Casta dorada

El Diario, 31 de julio de 2012 Luis Javier Valero Flores Terminaba el gobierno de Francisco Barrio en Chihuahua y el escándalo era mayúsculo. Además de haber sorprendido a los chihuahuenses con la “nómina confidencial”, el panista decidió otorgarle a sus compañeros de gabinete, sólo a los del primer nivel, un pago extra, por término de gestión, que, sumados el de todos ellos, hizo un total superior a los 7 millones de pesos. Los blanquiazules se fueron del gobierno local cargando con el descrédito de haber despedazado una de las características que más habían presumido antes de llegar a gobernar: la de la honestidad a toda prueba. En el camino habían dejado atrás otro de sus presuntos capitales, el de ser buenos administradores. Ni una ni otra habían enseñado en el desempeño gubernamental. Es decir, dejaban la fama de ser malos administradores y de gustarles mucho el dinero, más si éste era público. Muchos chihuahuenses quisieron creer que esa había sido sólo una experiencia con los gobernantes panistas locales. Luego llegarían al Gobierno de la República Fox y su Marthita y la certidumbre se fue apoderando de un buen número de mexicanos. A pesar de todo, 15 millones de electores –en los números oficiales, hoy desestimados por casi todas las fuerzas políticas existentes– le entregaron nuevamente al PAN la oportunidad de asumir la Presidencia de la República (claro, con la anuencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación [TEPJF], cuya presidenta era, por pura casualidad, una de las mejores amigas de Margarita Zavala, la esposa de Felipe Calderón). Hoy nos amanecemos con la certidumbre de que efectivamente les gusta mucho el dinero. A partir del 1 de diciembre el desempleo crecerá –claro, sólo momentáneamente pues otros, del partido que se quede con la Presidencia de México– pero no serán cualquier tipo de desempleados sino de auténtico pedigrí: la alta burocracia federal panista. Que eso suceda no es sorpresa, lo que indigna conocer, después del enojo de Felipe Calderón cuando López Obrador propuso, en el debate, disminuir los salarios y número de empleos de alto nivel, es conocer los salarios y prebendas de verdadero lujo que se adjudicaron a lo largo de dos sexenios quienes llegaron prometiendo el cambio. Dos años atrás, la diputación priista de la Cámara de Diputados había efectuado un estudio sobre el número de plazas de la alta burocracia federal. Llegó a la conclusión que las de nivel equivalente a subsecretario de Estado habían pasado de un poco más de 50, al momento de entregar el gobierno el priista Ernesto Zedillo, a más de mil 100 en el gobierno de Felipe Calderón. Esas son las que se proponía desaparecer para ahorrarse alrededor de 2 mil millones de pesos al año. Nos quedamos cortos. El número de plazas del “sector central” de la administración pública federal es de “51 mil plazas de mandos medios y superiores, desde el titular del Ejecutivo hasta directores de área. Estos últimos forman el grueso de las plazas de confianza, con 40 mil”. (Nota de Álvaro Delgado, Proceso #1865, 30/VII/12), de ellos, 11 mil 518 tienen rango de secretarios, subsecretarios, jefes de unidad, oficiales mayores, directores generales y directores generales adjuntos. Según esta información, los priistas se quedaron cortos. Resulta que existen ¡784 plazas de nivel de Secretario de Estado, a pesar de que sólo existen 19 en el organigrama! Sólo para tener una idea de lo que nos cuestan tan privilegiados funcionarios (que, además, gozan de seguro de vida, de gastos médicos mayores, de retiro y de separación individualizada, así como aguinaldo de 40 días de salario, un mes de vacaciones, prima vacacional, gastos de defunción y de despensa), tomemos los 6 mil pesos que se le otorgan a cada uno de los 11 mil 518, “para gastos de mantenimiento, combustible, lubricantes, seguros y depreciación del vehículo que sea de su propiedad” y mil 850 pesos de pago de celular. ¡Un mil 84 millones 995 mil 600 pesos al año, tan sólo de gasto de autos y celulares de esa casta dorada a la que pertenecen, también, los delegados! Por eso no se quieren ir, y como Calderón los conoce, quiere apresurar las reformas estatutarias porque, dice, muchos van a querer quedarse en la administración pública federal, cualquiera que sea el que llegue a ocupar la Presidencia. Frente a tan desmesurados privilegios, los priistas están calladitos, calladitos…

