su grandeza está determinada por el hecho honroso de haber sido el dirigente de una pequeña nación y de una extraordinaria Revolución que se enfrentó al imperio más poderoso de la historia y salió avante, para ejemplo de millones de hombres y mujeres honrados, luchadores, dignos, libertarios, que han militado en las filas de la izquierda -particularmente la socialista- en la búsqueda y construcción de un mundo mejor, partiendo de la base que es posible.

Dos fotos, de mediados de la década de los 80’s del siglo pasado, retrata a la Revolución de Fidel y del pueblo de Cuba. Se trata de las contenidas en sendos espectaculares con las leyendas: 

“8.5 millones de niños en el mundo trabajan en condiciones de esclavitud. Ninguno es cubano”.

“200 millones de niños en el mundo duermen en las calles, ninguno es cubano”.

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Pragmatismo empresarial puro

El Diario, 24 de noviembre de 2016

Luis Javier Valero Flores

El martes, en un anuncio extraordinariamente sorpresivo, el Grupo Cementos de Chihuahua (GCC) informó acerca de su disposición a participar en la venta de  materiales para la construcción del muro fronterizo cuya reacción prometió en caso de obtener el triunfo en las pasadas elecciones de los EU. 

“Podría tomar parte en la obra suministrando a los constructores parte del concreto y el cemento necesarios para su ejecución del muro fronterizo… Para el negocio en el que nosotros estamos, Trump es un candidato que favorece bastante la industria”. (Nota de Staff, Agencia Reforma, 23/XI/16).

La información fue proporcionada por el director general de la compañía, Enrique Escalante. 

De entrada no debería sorprender el anuncio, el grupo chihuahuense está ampliamente imbricado con la empresa Cementos de México (Cemex), a tal grado que esta es propietaria del 23% de las acciones de la primera y es una de las lideresas mundiales en este rubro, pero devela nítidamente el profundo pragmatismo de quienes conforman una de las principales fortunas en el Chihuahua de nuestros días y que aparecieran, meses atrás, como parte de los principales impulsores de la candidatura independiente de José Luis “Chacho” Barraza y que antes fueran de los más importantes financieros del PAN, no sólo en el ámbito local.

“No podemos ser selectivos”, diría Escalante, para argumentar a favor de la postura asumida por la empresa, en lo que puede interpretarse, más allá de la construcción del muro propuesto por el presidente electo de EU, Donald Trump, como la verdadera disposición de un poderoso grupo empresarial que, además, tiene un muy importante peso en una de las principales organizaciones empresariales del país, la Coparmex, con profundas y antiguas ligas con el panismo chihuahuense, además de un indudable liderazgo empresarial local, derivado, seguramente, de su indudable peso económico en el ámbito local.

Y no solo, un buen número de quienes ahora gobiernan Chihuahua se formaron en la institución que dirigen los propietarios del Grupo Cementos de Chihuahua, los integrantes de la familia Terrazas, de vieja y prolongada estirpe chihuahuense.

La promesa de Trump, debemos recordarlo, consistiría en la construcción de un muro que impidiera el ingreso de migrantes ilegales al territorio estadounidense y que sería financiado con las remesas enviadas por los mexicanos, residentes de los Estados Unidos.

Una de las principales vetas del discurso de Trump es la de presionar a los propietarios de las empresas norteamericanas, que cuenten con plantas en nuestro país, a que las regresen a EU, a fin de otorgarles empleos a los nacionales.

No es una propuesta fácil de instrumentar, tiene en contra el enorme diferencial salarial entre nuestro país y el de los norteamericanos, pero en algo puede influir la postura de Trump.

Si tuviese algún grado de éxito, Chihuahua sería de las principales entidades mexicanas que lo resentiría, por el peso que tiene en nuestra entidad la industria maquiladora, que si actúa como lo ha anunciado el grupo cementero, ya deberemos ir pergeñando -como entidad federativa- las medidas a tomar ante la magnitud del desastre económico que sobrevendrá si se concretan acciones como las anunciada en este tenor por el triunfador norteamericano, ante el cual la construcción de un muro, como el anunciado por él, sería el mal menor.

De manera permanente se ha sostenido que basar nuestra economía en el número de empleos que genere la industria maquiladora es un despropósito inmovilizador, además de aparente, pues los gobiernos de Chihuahua -incluido, por supuesto, el del panista Francisco Barrio- con el afán de simular, o de hacernos creer en los éxitos alcanzados por sus administraciones, evidenciados, según ellos, en el número de empleos generados a lo largo de sus gestiones, no han impulsado el verdadero crecimiento y desarrollo económico de Chihuahua, y ahora, ante los anuncios de Trump, estamos en peligro de perder importantes segmentos de esa base laboral.

Ante ello, importa saber si la nueva administración estatal ha empezado a estudiar como enfrentar el negro futuro que se avizora, a causa de la llegada de Trump, quizá el político norteamericano más dañino para los mexicanos, cobra una mayor importancia.

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"Ahí se ven..."

