Los alegres compadres

El Diario, 26 de febrero de 2015

Luis Javier Valero Flores

Los misiles serán de todos los calibres y categorías, no escatimarán recursos, ni su variedad y, tal parece, que las peores épocas de la guerra “sucia” -la de ahora, que en nada se parece a la sufrida en extensas zonas del país en la década de los 70’s del siglo pasado- serán superadas. 

Como en el pasado, como se ha estilado por los gobernantes emanados del PRI y del PAN, el principal instrumento en contra de sus adversarios será el de calificarlos como ligados o involucrados al narcotráfico.

Para ejecutar tan ruines acciones echarán mano de todos aquellos que en el pasado fueron, o estuvieron cercanos y que, como los acusados, también participaron de las acciones denunciadas.

Sorprende lo burdo de la acción ejecutada finalmente por el ex dirigente estatal, ex diputado local y ex diputado federal del PAN, Cruz Pérez Cuéllar; sabíamos de su inquina hacia su otrora compadre, Javier Corral; también, teníamos conocimiento de su enojo hacia el ex gobernador Francisco Barrio, alejamiento que tuvo como origen las distintas visiones que tuvieron, no sobre el país o sobre el PAN, sino acerca de las posiciones en juego en distinto momento de sus vidas políticas.

Tales diferencias crecieron hasta que los dos más jóvenes dirigentes de lo que en un momento se denominó “La Familia Feliz” -cuyo momento cumbre fue el gobierno de Barrio- se separaron y se enfrentaron posteriormente a lo largo de poco más de una década, tras ser conocidos al interior de su partido como “los compadres”.

Corral acusó a Pérez Cuéllar no haber efectuado el esfuerzo necesario para apoyar su campaña en 2004, cuando buscaba la gubernatura frente a Reyes Baeza, y de “pactar”, por debajo del agua, para acariciar la posibilidad del triunfo a la alcaldía juarense. Luego lo acusaría de acercarse a Héctor Murguía -quien triunfara en esas elecciones a la presidencia municipal de Juárez-. 

A su vez, Perez Cuéllar se deslindó del grupo aduciendo que sólo deseaban -Barrio y Corral, y algunos otros- subordinados para distribuir posiciones y prebendas a quienes ellos resolvían.

Luego vendrían el episodio del 2009. En las elecciones internas a la diputación plurinominal, Corral demostró la existencia de un fraude. 

Con ello obtuvo el primer lugar de la votación y la diputación plurinominal. Enseguida, el episodio más reciente, en el que el Tribunal Electoral de la Federación anuló las elecciones internas de las candidaturas al senado -por prácticas fraudulentas efectuadas por los equipos de Pérez Cuéllar y Carlos Borruel-. 

El Comité Nacional del PAN designó a Corral como titular de la primera fórmula de los candidatos al senado.

Aprovechando la información dada a conocer por el Gobernador César Duarte, en el ya famoso episodio escenificado en la Cámara de Senadores, Pérez Cuéllar ha presentado denuncia en la PGR en contra de Javier Corral y sus hermanos Roberto y Raúl, pues presume que “pudieran estar vinculados con las células más sofisticadas del crimen organizado”. (Nota de Gabriela Minjáres, El Diario de Juárez, 23/II/15).

Acusó a Corral de poseer propiedades por un valor “catastral” de 18.3 millones de pesos, cuyo origen podría ser ilícito.

Y pintó un cuadro familiar, ideal, del crimen organizado: “… un narcotraficante, un lavador de dinero y un delincuente electoral…”.

Acucioso, nos develó el móvil que motiva a estos peligrosísimos delincuentes: “… pudieran estar patrocinados por organizaciones criminales para hacer una campaña de desprestigio en contra del actual gobierno”. (Ibídem). Todo para desprestigiar la “exitosa política en materia penitenciaria” del Gobierno estatal “desactivando la cantidad de delitos que desde esos centros de reclusión se ordenaban y cometían, socios en la vida criminal, con la que comparten los hermanos Corral Jurado”. (Ibídem)

Uno creería que eso es todo, no, Pérez Cuéllar aprovecha el viaje y, de una vez por todas, revela el origen de la impunidad de los hermanos Corral: “… gozaron de protección durante el Gobierno de Francisco Barrio Terrazas, debido a que Javier fue amigo cercano de quien fue alcalde de Juárez y ex gobernador de Chihuahua, por lo que mantuvieron ocultos los antecedentes penales de sus familiares”. (Ibídem).

Además, señala que el alcalde Francisco Barrio “contrató a tres jefes policiacos con antecedentes criminales por narcotráfico y pese a ello los sostuvo en el cargo, lo que Javier Corral, entonces reportero, presumiblemente solapaba y ocultaba”. ¡Cuídense, reporteros que al paso de los años se conviertan en militantes y dirigentes de algún partido, pues por andar solapando narcos en su etapa reporteril pueden ser sancionados décadas después!

Los hechos denunciados por Pérez Cuéllar ocurrieron a partir del año 1983, cuando Barrio se convierte en munícipe, en esos años el denunciante compartiría los espacios del poder que tuvo su partido en Chihuahua ¿Por qué no los denunció en su momento?

Pues porque entonces no tenía los móviles de ahora en que se convierte en el ariete de las fuerzas del mundo oficial en contra de Corral, sólo porque éste se subió a los cuernos de la luna en credibilidad, a partir de que se sumó a la denuncia en contra del Gobernador Duarte, hecho que ha enervado a los mandones del partido gobernante.

De ahí las denuncias del otrora “alegre compadre”.

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Nunca antes

Aserto 139-Febrero 2015

En el curso del presente mes culminan las precampañas de los partidos políticos, las del proceso electoral de mediados de sexenio para renovar la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Lo hacen en medio del mayor descrédito social que jamás hubiese tenido el conjunto de la clase política. Lo encabeza el actual grupo gobernante (porque el PRI sigue siendo un agrupamiento político con un muy abigarrado conjunto de grupos internos) cuyo presidente está en medio de la más documentada corruptela, no sólo a su alrededor, sino siendo él mismo parte de ellas.

Si durante el período previo a las campañas presidenciales del 2012 el cuestionamiento hacia la fabricación de su candidatura fue escandaloso, que hacía prever una muy segura subordinación hacia el monopolio televisivo y las evidencias del financiamiento ilegal a su campaña fueron crecientes, la aparición de las evidencias de la sospechosa entrega de casas a la esposa del presidente, al mandatario, al Secretario de Hacienda y al Consejero Jurídico de la Presidencia, confirmaron los peores augurios.

Nunca antes se había documentado tan contundentemente el modo en que un presidente recibiera canonjías ilegales -o extralegales- que evidenciaran, o hicieran deducir el cómo grupos empresariales, o empresarios en lo personal, podían derramar beneficios personales a un primer mandatario.

En el pasado se sospechaba, se infería, pero nunca lo habíamos documentado y nunca antes la esposa de un presidente había aceptado haber recibido un bien de un empresario beneficiado con las obras gubernamentales.

También, nunca antes el responsable de las finanzas nacionales había declarado desconocer la tasa de interés contratada en la compra financiada de su casa ¡El encargado de proponer las tasas de interés bancarias en el país, facultad reservada al Director General del Banco de México, pero en la que interviene decisivamente el secretario de Hacienda!

En ese entorno, el PAN chihuahuense ha presentado una demanda en contra del ex Presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento y actual precandidato del PRI a la diputación federal por el distrito de Parral, Carlos Hermosillo, por el delito de enriquecimiento ilícito.

Lo acusan de no poder demostrar con los ingresos recibidos en los últimos años, como funcionario público, poder adquirir bienes inmuebles por la cantidad de 14 millones de pesos, como lo han documentado.

Hermosillo no sólo aceptó haber adquirido esos bienes, sino que la mayor parte de ellos, dijo, fueron producto de las herencias recibidas por ¡Su esposa! pues, no estamos nosotros para saberlo, ni él para decírnoslo, pero la familia de su señora, afirmó, ¡Es de abolengo!