Pigmeos

El Diario, 29 de julio de 2012 Luis Javier Valero Flores Extrañamente, con un activismo partidario nunca antes visto en un presidente de la República –por lo menos tan ostensiblemente– Felipe Calderón ha iniciado una febril presión a fin de que se celebre una Asamblea Nacional Extraordinaria del PAN ¡antes de que termine su Gobierno! Tal esfuerzo lo realiza hasta en días y horas hábiles, al mismo tiempo que el presidente formal del Comité Nacional, Gustavo Madero, anunció la reestructuración de su partido y quien, por pura coincidencia, no ha estado en las reuniones sostenidas por Calderón con consejeros nacionales del blanquiazul. Como si hubiese sido ajeno a la designación de los presidentes nacionales y rumbo del PAN durante un sexenio (quien actuó prácticamente al igual que los presidentes de la república emanados del PRI, antes del 2000), Calderón ahora pretende concluir su obra. Sabedor de los mecanismos usados para imponer su voluntad en el PAN ahora propone, presiona, argumenta, insiste en que el evento nacional para hacer cambios a los estatutos se celebre antes del término de su gestión por una sencilla razón: casi el 70% de los consejeros nacionales son funcionarios federales. ¡Nomás! Es decir, el uso faccioso del poder ejercido por el presupuesto público para impulsar las reformas que se le acomoden a quien contribuyó, como ningún otro, a la debacle de su partido, al que le impuso como presidentes, primero, a uno de sus más cercanos amigos y colaboradores, Germán Martínez, luego, a su secretario particular, César Nava. Después, ante el fracaso de Nava, intentó, de última hora, imponer a otro de sus allegados, Roberto Gil Zuarth. Ante la derrota de éste frente a Madero –a quien apoyó visiblemente Margarita Zavala– se lo llevó a la Secretaría Particular de la Presidencia, para de ahí imponerlo como coordinador de la campaña de Josefina Vázquez Mota. Previamente, a otro de sus secretarios particulares, Luis Felipe Bravo Mena, se lo impuso al panismo mexiquense como candidato al Gobierno del Estado, sólo para quedar abajo del triunfador, el priista Eruviel Avila, y del perredista Alejandro Encinas. Cosa semejante hizo en la integración de las listas de candidatos, tanto de alcaldes como de legisladores, tanto de mayoría relativa, como de representación proporcional, a todos los niveles, cosa que motivó una gran inconformidad de la militancia, evidenciada en la infinidad de recursos de inconformidad interpuestos, en defensa de los derechos políticos del ciudadano, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tantos, que 7 de cada 10 interpuestos ante ese tribunal son de panistas contra panistas. El mensaje es contundente, si no se refunda el PAN, afirma Calderón, puede fragmentarse y desaparecer. La Asamblea Nacional deberá celebrarse antes del 30 de noviembre, de lo contrario, “se corre el riesgo de que muchos panistas sean cooptados por el nuevo gobierno priista”, afirmó en una reunión sostenida el jueves 20 con consejeros de Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Distrito Federal. (Nota de Agencia Reforma, 27/VII/12). No son las únicas expresiones peyorativas de Calderón hacia sus compañeros de partido. Urgió a los consejeros a reformar los estatutos antes del relevo presidencial pues luego todo mundo “se acomoda”. (Ibídem). Luego, según declaraciones del ex senador Jesús Galván, (Nota de El Universal, 27/VII/12) Calderón dijo que muchos de los candidatos “eran prácticamente pigmeos, hechos al tamaño de la militancia (¡sic!) que teníamos en ese momento y no al tamaño del reto que la ciudadanía exige”. Otra vez el cuento del borracho que transita en sentido contrario por el periférico. Es decir, la culpa la tienen todos, menos yo. Sorprende el sigilo con el que se comportan pues en esta última reunión se contó con la presencia de los ex presidentes nacionales Germán Martínez y César Nava, además del ex candidato presidencial Diego Fernández Cevallos. Es de tal profundidad la crisis del PAN que tiene razón Javier Corral al afirmar que “no importa si es renovación, reconstitución o refundación; lo que interesa es cuán sincero es el esfuerzo por relanzar la verdadera identidad del partido, recuperar sus banderas, reivindicar sus principios, definir con claridad qué partido queremos ser de frente a nuestros antiguos