Pacto abortado

El Diario, 29 de noviembre de 2012 Luis Javier Valero Flores No duró ni la víspera. No bien fueron enteradas las dirigencias del PAN y PRD acerca de los alcances y términos del pacto, que debería firmarse el día de hoy entre todas las fuerzas políticas, a convocatoria del “presidente electo”, Enrique Peña Nieto, cuando desde la oficina de éste se informó que se cancelaba el acto en el cual se anunciaría que el PRI, el PAN y el PRD acordaban impulsar una agenda común para realizar las reformas estructurales de las cuales todos hablan, a pesar de que la concepción acerca de ellas difiere, a veces, en grado extremo. ¿Cuáles son las razones que llevaron a cancelar el que sería el primer acto de polendas de la nueva administración federal, que habrá de tomar las riendas del país a partir del próximo sábado? ¿Acaso las desavenencias al interior del PRD, en las que la postura del presidente nacional, Jesús Zambrano, fueron derrotadas por una mayoría importante, pero que llevó a Zambrano a declarar que se podrían revisar “temas trascendentales para la democracia, sin renunciar a ideologías”, en tanto que Cocoa, la senadora hermana de Felipe Calderón, María Luisa, exigía que en el pacto se reconocieran los “avances” de las administraciones panistas de Vicente Fox y su hermano? Sorprende enormemente que un acuerdo de tal magnitud fuera buscado por el equipo de Peña Nieto, sorprende, porque las diferencias en muchas de las reformas estructurales van más allá de lo escenográfico, y en el caso del PRD, por lo menos programáticamente, se antojan insalvables. La sorpresa por la presunta ingenuidad del equipo del mexiquense, que creyó alcanzar el acuerdo que daría paso a las reformas que le interesan, “en los temas en que coincidan sus respectivas plataformas” es mayor, porque apenas van saliendo del primer encontronazo en las cámaras legislativas a propósito de la reforma laboral, en la que, no obstante las coincidencias de priistas y panistas en los temas fundamentales –y una sola diferencia en cuanto a la conceptualización acerca de la democracia sindical– las diatribas y descalificaciones entre esas fuerzas políticas fueron de escándalo. Nada nos lleva a pensar que en el futuro inmediato no intenten la aprobación de un acuerdo de esa índole, pero las frases del dirigente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, ahí quedaron. Argumentó que el pacto es necesario porque el PRI no podrá gobernar por sí mismo en un contexto de violencia y desacuerdo político y que “requiere del respaldo de los otros partidos políticos y, sobre todo, de la sociedad… para empujar unidos las reformas que hacen falta”, reformas que deberían girar sobre tres ejes: la consolidación de la democracia, la construcción de mejores políticas en educación, salud y seguridad y la participación ciudadana. En el mismo sentido, el dirigente perredista, Jesús Zambrano, convino en la necesidad de instaurar “una agenda común producto de un gran acuerdo nacional, en el que participen todas las fuerzas políticas… Estamos seguros de que, sin renunciar a nuestras posiciones o ideologías, debemos convocar y ser convocados para revisar los temas trascendentales para la vida democrática, como el desarrollo económico, político, social y cultural”. Pero tales declaraciones, que pueden ser signadas por todas las fuerzas, en las que esos objetivos, planteados de manera tan general, deberán ser concretados en unas más detalladas medidas a tomar y en las que existen posturas tan encontradas, las que nos llevan a pensar que todo puede quedar en un mero acto de escenografía política, para otorgarle una especie de blindaje político a quien deberá asumir la Presidencia de la República en unas cuantas horas. Y es que, sólo por mencionar un asunto, el de los energéticos, en particular el del petróleo, claramente existen dos posturas (aunque pueden existir algunos cambios en la composición de los grupos parlamentarios y en la correlación de fuerzas al interior de los partidos, especialmente en el PRI, que ahora ya no tendrá la férrea oposición a la privatización de Manuel Bartlett, convertido en senador del PT) en el cual no habrá acuerdo con el PRD, y en general con la izquierda, tanto la parlamentaria como la social. Por otra parte, sorprende la declaración de Pedro Joaquín Coldwell, en la que plantea la imposibilidad de efectuar solos las reformas estructurales. Ya sabemos que las pueden concretar –en el mismo sentido– con el PAN, entonces, ¿sólo fue un intento de desarmar a los bloques parlamentarios de la izquierda? Quizá esa vaya a ser la película del sexenio…

Casi robo en despoblado

El Diario, 27 de noviembre de 2012 Luis Javier Valero flores No es una coincidencia que asuntos como el ahora abordado ocupen la atención de la mayoría de los medios de comunicación, y se establezca una relación directa entre lo informado, y las reacciones de una buena parte de la población. Es lógico, al final del año las disparidades económicas se agudizan, tanto con los ingresos salariales (los que cuentan con ellos) como con las prebendas o conquistas laborales entre los distintos protagonistas de la producción de todo tipo de bienes y servicios. Pero si tales diferencias pueden, finalmente, aceptarse, porque así es el sistema económico hasta hoy vigente, hay un sector de la sociedad que recibe el rechazo de prácticamente toda la población: el de la clase política. Los excesos de ésta, en tiempos en que las carencias y el desempleo, además de la violencia, los signan y marcan indeleblemente y hacen que, como en ninguna otra época del año, se incrementen estratosféricamente las críticas y la desaprobación hacia su desempeño, y fundamentalmente a sus ingresos salariales. Tal oleada de rechazos y señalamientos tienen, ahora, una causa, la información dada a conocer acerca del monto de aguinaldos a recibir de los legisladores federales que apenas tomaron posesión de su cargo a fines de agosto; la entrega de 250 mil pesos a cada senador para la compra de vehículo y de 25 mil más para la adquisición de una laptop, como si los salarios devengados no fueran suficientes para que las adquirieran por su propia cuenta, tal y como lo hacen el resto de los asalariados. Es, llevado a otro extremo, como el del pago de las toallas de la casa de Vicente Fox, o el de las comidas de los altos mandos de la Secretaría de Hacienda (y no sólo, pero en ésta el exceso llega, proverbialmente, a límites conocidos por los más ricos del orbe, y no solamente los árabes). Catalogados tradicionalmente como los políticos “decentes”, los miembros del PAN llegados al gobierno son quienes han contribuido mayormente al creciente desprestigio del total de la clase política. Quizá sus excesos al frente de los gobiernos, fundamentalmente en el federal, sean menores a los conocidos por sus ancestros en el cargo (sirva sólo de ejemplo que Carlos Salinas de Gortari ejerció una “partida secreta”, por un monto mayor a los 20 mil millones de dólares en su sexenio) pero, precisamente porque llegaron con la promesa del cambio y una de las características fundamentales de ese cambio, así lo pensaron millones de electores, fue que no tomarían a los presupuestos públicos otorgados a su responsabilidad como el botín que hubiesen alcanzado. Hoy sabemos que aquello fue historia. Fue peor. A lo que ya se sabía, de la elevación estratosférica del número de mandos superiores bajo los gobiernos panistas –al principio del foxismo había 24 mil 710 plazas, cuyo costo pasó de 77 mil millones de pesos a 113 mil millones, según un análisis del PRD en 2005– ahora empieza a develarse que tanto Fox como Calderón violaron flagrantemente las diversas disposiciones aprobadas por el Poder Legislativo para disminuir el número de esas plazas. Desde 2003 la Auditoría Superior de la Federación había concluido en su revisión de la cuenta pública que la mayoría de los funcionarios federales “no cumplían el perfil del puesto asignado” y que no sólo se habían aumentado los puestos, sino que se habían duplicado muchos de ellos. (Nota de Enrique Méndez, La Jornada, 26/XI/12). Los intentos de la Cámara de Diputados para enfrentar eso fueron varios. Primero ordenó una reducción de altos mandos en el 25 por ciento, entre 2008 y 2012. Nada. Luego aprobaron que el presidente de la República “sólo pudiera hacer 179 nombramientos de altos funcionarios” (Ibídem). Nada. Luego, le puso límites a los salarios del presidente y los secretarios del gabinete, así como a los titulares de las entidades autónomas. Nada. Peor, en la cuenta pública del 2009 el hallazgo fue que las secretarías de estado no le habían entregado a la Secretaría de la Función Pública la relación de sus nóminas. ¿Cómo iban a hacer eso? ¿Cómo justificar que en 10 años de gobiernos panistas, del billón 281 mil 902 millones de pesos obtenidos por excedentes petroleros, el 72 por ciento se emplearon en gasto corriente, es decir, salarios? ¿Podemos esperar cambios en este aspecto, al tomar posesión los nuevos, que por las filtraciones de nombres de quienes, se supone, integrarán el gabinete de Peña Nieto, no son tan nuevos?