El Diario, 20 de noviembre de 2016
Luis Javier Valero Flores
“Todo gobierno, y más cuando se dan los relevos dentro de nuestra democracia, se asumen desafíos, retos, y uno es el tema financiero. El Gobierno acompañará con amplia disposición los esfuerzos propios”, respondió el Presidente Peña Nieto al reclamo y petición del gobernador Corral, en la primera reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), a la que acude el chihuahuense.
El presidente mexicano es el jefe del gobierno, Jefe de las Fuerzas Armadas, jefe de las policías -tanto las federales, como las del lugar en el que se encuentre-; es el jefe jerárquico del ministerio público, responsable de las finanzas del gobierno de la república, Jefe de Estado y, además, “Primer priista en el país”.
Esta última categoría no es un sarcasmo, es la realidad; a partir de la última (creo que no ha habido otra) reforma a los estatutos del PRI, el presidente de la república, si es miembro del PRI, es, por tanto, miembro de su Consejo Político Nacional y de la Comisión Política Nacional, los máximos órganos de dirección del partido, los de la vida cotidiana y que en la realidad son quienes resuelven todo en el PRI… bueno, eso dicen los estatutos.
Actuaron con realismo. Lo que antes era una melosa frase -pero que retrataba nítidamente-, para hacer la presentación del presidente de la república, cuando era priista, en los actos de ese partido, ahora es una realidad; el mandatario es quien ocupa el número uno de quienes integran el Consejo Político Nacional y es, por tanto, corresponsable de los actos políticos realizados por la dirigencia nacional, entre los que se cuentan, pero por supuesto, la designación de sus candidatos a las gubernaturas.
No sólo eso, en tal calidad debe cuidar que sus militantes, cuando tienen responsabilidades públicas, actúen dentro de la legalidad y de la ética partidaria y, como responsable de las finanzas nacionales deberá, además de validar los compromisos financieros de las entidades (a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público -SHCP-, que para eso se denomina de este modo), vigilar que los gobernantes no se extralimiten en sus facultades, particularmente en los rubros que ahora abordamos.
Para hacer lo anterior, existen una serie de normas y reglas de cuya aplicación es responsable la SHCP, a cual más de complicadas pero que deberían de servir, hipotéticamente, para evitar que, por ejemplo, los gobiernos estatales se excedan en sus compromisos financieros y que los empréstitos solicitados por ellos cumplan con los requerimientos legales (los de largo plazo, por ejemplo, que hayan sido aprobados por las legislaturas, etc.), además del destino de los recursos económicos solicitados.
Ni el presidente Peña Nieto, ni su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, eran ajenos a los tremendos desbarajustes financieros de entidades como Coahuila, Veracruz, Quintana Roo, Colima y Chihuahua, entre otros.
Seguramente también estaban atentos al crecimiento de la deuda del estado de México y el DF (ahora Ciudad de México), pero que no revisten la misma gravedad que las anteriores en virtud de sus presupuestos y población.
Son corresponsables del desastre financiero de entidades como Veracruz y Chihuahua, baste señalar, en el caso de nuestra entidad, dos hechos para demostrar que tenían conocimiento de lo que ocurría.
El primero, el de alargar la concesión de las carreteras federales al gobierno de Chihuahua, hasta el año 2038, y luego, dar el visto bueno para las distintas bursatilizaciones efectuadas con esa ampliación; y, segundo, al cederle al gobierno estatal el peaje de los puentes fronterizos a fin de que se creara un fideicomiso semejante al del peaje carretero.
Sobre esta nueva concesión, la SHCP dió el visto bueno para que a fines del 2015 se aprobara una bursatilización sobre el peaje de tales puentes.
Y todas estas acciones fueron realizadas cuando, en el primer caso, el gobierno de Chihuahua se encontraba a escasos mil o 2 mil millones de pesos (mmdp) del tope de su endeudamiento a largo plazo que tiene como aval las participaciones federales. En el segundo caso, habíamos llegado al tope; cuando eso ocurrió, al gobierno estatal sólo podían prestarle 200 millones de pesos.
Por eso sorprende (bueno, no tanto) la respuesta del Presidente Peña Nieto a la solicitud efectuada por el gobernador Corral, “sí, hasta donde lleguen las atribuciones”; ofreció que con transparencia y apertura pondrá mecanismos, vías de apoyo en términos de sus atribuciones y alcances para apoyarles en el saneamiento financiero en aquellos estados que así lo demanden, “… Pero –y repitió lo que habría dicho en el encuentro privado– en ese tema no puede sustituir ni reemplazar lo que está en alcance a las responsabilidades de los gobiernos locales. Es cierto, admitió, que todo gobierno, y más cuando se dan relevos en la democracia, asume desafíos, retos en todos los ámbitos y uno de ellos es en el tema financiero”. (Nota de Rosa Elvira Vargas, La Jornada, 19/XI/16).
En pocas palabras, -querían ganar los gobiernos de sus estados, con todo el cochinero que hay en ellos, pues asuman los “retos”- y en la práctica asumió la misma postura de Vicente Fox cuando se le preguntó que iba a hacer cuando Tv Azteca asaltó las instalaciones del desaparecido Canal 40: “¿Y yo, porqué?”.
No es lo único, en lugar de transferir la discusión y negociaciones al ámbito que le correspondía, la Secretaría de Hacienda, como si fuera un asunto estrictamente de gobernabilidad, le ordenó al ¡Secretario de Gobernación! la instalación de una mesa de diálogo con los gobernadores que, como Corral, expresaron sus reclamos sobre el tema de la deuda y el del recorte presupuestario del 2017.
Y arguyó que “el Gobierno federal tiene capacidades limitadas” pues “no puede sustituir o reemplazar lo que está en las atribuciones y responsabilidad propia de cada uno de los gobiernos estatales… El Gobierno acompañará con amplia disposición los esfuerzos propios”. (Nota de Salvador Castro, Agencias, El Diario, 19/XI/16).
Esa respuesta dio la petición, reiterada, del gobernador Corral de apoyar al gobierno de Chihuahua con “por lo menos mil millones de pesos”.
A tal petición sí dio respuesta, pero al planteamiento de fondo realizado por el mandatario chihuahuense, el de iniciar la discusión de un nuevo esquema de distribución de los recursos fiscales, pues no podemos, dijo Corral, “en pleno siglo XXI continuar con un esquema literalmente del siglo pasado, ya que el vigente data de la administración de López Portillo… Que desaparezcan los incentivos perversos y la discrecionalidad en la asignación de recursos, que se privilegie la transparencia y la equidad, y se establezcan las bases de un nuevo pacto federal.” (Ibídem).
La respuesta presidencial es de antología y esboza lo que puede ocurrir en el período faltante a la celebración de las elecciones del 2018, pues para cualquier medianamente informado, entidades como Chihuahua y Veracruz enfrentan verdaderos desastres, que pueden llevar a los actuales mandatarios, si esa es la apuesta presidencial, a perder las mayorías electorales que los colocaron en los gobiernos estatales pues son de tales magnitudes que necesariamente se convertirán en agudos problemas de carácter social, si no se les auxilia desde el gobierno federal, el que, a pesar de los incontables problemas en que se encuentra, tiene los recursos necesarios para auxiliar, no a los mandatarios en problemas, sino a las poblaciones que tan malos gobernantes tuvieron, particularmente los más recientes.
Y si algunos podremos entender los problemas descritos, cuantimás el titular de la Secretaría de Hacienda, José Antonio Meade (al que se le ubica, también, con aspiraciones de convertirse en candidato ¡Del PRI! a la presidencia en 2018) cuya dependencia publica la situación de las obligaciones financieras de estados y municipios en la que Chihuahua tiene la más alta deuda del país en relación al Producto Interno Bruto estatal, “la tercera deuda pública más elevada del país en términos absolutos, sólo detrás de la Ciudad de México y Nuevo León. A esto hay que sumar el déficit presupuestal heredado de la administración anterior, de alrededor de 7 mil millones de pesos”. (Ibídem).
El colmo, seguramente por desesperación, Corral llamó a realizar una colecta a fin de enfrentar el desastre financiero de Chihuahua.
Que le calcule, el Teletón 2015 recaudó 327 millones de pesos, un 69% menos que en 2014, año en el que alcanzó 473 millones 800 mil pesos.
¡Pa’ los problemones que traemos, ni pa’ las semillas!
Bueno, por ahí no está la solución.
¿CARTAS APOCRIFAS O DESISTIMIENTOS A MODO?.- La semana anterior se hizo circular una carta firmada, supuestamente, por Édgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en su calidad de Presidente de la Comisión Nacional de Tribunales (Conatrib) en la que expresaba su rechazo a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en lo referente al cambio anticipado del presidente del Tribunal Superior de Justicia.
El periódico Reforma (18/XI/16) publicó una declaración suya en la que niega haber firmado  tal misiva: ”Es una carta falsa o, bueno, no falsa. No sé si sea falsa o no sea falsa, pero nosotros nunca firmamos eso. Ni la firmamos, ni la reconozco, ni nos vamos a entrometer en los asuntos internos de Chihuahua, ni de ningún otro estado”.
¿Y entonces?
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Propuesta “reparadora” a los diputados