Desde muchos meses atrás crecía el rumor -especialmente en los corrillos oficiales- que el señor Hermosillo había cambiado drásticamente su tren de vida, evidenciado por el súbito cambio de domicilio -de una modesta casa de una colonia de capas medias, a una residencia en uno de los fraccionamientos más lujosos de la capital chihuahuense-, que concitaba más especulaciones pues aparecía como el Gerente de la Unión Ganadera División del Norte, la agrupación fundada por el Gobernador César Duarte a su paso por la CNC y que recibiera, según declaraciones del Secretario de Hacienda, Jaime Herrera, cuantiosos créditos para esas actividades.

Luego se sabría que el domicilio de la agrupación ganadera es compartido por una empresa vendedora de medicamentos, proveedora de las dependencias de salud del Gobierno de Chihuahua.

Hermosillo se encuentra, además, en la denuncia presentada por Jaime García Chávez, acusado de enriquecimiento ilícito y otros delitos.

Podrá salir airoso de tales acusaciones, pero su caso es emblemático de los ingentes problemas que afronta el actual grupo gobernante, no sólo desde el punto de vista legal-jurídico, sino fundamentalmente del modo cómo los percibe un creciente porcentaje de la sociedad chihuahuense. Esa percepción aumenta al sumarle el caso de las casas de los amigos de Peña Nieto, los del Grupo Atlacomulco.

Están en verdaderos problemas.

Con ellos, toda la sociedad mexicana.

Dilema en el PRI

El Diario, 22 de febrero de 2015

Luis Javier Valero Flores

Fue apoteósico, las bases priistas, las suyas, las que fueron extensamente “apapachadas” a lo largo del trienio anterior le retribuyeron más que generosamente. Los gritos a todo pulmón de “Marco, Marco”, de prácticamente todos los asistentes, despertaron, seguramente, más de un dejo de preocupación en la cúpula del partido gobernante en Chihuahua.

El precandidato priista al distrito 8 de la capital, Alejandro Domínguez, decidió invitar al ex presidente municipal, Marco Adán Quezada, a la Convención Distrital de ratificación de su candidatura. Algo deben haber leído, dirigentes, gobernantes y candidatos, respecto de los momios en esa demarcación como para que hubiesen tomado semejante determinación pues ya tenían en sus manos antecedentes de cual sería la reacción de la mayoría de la base priista en la capital del estado.

La percepción generalizada en el antiguo San Felipe el Real es que existe un marcado rechazo a la actual administración estatal, lo que se puede traducir en que el PAN tiene una buena ventaja en las preferencias electorales en el distrito 6, el otro de los dos en que está dividida Chihuahua para los fines de las elecciones federales.

Sin embargo, a pesar de la presunción de que el PRI tiene una más sólida estructura y mayores simpatías en el distrito 8, lo ocurrido da margen a especular que la dirigencia priista puede tener elementos de preocupación en él, de frente a la elección del domingo 7 de junio.

Reacio a aparecer en los actos públicos, sobre todo por el terrible accidente del Aeroshow, Quezada creyó oportuno romper esa “ausencia”. En el curso de tres días dio origen a un fenómeno parecido al ocurrido en el sexenio de Patricio Martínez, doce años atrás.

El ex alcalde se presentó al informe del delegado del Issste, Jorge Esteban Sandoval y si bien no causó la algarabía del miércoles en el acto priista, lo cierto es que fue quien se llevó las palmas y el cariño de quienes acudieron.

No paró ahí la cosa, horas más tarde, en la presentación de las obras del periodista Javier Contreras, fue, nuevamente, quien recibió las muestras de simpatía de la mayoría de los asistentes al acto y, otra vez, el más apapachado de los políticos.

Así, en cuestión de unas cuantas horas, auditorios de muy distintos estratos sociales, los dos últimos con mayoría priista (funcionarios, gobernantes y militantes) expresaron algo que empieza a tomar, cada vez, mayor fuerza. Marco Quezada deberá ser tomado en cuenta como una de las cartas del PRI a la gubernatura. Por lo menos esas eran las expresiones del acto partidista de mitad de semana. Ningún otro protagonista priista es capaz de despertar tal entusiasmo en los militantes de la ciudad de Chihuahua y lo ocurrido en los otros dos eventos ha desatado verdadero júbilo entre no pocos priistas.

Dos sexenios atrás, en cuanto acto se presentaba el también ex alcalde de la capital, José Reyes Baeza, recibía las expresiones más estruendosas y mayoritarias de los priistas de entonces, por encima -en ocasiones muy por encima- de las prodigadas al gobernador Patricio Martínez. Como que las bases le enviaban un corto y contundente mensaje al gobernador: El candidato debe ser éste y dejaban de lado al que hasta entonces se suponía como el preferido del gobernante, su Secretario General de Gobierno de la primera mitad del sexenio, Víctor Anchondo.

Todo ocurría a más de un año de las elecciones del 2004.

Meses más tarde, al ser ungido candidato del PRI, Reyes Baeza levantaba una entusiasta oleada de sus compañeros y derrotaba al candidato de la alianza PAN-PRD, Javier Corral. Un sexenio después, no sólo entre los priistas, César Duarte generó una gran expectación hacia su candidatura, una buena cantidad, quizá la mayoría de los dirigentes campesinos de la entidad, más allá del PRI, se convirtieron en activísimos impulsores de Duarte.

Como en tiempos de Patricio, una parte muy importante del priismo rechaza la posibilidad de que su candidato al gobierno estatal sea uno de los allegados al Gobernador Duarte. 

No con esa enjundia, pero cosa semejante le ocurrió al Gobernador Reyes Baeza pues ninguno de sus más cercanos -Fernando Rodríguez ú Oscar Villalobos- alcanzó el vuelo que Duarte había obtenido, tanto por su activismo en el ámbito local, como en el apoyo obtenido, para su candidatura, del Coordinador de los diputados federales del PRI, Emilio Gamboa Patrón y de la presidenta priista, Beatriz Paredes, como él, integrante de la CNC.

Pero, tanto Patricio, como Reyes Baeza, resolvieron su respectiva sucesión sin la sombra del presidente de la república emanado de su partido. A pesar de todo, tuvieron que ceder ante las realidades (una de ellas, quizá, fue que las encuestas, las verdaderas, las que nunca dan a conocer los resultados y que les sirven para tomar decisiones, arrojaran que los señalados eran quienes tenían mejores posibilidades de alzarse con el triunfo y a ambos les pesaron la influencia de las decisiones de la dirigencia nacional.

Cuando Reyes Baeza emergió como candidato a diputado federal por la lista plurinominal en el segundo lugar de la misma, ya se sabía que era el favorito de la cúpula priista al Gobierno de Chihuahua. Cosa semejante, aunque por otros derroteros le ocurrió a César Duarte.

Y si eso pasó con presidentes panistas, ahora, con un Presidente de la República emergido del PRI es de suponerse, con mayor fuerza, que éste será, o podrá ser, el factor determinante en la designación del candidato del PRI para el 2016.

Vistas así las cosas, puede concluirse que los alcaldes de Juárez y Chihuahua, Enrique Serrano y Javier Garfio, respectivamente, tengan menos posibilidades -aunque debiéramos anotar en ese grupo a dos que se subieron recientemente, José Miguel Salcido y Mario Trevizo, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y Secretario de Gobierno, respectivamente, y que gozan de la misma característica que los dos primeros: La cercanía con el Gobernador Duarte- y que la senadora Graciela Ortiz, por su cercanía con el Presidente Peña, esté en mejores posibilidades de ser la abanderada, aunque por sus relaciones, algunos priistas consideran también a la otra senadora, Lilia Merodio, ciertamente con menores posibilidades y a la que la mayoría de los consultados ven como aspirante a la alcaldía juarense.

Y otros ubican, ya, al flamante Secretario de Educación, Marcelo González Tachiquín, gracias a la rafagueante actividad desplegada en las últimas semanas. No se puede descartar, para este proceso.

Así, llegado el momento, el Gobernador Duarte dispondrá de un abanico de propuestas que hacerle a los mandones de su partido ¿Tendrá el poder necesario como para obtener la candidatura para uno de los suyos o deberá ceder y, si acaso, ejercer el derecho de veto a uno o a varios?