Anticiudadanización

El Diario, 25 de noviembre de 2012 Luis Javier Valero Flores Casi caemos en la inútil reiteración de una concepción que creímos podría enraizarse en la vida política del país, y que conforme pasa el tiempo se consolida la tendencia exactamente contraria. En las numerosas concesiones que el viejo régimen corporativista del PRI de antes del 2000 hizo a la sociedad –o que ésta le arrancó al gobierno– se encontraba la de que los órganos encargados de distintas tareas no gubernamentales, pero ligadas al ejercicio de tareas de gobierno, se conformaran con un criterio ciudadanizador, esto es, que sus integrantes provinieran de la sociedad y no de los partidos, en particular del partido en el gobierno, que en aquellos años era “del gobierno”. La exageración de la intromisión del gobierno la constituían los órganos electorales, presididos por el secretario de Gobernación, en el ámbito federal, y por los secretarios de Gobierno en las entidades. Para qué agregar que en ellos el partido gubernamental tenía holgada mayoría. Llegamos así al acuerdo de que los órganos electorales deberían ciudadanizarse. El gusto nos duró muy poco, quizá en todos los casos sólo los primeros consejos generales de ellos –tanto el federal como los estatales, incluido en este caso el de Chihuahua– estuvieron conformados con criterios ciudadanizadores, si bien no se dejaron de lado los afanes controladores de los partidos políticos, y no solamente los del partido oficial. Lo que sobrevino después es un tremendo retroceso: los partidos conformaron los órganos con el criterio de cuotas, y ya no solamente en el nombramiento de los consejeros “ciudadanos”, sino en la mismísima conformación de los organismos, en toda su plantilla, de ahí que hasta algunos aspirantes, o miembros de los órganos colegiados, de las dirigencias partidarias, formen parte de la plantilla de trabajadores de los organismos electorales. Pero todavía se guardaban parcialmente las formas, los designados en los congresos no aparecían con muchas ligas a los partidos políticos; pero luego, se pasó del reparto de cuotas, a la etapa de nombramientos de consejeros ciudadanos claramente identificados con algunos de los partidos, lo que viene a ser un retroceso sin igual. Es de tal magnitud, que en las esferas oficiales ya no llama la atención las designaciones de consejeros con una vastísima carrera pública, siempre ligado a los gobiernos de alguno de los partidos, el suyo. Más aún, quienes concebimos la creación de las figuras ciudadanas para que se hicieran cargo de organismos como los electorales, los de transparencia, de derechos humanos y otros, pensaban –pensábamos– en la consolidación de la participación ciudadana en los lugares en los que se toman decisiones que deban estar ajenas a los vaivenes de las luchas partidarias y, por tanto, ajenos a la otra veta del origen del control sobre tales organismos, la del aparato burocrático. Por desgracia, tales peligros, potenciales en su momento, son hoy por hoy la realidad del México –y el Chihuahua– que llega a más allá de su primera década del siglo XXI, el siglo que creímos sería el de la consolidación de un régimen democrático. Insistir en el carácter “ciudadano” de quienes integren esos organismos tiene una muy racional explicación: que deben ser ajenos a las filias y fobias partidarias, propias de quienes forman parte de alguno de ellos, o de las estructuras gubernamentales ligadas al ejercicio del poder de cualquiera de los partidos, y que sean los simples ciudadanos, esos que elección tras elección nos ufanamos en presumir porque son ellos los que realizan las tareas electorales, capaces de tal, en esta concepción, pero a los cuales la élite gobernante no les suelta la conducción de las elecciones, en los órganos superiores de los órganos electorales. Y el resultado es, quizá, lo contrario a lo que se buscaba: órganos electorales finalmente controlados por los grupos gobernantes y con mayoría en el Poder Legislativo a donde llevan a otros de los suyos para que asuman tareas que de otro modo les deberían estar vedadas. Tales asegunes se cumplieron sobradamente con la elección de los tres consejeros del Instituto Estatal Electoral. Como dirían los clásicos de las telenovelas mexicanas, no es nada personal, pero el hecho de nombrar a un hombre con una extensa carrera en la función pública, siempre ligado a los gobiernos emanados del PRI, como lo es el abogado Ismael Torres Simental, ratifica todos los alegatos de líneas arriba, más allá, incluso, de sus capacidades y probidad, pues se le reconoce como un buen hombre en las tareas gubernamentales, que incluyeron la titularidad de la Contraloría de la Procuraduría General de Justicia en el gobierno de Patricio Martínez y la subprocuraduría de la zona sur (en donde probablemente hizo contacto con el actual gobernador). Del mismo modo, la designación de la licenciada en administración, Fátima Bribiesca, es un claro aval de aquellas afirmaciones, pues independientemente de su formación profesional y de sus raíces familiares (su padre mantiene una amistosa cercanía con el escribiente) muy difícilmente podrían encuadrarse sus opiniones y posturas en el esquema del “ciudadano” común y corriente, llamado a efectuar tareas de conducción electoral, si su último empleo es la secretaría particular del consejero presidente del órgano electoral, y menos si, como se rumora, sus filias están en el PAN. Por desgracia, el escribiente no pudo acceder a ninguna otra información alrededor de la tercera designada, Luz Elena Márquez Salayandía, salvo a la información oficial que sólo aporta un elemento que a lo mejor contó sobremanera en su nombramiento: el hecho de ser originaria de Santa Bárbara, que como todos sabemos, se encuentra muy cerca de Parral, y como de allá vienen, ahora, muchos de los funcionarios pues… Pero, po’s sólo es una especulación, digo, a lo mejor, quién sabe. Toda la argumentación tendría como objeto criticar la actuación del PRI, partido mayoritario en el Congreso, pero, quizá, los partidos de la oposición, y especialmente el de la principal, el PAN (que obtuvo más del 40 por ciento de la votación para llegar a esa posición en la actual legislatura) merecen un mayor señalamiento, pues prácticamente está desaparecido como fuerza de oposición. No porque se piense que se deba actuar permanentemente en contra de la fuerza mayoritaria, pero en asuntos como el actual, ¡Por supuesto! que vale la pena ser algo más que comparsa. Esta actitud (junto con otros episodios) y la indescifrable postura de votar a favor del nombramiento de ciudadano distinguido al gobernador César Duarte, extendido por el Cabildo juarense por unanimidad, llevan a la conclusión que el desmoronamiento del PAN va más allá de lo que pensamos. ¿Y los otros? Bueno ¿Pa’ qué hablamos? Uno anda muy ocupado en asistir a los actos en los cuales se les impone nombres de dirigentes magisteriales a las escuelas; el otro se cansó de elogiar el segundo año de gobierno de César Duarte, y uno más solo alcanzó a patalear (figuradamente, por supuesto) para luego votar a favor de los nombrados y el Verde ¿Existe eso? Con tales antecedentes nos toparemos en la semana que el Congreso elegirá a dos consejeros del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) ¿Creen que nos irá mejor?

