El Diario, 29 de diciembre de 2016
Luis Javier Valero Flores
Son inefables los encargados de las finanzas nacionales. Ernesto Cordero, en tiempos de Felipe Calderón nos espetó que con 6 mil pesos al mes se podía vivir, pagar las colegiaturas de los hijos y hasta adquirir “un vochito”; un poco antes, Agustín Carstens, en plena crisis económica del 2008, nos llamó a no preocuparnos, “no pasa nada”, es un simple resfriado, dijo, a propósito de la pulmonía “cuata” sufrida por la economía norteamericana.
Ahora, frente al peor gasolinazo que hayamos sufrido de “sopetón”, el Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que los mexicanos “No deben asustarse”, porque con el nuevo esquema “se divorciará el precio del petróleo de razones tributarias o políticas y que se vaya ajustando lisa y llanamente conforme se vayan dando las condiciones de precio. Y veremos, en consecuencia, momentos y días donde suba, y momentos y días donde vuelva a bajar…”.
De ninguna manera le asiste la razón a Meade, los precios de la gasolina se incrementarán hasta un 15 por ciento durante los primeros diez días del 2017, de acuerdo con el informe de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
De ese modo, la gasolina en México, resultará más cara que en EU, Rusia, Venezuela e Irak, naciones que, al igual a la nuestra, son productoras de petróleo, y nos ubicará, por los precios, en el grupo de las naciones no productoras.
Con esa medida, la SHCP les quitará $75 mil millones más a los consumidores, de golpe y porrazo, y se afianzará la percepción, no combatida hasta ahora de ninguna forma, que la reforma energética aprobada por priistas y panistas, de la misma manera que lo referente al presente aumento tarifario, vigente a partir del 1 de enero y contenido en la Ley de Ingresos de la Federación para el año que tan mal inicia para la mayoría de los mexicanos.
Y como el carterista que recién ha efectuado una fechoría más, el PAN se une a quienes gritan -¡Detengan al ladrón!-; ahora los diputados de ese partido político se quejan del “desproporcionado incremento a la gasolina”, y aducen, en voz del Coordinador Parlamentario, Marko Cortés, que el ”gobierno federal se aprovecha de las circunstancias para seguir con su política recaudatoria a costa de los bolsillos de los mexicanos”. (Nota de Enrique Méndez y Roberto Garduño, La Jornada, 28/XII/16).
Todo, porque el gobierno federal, independientemente de los altibajos de los precios de los energéticos, cobrará 5.60 pesos de IEPS, por cada litro de gasolina.
Además, la “liberación” energética, promovida por Peña Nieto, obligará a los expendedores de gasolina a pagar el costo del traslado de manera diferenciada, de acuerdo a la región en donde estén asentados
“A partir de este momento, en 2015, ya no habrá gasolinazos. Gracias a la reforma hacendaria, por primera vez en cinco años ya no habrá incrementos mensuales a los precios de la gasolina, el diesel y el gas LP”, dijo Peña Nieto en diciembre del 2105.
Y las primeras consecuencias serán las del incremento del 12% en el costo de obras, así como en el costo del flete, pues las empresas de autotransporte de carga tendrán que pagar entre 16.5 y 20% más por combustible, según la versión del vicepresidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), José Refugio Muñoz; además del notorio descenso de las estimaciones del crecimiento económico que algunas empresas consultoras lo ubican ¡entre el 1 y el 0%!
Esas son sólo algunas, 2017 será el año que demostrará palmariamente el fracaso de la política energética de Peña Nieto: Le entregó la riqueza petrolera a los mayores consorcios económicos mundiales, se quedó sin el ingreso de la renta petrolera y, encima, bajaron drásticamente los precios del petróleo.
Sin iniciativa, sin imaginación, entregado a los más grandes capitales del mundo, solo atinó a gravar aún más los ingresos de los mexicanos y su partido y sus legisladores, como siempre, lo aplauden rabiosamente.
¿Pues que no aprendieron la lección del pasado 5 de junio?
No importa, lo lamentarán en la noche del primer domingo de junio de 2018.
¿O acaso antes? ¿Habrá capacidad de respuesta de los mexicanos para detener tan arbitraria medida? ¿Podrá crecer un movimiento de resistencia, de la magnitud que mereciera tan insensible grupo gobernante?
asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF
jueves, 29 de diciembre de 2016
domingo, 25 de diciembre de 2016
Incredulidad ciudadana
El Diario, 25 de diciembre de 2016
Luis Javier Valero Flores
Fue tanto lo realizado por la administración anterior para llevar a los gobernantes a la peor de la crisis de credibilidad en Chihuahua, probablemente semejante a la de los gobernantes porfiristas, que ante hechos tan destacados en la vía de lo que tanto y tantos reclamaron y que fueran el centro del discurso del hoy gobernador de Chihuahua, no lo asimilan bien.
No pueden ser unas simples coincidencias -de ahí la esperanza del escribiente- que en el curso de la misma semana, primero se anunciara que se reabrirían las denuncias presentadas en contra de César Duarte y Jaime Herrera, por un lado, y en contra de Carlos Hermosillo por otra, archivadas por orden del fiscal a días del término de la pasada administración.
Javier Corral adujo que había sido una decisión del "Consejo de la Judicatura Estatal" y que, además, la orden del archivado había sido por órdenes directas de Jorge González Nicolás, por entonces Fiscal General del Estado.
Luego, a finales de la semana terminante, Corral nombró al abogado, Maclovio Murillo, Consejero Jurídico del Gobierno de Chihuahua. No, no pueden ser coincidencias. Por un lado se reabre el proceso en contra de los ex funcionarios y por otro se incorpora al gabinete al litigante que en mayores aprietos jurídicos puso al gobierno de Duarte.
Sin más palabras: César Duarte ya está frente al proceso judicial que muchos votantes -y seguramente más chihuahuenses- querían; deberá enfrentar a la justicia, aquí, en Chihuahua, frente a tribunales chihuahuenses y, además, quien llevará, seguramente, la mayor parte de la carga de esas denuncias y las próximas que se enfilarán en contra del ballezano y sus compañeros de gabinete, será su principal impugnador jurídico, Maclovio Murillo.
A lo anterior habrá que agregarle el antecedente inmediato de la remoción de Gabriel Sepúlveda de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, lo que descarta la posibilidad de que, llegado el caso de Duarte a esa instancia jurídica, tuviera el beneficio de la luenga amistad existente entre Duarte y Sepúlveda.
Pero en esos dos casos, el de la reapertura de las denuncias y el de la remoción de Gabriel Sepúlveda, los mecanismos utilizados dieron pie a la duda sobre su legalidad.
Y es que el Consejo de la Judicatura no existe, fueron nombrados los 4 magistrados que participarán pero faltan por designarse a los 2 del Congreso del Estado y el que debe nombrar el gobernador.
Esos son hechos que pudieran darse por terminados a juzgar por las primeras declaraciones de Murillo, cuando afirmó que "no habrá más decisiones políticas que tienden, la mayoría de los casos, a ser inconstitucionales o van en contra de la Ley", (Nota de la redacción, El Heraldo de Chihuahua, 22/XII/16) frases en las que, obviamente, se refería a lo acontecido en el sexenio anterior pero que deberá ser la preocupación del actual.
Sin embargo, el hecho de anunciar que esa dependencia se fortalecerá con la contratación de especialistas en distintas áreas del derecho, como penal, laboral, financiero, público, entre otros, no deja lugar a la duda, conformará un equipo que, o lleva la principal de las cargas, o coadyuvará grandemente con el que elabore las denuncias en contra del ex gobernador y los principales de sus colaboradores. De esas dimensiones ubicamos el nombramiento del litigante originario de Buenaventura.
Pero no todo es miel sobre hojuelas para el gobierno del amanecer. La aprobación del presupuesto para el 2017 le ha traído innumerables críticas, sobre todo de los sectores de la población menos ligados al panismo, entre ellos, claramente, el priismo y Morena y, obviamente, de muchos ciudadanos no identificados con partido alguno.
Sí sorprende, desagradablemente, la elevación de algunos rubros, especialmente los relacionados con los vehículos automotores, en una entidad que solamente es superada por la Ciudad de México en cuanto al número de ellos por el de habitantes y que se explicaría por el desastre financiero en que se encuentra el gobierno de Chihuahua, pero que no guarda congruencia con las expectativas creadas a lo largo de la campaña y que da pie a la preocupación porque anteriormente se habló de hasta la continuidad de las fotomultas en la ciudad de Chihuahua.
Lo que no es una sorpresa -por lo menos para el escribiente- es la decisión de recurrir a la bursatilización, en un monto a definir en el curso del año y que puede llegar a la suma de 4 mil millones de pesos (mmdp).
Según lo que han informado los gobernantes, la suma que se solicite dependerá -al igual que los apoyos extraordinarios del gobierno federal- de los avances mostrados en el ahorro del gobierno de Corral, tanto por el ajuste presupuestario, como de lo derivado de la desaparición de innumerables prácticas corruptas en la adquisición de bienes y servicios, así como en la construcción de obra pública.
De repente sorprende la impaciencia de algunos sectores de la sociedad.
La estructura general del presupuesto para el 2017 es prácticamente la misma que dejó el gobierno anterior ¿El actual la podía cambiar en el curso de mes y medio que tuvo para tomar posesión de las dependencias, efectuar los cambios de mandos necesarios, elaborar un diagnóstico de las dependencias, empaparse del proyecto de presupuesto elaborado por los salientes (en el supuesto de que lo hubiesen hecho) y elaborar el propio, con los limitantes generados por la estructura, no sólo del presupuesto, sino del gobierno en su conjunto y de las dependencias en particular por aquello de la nómina inflada o derivado del enorme crecimiento de algunas áreas, especialmente las de educación y salud?
La respuesta podría ser obvia, pero lo que sí podría aportar el nuevo gobierno sería en el ahorro logrado a lo largo del año pues lo retrataría nítidamente, en muchísimos aspectos, entre ellos el de demostrar que la llegada de un nuevo grupo gobernante no significa el nuevo reparto del presupuesto público, pero fundamentalmente el de que será una administración honesta; esperamos que sea eficiente y sensible a los reclamos -como lo dijo Corral a lo largo de la campaña- de los más vulnerables de la sociedad chihuahuense.
Visto lo anterior, lo lógico, desde el punto de vista estrictamente financiero, era que el gobierno de Corral recurriera al endeudamiento por la única vía que le dejó el de Duarte, la de bursatilización de los remanentes carreteros y por los montos que Jaime Herrera, el ex secretario de Finanzas, les había dicho a los representantes del entonces gobernador electo Javier Corral, de 10 mmdp, 6 de los cuales, sostendría Herrera en diversas ocasiones, utilizaría Duarte y los 4 restantes el nuevo gobierno.
Reacio a creerle en modo alguno al gobierno anterior, Corral no aceptó ese endeudamiento y nombró al actual Secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, como su representante para vigilar que los recursos -en lo general- se aplicaran del modo que lo habría aprobado el Congreso de Chihuahua en diciembre anterior.
Por eso aceptó, porque ese endeudamiento formaba parte del presupuesto aprobado por el total de las bancadas en esa fecha y que sólo se puso en marcha una vez pasadas las elecciones, porque Duarte no quiso arriesgarse a aumentar el encono ciudadano si antes de ellas operaba esa bursatilización, la mitad de la cual sería usada para pagar un financiamiento anterior.
De ahí que, o bursatilizan o bursatilizan; lo pertinente, con todo lo negativo que tiene, es usarlo en la medida que se necesite en el año, merced al ahorro y las medidas aplicadas y esperar que el siguiente año, ya en plenitud del control sobre el gobierno, elaboren y apliquen un presupuesto de las características descritas en la campaña.
¡Y el priismo oficial se desgarra las vestiduras y reprueba lo que aprobó apenas un año atrás, diciendo que la "bursa" no era deuda!
Pero una cosa sí le deben a la sociedad chihuahuense los nuevos gobernantes: La austeridad que le pretenden aplicar al presupuesto, al gobierno, no la aplican en sus percepciones; una disminución significativa de las percepciones de los funcionarios de los 3 primeros niveles, diputados y funcionarios de los organismos descentralizados incluidos, sería la mejor muestra, no solamente de su solidaridad con los chihuahuenses, sino de que su "vocación del servicio público" son auténtica y no, simples frases de campaña.
Insistimos, que ganen lo percibido por los maestros universitarios de excelencia.
ANTIMOTINES.- La presencia de los policías antimotines en el Salón de Plenos del Congreso del Estado, es un hecho absolutamente inaceptable. Es responsabilidad de la presidenta del Poder Legislativo, Blanca Gámez, tanto la autorización, como el retiro. Debe una disculpa la legisladora con una amplísima trayectoria, tanto en el servicio público, como en el activismo social, si autorizó -o, peor, que alguien ordenara la entrada de los policías, por encima de su autoridad- o dejó hacer. Debe ser, de inmediato, aclarado quien ordenó, al tiempo que está obligada a pedirle disculpas a la sociedad chihuahuense.
Recuerde que no hace mucho tiempo, ella estaba enfrente de los antimotines.
Luis Javier Valero Flores
Fue tanto lo realizado por la administración anterior para llevar a los gobernantes a la peor de la crisis de credibilidad en Chihuahua, probablemente semejante a la de los gobernantes porfiristas, que ante hechos tan destacados en la vía de lo que tanto y tantos reclamaron y que fueran el centro del discurso del hoy gobernador de Chihuahua, no lo asimilan bien.
No pueden ser unas simples coincidencias -de ahí la esperanza del escribiente- que en el curso de la misma semana, primero se anunciara que se reabrirían las denuncias presentadas en contra de César Duarte y Jaime Herrera, por un lado, y en contra de Carlos Hermosillo por otra, archivadas por orden del fiscal a días del término de la pasada administración.
Javier Corral adujo que había sido una decisión del "Consejo de la Judicatura Estatal" y que, además, la orden del archivado había sido por órdenes directas de Jorge González Nicolás, por entonces Fiscal General del Estado.
Luego, a finales de la semana terminante, Corral nombró al abogado, Maclovio Murillo, Consejero Jurídico del Gobierno de Chihuahua. No, no pueden ser coincidencias. Por un lado se reabre el proceso en contra de los ex funcionarios y por otro se incorpora al gabinete al litigante que en mayores aprietos jurídicos puso al gobierno de Duarte.
Sin más palabras: César Duarte ya está frente al proceso judicial que muchos votantes -y seguramente más chihuahuenses- querían; deberá enfrentar a la justicia, aquí, en Chihuahua, frente a tribunales chihuahuenses y, además, quien llevará, seguramente, la mayor parte de la carga de esas denuncias y las próximas que se enfilarán en contra del ballezano y sus compañeros de gabinete, será su principal impugnador jurídico, Maclovio Murillo.
A lo anterior habrá que agregarle el antecedente inmediato de la remoción de Gabriel Sepúlveda de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, lo que descarta la posibilidad de que, llegado el caso de Duarte a esa instancia jurídica, tuviera el beneficio de la luenga amistad existente entre Duarte y Sepúlveda.
Pero en esos dos casos, el de la reapertura de las denuncias y el de la remoción de Gabriel Sepúlveda, los mecanismos utilizados dieron pie a la duda sobre su legalidad.
Y es que el Consejo de la Judicatura no existe, fueron nombrados los 4 magistrados que participarán pero faltan por designarse a los 2 del Congreso del Estado y el que debe nombrar el gobernador.
Esos son hechos que pudieran darse por terminados a juzgar por las primeras declaraciones de Murillo, cuando afirmó que "no habrá más decisiones políticas que tienden, la mayoría de los casos, a ser inconstitucionales o van en contra de la Ley", (Nota de la redacción, El Heraldo de Chihuahua, 22/XII/16) frases en las que, obviamente, se refería a lo acontecido en el sexenio anterior pero que deberá ser la preocupación del actual.