Porque no son los únicos. En la asamblea del distrito 8 reapareció otro suspirante, el también ex alcalde Alejandro Cano. No deberá dejarse de lado a otro ex presidente municipal, pero de Juárez, Héctor Murguía, que pica piedra hace rato en cuanto círculo del poder tiene acceso.

Bueno, pues todo lo anterior puede venirse abajo si apareciera un protagonista con mejores calificaciones en las encuestas, en la sociedad, y en el priismo, de ese valor son las manifestaciones de algarabía, enjundiosas, de los priistas de la capital y las más mesuradas de los asistentes a los actos mencionados.

La mala noticia para los equipos de los suspirantes es que tales manifestaciones continuarán. Un elemento sirve de base para tal especulación, los antecedentes de expresiones como los ahora señaladas.

En agosto del año pasado, ante la posibilidad de que la auditoría realizada al Aeroshow, con motivo de la tragedia del 2013, se convirtiera en un instrumento para golpear al ex alcalde, dieron origen a la campaña “#Yo estoy con Marco”. Alcanzó niveles de enorme popularidad.

Se originaba por los días en que el Gobernador Duarte afirmara que la deuda se la había heredado Reyes Baeza y el auditor del Estado, Jesús Manuel Esparza Flores, (también, muy cercano al gobernador) había dicho, con motivo de la auditoría al Aeroshow y el accidente, que “… El hecho de que una persona tenga una aspiración política no le da inmunidad ni da lugar a impunidad en cualquier acto que se llegue a presentar en el manejo de recursos públicos”, en una referencia más que directísima a Marco Adán Quezada.

Una semanas más tarde, en el informe de los diputados federales priistas, Pedro Domínguez y Minerva Castillo, Quezada fue ovacionado largamente.

A los días, en el informe de los diputados priistas locales de la capital, seguramente para no despertar más inquinas, el ex alcalde no asistió, en su representación acudió la esposa, Lucía Chavira. Cuando el diputado Eloy García Tarín, ex secretario del ayuntamiento de Quezada, le envió saludos al ex presidente municipal -“por su intermedio, Lucy”- nuevamente se llevó el aplausómetro.

¿Por qué correrían el riesgo de repetir tales hechos, los integrantes del grupo hegemónico en Chihuahua, en la convención de Alejandro Domínguez?

Solo hay una respuesta, la escasa ventaja, si es que la tiene el PRI, en ese distrito, que podría perderla si uno o más del resto de los partidos se alzase con un número mayor a los 2 mil votos y el resto, fuera del PAN, obtuviesen entre mil y mil 500 votos.

Ello explica la presencia de Marco Adán Quezada. El problema estriba, para los otros aspirantes, en que tal cosa requiriesen para asegurar el triunfo en 2016.

De ahí la importancia de ganar el distrito 8, porque, de perderlo el PRI, podría perfilarse un panorama desalentador para las elecciones locales ya que podrían perder los distritos 3 (de Juárez), 6 (de Chihuahua), 5 (Delicias) y el mencionado, producto del muy extendido rechazo al actual gobierno.

Por ello requieren un candidato que aparezca con números más que aceptables en las encuestas, las de a de veras. 

Y si Quezada les garantizara el triunfo… po’s si al cabo yo siempre estuve con usted mi expresidente…

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Visita con tufo electoral

El Diario, 19 de febrero de 2015

Luis Javier Valero Flores

La visita del secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, a Juárez, largamente pospuesta, no aportó, para la mayoría de la población, ningún otro beneficio que el de que no se le hayan recortado recursos a la ciudad, como campechanamente lo sostuvo el cuestionado secretario, en un giro discursivo en el que casi nos pedía le agradeciéramos por tan generoso gesto del gobierno federal.

Bueno, y si no trajo consigo anuncios espectaculares, ni resoluciones sobre los múltiples asuntos solicitados por los distintos sectores de la sociedad juarense ¿A qué vino, pues?

 ¿Por qué sólo se reunió con la cúpula del sector mandón en la frontera, el de la industria maquiladora?

Las respuestas ofrecidas por el mundo oficial serán muchas, todas coincidentes en mostrarle a este sector la plena disposición del ”gobierno del Presidente Peña Nieto” a impulsar a esta poderosa rama industrial, cosa que no puede dudarse, dadas las condiciones económicas por las que atravesó -y atraviesa- la frontera chihuahuense, urgida de múltiples apoyos federales, cuyo eje central debiese ser que al resolver problemas del antiguo Paso del Norte, en realidad se ayuda a atemperar la profundidad de la crisis en otras zonas del país.

Sin embargo, el que no ofrecieran, el huésped y sus anfitriones, una mayor reflexión sobre lo que necesita hacer el gobierno federal en muchos otros temas -más allá de la industria maquiladora- para impulsar el verdadero desarrollo de la zona fronteriza, es verdaderamente preocupante, de ahí la necesidad de plantearse cuales fueron los verdaderos motivos de una visita tan poco difundida previamente y con una tan escuálida agenda.

¿A qué vino?

¿Es, como se apresuraron los medios oficialistas a gritar a voz en cuello, "a darle un respaldo al Gobernador Duarte, en su relación con los maquiladores y en el tema de la deuda?

Que lo hizo, ni dudarlo, estamos en pleno proceso electoral de mitad de sexenio, del que emergerán quienes ocuparán la Cámara de Diputados en la segunda mitad del gobierno de Peña Nieto y, además de ajustar todas las cosas de carácter económico que estén a su alcance (pocas, por cierto, dado el entorno mundial) y entonces despresurizar conflictos, atenuar ánimos enconados y  garantizarle a sectores financieros e industriales la plena continuidad de las políticas económicas. E impedir que algunos sectores -como ha ocurrido recientemente en Juárez- puedan aventurarse a coquetear con la oposición, o por lo menos manifestar su descontento en la campaña electoral, que podría ser capitalizado por algún partido de oposición -que en la frontera lleva ventaja el PAN- debiera ser uno de los principales motivos que llevaron a Videgaray a realizar un viaje que evidentemente no deseaba realizar.

Pero, sorprendentemente en el tema de la deuda, contra todos los pronósticos y difusión de sus palabras, esencialmente se sostuvo en lo que su dependencia había informado. Así sea con recursos propios -y esa es la diferencia- pero los bonos carreteros constituyen, también, un "pasivo del gobierno de Chihuahua", y eso, en términos simples y llanos, se llama deuda.

Otra cosa es lo sostenido por él, acerca del manejo "responsable" de la deuda, que se refiere, estrictamente, y como lo sostienen las empresas calificadoras que han otorgado una mejor evaluación a Chihuahua, a que el gobierno de Chihuahua posee la capacidad financiera para pagar sus deudas. Sólo eso, otro asunto es cuán adecuado fue el manejo de los recursos obtenidos y eso será materia de una gran discusión en la sociedad chihuahuense.

De ahí que se pueda sostener -dentro del ámbito de la especulación pura, pues no nos dan elementos para otra cosa- que la visita del muy poderoso responsable de las finanzas nacionales obedeció, sí a ofrecerle al sector maquilador una serie de nuevos apoyos, pero fundamentalmente a evitar que por ese lado del empresariado se diera una insurgencia o el menor asomo de molestia.

Pero es indudable la enorme carencia de tacto y sensibilidad política del grupo hegemónico en el gobierno. O, a lo mejor, es asunto que no les interesa, pero venir a la que fue la ciudad más violenta del mundo y decirle que lo de la zona fiscal "está en estudio", no ofrecer respuesta al tema de la importación de vehículos usados, no abordar la homologación del precio de la gasolina para el resto de la entidad y, ni de pasada, anunciar algún desparpajado programa de corte social es increíble.

Hacer públicas las declaraciones

El Diario, 15 de febrero de 2015

Luis Javier Valero Flores

Probablemente ninguna otra época se había presentado tan convulsa como la de hoy. Puede ser sólo una percepción a causa de la abundantísima información generada en el país (para no abarcar al mundo). En momentos pareciera que acudimos al desplome del régimen, u otra cosa parecida.