El Diario, 17 de noviembre de 2016
Luis Javier Valero Flores
Uno de los problemas para disminuir los salarios de los funcionarios de los primeros niveles del gobierno es el de que nada puede legislarse retroactivamente.
Ahora que estamos en la tendencia que las leyes se pueden retorcer, si se aplican en el sentido de lo “bueno”, de lo necesario para la sociedad, visto desde la óptica de quienes ahora conforman la mayoría de las simpatías electorales, a pesar de que no se le puede imponer a nadie una disminución de su salario, si es que ya lo recibió en un monto mayor, como estaría en el sentido de lo bueno,  podría lograrse al fin y al cabo es una medida “reparadora”.
Así, los salarios del gobierno federal y de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por ejemplo, no los podemos disminuir porque ya están devengando uno de monto previamente determinado.
Si acaso llegáramos a lograr que el Congreso de la Unión determinara la disminución de los salarios en esos niveles de gobierno tendría que aplicarse para los nuevos funcionarios, no para los actuales… porque una ley que perjudique a alguien no se puede aplicar retroactivamente, bueno, eso dice la Constitución, aunque en el caso de los ministros de la SCJN podrían inconformarse por aquello de que algunos ganarían más que otros y eso también está prohibido constitucionalmente, aunque ya sabemos y vemos, en los gobiernos hay funcionarios que ganan más que otros a pesar de que se encuentran en el mismo nivel.
Bueno, pues la propuesta a los diputados locales, a todos, es que aprueben una disminución de sus salarios para el año 2017 (ya que deberán aprobar el presupuesto para ese año en las próximas semanas), a niveles de lo que gana un maestro de tiempo completo de la Uacj o de la Uach con una antigüedad de 5 años en ese empleo (por aquello de los estímulos que alcanzan los maestros de nuestras dos universidades públicas), que deben percibir entre 25 mil y 40 mil pesos mensuales (y estos últimos serían los que hicieron una buena cantidad de actividades para alcanzar tales niveles salariales, como cursos, diplomados, investigaciones, etc.).
Compárense los 108 mil pesos que ganan los diputados de Chihuahua al mes (los locales) con los alrededor de 60-65 mil pesos que obtienen los maestros mejor pagados de nuestras universidades, aquellos que están en el “top ten”, es decir, los que son masters o doctores, que son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, con trabajos publicados en infinidad de publicaciones científicas y académicas, etc.
Entonces, si aprobaran una medida como la propuesta, notoriamente retroactiva, pues nuestros legisladores ya percibieron un ingreso superior a los 100 mil pesos por el mes de octubre y la primera quincena de noviembre, tendríamos un ahorro significativo y, claro está, habrá diputados que se inconformarán.
Estarán en su derecho a acudir a los tribunales.
¿Pero cómo se verán los diputados que litigaran una disminución de su salario y alegaran que se está aplicando una legislación, retroactivamente, en su perjuicio?
¿Cómo podrían presentarse nuevamente ante los electores, en busca de su reelección en 2018?
Y lo mismo se podría aplicar a los funcionarios de los primeros tres niveles del Gobierno del Estado.
No pueden salir a desestimar tales propuestas, del modo que lo hicieron sus antecesores; podrán decirnos que la disminución de los salarios de esos niveles no implica un ahorro mayor, pero sí les podremos decir que sería una de las mejores evidencias acerca de la buena voluntad que tienen de hacer las cosas de manera distinta a la de quienes ocuparon el gobierno de Chihuahua tan de mal modo.
Hablaría de una conducta ética, nueva, mejor, radicalmente distinta a la de la mayoría de quienes han ocupado carteras en los gobiernos y podría decirle al pueblo de Chihuahua que sus nuevos gobernantes no ven a la administración pública como el botín sexenal.
¡Ah, y si argumentan, como muchos lo han hecho, que los funcionarios públicos (y cuando dicen lo anterior, cambian el tono de voz, y en lugar de funcionarios se llaman a sí mismos “servidores públicos”) deben tener los mismos niveles salariales que en la empresa privada, les podemos decir, entonces, que vayan y busquen esos puestos en las empresas y se les puede poner de ejemplos a la mayoría de los funcionarios gubernamentales de los Estados Unidos, cuyos salarios son notoriamente inferiores a los de los ejecutivos de las empresas!
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Tiempos de desastres

Luis Javier Valero Flores

MegaRadio 860-Juárez

14 de noviembre de 2016

El largo relato de las tropelías e irregularidades descritas por prácticamente todos los integrantes del gabinete estatal, a través de las conferencias de prensa realizadas a lo largo de casi dos semanas, devela el verdadero desastre en que se encuentra el gobierno de Chihuahua, y el enorme desapego del ex gobernador César Duarte y sus colaboradores al marco legal, a la sana administración y a la sociedad chihuahuense.

No es la única información estremecedora, de los informes presentados se infiere -además de que en muchos casos ofrecieron datos concretos- la comisión de infinidad de faltas administrativas y de posibles delitos penales.

Quienes ahora gobiernan Chihuahua tienen ante sí descomunales retos. Tanto los que ellos mismos se impusieron, al ofrecerle a los chihuahuenses la aplicación de la ley para sancionar las corruptelas, así como el indignado reclamo de la mayoría de la población de castigar a quienes gobernaron tan mal a la entidad, es de una tal magnitud que por momentos muchos ciudadanos incurren en la desesperación por no ver el inicio de los procesos judiciales de quienes ante nuestros ojos cometieron infinidad de abusos.

Ni la autoridad deberá dejar correr el tiempo sin iniciarlos, ni la sociedad, por apresurar a los gobernantes, podrá exigir, ya, en los momentos que vivimos, la presentación de las denuncias que suponemos deberán hacer.

Una cosa deberá tenerse presente, el marco legal existente ofrece infinidad de recovecos para evitar que los gobernantes corruptos sean sancionados; además, la comisión de corruptelas y delitos en la administración pública suelen tener la connivencia de los integrantes de los poderes judiciales.

Afortunadamente este último aspecto -por lo menos en el ámbito federal- ha entrado en una tendencia contraria, -si se quiere melindrosa-, esto es, la de aplicar la ley con independencia de los titulares de los poderes ejecutivo estatales y el federal, lo que ha abierto algunas rendijas para que la sociedad tenga derecho a una cierta esperanza de que se aplique la justicia en estos casos.

De ahí la importancia de que las acusaciones se hagan con todo apego a la ley, sustentadas en infinidad de pruebas y evidencias que impidan la liberación de los presuntos responsables de ilícitos cometidos en la función pública.

Es lo peor que le puede ocurrir a la sociedad chihuahuense; algo que ocurre con mucha frecuencia, por desgracia, en el ámbito del derecho penal, que merced a las fallas en la presentación de los cargos en contra de presuntos responsables, son liberados por falta de pruebas, o por la inconsistencia de ellas, gracias al deficiente trabajo de no pocos fiscales. 

Tal fenómeno no deberá presentarse en las acusaciones en contra de los funcionarios de la anterior administración estatal que hubiesen incurrido en la comisión de diversos delitos. 

El gobierno de Javier Corral tiene esa enorme responsabilidad. No puede fallar en ella, su promesa de llevarlos a la cárcel fue, y probablemente no haya duda en ello, el factor principal para llevarlo a la silla principal de Palacio de Gobierno.

Desgraciadamente, uno de los primeros eventos -el de la remoción de Gabriel Sepúlveda de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia-, no abona en el sentido descrito líneas arriba, no tanto por el sentido de darle al tribunal la autonomía de la que ha carecido, sino por la violentación del marco legal existente con la burda intromisión de un poder -el legislativo- sobre otro -el judicial- igual que se hacía y se hizo antes.

La actuación del nuevo grupo gobernante deberá, no solamente ser justa, sino aparentarlo; deberá ceñirse estrictamente al marco legal, de tal modo que no haya margen a las diversas interpretaciones en las acusaciones que hará; está obligado; no será fácil hacerlo, el anterior tuvo 5 meses para intentar borrar los vestigios de las irregularidades.

Otro asunto a cambiar es el de los estratosféricos salarios de los funcionarios de los primeros niveles; ya lo abordaremos antes de que aprueben los presupuestos del año próximo.

