El Diario, 13 de septiembre de 2015
Luis Javier Valero Flores
El momento en el que se encuentra el PRI chihuahuense es extremadamente crítico. Enfrenta, a querer y no, una profunda división, y no sólo por el caso Aeroshow-Marco Adán Quezada, aunque éste lo ha agravado seriamente. Están creando las condiciones necesarias como para que puedan perder las próximas elecciones.
Importa esclarecer el caso de Marco Adán Quezada, no sólo con motivo de la disputa político-electoral, pues en juego está el Gobierno de Chihuahua, al que intenta regresar el grupo de Delicias, con otros actores y probablemente con otros derroteros, sino primordialmente por el accidente que enlutó a toda una ciudad.
Existen suficientes evidencias que el accidente ha sido utilizado por el grupo gobernante para golpear políticamente al ex alcalde Quezada.
El uso de los tiempos tiene, incuestionablemente, el objeto de sacarlo de la contienda electoral. Los plazos que tienen vencen a fines de enero próximo, fechas en las que debe cerrarse los registros de los precandidatos de los partidos al gobierno estatal. Si para entonces Quezada no ha logrado superar las argucias legales planteadas por el grupo gobernante, entonces habrá quedado fuera de la contienda del próximo año, por lo menos como abanderado del PRI.
¿Por qué tanto interés del grupo gobernante en desprenderse de Marco Quezada? Interés que no viene de ahora, los distanciamientos entre el entonces alcalde Marco Quezada y el gobernador Duarte fueron evidentes a lo largo de la gestión del primero, agravados por la persistente postura crítica, activa, del entonces regidor capitalino, Rodrigo de la Rosa, hoy flamante líder de los diputados locales priistas, hijo del entonces líder del PRI estatal, hoy Secretario de Desarrollo Agrario, Leonel de la Rosa.
Antes, como ahora, los de la Rosa eran, son, integrantes del círculo de mayor confianza del gobernante. De sus acciones y determinaciones no está lejano el Gobernador Duarte, y peor sería si lo estuviera y continuara la actual situación.
La decisión de demandar a Quezada ha dividido las opiniones de los priistas, tanto de la base, como de los círculos dirigentes y fundamentalmente de los activistas de este partido.
No tiene razón la presidenta estatal del PRI, Karina Velázquez, cuando afirma que el caso “Quezada es totalmente ajeno al PRI”. (Nota de Miguel Silva, El Diario de Chihuahua, 12/IX/15).
¿Cómo, si son puros militantes priistas los involucrados?
Y no se trata de cualquier militante. En el conflicto se encuentran involucrados un (o dos) exgobernador, por lo menos 4 expresidentes estatales del PRI, una cantidad inmensa de ex secretarios de gabinetes estatales, de ex presidentes municipales y en este momento, dos muy elevados funcionarios del gobierno federal.
Puede darse un frentazo, el equipo gobernante, si le creen a Velázquez, cuando afirma que “no habrá un divisionismo al interior del partido por este caso”. (Idem).
Las señales son inequívocas, ahí están las expresiones de Quezada, las del diputado Eloy García Tarín que no por formar parte del equipo del primero deberán desestimarse, las de la diputada Teporaca Romero, todas críticas de la actuación de la mayoría parlamentaria a la que acusan de haber cambiado los documentos de la Auditoría Superior de Chihuahua para que, con el mismo informe de resultados de la auditoría realizada al Aeroshow, hayan aprobado dos resoluciones antagónicas, la de noviembre anterior, en la que no encontraron elementos para fincarles responsabilidades a los funcionarios municipales, no sólo a Marco Quezada; y la de agosto en la que encontraron exactamente lo contrario.
Este es un asunto de la mayor importancia, no sólo es de los priistas, debería atañerle a los chihuahuenses porque, eventualmente, de la candidatura del PRI puede emerger el próximo gobernador, por lo tanto, no es un asunto exclusivo de los priistas.
Y ahí radica la complejidad de la resolución del accidente del Aeroshow, porque se ha utilizado políticamente, porque hasta ahora las autoridades encargadas de aplicar justicia en el asunto han fallado.
Ni las víctimas han recibido las indemnizaciones a que tienen derecho, ni el Congreso, ni el ayuntamiento han efectuado los procesos necesarios a fin de deslindar las responsabilidades administrativas en que incurrieron algunos de los funcionarios municipales; ni el chofer, Francisco Velázquez, ha recibido la correcta justicia pues se le condena penalmente y, al mismo tiempo, a pagar cantidades que le son imposibles de pagar y han dejado a salvo, por lo menos hasta ahora, a los empresarios, tanto los que contrataron a las empresas, como a los propietarios de las encargadas de efectuar los espectáculos.
Más aún, de acuerdo con la opinión de algunos especialistas, incluso la responsabilidad de Velázquez está en duda, pues, de acuerdo a sus declaraciones y las de los peritos, sufrió un golpe que le hizo perder el conocimiento, razón por la que oprimió el acelerador de manera sostenida, incluso después de haber arrollado a las personas.