¿Serán, solamente, las ganas de que mejore el estado de cosas que ahora tenemos?

Por todos lados se aprecian conflictos, que a primera vista parecieran irresolubles. Un fenómeno pareciera abarcarlos a todos -por lo menos en el ámbito nacional-, el de la corrupción a todos los niveles, en toda la sociedad, pero fundamentalmente en la esfera gubernamental.

Veamos: Policías federales son recibidos a balazos por policías municipales en Oaxaca, la refriega termina en el momento que ¡se intercambian prisioneros!; Peña Nieto propone reformas a la ley de transparencia ¡para que los contratos de la industria petrolera, los del gobierno con las empresas privadas, sean secretos!; la ONU advierte que no hay intención del gobierno mexicano en terminar, ni atacar, el problema de las desapariciones; la Secretaría de Educación de Chihuahua afirma que la Secretaría de Hacienda determinó retirarle el subsidio a la Prepa Central de Juárez, al día siguiente, el Secretario Jaime Herrera dice que fue Educación; Peña Nieto anuncia el nombramiento de Virgilio Andrade como Secretario de la Función Pública y le encarga, públicamente, que investigue si existen conflictos de interés en la adquisición de las casas de su esposa, del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray y en la de él mismo; luego, Andrade declara que no tiene facultades para sancionar al presidente, ni investigar sus propiedades, tan sólo los contratos de las empresas.

Más: Le descubren infinidad de propiedades multimillonarias a la familia del ex gobernador oaxaqueño, José Murat, entre ellas las de su hijo, Alejandro, y de la esposa de éste. Se revela la relación sentimental de Murat con una integrante del Grupo Atlacomulco y el arribo del junior al equipo de Peña Nieto. Este lo nombra, ya presidente, como Director del Infonavit y Alejandro Murat afirma que no tiene obligación de presentar declaración patrimonial alguna, pues, alega, no es servidor público. 

Pero un día después de que el periódico The New York Times revela sus propiedades, las transfiere a una empresa fantasma y declara que no son suyas.

Los agentes de vialidad de Chihuahua capital se rebelan, y revelan que les exigen duplicar el número de infracciones, además de sufrir discriminación salarial respecto del resto del personal de la Fiscalía General, que les faltan uniformes y que sus jornadas de trabajo son excesivas; exigen la destitución del subdelegado de Tránsito, les conceden que en adelante ya no recibirán órdenes de ese funcionario, pero no lo destituyen.

La Suprema Corte de Justicia falló, hace tiempo, sobre los matrimonios, asentó que eran entre dos personas; un juez de distrito, luego de que le notificara al Congreso del Estado de Chihuahua, desde el 14 de noviembre del 2014, le ordena que deberían cambiar dos artículos del Código Civil, después de que les fue desechado un amparo (del que no informaron a ningún órgano de gobierno del Congreso) y todavía algunos diputados se atrevieron a decir que de ninguna manera votarían una cosa semejante.

Otras perlas: La Secretaría de Salud de Chihuahua recibió la confirmación que uno de los niños de Avalos presenta altos niveles de plomo en sangre. Deciden reubicar a la familia “temporalmente”, pero se sabe que, al igual que el Congreso de Chihuahua, la dependencia recibió, desde mediados del año anterior, la confirmación de la existencia de residuos muy altos de metales contaminantes en la zona, a pesar de ello el viernes se anunció que se construirá un nuevo plantel del Colegio de Bachilleres en la zona.

Se anuncia que de los 55 millones que debería contener el fideicomiso del postergado infinitamente Centro de Convenciones de Juárez, ya no hay nada. La alcaldía juarense anuncia que “no se presupuestó esa partida…” pero que no existe la seguridad de recuperarlos. (De los reporteros, El Diario de Juárez, 14/II/15).

Interrogado el ex alcalde Héctor “Teto” Murguía declaró “que no había razón para depositar fondos de la ciudad en una cuenta que no garantizaba ninguna obra, por lo que el dinero que entró, se utilizó en lo que se tenía que utilizar”. (Ibídem).

Es decir, lo que entró, se gastó. Ahora hay ese faltante.

Meses atrás, en el IV Informe del Gobernador César Duarte, se dio a conocer, con la participación del Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, que la ciudad de Chihuahua pasaba a la tarifa 1D. Hubo recibos de la energía que llegaron en ceros. Pasado un período de consumo, los recibos siguen diciendo que los habitantes de la capital tienen la tarifa 1B. 

Más. Por lo menos dos centenas de productores agropecuarios del noroeste acudieron masivamente a comprar gasolina a Juárez, se llevaron más de 120 mil litros, ahora la petición es que la homologación del precio de la gasolina con el extranjero se extienda a todo el territorio estatal, pero nadie, en el mundo oficial, se acuerda de las promesas realizadas en las campañas, bajarían los precios de los combustibles, decían.

En las elecciones presidenciales del 2006 varios empresarios lanzaron la campaña mediática más agresiva en contra de López Obrador. A la asunción de Felipe Calderón fueron premiados con Aeroméxico. En la del 2012 fueron descubiertas las maniobras mediante las cuales la campaña de Peña Nieto recibió financiamientos extralegales a través de la entrega milenaria de tarjetas de Soriana. La semana pasada el gobierno federal resolvió que esta empresa sea la que venda los billetes de la Lotería Nacional. Algo habrá ocurrido porque esa empresa ya adquirió los restos de una parte de la cadena Carrefour en 2005 y Gigante en 2007 y en enero compró Comercial Mexicana. ¿Otro conflicto de interés que deba investigar Virgilio?

N’ombre no pasa nada. 

La última semana, muy orondos, los dirigentes del PRI y Verde Ecologista presentaron a Fernando Bribiesca, uno de los hijos de Martha Sahagún, como su ¡precandidato (único) a la alcaldía de Celaya! 

Ya entrados en el terreno de las confusiones, el presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Enrique Solana Sentiés, en reunión con la cúpula militar, afirmó que “no podemos abrir a todos los cuarteles solamente porque quieren ver si están ahí los muchachos”, en respuesta a la exigencia de los padres de los jóvenes de Ayotzinapa para buscarlos en las instalaciones militares.

¡Ah cómo hacen escándalo! ¡Sólo por buscar a sus hijos!

¿Y la familia de Angel Aguirre, metida, toda, en el gobierno, del cual extrajeron riqueza y media? 

A su vez, el enredado asunto de la línea 12 del metro del DF, nadie es culpable, o responsable de las fallas, todo se hizo bien, dice Marcelo Ebrard, pero nadie asume la responsabilidad de la falla, la incompatibilidad entre las ruedas del tren y los rieles. En tanto, se perdieron 12 mil millones de pesos y millones de personas perdieron la oportunidad de un mejor transporte.

Todo lo anterior, sin mencionar las conflictivas situaciones de Guerrero, Michoacán, Jalisco y Tamaulipas y que los delitos, denominados por Edgardo Buscaglia, patrimoniales, siguen a la alza en todo el país, así como las desapariciones.

¿Le seguimos o ya, nos rendimos?

¿Por dónde empezar?

¿Es una crisis generalizada del sistema, del régimen político? A lo mejor, pero si le preguntamos a la clase política, nos llevaremos la sorpresa que para sus integrantes hay problemas, pero nada que no se pueda superar, dicen, el problema es que para que los gobernantes puedan conducir a la sociedad a la superación de los terribles problemas existentes (sin mencionar el terrible crecimiento de la deuda pública externa, de la baja del petróleo, de la depreciación del peso y de los ajustes presupuestales) deben contar con la suficiente legitimidad social posible.

Si no cuentan con ella, nada podrán hacer, tan sólo discursos y rotarse las posiciones públicas; no indefinidamente porque llegará un momento en que la situación reviente.

Y no bastarán los triunfos electorales; el cúmulo de corruptelas, conflictos de interés, bienes inmuebles descubiertos, así como la revelación de la ingente participación de los clanes familiares en el disfrute de los bienes públicos y las enormes fortunas familiares descubiertas hacen imprescindible, no sólo para que se legitimen los gobernantes, sino para poner límites al dispendio y robo del erario una verdadera ofensiva para hacerlo.