No hagas cosas buenas…

El Diario, 13 de noviembre de 2016
¡Cuán difícil resulta opinar lo políticamente “incorrecto” para impugnar acciones con propósitos positivos pero realizadas con mecanismos incorrectos!
¡¿Quién podría estar en contra, desde el campo democrático, de la auténtica reforma del Poder Judicial de Chihuahua y que éste adquiriera, ahora sí, la independencia y autonomía soñadas frente al Poder Ejecutivo?!
¿Quién medianamente informado podría oponerse a que la mayoría de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) fueran removidos, porque sus designaciones fueron claramente opuestas a la correcta aplicación de las leyes y la ética y que llegaron a sus puestos por la decisión del entonces gobernador César Duarte?
La respuesta es obvia.
Pero lo que menos necesitamos los chihuahuenses son las respuestas maniqueas. ¡Ah, lo que ahora se hace está bien, no importa si se violan las normas, porque lo hacemos en nombre del bien! ¡Porque nosotros somos los buenos y la sociedad -y nosotros hablamos por ella- lo “está pidiendo”!
No puede haber taxativas, lo efectuado por el grupo gobernante entre el jueves y el sábado es una clara intromisión del Poder Legislativo en el Poder Judicial.
Al contrario de lo que declaró el Secretario de Gobierno, César Jáuregui Robles (de quien no le vimos declaración alguna cuando el anterior grupo gobernante modificó la ley para cambiar a ¡13 magistrados y nombrar a un buen número de abogados sin los merecimientos legales para acceder a esas posiciones!, con la plena aprobación del grupo parlamentario del PAN) hay, en la sociedad chihuahuense, voces -entre las que se encuentra el escribiente- que ahora criticamos esta medida, como en el pasado nos opusimos a la realizada por  el grupo de César Duarte.
Lo hicimos porque se violaba el principio de la división de poderes, porque un grupo político, sólo porque obtiene una mayoría relativa y construye una calificada -es decir, porque puede- quita o pone al presidente del Poder Judicial, destituye magistrados y coloca a incondicionales en su lugar y porque, pensamos, lo que debe privar es el más estricto respeto al marco legal.
Y porque la transformación democrática debe hacerse con la construcción de instituciones estables, sólidas, que resistan el embate de los resultados electorales y porque deberá impulsar la existencia de una sociedad que, con tal de acabar con un régimen de oprobio, apruebe medidas que se le pueden revertir en cualquier cambio electoral.
Vamos imaginándonos dos escenarios, a cual más de hipotéticos e inconvenientes:
Escenario 1: Imagínense -así sea por un momento- que una fuerza política distinta a la hegemónica de hoy gana la mayoría en el Congreso en las elecciones del 2018 y decide cambiar la ley orgánica del Poder Judicial. Luego, por medio de un artículo transitorio de esa reforma cambian al presidente del TSJ.
¡¡Ah, no!! ¡¡Cómo lo van a hacer!!
¿Lo aprobarían, como ahora lo aprueban hasta prestigiados y queridos amigos jurisconsultos?
¿Esa reforma estará mal, sólo porque restituiría a los “malos” en el poder?
¿Y la de ahora está bien, sólo porque llegan los “buenos” a sanear el Poder Judicial de Chihuahua?
Escenario 2: Soñemos que una fuerza política distinta gana la mayoría parlamentaria en el Congreso de la Unión y que a las dos semanas, por medio de un artículo transitorio de una reforma al Poder Judicial de la Federación, sin que se hiciera una reforma constitucional, quitan al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En ambos escenarios el factor común es que por medio de una reforma a la ley orgánica del Poder Judicial, cualquier día de éstos, si se construye una nueva mayoría parlamentaria, se podría quitar, cada que eso ocurriera, al titular de ese poder, sólo porque es de los “malos”, o de los “buenos”, según sea el caso.
Ahora bien, la reforma aprobada contiene una serie de nuevas medidas que probablemente mejorarán los mecanismos de designación de los jueces y magistrados, así como el del presidente del TSJ, aspecto que era urgente modificar pues la mayoría de los magistrados -afines y miembros del anterior grupo gobernante- se proponían dar un albazo en el nombramiento de 74 nuevos jueces, cosa que quedó marginada en la discusión por la trascendencia de la remoción del anterior presidente magistrado.
El mismo ahora presidente del TSJ, Julio César Jiménez Castro, lo declaró de esa forma:
“La intención fundamental era la de suspender el nombramiento de 70 jueces, esa es la finalidad fundamental del decreto, no tanto que el magistrado (Gabriel) Sepúlveda pudiera dejar la presidencia”. (Conferencia de prensa,  11/XI/16).
¿Y entonces, porqué no cambiaron solamente lo referente a los procesos de designación y apurar, con otros mecanismos, hasta el juicio político, el cambio del presidente del TSJ sin que se tuviese que cambiar la ley con ese solo objetivo?
Argumentos podrían tener muchos a la mano, entre ellos el de la inelegibilidad del propio Sepúlveda para acceder, primero, al cargo de Secretario General del entonces Supremo Tribunal de Justicia, pues cuando lo designaron aún no transcurría un año de haber dejado de ser diputado, requisito establecido por la Constitución para acceder a ese cargo, desde el cual ascendió al de magistrado, como fruto de la anterior reforma de la ley del Poder Judicial, la que mereció justas críticas de no pocas voces.
Así lo dijimos en su momento: “… este proceso (la designación de los magistrados) es ya el emblemático de la actual Legislatura. Ratificó, en dimensiones poco vistas, la plena subordinación al titular del Poder Ejecutivo en una nueva modalidad: Ahora vino signada por todos los partidos políticos…
Lo realizado por el Congreso del Estado es de una extrema gravedad. Le permitieron a un muy elevado número de personajes cercanos al titular del Poder Ejecutivo arribar al Poder Judicial.
Podrán argüir lo que deseen, el hecho es que en esa tesitura se encuentran los ahora magistrados César Ramírez, extitular del Registro Civil; Jorge Ramírez, encargado de la implementación (sic) del nuevo sistema de justicia penal y otrora perdedor candidato a la alcaldía de Cuauhtémoc; Gabriel Sepúlveda, exaspirante a la alcaldía de Parral, exdiputado local; el exdelegado de Profeco, Filiberto Terrazas y Alfredo Fierro Beltrán, de la Barra de Abogados, ‘con estrechos círculos en Palacio y la UACh’ (De los reporteros, El Diario de Juárez, 15/XI/14), por aquello de ser el esposo de la directora de la Facultad de Contaduría, Liliana Álvarez, exsecretaria de la Contraloría del Gobierno de Chihuahua… Por su parte, y seguramente por la previsible molestia que generaría al interior del Poder Judicial una conducta distinta, 6 de los elegidos provienen del ‘interior’, con mayor o menor aprobación de la comunidad jurídica…”.
Y, además “… la designación de dos militantes de este partido (PAN), Rafael Quintana y Luis Villegas, quienes, al igual que sus ahora colegas emanados directamente de las filas del PRI, no tienen antecedentes de los establecidos por la Constitución General de la República para acceder a esos cargos, en lo que es a todas luces la cuota cobrada por el PAN para la aprobación de semejante lista…”. (“¿Oxigenación al Supremo?”, LJVF, El Diario, 16/XI/14)
Y como todo cambia, para que nada cambie, ahora son las diputadas del PRI las que arguyen las violaciones constitucionales, a las que, en estricto sentido jurídico, no les falta razón, entre las que mencionan “al principio de división de poderes; al régimen de facultades expresas; al principio de retroactividad; al principio de Igualdad y al proceso legislativo”, además de que Gabriel Sepúlveda buscará ampararse el día de mañana en contra de su destitución, pero que en realidad es el Pleno de los Magistrados el que ha sido violentado con la reforma aprobada el jueves, pues la elección del Presidente del TSJ es una atribución exclusiva de ese organismo.
Ahora bien, hay una buena cantidad de argumentos para criticar y quizá hasta enjuiciar a Sepúlveda, expresados hasta por el Secretario de Gobierno, César Jáuregui, tales como el “chambismo y crecimiento desmedido de la nómina”, lo que ha llevado a que “la calidad de la justicia ha dejado mucho qué desear”. (Comunicado de prensa, 11/XI/16).
Expresiones semejantes a las de la presidenta de la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado, Laura Marín Franco, quien afirmó que la reforma se aprobó “en el marco de sus facultades y en respuesta a una petición ciudadana de terminar con la impunidad”, (Nota de Alberto Aguinaga Cruz, ahoramismo, 11/XI/16) lo que obliga, entonces, al nuevo grupo gobernante, no sólo a la aprobación de la reforma, sino a la presentación de los cargos necesarios a fin de terminar con dicho fenómeno, también en este ámbito.
¿Porqué no optaron, mejor, por esta vía, que no les ofrecía los riesgos y críticas que ahora enfrentan, que puede derivar, si los opositores deciden ir hasta la SCJN, en la declaratoria de inconstitucionalidad de la medida aprobada el jueves?
Y, además, que hubiesen recibido el pleno respaldo ciudadano a esa acción.
Insistimos, las acusaciones en contra de los integrantes del antiguo grupo gobernante deberán estar plenamente apegadas a la ley, para que no puedan ser  impugnadas, ni desechadas.
Las vísperas no anuncian cosas buenas.
asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Amanecer de luces y sombras

Editorial, Aserto 159, octubre de 2016

El inicio de la nueva administración estatal, encabezada por Javier Corral, en su primera semana, ha concitado, como desde la campaña electoral, opiniones contrastantes, polarizantes, generadas, y eso es lo sorprendente, por la aparente incoordinación -en la designación del jefe policiaco que recibiría la dependencia del anterior gobierno, Javier Benavides- entre el titular del Poder Ejecutivo, Corral, y su hasta ese momento encargado de la Comunicación Social, Antonio Pinedo, quien no fue informado de tal designación.