Sin embargo, el hecho de anunciar que esa dependencia se fortalecerá con la contratación de especialistas en distintas áreas del derecho, como penal, laboral, financiero, público, entre otros, no deja lugar a la duda, conformará un equipo que, o lleva la principal de las cargas, o coadyuvará grandemente con el que elabore las denuncias en contra del ex gobernador y los principales de sus colaboradores. De esas dimensiones ubicamos el nombramiento del litigante originario de Buenaventura.
Pero no todo es miel sobre hojuelas para el gobierno del amanecer. La aprobación del presupuesto para el 2017 le ha traído innumerables críticas, sobre todo de los sectores de la población menos ligados al panismo, entre ellos, claramente, el priismo y Morena y, obviamente, de muchos ciudadanos no identificados con partido alguno.
Sí sorprende, desagradablemente, la elevación de algunos rubros, especialmente los relacionados con los vehículos automotores, en una entidad que solamente es superada por la Ciudad de México en cuanto al número de ellos por el de habitantes y que se explicaría por el desastre financiero en que se encuentra el gobierno de Chihuahua, pero que no guarda congruencia con las expectativas creadas a lo largo de la campaña y que da pie a la preocupación porque anteriormente se habló de hasta la continuidad de las fotomultas en la ciudad de Chihuahua.
Lo que no es una sorpresa -por lo menos para el escribiente- es la decisión de recurrir a la bursatilización, en un monto a definir en el curso del año y que puede llegar a la suma de 4 mil millones de pesos (mmdp).
Según lo que han informado los gobernantes, la suma que se solicite dependerá -al igual que los apoyos extraordinarios del gobierno federal- de los avances mostrados en el ahorro del gobierno de Corral, tanto por el ajuste presupuestario, como de lo derivado de la desaparición de innumerables prácticas corruptas en la adquisición de bienes y servicios, así como en la construcción de obra pública.
De repente sorprende la impaciencia de algunos sectores de la sociedad.
La estructura general del presupuesto para el 2017 es prácticamente la misma que dejó el gobierno anterior ¿El actual la podía cambiar en el curso de mes y medio que tuvo para tomar posesión de las dependencias, efectuar los cambios de mandos necesarios, elaborar un diagnóstico de las dependencias, empaparse del proyecto de presupuesto elaborado por los salientes (en el supuesto de que lo hubiesen hecho) y elaborar el propio, con los limitantes generados por la estructura, no sólo del presupuesto, sino del gobierno en su conjunto y de las dependencias en particular por aquello de la nómina inflada o derivado del enorme crecimiento de algunas áreas, especialmente las de educación y salud?
La respuesta podría ser obvia, pero lo que sí podría aportar el nuevo gobierno sería en el ahorro logrado a lo largo del año pues lo retrataría nítidamente, en muchísimos aspectos, entre ellos el de demostrar que la llegada de un nuevo grupo gobernante no significa el nuevo reparto del presupuesto público, pero fundamentalmente el de que será una administración honesta; esperamos que sea eficiente y sensible a los reclamos -como lo dijo Corral a lo largo de la campaña- de los más vulnerables de la sociedad chihuahuense.
Visto lo anterior, lo lógico, desde el punto de vista estrictamente financiero, era que el gobierno de Corral recurriera al endeudamiento por la única vía que le dejó el de Duarte, la de bursatilización de los remanentes carreteros y por los montos que Jaime Herrera, el ex secretario de Finanzas, les había dicho a los representantes del entonces gobernador electo Javier Corral, de 10 mmdp, 6 de los cuales, sostendría Herrera en diversas ocasiones, utilizaría Duarte y los 4 restantes el nuevo gobierno.
Reacio a creerle en modo alguno al gobierno anterior, Corral no aceptó ese endeudamiento y nombró al actual Secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, como su representante para vigilar que los recursos -en lo general- se aplicaran del modo que lo habría aprobado el Congreso de Chihuahua en diciembre anterior.
Por eso aceptó, porque ese endeudamiento formaba parte del presupuesto aprobado por el total de las bancadas en esa fecha y que sólo se puso en marcha una vez pasadas las elecciones, porque Duarte no quiso arriesgarse a aumentar el encono ciudadano si antes de ellas operaba esa bursatilización, la mitad de la cual sería usada para pagar un financiamiento anterior.
De ahí que, o bursatilizan o bursatilizan; lo pertinente, con todo lo negativo que tiene, es usarlo en la medida que se necesite en el año, merced al ahorro y las medidas aplicadas y esperar que el siguiente año, ya en plenitud del control sobre el gobierno, elaboren y apliquen un presupuesto de las características descritas en la campaña.
¡Y el priismo oficial se desgarra las vestiduras y reprueba lo que aprobó apenas un año atrás, diciendo que la "bursa" no era deuda!
Pero una cosa sí le deben a la sociedad chihuahuense los nuevos gobernantes: La austeridad que le pretenden aplicar al presupuesto, al gobierno, no la aplican en sus percepciones; una disminución significativa de las percepciones de los funcionarios de los 3 primeros niveles, diputados y funcionarios de los organismos descentralizados incluidos, sería la mejor muestra, no solamente de su solidaridad con los chihuahuenses, sino de que su "vocación del servicio público" son auténtica y no, simples frases de campaña.
Insistimos, que ganen lo percibido por los maestros universitarios de excelencia.
ANTIMOTINES.- La presencia de los policías antimotines en el Salón de Plenos del Congreso del Estado, es un hecho absolutamente inaceptable. Es responsabilidad de la presidenta del Poder Legislativo, Blanca Gámez, tanto la autorización, como el retiro. Debe una disculpa la legisladora con una amplísima trayectoria, tanto en el servicio público, como en el activismo social, si autorizó -o, peor, que alguien ordenara la entrada de los policías, por encima de su autoridad- o dejó hacer. Debe ser, de inmediato, aclarado quien ordenó, al tiempo que está obligada a pedirle disculpas a la sociedad chihuahuense.
Recuerde que no hace mucho tiempo, ella estaba enfrente de los antimotines.
jueves, 22 de diciembre de 2016
Ventea fuertemente
El Diario, 22 de diciembre de 2016
Luis Javier Valero Flores
Ubicados en la postura que todo lo realizado por el gobierno de Javier Corral deberá ser, necesariamente, evaluado al paso de los meses, sin las premuras que pudiera dictar el ánimo oposicionista, como pudiera ser el caso de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del Estado pues sus diputadas ahora rechazan lo que antes tanto elogiaban, la bursatilización, especialmente la coordinadora, Karina Velázquez, que antes fue presidenta del PRI estatal, en el duartismo, dos nombramientos dan pie a elevar las expectativas acerca del desempeño de la administración estatal del nuevo amanecer.
Primero, días atrás, el Congreso del Estado eligió a los tres nuevos consejeros del Instituto Chihuahuense de Acceso a la Información Pública y Transparencia (Ichitaip), entre los cuales se encontraba el abogado Rodolfo Leyva, quien por tercera ocasión consecutiva pretendía un lugar en el organismo; en segundo lugar, apenas ayer, el gobernador Corral designó como Consejero Jurídico del Estado al también abogado Maclovio Murillo.
No se pueden tomar a la ligera ambos nombramientos. Más allá de sus datos curriculares cuentan con una coincidencia, cada uno de ellos en su ámbito se convirtieron en serios opositores al gobierno de César Duarte; el triunfo de Javier Corral encuentra explicación, también, en la contribución que estos dos brillantes abogados hicieron para socavar la hegemonía política del grupo gobernante en el sexenio pasado.
Comparten, por esas razones, otra coincidencia, la de haber derrotado jurídicamente -Murillo en más de una ocasión- a Duarte y haber logrado que el Poder Judicial de la Federación le propinara serios reveses judiciales a ese gobierno, que le permitieron a muchos chihuahuenses otear las graves ilegalidades que se cometían al influjo de una de las frases emblemáticas de su gobierno: “El poder es para poder y no, para no poder”.
Leyva impugnó la designación de las consejeras del Ichitaip, realizada formalmente por el Congreso del Estado, por no fundar y motivar su decisión y haber seleccionado a quien ocupó el último lugar en el examen de conocimientos y a quien no obtuvo una calificación por encima del 8, la que es exigida en todas las instituciones de educación superior en el estado para acceder al estudio de maestrías y doctorados y logró que el PJF le ordenara a la legislatura efectuar un nuevo proceso de designación. El resultado, ya lo sabemos, los diputados eligieron a las mismas en una segunda ocasión. Así se ejercía el poder.
La llegada de Leyva abre una rendija en las posibilidades de que, por fin, el Ichitaip sirva para los propósitos para los que fue creado, entregarles a los chihuahuenses el ejercicio pleno del derecho a la información pública.
Por otra parte, Maclovio Murillo se especializó en ganarle todos los amparos al gobierno estatal, en distintos y variados litigios, todos derivados del desaseo de la administración saliente a la que poco le importó respetar los ordenamientos legales, tanto en la designación de jueces y magistrados, como en el de la pretensión de liquidar ilegalmente a la empresa del transporte urbano CTC, o en el de la elaboración de la legislación electoral, en la que hizo hasta lo imposible por impedir la llegada de las candidaturas independientes.
Y si hubiera un tema en el que la sorpresiva irrupción de Murillo en el gabinete corralista originara más expectativas, es, precisamente, en el del seguimiento de los procesos judiciales en contra del ex gobernador César Duarte; el ex litigante fue un auténtico dolor de cabeza para el ballezano y con su aparición en la Consejería Jurídica, con todo el peso y los recursos del gobierno estatal a su servicio, se puede conjeturar que, por lo menos, las demandas estarán bien sustentadas, ante las cuales, el Poder Judicial del Estado no tendrá dificultades para aplicar, bien, la justicia y que, en caso de encontrar evidencias de la culpabilidad de los ex funcionarios denunciados, la justicia federal no podrá emitir resoluciones contrarias a lo que fue, y es, aspiración de cientos de miles de chihuahuenses:
La aplicación de la justicia a quienes se presume delinquieron en el ejercicio del poder público.
asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF
Luis Javier Valero Flores
Ubicados en la postura que todo lo realizado por el gobierno de Javier Corral deberá ser, necesariamente, evaluado al paso de los meses, sin las premuras que pudiera dictar el ánimo oposicionista, como pudiera ser el caso de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del Estado pues sus diputadas ahora rechazan lo que antes tanto elogiaban, la bursatilización, especialmente la coordinadora, Karina Velázquez, que antes fue presidenta del PRI estatal, en el duartismo, dos nombramientos dan pie a elevar las expectativas acerca del desempeño de la administración estatal del nuevo amanecer.
Primero, días atrás, el Congreso del Estado eligió a los tres nuevos consejeros del Instituto Chihuahuense de Acceso a la Información Pública y Transparencia (Ichitaip), entre los cuales se encontraba el abogado Rodolfo Leyva, quien por tercera ocasión consecutiva pretendía un lugar en el organismo; en segundo lugar, apenas ayer, el gobernador Corral designó como Consejero Jurídico del Estado al también abogado Maclovio Murillo.
No se pueden tomar a la ligera ambos nombramientos. Más allá de sus datos curriculares cuentan con una coincidencia, cada uno de ellos en su ámbito se convirtieron en serios opositores al gobierno de César Duarte; el triunfo de Javier Corral encuentra explicación, también, en la contribución que estos dos brillantes abogados hicieron para socavar la hegemonía política del grupo gobernante en el sexenio pasado.
Comparten, por esas razones, otra coincidencia, la de haber derrotado jurídicamente -Murillo en más de una ocasión- a Duarte y haber logrado que el Poder Judicial de la Federación le propinara serios reveses judiciales a ese gobierno, que le permitieron a muchos chihuahuenses otear las graves ilegalidades que se cometían al influjo de una de las frases emblemáticas de su gobierno: “El poder es para poder y no, para no poder”.
Leyva impugnó la designación de las consejeras del Ichitaip, realizada formalmente por el Congreso del Estado, por no fundar y motivar su decisión y haber seleccionado a quien ocupó el último lugar en el examen de conocimientos y a quien no obtuvo una calificación por encima del 8, la que es exigida en todas las instituciones de educación superior en el estado para acceder al estudio de maestrías y doctorados y logró que el PJF le ordenara a la legislatura efectuar un nuevo proceso de designación. El resultado, ya lo sabemos, los diputados eligieron a las mismas en una segunda ocasión. Así se ejercía el poder.
La llegada de Leyva abre una rendija en las posibilidades de que, por fin, el Ichitaip sirva para los propósitos para los que fue creado, entregarles a los chihuahuenses el ejercicio pleno del derecho a la información pública.
Por otra parte, Maclovio Murillo se especializó en ganarle todos los amparos al gobierno estatal, en distintos y variados litigios, todos derivados del desaseo de la administración saliente a la que poco le importó respetar los ordenamientos legales, tanto en la designación de jueces y magistrados, como en el de la pretensión de liquidar ilegalmente a la empresa del transporte urbano CTC, o en el de la elaboración de la legislación electoral, en la que hizo hasta lo imposible por impedir la llegada de las candidaturas independientes.
Y si hubiera un tema en el que la sorpresiva irrupción de Murillo en el gabinete corralista originara más expectativas, es, precisamente, en el del seguimiento de los procesos judiciales en contra del ex gobernador César Duarte; el ex litigante fue un auténtico dolor de cabeza para el ballezano y con su aparición en la Consejería Jurídica, con todo el peso y los recursos del gobierno estatal a su servicio, se puede conjeturar que, por lo menos, las demandas estarán bien sustentadas, ante las cuales, el Poder Judicial del Estado no tendrá dificultades para aplicar, bien, la justicia y que, en caso de encontrar evidencias de la culpabilidad de los ex funcionarios denunciados, la justicia federal no podrá emitir resoluciones contrarias a lo que fue, y es, aspiración de cientos de miles de chihuahuenses:
La aplicación de la justicia a quienes se presume delinquieron en el ejercicio del poder público.
asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF
domingo, 18 de diciembre de 2016
Otros pendientes de Corral
El Diario, 18 de diciembre de 2016
Luis Javier Valero Flores
Carcomidas hasta los tuétanos, las instituciones encargadas de la procuración y aplicación de la justicia, subsumidas en una de las peores crisis merced a su conversión en simples ejecutoras de las órdenes del ex mandatario César Duarte, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia, deberán ser objeto de una profunda revisión y de una aún más radical transformación, para convertirse en auténticas instituciones salvaguardas de los derechos y la seguridad pública de los chihuahuenses.
Esas debieran ser las metas de cualquier gobierno democrático, llegado bajo el influjo de una de las oleadas de irritación popular más importantes de los últimos años en todo el país. Quizá el nivel de rechazo alcanzado por el ex mandatario chihuahuense sólo sea comparable al de su compañero, el veracruzano Javier Duarte, aunque, para como nos las gastamos los chihuahuenses, sin duda, sostendremos que el del ballezano es inconmensurablemente mayor.
Lo realizado por César Duarte en estas materias no tiene perdón; no se trata solamente del hecho de mantener o cambiar funcionarios, o de comportarse de este o de otro modo, no, el problema es que lo realizado en la procuración de justicia tiene, tuvo, consecuencias irreparables, de enorme dolor para cientos, miles de chihuahuenses.
Su sexenio no solo terminó con una cifra mayor de homicidios que el gobierno de Reyes Baeza, sino que, a pesar de las continuas informaciones emitidas a lo largo de su gobierno, en el sentido de que se habían alcanzado cifras históricas en la aplicación de justicia y disminución de los niveles de impunidad, dos aterradoras realidades echan por tierra tales aseveraciones, sostenidas tesoneramente a lo largo de esa administración: La de las desapariciones y la de los abogados asesinados.
No obstante los reportes de infinidad de organismos derechohumanistas y de la ONU, Duarte negó que el problema de los desaparecidos se le pudiera achacar a su gobierno. No obstante, todas esas agrupaciones destacaron el hecho de que la ciudad de Cuauhtémoc se convirtió en uno de los lugares que mayores cifras de este flagelo presentó en el país y que el gobierno de Duarte minimizó arguyendo que la mayor parte de las desapariciones se había presentado en la administración anterior.