¿Cuántos conflictos nos hubiésemos ahorrado si las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos fuesen públicas por ley? Hasta la denuncia de Jaime García Chávez en contra del Gobernador Duarte nos habríamos evitado.

La ley establece que todos ellos deben presentarlas al momento del inicio y término de su gestión, más las modificaciones al patrimonio, que deberán presentar anualmente.

El problema estriba en que, así como fueron presentadas, son guardadas celosamente por los funcionarios encargados de recibirlas. En ninguna parte aparece la obligación, para estos funcionarios, de hacer las evaluaciones necesarias para saber si el crecimiento del patrimonio de los servidores públicos guardan relación con los ingresos reportados.

Y eso es fundamental en el caso de los funcionarios encargados de lanzar y aplicar, por ejemplo, las licitaciones de la obra pública y las adquisiciones, pero también en el otorgamiento de licencias de todo tipo, en los fiscales, jueces y magistrados y en los integrantes de los organismos policiacos.

Bueno, en todo eso no hay ningún control ¡Vive le liberté! pero la de los funcionarios.

Todo eso se podría obviar si las declaraciones patrimoniales fueran públicas. De nada les sirve alegar que eso constituiría un riesgo para su vida y patrimonio. No es cierto, todos sabemos que tienen millonarios ingresos, lo que pasa es que no desean que sus riquezas, generalmente superiores a sus ingresos, sean conocidas por sus conciudadanos. 

¡Pequeña cosa!

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¿Y la seguridad escolar?

El Diario, 12 de febrero de 2015

Luis Javier Valero Flores

Meses atrás, ante episodios semejantes como el asesinato de Irving Reyes González a manos de un grupo de jóvenes, algunos de ellos ex alumnos de la secundaria Altavista, a la que asistía, se encendió la preocupación del mundo oficial, sólo para apagarse en unos cuantos días.

Los detalles del brutal crimen nos arrojan a un mundo al que muy pocos se asoman y ha encendido, además de la natural indignación social, las voces de, otra vez, la preocupación del mundo oficial, aunque no todas, por desgracia.

Un grupo de jóvenes, muy jóvenes, se ponen de acuerdo en asesinarlo porque la víctima “comenzaba un romance con la novia de uno de ellos”. Lo golpearon, lo acuchillaron y finalmente lo asfixiaron. Y lo enterraron.

Si tenemos material para espantarnos, a pesar de lo vivido hasta ahora, también hay motivos para congratularnos. El padre de uno de los asesinos lo convenció a entregarse, pero a través de un canal de televisión, lo que evidencia la poca confianza de ese ciudadano en las instituciones de procuración de justicia.

Hasta ahí, todo normal, aunque tal suceso sea lo más lejano a la “normalidad”. La indignación disminuirá, nuevamente la impotencia (¿Qué hacer, si nada se puede, si las condiciones reinantes no se pueden cambiar) y, finalmente, el olvido…

Pero algo se puede -se debe- intentar, la guía la ofreció la abogada Isela Torres, subsecretaria de Educación, Cultura y Deporte en la zona norte, quien expresó, en el curso de una conferencia de prensa “que lo que acontece en el exterior de la escuela es un ‘problema policiaco”. (Nota de Martín Orquiz, El Diario, 10/II/15).

¿Sabrá la funcionaria, que ya fue Secretaria del Ayuntamiento, además de diputada local, que desde 2003 existe una Ley de Seguridad Escolar, la que involucra directamente a las autoridades municipales y escolares “en el entorno escolar?

Inexplicablemente, llamó especulaciones las de los reporteros que insistían en que los alumnos de esa secundaria eran hostigados por pandilleros que son alumnos y ex alumnos. Evidenció algunas de las carencias de quienes llegan a la función pública.

Se requiere una elevada dosis de sensibilidad, no sólo política, sino fundamentalmente social para afrontar la enorme tragedia por la que transitan la mayoría de los jóvenes del antiguo Paso del Norte.

Vivimos un momento extremadamente complejo. Tal pareciera que a mayor complejidad y variedad de los reclamos ciudadanos, los gobernantes se pasman. Cuando le dijeron a la subsecretaria que algunos de los señalados habían sido expulsados de la secundaria Altavista respondió que había sido “porque los maestros tomaron alguna acción”.

Bueno, pues algunos de sus compañeros pensaron distinto y aprobaron, en 2004, La ley de Seguridad Escolar, la que estableció, entre otras cosas, la obligatoriedad para las autoridades escolares, de crear las Brigadas Escolares, que deberán existir en cada plantel, incluidas las Universidades Autónomas del Estado.

Cada “Brigada será coordinada por el director del Plantel Educativo o quien él designe, debiendo integrarla con un mínimo de siete miembros, dentro de los cuales se contemplará personal docente, padres de familia, vecinos del plantel y alumnos, dándose preferencia a la participación de estos últimos”. (Art. 17).

A las brigadas escolares les corresponden las siguientes funciones: Diseñar lo necesario para propiciar un “entorno escolar sano y confiable para la educación, fomentar (coordinada con la Asociación de Padres de Familia) las denuncias ciudadanas de aquellas acciones delictivas o contrarias a la legalidad, convertirse en vínculo de “coordinación entre las autoridades escolares y de seguridad pública para el cumplimiento de esta Ley”, gestionar los recursos necesarios en materia de seguridad escolar y canalizar “a los estudiantes que requieran algún tratamiento específico, a las diversas organizaciones e instituciones de los sectores público, privado o social”.

No sólo, también “Llevar registro de quienes desarrollan su actividad comercial en el perímetro del centro escolar”; gestionar ante la autoridad municipal respectiva, la instalación de alumbrado en el perímetro del centro escolar; así como la destrucción de tapias, bardas e inmuebles en general que, por su estado y condiciones físicas, sean susceptibles de ser usados para actividades ilícitas en riesgo de la comunidad escolar y promover, entre los vecinos sus actividades.

La ley establece que el entorno inmediato de la escuela es de 200 metros a la redonda y pone especial énfasis en la colaboración vecinal en la vigilancia para proteger el patrimonio y entorno escolares, así como la obligatoriedad de la participación de la autoridad municipal en las actividades de seguridad escolar.

Además, considera como prioritarios y de interés público para los efectos de la seguridad escolar a “los establecimientos comerciales y negocios en general cercanos a los centros escolares” a cuyos propietarios podrá solicitar “la exhibición de los permisos, autorizaciones o licencias expedidos por autoridad competente para la operación de que se trate”.

¿Es mucho soñar que, por fin, se establezcan las Brigadas Escolares? ¿No estaríamos, por esta vía, propiciando el establecimiento de nuevas redes de convivencia social y mejorando el entorno escolar de niños y jóvenes?

A lo mejor.

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De gasolinas y bodas

El Diario, 8 de febrero de 2015

Luis Javier Valero Flores

Moda nefasta, cambios a la ley por uniones gay, aseveró el diputado priista, Eloy García Tarín, en una sorpresiva -por lo menos para el escribiente- postura de quien ha ocupado la cartera de elecciones y la representación del PRI estatal en los órganos electorales, además de la Secretaría del ayuntamiento en la anterior gestión municipal, la de Marco Adán Quezada.

Su pronunciamiento se sumó al que realizara un día antes el sacerdote Dizán Vázquez, uno de los hombres más ligados al desaparecido Arzobispo Adalberto Almeida, reconocido como uno de los emblemáticos de los sacerdotes de la teología de la liberación -hoy por cierto, no sólo en desuso, sino prácticamente desaparecida, para nuestro mal- y quien expresara que “desde el punto de vista de una visión humanista basada en la ley natural, en el derecho natural, se está violentando la naturaleza”.