Tales hechos llaman a la preocupación. Primero, porque, a sabiendas del conflicto existente entre esos dos personajes no le fue comunicado al vocero y, segundo, la existencia misma de ese conflicto, lo que revelaría que no fue consensuado al interior del grupo gobernante.

Prácticamente al mismo tiempo, la declaración del Secretario de Educación, Pablo Cuarón, acerca de las cuotas escolares, reflejó, otra vez, la incoordinación del nuevo grupo gobernante pues era obvio que se desatarían las críticas hacia lo que parece un desistimiento de las promesas de campaña, hecho que vino a corroborar la afirmación del mismísimo gobernador acerca de su pretensión de mantener vigente las foto multas, a pesar de que su oposición a ellas formó parte central de su campaña.

Esas desavenencias tempranas, y la composición del nuevo gabinete echaron por tierra la atención que debiera merecer el mensaje de Javier Corral en la toma de posesión.

Casi simultáneamente, el gobierno de Corral sostenía su primer diferendo público con el entonces alcalde electo de Juárez, originado por el anuncio de que Jorge González Nicolás sería nombrado Director de Seguridad Pública Municipal. Las declaraciones entre uno y otro fueron, políticamente, muy graves y se presentaron en el momento en medio de una más preocupante oleada de ejecuciones, presente desde principios de julio.

El nombramiento de esos personajes ha generado una muy justificada desazón en amplias capas de la población. La pregunta es hasta natural ¿Es que no hay de otros para la seguridad pública? ¿Puros reciclados y con cuestionamientos de alguna parte de la sociedad?

Corral y Cabada deberán asumir que una parte muy importante del electorado que votó por ellos no les avalará en todas sus acciones. En el caso del panista debiera entender que muchos votaron por él debido a su oposición a César Duarte y su proyecto continuista y que el apoyo otorgado al ex senador dependerá de su desempeño al frente del gobierno.

Y el alcalde juarense está en condiciones más desventajosas, no tiene tras de sí un partido y sus militantes y simpatizantes; no, su base de apoyo es más frágil porque le apostó a desempeñarse al margen de los partidos políticos, lo que significa, no solamente no tener a un partido y sus militantes, sino, incluso, una mayor observación ciudadana que los funcionarios emergidos de los partidos pues las expectativas son de que hará cosas muy distintas a estos, pero si en la seguridad pública coloca a uno de los funcionarios duartistas más criticados, de inmediato las críticas serán más severas.

Mantener la confianza depositada en ellos es esencial para todos los funcionarios, especialmente los de elección popular, pero Corral y Cabada deberán trabajar horas extras en ello pues a Corral se la otorgaron en una especie de referéndum a los gobiernos priistas, especialmente a los integrantes de la cúpula duartista, pero no solamente, y ahí están las candidaturas derrotadas de Murguía y Lucy Chavira, y las de la mayoría de los candidatos a las diputaciones.

Y Cabada, así como Alfredo Lozoya, el alcalde independiente de Parral, ganaron una elección referendista acerca de la vigencia de los partidos políticos.

Abrumadoras mayorías los prefirieron muy por encima de aquellos, al igual que a Corral, por tanto, sus responsabilidades son mayores, por ello, no pueden desdecirse de sus promesas de campaña.

¿Será un nuevo amanecer?

Terminó una era de oprobio

Aserto No. 159, octubre 2016

Luis Javier Valero Flores

La asunción de Javier Corral y del total de los alcaldes y diputados locales es el inicio de lo que debiera ser una especie de revulsivo de la clase política chihuahuense, semejante en prácticamente todos los aspectos al resto de ella en el ámbito nacional.

Es, también la oportunidad de la sociedad chihuahuense de reestrenarse en el uso de una herramienta que, para desgracia de los mexicanos, poco ha influido para mejorar la actuación de los funcionarios públicos, podríamos decir que, incluso, en sentido contrario a lo que buscábamos al impulsar la realización de elecciones limpias, competidas, dirigidas por ciudadanos ajenos a los partidos y al gobierno.

Contrariamente a lo que se pensaba en la primera ocasión en que se dio la alternancia partidaria en Chihuahua, ahora no basta solamente con ésta; aprendimos que cambiar de partido en el gobierno no es suficiente, que el desempeño de los alternantes es determinante para el desarrollo de la democracia y que ésta no puede circunscribirse a un mero hecho aislado, expresión de un estado de ánimo de los electores, o del rechazo a unos ú otros actores políticos para que al siguiente proceso electoral se castigue a quienes gobernaron para entregarles a otros la estafeta, que lo harán de manera semejante a los anteriores.

El relevo gubernamental encabezado por Javier Corral tiene esas metas, no porque se las hayan fijado los nuevos gobernantes, sino porque es el reclamo generalizado de la sociedad chihuahuense.

¿Qué plan de gobierno deben concretar?

Uno muy simple: Hacer exactamente lo contrario que sus antecesores, por supuesto que en algunos renglones -muy pocos, por cierto- en los que hubo aciertos, continuar en ese mismo sentido.

Por desgracia son muchos más los aspectos criticables, del desempeño de los que se fueron, que no hay aspecto de la función pública que no deba recibir una inmediata reconstrucción.

Hay uno generalizado, que cruza a toda la administración anterior, el de la presunta comisión de innumerables corruptelas, de cuyas evidencias apenas empezamos a asomarnos, como el del faltante de los recursos económicos federales esquilmados a la Universidad Autónoma de Chihuahua; el déficit presupuestal del presente año, calculado en 7 mil 200 millones de pesos; los lujosos departamentos encontrados en sendas oficinas de gobierno; los faltantes en el pago de diversos programas sociales y el hallazgo de maquinaria estatal en “ranchos de políticos”, denunciada por el Secretario de Desarrollo Rural, Rubén Chávez.

Derivado de la falta de contrapesos, al interior y al exterior del gobierno, César Duarte gobernó como quiso, sus deseos, así fueran en sentido contrario a lo lógico, se cumplieron; la falta de respeto a la división de poderes cruzó a toda la estructura de gobierno, había que hacer las cosas porque así lo había determinado el señor gobernador.

Ejemplo emblemático de tal conducta fue lo realizado con el transporte urbano de la ciudad de Chihuahua, en el nombramiento de las consejeras del Instituto Chihuahuense de la Transparencia; en el de los jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia; en la remoción de jueces y magistrados a su antojo, la plena subordinación de la mayoría parlamentaria en las dos legislaturas, en el nombramiento de los candidatos de su partido, sin cortapisa alguna en la elección del 2013, en la contratación de deuda, tanto la directa, como la de corto plazo y la de los fideicomisos, especialmente el carretero, para solventar -con cargo a los ingresos, a muy largos plazos- el presupuesto deficitario.