electores, precisamente los que nos dieron la espalda, y por supuesto a los que se mantuvieron firmes en lealtad a una esperanza de cambio y consolidación democrática. Lo peor que podemos hacer es llevar este proceso de reflexión a una disputa de facciones que termine por conducir al PAN a la irrelevancia ética, política y electoral, en la que la mayor apuesta sea que el Presidente Calderón se haga del partido y las bancadas legislativas, sin más horizonte que el de administrar los restos del naufragio. Eso sí sería autodestructivo”. Pero de veras que tienen muchos pendientes, uno de ellos, quizá uno de los principales, sería el de combatir la impunidad, cáncer que carcome abrasadoramente las estructuras partidarias y termina por imponer a las corruptelas como forma normal de convivencia partidaria. De eso algo saben los militantes del PRD. Todavía no se recuperaban del fraude de las elecciones internas de marzo de 1999 –a presidente del comité nacional– y los culpables, o presuntos culpables, ya se instalaban como parte de las nuevas estructuras de dirección en todos los ámbitos. Así, no castigados los responsables de los fraudes, lo siguiente fue más sencillo: Elección tras elección aparecía recurrentemente el problema. En cada proceso interno se repetían, y hasta mejoradas, las prácticas tantas veces criticadas al régimen priista de entonces. El resultado fue ya no convocar a elecciones abiertas a toda la militancia y que fueran los jefes de las “tribus” los encargados de designar candidatos y dirigentes. Hoy el PAN transita por un proceso semejante. Numerosas elecciones internas, con motivo de las elecciones federales de este año, señaladas por el TEPJF como fraudulentas, fueron anuladas, entre ellas, destacadamente las de las candidaturas a las senadurías en Chihuahua y hasta la fecha la dirigencia estatal no ha iniciado, o por lo menos informado, el proceso de investigación conducente a la aplicación de sanciones de las conductas presuntamente violatorias de los estatutos. Todos parecen actuar como si no hubiese pasado nada, como si las conductas fraudulentas las hubieren cometido personas ajenas al partido. No, no cayeron del cielo (o del infierno) tales hechos fraudulentos, éstos los cometieron, seguramente sí, personas del exterior, pero sobre todo militantes del PAN deseosos de ganar la elección interna, tanto, que recurrieron a las peores prácticas que puede usar un partido político, más criticable porque fue, hasta antes de llegar al poder, el partido que más pregonó que sus actuaciones estaban regidas por los más caros principios éticos. Y tal situación se les presenta cuando, transcurridos 3 años de la anulación de la elección de varias casillas en el proceso electoral para candidatos a diputados de representación proporcional, aún no han sancionado a los responsables de las prácticas fraudulentas del comúnmente conocido como “el batopilazo” que arrojó como resultado que el ganador de ese proceso fuera el ahora diputado federal con licencia y senador electo, Javier Corral. Distintos actores del PAN señalaron abiertamente a Cruz Pérez Cuéllar y Carlos Borruel como los responsables de tales conductas fraudulentas, el TEPJF no los señaló –quizá porque no estaba en sus facultades, o porque no era un asunto solicitado por los agraviados– pero ahora resulta que la máxima autoridad electoral anuló una elección, el Comité Nacional del PAN designó a los candidatos, ante la imposibilidad de convocar a nuevas elecciones, y nadie busca a los responsables de daño tan considerable a la imagen de su partido, exactamente en las elecciones que mayores dificultades les ofrecían, ni deslinda al ex dirigente estatal, ni al ex alcalde de Chihuahua, de tales hechos. Igual hacen con el ex presidente Vicente Fox. Abiertamente llamó a votar por Enrique Peña Nieto y el Comité Nacional simplemente dejó de lado tan espinoso asunto. ¿Será porque al fin y al cabo Fox y Calderón no estaban, ni están, enfrentados por la presunta llegada del priista a la presidencia de la república? Si refundar un partido significa actuar con un nuevo código de ética, o uno viejo, pero del que se respetaba en el pasado, nada hace suponer que el PAN lo esté haciendo, y menos si le dejan al presidente de la república quedarse con el partido más allá de su terrible gestión. Lo lamentarán.