Dizán se extendió en la concepción que aún hoy parte de la idea que la homosexualidad es un trastorno y no una simple diferenciación en las preferencias sexuales, pero que al partir de ese equívoco ha dado lugar a una de las peores manifestaciones de la intolerancia de la sociedad. Dizán sostuvo que “… cuando la organización psiquiátrica norteamericana quitó la homosexualidad de la lista de los trastornos estableció un principio sumamente dañino para las mismas personas homosexuales, porque les abrió el camino a un estilo de vida que médicamente, científicamente, se ha comprobado que es destructivo físicamente, en el cuerpo, (en) las enfermedades físicas, pero también síquico y ya no digamos espiritual”. (Nota de Paloma Sánchez Martínez, El Heraldo de Chihuahua, 4/II/15).

¿Cómo plantear que por el solo hecho de esa diferencia las personas pueden dañarse, y que hasta “espiritualmente” se autodestruyen, o peor aún, que puedan ser mas malas personas que las heterosexuales?

¿Los curas pederastas, por el solo hecho de ser curas eran, ya, mejores personas?

No fue lo único, planteó que los homosexuales “como personas enfermas” hay que ayudarlas “a lidiar con su enfermedad si no tiene remedio, o a curarla si tiene remedio”.

Y lanzó la iniciativa de que “todos aquellos que piensan que esa ley es negativa tienen que unirse y luchar para que no pase y no se difunda, y tienen todo el derecho del mundo; no vale el argumento de que no se pueda discutir ese asunto con criterios religiosos porque no son estrictamente religiosos. Un ateo puede estar en contra de la unión homosexual por las razones naturales”.

Pero la totalidad de quienes se oponen a los matrimonios homosexuales esgrimen como argumento central el que “Dios” así lo dispuso; que así está escrito en La Biblia; que es una ley divina realizarlo entre una mujer y un hombre, con el fin de procrear. Como lo plantearon los obispos de la iglesia católica en Chihuahua, quienes dijeron que el matrimonio era “un plan de dios”.

Bueno, pues eso no se les puede discutir, porque son las creencias de los católicos, quienes deben basar su conducta por ese conjunto de reglas y principios pero que no se lo pueden imponer al resto de la sociedad, así sean amplia mayoría, o una mayoría que pierde peso aceleradamente.

Todos pasan por alto una cosa elemental, sus opiniones están basadas en sus creencias personales, religiosas, morales, éticas, etc. y no toman en cuenta la existencia de muchos otros (¿Cuántos? ¿Muchos, poquitos?) que no comparten tales creencias, o que, siendo creyentes, sus preferencias sexuales son distintas y, por tanto, respetables como las otras y que al punto donde hemos arribado como sociedad es que el conjunto de ésta deberá preservarle a esos distintos el goce de todas las garantías construidas por nuestra sociedad.

En otra sorpresa, el diputado de Movimiento Ciudadano, el ex panista Fernando Reyes Ramírez, -quien ha propuesto diversas iniciativas reveladoras de sus enfoques conservadores, entre ellas la llamada “ley mordaza” y la castración química a los violadores- acusó al que en ese momento aún era el Consejero Jurídico y minutos después, Secretario General de Gobierno, Mario Trevizo, de asumir posturas “como si fuera el vocero del Arzobispado”, pues éste había declarado que la decisión del juez Octavo de Distrito, al conceder el amparo colectivo mediante el cual le ordenó al Congreso de Chihuahua modificar los artículos 134 y 135 del Código Civil, por violar los derechos humanos de las personas homosexuales que deciden casarse, ya que estos ordenamientos especifican que el matrimonio es la unión “entre un hombre y una mujer”.

Y es que el pronunciamiento de García Tarín había sido categórico: "No hay un error en tener una ley que señala que el matrimonio es entre un hombre y una mujer; los cambios que ahora le quieren hacer a la ley es una nefasta moda y nada más".

Fernando Reyes fue tajante: “… sólo es hacer una modificación para terminar con la discriminación, de eso se trata, nos guste o no nos guste, estemos a favor o en contra”.

¿Estaría en el fondo de los duros términos de Reyes a Trevizo la información de la remoción de Raymundo Romero en la Secretaría General de Gobierno?

Ojalá no. El tiempo nos lo dirá.

Y es que el rechazo a las relaciones homosexuales, llevados al extremo de garantizarles el máximo de las garantías y obligaciones que el marco legal vigente les otorga a los heterosexuales, despierta sentimientos atávicos, cuyo origen es la cultura de la intolerancia, tan acendrada en amplios sectores de la población chihuahuense y cuyo principal ropaje es el argumento religioso.

Garantizarle a todos los individuos de la sociedad el acceso al disfrute de los bienes de la sociedad se inscribe en lo que ha sido una de las más extraordinarias modificaciones realizadas a nuestro marco legal, esto es que la discriminación, por cualquier motivo, es una violación a los derechos humanos y éstos han adquirido, por esa modificación, la máxima jerarquía.

Ejemplo de tal conceptualización son las frases de García Tarín quien señaló que el matrimonio “siempre” se había entendido que era entre un hombre y una mujer “tal y como lo señalan todas las leyes en la historia de la humanidad, en códigos y códices y demás reglamentaciones que se puedan estudiar sobre el tema”, pero que ahora por “cuestiones de moda mundial” se cambia ese concepto y se atrevió a decir que cada diputado de “manera personal sabremos cómo votar o qué proponer cuando esa orden del juez llegue a esta representación y tengamos que votar el cambio que nos ordenan”.

No, Don Eloy, las órdenes judiciales, como ésta, se acatan y los legisladores, que juraron cumplir y hacer cumplir las leyes, están más que obligados a hacerlo, no obstante sus concepciones religiosas o éticas sobre el tema. 

Esto es así porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo determinó, basada en todos los tratados y acuerdos firmados por la casi totalidad de los Estados existentes, de conformidad, no con la moda, sino con el arribo de las concepciones basadas en la cultura de la tolerancia, esto es, el respeto a la otredad, es decir, a los distintos, por su raza, color, preferencia política, sexual, edad o de cualquier otra índole.

Porque, al contrario de lo expresado por el ahora flamante nuevo Secretario de Gobierno, no es una resolución que la establece la dictadura de las minorías ¿De dónde acá la vigencia de los derechos humanos es un asunto de minorías y mayorías?

Aunque luego matizó, y en declaraciones posteriores aceptó que “se debe de respetar a los que piensan diferente, aunque seamos mayoría” y que el Gobierno de Chihuahua acataría la resolución judicial, en consonancia con la postura expresada por el Gobernador Duarte: “Somos respetuosos de las definiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. 

Y trazó línea: “El Congreso del Estado tendrá su opinión, pero será respetuoso en eso”.

Ojalá la diputada del PRI y presidenta de la comisión de Justicia en el Congreso del Estado, Mayra Chávez Jiménez, atienda tal indicación, porque todavía se atrevió a plantear lo siguiente: “… después con el voto (de los diputados) ante el pleno se decidirá si es o no anticonstitucional, pues el Congreso del Estado sigue siendo autónomo en las decisiones”. (Nota de Jaime Armendáriz, El Diario de Chihuahua, 3/II/15).

Que alguien la asesore, ¡Por favor!

La ruta que les ordenaron es los artículos son inconstitucionales y les están ordenando el modo en que debe aparecer la definición de matrimonio: Entre dos personas, punto.

Y a propósito de desigualdades. El conjunto de productores del noroeste de Chihuahua (muchos de ellos afiliados a El Barzón, pero claramente no todos identificados con esa agrupación), en “camionetonas”, como diría más de un juarense desconocedor de la realidad del campo chihuahuense, fueron a realizar una compra masiva de gasolina barata a Juárez.

No sólo fue una protesta, fue un extraordinario ahorro para quienes han estado sometidos a una política energética desastrosa, cuyo eje ha sido el brutal encarecimiento de los combustibles, aderezado por las continuas promesas de campaña, del 2003  a la fecha, de la disminución de sus precios.

Los medrosos, o los voceros oficiosos, prontamente lanzaron el grito “Por esa vía nos van a quitar la homologación de la gasolina”, en lugar de pugnar porque tal ventaja fuera extensible al total del país ¿Acaso no nos dijeron que los precios de los combustibles en México se homologarían con los internacionales?