Además, de acuerdo con estas mismas opiniones jurídicas, las víctimas podían, pueden, ser señaladas como responsables de “Negligencia inexcusable de la víctima”, al no haber respetado las mínimas medidas de seguridad -como, por ejemplo, mantener una mayor distancia de los vehículos del espectáculo-, cosa discutible, pero que para la cual existen los fundamentos legales para otorgarle a Velázquez la posibilidad de atenuar su posible responsabilidad, habida cuenta que él fue quien determinó el rumbo y velocidad del vehículo.
Por ello, es imprescindible delimitar justamente las responsabilidades, cosa que ahora ya se ha vuelto imposible para que lo efectúe de manera imparcial el Congreso del Estado -en el caso de Marco Quezada- debido a los señalamientos realizados por algunos legisladores, entre ellos el líder De la Rosa, en el que afirmaron que Marco Quezada debería ser “inhabilitado” para ocupar cargos públicos.
¿Y qué cargo público buscaría? Ni modo que en la administración estatal actual. La respuesta es obvia, la gubernatura.
Ahora bien, Rodrigo de la Rosa y sus compañeros tienen un reto difícil de cumplir, demostrar indubitablemente la responsabilidad de Quezada en el accidente, a grado tal que las sanciones que debiera recibir fueran hasta el extremo, como lo han sostenido los mismos legisladores, de una inhabilitación de 10 años y 45 millones de pesos de multa.
Deberán demostrar, fehacientemente, que en la cadena de mando de las medidas de protección civil, Quezada tenía un papel preponderante, que los permisos, los esquemas de seguridad, los modelos de protección civil y que los funcionarios responsables directos de esta materia debieran reportarle al alcalde, o que éste debiera dar el visto bueno a todo lo anterior.
Difícil.
La Auditoría Superior del Estado estableció que se habían violado algunas normas administrativas en la entrega de recursos económicos a la empresa encargada de contratar a las empresas de los espectáculos. Dijo que les habían entregado dinero sin que existieran contratos para la prestación de servicios.
Sin embargo, la misma auditoría estableció que ese dinero había constituido el anticipo de algunas de las actividades, certificó la existencia de las facturas que ampararon el uso del recurso económico y que, en esa materia, la de un posible uso ilegal del dinero, no había irregularidad.
¿Podrían fincarle por esa razón, como sanción, la inhabilitación?
Por supuesto, no; podrían, sí, amonestarlo, a él y a otros funcionarios, los encargados de la elaboración y firma de contratos del municipio con sus prestadores de servicios, pero no tendrían elementos para ir más allá.
Estamos, así, frente a un terrible accidente, en el que algunos funcionarios municipales y estatales, los encargados de Protección Civil, actuaron con negligencia, incumpliendo muchos preceptos en esa materia, porque jamás pensaron que podría ocurrir un accidente, cuando eran los responsables de pensar lo contrario, que los accidentes pueden ocurrir.
No lo hicieron, y en ello van los funcionarios estatales, porque las regulaciones les imponen responsabilidades, en el caso de la celebración de eventos masivos en los municipios, y hasta la fecha no han sido señalados.
Y no es así porque el priismo está inmerso en una cerrada disputa, que ha motivado afirmaciones tan ácidas como las lanzadas por Víctor Valencia de los Santos (que ha develado, también, sus aspiraciones al gobierno estatal), elevadísimo funcionario federal, quien ha afirmado, en el curso de una entrevista radiofónica en Juárez (Net Noticias, Juárez, 7/VIII/15), semanas atrás, que “se usa la estructura del gobierno para inducir a quien deba ser el candidato a gobernador”, se rebela contrario a la “soberbia” para gobernar, o de quien dirige y que no está “en el ánimo de los priistas desprestigiar a quienes no están en la “conducción”.
Severo, afirmó que la “unidad se construye con la inclusión, no con la intimidación” y se pronunció abiertamente por la realización de un proceso abierto, no solo a los militantes del PRI, sino a la ciudadanía, como lo hicieran en 1998 y 2004, “y no nos pasó nada, al contrario, salimos ganando”.
REUNIONES DE GABINETE.- Por supuesto que se desea la pronta recuperación del Gobernador Duarte, pero en el afán de mostrar que se encuentra al mando llegan a extremos insostenibles.
¿En función de qué, Karina Velázquez, presidenta del PRI estatal, y Julián Luzanilla, delegado del Comité Nacional del PRI, participaron en la primera reunión postoperatoria del gabinete estatal?
¿Más aún, qué hacían el Lic. José Miguel Salcido, Presidente del Tribunal Superior de Justicia, y Rodrigo de la Rosa, líder de los diputados priistas, y por esa razón, el principal integrante de la Junta de Coordinación Parlamentaria, -el órgano de gobierno del Poder Legislativo- en una reunión del gabinete que preside el gobernador?
¿Y para un asunto, finalmente, tan trivial como la fiesta del 15 de septiembre, afuera y adentro de Palacio de Gobierno?
Decía el ideólogo priista, Jesús Reyes Heroles, que en política, la forma lo es todo.
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