PRD, la historia de siempre

El Diario, 26 de julio de 2012 Luis Javier Valero Flores No solo el Tribunal Electoral de la Federación anuló las elecciones de consejeros y dirigentes estatales del PRD chihuahuense, sino que debió ordenar un cese inmediato de los emanados de ese proceso -octubre de 2011- y una sanción al partido estatal, por no acatar la resolución de la anulación de las elecciones y ordenó la restitución de Miguel Vargas Loya y Luis Adolfo Orozco Orozco, como presidente y secretario general, respectivamente, del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD). De ese modo, nuevamente, el partido mayor de la izquierda chihuahuense cayó en uno de sus más reprobables y recurrentes defectos: La ilegalidad en sus procesos electorales internos. El problema es que ahora se le presenta en uno de los mejores momentos de las corrientes de izquierda (por lo menos electoralmente) existentes en la entidad, al haber obtenido en las elecciones presidenciales la mejor de sus votacione pues su candidato Andrés Manuel López Obrador obtuvo más de los 300 mil votos y quedar en el segundo lugar en la mayor de las urbes chihuahuenses. Lo que no aprecian las "tribus" perredistas locales es que la izquierda local va más allá, y podríamos decir que mucho más allá, de los límites del partido del sol azteca ya que la absoluta mayoría de quienes optaron, en Chihuahua, por el tabasqueño lo hicieron, motivados más por su candidatura que por la reciedumbre de los partidos integrantes de la coalición "Movimiento Progresista", el PT y el partido ahora denominado Movimiento Ciudadano. Y ese es el reto de quienes dirigen a ese partido, más allá de la circunstancia de cual de sus miembros ocupe la dirigencia estatal, pues la cúpula está conformada, prácticamente, por los mismos que se han disputado la conducción en los últimos 7-8 años en el estado, justamente los peores de la historia reciente -con las excepciones del 2006 y ahora, años de elecciones presidenciales en los que el fenómeno político llamado López Obrador los ha llevado a obtener las más altas votaciones de su historia- y evitar que se presenten los resultados en las elecciones locales de 2007, 2010 y las federales del 2010. No es cualquier cosa lo ordenado por el máximo tribunal electoral, derivado de las múltiples irregularidades presentadas en la elección interna: Anulación del 60% de las casillas debido a la falta de un funcionario, inexistencia de listado nominal, instalación de un número mayor de casillas, en Juárez, a las oficialmente ordenadas. Contra estas anomalías de presentaron recursos de inconformidad contra el cómputo, de queja contra la asignación de consejeros estatales y dos de protección de los derechos políticos del ciudadano contra la omisión de los órganos partidarios. Bueno, no obstante lo anterior, la nueva dirigencia -la emanada de ese proceso electoral fraudulento- decidió no acatar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), razón por la cual, emitió una nueva resolución, por supuesto ante la queja de los agraviados, en la que multó con mil salarios mínimos al PRD y ordenó la remoción de Jesús Manuel Márquez Sotelo y Librado Tarango, como presidente y secretario general, respectivamente, del Comité Estatal, cosa que como es de suponerse ha puesto la situación al rojo vivo al interior de ese partido. Y todo eso ante la cercanía de las elecciones estatales de mitad de sexenio del próximo año, en las que se disputarán las alcaldías y las diputaciones locales. Son tales hechos, derivados de las concepciones antidemocráticas de una buena parte de sus dirigentes, los que han llevado a que un número importante de chihuahuenses de izquierda no se vean como militantes perredistas y que ahora, frente a las elecciones presidenciales y las ya inminentes elecciones locales, busquen otras opciones o de plano decidan mantenerse lejos de los procesos electorales locales, y menos si los otros partidos coaligados en la elección presidencial -PT y MC- mantienen, como ha sido la historia reciente, alianzas formales o de facto, con el PRI local. No es fácil el reto para esta izquierda electoral chihuahuense, acostumbrada a empeñar vida, alma y corazón por la diputación plurinominal y algunas regidurías, de muy pocos municipios importantes, o actúa entregándole a los múltiples nuevos acuerpamientos aparecidos en la izquierda local, y establece un trato de iguales con la agrupación de López Obrador -el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena- y propone candidaturas atractivas para la sociedad, o perderá, nuevamente, la posibilidad de ser una opción electoral en los procesos locales. ¿Qué semejanza hay entre los 5 puntos obtenidos por el PRD en la elección a gobernador del 2010, y los casi 25 alcanzados en la elección presidencial? Muchas cosas tendrán que reflexionar los dirigentes del PRD local, más, si toman en cuenta que en noviembre próximo, independientemente de las resoluciones acerca de la elección presidencial, MORENA resolverá si se convierte en un nuevo partido político. En tanto, están obligados, porque se lo deben a la sociedad chihuahuense, a actuar dentro de los marcos de la legalidad democrática, de la cual hace rato intentan escabullirse, no porque busquen obtener el poder político por otras vías, sino porque no han sido capaces, como el resto de la mayorìa de la clase política, de alcanzar, de poseer, una mínima concepción democrática que pasa, ineludiblemente, por actuar en los procesos electorales internos con limpieza.