Para su infortunio, el primero en protestar fue el alcalde juarense, Enrique Serrano: “La forma en que los barzonistas adquirieron gasolina en Juárez y la llevaron al interior del estado pone en riesgo el acuerdo de la Federación para homologar los precios del combustible con la frontera sur de Estados Unidos”.(Nota de Juan de Dios Olivas, El Diario, 6/II/15).

¡Híjole! ¿Pues que no busca, si le toca, la candidatura de su partido al Gobierno de Chihuahua?

Esta era la mejor oportunidad de plantarse frente al gobierno federal y decirle que buscamos la homologación de los precios de la gasolina, pero de todo el estado de Chihuahua, porque esa medida serviría para detonar la producción agropecuaria.

Bueno.

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Oootro conflicto de interés

El Diario, 5 de diciembre de 2015

Luis Javier Valero Flores

El Presidente Peña Nieto designó como titular de la Secretaría de la Función Pública a Virgilio Andrade y le “instruyó” prevenir la corrupción e indagar si existió -¿Existe?- conflicto de interés en la compra de las casas de su esposa, Angélica Rivera, la del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray y la de él mismo en el centro de recreo de la élite mexiquense, Ixtapan de la Sal.

Además, para enfrentar la creciente crítica a tales hechos, conminó a los legisladores federales a acelerar los trabajos de la aprobación de una comisión anticorrupción.

Vehemente, Peña Nieto le mintió al país entero (cuando afirmó que siempre había actuado legalmente: ¿Acaso declaró que los helicópteros y aviones en los que hizo campaña eran propiedad del Grupo Higa) y en lugar de proponer las medidas que sí podrían, por lo menos, hacer aparente el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, es decir, proponer la legislación necesaria para que las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos, sean públicas, obligatoriamente, se salió por peteneras y cayó en otro conflicto de interés: 

¿Pues que acaso no es superior jerárquico del funcionario al que le ordenó investigar la licitud de sus adquisiciones?

Más aún, Andrade formó parte del equipo de transición del presidente electo  Peña Nieto, por recomendación de Videgaray (habían sido compañeros en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y, por esa vía, tuvo conexiones con Pedro Aspe, el poderoso Secretario de Hacienda del sexenio salinista, mentor del ahora responsable de las finanzas nacionales) y le fue encomendada la tarea de elaborar una propuesta del sistema nacional anticorrupción que propondrían al tomar posesión.

No es el único antecedente que levanta suspicacias sobre la imparcialidad del nuevo “zar anticorrupción”, como le llegaron a decir, al principio de su gestión, al ex gobernador panista chihuahuense, Francisco Barrio. Muchos años atrás, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, Andrade se desempeñó como asesor, entre 1989 y 1990, de Ana Paula Gerard, entonces secretaria técnica del gabinete económico salinista y que en 1994 se convertiría en esposa del ex presidente.

En esos mismos años se desempeñaría como Coordinador de Asesores del Oficial Mayor de Gobernación al lado del más poderoso de los subsecretarios, Manlio Fabio Beltrones quien era, entonces, el mejor discípulo del Secretario Fernando Gutiérrez Barrios.

El gabinete económico de Salinas dependía directamente de Pedro Aspe, el que ahora se ocupa de asesorar a los gobiernos estatales en la contratación y manejo de las deudas públicas, responsable de proponerle al entonces Gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, designara Secretario de Finanzas a Videgaray en el EdoMex.

Los vasos comunicantes son muchos. El hermano de Ana Paula, Hipólito, participó en la licitación del frustrado tren México-Querétaro ¡Nada!

Andrade, no obstante haberse desempeñado como representante suplente del PRI ante el IFE, se presentó como candidato a Consejero “ciudadano”del órgano electoral. Lo sería de 2003 a 2010 con Luis Carlos Ugalde como presidente.

El ahora “investigador” de las posibles corruptelas de Peña Nieto, Videgaray y Rivera fue defensor del líder petrolero, Carlos Romero Deschamps ¡Híjole!

Con esos antecedentes ¿Cabe abrigar alguna lejana esperanza que Andrade cumplirá con la petición pública del presidente?

Urgido por las angustias electorales, en medio del escándalo nacional e internacional, originado por las fincas, presumiblemente regaladas por los empresarios; por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y por el enjuiciamiento en la ONU a causa de los miles y miles de desaparecidos, el grupo gobernante afrontará el proceso electoral de mitad de sexenio en las peores condiciones, de ahí el deplorable montaje anticorrupción y la demagógica orden a Virgilio Andrade de “investigar” al presidente.

Incapaces de afrontar el terrible conflicto de interés en que se encuentran, por la absoluta falta de ética política, se hunden a cada paso. Ayer, el secretario Videgaray por fin se acordó de la tasa de interés con la que contrató “compra” de su casa con el Grupo Higa: 5.31%, muy por debajo del 12.17%, promedio ofrecida por la banca a sus clientes.

¿Se atreverán a sostener que no hay conflicto de interés?

Pero es una enfermedad nacional, hoy mismo, el precandidato del PRI a la diputación por Parral, Carlos Hermosillo, enfrenta otra denuncia por enriquecimiento ilícito, al igual que el mandatario chihuahuense, César Duarte.

Ambos se declaran inocentes. Bien, más allá de la inocencia o no en los cargos imputados ¿Porqué no escuchamos de los precandidatos, y ya muy pronto, candidatos, la propuesta de hacer obligatoria la publicación de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos?

De nada sirve que aleguen la discrecionalidad y el ocultamiento de sus ingresos en función de la inseguridad ¿Para qué, si todos sabemos, los malandros incluidos, que los funcionarios públicos mexicanos ganan auténticas fortunas, en forma de salarios?

Más allá de las palabras y la infinidad de propuestas, en tanto las declaraciones patrimoniales de los gobernantes no se hagan públicas obligatoriamente, el manto de la opacidad y la presunción de corruptelas será el signo distintivo de la clase política.

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Contradicciones y complejidades

El Diario, 1 de febrero de 2015

Luis Javier Valero Flores

La más reciente visita del ex candidato presidencial de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, vino a poner de relieve las diferencias existentes en la izquierda chihuahuense acerca del modo de afrontar políticamente la actual situación en la entidad, generadas por la extraordinaria complejidad del momento por el que transitamos.

De esa complejidad no se salvó el tabasqueño. Aportó no pocos elementos para la discusión, amén de mostrar la deficiencia que la absoluta mayoría de los dirigentes nacionales de la izquierda mexicana evidencian al visitar tierras chihuahuenses.

Los dos principales dirigentes de Morena en Chihuahua, Víctor Quintana y Juan Chávez, Presidente y Secretario General, respectivamente del Comité Estatal participan activamente en Unión Ciudadana, la agrupación originada a raíz de la denuncia presentada por Jaime García Chávez en contra del Gobernador César Duarte, el Secretario de Hacienda, Jaime Herrera, y Carlos Hermosillo, ex Presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento, y en la cual participan, también, el senador del PAN, Javier Corral, el ex gobernador Francisco Barrio, y un sinnúmero de militantes, activistas y funcionarios públicos, como estos dos, miembros del PAN.

No bien fue abordado por los reporteros en Chihuahua, López Obrador afirmó, como lo ha sostenido reiteradamente a lo largo de su vida política, que el PRI y el PAN son lo mismo: “No se confundan, con todo respeto a los priistas y panistas de abajo, pero arriba es lo mismo Salinas que Fox. Es lo mismo Barrio que Duarte…”.

Luego, en Delicias, lo reiteraría: “En Chihuahua se quejan de Duarte y se olvidan de la corrupción de Barrio” y agregaría -en mensaje de su cuenta de Twitter- “… y de cuando en 2006, Barraza ayudó a imponer a Calderón”, en una más que clara referencia a José Luis Barraza, el empresario deliciense que encabezó el Consejo Coordinador Empresarial en 2006 y quien con tal calidad apoyó irrestrictamente a Felipe Calderón, cuando asumió la responsabilidad de la campaña de spots televisivos más agresivos en contra del tabasqueño.

Una vez llegado a la presidencia, Calderón le pagó a Barraza con la Dirección General de Aeroméxico, al tiempo que desaparecía a la Compañía Mexicana de Aviación y les dejaba libre el campo de la aviación en el país.

