Cárceles sin ley

Aserto, 15 de marzo de 2012 LUIS JAVIER VALERO FLORES Los más recientes acontecimientos ocurridos en el penal estatal de Juárez constituyen uno de los más graves sucesos ocurridos en la entidad. Al hacer semejante conclusión no deja de tomarse en cuenta el enorme baño de sangre ocurrido a partir de los primeros meses del año 2008 y la consecuente puesta en vigor de la Operación Conjunta Chihuahua. A la larga lista de episodios intensamente cruentos al interior de los penales -prácticamente en todos- en la que la suma de los asesinatos asciende a varias decenas, se vino a sumar el hecho, hasta ahora no desmentido por autoridad alguna, de que las armas encontradas recientemente eran las usadas en la comisión de crímenes afuera del reclusorio, de ahí el que fueran encontradas en tan buenas condiciones. Se podrá argumentar una y mil excusas, lo cierto es que el número de armas encontradas y su concordancia con los hallazgos de las pruebas periciales realizadas en varias escenas del crimen, de acuerdo con la versión oficial de la Fiscalía General de la Zona Norte, revela la profundidad de la corrupción y de las complicidades alguna parte del mundo oficial con el mundo del crimen, a tan alto grado que hace temer lo peor, es decir, que las fronteras entre uno y otro dejen de existir, o simplemente ya no existen. A tan peligrosas circunstancias viene a sumarse el fin de sexenio federal, ámbito al que compete la terrible situación por la que atravesamos, ya en otra ocasión hemos hablado de las increíbles limitaciones de las fuerzas de las entidades para hacer frente al crimen organizado, no solamente en la correlación de fuerzas y armas, sino también en el de las competencias y facultades, de ahí que adquiera una gran importancia el hecho de que la sucesión se dé en los mejores términos (y no hablamos que disminuyan la intensidad de la confrontación, sería pedir lo imposible a las actuales fuerzas políticas), y la entrega del poder se haga de inmediato mediante la instalación de los equipos de entrega-recepción y que estos funcionen adecuadamente para evitar que el largo impasse entre las elecciones y la toma de posesión del nuevo presidente de la república se convierta en un verdadero infierno, peor que lo vivido hasta ahora. En ese escenario, terrible, lo existente en los penales de Chihuahua puede convertirse en uno de los factores que más pueden contribuir a la desestabilización del orden legal establecido y los hombres del crimen pueden llegar a ser extraordinariamente decisivos en el rumbo del país. El problema es que desde los penales pareciera que se arman los comandos que siembran el terror afuera de ellos -tal es la lectura que podemos hacer por los hallazgos referidos- lo que nos llevaría a concluir que la autoridad y los criminales son un solo cuerpo -por lo menos en el caso que nos ocupa- con circunstancias aún peores, como lo es que por la dirección de ese penal han pasado mandos pertenecientes a todos los grupos policiacos y militares existentes. De ahí que, -si no se consideraba así, se deberá cambiar- una de las principales prioridades en el ámbito de la seguridad pública, para la administración estatal, será el de poner un hasta aquí al evidente descontrol e ingobernabilidad existente en los penales, pues de no hacerlo muy caro le costará, no solamente en términos de rentabilidad electoral, sino del agravamiento de la crisis de seguridad pública por la que atravesamos. No es novedad asentar que deberá hacerlo con prontitud y eficacia, y partiendo del hecho que muy poco auxilio podrá esperar de una administración federal interesada solo en la contienda electoral y la que intenta, con desesperación, influir en el rumbo de la contienda. Y cinco meses es mucho tiempo, se puede desbarrancar el país.