Como siempre, a arreglar el pozo

El Diario, 24 de julio de 2012 Luis Javier Valero Flores La tragedia del autobús accidentado en Nayarit,  de la empresa "Express Oro Tours", repleto de chihuahuenses en busca de la recreación en las playas de ese hermoso estado, debiera llevarnos al ejercicio cotidiano presente en tragedias como la que ahora enluta a unas cuantas familias y entristece a una sociedad entera, la misma que acude, consternada, al sepelio colectivo de quienes debiesen estar, en estos momentos, disfrutando de las delicias del Pacífico y a cuyos parientes y amigos les expresamos nuestra más plena solidaridad. El escribiente no tiene a la mano estadísticas que evidencien una característica que describe más a los chihuahuenses que a compatriotas de otras entidades: Su extremada afición a vacacionar, sobre todo en verano, independientemente de las condiciones económicas de los paseantes pues ricos y pobres, así sea una vez allá cada y cuando, estos últimos, también intentan, y lo hacen, salir fuera de la entidad. Es probable que Chihuahua sea líder en el porcentaje de su población que vacaciona, así sea una vez al año, o de perdida cada que se pueda, o por lo menos a visitar a los parientes de alguno de los municipios del Estado Grande. Probablemente sea esa característica la que haya condicionado tal signo de la condición chihuahuense. Bueno, pues es hora de poner remedio, o por lo menos adoptar las medidas, las que se pueda para disminuir las posibilidades de que tales tragedias se puedan repetir porque más allá de que la actual tragedia puede ser solo un accidente, se intuye que hay un buen número de aspectos que pudieron contribuir a prevenirlo, porque si es cierto que existe un elevado porcentaje de la población que hace uso de los servicios turísticos, entonces será necesario que las autoridades estatales desarrollen todos los instrumentos turísticos y de otros aspectos que implican el traslado y estancia de paisanos nuestros en otras latitudes nacionales. En primer lugar, y parte esencial del accidente ahora comentado, debiera haber una serie de requisitos para el establecimiento y manejo de empresas turísticas que ofrecen sus servicios de la manera como lo hicieron con los chihuahuenses accidentados; en segundo lugar, y que debiese ser parte esencial para la autorización del funcionamiento de tales empresas, es la revisión de las condiciones mecánicas de los autobuses, además del modelo de tales unidades, para que no vaya a pasar lo de ahora en el que la explicación más plausible hasta este momento sea la de una avería en los frenos del autobús accidentado entre Chapalilla y Tequepexpan. Más. Ese tipo de empresas debieran, para autorizar su funcionamiento, otorgar una especie de fianza para evitar la comisión de fraudes, tan comunes en esta época en la entidad. Tales requisitos, y otros, tienen la finalidad de evitar, como casi siempre, los fraudes a los sectores más desprotegidos de la sociedad, o que sean a estas capas de la población a quienes se lesofrezcan servicios turísticos con las más bajas calificaciones. O con aspectos que parecieran ser menores, pero que al momento de tragedias como la que ahora nos entristece adquieren importancia capital: La de las vías utilizadas para el traslado. No ha quedado claramente precisado, pero con la información a la mano (la ofrecida por el sitio www.nayaritpuntocom.mx, quizá la más confiable) se puede colegir que el autobús en mención transitaba por la vía libre entre Guadalajara y Tepic, en lugar de viajar por la autopista entre esas dos urbes, cosa que debiera esperarse, dadas las condiciones climáticas de la zona en esta época del año que, además, producen un grave deterioro en la cinta asfáltica. Según este medio digital el accidente se produjo en la última curva "antes de ingresar a la autopista Tepic-Vallarta", cosa que confirmaría la presunción del escribiente. Todo ello, más otros aspectos ahora no abordados podría llevarnos a no ser testigos de tragedias tan dolorosas como la que enlutó a las familias de Villa Juárez, en la capital chihuahuense.