Fiebre monumental

El Diario, 22 de noviembre de 2012 Luis Javier Valero Flores Sin duda que en las últimas décadas, en el país han crecido sostenidamente las tendencias de los gobernantes al autoelogio. En la misma medida han disminuido ostensiblemente las capacidades de autocontención de nuestros políticos, particularmente los que ejercen los cargos ejecutivos. Se da el caso de que hasta gobernantes aparentemente equilibrados, o poco dados, por lo menos en las expresiones públicas, a ser motivo de elogios desmedidos por parte de quienes los acompañan en la función pública, o de quienes, haciendo uso de los recursos públicos, pretenden inmortalizar al gobernante en turno, de cualquier ámbito de gobierno, o del origen partidario. En uno de los episodios del pasado reciente, ahí se encuentra el estadio universitario de la capital chihuahuense, que recibió el nombre del gobernador en funciones en su momento –José Reyes Baeza– en un acuerdo ¡por unanimidad! del Consejo Universitario de la UACh. Días después, casi al término de su gestión, un centro de desarrollo social ubicado en Juárez recibió el nombre de la esposa de Reyes Baeza. Por supuesto que a la inauguración, y recepción del elogio, acudieron ambos. ¿Quién puede negar que homenajes de tales características pueden tener causas más terrenales, con fines temporales claramente explicables y generalmente realizados por quienes buscan ser beneficiarios de algunas de las acciones de quien pretenden ungir como prócer de la entidad, municipio o país? Tampoco se puede negar que, quizá, las motivaciones sean sinceras y de buena fe. Precisamente para evitar que el ejercicio del poder, y la cercanía temporal, sean las que den origen a los homenajes es que, por ejemplo, en las rotondas de los hombres ilustres se exige un determinado lapso, después del fallecimiento, para buscar que alguno de nuestros próceres sea ubicado ahí. Igual hacía el Vaticano con sus papas. Al que se pretendía canonizar debería transcurrir un cierto tiempo después de su muerte para iniciar el proceso. Tal norma fue cambiada para canonizar a Juan Pablo II. Para los otros homenajes a los gobernantes, sólo queda la autocontención y la plena asunción, del resto de las capas gobernantes, de que las tareas realizadas, bajo un mandato popular, son solamente parte de las responsabilidades que voluntariamente asumió al buscar, y ganar, la votación ciudadana, que los homenajes a su buena labor deberían esperar el paso del tiempo y, sobre todo, ¡El término de la gestión! Tan larga parrafada no tiene como objeto acreditar o desacreditar la labor de gobierno de César Duarte, al frente del gobierno de Chihuahua, o la de Héctor Murguía dirigiendo el cabildo juarense, sino enjuiciar la decisión del cabildo ¡por unanimidad también! para declarar al mandatario chihuahuense “Ciudadano Distinguido de Ciudad Juárez”, como parte de la celebración del inicio de la Revolución Mexicana en el antiguo Paso del Norte. Pueden ser numerosos los argumentos para que lo haya recibido, pero ¿por qué no esperaron hasta el término de su gestión, la de los integrantes del cabildo, una vez pasadas las elecciones del próximo año y definidos los nuevos gobernantes, sin que en su camino rumbo a ellos haya influido, por ejemplo, la participación en la determinación que hoy comentamos? Y si esa decisión tiene innumerables aristas criticables, la de la colocación de una estatua del actual alcalde juarense, Héctor Murguía, promovida por uno de sus funcionarios –Arcadio Serrano– por si fuera poco director de Obras Públicas, y además beneficiario de un comodato para el uso de los campos del parque El Chamizal, al Club de Veteranos de Futbol, presidido por aquel, es francamente deplorable. En ninguno de los homenajeados aparece la autocontención. Nadie duda de que entre una parte de la población ambos gozan de indudables simpatías, que son, hasta podríamos decir, extremadamente queridos y las pruebas de afecto que reciben y seguramente recibirán serán muchas, pero es ahí en donde deben aparecer las características de los hombres de Estado, los que sopesan todas y cada una de las manifestaciones populares, en uno y otro sentido, y actúan conforme a los dictados de esas figuras, más allá de las circunstancias particulares del momento.

Histórica decisión

El Diario, 20 de noviembre de 2012 Luis Javier Valero Flores La decisión que por unanimidad tomó el 17 de noviembre la asamblea del ejido Benito Juárez, del municipio de Buenaventura, de prohibir, hasta por 100 años la explotación minera en sus terrenos, y la orden a la empresa minera canadiense Mag Silver y Majors y su filial Cascabel de desalojar en un plazo de 48 horas, es histórica, no solamente por las repercusiones directas sobre la vida de los habitantes de esta población, sino por el efecto que podrá tener en las determinaciones que otras comunidades en el país puedan tomar, enfrentadas, como Benito Juárez, a la salvaje voracidad de las empresas mineras, prestas al aprovechamiento de su fuerza económica y la pobreza de los habitantes de las tierras que albergan infinitas riquezas minerales. En tan definitoria resolución contó sobremanera el asesinato de los defensores de derechos humanos ambientales y líderes campesinos del Barzón, Ismael Solorio Urrutia y Manuelita Solís (asesinados el pasado 22 de octubre) tanto, que por primera ocasión, al rebasar la asistencia el 50 por ciento de los ejidatarios, se pudo celebrar la asamblea en primera convocatoria. Así, 240 ejidatarios resolvieron en el sentido de la defensa de los derechos de los habitantes de la región y de la preservación de su medio ambiente, entre ellos, fundamentalmente, el agua y no sólo, también en el de darle una tremenda descalificación a la política minera, vigente desde 1994, con la aprobación del Tratado de Libre Comercio, que vuelve “nacionales” a las empresas canadienses y estadounidenses, lo que abrió de par en par las puertas para una explotación voraz, sin límites y sin respeto a los mexicanos. En la larga y cruenta defensa de las comunidades en contra de las gigantescas empresas mineras extranjeras que a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio se han instalado en nuestro país, esta es la primera ocasión en que una de ellas responde de manera unánime, negándose a ser solamente testigo de la depredación causada por aquellas. Pero tal depredación no se presenta de manera espontánea, la corrupción de las dependencias oficiales es, en buena medida, una de las causas principales del agravamiento de tal fenómeno. Como prueba de tal aserto, está el hecho de que a unos minutos de iniciar la asamblea de la prohibición minera, la Semarnat les hizo saber a los ejidatarios, por medio del oficio UCPAST/Eu/12/1307, que la minera El Cascabel no tenía permiso alguno de trabajar en ese lugar. ¡Y la empresa llevaba 5 años haciendo trabajos de exploración! ¿Hasta donde llegarán las corruptelas? Se podría argumentar que para la toma de esta determinación ejidal contó centralmente el asesinato de los integrantes del ejido, Solorio y Martha Solís, como lo asentamos líneas arriba, pero también contó de manera definitiva la personalidad de un pueblo, veterano de muchas lides en defensa de su patrimonio, como ahora en la activa participación de la mayoría de los ejidatarios de Benito Juárez para evitar la explotación minera y la defensa del agua que desde hace años han emprendido. Esas características fueron las que hicieron posible que, a diferencia de otras comunidades, ante las violentas agresiones a sus dirigentes, en lugar de amilanarse, respondan con una mas que encomiable dignidad. Por ello, un buen número de organizaciones sociales los acompañaron, no sólo en la celebración de la asamblea ejidal, sino en sus luchas, y a eso obedece que, ante sus reclamos, se contara con la presencia, al interior de la asamblea –cosa distinta a las organizaciones que no ingresaron– de un visitador especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del director de Gobernación del Gobierno del Estado, Wilfrido Campbell Saavedra, de Carmelo Rodríguez Mendoza, jefe de residencia en Chihuahua de la Procuraduría Agraria y de Mario Alberto Arzaga Estrada, jefe del Departamento Operativo de la Procuraduría Agraria. Los acuerdos son históricos: 1.- Restringir a la Empresa el Cascabel o Mag Silver y cualquiera otra empresa minera por un período de 100 años para realizar exploración y explotación minera. 2.- En caso de que en el futuro se presente una nueva solicitud al ejido de Benito Juárez para realizar exploración y/o explotación minera, se deberá contar con los estudios, permisos y autorizaciones correspondientes y aprobarse por unanimidad de votos de la asamblea 3.- Se establece un plazo de 48 horas, a partir de la presente asamblea, para que la empresa minera El Cascabel, Mag Silver y Majors retiren del Ejido Benito Juárez toda la maquinaria, equipo y materiales, así como todo el personal que tenga dentro de las tierras ejidales 4.- No se permitirá más a la empresa el uso de la servidumbre de paso en las tierras ejidales 5.-No autorizar a la empresa El Cascabel, Mag Silver o Majors y/o sus filiales la exploración y explotación minera. Ejemplos como éste crean esperanzas.