Y ese es otro de los aspectos más negativos de esa administración, la de gobernar sin tomar en cuenta los topes de los ingresos y llevando la deuda a los límites de los ingresos estatales.

Lo peor, y de eso nos enteraremos en las próximas semanas, es que el endeudamiento, además de que presumiblemente se haya empleado en muchas corruptelas, fue empleado en el gasto corriente del gobierno, esto es, para pagar salarios de maestros, personal médico y de seguridad pública y, claro, para financiar el elevado tren de vida de la alta burocracia.

Sirva, para percatarnos de lo anterior, que la nueva administración ordenó se detuvieran los vehículos del sector salud adjudicados a los funcionarios y empleados para su uso personal -el del traslado a sus casas-. Son alrededor de ¡500 vehículos cuyos gastos ahora pueden ahorrarse, además de venderse!

Si calculamos en mil 500 pesos mensuales el gasto de gasolina, el ahorro, tan sólo por este rubro, es de alrededor de 800 mil pesos por mes ¡Ah, y además, el pago de choferes, llantas, servicios, etc!

Lo realizado en el ámbito de la justicia es terrible. Llevar a la desintegración al Tribunal Superior del Estado y ubicar en en él a un grupo de nuevos magistrados sin los merecimientos necesarios, puede llevar a una profundidad mayor el desastre en la aplicación de justicia en la entidad.

La transparencia será reclamo permanente y el gobierno de Corral deberá actuar en consecuencia. Informar al detalle del estado de las finanzas estatales será crucial, de los concesionarios del transporte urbano, de los proveedores del gobierno estatal, de los contratistas y los montos y obras realizadas, de la plantilla de funcionarios, asistentes, secretarios y prebendas de todos ellos.

De manera ejemplar nos deberán informar del estado en que se encuentran las dependencias encargadas de la salud, así como de los contratos efectuados con los proveedores de ellas, pues durante todo el sexenio anterior las denuncias por las corruptelas cometidas en ese sector fueron permanentes.

Y si los anteriores fueron asuntos que mostraron la ineficiencia del grupo gobernante anterior, además de los continuos señalamientos de corrupción, en materia de seguridad pública hay verdaderas sorpresas. Si bien disminuyeron sensiblemente la mayoría de los índices delictivos, el de los homicidios mantuvo un preocupante nivel, superior, incluso al del sexenio anterior.

En este tema el gobierno de Javier deberá afrontarlo con nuevas estratagemas y nuevos enfoques. 

PREGUNTENLE A NICOLAS

Poco después de la mitad del gobierno de César Duarte y enmedio de la disputa por la sucesión, el director de Pensiones Civiles, Marcelo González Tachiquín adquirió, -otra vez, ya que al inicio del sexenio se había desempeñado como secretario particular de Duarte- una renovada confianza del ballezano, de tal grado que concitó la mal querencia del entonces Secretario de Gobierno, Raymundo Romero, que a cada pregunta de los reporteros sobre asuntos del gobierno, respondía diciendo que le preguntaran a “Tachiquín”.

Así, ante la nueva y más severa oleada sangrienta después de la presentada entre 2008 y 2011, en la que en los primeros 10 días de la nueva administración estatal el número de ejecuciones supera las 60 víctimas, en lo que es un preocupante inicio ¿Qué cosas en seguridad pública pueden cambiar en tan sólo unos cuantos días como para que una idílica situación -que nos decía el ex gobernador Duarte existía en Chihuahua durante su gobierno- cambie tan radicalmente?

Durante las últimas semanas de ese gobierno hubo una escalada en el número de homicidios, que incrementó la diferencia existente entre los presentados en el sexenio de Reyes Baeza y el recién terminado. En el gobierno de Duarte se presentaron 15 mil 185 homicidios, un 17% más que en el anterior (12 mil 978), lo que echa por tierra parte de las presunciones del ex gobernador, quien siempre se jactó de haber superado el clima de inseguridad prevaleciente en la entidad.

No se puede negar que así haya ocurrido frente a lo peor de la oleada, ocurrida en la parte final del gobierno de Baeza y los dos primeros años del de Duarte, pero la sangría continuó, sin la espectacularidad y el dolor de aquella ola, pero de manera continua, tanto, que llegó a superarla.

Hoy estamos frente a una creciente semejante. Si se extrapolaran los datos,  con un promedio de 6 ejecuciones por día, si se anualizara tal estadística, nuevamente regresaríamos a los niveles del 2008, 2009 y 2012, con más de 2 mil ejecuciones en un año.

De ese tamaño es el peligro que hoy arrostramos y el que no puede medirse solamente, como de hecho algunos voceros del pasado empiezan a catalogar, como el fracaso de la nueva administración gubernamental.

No, las raíces de lo que hoy sufrimos deben buscarse en el gobierno anterior y en las políticas de seguridad pública aplicadas. Y en ese sentido, qué bueno que Jorge González Nicolás haya sido designado responsable de la seguridad pública municipal de Juárez y que, con ese carácter, y el de haber sido el fiscal anterior, pudiera informar sobre la actual situación.

Algo ocurrió durante la transmisión del mando gubernamental que posibilitó la aparición de varios grupos de sicarios en las principales ciudades de Chihuahua. Lo ocurrido en la Tarahumara no sorprende (¿Cómo estaremos como para que eso suceda?) pues la aparición de convoyes de sicarios asesinando y quemando vehículos, casas y gente, fue un hecho cotidiano a lo largo de los últimos seis años.

Por eso, además, de la aplicación de las necesarias medidas de seguridad que deben aplicarse en estos casos, el Congreso de Chihuahua debiera llamar al ex fiscal a fin de preguntarle un sinnúmero de cosas sobre la seguridad pública del estado, antes de que, nuevamente, el baño de sangre sea incontrolable, como en el pasado reciente.

No cede la primera tormenta política

MegaRadio 860, Juárez

Luis Javier Valero Flores

¿Qué ocurrió para que el gobernador Javier Corral, erigido en “primer panista” de la entidad, lanzase tan gruesos obuses en contra del alcalde Armando Cabada en la primera reunión del nuevo Consejo Estatal del PAN?

El discurso emitido por el nuevo gobernante era justamente el que el nuevo líder del panismo, Fernando Alvarez Monje, debería realizar, para cuidar las formas políticas, en una entidad que apenas se recupera y empieza a saber con exactitud la magnitud del desastre administrativo, del saqueo de las arcas públicas y del patrimonialismo ejercido por el anterior grupo gobernante para favorecer al otrora partido del gobierno, el PRI.

Apenas 24 horas antes de estas declaraciones del gobernador Corral, su jefe de gabinete, Gustavo Madero, había dado a conocer que el gobierno de César Duarte había convertido la Secretaría de Hacienda en la tesorería del PRI para cobrar las cuotas partidarias a alrededor de 800 funcionarios estatales. Igual que lo hacía la tesorería del ayuntamiento juarense, para el PRI municipal, en tiempos del alcalde Enrique Serrano.

Sabedor de tales hechos y de tales inercias patrimonialistas, además de ser un recio y duro combatiente en el pasado de esas conductas de los gobernantes, y no sólo del PRI, sino también de su partido, el gobernador Javier Corral llamó al panismo de Chihuahua a refrendar los triunfos en las diputaciones y a recuperar Ciudad Juárez en las elecciones municipales del 2018.

Y lanzó la más seria ofensiva política en contra de alcalde alguno: “Ya supimos que detrás del supuesto independiente no hay más que un proceso de simulación política, un proceso de componenda de los más altos niveles, vamos a recuperar Juárez”. (Nota del Staff, Diario de Chihuahua, 5/XI/16).