Rumbo al conflicto, regresión partidaria

El Diario, 22 de julio de 2012 Luis Javier Valero Flores Sin duda alguna el país se encamina a un conflicto de grandes proporciones, justo en un momento en el que todo el régimen atraviesa por una crisis, esa sí estructural. Las denuncias presentadas en el Congreso de Estados Unidos, acerca del lavado de dinero en el banco HSBC, aunadas a las denuncias presentadas por el PAN y el PRD por el manejo de los recursos económicos en la campaña de Enrique Peña Nieto y las respuestas y contramedidas del PRI, en particular a López Obrador, están mostrando en toda su magnitud el tamaño de la crisis política por venir. Las transformaciones democráticas, por tanto tiempo exigidas y construidas pacientemente por la sociedad mexicana, pueden convertirse en un sueño del pasado. No se exagera al realizar las reflexiones anteriores. Vayamos por partes. Hace seis años las buenas conciencias -y también las no tan buenas- se escandalizaron, y todavía se escandalizan, porque López Obrador llamó a sus seguidores a realizar un plantón en la avenida Reforma. Como si se hubiera desatado una huelga nacional, clamaron porque esa medida había “desquiciado” gravemente la economía, por lo menos del DF. Seis años después, y ante un proceso electoral, si cabe, notoriamente más desaseado que el anterior, la posibilidad de que se presente un conflicto de mayores proporciones es incomparablemente superior. Para empezar, ahora los dos partidos más grandes, después del que es reconocido hasta el momento por las autoridades electorales como el que obtuvo la mayoría de votos, han descalificado seriamente al proceso electoral. No sólo, el mismísimo Felipe Calderón reconoció la presentación de anomalías perturbadoras, tantas, que deberían castigarse, dijo, poco antes de recibir a Peña Nieto. El problema es tan grave que hasta el representante jurídico de éste, Jesús Murillo Karam (entre paréntesis ex de todo, de senador, de diputado, de secretario de estado, de dirigente nacional, de gobernador, y todo bajo el cuidado atento de Don Carlos Salinas de Gortari; es decir, Don Jesús es el prototipo del “nuevo” PRI) ya aceptó que su partido sí utilizó unas tarjetas de débito -presuntamente las expedidas por Monex- para entregarles recursos económicos a sus representantes de casilla y generales el día de la elección -”hasta para unas tortas se gasta mucho dinero”, afirmó en conferencia de prensa el jueves anterior-, ese dinero, dijo, procede del gasto corriente del partido. Sorprende tal declaración porque si el dinero fue usado para esos fines, entra como gastos de campaña y así tendrá que reportarlo al IFE y no como gastos ordinarios, que es la acepción usada para este tipo de gastos, que para eso son las prerrogativas otorgadas a los partidos de “gastos ordinarios”, y no para las campañas. Pero si ya se enredaron con un aspecto, cabe esperar que se enreden con más aspectos de tan conflictivo asunto. Es de tal magnitud la regresión mostrada por el PRI (Y no se le está haciendo un homenaje, o un reconocimiento al desarrollo democrático de este partido) que en Chihuahua, en donde más se le apreciaba tal desempeño, hoy, por desgracia, parece padecer de los mismos rasgos negativos que presenta en otras muchas entidades. Cuando Salinas de Gortari decretó que el PRI había perdido las elecciones al gobierno del estado en Chihuahua (a las 9 de la noche del domingo de elecciones, el Secretario de Gobernación, ni más ni menos que Don Fernando Gutiérrrez Barrios, reconoció la derrota del PRI, cuando aún en miles de casillas no terminaba el cómputo) y, por consiguiente, Francisco Barrio el triunfador, se inició un proceso de formación del PRI chihuahuense como un verdadero partido político (con el que se podía o no estar de acuerdo, pero el proceso se estaba presentando) pues en la práctica era una especie de partido de oposición al gobernador (Barrio) y al presidente de la república (Salinas primero y luego Ernesto Zedillo). Tal transformación alcanzó su momento cumbre en las elecciones internas para encontrar al candidato al gobierno del estado en 1998, aunque deberá reconocerse la elevada injerencia del presidente Zedillo, que desde diciembre del año anterior ya había enviado las suficientes señales que el preferido de la residencia presidencial no era Artemio Iglesias. Pero hubo contienda y el llamado “filósofo de Rubio” dio la pelea. Patricio Martínez ganó la elección interna y la constitucional después, pero el priismo siguió exigiendo que hubiese una mayor apertura democrática. En las elecciones intermedias del 2001, como ya había sucedido en la designación de candidatos al Congreso del Estado en el ’98, se impuso la misma medida y la elección a alcaldes no fue tan tersa como se pensaba, aunque en lo general los militantes de los municipios medianos y pequeños llegaron a recrearse y recrear las elecciones internas para alcaldes. Además, en el ambiente se respiraba la ruptura, o si quieren, el alejamiento del gobernador Patricio Martínez y el ex gobernador Fernando Baeza, y de aquel con los rescoldos del grupo de Artemio Iglesias, y poco a poco fue permeando la idea de que Reyes Baeza debería ser el candidato a gobernador para 2004 y no, como todo mundo pensaba que era la preferencia de Patricio, Víctor Anchondo. El priismo se le impuso a Patricio y Reyes fue gobernador. Anchondo se alejó momentáneamente del PRI y llegó hasta ser el candidato a senador del PRD en 2006. En 2010 reapareció apoyando a César Duarte y ahora fue uno de los más entusiastas apoyadores de Patricio Martínez al senado de la república. Pero en todo ese proceso, tan sucintamente planteado, razón por la que más de uno podrán hacer algunas precisiones, el PRI se comportaba en lo general como un partido, con manchones como el de los numerosos recursos procedentes del Congreso del Estado, en las elecciones del 2001, para apoyar a los candidatos priistas en Juárez. Por todo lo anterior duele observar de qué modo el priismo local se adhirió a los requerimientos de los priistas mexiquenses en la pasada campaña electoral. Es de tal envergadura el cambio que muchos acudieron, hasta presurosos, a darle origen a una entelequia como lo es la fundación Isidro Fabela, pues pensaron que por ahí podría venir el acercamiento con quien suponían era el alma de tal fundación, Peña Nieto. Pero ese fue un rasgo menor, lo más ofensivo fue el uso de los empleados gubernamentales en la operación electoral. En muchos de los casos sin la amenaza explícita de la pérdida del trabajo, pero en todos, la coacción para que se participara en las actividades de la campaña electoral. El otro rasgo en ese sentido fue la responsabilización que se hizo de los funcionarios gubernamentales de primer nivel en las tareas de la estructura territorial, casi como fiscalizadores del trabajo de los responsables partidistas. Probablemente no se llegó a los extremos de Zacatecas, denunciados por Ricardo Monreal, coordinador de la campaña de López Obrador, de que los funcionarios de primer nivel fueron los responsables de la operación electoral el día de las elecciones, con el manejo de cuantiosas cantidades de dinero, pero tales hechos son los signos de un retroceso en el desarrollo democrático, no solo del PRI, sino de la sociedad chihuahuense porque se pretende, por esta vía, institucionalizar que los trabajadores de gobierno deberán ser, en todos los casos, por lo menos, activistas del partido que ejerza el gobierno. Y ese es un verdadero retroceso en materia de desarrollo democrático. asertodechihuahua@yahoo.com.mx Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com  