Costoso neocorporativismo

El Diario, 18 de noviembre de 2012 Luis Javier Valero Flores Quizá para algunos de nuestros lectores el tema a comentar hoy no pudiera tener relevancia. Probablemente la tenga más que la percepción generalizada porque devela un rasgo que pareciera consolidarse de a poco en poco, conforme pasan los días y se acerca la toma de posesión de Enrique Peña Nieto; tal evento pareciera ejercer una especie de catalizador de algunas de las manifestaciones y tendencias a fortalecer algunos de los rasgos del viejo régimen dirigido por el PRI durante 54 años, para ser precisos. Es decir, desde el gobierno, nada más, que de Miguel Alemán. Aquella vieja estructura se fincaba, entre otros, en el gran pilar que lo fue el corporativismo sindical, de ahí la importancia de la CTM y su casi eterno dirigente, Fidel Velázquez, que se clonaba en prácticamente todo el país. Es de tal arraigo la figura que hasta algunos sindicatos “democráticos” cayeron en tal engendro. Pero aquel fenómeno tenía como objetivo central, no solamente controlar a los trabajadores y encauzarlos al partido oficial de su momento, sino uno de mayor envergadura, el de evitar al máximo la insumisión obrera. Con el paso de los años, de la apertura democrática en materia electoral y de la decrepitud de la dirigencia obrera, abrieron una nueva modalidad: la de los contratos de protección, es decir, la simulación de la existencia del sindicato, para evitar cualquier contratiempo a los patrones. Pero tal modalidad le hizo perder fuerza a la todopoderosa central de trabajadores y al mismo tiempo empezaron a conformarse nuevas organizaciones, casi para cualquier problema de mayor o menor magnitud. Así, el tema de los “chuecos” dio origen a las organizaciones “pafas”, con el agravante de que ofrecían una “protección” casi inexistente a cambio de crecientes cuotas. No tenían mayor problema, simulaban, o realmente formaban parte del PRI, o se servían de este partido para ejercer con mayor libertad el negocio. Así, anunciado como si formara parte de la “normalidad” del Chihuahua de hoy, dos organizaciones campesinas se asumieron, en la práctica, en partes del gobierno estatal al anunciar el año pasado, la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la Unión Campesina Democrática (UCD) –aunque formalmente ésta no forma parte de las organizaciones del PRI– que levantarían un censo para allegárselo al Gobierno del Estado, a fin de que fuera uno de los principales argumentos esgrimidos por el gobernador César Duarte Jáquez ante la Secretaría de Hacienda del Gobierno federal para solicitar la regularización de los vehículos internados ilegalmente al país (los “chuecos”, pues). Luego, en la semana anterior se informó que, para obtener el engomado ecológico, deberían pagarse 300 pesos de “aportación voluntaria” contra la sequía y 150 pesos para la organización que presente el vehículo a registrar. Pero con diferencias, los que se hubieran censado el año pasado con las organizaciones, sólo pagarían 300 pesos y las que no, 500 pesos. Lo anterior, porque “el Gobierno del Estado convino con las organizaciones para manejar la papelería de los propietarios de unidades ‘chuecas’, según reveló personal de la UCD y de la Dirección de Ecología del Estado al solicitarle información sobre el proceso para obtener el engomado ecológico vehicular”. (Nota de Jaime Armendáriz, El Diario de Chihuahua, 15/XI/12). Un día después, el dirigente de la UCD, Pável Aguilar, precisaría que las organizaciones no recibirían dinero alguno y que “el año pasado, en el precenso se cobraron 150 pesos que luego se entregaron al Gobierno del Estado, en apoyo a la sequía, según se acordó en asamblea con propietarios de vehículos ‘chuecos”. (Nota de Jaime Armendáriz, El Diario de Chihuahua,16/XI/12). Contrariamente a lo que había señalado enfáticamente el año pasado, afirmó que los propietarios que no hubiesen participado en el censo levantado por las organizaciones el año pasado deberían entregar “550 pesos de aportación voluntaria para la sequía”. Ahora ya no insistió en el carácter voluntario de tal aportación y abundó: “... por eso es importante dejar claro que en la UCD o CNC no se paga nada, es únicamente el manejo de papelería”. (Ibídem). Además, que esa aportación voluntaria fue acordada en las asambleas realizadas el año anterior, información que le fue ratificada al reportero por “trabajadores del Programa de Control Vehicular de la Dirección de Ecología del Gobierno del Estado”. Ambas organizaciones entregaron al Ejecutivo estatal el 8 de julio del año pasado una lista de 60 mil vehículos de procedencia extranjera que se encontraban de manera ilegal en el estado, por cuyo registro recaudaron aproximadamente nueve millones de pesos, a razón de 150 pesos por unidad, los mismos que debieron ser entregados a la Secretaría de Hacienda del Gobierno estatal ¿De veras lo hicieron? Pero si ese fue un acuerdo de “las asambleas” ¿De quién? ¿Acaso, por el hecho de ir a censar su vehículo las personas adquirirían el carácter de integrantes de cualquiera de las organizaciones, con plenos derechos para decidir el destino de esa suma millonaria? El otro aspecto es el de que los dirigentes de las organizaciones actúan como si fueran funcionarios estatales, y en tal virtud anuncian fechas de censos, de apertura de registros, de instalación de módulos y lo peor, están anunciando las fechas subsiguientes de la verificación vehicular. Como lo planteó certeramente el periodista Alejandro Salmón: “Bienvenida cualquier recaudación que vaya dirigida a paliar los efectos de ese fenómeno (de la sequía), pero debió estar incluido en la Ley de Ingresos para el año 2012, o de lo contrario, se trataría de una aportación ilegal, así sea voluntaria”. Pero un año y medio atrás no decían lo mismo, dijeron que harían un “precenso”, con un costo de 150 pesos que serviría solo “como una forma de registro de autos”, que no tendría ninguna validez. (Nota de Orlando Chávez E., El Diario de Chihuahua, 6/IV/11). “Por su parte el secretario de Hacienda, Cristian Rodallegas, expresó que de llevarse a cabo un censo estatal, el precenso y lo que se haya pagado por este registro no serán considerados como válidos”. (Ibídem). Semanas después, el 8 de julio le entregarían a César Duarte un listado de 60 mil vehículos, por el cual recibieron 9 millones de pesos. ¿Podría, la Secretaría de Hacienda, informar y presentar los documentos en los cuales se demuestre que recibió de los dirigentes de las dos organizaciones tal cantidad de dinero? ¿Quiere decir, lo anterior, que se deberán auditar las arcas de estas dos organizaciones, en virtud de que recaudaron fondos para fines públicos? Tal razonamiento tiene como base el hecho de que habrá un cobro diferenciado, uno a quienes se registraron en las organizaciones para-gubernamentales, y otro a quienes no lo hicieron, es decir, que a pesar de la negativa del encargado de las finanzas estatales en su momento (y quien sería, si lo informado por Aguilar es cierto, el que recibiera las aportaciones “voluntarias” de los propietarios de los chuecos) aquel pago sí se considera válido y como aportado a las finanzas del Gobierno de Chihuahua. Vaya enredo. Una cosa es cierta, aparentemente esas dos organizaciones lucraron con el levantamiento del censo y ahora aquel cobro, conforme la información otorgada hasta ahora, pareciera querer legitimarse por la Administración estatal, y de pasada, las organizaciones pasarían a formar parte de la estructura gubernamental, hasta cobros hacen.

Seguridad pública: cambiar el rumbo

El Diario, 15 de noviembre de 2012 Luis Javier Valero Flores A medida que pasan los meses parece consolidarse la tendencia a la baja del índice de homicidios, especialmente los relacionados con el crimen organizado, y va develándose la profundidad de la crisis económica y la de seguridad pública, pues los delitos no atribuibles 100 por ciento a aquel no bajan sensiblemente. Tal lectura podría hacerse a partir de los datos dados a conocer por la agrupación no gubernamental Observatorio Ciudadano, cuya voz más visible es el presidente de Coparmex-Chihuahua, Ignacio Manjares. Según su reporte, tomando como base las denuncias interpuestas ante la Fiscalía y los reportes recibidos por la Policía Municipal, los delitos de homicidio doloso y robo de vehículo han disminuido, mientras que el atraco a comercios y a casa-habitación siguen a la alza. Así, resultó que en septiembre se presentaron 141 homicidios, en tanto que agosto se habían presentado 177, con un acumulado de enero a septiembre, para la entidad, de mil 677, lo que arroja un promedio de 6.21 homicidios diarios en todo el estado, que proyectados al año podrían llegar a poco más de 2 mil 200 y daría una tasa de 68.7 homicidios por cada 100 mil habitantes, la más baja de 2008 a la fecha. Algo semejante ocurre con el robo de vehículos. La tendencia a la baja se mantiene de manera permanente, prácticamente a partir de la segunda mitad del año, al contabilizar en junio un total de mil 68 robos, en julio mil ocho, en agosto 971 y finalmente en septiembre fueron 920, con un total de 10 mil 675 denuncias y un promedio de mil 186 vehículos robados mensualmente y casi 40 diariamente. Si bien la disminución es sensible en la comisión de este delito, todavía se mantiene en cifras altas. El mismo estudio arrojó otros resultados, igualmente alarmantes. Por lo menos en la capital del estado, y quizá sea un fenómeno igualmente presente en Juárez y otras de las ciudades chihuahuenses, el atraco a comercio y casa habitación mantiene una tendencia ligeramente a la alza, aunque en septiembre se presentó una mínima a la baja en el robo a casa habitación al pasar de 305 en agosto, a 299 en septiembre; pero en julio habían sido 270 y en junio 280. En el robo a comercios, sin embargo, las cifras se mantienen con altibajos al presentar una cifra mínima, en julio, de 142, y la máxima, en marzo, con 194. Y es ahí en donde se encuentra uno de los principales retos en el combate a la inseguridad, ya no se trata del delincuente vinculado –preferentemente– a alguna banda del crimen organizado, sino de los, llamémosles así, del orden común, o de quienes, al cobijo de la crisis de inseguridad desatada por la guerra de los cárteles, empujados por un sinfín de circunstancias, decidieron ingresar al mundo de la delincuencia, sin la necesidad de vincularse al crimen organizado porque lo robado no necesita el patrocinio de una “instancia” superior en la cadena delictiva, como sí lo necesita, por ejemplo, quien roba vehículos que, dependiendo de los modelos, requiere de la participación de quienes se dedican a la venta de autopartes, si son de modelos atrasados, o de quienes están conectados con el mercado internacional de la compra y venta de vehículos, a fin de vender los vehículos robados, que ahora ya sabemos no todos se usaron para cometer otros delitos, sino para el tráfico internacional de vehículos, tanto para América del Sur, como para el Lejano Oriente o el Asia Central y cuyos embarques sólo se pueden hacer con la participación de una cadena casi interminable de funcionarios federales. Luego entonces, los delitos que se siguen cometiendo tienen un componente más ligado al ámbito socioeconómico de la entidad, ya no solamente dependiendo del carácter de frontera de Chihuahua, sino del empobrecimiento de la población y de la disminución de oportunidades, tanto laborales como salariales, con el consiguiente deterioro del entramado social y del acusado deterioro de las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia, después de la violentísima etapa de los años anteriores. Acometer, por tanto, este tipo de delincuencia requerirá, sí, el mejoramiento de la función policial, pero fundamentalmente de la política social a desarrollar y de la política económica, porque eso de traer solamente empleo de otras maquiladoras, ya sabemos, no deviene en desarrollo social para Chihuahua.