A eso, el ex gobernador Barrio respondió que “si yo hubiera dejado ahí un cabo suelto, el gobierno siguiente, que buscó por todos los medios inculparme e incluso anduvo buscando la manera de promoverme demandas penales y todo eso, no me lo hubieran perdonado jamás, jamás… Yo le digo que en ese sentido pueden buscarle por donde quiera, y no le van a encontrar… es muy fácil venir a decir, pero que aporte (López Obrador) una prueba, un elemento y si las tiene, ¿por qué no me ha denunciado?”. (Nota de Patricia Mayorga, El Diario, 29/I/15).

A ello, Quintana declararía que “a su parecer, Andrés Manuel trata de evidenciar que el PAN no es alternativa y que ahí también hay corrupción”. (Ibídem).

Y agregaría: “Yo en lo personal no puedo decir que Barrio sea corrupto. Puedo tener diferencias con Barrio, pero no considero que sea corrupto. En su administración yo me opuse en la calle cuando se reprimió a los campesinos”. (Ibídem).

Sin embargo, el descubrimiento de la nómina confidencial en el gobierno de Barrio, los poco más de 17 millones de pesos otorgados a sus funcionarios de primer nivel, al término del sexenio (que motivó una propuesta de su sucesor, Patricio Martínez, para prohibir tal medida por “término de la gestión”), la venta de productos de limpieza al personal de Gobierno del Estado, empresa de una renombrada pareja panista y que la Secretaría de Finanzas se encargaba de cobrar a los empleados; el ocultamiento de más de 500 millones de pesos (“se los escondí al Congreso del Estado”, diría un exultante Gobernador Barrio), así como los gastos de comunicación social, son algunos de los episodios más recordados por los chihuahuenses de aquel primer gobierno de alternancia en Chihuahua.

Luego seguiría el episodio de los “peces grandes” que capturaría al frente de la Secretaría de la Contraloría de la Federación. Ni charales.

Y ni para qué acordarse de “Las muertas de Juárez” y la fábrica de “chivos expiatorios, Latif Sharif en primer lugar.

Pero tales definiciones, las del pasado no tan reciente, probablemente no sirvan del todo para el momento presente, de una extrema complejidad para las fuerzas emergentes que pretenden construir una nueva hegemonía política, pero en la que deberá tomarse muy en cuenta las pretensiones e inercias de un partido como Acción Nacional.

De ese tamaño es el reto para la izquierda chihuahuense ¿Qué hacer ante problemas políticos tan complejos como el planteado por García Chávez y su demanda, así como la decisión de una parte del panismo de sumarse a ella, sin que tal decisión implique, ni sumarse a las posturas panistas, ni propiciar que esta situación favorezca electoralmente al PAN y, por el contrario, favorecer el crecimiento de esta, quizá, la única fuerza de izquierda presente en las boletas electorales de junio próximo en el estado de Chihuahua?

Ahí es en donde la complejidad de Chihuahua rebasó al popular “Peje” de Morena. 

La denuncia de García Chávez ya le sirvió electoralmente al PAN (probablemente por más avezados) pues este partido ya presentó una demanda en contra de Carlos Hermosillo, candidato priista al IX distrito, por enriquecimiento ilícito, además de que, primero Gustavo Madero, dirigente nacional, y luego Mario Vázquez, el líder estatal, a pesar de las casi irreconciliables diferencias existentes con Javier Corral, expresaron su apoyo a las denuncias presentadas por Unión Ciudadana y al mismo senador en las acusaciones hacia el Gobernador Duarte, en la ya muy recordada sesión de la Cámara de Senadores.

¿Son de buena fe tales declaraciones? Probablemente sí, pero seguramente ambas dirigencias ya sopesaron las ganancias electorales de la denuncia en contra del Gobernador Duarte. Se aprestan a capitalizarla aprovechando su mayor inserción electoral.

¿Esas lecturas habrá realizado López Obrador? ¿Las discutió con sus compañeros antes de evidenciar públicamente la diferencia de opiniones con el líder estatal de Morena?

Porque trazar una línea política en Chihuahua, para una auténtica fuerza de oposición, vamos, ya no solamente de izquierda, es, otra vez, sumamente complejo. Porque debe oponerse al régimen existente, al mismo tiempo trazar un proyecto y construir la hegemonía política. Algo más que ganar una elección.

Y ello implica ofrecerle a la sociedad una visión global del modo como se debe gobernar (o del modo que se le propone) al tiempo que se le ofrece una explicación (podría no ser aceptada por la mayoría, o tropezar con dificultades para  ser aceptada) sobre la actual situación y sus muy complejas diversidades.

¿Cómo explicarse, por ejemplo, que los homicidios disminuyeron sensiblemente en Chihuahua, sin que ello implique el otorgamiento de un aval a las actuales autoridades?

Y no sólo para asumir una postura frente a los gobernantes locales, sino para demostrar que, por lo menos, se tiene pleno conocimiento de los problemas existentes en Chihuahua.

Sirvan de ejemplo las declaraciones de Edgardo Buscaglia acerca de la propuesta del Presidente Peña Nieto para la creación de un mando único policial, con la desaparición, incluso, de las policías municipales. 

Ante propuesta tan disparatada, el especialista adujo que el “mando único lleva a la mafia única”, porque, dijo, México “es un país sin controles efectivos anticorrupción, lo mismo en el sector judicial que legislativo o social. En cambio, hay un alto nivel de corrupción política y una baja reacción ante esta problemática… pues viola 72% de las cláusulas de la convención contra la corrupción, según un esquema desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas… No se casen con parches. México debe autogenerar su modelo. ¿Qué ocurrió en Chihuahua?, en efecto, bajaron los homicidios pero se consolidó (el crimen) en Sinaloa… Es decir, se requiere generar un paquete de medidas, no parches, porque en tal caso bajarán los homicidios pero subirá la orgía de delitos patrimoniales”.

Porque las cifras homicidas bajaron en Chihuahua, con todo y que, por ráfagas, se presentan más episodios criminales, pero hasta el momento no ha habido una explicación creíble acerca de esa disminución ¿Tiene razón la administración estatal, la que aduce se debe a sus políticas en materia de seguridad pública?

Entonces ¿Cómo explicarse que Chihuahua, aún hoy, siga ocupando los primeros lugares en homicidios, incluso por encima de las cifras del 2007?

Porque de acuerdo con estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en 2014 Chihuahua ocupó el tercer lugar en el número de homicidios (1,087), y también ese lugar por el número de homicidios por cada 100 mil habitantes (30.19), muy lejos del Estado de México (1,994) en número, pero cuya tasa es casi la tercera parte de Chihuahua pues sólo es de 12.01 y que, en cambio, Guerrero, con 1,514 homicidios, pero con una tasa del 43.25, sea casi 50% superior a la del “Estado Grande”.

Realidad de tal complejidad debiera ser desentrañada por las fuerzas emergentes de la izquierda, si pretenden ejercer una nueva hegemonía, en la que debieran incluir su análisis y elaboración acerca de las condiciones laborales de los chihuahuenses. 

La administración encabezada por César Duarte se ufana de haber alcanzado la cifra de 759 mil empleos formales en la entidad ¿Es suficiente eso, comparados con los 710 mil existentes en el año 2000? ¿Y los niveles salariales? ¿Qué hará la izquierda, en caso de ganar las elecciones?

Para resolverlo, probablemente no baste con enunciar que PRI y PAN son lo mismo, seguramente lo son, pero la mayor parte de la sociedad, así sea intuitivamente, ya lo sabe.

¿Qué sigue? Esa es la pregunta central.

Es la que deberá responder Morena.

EMILIA.- Vaya un abrazo y una gran felicitación a Emilia González Tercero, quien se sobrepuso a sus males de salud para reincorporarse a la defensa de los derechos humanos, ahora de los juarenses, precisamente en los momentos de la peor tragedia sufrida por los habitantes del antiguo Paso del Norte. Muy justamente ha sido elegida Premio Nacional de Derechos Humanos 2014, otorgado por la Asamblea Consultiva del Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Pronapred).

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