Retenes y éxitos

El Diario, 19 de julio de 2012 Luis Javier Valero Flores Nadie ha explicado suficientemente las razones de la disminución de la incidencia delictiva en la entidad, y en especial en Juárez, la ciudad más azotada por la ola de violencia iniciada a fines de 2007. Se han hecho infinidad de declaraciones, pero bien a bien no hay a la mano información confiable que explique un fenómeno incontrovertible: La disminución de los delitos, especialmente el de las ejecuciones. La explicación más recurrentemente usada por autoridades de distintos niveles y ámbitos ha sido la del “agotamiento” o debilitamiento de los grupos criminales y la de la consolidación del Cártel de Sinaloa en el antiguo Paso del Norte. A tal explicación se le añade la de que dicha disminución obedece, también, a la participación de las autoridades, pero en tales hechos hay uno contundente: El número de detenidos, procesados y sentenciados por las más de 12 mil ejecuciones –en números de la Sedena– en la entidad, no guardan concordancia. Razón por la cual se pone en entredicho que tal disminución se deba a la acción gubernamental, pues si no hay detenidos y los asesinatos se explican bajo el concepto general de que cayeron como fruto de los enfrentamientos de los grupos criminales, quedará como sensación colectiva la de una increíble impunidad. El debilitamiento se refleja, afirmó el Jefe de la V Zona Militar, General Eduardo Emilio Zárate Landero, “en la reducción de los delitos del fuero común como el robo, y los de alto impacto como la extorsión y el secuestro”, y además, afirmó, en una disminución en el número de homicidios en Juárez en un 42.03 por ciento en 2012, en comparación con el periodo enero-junio del año pasado. (Nota de Antonio Rebolledo, El Diario, 18/VII/12). De acuerdo con sus cifras, en 2009 “se registraron 2 mil 949 homicidios relacionados con la bandas criminales; en 2010, la cifra ascendió a 3 mil 930; en 2011, fueron 2 mil 610, y este año se han registrado 952 asesinatos”, pero no incluyó en ellas el año 2008 en el cual se presentaron poco más de mil 600 ejecuciones, por lo cual el número de víctimas ascendería a poco más de 12 mil, tan sólo en la zona del antiguo Paso del Norte. La exigencia acerca del esclarecimiento de los homicidios relacionados con el crimen organizado tiene una explicación, abrigamos el temor que un día de estos nos amanezcamos con los índices que teníamos a fines del 2008, y ese es el peor pronóstico, como lo diría Gustavo de la Rosa, cuando era funcionario de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues las condiciones anteriores son las que originaron la masacre sin igual vivida por los juarenses. Pero las declaraciones del jefe militar fueron precedidas de otras igualmente polémicas, al afirmar que los retenes establecidos en las inmediaciones de Juárez continuarían. Los retenes seguirán, dijo, “a pesar de las manifestaciones de los viajeros por la demora en las revisiones” y a pesar del reconocimiento que hizo de la persistencia de la “permeabilidad de las brechas, por donde continúa el tráfico de drogas, así como algunos focos rojos de presencia de grupos delictivos como ocurre actualmente en Rosales, Julimes y Meoqui”. “No habrá cambios, hemos detectado droga y armas que eran transportadas en vehículos particulares y hasta camiones y por eso vamos a seguir igual, aun cuando eso ocasione molestias”, dijo el encargado de la Zona Militar de Chihuahua. (Nota de Daniel Domínguez, El Diario,17/VII/12). ¿Por qué razón se insiste en combatir el tráfico de drogas con una estrategia que ha mostrado su ineficacia y que ha ayudado a profundizar la degradación de todo tipo en nuestro país? Por supuesto que el general Zárate Landero no es el responsable de tal estrategia, pero seguiremos insistiendo en que se aplica una política, en esta materia y en la de migración, que no obedece a las necesidades nacionales. ¿Se imaginan que el Gobierno norteamericano instale retenes en las carreteras norteamericanas, muchos kilómetros adentro de su territorio, para impedir el ingreso de armas y otras mercancías a México? ¿Por qué no dejar que sean los norteamericanos los encargados de impedir el ingreso de drogas a su territorio? Mucho se ha dicho, y la actual administración federal ha insistido en ello, que los cárteles de la droga decidieron pagar en especie los trabajos realizados, lo que provocó un incremento en el consumo de drogas en el país –y en Juárez– lo que derivó de un hecho fundamental: Los norteamericanos quieren que el tráfico de drogas se impida en México y fluya libremente allá. A tal política contribuyen alegremente los gobiernos mexicanos ¿No será tiempo de acabar con tal actitud?