Mariguana, discusión inminente

El Diario, 13 de noviembre de 2012 Luis Javier Valero Flores La decisión, apretadísima, de los electores de los estados de Colorado y Washington, el martes pasado, de aprobar el uso recreativo de la mariguana, vino a poner en el orden del día la discusión sobre las políticas gubernamentales en el combate al tráfico de drogas, no sólo en Estados Unidos. Previamente, en el mes de agosto, el presidente uruguayo, José Mujica, había enviado al congreso una iniciativa de ley para legalizar el tráfico de ese estupefaciente, con el propósito de modificar el combate al tráfico de drogas. Más aún, el resultado de la votación en las entidades norteamericanas viene a sumarse a lo ya aprobado, en otros 15 estados de la Unión Americana, además del Distrito Federal, con la diferencia de que en ellos se aprobó pero para fines “medicinales”. Y ayer los presidentes de Belice, Costa Rica, Honduras y México emitieron un pronunciamiento en el que le solicitan a la Organización de Estados Americanos promueva una discusión sobre el tema, del mismo modo que años atrás los ex presidentes de Costa Rica, Oscar Arias, de México, Ernesto Zedillo, y de Brasil, Enrique Cardoso, entre otras personalidades, habían llegado a la misma conclusión al presentar un estudio con los resultados de más de tres décadas de la actual política prohibicionista en esta materia. “Resulta necesario analizar a profundidad las implicaciones sociales de políticas públicas y de salud general que se derivan para nuestras naciones de los procesos en marcha a nivel local y estatal en algunos países de nuestro continente para permitir la producción, consumo y distribución legal de mariguana”, señalaron los mandatarios centroamericanos y Felipe Calderón, quienes pidieron a la “comunidad internacional buscar estrategias de control de los mercados de drogas, ¡¡¡a partir de estudios científicos!!! (los signos de admiración, obviamente, son del escribiente), para evitar que continúen los altos niveles de violencia y crimen en Latinoamérica”, y pusieron como fecha límite el 2015 para que la ONU discuta tal problema. Si nos faltaran opiniones en ese sentido, pues ahí están las del ex presidente Vicente Fox, quien hace unos meses se pronunció, cayendo en la misma contradicción que Felipe Calderón quien, en una postura totalmente contradictoria con lo realizado por su gobierno a lo largo de casi 6 años, fue a la ONU a proponer la discusión sobre la legalización del tráfico de mariguana, después de desplegar toda una maquinaria de muerte, entregado de lleno a las políticas prohibicionistas desarrolladas por los gobiernos norteamericanos desde hace más de 4 décadas con el siniestro balance de cerca de los 200 mil muertos a lo largo de tal periodo. Por supuesto que tal política se practica solamente fuera de las fronteras norteamericanas, porque al interior del vecino país existe una realidad contrastante, la misma que se manifestó en la decisión de los electores de Colorado y Washington, que no tiene mayoría dominante, pues en Colorado se aprobó con el 54 por ciento a favor y 46 en contra, en tanto que Washington la respaldó con 55 por ciento a favor y 45 en contra, en tanto que Oregon la rechazó con 56 por ciento en contra y 44 a favor. Sin embargo, la aprobación en los dos primeros estados se realizó bajo el mismo modo en que se regula el alcohol, cosa distinta a la propuesta del presidente uruguayo que plantea la despenalización de la producción de mariguana, controlar su venta y crear un registro de consumidores, que deberán ser residentes del país, entre ellos también los problemáticos, para disponer posteriormente su tratamiento médico. Pero tal propuesta, al igual que en Estados Unidos, polariza al electorado, ya que sondeos recientes realizados por consultoras particulares indican que el 60 por ciento de los uruguayos es contrario a tal propuesta, pero allá tienen, al igual que la sociedad norteamericana, obviamente con sus diferencias, al alcance, mecanismos para hacer sentir su parecer a los gobernantes pues los uruguayos pueden ir al referéndum sobre tal asunto y los norteamericanos lo resolvieron en una elección realizada al mismo tiempo que elegían al presidente. Y ese es un tema para reflexionar. Nada más que 170 asuntos fueron resueltos por los electores norteamericanos el martes anterior, en distintas localidades, algo lejano a lo que tienen derecho los electores mexicanos.