Así, mientras desestimaba los reportes nacionales sobre el problema, también dejó que las bandas del crimen organizado -responsables de la mayor parte de las desapariciones- se convirtieran en el auténtico gobierno de la sierra Tarahumara, cuya entrada y principal centro económico y comercial es la ciudad de Cuauhtémoc, por lo que los asesinatos y desapariciones se convirtieron en asunto cotidiano de esta región. Una vez que salían de esta ciudad, los ciudadanos, para transitar en las noches, debían pedir permiso a los retenes instalados por las bandas criminales ¿Alguien, medianamente racional, en ese entorno podía pensar en una adecuada procuración de justicia, en una correcta investigación de los reportes doloridos, desesperados de los familiares de cientos de desaparecidos?
Por ello, la firma del convenio suscrito por el gobierno de Corral con el equipo de antropólogas argentinas, para efectuar la identificación de los cadáveres bajo custodia de la Fiscalía General del Estado (FGE) abre una enorme veta de esperanzas de que inicie, por fin, por lo menos, el proceso de la localización -ojalá que con vida- de los cientos de desaparecidos y la identificación de otros con el fin de terminar con la terrible incertidumbre -que genera más dolor- de los familiares de los desaparecidos y puedan iniciarse las investigaciones que -ojalá- lleven al hallazgo de los responsables de tan salvajes crímenes.
Cosa semejante deberá realizarse en otro aspecto de la incuria con el que fuimos gobernados los chihuahuenses los últimos seis años, el de los asesinatos de abogados.
De acuerdo con Oscar Castrejón, presidente del Consejo Estatal de Colegios de Abogados, han caído 73 abogados, 30 de ellos en el sexenio de César Duarte. Del total de los abogados victimados, 28 eran juarenses. Ninguno de esos crímenes se ha esclarecido.
Castrejón exigió a lo largo del sexenio ser recibido por el gobernador Duarte, o en su defecto por el Fiscal Jorge González Nicolás. Duarte recibió hasta recomendaciones de la CNDH para que lo hiciera y solo hasta las postrimerías de noviembre del 2015 el dirigente de los abogados fue recibido por el fiscal al cual exigió el esclarecimiento de los asesinatos de los abogados: “Son más de 70 los asesinatos de abogados no esclarecidos, nosotros estamos pidiendo que se cree una fiscalía y que se realicen mesas de trabajo para ver si hay avance y sobre todo que nos digan cuál es la razón por la que ningún caso está resuelto”, le diría en esa ocasión Castrejón Rivas.
Nada se hizo. Así están las cosas aún hoy día. El miércoles, en el curso de una entrevista radiofónica (Aserto Radio, 12/XII/16) refrendaría la petición al gobernador Corral, para ello, diría, “no se necesitan más recursos económicos, sino voluntad política”, pero, al igual que Norma Ledezma y Jaime García Chávez, deploró la permanencia de algunos de los funcionarios de la fiscalía de la anterior administración.
Y es que son muchos los aspectos que se convierten en auténticos problemas, derivados de esa permanencia.
Por ejemplo, dilucidar quienes eran los responsables de mantener la “discreta”, así lo dijeron, custodia que la FGE mantenía sobre la activista Marisela Escobedo el día de su asesinato.
Este caso es la vívida evidencia de la truculencia de la procuración de justicia de ese sexenio y de la plena subordinación del TSJ al gobernador Duarte. No sólo las autoridades violaron la ley, del gobernador hacia abajo, sino que, por lo menos, esa debiera ser una de las líneas de las investigaciones, se actuó de esa manera para evitar que se destapara la posible connivencia de autoridades -sobre todo del área policial y de seguridad pública de aquel entonces- con las bandas del crimen organizado.
El caso fue presentado como resuelto por la autoridad, basada en que había un “asesino confeso”, Sergio Barraza, ex pareja sentimental de Rubí Frayre. La fiscalía siempre adujo que había una confesión de Barraza, realizada a dos policías municipales -los que no se presentaron al juicio oral- y en una supuesta confesión a su propio padre -que tampoco compareció al juicio-. A esos hechos súmense el de que nunca hubo continuidad del Ministerio Público pues del caso se hicieron cargo 6 agentes en distintos momentos. Ante la evidente falta de evidencias, los jueces determinaron la inocencia de Barraza.
Desatada la opinión pública, y la de la familia de Rubí en contra de Sergio Barraza, se pretendió encarcelarlo nuevamente. Para ello echaron mano de un Tribunal de Casación, el que, en ausencia, lo juzgó y encontró culpable.
Ese tribunal hizo cosas increíbles. Una de ellas, por ejemplo: Como no se pudo determinar la causa de muerte debido a que, sostuvo, los restos del cráneo encontrado no eran útiles para ello debido a que, dijeron, al ser sometido a una incineración, ¡había estallado!
Por ello no pudieron determinar la causa de muerte, lo que tenía, evidentemente, una importancia capital para comprobar si, como sostenían unos testigos, Barraza le había disparado, o si la supuesta confesión concordaba con lo hallado por los peritos forenses.
En el nuevo sistema de justicia penal se echó abajo ese monumento a la impunidad y a la tortura que era la confesión del acusado. Los boletines de las procuradurías o las fiscalías del pasado decían: Se detuvo al "asesino confeso”.
Esa era la fuente para la fabricación de infinidad de chivos expiatorios. Ahora la confesión no es la prueba "reina" de los juicios, la autoridad debe demostrar que el acusado es el culpable.
Sergio Barraza nunca confesó el crimen. Hubo reportes policiacos que dijeron que había confesado, nunca se comprobó esa confesión. Barraza, en el juicio oral dijo a la familia que si en algo les había ofendido les pedía perdón, pero nunca confesó haber asesinado a Rubí.
Al paso de los años prácticamente todos los acusados de haber participado en el asesinato o testigos claves han desaparecido o muerto en situaciones verdaderamente sospechosas y prácticamente toda la familia de Marisela debió huir. En su momento la Fiscalía presentó a dos presuntos asesinos materiales. A cada uno, sin empacho, lo acusaron y presentaron sendas evidencias y declaraciones de supuestos cómplices.
Ni pestañearon cuando, meses después de haber presentado al primer acusado, lo hicieron con el último, José Enrique Zavala, El “Wicked”, que murió asesinado en circunstancias absolutamente extrañas en el penal de Chihuahua.
Seis años después del asesinato de Marisela y el de su hija, permanecen sin esclarecerse y, como lo recordaron los representantes de varias de las organizaciones derechohumanistas, en el acto conmemorativo realizado el viernes pasado, algunos de los funcionarios de la Fiscalía, responsables de las investigaciones aún permanecen en esa dependencia.
Eso debe cambiar.
asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF
Luis Javier Valero Flores
Carcomidas hasta los tuétanos, las instituciones encargadas de la procuración y aplicación de la justicia, subsumidas en una de las peores crisis merced a su conversión en simples ejecutoras de las órdenes del ex mandatario César Duarte, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia, deberán ser objeto de una profunda revisión y de una aún más radical transformación, para convertirse en auténticas instituciones salvaguardas de los derechos y la seguridad pública de los chihuahuenses.
Esas debieran ser las metas de cualquier gobierno democrático, llegado bajo el influjo de una de las oleadas de irritación popular más importantes de los últimos años en todo el país. Quizá el nivel de rechazo alcanzado por el ex mandatario chihuahuense sólo sea comparable al de su compañero, el veracruzano Javier Duarte, aunque, para como nos las gastamos los chihuahuenses, sin duda, sostendremos que el del ballezano es inconmensurablemente mayor.
Lo realizado por César Duarte en estas materias no tiene perdón; no se trata solamente del hecho de mantener o cambiar funcionarios, o de comportarse de este o de otro modo, no, el problema es que lo realizado en la procuración de justicia tiene, tuvo, consecuencias irreparables, de enorme dolor para cientos, miles de chihuahuenses.
Su sexenio no solo terminó con una cifra mayor de homicidios que el gobierno de Reyes Baeza, sino que, a pesar de las continuas informaciones emitidas a lo largo de su gobierno, en el sentido de que se habían alcanzado cifras históricas en la aplicación de justicia y disminución de los niveles de impunidad, dos aterradoras realidades echan por tierra tales aseveraciones, sostenidas tesoneramente a lo largo de esa administración: La de las desapariciones y la de los abogados asesinados.
No obstante los reportes de infinidad de organismos derechohumanistas y de la ONU, Duarte negó que el problema de los desaparecidos se le pudiera achacar a su gobierno. No obstante, todas esas agrupaciones destacaron el hecho de que la ciudad de Cuauhtémoc se convirtió en uno de los lugares que mayores cifras de este flagelo presentó en el país y que el gobierno de Duarte minimizó arguyendo que la mayor parte de las desapariciones se había presentado en la administración anterior.
Así, mientras desestimaba los reportes nacionales sobre el problema, también dejó que las bandas del crimen organizado -responsables de la mayor parte de las desapariciones- se convirtieran en el auténtico gobierno de la sierra Tarahumara, cuya entrada y principal centro económico y comercial es la ciudad de Cuauhtémoc, por lo que los asesinatos y desapariciones se convirtieron en asunto cotidiano de esta región. Una vez que salían de esta ciudad, los ciudadanos, para transitar en las noches, debían pedir permiso a los retenes instalados por las bandas criminales ¿Alguien, medianamente racional, en ese entorno podía pensar en una adecuada procuración de justicia, en una correcta investigación de los reportes doloridos, desesperados de los familiares de cientos de desaparecidos?
Por ello, la firma del convenio suscrito por el gobierno de Corral con el equipo de antropólogas argentinas, para efectuar la identificación de los cadáveres bajo custodia de la Fiscalía General del Estado (FGE) abre una enorme veta de esperanzas de que inicie, por fin, por lo menos, el proceso de la localización -ojalá que con vida- de los cientos de desaparecidos y la identificación de otros con el fin de terminar con la terrible incertidumbre -que genera más dolor- de los familiares de los desaparecidos y puedan iniciarse las investigaciones que -ojalá- lleven al hallazgo de los responsables de tan salvajes crímenes.
Cosa semejante deberá realizarse en otro aspecto de la incuria con el que fuimos gobernados los chihuahuenses los últimos seis años, el de los asesinatos de abogados.
De acuerdo con Oscar Castrejón, presidente del Consejo Estatal de Colegios de Abogados, han caído 73 abogados, 30 de ellos en el sexenio de César Duarte. Del total de los abogados victimados, 28 eran juarenses. Ninguno de esos crímenes se ha esclarecido.
Castrejón exigió a lo largo del sexenio ser recibido por el gobernador Duarte, o en su defecto por el Fiscal Jorge González Nicolás. Duarte recibió hasta recomendaciones de la CNDH para que lo hiciera y solo hasta las postrimerías de noviembre del 2015 el dirigente de los abogados fue recibido por el fiscal al cual exigió el esclarecimiento de los asesinatos de los abogados: “Son más de 70 los asesinatos de abogados no esclarecidos, nosotros estamos pidiendo que se cree una fiscalía y que se realicen mesas de trabajo para ver si hay avance y sobre todo que nos digan cuál es la razón por la que ningún caso está resuelto”, le diría en esa ocasión Castrejón Rivas.
Nada se hizo. Así están las cosas aún hoy día. El miércoles, en el curso de una entrevista radiofónica (Aserto Radio, 12/XII/16) refrendaría la petición al gobernador Corral, para ello, diría, “no se necesitan más recursos económicos, sino voluntad política”, pero, al igual que Norma Ledezma y Jaime García Chávez, deploró la permanencia de algunos de los funcionarios de la fiscalía de la anterior administración.
Y es que son muchos los aspectos que se convierten en auténticos problemas, derivados de esa permanencia.
Por ejemplo, dilucidar quienes eran los responsables de mantener la “discreta”, así lo dijeron, custodia que la FGE mantenía sobre la activista Marisela Escobedo el día de su asesinato.
Este caso es la vívida evidencia de la truculencia de la procuración de justicia de ese sexenio y de la plena subordinación del TSJ al gobernador Duarte. No sólo las autoridades violaron la ley, del gobernador hacia abajo, sino que, por lo menos, esa debiera ser una de las líneas de las investigaciones, se actuó de esa manera para evitar que se destapara la posible connivencia de autoridades -sobre todo del área policial y de seguridad pública de aquel entonces- con las bandas del crimen organizado.
El caso fue presentado como resuelto por la autoridad, basada en que había un “asesino confeso”, Sergio Barraza, ex pareja sentimental de Rubí Frayre. La fiscalía siempre adujo que había una confesión de Barraza, realizada a dos policías municipales -los que no se presentaron al juicio oral- y en una supuesta confesión a su propio padre -que tampoco compareció al juicio-. A esos hechos súmense el de que nunca hubo continuidad del Ministerio Público pues del caso se hicieron cargo 6 agentes en distintos momentos. Ante la evidente falta de evidencias, los jueces determinaron la inocencia de Barraza.
Desatada la opinión pública, y la de la familia de Rubí en contra de Sergio Barraza, se pretendió encarcelarlo nuevamente. Para ello echaron mano de un Tribunal de Casación, el que, en ausencia, lo juzgó y encontró culpable.
Ese tribunal hizo cosas increíbles. Una de ellas, por ejemplo: Como no se pudo determinar la causa de muerte debido a que, sostuvo, los restos del cráneo encontrado no eran útiles para ello debido a que, dijeron, al ser sometido a una incineración, ¡había estallado!
Por ello no pudieron determinar la causa de muerte, lo que tenía, evidentemente, una importancia capital para comprobar si, como sostenían unos testigos, Barraza le había disparado, o si la supuesta confesión concordaba con lo hallado por los peritos forenses.
En el nuevo sistema de justicia penal se echó abajo ese monumento a la impunidad y a la tortura que era la confesión del acusado. Los boletines de las procuradurías o las fiscalías del pasado decían: Se detuvo al "asesino confeso”.
Esa era la fuente para la fabricación de infinidad de chivos expiatorios. Ahora la confesión no es la prueba "reina" de los juicios, la autoridad debe demostrar que el acusado es el culpable.
Sergio Barraza nunca confesó el crimen. Hubo reportes policiacos que dijeron que había confesado, nunca se comprobó esa confesión. Barraza, en el juicio oral dijo a la familia que si en algo les había ofendido les pedía perdón, pero nunca confesó haber asesinado a Rubí.
Al paso de los años prácticamente todos los acusados de haber participado en el asesinato o testigos claves han desaparecido o muerto en situaciones verdaderamente sospechosas y prácticamente toda la familia de Marisela debió huir. En su momento la Fiscalía presentó a dos presuntos asesinos materiales. A cada uno, sin empacho, lo acusaron y presentaron sendas evidencias y declaraciones de supuestos cómplices.
Ni pestañearon cuando, meses después de haber presentado al primer acusado, lo hicieron con el último, José Enrique Zavala, El “Wicked”, que murió asesinado en circunstancias absolutamente extrañas en el penal de Chihuahua.
Seis años después del asesinato de Marisela y el de su hija, permanecen sin esclarecerse y, como lo recordaron los representantes de varias de las organizaciones derechohumanistas, en el acto conmemorativo realizado el viernes pasado, algunos de los funcionarios de la Fiscalía, responsables de las investigaciones aún permanecen en esa dependencia.
Eso debe cambiar.
asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF
jueves, 15 de diciembre de 2016
"Cuestiones de salud"
El Diario, 15 de diciembre de 2016
Luis Javier Valero Flores
Vaya que sí cambiaron los vientos en Chihuahua. En los últimos días, -y ahí es en donde se aprecia la importancia de la defenestración de Gabriel Sepúlveda de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia- distintos jueces determinaron reabrir, por los menos, dos procesos en contra, uno, de Carlos Hermosillo, quien formaba parte del círculo de los colaboradores más cercanos al ex gobernador César Duarte y, dos, en contra del ex mandatario y de su Secretario de Hacienda, Jaime Herrera.
A la sesión en la que un juez determinó reabrir el segundo de los procesos, los demandados, de acuerdo a la versión de sus defensores, no pudieron asistir, debido a “cuestiones de salud”. (Nota de Patricia Mayorga, El Diario de Chihuahua, 14/XII/16).