Horas más tarde emprendía el viaje a Juárez para constatar los daños sufridos por los juarenses a causa de la tormenta de granizo abatida sobre el antiguo Paso del Norte, pero con un gravísimo inconveniente: Hacerlo de manera separada frente al alcalde “independiente”, en una acción criticada severamente por una buena cantidad de ciudadanos que lo menos que desean es ver la dispersión de recursos y, peor aún, la confrontación de las nuevas autoridades emanadas del mismo proceso político, entendido éste como el del más amplio y extendido rechazo al duartismo, a las viejas formas de hacer política y al saqueo de los recursos públicos e insistió en llamar a sus compañeros de partido a trabajar para recuperar la presidencia de la república en 2018.

Podrá alegarse, en favor de las posturas de Corral, que tales afirmaciones las realiza en pleno uso de sus derechos políticos, sí, pero hay un gran inconveniente y ese es su postura del pasado frente a los excesos de los gobernantes y a la pérdida de la frontera entre el partido y el gobierno.

Porque ese es el mensaje que se envía a todos los militantes del PAN, ahora convertidos en funcionarios y empleados del gobierno, sea del estatal o de los municipios, que deben “trabajar” para regresar a Los Pinos, y mantener y aún ganar otros espacios de gobierno.

Y por supuesto, el alcalde Cabada le ha respondido. En un tono por demás sarcástico, criticó la pérdida de la frontera entre el gobernante y el militante partidario.

Obviamente, todos estamos de acuerdo en respetar los derechos de Javier Corral como militante partidista, pero éste no actúa en el seno de una sociedad de una democracia desarrollada, no, aquí tenemos un componente patrimonialista presente en todos los partidos y el abuso de los recursos públicos para favorecer a los candidatos del propio partido parece ser un rasgo genético, por eso gastamos tanto en los procesos electorales, para prevenir y castigar ese derroche del erario para alcanzar o mantenerse en el poder… a costa de lo que sea.

Eso se le reclama a los partidos, a sus dirigentes y a sus gobernantes, Javier Corral debiera escuchar tal reclamo.

¿Y Morena, qué?

El Diario, 6 de noviembre de 2016

Luis Javier Valero Flores

La foto es verdaderamente impactante. La publicaron diversos medios de comunicación de Delicias; en ella, sonrientes, tres personajes miran, felices, a la cámara.

Se trata del Presidente del Comité Estatal de Morena en Chihuahua, Martín Chaparro, abrazado a uno de los financieros más importantes de la campaña electoral de César Duarte en 2010 y quien fuera uno de los beneficiarios de las obras del gobierno del ballezano, Jaime Galván Moreno, y Cruz Pérez Cuéllar, ex dirigente estatal del PAN, candidato al gobierno de Movimiento Ciudadano en 2016 y uno de los más severos críticos de Javier Corral en esa campaña, que tuvo como momento máximo el debate entre los candidatos en el que, según la opinión de muchos, realizó el trabajo sucio en favor del candidato del PRI, Enrique Serrano.

Pérez Cuéllar es el que le diera seguimiento -en forma de una denuncia ante la PGR- a la acusación realizada por Duarte en contra de Corral, en la comparecencia del entonces gobernador de Chihuahua del Senado de la República.

Ahí, Duarte acusó a los hermanos de Corral de ser narcotraficantes y de que el entonces senador, por esa razón, estaba vinculado al Cártel de Juárez, al que se cuidó de no designar de ese modo.

Después de comer en las instalaciones de los viñedos de Galván, que ha tenido la capacidad económica como para patrocinar un auto de carreras en la Fórmula Uno, éste se congratuló así en sus sitios de las redes sociales: “Esta tarde recibimos en nuestras instalaciones al Lic. Cruz Pérez Cuéllar y al Profesor Martín Chaparro, quienes se mostraron contentos al conocer todo el trabajo que se hace en el viñedo para poder producir un excelente vino como lo es #Cavall7. ¡Gracias por la visita!”. (Nota de Jesús C. Aguirre Maldonado, Código Delicias, 1/XI/16).

¿De veras fueron invitados, semejantes políticos, sólo a comer y a que “certificaran” la calidad de los vinos de Galván Guerrero?

Apenas unos cuantos días atrás, en ocasión de la última visita del líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, el ex candidato Pérez Cuéllar se fotografió con el tabasqueño y escribió en su muro de Facebook que “El tiempo le dio la razón, su Perseverancia es HEROICA!! Yo soy un HOMBRE LIBRE y en 2018 voy con AMLO!! Excelente semanita amig@s!!”.

Pero no fue lo único relevante de esa visita de quien encabeza las preferencias electorales a la presidencia de la república.

En sendos actos efectuados en Juárez y Chihuahua, acusó al fundador y exdirigente estatal de Morena, Víctor Quintana, de haber traicionado “por un hueso”, caracterización en la que incluyó al ex candidato al gobierno de Chihuahua, Javier Félix, hoy asesor de Javier Corral, a quien le achacó haber aceptado tal cargo por padecer, él y Quintana “una enfermedad que solo se cura con el oro, con un hueso”.

La respuesta de Félix fue tajante. En un artículo que también publicó como un desplegado en la prensa capitalina, argumentó que AMLO los había metido, a él, a Quintana y a Corral “en el mismo saco de corruptos y ladrones”; lo retó a que presentara pruebas en su contra -por corrupción- “o quedará como un vulgar difamador, que es muy bueno para hablar y muy malo para comprobar” y adujo que su cargo era honorario, que no recibirá paga.

De igual modo, el ex candidato de Morena a la alcaldía de Chihuahua, el abogado David Oscar Castrejón Rivas, discrepó de su dirigente nacional, y adujo que para la fecha en que Quintana era nombrado funcionario del gobierno “ya estaba expulsado de MORENA (29 de septiembre 2016 Resolución CNHJ- CHIH- 162/16), consecuentemente ya no era del partido” y que ambos, cree, “legítimamente tienen la convicción que desde adentro, con honradez, pueden combatir la corrupción y por eso están ahí”.

Le puede ocasionar la expulsión, dice, pero que su conciencia le obligó a presentarle su opinión en este asunto, uno de los más dolorosos, y quizá más costosos para Morena en su corta existencia.

Y este es sólo uno de los saldos de la conformación de la alianza variopinta que llevó al gobierno a Corral. 

Es tan amplia que, ahí, en el gobierno, se encuentran varias de las corrientes políticas e ideológicas más contrarias entre sí.

Desde la izquierda no solo es la presencia del Secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana, y Hugo Almada, procedentes de las comunidades eclesiales de base, es decir, de la izquierda del catolicismo, con una gran cantidad de vasos comunicantes con las corrientes marxistas del clero, o la de Javier Félix, con mucha simpatía por el chavismo venezolano; o la del abigarrado grupo de barzonistas, muchos de ellos ahora ubicados en la Secretaría de Desarrollo Rural y la de Teresa Guerrero, en la Comisión de los Pueblos Indios.

Ellos conviven a diario con los responsables de la educación, Pablo Cuarón, procedente del mundo del empresariado y de la labor benefactora y Teresa Ortuño, señalada como de la tendencia más conservadora al interior del panismo y ahora responsable de los colegios de bachilleres.

Lo anterior, sin demérito de la infinidad de grupos del PAN cuyos representantes se encuentran, también, con responsabilidades mayores en el gobierno de Corral. Así, políticos de las características de Roberto Lara, también de los grupos conservadores, y Carlos Borruel, ex alcalde, algún tiempo integrante, también, de ese grupo que a principios del siglo XXI dirigía en Chihuahua Enrique Terrazas.

Y, por otra parte, los restos de lo que en su tiempo fue llamada la familia feliz, (a la que pertenecía, quien lo diría, Cruz Pérez Cuéllar) como el Secretario de Gobierno, César Jáuregui Robles, y Guillermo Luján Peña, Director de Administración de la Secretaría de Hacienda, bajo las órdenes de Arturo Fuentes Vélez, hombre que fue de las mayores confianzas de Ortuño.