Morena, nuevo partido

E Diario, 11 de noviembre de 2012 Luis Javier Valero Flores La celebración del I Congreso Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Chihuahua, y sus determinaciones, deberán tomarse en cuenta en el futuro inmediato de la vida política de la entidad. Si bien lo destacado por la mayoría de los medios de comunicación fue la presencia del ex candidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, para tomar la protesta a la primera dirigencia encabezada por Víctor Quintana, la conformación de este partido y su primera directiva, son de llamar la atención pues puede convertirse en el principal referente de la izquierda chihuahuense. De acuerdo con los informes presentados en el seno de ese evento, la celebración de sendos congresos distritales en los 9 distritos federales de Chihuahua, y el aportado por López Obrador, esta agrupación se convertirá en partido político en su I Congreso Nacional –que se realizará en la Ciudad de México los días 19 y 20 de noviembre– pues las votaciones celebradas en el total de los 300 distritos en el país, arrojan un impresionante porcentaje superior al 80 por ciento a favor de convertirse en partido político, razón por la que en enero próximo solicitarán al IFE les sea otorgado el registro como tal y poder participar, con su propio emblema y candidatos, en las elecciones federales del 2015. Para ello deberán celebrar 20 asambleas estatales con 3 mil miembros en cada una de ellas, o 200 asambleas distritales con 300 miembros en cada una de ellas, algo que se antoja al alcance de esta fuerza. Pero este hecho, de la mayor relevancia política en el país, ha sido recibido por importantes estratos de la población como la manifestación de un nuevo acto de división de la izquierda mexicana y no, como lo es para el escribiente, algo así como la definición de una muy larga historia de desencuentros entre los más importantes dirigentes del PRD y López Obrador y su movimiento, en particular entre la cúpula dirigente perredista, la de Nueva Izquierda (Los Chuchos). Sin embargo, antes de que se diera a conocer la decisión de Morena de ir a consulta para definir si se convertía en partido político, los principales liderazgos de esta parte de la izquierda nacional acordaron que sus legisladores, independientemente de su origen partidario, conformaran un grupo legislativo en cada una de las cámaras del Congreso de la Unión. Y por lo menos hasta ahora no ha habido mayores contratiempos en tal postura, tanto los senadores, como los diputados federales de la izquierda han actuado de manera conjunta en la discusión de la reforma laboral, pero no podemos apostar a que tal condición continúe en los 14 procesos electorales del próximo año. Poco conocido hacia afuera de los partidos de izquierda, hay un hecho que, quizá, fue uno de los determinantes para la definición de Morena. El de que el PRD no le ofreció espacios a los compañeros de López Obrador en las candidaturas, tanto uninominales como en las plurinominales, actitud contraria a la asumida por el PT y Movimiento Ciudadano, y sobre todo el primero, que le permitió a gente como Porfirio Muñoz Ledo, Ricardo Monreal, Mario Di Costanzo y Jaime Cárdenas convertirse en diputados y senadores, tanto en la anterior legislatura como en la actual. Así, esa actitud (y otras muchas más) llevaron a la mayor parte de los miembros de Morena a resolver la constitución de un nuevo partido en el panorama político del país. No es fácil aceptar tal decisión, y tampoco comprenderla, porque se toma en uno de los peores momentos de la credibilidad ciudadana en los partidos políticos y en la clase política toda, pero algo que ha permeado en un buen número de gente de izquierda es la necesidad de contar con un partido de esta calidad, además, honorable, porque existe la percepción de que los actuales, con matices, no cumplen con tales características. Sin embargo, el fortalecimiento de la candidatura de López Obrador, y el modo con que se construyó (con la elaboración de un vastísimo programa de gobierno, “Proyecto alternativo de nación”), con la participación de cientos de mexicanos procedentes de los más prestigiados sectores de la academia, de la cultura y de la ciencia, y la incorporación de no pocos empresarios de los más acaudalados del país y de la reinserción de numerosos participantes de la izquierda, tanto de la socialista, como la de otros sectores de ella, además de gente del campo democrático, posibilitó que se creyera en la posibilidad de, otra vez, intentar la construcción del partido de izquierda necesario para la nación, más allá de los eternos coqueteos con el poder de quienes hoy dirigen el PRD, argumento que subyace en las frases dichas por López Obrador en Chihuahua (Morena no será un partido “palero” de nadie). ¿El nacimiento de Morena impedirá la aparición de candidatos de la izquierda unida, o que estos partidos puedan participar conjuntamente en los procesos electorales? Probablemente no, y quizá se convierta, este hecho, en el que permita la construcción más expedita de alianzas electorales pues se le quitará el factor de presión por el hecho de que una fuerza, muy importante, Morena, no cuente con su propio registro. Más aún, muy probablemente, la izquierda social, aquella que no va tan alegremente a las contiendas electorales, tendrá en Morena un aliado político muy importante, pues en una buena parte del país los principales liderazgos sociales simpatizan o forman parte de esta agrupación. ¿Que lo va a resentir el PRD en el país y en Chihuahua? Por supuesto, pero también, con toda seguridad, bajará el grado de tensión de la vida interna de este partido (o quien sabe, las luchas por las posiciones podrán recrudecerse en virtud de la muy probable disminución a partir de ahora) ya que un buen número de militantes de este partido emigrarán a Morena, si no es que ya lo hicieron previamente, sumándose a quienes, sin participación política previa, llegaron a Morena en los últimos años, o a partir de la primera postulación presidencial de López Obrador. Y a propósito de este, una de las, casi automáticas, acusaciones en contra del tabasqueño es que “ya está formando su partido para ser postulado nuevamente en el 2018”, como si el río de gente de izquierda, la mayor parte de ella con muy elevadas credenciales políticas y profesionales pudiese ser manipulada por el ex candidato presidencial, de la manera como se dejaron manipular, por ejemplo, los ciudadanos que recibieron su tarjeta de Soriana, a cambio de la emisión de su voto. Con toda seguridad que ni Morena sola, ni con el concurso de todas las agrupaciones de izquierda, alcanzarán los porcentajes de votación obtenidos por AMLO en Chihuahua (más de 300 mil votos, casi el 25 por ciento) pero del modo como se comporten políticamente, de la conformación de acuerdos unitarios, de las candidaturas que propongan y de la actividad desplegada en la campaña electoral dependerá la inserción de esta nueva fuerza política. No nacen de cero, si tomamos en cuenta, sobre todo, la más reciente votación en la que López Obrador superó el 20 por ciento en la capital del estado y se colocó en el segundo lugar en Juárez, sólo por debajo del PRI, además de que, parece, el electorado poco a poco empieza a recorrerse de la vieja dualidad existente en Chihuahua, vigente casi tres décadas entre priistas y panistas y por dos hechos, cruciales: primero, el que los congresos distritales realizados en Chihuahua reunieron a cerca de 2 mil 500 militantes y, segundo, la conformación de su dirigencia, una extraordinaria amalgama de dirigentes de la izquierda de muchas décadas y de un numeroso grupo de jóvenes recién llegados a las luchas políticas, mucho antes de la aparición del #YoSoy132. Parecen buenas señales.

Homofobia galopante

El Diario, 8 de noviembre de 2012 Luis Javier Valero Flores La decisión de la asamblea de accionistas del Club Campestre, de ratificar la expulsión de Carla Herrera y Lilia Aun Caraveo, y las declaraciones del representante jurídico y el secretario del Consejo Directivo constituyen el episodio más reciente de una postura absolutamente inaceptable. No se someterá el Club Campestre a ningún arbitraje del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), dijo el Lic. Luis Raúl Yáñez Bustillos, abogado del Club Campestre, en declaraciones ofrecidas a un matutino de la capital del estado. Sus recomendaciones no tienen validez para las asociaciones privadas, dijo. El abogado expuso justificaciones morales y religiosas, incluso hasta recurriendo al derecho canónico, al cual, obviamente, no están subordinados los ciudadanos mexicanos. (Nota de Javier Contreras, El Heraldo de Chihuahua, 5/XI/12). Parte central del alegato del representante jurídico del club es el hecho de que para él no existe legislación alrededor de la discriminación que obligue a las instituciones privadas a acatar tal o cual recomendación de aquel organismo, razón por la que, dijo, se encontraba en plena libertad de aceptar a las personas que decidiese y que "no hay ninguna ley o artículo de sus reglamentos internos que establezcan que el club no puede aceptar o rechazar a personas de cualquier estado civil, religioso o por su preferencia sexual, por lo tanto, dicha denuncia es totalmente infundada". (Ibídem). Al día siguiente el Lic. Manuel Russek Valles, Secretario del Consejo Directivo del Club Campestre, ratificaría dichas declaraciones. Yáñez afirmó que “Los gay ya se adueñaron del arcoiris, que ahora usan como su símbolo; ya se adueñaron de la llamada Conapred, para tratar de imponer sus preferencias sexuales, y ahora quieren apropiarse del matrimonio y la familia...”. Reacio a aceptar el hecho de que la Suprema Corte de Justicia ha declarado como válidos los contratos matrimoniales entre personas del mismo sexo, el abogado del Campestre arguye cosas insólitas. Dice que tal resolución de la SCJN rige sólo para los efectos entre las personas que decidieron unirse bajo ese esquema, pero que no obliga a las asociaciones de tipo privado, o que solo las instituciones públicas están obligadas a no discriminar, en un claro desconocimiento del derecho. Pero el artículo 197 del Código Penal de Chihuahua es clarísimo: “Se impondrá de seis meses a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y multa de cincuenta a doscientos días a quien, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas: . Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Para los efectos de esta fracción, se considera que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general;… ”. A su vez, la ley para prevenir la discriminación, en su artículo 9, define los actos discriminatorios: “Se consideran como conductas discriminatorias, de manera enunciativa y no limitativa: XI. Impedir la participación en condiciones equitativas de los integrantes de asociaciones civiles, políticas o de cualquier otra índole;… ”. Con el ánimo de descalificar a Herrera y Aun, Yáñez acusó a la primera de haber generado un “problema en el club por una relación con la esposa de un socio, lo que generó problemas al desintegrarse una familia de un integrante del club, y sin embargo, nunca se actuó por tal motivo, por lo cual no se está cuestionando su preferencia sexual, conocida y pública desde hace años”. Pero de que está en otro planeta dan cuenta sus siguientes afirmaciones. Dijo que “en todas las legislaciones del mundo se define como la unión de un hombre y una mujer con la finalidad de amarse y de procrear la especie”. Y remachó: “… estas uniones de personas del mismo sexo son contra la naturaleza y contra la naturaleza no se puede caminar”. Al día siguiente de estas declaraciones, y a dos de la asamblea de accionistas, Russek ratificó que la solicitud se había rechazado debido a la falta del original del acta matrimonial y ahora por las “injurias” de Carla Herrera. Pues deberán demostrarlas.