Y es que en los últimos días del gobierno de Duarte, la Fiscalía General del Estado (FGE) resolvió no ejercer acción penal en contra de Duarte y Herrera, de acuerdo a la denuncia presentada en su contra por Joaquín Medina Rosales, del Congreso Nacional Ciudadano, por peculado y enriquecimiento ilícito.
Bueno, pues la misma dependencia, la FGE, ahora en manos completamente distintas, ha solicitado a un Juez de Garantía revocar aquella petición para reabrir la investigación. La petición del no ejercicio de la acción penal la había realizado el entonces fiscal de la Zona Centro, Sergio Almaraz.
La denuncia va al centro de la discusión política en Chihuahua: Pide que se investiguen “los depósitos que hizo el gobierno estatal al Banco Unión Progreso o Banco Progreso de Chihuahua, así como del Fideicomiso de 65 millones de pesos depositado por el exgobernador y su esposa César Duarte, en el mismo banco”. (Ibídem).
Además, exigen investigar el patrimonio de ambos ex funcionarios, “antes y durante su gestión, así como de las personas cercanas a éstos”.
La defensa de César Duarte adujo que es “subjetiva la investigación”, pues se señalan, dicen, bienes obtenidos cuando era empresario, “como si fueran enriquecimiento ilícito en su periodo como gobernador”.
A diferencia de Duarte y Herrera, y con toda seguridad porque posee fuero, el ahora diputado federal, Carlos Hermosillo, sí acudió a la audiencia en la que un juez decidió reabrir la investigación en su contra por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito en la pasada administración estatal, en ella se desempeñó como director del Fideicomiso Estatal para el Fomento de Actividades Productivas de Gobierno del Estado (Fidapech), director general de Administración de la Secretaría de Hacienda y como Presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento, cargo al que renunció para competir como candidato a la diputación federal de Parral por el PRI.
En este caso, la denuncia fue presentada por el ex alcalde parralense, postulado por el PAN, Gustavo Villareal y por José Luévano, cuando éste se desempeñaba como Secretario General del Comité Estatal del PAN y que ahora es el Secretario Particular del Gobernador Corral.
No tiene desperdicio lo realizado en la administración estatal anterior, dictaron el no ejercicio de la acción penal en contra de los funcionarios el sábado 1 de octubre, a escasas 48 horas del término de su gestión y en fin de semana y sin notificarle a los denunciantes de ese hecho, lo que abrió la puerta para que el juez determinara reabrir el caso.
A Hermosillo le achacan, en esta denuncia, haber adquirido propiedades con valor cercano a los 14 millones de pesos, sin que acreditara los ingresos lícitos que le permitieran tal enriquecimiento. La denuncia precisa que él y su esposa “adquirieron propiedades por 13 millones 973 mil 883 pesos” entre 2011 y 2013.
Así, en muy pocos días se aprecian las consecuencias del cambio en la dirigencia del Poder Judicial del Estado, hecho que concitó, además del muy extendido reconocimiento ciudadano, algunas críticas por el modo en que se realizó y que, al entrar en esta fase de los procesos judiciales en contra de los ex funcionarios, será sometida a verdaderas de fuego pues los acusados acudirán, sin duda, al Poder Judicial de la Federación y éste determinará, en muchos de los casos, si se apegaron al Derecho las resoluciones que ahora empezarán a tomar en el ámbito local.
Y aún faltan las resoluciones en relación a la denuncia de Jaime García Chávez.
Señores, esto apenas empieza.
asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF
Luis Javier Valero Flores
Vaya que sí cambiaron los vientos en Chihuahua. En los últimos días, -y ahí es en donde se aprecia la importancia de la defenestración de Gabriel Sepúlveda de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia- distintos jueces determinaron reabrir, por los menos, dos procesos en contra, uno, de Carlos Hermosillo, quien formaba parte del círculo de los colaboradores más cercanos al ex gobernador César Duarte y, dos, en contra del ex mandatario y de su Secretario de Hacienda, Jaime Herrera.
A la sesión en la que un juez determinó reabrir el segundo de los procesos, los demandados, de acuerdo a la versión de sus defensores, no pudieron asistir, debido a “cuestiones de salud”. (Nota de Patricia Mayorga, El Diario de Chihuahua, 14/XII/16).
Y es que en los últimos días del gobierno de Duarte, la Fiscalía General del Estado (FGE) resolvió no ejercer acción penal en contra de Duarte y Herrera, de acuerdo a la denuncia presentada en su contra por Joaquín Medina Rosales, del Congreso Nacional Ciudadano, por peculado y enriquecimiento ilícito.
Bueno, pues la misma dependencia, la FGE, ahora en manos completamente distintas, ha solicitado a un Juez de Garantía revocar aquella petición para reabrir la investigación. La petición del no ejercicio de la acción penal la había realizado el entonces fiscal de la Zona Centro, Sergio Almaraz.
La denuncia va al centro de la discusión política en Chihuahua: Pide que se investiguen “los depósitos que hizo el gobierno estatal al Banco Unión Progreso o Banco Progreso de Chihuahua, así como del Fideicomiso de 65 millones de pesos depositado por el exgobernador y su esposa César Duarte, en el mismo banco”. (Ibídem).
Además, exigen investigar el patrimonio de ambos ex funcionarios, “antes y durante su gestión, así como de las personas cercanas a éstos”.
La defensa de César Duarte adujo que es “subjetiva la investigación”, pues se señalan, dicen, bienes obtenidos cuando era empresario, “como si fueran enriquecimiento ilícito en su periodo como gobernador”.
A diferencia de Duarte y Herrera, y con toda seguridad porque posee fuero, el ahora diputado federal, Carlos Hermosillo, sí acudió a la audiencia en la que un juez decidió reabrir la investigación en su contra por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito en la pasada administración estatal, en ella se desempeñó como director del Fideicomiso Estatal para el Fomento de Actividades Productivas de Gobierno del Estado (Fidapech), director general de Administración de la Secretaría de Hacienda y como Presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento, cargo al que renunció para competir como candidato a la diputación federal de Parral por el PRI.
En este caso, la denuncia fue presentada por el ex alcalde parralense, postulado por el PAN, Gustavo Villareal y por José Luévano, cuando éste se desempeñaba como Secretario General del Comité Estatal del PAN y que ahora es el Secretario Particular del Gobernador Corral.
No tiene desperdicio lo realizado en la administración estatal anterior, dictaron el no ejercicio de la acción penal en contra de los funcionarios el sábado 1 de octubre, a escasas 48 horas del término de su gestión y en fin de semana y sin notificarle a los denunciantes de ese hecho, lo que abrió la puerta para que el juez determinara reabrir el caso.
A Hermosillo le achacan, en esta denuncia, haber adquirido propiedades con valor cercano a los 14 millones de pesos, sin que acreditara los ingresos lícitos que le permitieran tal enriquecimiento. La denuncia precisa que él y su esposa “adquirieron propiedades por 13 millones 973 mil 883 pesos” entre 2011 y 2013.
Así, en muy pocos días se aprecian las consecuencias del cambio en la dirigencia del Poder Judicial del Estado, hecho que concitó, además del muy extendido reconocimiento ciudadano, algunas críticas por el modo en que se realizó y que, al entrar en esta fase de los procesos judiciales en contra de los ex funcionarios, será sometida a verdaderas de fuego pues los acusados acudirán, sin duda, al Poder Judicial de la Federación y éste determinará, en muchos de los casos, si se apegaron al Derecho las resoluciones que ahora empezarán a tomar en el ámbito local.
Y aún faltan las resoluciones en relación a la denuncia de Jaime García Chávez.
Señores, esto apenas empieza.
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lunes, 12 de diciembre de 2016
Esclarecimiento
MegaRadio Juárez, 12 de diciembre de 2016
Luis Javier Valero Flores
El asesinato de nuestro compañero, el reportero Jesús Adrián Rodríguez, de Antena GRD Multimedia, ocurrido en la mañana del sábado 10 de diciembre en la ciudad de Chihuahua, cuando se disponía a salir a su trabajo, deberá ser esclarecido hasta sus últimas consecuencias, con plena transparencia y de la manera más expedita posible.
No deberán dejar lugar a dudas la detención de los responsables, su culpabilidad y los móviles del asesinato, cualesquiera que sean.
Como lo ha sostenido la autoridad, la primera línea de investigación deberá ser la periodística; por supuesto, sin descartar cualquier otra vertiente de investigación, a sabiendas de que nada de lo que arrojen las investigaciones, y hasta la detención de los responsables, materiales e intelectuales, podrá devolvernos a Adrián.
Que lo sepan los asesinos, no debe haber clemencia, sino estrictamente la aplicación de la justicia y de una manera tal que permita abrir los cauces para hacer que hechos tan dolorosos -los homicidios- como el que ahora nos asaltó, disminuyan drásticamente.
Todas las muertes, y más las violentas, son lamentables, pero la de los periodistas son de aquellas en la que morimos todos, como sociedad.
La preservación de la integridad física, y la vida de los periodistas, debe ser prioritario para las sociedades porque quienes pertenecen a este gremio cumplen con una función fundamental, informarles de todos los asuntos y, fundamentalmente, de la “cosa” pública, que acallarlos, por cualquier mecanismo, es agredir al total de la sociedad, porque con ello se pretende, de una manera o de otra, interrumpir la conexión entre los informadores y la sociedad; se pretende evitar que la información llegue a todos, esto, cuando el asesinato obedece a cualquier razón periodística, pero aún obedeciendo a cualquier otro motivo, acudir a método tan violento para dirimir alguna diferencia nunca se justificará.
Por desgracia, miles de chihuahuenses, al acceder a estas reflexiones, podrán, con toda justicia, reclamar el porqué acentuar esta defensa de la integridad y del más puntilloso enojo por la muerte de un reportero. La razón la tienen porque son, ya, decenas de miles de chihuahuenses asesinados en los últimos 9 años (si lo limitamos, sólo, a la más violenta de las rachas homicidas) los cuales, en la mayoría de los casos, merecieron solamente, acaso, unas cuantas líneas en alguno de los medios de comunicación.
Son igualmente lamentables, sólo que los periodistas, en el desempeño de nuestra profesión nos vemos más expuestos a infinidad de riesgos derivados de nuestra labor profesional, de la que algunos puedan sentirse agraviados porque se da a conocer a la sociedad cualquier hecho irregular, de ahí la acentuación en la defensa de la integridad de los reporteros.
Y la autoridad, además de trabajar con celeridad y certeza, deberá sopesar adecuadamente los mensajes que se envían a la sociedad; no podrán ser aquellos que creen, o contribuyan a fomentar la animadversión en contra de los “medios de comunicación”, así, en lo general, ni lanzar descalificaciones en contra de quienes no comparten el rumbo del gobierno estatal en lo general, o en algún asunto en particular. A partir de ahora, por desgracia, luego del asesinato de Adrián Rodríguez, las nuevas autoridades estatales están obligadas a sopesar adecuadamente sus posturas en este tema.
Por otro lado, deberemos asentar que casi la mitad de los homicidios cometidos en Chihuahua a lo largo de una década, de acuerdo con la información proporcionada por la autoridad, no tiene relación con el crimen organizado.
Es terrible, quiere decir que un buen número de chihuahuenses recurre al más violento de los métodos para dirimir sus diferencias, es el salvajismo puro. Deberemos cambiar, todos, para atacar las causas de tan espeluznante realidad.
Sirvan de referencia las tasas de homicidios de otros países, o de otras entidades de México, con las de Chihuahua.
Estados Unidos, con toda la industria del entretenimiento volcada a exhibir la parte violenta de ese país, sólo tiene una tasa de 5 homicidios por cada 100 mil habitantes, muy por encima de Canadá con solamente el 0.3%.
Nada de eso se compara con Chihuahua, en el que, con toda seguridad, alcanzaremos, al terminar el año, tasas por encima de los 30 homicidios por cada 100 mil habitantes.
domingo, 11 de diciembre de 2016
Cambiaron los vientos, Televisa ataca
El Diario, 11 de diciembre de 2016
Luis Javier Valero Flores
En medio de un incremento de los homicidios característicos de los cometidos por integrantes del crimen organizado, el periodista Adrián Rodríguez, reportero de GRD Multimedia, fue asesinado en la mañana de ayer en Chihuahua capital. Su desaparición nos indigna; y el pronto esclarecimiento de su muerte, así como la sanción correspondiente a sus autores, las que le exigimos al gobierno de Chihuahua, deberán demostrar, sin margen a la duda, quienes fueron los responsables, así como las motivaciones para asesinarlo.
Nada de lo anterior resarce la existencia de Adrián, pero, por lo menos, puede darse lugar a la sanción de la sociedad por la comisión de hechos tan reprobables.
A la familia, amigos y compañeros de Adrián les enviamos nuestras condolencias, que son, también, para nosotros.
Contra todo pronóstico, pareciera que la crisis de Televisa -de todo tipo, económica, de contenidos, de conductores, de veracidad, de ética, de credibilidad- llevó a sus directores a buscar otras vetas de la información y encontraron -no debieron batallar para ello- que uno de sus más firmes aliados y aportadores de muy crecidas sumas a lo largo del sexenio anterior, César Duarte, ofrecía una muy rentable (periodísticamente) oportunidad de, además de orear las presuntas irregularidades cometidas a lo largo de su gestión, presentarse como el medio de información ahíto de credibilidad, a lo que contribuirán, suponemos que aspiran sus directivos, los reportajes lanzados en las últimas semanas en contra del ballezano que fue gobernador de Chihuahua.
Televisa ha lanzado sus obuses en contra de Duarte en sendos reportajes en los dos programas líderes de noticias, el de Carlos Loret de Mola y el de Denise Maerker, en el principal de sus canales, en los horarios estelares.
Así, el enredo del accidente del helicóptero, el que, desde cuando ocurrió dio pie a una gran cantidad de especulaciones acerca del modo en que había ocurrido, así como el de las explicaciones acerca del uso a esa y otras aeronaves del gobierno estatal; luego, todavía en los últimos días de gobernante, Duarte fue exhibido por la demanda del empresario español que lo acusó de deberle alrededor de 3 millones de dólares, los que quería saldar con recursos estatales; el seguimiento de esa información y hasta el careo al aire.
Televisa no le dió reposo. Presentó los ranchos del ex gobernador con una información que podía dar lugar a sospechas de crecimiento en su valor, o de haber comprado parte de ellos de manera sospechosa, así como el de haber aumentado la capacidad de la presa construida en ellos.
Llamó a sus detractores a comprobarle “si soy corrupto” y aprovechó, entrevistado al aire, para aceptarle al periodista dar conocer sus declaraciones patrimoniales, “las hacemos públicas contigo, inmediatamente, y con tu auditorio”, lo mismo que había dicho muchos meses atrás, cuando emitió la más famosa de sus frases: “A lo macho que no me fijé (que había firmado un contrato por 65 millones de pesos)”, al tiempo que informó ser propietario de una fortuna de 100 millones de pesos.
Se fue del gobierno, y lo que había prometido, para “salvar” su honor y demostrar no haberse enriquecido a la sombra del gobierno, no lo cumplió. Hasta ahora.
No había tregua, Televisa le dió seguimiento a las informaciones aparecidas, fundamentalmente en el periódico Reforma, acerca del desastre encontrado en la Fiscalía General; siguió la información acerca del encarcelamiento y supuesto despojo ilegal en contra de Guadalupe Chaparro de 84 años y su hija María Elena Ochoa, debido a que fueron acusadas penalmente de invadir terrenos de familiares del ex gobernador,
Y lo más reciente. En el curso de la semana, primero Denise Maerker, en la noche del jueves, emitió un reportaje acerca del supuesto súbito enriquecimiento de Carlos Hermosillo, diputado federal priista por Parral y uno de los más cercanos al ex gobernador Duarte.