En ese gobierno se encuentran, fruto, -claro está, sin la participación de Félix- de la alianza establecida entre ellos desde la conformación de Unión Ciudadana, que devino en la Alianza Ciudadana pues aquella se creó para dar cobijo a la denuncia penal en contra de Duarte.

AMLO se opuso a ella, sin entender que se trataba de conformar un bloque claramente definido de centro izquierda, que podía devenir en uno de centro y derechas.

No se trataba, como todavía muchos morenistas sostienen, de aliarse al PAN. Sus electores, los de Morena, los de López Obrador, que necesitarán en 2018, no les hicieron eco y el candidato a gobernador, Javier Félix, obtendría una cuarta parte de los votos de los obtenidos por los candidatos a diputados y alcaldes de ese mismo partido.

No leer adecuadamente el entorno local los puede llevar a pérdidas mayores, no pueden desestimar nada. 

Como ha ocurrido en los últimas dos elecciones presidenciales, la próxima se resolverá por montos menores y los 300 mil votos obtenidos por AMLO en 2012 son muchos.

En 2016 no entendieron que todas las elecciones son locales, que el electorado chihuahuense necesitaba una opción que le garantizara la posibilidad de derrotar al candidato de César Duarte, que se trataba de resolver la posición gubernamental más importante y cuyo ingrediente mayor fue la promesa efectuada por Javier Corral de encarcelar a César Duarte. 

Pero no sólo. A lo largo de la campaña el equipo de Corral insistió en la elaboración de un programa de gobierno incluyente y no exclusivamente procedente del ideario del PAN.

Así deberán hacerlo, pues los retos a que se verán sujetos reclama el mantenimiento de tal conformación de fuerzas, sin la hegemonía de alguna pues asumieron el poder en las peores condiciones que gobernante chihuahuense alguno lo hubiese hecho, Corral deberá recordarlo a cada momento, no es el gobernante emanado de su partido que en los eventos del PAN puede asumir que ganaron el gobierno de Chihuahua sólo por ese partido.

Lo necesita pues los chihuahuenses habrán de tener paciencia, no está fácil acreditar la presunta responsabilidad del exgobernante, ni la de quienes incurrieron en diversos delitos, cuyas evidencias apenas se empiezan a vislumbrar.

La certeza del encarcelamiento de quienes hayan incurrido en conductas delictivas está directamente ligada a la solidez de las evidencias que presente el grupo gobernante. Y sin violar la ley, ni apresurarse a cambiar cosas sin el sustento legal necesario.

¿A quién en el gobierno, o en el Congreso, se le ocurrió que con una simple modificación legal, de un artículo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se puede remover al presidente del Tribunal Superior de Justicia? Existen infinidad de casos y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impedir que un nuevo grupo gobernante modifique alguna ley para remover a su albedrío a los integrantes de cualquiera de los otros dos poderes.

De que se necesita hacer cambios, para medianamente componer el desastre realizado por César Duarte en el Poder Judicial, es una obviedad, pero deberán hacerse con el mayor de los cuidados legales, precisamente para enviar el mensaje a la sociedad que los cambios realizados por el gobierno del amanecer los hace apegados a la ley.

¿Entenderán, los de Morena, el momento por el que pasa Chihuahua? Más importante ¿No lo olvidarán quienes asumieron el gobierno?

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Tijeretazo presupuestal

El Diario, 3 de noviembre de 2016

Luis Javier Valero Flores

Es de espanto lo anunciado por el Gobierno de Javier Corral. Su presupuesto para el año 2017 será de 55 mil millones de pesos (mmdp), que en términos reales será menor en alrededor del 17% del presente año.

Será una drástica disminución del gasto gubernamental, que puede incidir, así se haga una profunda reingeniería del presupuesto, no solamente en la intención de sanear las finanzas estatales, sino en la previsible disminución de la calidad de algunos de los servicios prestados por el gobierno de Chihuahua y, con toda seguridad, en la baja de la construcción de nueva obra y hasta en la baja del ritmo de algunas de las obras en curso y, aún quizá más importante, en el total de la economía del estado, pues el hecho de que esa cantidad no ingrese al total de la economía puede influir en el curso de la totalidad.

Y es que “En términos reales, descontados los 6.91% puntos de inflación acumulada en los tres años (INEGI), los 55 mil mdp del 2017 quedarían por debajo de los 53.8 mdp del 2014”. (Nota de Alejandro Salmón, ahoramismo.mx, 31/X/16).

La diferencia, como lo aseguraron los funcionarios corralistas de Finanzas, es que para compensar el déficit presupuestario, al contrario de lo efectuado por César Duarte, no recurrirán al financiamiento, ya sea por la vía del endeudamiento directo o el de la bursatilización de los ingresos carreteros, o el de cualquier otro ingreso del gobierno estatal.

Otra cosa es el concepto de la deuda bancaria de corto plazo, la que solicitaron recientemente para solventar los gastos más urgentes del fin de año y del inicio de la actual administración.

Durante años, los presupuestos estatales fueron elaborados y ejecutados teniendo como base el endeudamiento para solventar el gasto gubernamental. Es muy probable (de acuerdo con las evidencias señaladas a lo largo de la administración anterior) que los recursos escamoteados a causa de la corrupción sean muy grandes, pero el hecho fundamental es el profundo desequilibrio de las finanzas estatales.

El gobierno de César Duarte incurrió en el exceso. Por lo menos durante los últimos tres años, el déficit anual ascendió a los 5 mmdp, alrededor del 10% del presupuesto. Lo solventaron con endeudamiento y llevaron al límite el de la deuda directa; hemos alcanzado el tope (aproximadamente 25 mmdp), no le pueden prestar más al gobierno de Chihuahua por esta vía sin la autorización de la Cámara de Diputados.

Y por otro lado, la de la bursatilización de los ingresos carreteros ha llegado, también, a su tope; a menos, claro está, que el gobierno de Corral decidiera abrir otros frentes de ese tipo de financiamiento con la bursatilización de los ingresos del peaje del Libramiento Oriente de la ciudad de Chihuahua o el del tramo Chihuahua-Delicias.

Han decidido optar por la vía del recorte presupuestal, en la idea que las corruptelas les pueden generar pingües ganancias, el problema es que el déficit para este año es del orden de los 7 mil 500 mdp, según lo ha informado Javier Corral, y esos montos difícilmente los podrán alcanzar, de ahí que el fin del año se aprecie como uno de los más complejos para una administración estatal.

Pese a todo, a un día de que informen del verdadero estado en que encontraron al gobierno de Chihuahua, Guillermo Luján Peña, Director de Administración del Gobierno del Estado, descartó hacer reducciones a programas prioritarios, como educación, seguridad pública o desarrollo social y le apostó a que “con el sólo hecho de eliminar los ‘moches’, los precios ‘inflados’ y el pago de obras que, o no se realizaron o se quedaron a deber, se compensan los 8 mil millones menos que gastará el Gobierno en el 2017”. (Ibídem).

Bueno, pues eso puede ocurrir, pero en el ejercicio del año; alcanzarlo en lo que resta del actual será un inmenso reto para el actual gobierno, al que, a pesar de los errores cometidos en sus primeros días la mayoría de los chihuahuenses le ha otorgado el beneficio de la duda.

Una cosa deberán tomar en cuenta los nuevos gobernantes, no son los tiempos de antes, la sociedad chihuahuense ha cambiado drásticamente y el bono democrático entregado al nuevo grupo gobernante tiene una vigencia incomparablemente menor al entregado en el pasado, incluido César Duarte en el 2010, baste recordar las apoteósicas ovaciones que le prodigó la multitud en la inauguración del festival en 2011. 

Un año después todo había cambiado.

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