Una de hospitales

El Diario, 6 de noviembre de 2012 Luis Javier Valero Flores Obviese el aspecto personal que seguramente puede influir en la descripción de los hechos, pero seguramente habrá muchos ciudadanos que podrán corroborar o rechazar las conductas y políticas aquí descritas con motivo de una experiencia personal. Muchos coincidiremos en que la atención médica proporcionada por el sistema estatal de salud ha mejorado ostensiblemente y que la infraestructura construida se ha elevado considerablemente, pero el factor humano deberá permanentemente ser capacitado y evaluado en un aspecto primordial en este ramo del quehacer gubernamental. Por su naturaleza, quienes dedican sus esfuerzos personales a la atención médica deberán desplegar, siempre, una mejor atención, ser más sensibles a las peticiones, quejas y exigencias de quienes les requieren el concurso de sus servicios profesionales. No es una novedad asentar que a mayor número de usuarios en los servicios médicos y hospitalarios, crece el riesgo de que se eleven los grados de mala atención a los pacientes y que, por las cargas de trabajo adscritas al personal médico y paramédico, esto se convierte en un factor más para ahondar aquel fenómeno. Pero a los ojos de los usuarios, pacientes o derecho-habientes nada justifica recibir una mala atención médica. Seguramente ante los ojos de nadie. Sabido es, en la ciudad de Chihuahua, de la muy buena atención médica del Hospital Infantil, sobre todo en los casos de urgencia, pero el jueves anterior por la noche ocurrió un muy lamentable incidente: un infante de 3 años fue llevado por sus padres debido a que presentó fiebre de 39 grados C. Antes de salir de su casa le administraron un supositorio para disminuir la temperatura, a fin de evitar que subiera aún más y pudiera presentar un cuadro convulsivo. Decidieron llevarlo al Hospital Infantil con el propósito de que fuera evaluado y le expidieran la receta respectiva, sobre todo pensando en que esa fiebre, muy seguramente, tenía una causa infecciosa y, por tanto, de la indicación de un antibiótico que no se puede comprar sin la respectiva receta. Sin embargo, por esas cosas del destino, ocurrió que, además del elevado número de infantes en espera de atención (que, además, no eran tantos como en las épocas más frías del año) el personal médico y paramédico que realiza una primera evaluación de los pacientes se retiró momentáneamente a ingerir algún bocadillo (algunas madres de familia dijeron que en realidad era un pastel). Transcurrió tanto tiempo que el guardia conminó a las mamás a que tocaran fuerte a la puerta de ese consultorio de primera evaluación. De la aplicación del supositorio, al momento en que el niño fue evaluado, habían transcurrido 1 hora y 40 minutos, la fiebre había cedido notoriamente, pero presentaba accesos de náusea y muy pocos vómitos, causados por las secreciones de lo que era evidente se trataba de una infección de vías respiratorias altas. Sin embargo, la doctora encargada de la evaluación, al ver que no presentaba fiebre, solo un ligero aumento de la temperatura corporal, les dijo a los padres que ¡Ya no era una urgencia médica! Ante los naturales reclamos de los padres, en el sentido de que estaban ante un proceso infeccioso y que, al terminar el efecto de la medicina, la fiebre sobrevendría, razón por la cual exigían se le atendiera y le extendieran una receta con la indicación del antibiótico requerido. Recibieron por respuesta que no era urgencia y que llevaran a su niño ¡Con un médico particular! Más aún, una persona que se ostentó como el responsable de esa unidad de evaluación, aseguró que la fiebre era una respuesta natural y que no podía ser considerada como motivo de una atención médica de urgencia. Tan meticulosa descripción de un hecho, probablemente aislado, tiene un solo objeto, llamar la atención al mejoramiento, no sólo del personal médico y paramédico, sino también de los esquemas de trabajo. ¿Cuántos niños a los que se les aplican algunos antipiréticos (el medicamento necesario para quitar la fiebre) y no se les evalúa adecuadamente, son regresados a casa, sólo para que regresen horas después, en la madrugada y con el cuadro infeccioso agravado y algunos hasta con cuadros convulsivos? Y todavía falta la llegada del invierno. En el caso relatado, el niño fue atendido por una pediatra, después de unas muy estridentes reclamaciones y de la conducta solidaria de los demás padres de familia. Coincidentemente, la atención se agilizó para todos después de ese muy penoso incidente.

¿La operación limpieza ya terminó en Chihuahua?

El Diario, 4 de noviembre de 2012 Luis Javier Valero Flores Los titulares de las noticias de los últimos días, con relación a la guerra de los cárteles de las drogas, son realmente impactantes: "Baja incidencia de delitos durante octubre: Duarte". El Diario. "Octubre, el mes con menos asesinatos en 5 años: sólo 30". El Diario. "... y hubo ocho en octubre en Chihuahua capital". El Diario. "Revela WikiLeaks comentarios internos de agencia Stratfor". The Narco News Bulletin y El Diario. "Fuerzas Especiales mexicanas empleadas como escuadrones de la muerte en la guerra contra las drogas, revelan correos publicados por Wikileaks". The Narco News Bulletin "Funcionarios mexicanos y de EEUU negocian con 'cárteles' de droga, según documentos de WikiLeaks". The Narco News Bulletin. ¿Cuáles son las explicaciones a tan repentina caída en las ejecuciones cometidas en Chihuahua? Ciertamente, algunas acciones gubernamentales del ámbito local tienen un impacto directo, y otro indirecto, en la disminución de tales índices; acciones como la de la cobertura total en la educación, los diversos programas sociales y la construcción de infraestructura deportiva y social; el fortalecimiento del grupo antisecuestros, la mejoría en las acciones de inteligencia en el combate a la extorsión, a los grupos de asaltantes a los comercios, los de los robos de vehículos, etc., pero, salvo las estrictamente de combate a los grupos delincuenciales del orden común, las otras tienen un efecto mediato y/o de muy largo plazo, y que no necesariamente se reflejan en la disminución de muchos de los delitos que en la semana presumieron el Fiscal Carlos Manuel Salas y el gobernador César Duarte, pues ninguna de ellas tiene un efecto inmediato en la comisión de los delitos relacionados con el tráfico de drogas y menos cuando la disminución es tan abrupta. Quizá distintas informaciones, aparecidas en las últimas semanas, pueden llevarnos a otras conclusiones. Lugar central ocupan las revelaciones de WikiLeaks acerca de los comentarios internos de la agencia Stratfor, en los que se da a conocer la existencia de un intento por "generar un pacto de cárteles en Juárez y la presunta protección de Estados Unidos al grupo de Sinaloa". (Nota de Sandra Rodríguez Nieto, El Diario, 22/VIII/12). En esa correspondencia, una de las fuentes, un diplomático mexicano, asegura que "las principales rutas y métodos de transporte hacia Estados Unidos están ya negociadas con las autoridades norteamericanas”, y de que el hecho de que el gobierno de ese país haya decidido dar a conocer que el Cártel de Sinaloa era hegemónico en Juárez, algo inusitado para el gobierno de los EU, constituyó un doble mensaje. Por una parte, "un intento por decirle a la Secretaría de la Defensa Nacional que dejara de decomisar los vehículos cargados con droga en su camino hacia Estados Unidos... esto es sólo mi lectura de la situación”, decía en ese mensaje la fuente de Stratfor; y, por otra parte, un mensaje al Cártel de Juárez para que aceptaran las reglas y, de conformidad con sus rivales, bajarle a la confrontación. Al darse a conocer la correspondencia sostenida por diversos informantes de la agencia Sttratfor, -funcionarios de los gobiernos de Estados Unidos y de México- vendría a corroborar lo que muchos ciudadanos deducen, o lo que otros desearían se hiciera para hacer un alto a la extrema violencia desatada en el país desde el inicio de la actual administración, la concertación de una tregua. De todos los informantes de Stratfor (agencia dedicada al estudio del fenómeno del tráfico y consumo de drogas, radicada en Austin, Tex.), WikiLeaks sólo ha develado la identidad de uno de ellos, la de Fernando de la Mora, funcionario diplomático del gobierno mexicano, con el seudónimo de MX1, que estudió derecho en la Universidad de Nuevo México, adscrito al Consulado de México en El Paso, Texas y ahora ubicado, según el reportero, en el consulado de Phoenix, Ari. Lo revelado es terrible, en caso de ser cierto, con el agravante de que nada de lo filtrado por WikiLeaks previamente, ha podido ser desmentido por alguna instancia del gobierno mexicano. En primer lugar, que grupos especiales del ejército mexicano "llevaron a cabo golpes 'quirúrgicos' contra células narcotraficantes, pandillas y adictos, de acuerdo con la nota de Bill Conroy (The Narco News Bulletin, Denver, Co., 21/IX/12). Según esta publicación, un buen número de los asesinatos ocurridos en Juárez no podrían achacárseles a los grupos criminales, pues la cantidad rebasaría la capacidad de éstos; a cambio, antes de conocerse la correspondencia de WikiLeaks, sugería que el patrón usado en la mayoría de los casos, fueron "asesinatos a sangre fría a menudo a cargo de equipos coordinados de hombres armados, a veces enmascarados, que hacen uso de tácticas de inteligencia, vigilancia y tácticas tipo paramilitar para sacar a sus víctimas". En esa correspondencia, MX1 revela que cuando llegaron miles de militares, entre ellos venían "por lo menos 10 unidades de inteligencia especializadas, así como unidades de fuerzas especiales del Ejército y la Fuerza Aérea. Los militares… quirúrgicamente eliminarán las células previamente identificadas que por alguna razón no fueron eliminadas aún. Se producirán períodos de ajuste, pero los militares llenarán cualquier vacío dejado en el control territorial, finalmente provocando que las organizaciones narcotraficantes rivales esperen o se den por vencidos". Más aun, en un correo del 13 de julio de 2009, MX1 aseguraba a Stratfor que el cambio en la estrategia militar estaba dirigido, una vez que los cárteles habían asegurado las rutas de la droga hacia EU, a combatir a los adictos locales, en virtud de que "el 80% de las víctimas de secuestro que sobrevivieron mencionan que sus captores parecían estar drogados con algo. Por lo tanto, un componente importante de la estrategia [del Ejército Mexicano] será prevenir secuestros y similares, dirigiendo los esfuerzos contra los adictos y las pandillas". Y entonces, aparecieron las ejecuciones colectivas, especialmente en los centros de rehabilitación. A continuación, citaba el "reportaje del 3 de octubre 2009, publicado por el periódico londinense The Guardian" en el que Gustavo de La Rosa, a la sazón funcionario de la CEDH, había declarado que "Hay escuadrones de la muerte [en Juárez] asesinando malandros, planeando asesinatos de los no deseados. Y si nos fijamos exactamente en la forma en que lo hacen, son expertos en matar, característico de la formación del ejército o de la policía. No creo que estos asesinatos sean obra de sicarios, porque no creo que alguien quisiera pagar a sicarios para matar malandros. Los sicarios matan a miembros del cártel rival; no se necesitaría un sicario para matar malandros en un centro de rehabilitación o en casas abandonadas donde se drogan. No estoy diciendo… que el ejército [mexicano] está matando directamente a estas personas... Yo tenía un mapa donde observaba cómo estos escuadrones de la muerte se movían a través de los puestos de control del ejército sin obstáculos. Hasta que me dijeron que parara". Lo último de la correspondencia de Stratfor y sus informantes es de la mayor importancia, en ella se asegura que "funcionarios mexicanos y de EEUU" negociaron con los "cárteles" de droga. (Nota de Bill Conroy, The Narco News Bulletin, 20/VIII/12). En ella se da paso a una evaluación del diplomático mexicano consistente en que la estrategia de EEUU y de México en la guerra contra las drogas, "de acuerdo a las revelaciones en los correos, es la de una 'guerra simulada", para favorecer "la posición dominante de una organización del narcotráfico con el fin de minimizar la violencia y la interrupción de los negocios en las plazas o mercados importantes de la droga". Para el caso de Juárez (y el escribiente supone que para el total de la entidad) MX1 cree que el gobierno norteamericano envió señales a los cárteles en las que les "agradecía" el suministro de drogas a su mercado, pero "que estaban preocupados por la comisión de actos violentos y nos gustaría detener eso. En este sentido, por favor sepan que Sinaloa es más grande y mejor que Vicente Carrillo Flores. También tengan en cuenta que CDJ [Ciudad Juárez] es muy importante para nosotros, al igual que toda la frontera. En este sentido, por favor, hablen entre ustedes y permitan a todos volver al trabajo. Una vez más, reconocemos que Sinaloa es más grande y mejor, así que o VCF se pone en línea o los acabaremos”. Tales informaciones guardan mucha relación con lo que está ocurriendo ¿Serán simples coincidencias? AGRADECIMIENTOS. Aprovecho para agradecerle públicamente a Lorenzo Pérez, titular de Información Procesada (Inpro), la calidad de los servicios hemerográficos de esta empresa sin los cuales las reflexiones de este trabajo, y de muchos más, sería casi imposible. asertodechihuahua@yahoo.com.mx http://luisjaviervalero.blogspot.com http://twitter.com/LJValeroF