Todavía no se reponían -los integrantes del grupo gobernante en el sexenio anterior- del impacto de tales revelaciones, cuando Carlos Loret de Mola, en el noticiero matutino del viernes, revelaba la información acerca la realización, por Duarte y su familia, de más de 70 vuelos en las aeronaves de gobierno del estado sin justificación oficial y con todos los visos de haberse efectuado con fines comerciales y turísticos.
Esta información vino a sumarse a la de los vuelos efectuados en el helicóptero al rancho de Duarte, también sin justificación oficial.
Falta la cereza del pastel. La revelación de la familia de Juan Gabriel acerca de la pintura de María Félix, realizada por Diego Rivera, con un valor de 15 millones de pesos, vendido por la sonorense al cantante y, luego, cedida por éste al ex gobernador de Chihuahua a cambio, supuestamente, de la realización del foto mural y otras cosas en Juárez, así como del préstamo de un avión del gobierno estatal, valuado en 23 millones de dólares y regresado por la familia del Divo juarense a los días del inicio del gobierno de Javier Corral.
Solo para la picaresca nacional, sin relación alguna con el tema y para abonar algo agradable a la truculencia del tema abordado hoy, el escribiente recupera lo declarado por María (en una época, decir en México, María, tenía una sola depositaria) acerca de los cambios efectuados a la pintura sin la aprobación del pintor: “Nunca me ha gustado la pintura de Rivera, yo se lo decía a él. Yo quería que me pintara de tehuana, pero él dijo que era muy vulgar, entonces me pintó como él quería... desnuda, porque él estaba muy enamorado de mí. Después, Diego quería ese retrato para una exposición en Bellas Artes, pero como no se lo presté, me dejó de hablar más de un año. Un día estaba un albañil arreglando mi casa, y le mandé a poner blanco para tapar un poco todo aquello y así quedó…”.
Pero, bueno, regresemos a nuestra realidad.
La información proporcionada por Loret de Mola, basada en los reportes oficiales de los vuelos efectuados por las aeronaves, muestra el modo en que el ex mandatario usó los recursos públicos sin medida alguna. Todo se merecía la familia del gobernador, hasta viajes en el avión del gobierno de Chihuahua para ir de compras a Santa Fé, Nuevo México.
Asombra encontrar como viajeros “frecuentes” al ex fiscal de Chihuahua, Jorge González Nicolás, y a los integrantes de su familia; además del abuso de los recursos estatales pues el ex gobernador usaba el helicóptero hasta ¡Para viajar de El Paso a Juárez!
Incapaz de aceptar los resultados de la elección del 5 de junio, Duarte viajó, por ejemplo, del viernes 5 al lunes 8 de agosto de este año, en la aeronave del gobierno estatal, con su esposa e hijo, a Boston, e hizo escala en Chatanooga, Tennessee, Little Rock y Arkansas, lo que representa “una irregularidad, y es un ejercicio indebido del servicio público”, como lo declararía la Secretaria de la Función Pública, Estefany Olmos
Es increíble el abuso cometido por el ex mandatario, de acuerdo a la información proporcionada por Olmos, según los datos registrados en las bitácoras de tres aeronaves del Gobierno del estado, viajaba por asuntos personales por lo menos una vez cada diez días.
Pero esos son los detalles menores. De acuerdo con lo informado por Loret de Mola el viernes por la mañana, el diputado federal Carlos Hermosillo Arteaga cuenta con una fortuna de más de 100 millones de pesos, entre ranchos, casas, locales comerciales y carros de lujo, luego de ser funcionario público durante la administración del ex gobernador César Duarte y de ser señalado como uno de los prestanombres del ballezano.
Hermosillo declaró contar con un patrimonio personal de 200 mil pesos en 2010, al inicio de la administración de César Duarte, hoy declara una fortuna de 100 millones de pesos, luego de desempeñarse en distintos puestos del gobierno estatal y de cambiar su residencia, de una modesta vivienda, a una lujosa residencia, en uno de los más exclusivos fraccionamientos residenciales de la capital chihuahuense; le cambió la vida.
Interrogado, años atrás, acerca de este súbito enriquecimiento, Hermosillo (quizá uno de los 2-3 personajes más ligados a Duarte) declaró que su esposa pertenecía a una de las familias de mayor abolengo en Parral, de ahí, dijo, que le hayan heredado o adjudicado una gran cantidad de bienes inmuebles.
Hoy, los vientos han cambiado y Televisa ha desencadenado una tenaz ofensiva en contra del ex gobernador César Duarte.
Ni éste, ni ningún otro protagonista político puede desestimarla; se trata de uno de los medios de comunicación en los que participan los hombres más poderosos del país.
Han encontrado una muy generosa veta de presuntos actos irregulares cometidos por el grupo gobernante de Chihuahua del sexenio anterior, la mayor parte de ellos merecedores de sanciones penales.
Los reportajes transmitidos por la cadena televisiva sólo parecen ser premonitorios de lo que muchos, pero muchos, chihuahuenses esperan: Que el ex gobernador Duarte comparezca ante la justicia y responda a las acusaciones (la mayor parte debidamente sustentadas) del cúmulo de irregularidades presuntamente cometidas en su administración, por él, y por su círculo más íntimo.
asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF
jueves, 8 de diciembre de 2016
El gobierno como tesorería
El Diario, 8 de diciembre de 2016
Luis Javier Valero Flores
La ola de irregularidades cometidas presuntamente en la administración estatal anterior, y denunciadas por los funcionarios del gabinete de Javier Corral, ya tuvo una concreción jurídica, la presentación de una denuncia ante la Fepade por el descuento realizado más de 700 servidores públicos, como cuotas partidistas al PRI.
La existencia de supuestas cartas de los empleados dirigidas a los dirigentes partidistas, mediante las cuales aceptaban que se descontara el monto de la cuota partidista determinado por los ingresos procedentes del erario, es el argumento central de la defensa que el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Dowell Delgado, ha esgrimido para asegurar que el cobro de las cuotas se realizó “de manera legal”.
El secretario de Administración y Finanzas del partido, Pedro Mauli Romero Chávez, dice la denuncia, recibió el efectivo como “aportaciones del Ejecutivo para el PRI Estatal”. (Nota de O. Chávez/J. Armendáriz, El Diario, 6/XII/16).
La cantidad recibida por el PRI estatal, por este concepto, durante el sexenio de César Duarte, asciende a más de 79 millones de pesos.
A juzgar por la información publicada de la denuncia, sólo se pretende sancionar lo relacionado a la prohibición a los servidores públicos a solicitar “a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política” y deja de lado otro aspecto, quizá el central: El hecho de utilizar la estructura gubernamental para beneficiar a un partido político.
No se trata, solamente, de que se coaccionó -o no- a los funcionarios públicos para que cotizaran al PRI, sino de que este partido usó la estructura de gobierno para recaudar las cuotas de sus militantes, lo que incluyen las operaciones administrativas y bancarias para calcular y efectuar los descuentos; impactarlos en los ingresos de los servidores y, ya fuera, transferirlos a las cuentas del partido, o cobrar las cantidades acumularlas y entregarlas a la tesorería del PRI, lo que implicaba emplear recursos, instrumentos y horas-trabajo del personal de la Secretaría de Hacienda para hacer todo lo anterior.
Las pruebas presentadas en la querella incluyen la relación de los funcionarios, las cantidades descontadas, los talones de pagos, copias de los cheques endosados y cobrados cada mes y los recibos firmados por el secretario de Administración y Finanzas del PRI estatal.
Lo ahora denunciado judicialmente en el ámbito estatal tiene como precedente lo develado por el reportaje “Recaudan cuotas del PRI en Municipio” (Gabriela Minjárez, El Diario de Juárez, 16/II/14), publicado a raíz de las inconformidades de algunos empleados del municipio juarense por los descuentos aplicados a sus salarios sin su consentimiento.
A diferencia de lo denunciado por el gobierno de Corral, pues no habrá algún ex funcionario que declare públicamente, en aquel entonces -¡Cómo estaríamos!- el mismísimo alcalde, Enrique Serrano, ¡¡¡¡“afirmó que se llevó a cabo a petición de su partido”!!!!. (Ibídem).
Serrano argüiría en su defensa que él solo tuvo conocimiento de “un inconforme”. O sea, no era tanto el problema, no sé porque hacen tanto escándalo…
Ante los reclamos, suspendieron el cobro de las “cuotas”, sin que hubiese repercusión alguna.
No es todo. Para “regularizar” la situación, la dirigencia municipal priista envió un formato para que los empleados, “de manera voluntaria”, decidieran si aceptaban la deducción a su salario.
Si tal cosa es imposible de creer, le agregamos que el informante de tal regularización fue el ínclito edil juarense, luego convertido en candidato a la gubernatura, que de esa manera preparaba a su partido para la elección.
No tiene desperdicio la nota: “Serrano señaló que ahora, a petición de la dirigencia local priísta se estableció un convenio formal entre las partes —el Municipio, el partido y los empleados— para descontar de la nómina las cuotas para su agrupación política”. (Más ibídem).
N’ombre, la concepción patrimonialista está tan arraigada en una parte de la clase política que no alcanzan a diferenciar entre lo legal y lo ilegal; interrogado acerca del número de empleados a los que se les descontaba, pidió que la información fuera solicitada a Recursos Humanos ¡del municipio!
¡Nunca se le ocurrió que la instancia adecuada era la dirigencia de su partido!
Y, además, ofreció ese mecanismo a todos los partidos. ¡Increíble!
Bueno, pues ahí están los elementos para incluir a otros presuntos responsables de la comisión de delitos como los ahora denunciados.
asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF
Luis Javier Valero Flores
La ola de irregularidades cometidas presuntamente en la administración estatal anterior, y denunciadas por los funcionarios del gabinete de Javier Corral, ya tuvo una concreción jurídica, la presentación de una denuncia ante la Fepade por el descuento realizado más de 700 servidores públicos, como cuotas partidistas al PRI.
La existencia de supuestas cartas de los empleados dirigidas a los dirigentes partidistas, mediante las cuales aceptaban que se descontara el monto de la cuota partidista determinado por los ingresos procedentes del erario, es el argumento central de la defensa que el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Dowell Delgado, ha esgrimido para asegurar que el cobro de las cuotas se realizó “de manera legal”.
El secretario de Administración y Finanzas del partido, Pedro Mauli Romero Chávez, dice la denuncia, recibió el efectivo como “aportaciones del Ejecutivo para el PRI Estatal”. (Nota de O. Chávez/J. Armendáriz, El Diario, 6/XII/16).
La cantidad recibida por el PRI estatal, por este concepto, durante el sexenio de César Duarte, asciende a más de 79 millones de pesos.
A juzgar por la información publicada de la denuncia, sólo se pretende sancionar lo relacionado a la prohibición a los servidores públicos a solicitar “a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política” y deja de lado otro aspecto, quizá el central: El hecho de utilizar la estructura gubernamental para beneficiar a un partido político.
No se trata, solamente, de que se coaccionó -o no- a los funcionarios públicos para que cotizaran al PRI, sino de que este partido usó la estructura de gobierno para recaudar las cuotas de sus militantes, lo que incluyen las operaciones administrativas y bancarias para calcular y efectuar los descuentos; impactarlos en los ingresos de los servidores y, ya fuera, transferirlos a las cuentas del partido, o cobrar las cantidades acumularlas y entregarlas a la tesorería del PRI, lo que implicaba emplear recursos, instrumentos y horas-trabajo del personal de la Secretaría de Hacienda para hacer todo lo anterior.
Las pruebas presentadas en la querella incluyen la relación de los funcionarios, las cantidades descontadas, los talones de pagos, copias de los cheques endosados y cobrados cada mes y los recibos firmados por el secretario de Administración y Finanzas del PRI estatal.
Lo ahora denunciado judicialmente en el ámbito estatal tiene como precedente lo develado por el reportaje “Recaudan cuotas del PRI en Municipio” (Gabriela Minjárez, El Diario de Juárez, 16/II/14), publicado a raíz de las inconformidades de algunos empleados del municipio juarense por los descuentos aplicados a sus salarios sin su consentimiento.
A diferencia de lo denunciado por el gobierno de Corral, pues no habrá algún ex funcionario que declare públicamente, en aquel entonces -¡Cómo estaríamos!- el mismísimo alcalde, Enrique Serrano, ¡¡¡¡“afirmó que se llevó a cabo a petición de su partido”!!!!. (Ibídem).
Serrano argüiría en su defensa que él solo tuvo conocimiento de “un inconforme”. O sea, no era tanto el problema, no sé porque hacen tanto escándalo…
Ante los reclamos, suspendieron el cobro de las “cuotas”, sin que hubiese repercusión alguna.
No es todo. Para “regularizar” la situación, la dirigencia municipal priista envió un formato para que los empleados, “de manera voluntaria”, decidieran si aceptaban la deducción a su salario.
Si tal cosa es imposible de creer, le agregamos que el informante de tal regularización fue el ínclito edil juarense, luego convertido en candidato a la gubernatura, que de esa manera preparaba a su partido para la elección.
No tiene desperdicio la nota: “Serrano señaló que ahora, a petición de la dirigencia local priísta se estableció un convenio formal entre las partes —el Municipio, el partido y los empleados— para descontar de la nómina las cuotas para su agrupación política”. (Más ibídem).
N’ombre, la concepción patrimonialista está tan arraigada en una parte de la clase política que no alcanzan a diferenciar entre lo legal y lo ilegal; interrogado acerca del número de empleados a los que se les descontaba, pidió que la información fuera solicitada a Recursos Humanos ¡del municipio!
¡Nunca se le ocurrió que la instancia adecuada era la dirigencia de su partido!
Y, además, ofreció ese mecanismo a todos los partidos. ¡Increíble!
Bueno, pues ahí están los elementos para incluir a otros presuntos responsables de la comisión de delitos como los ahora denunciados.
asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF
lunes, 5 de diciembre de 2016
Duarte vigilaba a miles ilegalmente
MegaRadio Juárez
5 de diciembre de 2016
Lo que nos faltaba por saber de lo realizado en el gobierno de César Duarte. De acuerdo con la información proporcionada por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) en el período del 2013 al 2015, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua espió ilegalmente casi 7 mil celulares, para efectuar operaciones de geolocalización, -esto es, la de ubicar a los aparatos, y, por tanto, presumiblemente, a sus propietarios-. Lo hizo sin la autorización judicial requerida y por fuera de lo legalmente establecido, esto es, a través de las empresas telefónicas.
Con esa cantidad de aparatos vigilados, el gobierno de Chihuahua se ubicó como la autoridad que más espionaje efectuó sobre sus gobernados. Sólo fue superado por la Procuraduría General de la República.
En 2013 la Fiscalía de Chihuahua vigiló a 2 mil 747 celulares; en 2014, mil 941 y una cantidad semejante en 2015.
Sirva, para comparar el tremendo despropósito de tal vigilancia, que en 2014 la PGR sólo pidió vigilar, en todo el país, a 473 aparatos, una quinta parte que lo realizado en Chihuahua.
En 2014, la cantidad de celulares vigilados por la Fiscalía de Chihuahua, corresponde a “casi el 80 por ciento de todas las solicitudes de ese año” en el país.
“Prácticamente la totalidad de las solicitudes fueron llevadas a cabo sin autorización judicial”, señala el informe elaborado por esa organización con recursos de la fundación Open Society, entre otras instituciones. (Nota de José Pérez Espino, El Diario, 1/XII/16).
“Llama la atención que durante los años 2013 a 2015, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE Chihuahua) haya sido la autoridad que, por mucho, intentó obtener la geolocalización de un dispositivo en más ocasiones”, indica el reporte de la organización.
Sin embargo, esa vasta operación de espionaje no corresponde con los informes oficiales que las empresas telefónicas deben ofrecer acerca del número de celulares vigilados. Ninguna de las empresas reportó haber recibido petición alguna, lo que lleva a pensar que muy probablemente la Fiscalía de Chihuahua utilizó mecanismos “que no requieren la colaboración de las empresas de telecomunicaciones, lo cual, en su caso, sería muy cuestionable desde el punto de vista legal”. (Ibídem).