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El Diario, 1 de noviembre de 2012 Luis Javier Valero Flores Primero lo primero: vaya un fuerte abrazo a Héctor Murguía, el alcalde de Juárez, y mi solidaridad al resto de su familia, con motivo del deceso de su señora madre, doña Margarita Lardizábal Aguilar. ¿Usted cree que los ex gobernadores Fernando Baeza, Patricio Martínez y José Reyes Baeza, necesitaban un tour por Palacio de Gobierno, a fin de que admiraran las más recientes reformas realizadas ahí, especialmente la del mega balcón? ¿O que necesitaban placearse para que recibiéramos la noticia de que acompañarían al actual mandatario en la celebración de algunos eventos de primera importancia, allá en Parral, la nueva meca del poder en Chihuahua, como antes lo fue Delicias, de donde salieron multitudes de funcionarios para todas las dependencias, igual que ahora proceden de la antigua capital del mundo? Para informarnos de la asistencia de los tres ex gobernadores priistas a una gira del gobernador César Duarte Jáquez, en la cual asistirían al arranque oficial del 19º Radioteletón Parralense “En busca de una sonrisa”, se desplegó toda una operación mediática a fin de que todos los chihuahuenses nos enteráramos de que, por fin, habían aparecido juntos todos los ex gobernadores emergidos del PRI. Oigan, y si el fin era que hicieran lo que informaron, ¿habrán invitado al otro ex gobernador vivo, el panista Francisco Barrio y a los otros que han ocupado transitoriamente ese puesto, Víctor Anchondo Paredes, Graciela Ortiz y, no recuerdo si también, Sergio Martínez Garza que, quizá, también pasó por tal eventualidad? Algunas de las verdaderas motivaciones de tal encuentro las alcanzó a esbozar, o a expresar en el críptico lenguaje de la clase política, toda, pero especialmente la priista, el parralense César Duarte, cuando afirmó a la prensa que irían a Parral y que los había invitado “por la unidad y el aprecio que hay entre los ex gobernadores y su servidor, así como por la importancia de que los chihuahuenses estemos unidos para atender los retos que todos los días asumimos”. (Nota de El Diario, 30/X/12). Realmente ¿cuál fue la novedad? Una, muy simple, la aparición pública, en Chihuahua, al lado del actual mandatario y del ex gobernador Patricio Martínez, del otro ex, el compadre de éste último y sobrino de Fernando, José Reyes Baeza, excluido, o no invitado, o declinante de infinidad actos públicos a lo largo –casi– de toda la gestión de Duarte, salvo, obviamente, de la cena en casa de Fernando Baeza, de la que se generó la celebración de un acto en la campaña electoral pasada, en la que los Baeza reforzaron la candidatura de Abraham Montes. Ahora, bien ¿el mensaje fue para toda la sociedad chihuahuense, o solamente para las bases priistas? ¿O acaso para el presidente electo y sus más cercanos en Chihuahua? Todo ello en vísperas de la toma de posesión del mexiquense y la avalancha de nombramientos en el Gobierno federal, en los que, obviamente, están muy interesados los usuarios de los tours en Palacio de Gobierno, amén del interés principal del que ahora despacha ahí. La fotografía de los cuatro políticos caminando por los pasillos de Palacio volvió explícita la existencia de por lo menos tres grupos políticos priistas hegemónicos en Chihuahua, bajo una real coexistencia pacífica (esos terminajos los saqué de los tiempos de la guerra fría ¿se acuerdan de ella?), pero también de una no menos real existencia de ellos: el del actual gobernador, el de los Baeza y el de Patricio Martínez, además del otro y al que habrán de tomar muy en cuenta en todas sus deliberaciones, el del alcalde juarense, Héctor “Teto” Murguía. Entre ellos resolverán –y ya nos lo dijo el dirigente estatal, Leonel de la Rosa, que no habrá elecciones– las candidaturas del ya inminente proceso electoral local pero en el que deberán tomar muy en cuenta un factor inexistente los 12 años previos: el de que hoy tienen un presidente de la República emanado del PRI. Ese hecho, a pesar de las transformaciones sufridas por los partidos políticos, contará de sobremanera. Los gobernadores priistas, necesariamente, deberán consultar algunas de las decisiones y designaciones de los cargos más importantes con el equipo del mexiquense, entre ellas, seguramente, la de las alcaldías de las principales ciudades y, seguramente, la de quien podría ser, eventualmente, el líder del grupo parlamentario, que de ganar la mayoría sería el líder de la nueva legislatura. ¿Usted cree que Peña Nieto no estará intentando, por lo menos, ser consultado acerca de algunas de esas designaciones? De ahí la importancia de las fotografía de los “ex” juntos, muy juntitos.