A pesar de la vastedad de tal espionaje, el gobierno estatal encabezado por César Duarte, no emprendió ninguna acción penal. (Nota de José Pérez-Espino, El Diario, 2/XII/16).
Así lo reportó la organización responsable de esta investigación, lo que sugiere, entonces, que no tenían pretensiones de carácter judicial, la mayoría de las vigilancias: “En la gran mayoría de los casos se han vigilado personas que jamás son llevadas a juicio por la probable comisión de un delito”, señaló, lo que confirmó, por lo menos para Chihuahua, la denominación del informe de R3D: “El Estado de la vigilancia: Fuera de control”.
Las conclusiones del informe son apabullantes, pues al argumentar, las autoridades, que se efectúa para mejorar los índices de seguridad, “se ha intentado justificar la eliminación de contrapesos institucionales y controles democráticos mínimos a la vigilancia”.
Lo que, sumado a la información que ahora se acumula de las numerosas irregularidades encontradas en toda la estructura de la administración estatal, de las presuntas corruptelas ahora evidenciadas; del enorme desastre financiero, complementa la visión de quien gobernó Chihuahua; no sólo llevó a la entidad a un grave quebranto financiero, sino que, además, pretendió vigilar ilegalmente a sus gobernados.
De nada le sirvió, nunca se enteró del desmesurado rechazo que su gobierno había concitado.
¿Más deuda?
El Diario, 4 de diciembre de 2016
Luis Javier Valero Flores
En el curso de la semana, el tema de la deuda regresó por sus fueros entre los chihuahuenses. Inmerso en una profunda crisis financiera, el gobierno de Javier Corral ha anunciado la contratación de mil 800 millones de pesos (mdp), de un crédito de corto plazo y de la posibilidad de recurrir a la bursatilización por 3 mil mdp, para solventar los gastos del presupuesto del 2017.
En el ínterin, se desató la controversia acerca de si Corral había avalado la anterior operación de bursatilización, aprobada por el Congreso del Estado en diciembre del 2015, y ejercida en las postrimerías del gobierno de Duarte.
“Con el aval del actual gobierno, la anterior administración estatal encabezada por César Duarte Jáquez se gastó todo el dinero correspondiente al último crédito que solicitaron por un monto de 6 mil millones de pesos de la bursatilización. El secretario de Hacienda del Gobierno estatal, Arturo Fuentes Vélez, aseguró que así lo acordaron de manera conjunta ambos gobiernos, el que entonces estaba en funciones y el electo, porque era la mejor alternativa ante las condiciones financieras del estado”. (Nota de Gabriela Minjáres, El Diario, 3/XII/16).
Sin embargo, el documento firmado por el entonces gobernador electo, Javier Corral, estableció que había nombrado como su representante a Fuentes Vélez a fin de que los recursos obtenidos de ese financiamiento fueran empleados tal y como lo estableció el Congreso del Estado en el decreto respectivo que, por supuesto, la administración saliente podía, y lo hizo, hacer lo que le viniera en gana, de tal modo que el último fin de semana en el poder, César Duarte aprobó a quienes, de los acreedores del gobierno estatal, se les pagaría el último día de su administración.
Fuentes Vélez confirmó la información vertida por Jaime Herrera en sus postreros días como encargado de las finanzas estatales: Que del dinero recibido, “3 mil mdp se usaron para pagar un crédito que en noviembre de 2015 se contrató con garantía de los remanentes de los ingresos del peaje de las carreteras y los 2 mil 600 restantes para el pago de proveedores de inversión pública realizada en la pasada administración estatal” (Ibídem), cuando, a pesar de que el Congreso les había aprobado que fuera una bursatilización, Herrera adujo que habían encontrado unas mejores condiciones de financiamiento en un préstamo bancario, cosa que, ¡Oh, sorpresa! La legislatura local les aprobó, cuya garantía, efectivamente, eran los remanentes de los ingresos de las casetas.
A pesar de todo lo expresado en los 60 días del gobierno actual, el Secretario de Hacienda informó que no había habido engaño de la pasada administración, en cuanto al ejercicio del total de los recursos de la bursatilizacion, “porque se pagaron y se cumplieron con los compromisos que estaban pendientes de pago”.
Acotado el gobierno de Corral por los desequilibrios financieros, colmada la capacidad crediticia de la administración estatal, ha acudido a un crédito de corto plazo de mil 800 millones de pesos “para cubrir la operación propia del gobierno, como el pago de la nómina, abastecimiento de gasolina y mantenimiento de los vehículos”, sin que esos recursos sean los suficientes para cubrir el total de los requerimientos pues apenas el viernes anterior, la dirección del Colegio de Bachilleres comunicaba al personal que sería hasta la próxima semana cuando se podrían cubrir el pago de aguinaldos y otras prestaciones.
En tanto, Corral insiste en la petición al gobierno de Peña Nieto de que debiera acudir en auxilio de las finanzas estatales.
¿Es una postura plañidera, la de Corral?
Tal percepción empieza a cobrar fuerza en algunos sectores de la población, entre ellos, ¡Pero por supuesto! los más cercanos al priismo ¿Es justa?
Probablemente no. Cuando la controversia Reyes Baeza-Duarte, acerca del monto de la deuda heredada por éste último alcanzó su punto máximo, el ballezano informó que para empezar con suficientes recursos su administración, el gobierno de Felipe Calderón le había otorgado 3 mil 200 mdp.
Ahora, Peña Nieto pretende entregarle al gobierno de Corral solamente 420 mdp, a pesar de la enorme diferencia. Seis años atrás, Duarte recibió un total de 12 mil mdp de endeudamiento. Corral asumió en medio de una deuda -la bancaria y la de los fideicomisos- de cerca de los 50 mil mdp ¡Cuatro veces mayor!
Y todavía le piden que no se queje. Es pasmosa tal actitud.
De ahí la pertinencia de la pregunta ¿Es aceptable que el gobierno de Corral, legítimamente elegido, acuda a la contratación de más deuda, ya sea la bancaria de corto plazo, o la de los financiamientos derivados de la bursatilización, o de la monetización de los remanentes de los peajes carreteros?
¿Hay otras opciones, además de la de recurrir al gobierno federal, el que no ha tratado a Chihuahua con la benevolencia que le ha prodigado a otras entidades, entre ellas Guerrero, antes de las últimas elecciones locales, y que, ante una catástrofe económica, derivada de la crisis de inseguridad, no trató a nuestra entidad como la entidad urgida de un auxilio mayor.
Igual ahora, Chihuahua es una entidad afectada severamente en sus finanzas gubernamentales, de manera severa, a causa de una desastrosa conducción económica -además de la derivada de las presuntas corruptelas cometidas a lo largo y ancho de la administración saliente- y requiere del auxilio de las finanzas nacionales y no aparece, pero ni por asomo, la mínima voluntad política del presidente Peña Nieto para hacerle frente a una indudable situación crítica de las finanzas estatales.
De ahí que la posibilidad de recurrir a recibir los recursos de la bursatilización ya aprobada por 10 mil mdp, cuyo monto asciende a alrededor de los 2 mil 800 mdp, aparece como la única salida posible, no tan sólo para lo que resta del año, sino, fundamentalmente, a los compromisos gubernamentales del próximo año.
Aparentemente, por lo menos en estos rubros, Jaime Herrera, el ex Secretario de Hacienda, informó cosas veraces. Siempre sostuvo que las salidas, para enfrentar el enorme déficit presupuestal del Chihuahua, se encontraban en la bursatilización de los remanentes carreteros y en la utilización, incluso, de otros ingresos del gobierno estatal y que el gobierno de Javier Corral no encontraría más recursos para hacerle frente a los compromisos de fin de año, por ello insistió en que se aprobara la bursatilización por 10 mil mdp, hoy lo deberá realizar la nueva administración, ahora por un monto de los 3 mil mdp, de acuerdo con la propuesta de presupuesto para el 2017, presentado por el Secretario Fuentes Vélez.
El problema de fondo, el del déficit presupuestal, insiste Corral, que lo resolverán merced a los enormes ahorros que podrán realizar en los gastos de prácticamente toda la administración estatal y no solamente en el gasto corriente de la administración estatal.
Una medida de esa magnitud y característica deberá ser compartida por la sociedad chihuahuense; es de primerísima prioridad conocer la magnitud de los negocios realizados al amparo de la administración estatal.
Abarcan toda la actividad del gobierno de Chihuahua, hasta en los montos del gasto de alimentación de los reos del estado en los que los sobreprecios, de los contratados por la anterior administración, rebasan el 50% por día, por preso de los penales de Chihuahua, de los que ha convenido el gobierno de Corral.
Si el total de los insumos y servicios requeridos por el gobierno fueron adquiridos con sobreprecios -incluidos los famosos “moches”-, entonces la razón le asistiría al nuevo mandatario y tendría explicación el hecho de que la propuesta de presupuesto para el próximo año contenga un déficit del orden de los 3 mil mdp -un gasto de 61 mil 955 millones de pesos y un ingreso de 58 mil 356 millones-, con una disminución del 5.9% respecto del ejercicio anterior, pero que en la realidad debe rondar entre el 9 y el 10%, por el índice inflacionario, respecto del aprobado para este año, lo que sería uno de los recortes presupuestarios más importantes que tengamos memoria y que, de no ahorrarse los recursos a los que Corral alude una y otra vez, podrían convertirse en una auténtica catástrofe financiera para el gobierno de Chihuahua, con las obvias repercusiones para el total de la economía estatal, además de las dolorosas consecuencias para un buen número de chihuahuenses.
Así que más nos vale que Corral y su equipo tengan razón en la magnitud de las corruptelas, cosa que no es exagerada pues en cada grupo social, ya no es novedad, aparecen los damnificados por alguna de las indudables maniobras de quienes integraron el grupo anterior grupo gobernante.
Prácticamente no hubo área del quehacer de la administración estatal en la que no se adviertan los signos y las evidencias de los múltiples negocios realizados al amparo de la administración pública, ejercida de manera tan inescrupulosa, tan desaseada, tan ruin…
Ahora resta esperar la debida presentación de los cargos en contra de quienes ejercieron tan malamente los recursos públicos de los chihuahuenses.
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sábado, 3 de diciembre de 2016
El largo recuento de los daños
Aserto 159, noviembre de 2016
Luis Javier Valero Flores
Es un verdadero desastre, no hay ni para aspirinas aseveró el Secretario de Salud, Ernesto Avila, “No se cuenta ni siquiera con relajantes musculares, mucho menos con accesorios como guantes y gasas, y todo esto ha provocado que se difieran cirugías”.
“El medicamento para derechohabientes está prácticamente en ceros”, lo que crea preocupaciones especialmente por “la gente de la Fiscalía que pone su vida en riesgo”, agregó.
El secretario de Salud anterior había reportado una cobertura de 94 por ciento, sin embargo, la verdad es que los faltantes en alcanzan hasta 40 por ciento en algunos rubros, agregó.
Y en hospitales, la lista es todavía más pobre y más triste, pues en Chihuahua no tenían guantes, ni gasas, ni relajantes musculares, informó.
“Todos los hospitales estatales están en muy malas condiciones, en condiciones de desabasto, entre ellos el General, el de la Mujer y el Infantil, y hemos tratado de surtir lo urgente”.
A su vez, la Secretaría de Desarrollo Rural reportó la inexistencia de dinero, no tenían para el para combustible de camiones.
Además de reportar la pérdida de 30 piezas de maquinaría de gran calaje, las cuales tienen valores que oscilan entre los dos y nueve millones de pesos y que se encuentran en ranchos particulares pero no dió los nombres de los propietarios.
Por su parte, el Secretario de Gobierno, César Jáuregui Robles, afirmó que se encontraron numerosos contratos simulados, en los que están involucrados proveedores y funcionarios de Gobierno del Estado de la anterior administración.
Ubicó el monto de la bancarrota financiera del Gobierno del Estado, heredada de la pasada administración en un déficit de 7 mil millones de pesos, lo que impedirá concretar el total del plan de obra de los primeros 100 días y obligará a una reestructura financiera y alreordenamiento en la planeación de la gestión gubernamental.
Pero adelantó que los proveedores de Gobierno del Estado de la pasada administración, que hayan caído en actos de simulación o hayan provocado errores de gestión, serán investigados y denunciados.
El déficit llevó a se dejaran de cubrir adeudos muy importantes a proveedores de insumos, servicios, becas, programas del campo, procedimientos de amparo en cuestión legal, así como el pago de nómina.
Pero si el desastre financiero es enorme, la presunta comisión de delitos y faltas administrativas es mayor. Sobresale una, porque devela el acendrado patrimonialismo con el que se condujo el anterior gobierno.
Resulta que la Secretaría de Hacienda se convirtió en la tesorería del PRI estatal pues esa dependencia gubernamental les quitaba el 5% de su salario a alrededor de 800 servidores públicos para derivarlo a la tesorería del PRI. El monto de lo sustraído a los empleados ascendió a más de 100 millones de pesos a lo largo del sexenio anterior.
Además, en el año 2016, el gobierno de Duarte pagó 512 millones de pesos a 60 asesores por concepto de asesorías que no ha podido ser comprobado el trabajo realizado por los prestadores del servicio.
Al límite el endeudamiento
Al informar lo anterior, el Secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, ubicó en 55 mil millones de pesos la deuda del gobierno de Chihuahua (mmdp) lo que ha llevado, porque en esa suma está incluido el déficit del presente año, al desabasto de medicamentos, suspensión de apoyos y obras, limitada capacidad de operación y desabasto en combustible.
Ubicó el monto de la deuda per cápita en 11 mil 308 pesos, lo que equivale a un crecimiento del 284% en relación a 1998.
La composición de los adeudos del gobierno de Chihuahua es de 48 mil 213 millones de pesos como la deuda pública registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los adeudos a proveedores, además de otros pendientes de pago por una suma de 7 mil millones de pesos.
Además, como lo había informado en su momento el anterior Secretario de Hacienda, Jaime Herrera, Chihuahua llegó, bajo la administración de Duarte, al límite de sus posibilidades de endeudamiento (sin autorización del Congreso de la Unión) directo, es decir, con el aval de las participaciones federales, “por lo que no podrán contratarse nuevos créditos bancarios a largo plazo”.
Ante la magnitud de la deuda, que obliga al pago de intereses anuales por mil 904 mdp, están negociando el refinanciamiento de la misma. No tienen opciones, el gobierno de Corral recibió, según Fuentes Vélez, solamente 21 millones de pesos para disponer.
Aparte está el adeudo con la Comisión Federal de Electricidad por cerca de mil 200 millones de pesos, dinero que no se le pagó, fruto del montaje firmado entre el el gobernante y el entonces Director de la CFE y hoy dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, cuando anunciaron que Chihuahua había cambiado de tarifa, como fruto de las exitosas negociaciones realizadas por Duarte.
Además, encontraron el ejercicio de 512 millones de pesos en pago a asesorías, sin la justificación, ni la evidencia del trabajo realizado.
Fuentes informó del gasto efectuado por el anterior gobierno, del orden de 2 mil 736 millones de pesos durante cuatro años “en publicaciones”, sin especificar si ese gasto era distinto al gasto realizado en Comunicación Social o, si por el contrario, ya estaba incluido.
Por otra parte, confirmó la compra de un helicóptero, para sustituir el del accidente, adquisición realizada en contra de todas las normas, por un monto de 127 mdp y sin esperar el pago del seguro, asunto que levantará revuelo en las próximas semanas pues la aseguradora se niega a pagar debido a las irregularidades del último vuelo de esa nave, en la que efectuó Duarte 50 vuelos, entre 2015 y 2016, a su rancho en Balleza.
Funcionarios y familiares se repartieron los bienes de Chihuahua
Por otra parte, la Secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos, informó que en la pasada administración se vendieron bienes públicos a personas cercanas a César Duarte, ilegalmente y a precios ridículos, incluso veinte veces inferiores a los precios de mercado, lo que afectó al patrimonio del estado en cientos de millones de pesos.
Informó que el modus operandi del gobierno de Duarte consistió en la realización de pagos a empresas fantasma, por bienes y servicios nunca entregados y la adjudicación directa a proveedores y contratistas en más del 85%del presupuesto ejercido.
Del estudio de las cuentas de banco, bases de datos, registros administrativos, archivos, oficios, contratos o ausencia de los mismos, se desprende, dijo, la comisión de infinidad de acciones que”dañaron la moral pública y el patrimonio de todos los chihuahuenses”.
Cosa semejante ocurrió en la Secretaría del Trabajo y previsión Social, en la que, de acuerdo con el informe de la titular, Ana Luisa Herrera Laso, encontraron una vasta red de corrupción y la existencia de empresas, sólo en el papel, para favorecer a funcionarios, “sus cercanos y familiares” así como desvíos en los gastos realizados en los eventos patrocinados por esta dependencia durante el gobierno anterior, en el que existió “una sistemática rapacidad en los niveles directivos que aprovecharon los cargos para beneficiar a parientes y amistades, en vez de servir honradamente a los chihuahuenses”.
Los casos más graves, dijo, fueron detectados en el Servicio Estatal de Empleo, donde los malos manejos hundieron al estado de Chihuahua hasta el último lugar a nivel nacional, el 32, con respecto a los estándares de gestión en la promoción del empleo.
“Se crearon empresas solo en papel, para manipular los procesos”, informó la Secretaria, “y en el padrón de beneficiarios están los parientes, a quienes se les entregaron recursos públicos, violando la normatividad”.
“La simulación también fue objeto de la pasada administración, con el pomposo evento que denominaron Congreso Mundial de Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Productividad, efectuado en febrero de este año. De acuerdo con Herrera Laso, ahí se efectuaron contrataciones ilegales por la cantidad de 9 millones de pesos, los cuales desglosó:
Un millón 50 mil pesos para favorecer a Hoteles Real de Chihuahua (antes Westin Soberano, por el hospedaje de los invitados y la utilización de un salón de conferencias. “Tan sólo en consumos de servicio a las habitaciones, aún está pendiente una cuenta de 657 mil pesos”;
El desastre en salud
Equipo médico en mal estado, adjudicaciones indebidas y pago de servicios a precios superiores al mercado, son algunas de las irregularidades principales encontradas en la Secretaría de Salud.
El colmo, en contra de todas las regulaciones, el gobierno anterior inscribió a los trabajadores del PRI en el Instituto Chihuahuense de la Salud (ICS) a fin de que recibieran atención médica, en lugar de inscribirlos, como es la norma, en el IMSS.
No sólo eso, el PRI le adeuda al ICS 20 millones de pesos pues el partido de Duarte no pagó.
Los hallazgos son numerosos: En contraparte, existe un gran desabasto de medicamentos en el Hospital Central y otros, que ha llegado incluso hasta el 70 por ciento, explicó el secretario de Salud.
Denunció que en la pasada administración, hubo licitaciones oscuras, en la compras de medicamentos y suministros por mil 440 millones de pesos, en licitaciones que fueron adjudicadas a proveedores favorecidos, y que nocumplieron en tiempo y forma.
“Por otro lado, no entregaban los medicamentos, preferían ser penalizados y posteriormente se compraban por fuera, a precios desorbitantes, por ejemplo un Metamizol Sódico, que se encuentra en cualquier farmacia en un precio aproximado de 38.80 pesos, fue adquirido en 356 pesos”.
Como ejemplo del saqueo, los funcionarios mostraron el pago de una factura por 52 millones de pesos, por la compra de medicamentos que sólo debieron costar 10 millones de pesos.
“Desprecio que se tuvo por la ley y la ética pública, del abandono de instituciones…”.
El coordinador ejecutivo del gabinete del gobierno estatal, Gustavo Madero Muñoz, y la secretaria de la Función Pública, Rocío Steffany Olmos Loya,denunciaron que en el primer mes de gobierno de Javier Corral Jurado, los actos de corrupción que han encontrado, “son ejemplos del desprecio que se tuvo por la ley y la ética pública, del abandono de instituciones, de beneficio y enriquecimiento ilícito de unos cuantos a costa de la mayoría, son niveles de corrupción sin precedentes. El Inegi ubicó a Chihuahua como el segundo estado más corrupto del país, mucho más que Veracruz, con 36 mil 432 actos de corrupción por cada 100 mil habitante y en un mes confirmamos que las denuncias ciudadanas no sólo se comprobaron, sino la corrupción es mayor que la percibida por los ciudadanos”, afirmó la titular de la Función Pública.
Los hallazgos estremecen. “La administración pasada otorgó más del 60 por ciento del presupuesto a través de adjudicaciones directas, a proveedores que no tuvieron oportunidad de participar en concursos abiertos. De casi 5 mil millones de pesos, sólo 2 mil millones fueron licitados públicamente, es decir, 2 mil 900 millones se ejercieron sin garantizar condiciones en cuanto precio, calidad y funcionamiento que se hubiesen obtenido en licitaciones públicas”. (Nota de Patricia Mayorga, El Diario, 9/XI/16).
Uno de los modus preferidos fue el de crear empresas fantasmas para contratar supuestos bienes y servicios, sólo para recibir los pagos, “porque no registran actividad antes ni después de los pagos, en muchos casos las creaban una tras otra, para ese fin. Los montos de esas operaciones varían, en una sola Secretaría registró pagos de más de 500 millones de pesos”. (Ibídem).
Además, detectaron la renuncia de aproximadamente 500 personas, que en la mayor parte de los casos “no fue posible identificar qué funciones realizaban, no obran registros de su asistencia, no aparecen en comunicaciones oficiales y no son identificadas por quienes sí laboran en esas áreas”.
Las máquinas del gobierno en el rancho de César Duarte
El Secretario de de Desarrollo Rural, Rubén Chávez Villagrán, denunció la presencia en el rancho El Saucito, propiedad del exgobernador César Duarte, desde hace 6 años, de una máquina propiedad del gobierno de Chihuahua, a la que se le daba mantenimiento oficial y sin la existencia de una documentación que ampare préstamo o renta.
Por otra parte, vendieron equipo de la secretaría, como chatarra, pero no reportaron el dinero de la venta y heredaron deudas del orden de una cantidad superior a los mil millones de pesos, por compromisos adquiridos con instituciones públicas y privadas, entre los cuales se encuentra un adeudo de 700 millones de pesos a la CFE por el concepto de tarifa subsidiada a los sistemas de riego.
Crecieron las fortunas familiar a al amparo de los recursos de la Secretaría de Economía
“Los recursos para créditos que debieron entregarse a pequeñas y medianas empresas, por medio de la Secretaría de Economía en la pasada administración estatal, se quedaron en manos de funcionarios y sus familiares, informó la titular de la dependencia”.
La Secretaria Alejandra De la Vega informó que investigaban la realización de una operación ilegal por 16 millones de pesos en la que fue favorecido el familiar de un funcionario de la dependencia, “quien recibió un crédito para comprar un activo, sin haber hecho ningún pago posterior”.
En contra de la legislación vigente, varios funcionarios de la pasada administración estatal, se autoliquidaron y obtuvieron 10 millones de pesos.
Más “aviadores” que empleados en Desarrollo Social
Mensualmente se gastaban un millón 200 mil pesos) para pagar el “sueldo" de 355 aviadores en la Secretaría de Desarrollo Social, informó el titular de la dependencia, Víctor Quintana Silveyra, lo que significa el 62% del personal sin ningún tipo de contrato, sin ninguna información de la función que ejerce, ni del centro de trabajo al que se reporta.
Entre ellas se encontraba la afamada lideresa priista, Tomasa Rojo, quien protagonizó sendos eventos en los agredió a Jaime García Chávez, cuando éste pretendió “limpiar” la Secretaría de Hacienda por medio de una brigada con escobas. El otro episodio es cuando intentó impedir una manifestación d ella entonces diputada local, Maru Campos, en las oficinas de tránsito del estado.
El presupuesto anual de esta secretaría, es de aproximadamente 337 millones de pesos y en la revisión de cuentas, el secretario de Desarrollo Social encontróque, previamente a las elecciones, se les asignaron 700 millones, duplicando así el presupuesto de años anteriores.
Por otra parte, la Sedeso tiene un adeudo de 29 millones de pesos, por concepto de becas alimentarias de mil 100 pesos, que deberían haberse pagado a mil 200 adultos mayores, quienes tienen comprometido su pago mensual de octubre, noviembre y diciembre.
Deplorables condiciones en municipios, 44 no tienen para aguinaldos
Semejantes condiciones encontraron en los municipios los responsables de la Secretaría de Desarrollo Municipal. 44 municipios no están en condiciones depagar aguinaldos.
Sin contar a los municipios de Juárez y Chihuahua, el adeudo de los municipios asciende a los 800 millones de pesos.
Sin embargo, el verdadero escándalo en la Secretaría de Desarrollo Municipal, es la realización de un pago por un total de dos millones 420 mil pesos a una sola empresa, cuando el presupuesto anual de esta dirección era de un millón 987 mil pesos.
La empresa beneficiaria de ese pago es la Consultoría Organizacional S.A. de C.V., a la que se le pagó por la realización de un “análisis estratégico de los municipios”.
En riesgo perder en la Fiscalía toda la información de seguridad pública por falta de mantenimiento
Lo anterior, debido a que el hardware de la Fiscalía General no ha recibido mantenimiento en los últimos meses. Además, encontraron que se pagó hasta el 300% en la construcción de obras, según informó el Fiscal General, César Augusto Peniche, además declaró que se tiene un adeudo con los proveedores de cerca de 400 millones de pesos por incumplimiento de contratos y 20 millones de pesos en pago a gasolina.
Asimismo, señaló que se tiene un déficit de 100 millones de pesos, para terminar el año fiscal aún y cuando se entregue el presupuesto.
De igual forma, Peniche Espejel declaró que se necesita un total de 31 millones de pesos para dar mantenimiento a mil 831 patrullas, las cuales constituyen el 71% del parque vehicular con el que se cuenta.
40 mil actas impresas en papel común
Por otra parte, en el Registro Civil encontraron que se expidieron 40 mil actas sin cumplir requisitos, además de encontrar en la Secretaría General de Gobierno adeudos que van desde habitantes tarahumaras hasta por la visita de Francisco, el Papa.
Uno de los adeudos es el de la comunidad de Repechique, en donde donde a raíz de la construcción del aeropuerto en Creel y por la resolución del juez era necesario entregarles 65 millones de pesos a los habitantes; en el mismo sentido, se le adeudan 17 millones de pesos a la empresa que imprimió los folletos de la visita papal.
Adeudos de 57 millones de pesos en la Secretaría de Cultura
Adeudos, pasivos y faltantes por robo por un total de 57 millones 235 mil 337 pesos, dejó la pasada administración del Instituto Chihuahuense de la Cultura a la actual Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua, informó la titular de la dependencia, Águeda Lozano Schmitt.
Lozano informó que se recibieron los teatros en pésimas condiciones, sin inventarios ni manuales de mantenimiento. Como ejemplo citó el Centro Cultural Paso del Norte, del que señaló un daño en robo de mobiliario y equipo, que se calcula en aproximadamente 8 millones de pesos.
Corruptelas y un verdadero desorden administrativo en educación
Compras no respaldadas, ni debidamente justificadas, y con adjudicaciones directas de obras, por un total de entre 350 y 400 millones de pesos, es lo encontrado en la Secretaría de Educación y Deporte, informó el secretario, Pablo Cuarón Galindo.
Agregó que en el presente año se aumentó la nómina, incorporando personal con sueldos de segundo y tercer nivel, con un incremento mensual por 462 mil 193 pesos.
Señaló que en materia administrativa, se encontró un total desorden y falta de transparencia en la plantilla de personal, así como en los organigramas y las funciones asignadas a cada empleado y departamento. Además, se encontró un déficit de 65 millones de pesos en las Becas de Manutención para Educación Superior, con afectación a 21 mil jóvenes que se quedaron esperando el apoyo de mil 400 pesos desde el mes de mayo de 2016.
Por otra parte, el gobierno de Duarte no aportó 230 millones de pesos que debió empatar con el Gobierno Federal, impactando negativamente infraestructura y equipamiento. Tampoco se entregaron los recursos para escuelas de tiempo completo, afectando la alimentación que se debe proporcionar a los alumnos en 520 planteles.
Agregó que la cobertura a nivel preescolar es del 60%, lo que deja fuera a 20 mil niños en edades que van de los 3 a los 6 años. Precisó que en la ciudad de Chihuahua, se deja de atender al 37 por ciento y en Juárez, el déficit sube hasta el 42 por ciento en cobertura para el preescolar.
Por añadidura, Chihuahua ocupa el último lugar en eficiencia terminal a nivel nacional en preparatoria, pues de cada 100 que ingresan, 42 no concluyen y 15 de cada 100 abandonan sus estudios cada año.
Detalló las condiciones en que se encuentran las escuelas primarias de Chihauhua. Hay 88 escuelas con piso de tierra y el 47% de las mismas tienen techo de lámina, de cartón o de asbesto.
*Todas las citas aparecidas en el presente trabajo fueron tomadas de los comunicados emitidos por la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno de Chihuahua.
Luis Javier Valero Flores
Es un verdadero desastre, no hay ni para aspirinas aseveró el Secretario de Salud, Ernesto Avila, “No se cuenta ni siquiera con relajantes musculares, mucho menos con accesorios como guantes y gasas, y todo esto ha provocado que se difieran cirugías”.
“El medicamento para derechohabientes está prácticamente en ceros”, lo que crea preocupaciones especialmente por “la gente de la Fiscalía que pone su vida en riesgo”, agregó.
El secretario de Salud anterior había reportado una cobertura de 94 por ciento, sin embargo, la verdad es que los faltantes en alcanzan hasta 40 por ciento en algunos rubros, agregó.
Y en hospitales, la lista es todavía más pobre y más triste, pues en Chihuahua no tenían guantes, ni gasas, ni relajantes musculares, informó.
“Todos los hospitales estatales están en muy malas condiciones, en condiciones de desabasto, entre ellos el General, el de la Mujer y el Infantil, y hemos tratado de surtir lo urgente”.
A su vez, la Secretaría de Desarrollo Rural reportó la inexistencia de dinero, no tenían para el para combustible de camiones.
Además de reportar la pérdida de 30 piezas de maquinaría de gran calaje, las cuales tienen valores que oscilan entre los dos y nueve millones de pesos y que se encuentran en ranchos particulares pero no dió los nombres de los propietarios.
Por su parte, el Secretario de Gobierno, César Jáuregui Robles, afirmó que se encontraron numerosos contratos simulados, en los que están involucrados proveedores y funcionarios de Gobierno del Estado de la anterior administración.
Ubicó el monto de la bancarrota financiera del Gobierno del Estado, heredada de la pasada administración en un déficit de 7 mil millones de pesos, lo que impedirá concretar el total del plan de obra de los primeros 100 días y obligará a una reestructura financiera y alreordenamiento en la planeación de la gestión gubernamental.
Pero adelantó que los proveedores de Gobierno del Estado de la pasada administración, que hayan caído en actos de simulación o hayan provocado errores de gestión, serán investigados y denunciados.
El déficit llevó a se dejaran de cubrir adeudos muy importantes a proveedores de insumos, servicios, becas, programas del campo, procedimientos de amparo en cuestión legal, así como el pago de nómina.
Pero si el desastre financiero es enorme, la presunta comisión de delitos y faltas administrativas es mayor. Sobresale una, porque devela el acendrado patrimonialismo con el que se condujo el anterior gobierno.
Resulta que la Secretaría de Hacienda se convirtió en la tesorería del PRI estatal pues esa dependencia gubernamental les quitaba el 5% de su salario a alrededor de 800 servidores públicos para derivarlo a la tesorería del PRI. El monto de lo sustraído a los empleados ascendió a más de 100 millones de pesos a lo largo del sexenio anterior.
Además, en el año 2016, el gobierno de Duarte pagó 512 millones de pesos a 60 asesores por concepto de asesorías que no ha podido ser comprobado el trabajo realizado por los prestadores del servicio.
Al límite el endeudamiento
Al informar lo anterior, el Secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, ubicó en 55 mil millones de pesos la deuda del gobierno de Chihuahua (mmdp) lo que ha llevado, porque en esa suma está incluido el déficit del presente año, al desabasto de medicamentos, suspensión de apoyos y obras, limitada capacidad de operación y desabasto en combustible.
Ubicó el monto de la deuda per cápita en 11 mil 308 pesos, lo que equivale a un crecimiento del 284% en relación a 1998.
La composición de los adeudos del gobierno de Chihuahua es de 48 mil 213 millones de pesos como la deuda pública registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los adeudos a proveedores, además de otros pendientes de pago por una suma de 7 mil millones de pesos.
Además, como lo había informado en su momento el anterior Secretario de Hacienda, Jaime Herrera, Chihuahua llegó, bajo la administración de Duarte, al límite de sus posibilidades de endeudamiento (sin autorización del Congreso de la Unión) directo, es decir, con el aval de las participaciones federales, “por lo que no podrán contratarse nuevos créditos bancarios a largo plazo”.
Ante la magnitud de la deuda, que obliga al pago de intereses anuales por mil 904 mdp, están negociando el refinanciamiento de la misma. No tienen opciones, el gobierno de Corral recibió, según Fuentes Vélez, solamente 21 millones de pesos para disponer.
Aparte está el adeudo con la Comisión Federal de Electricidad por cerca de mil 200 millones de pesos, dinero que no se le pagó, fruto del montaje firmado entre el el gobernante y el entonces Director de la CFE y hoy dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, cuando anunciaron que Chihuahua había cambiado de tarifa, como fruto de las exitosas negociaciones realizadas por Duarte.
Además, encontraron el ejercicio de 512 millones de pesos en pago a asesorías, sin la justificación, ni la evidencia del trabajo realizado.
Fuentes informó del gasto efectuado por el anterior gobierno, del orden de 2 mil 736 millones de pesos durante cuatro años “en publicaciones”, sin especificar si ese gasto era distinto al gasto realizado en Comunicación Social o, si por el contrario, ya estaba incluido.
Por otra parte, confirmó la compra de un helicóptero, para sustituir el del accidente, adquisición realizada en contra de todas las normas, por un monto de 127 mdp y sin esperar el pago del seguro, asunto que levantará revuelo en las próximas semanas pues la aseguradora se niega a pagar debido a las irregularidades del último vuelo de esa nave, en la que efectuó Duarte 50 vuelos, entre 2015 y 2016, a su rancho en Balleza.
Funcionarios y familiares se repartieron los bienes de Chihuahua
Por otra parte, la Secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos, informó que en la pasada administración se vendieron bienes públicos a personas cercanas a César Duarte, ilegalmente y a precios ridículos, incluso veinte veces inferiores a los precios de mercado, lo que afectó al patrimonio del estado en cientos de millones de pesos.
Informó que el modus operandi del gobierno de Duarte consistió en la realización de pagos a empresas fantasma, por bienes y servicios nunca entregados y la adjudicación directa a proveedores y contratistas en más del 85%del presupuesto ejercido.
Del estudio de las cuentas de banco, bases de datos, registros administrativos, archivos, oficios, contratos o ausencia de los mismos, se desprende, dijo, la comisión de infinidad de acciones que”dañaron la moral pública y el patrimonio de todos los chihuahuenses”.
Cosa semejante ocurrió en la Secretaría del Trabajo y previsión Social, en la que, de acuerdo con el informe de la titular, Ana Luisa Herrera Laso, encontraron una vasta red de corrupción y la existencia de empresas, sólo en el papel, para favorecer a funcionarios, “sus cercanos y familiares” así como desvíos en los gastos realizados en los eventos patrocinados por esta dependencia durante el gobierno anterior, en el que existió “una sistemática rapacidad en los niveles directivos que aprovecharon los cargos para beneficiar a parientes y amistades, en vez de servir honradamente a los chihuahuenses”.
Los casos más graves, dijo, fueron detectados en el Servicio Estatal de Empleo, donde los malos manejos hundieron al estado de Chihuahua hasta el último lugar a nivel nacional, el 32, con respecto a los estándares de gestión en la promoción del empleo.
“Se crearon empresas solo en papel, para manipular los procesos”, informó la Secretaria, “y en el padrón de beneficiarios están los parientes, a quienes se les entregaron recursos públicos, violando la normatividad”.
“La simulación también fue objeto de la pasada administración, con el pomposo evento que denominaron Congreso Mundial de Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Productividad, efectuado en febrero de este año. De acuerdo con Herrera Laso, ahí se efectuaron contrataciones ilegales por la cantidad de 9 millones de pesos, los cuales desglosó:
Un millón 50 mil pesos para favorecer a Hoteles Real de Chihuahua (antes Westin Soberano, por el hospedaje de los invitados y la utilización de un salón de conferencias. “Tan sólo en consumos de servicio a las habitaciones, aún está pendiente una cuenta de 657 mil pesos”;
El desastre en salud
Equipo médico en mal estado, adjudicaciones indebidas y pago de servicios a precios superiores al mercado, son algunas de las irregularidades principales encontradas en la Secretaría de Salud.
El colmo, en contra de todas las regulaciones, el gobierno anterior inscribió a los trabajadores del PRI en el Instituto Chihuahuense de la Salud (ICS) a fin de que recibieran atención médica, en lugar de inscribirlos, como es la norma, en el IMSS.
No sólo eso, el PRI le adeuda al ICS 20 millones de pesos pues el partido de Duarte no pagó.
Los hallazgos son numerosos: En contraparte, existe un gran desabasto de medicamentos en el Hospital Central y otros, que ha llegado incluso hasta el 70 por ciento, explicó el secretario de Salud.
Denunció que en la pasada administración, hubo licitaciones oscuras, en la compras de medicamentos y suministros por mil 440 millones de pesos, en licitaciones que fueron adjudicadas a proveedores favorecidos, y que nocumplieron en tiempo y forma.
“Por otro lado, no entregaban los medicamentos, preferían ser penalizados y posteriormente se compraban por fuera, a precios desorbitantes, por ejemplo un Metamizol Sódico, que se encuentra en cualquier farmacia en un precio aproximado de 38.80 pesos, fue adquirido en 356 pesos”.
Como ejemplo del saqueo, los funcionarios mostraron el pago de una factura por 52 millones de pesos, por la compra de medicamentos que sólo debieron costar 10 millones de pesos.
“Desprecio que se tuvo por la ley y la ética pública, del abandono de instituciones…”.
El coordinador ejecutivo del gabinete del gobierno estatal, Gustavo Madero Muñoz, y la secretaria de la Función Pública, Rocío Steffany Olmos Loya,denunciaron que en el primer mes de gobierno de Javier Corral Jurado, los actos de corrupción que han encontrado, “son ejemplos del desprecio que se tuvo por la ley y la ética pública, del abandono de instituciones, de beneficio y enriquecimiento ilícito de unos cuantos a costa de la mayoría, son niveles de corrupción sin precedentes. El Inegi ubicó a Chihuahua como el segundo estado más corrupto del país, mucho más que Veracruz, con 36 mil 432 actos de corrupción por cada 100 mil habitante y en un mes confirmamos que las denuncias ciudadanas no sólo se comprobaron, sino la corrupción es mayor que la percibida por los ciudadanos”, afirmó la titular de la Función Pública.
Los hallazgos estremecen. “La administración pasada otorgó más del 60 por ciento del presupuesto a través de adjudicaciones directas, a proveedores que no tuvieron oportunidad de participar en concursos abiertos. De casi 5 mil millones de pesos, sólo 2 mil millones fueron licitados públicamente, es decir, 2 mil 900 millones se ejercieron sin garantizar condiciones en cuanto precio, calidad y funcionamiento que se hubiesen obtenido en licitaciones públicas”. (Nota de Patricia Mayorga, El Diario, 9/XI/16).
Uno de los modus preferidos fue el de crear empresas fantasmas para contratar supuestos bienes y servicios, sólo para recibir los pagos, “porque no registran actividad antes ni después de los pagos, en muchos casos las creaban una tras otra, para ese fin. Los montos de esas operaciones varían, en una sola Secretaría registró pagos de más de 500 millones de pesos”. (Ibídem).
Además, detectaron la renuncia de aproximadamente 500 personas, que en la mayor parte de los casos “no fue posible identificar qué funciones realizaban, no obran registros de su asistencia, no aparecen en comunicaciones oficiales y no son identificadas por quienes sí laboran en esas áreas”.
Las máquinas del gobierno en el rancho de César Duarte
El Secretario de de Desarrollo Rural, Rubén Chávez Villagrán, denunció la presencia en el rancho El Saucito, propiedad del exgobernador César Duarte, desde hace 6 años, de una máquina propiedad del gobierno de Chihuahua, a la que se le daba mantenimiento oficial y sin la existencia de una documentación que ampare préstamo o renta.
Por otra parte, vendieron equipo de la secretaría, como chatarra, pero no reportaron el dinero de la venta y heredaron deudas del orden de una cantidad superior a los mil millones de pesos, por compromisos adquiridos con instituciones públicas y privadas, entre los cuales se encuentra un adeudo de 700 millones de pesos a la CFE por el concepto de tarifa subsidiada a los sistemas de riego.
Crecieron las fortunas familiar a al amparo de los recursos de la Secretaría de Economía
“Los recursos para créditos que debieron entregarse a pequeñas y medianas empresas, por medio de la Secretaría de Economía en la pasada administración estatal, se quedaron en manos de funcionarios y sus familiares, informó la titular de la dependencia”.
La Secretaria Alejandra De la Vega informó que investigaban la realización de una operación ilegal por 16 millones de pesos en la que fue favorecido el familiar de un funcionario de la dependencia, “quien recibió un crédito para comprar un activo, sin haber hecho ningún pago posterior”.
En contra de la legislación vigente, varios funcionarios de la pasada administración estatal, se autoliquidaron y obtuvieron 10 millones de pesos.
Más “aviadores” que empleados en Desarrollo Social
Mensualmente se gastaban un millón 200 mil pesos) para pagar el “sueldo" de 355 aviadores en la Secretaría de Desarrollo Social, informó el titular de la dependencia, Víctor Quintana Silveyra, lo que significa el 62% del personal sin ningún tipo de contrato, sin ninguna información de la función que ejerce, ni del centro de trabajo al que se reporta.
Entre ellas se encontraba la afamada lideresa priista, Tomasa Rojo, quien protagonizó sendos eventos en los agredió a Jaime García Chávez, cuando éste pretendió “limpiar” la Secretaría de Hacienda por medio de una brigada con escobas. El otro episodio es cuando intentó impedir una manifestación d ella entonces diputada local, Maru Campos, en las oficinas de tránsito del estado.
El presupuesto anual de esta secretaría, es de aproximadamente 337 millones de pesos y en la revisión de cuentas, el secretario de Desarrollo Social encontróque, previamente a las elecciones, se les asignaron 700 millones, duplicando así el presupuesto de años anteriores.
Por otra parte, la Sedeso tiene un adeudo de 29 millones de pesos, por concepto de becas alimentarias de mil 100 pesos, que deberían haberse pagado a mil 200 adultos mayores, quienes tienen comprometido su pago mensual de octubre, noviembre y diciembre.
Deplorables condiciones en municipios, 44 no tienen para aguinaldos
Semejantes condiciones encontraron en los municipios los responsables de la Secretaría de Desarrollo Municipal. 44 municipios no están en condiciones depagar aguinaldos.
Sin contar a los municipios de Juárez y Chihuahua, el adeudo de los municipios asciende a los 800 millones de pesos.
Sin embargo, el verdadero escándalo en la Secretaría de Desarrollo Municipal, es la realización de un pago por un total de dos millones 420 mil pesos a una sola empresa, cuando el presupuesto anual de esta dirección era de un millón 987 mil pesos.
La empresa beneficiaria de ese pago es la Consultoría Organizacional S.A. de C.V., a la que se le pagó por la realización de un “análisis estratégico de los municipios”.
En riesgo perder en la Fiscalía toda la información de seguridad pública por falta de mantenimiento
Lo anterior, debido a que el hardware de la Fiscalía General no ha recibido mantenimiento en los últimos meses. Además, encontraron que se pagó hasta el 300% en la construcción de obras, según informó el Fiscal General, César Augusto Peniche, además declaró que se tiene un adeudo con los proveedores de cerca de 400 millones de pesos por incumplimiento de contratos y 20 millones de pesos en pago a gasolina.
Asimismo, señaló que se tiene un déficit de 100 millones de pesos, para terminar el año fiscal aún y cuando se entregue el presupuesto.
De igual forma, Peniche Espejel declaró que se necesita un total de 31 millones de pesos para dar mantenimiento a mil 831 patrullas, las cuales constituyen el 71% del parque vehicular con el que se cuenta.
40 mil actas impresas en papel común
Por otra parte, en el Registro Civil encontraron que se expidieron 40 mil actas sin cumplir requisitos, además de encontrar en la Secretaría General de Gobierno adeudos que van desde habitantes tarahumaras hasta por la visita de Francisco, el Papa.
Uno de los adeudos es el de la comunidad de Repechique, en donde donde a raíz de la construcción del aeropuerto en Creel y por la resolución del juez era necesario entregarles 65 millones de pesos a los habitantes; en el mismo sentido, se le adeudan 17 millones de pesos a la empresa que imprimió los folletos de la visita papal.
Adeudos de 57 millones de pesos en la Secretaría de Cultura
Adeudos, pasivos y faltantes por robo por un total de 57 millones 235 mil 337 pesos, dejó la pasada administración del Instituto Chihuahuense de la Cultura a la actual Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua, informó la titular de la dependencia, Águeda Lozano Schmitt.
Lozano informó que se recibieron los teatros en pésimas condiciones, sin inventarios ni manuales de mantenimiento. Como ejemplo citó el Centro Cultural Paso del Norte, del que señaló un daño en robo de mobiliario y equipo, que se calcula en aproximadamente 8 millones de pesos.
Corruptelas y un verdadero desorden administrativo en educación
Compras no respaldadas, ni debidamente justificadas, y con adjudicaciones directas de obras, por un total de entre 350 y 400 millones de pesos, es lo encontrado en la Secretaría de Educación y Deporte, informó el secretario, Pablo Cuarón Galindo.
Agregó que en el presente año se aumentó la nómina, incorporando personal con sueldos de segundo y tercer nivel, con un incremento mensual por 462 mil 193 pesos.
Señaló que en materia administrativa, se encontró un total desorden y falta de transparencia en la plantilla de personal, así como en los organigramas y las funciones asignadas a cada empleado y departamento. Además, se encontró un déficit de 65 millones de pesos en las Becas de Manutención para Educación Superior, con afectación a 21 mil jóvenes que se quedaron esperando el apoyo de mil 400 pesos desde el mes de mayo de 2016.
Por otra parte, el gobierno de Duarte no aportó 230 millones de pesos que debió empatar con el Gobierno Federal, impactando negativamente infraestructura y equipamiento. Tampoco se entregaron los recursos para escuelas de tiempo completo, afectando la alimentación que se debe proporcionar a los alumnos en 520 planteles.
Agregó que la cobertura a nivel preescolar es del 60%, lo que deja fuera a 20 mil niños en edades que van de los 3 a los 6 años. Precisó que en la ciudad de Chihuahua, se deja de atender al 37 por ciento y en Juárez, el déficit sube hasta el 42 por ciento en cobertura para el preescolar.
Por añadidura, Chihuahua ocupa el último lugar en eficiencia terminal a nivel nacional en preparatoria, pues de cada 100 que ingresan, 42 no concluyen y 15 de cada 100 abandonan sus estudios cada año.
Detalló las condiciones en que se encuentran las escuelas primarias de Chihauhua. Hay 88 escuelas con piso de tierra y el 47% de las mismas tienen techo de lámina, de cartón o de asbesto.
*Todas las citas aparecidas en el presente trabajo fueron tomadas de los comunicados emitidos por la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno de Chihuahua.
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