Las guerras del agua

El Diario, 17 de julio de 2012 Luis Javier Valero Flores Se anunciaron frecuentemente desde hace años, lo presumíamos algunos en la entidad más grande del país, la que, paradójicamente padecía –y padece– más recurrentemente de la sequía y la que, en el colmo de la incongruencia de las capas gobernantes, es la responsable de resarcirle a Estados Unidos por el agua otorgada por este país a los productores y consumidores de Baja California: se presentarían numerosos y costosos enfrentamientos por el agua. A ciencia y paciencia de todas las autoridades, de todos los niveles, especialmente de las federales de los últimos veinte o treinta años, y más específicamente de los tres lustros anteriores, se dejó crecer un problema que todos en el campo sabían que sobrevendría y que se presentaba gracias a las enormes corruptelas alrededor del otorgamiento de las concesiones para el uso del agua, sobre todo la subterránea. Hoy el conflicto llegó a niveles de, casi, los enfrentamientos. Sin ningún asomo de racismo, ni de discriminación de ninguna índole, pero el problema mayor lo han generado los nuevos asentamientos de menonitas en el norte y noroeste del estado, quienes han llegado abriendo una enorme cantidad de nuevos pozos para la extracción de agua, en la mayor parte de los casos sin los permisos correspondientes, con la consistente presunción de que se les otorgaron de manera ilegal. Hay un mar de fondo en los permisos para el uso de agua, de tal profundidad que ya en años pasados hasta un conflicto de mayores proporciones se presentó en la delegación local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la que corrieron infinidad de acusaciones de una gran cantidad de manejos ilícitos, como la compra de permisos y la expedición de éstos de manera irregular y excedidos de la capacidad acuífera de la entidad. Ahora estamos frente al problema presentado por los productores de los municipios de Buenaventura y Villa Ahumada, que son quienes constantemente se han quejado de las corruptelas mencionadas líneas arriba y que, acompañados de los alcaldes respectivos se quejan de las violaciones a la ley por parte de productores menonitas que han construido presones aguas arriba de la presa “Las Lajas”, sobre el río San Lorenzo o El Carmen, que dio origen al Distrito de Riego de El Carmen, o que han abierto nuevos pozos sobre esa región, a pesar de que oficialmente está en veda desde mediados del siglo pasado, razón por la que, dicen, ha disminuido la superficie sembrada a sólo 3 mil hectáreas, de las 7 mil 500 originales. Ante tal situación, a mediados de la semana pasada, algunos presones fueron destruidos, por las autoridades, arguyen los productores, por los barzonistas, dicen los menonitas, pero lo cierto es que existen suficientes evidencias acerca de las obras construidas, a pesar de las prohibiciones legales para hacerlo, razón por la cual los productores, en escrito publicado ayer, y suscrito por los alcaldes mencionados, alegan que “no somos los productores afectados los que estamos realizando estas acciones de destrucción de obras, son las autoridades correspondientes”. A su vez, en un primer momento, los productores menonitas anunciaron que reconstruirían los presones, pero al ser convocados, al igual que los otros productores, a una reunión hoy por la mañana con el gobernador César Duarte, suspendieron todas las acciones, en tanto que los contingentes de productores realizarán una caravana para llegar a la reunión con los funcionarios gubernamentales. Más allá de las conclusiones de tal reunión, lo más importante estriba en que no puede tolerarse la continuación de las prácticas corruptas en el manejo del agua pues, de acuerdo con la información proporcionada por el delegado de Conagua, Sergio Cano Fonseca, de los 61 acuíferos que hay en la región, 14 de ellos sufren un nivel “alto” de sobreexplotación, y un número indeterminado, pero alto, se encuentran en el límite máximo de su explotación, merced a un sinnúmero de anomalías, entre las cuales se encuentra el de excederse de los límites de uso de suelo máximo y de la falta de avisos de cambio de uso de suelo, lo que ha llevado a que un buen número de nuevos productores de esas regiones se encuentren violando diversas regulaciones. Ante tal situación, la ambiental y la social, no puede haber tolerancia a la violación de la ley, o se respetan las vinculadas al uso y aprovechamiento del agua o nos encontraremos, de inmediato, ante una situación rayana en la violencia, en lo social, y en medio de una verdadera catástrofe ambiental.

Tensión política

El Diario, 15 de julio de 2012 Luis Javier Valero Flores Primero, lo primero. Seguramente que si el ingeniero Carlos García Gutiérrez nos acompañara, por desgracia nos abandonó el jueves, no tendríamos mayor problema en que alguien –él– nos explicara la magnitud de las consecuencias de la tormenta solar llegada a la Tierra apenas ayer. Vaya un homenaje, muy sentido, a Don Carlos, un verdadero erudito aposentado en nuestras tierras, a las que tanto amó y por las que abrazó tantas causas sociales y políticas, en un acumular de acciones y posturas que lo llevaron a levantar, a carretadas, reconocimiento y cariño entre los chihuahuenses. Hombre de izquierda, supo, siempre, hacer que la congruencia entre sus concepciones y sus conocimientos armonizaran de manera natural. Colaborador de los primeros meses de Aserto –y antes, de El Barzonista, publicación que durante año y medio supo producir ese extraordinario movimiento social de mediados de la última década del siglo XX– supo describir, en términos lo más científicos posibles, jocosamente, riéndose a carcajadas, que el amor no era más que la tendencia irrefrenable del ADN –en inglés, DNA– a reproducirse, de ahí la interminable historia de la pareja humana, dijo. Con dolor, mucho reconocimiento y cariño recordaremos siempre al ingeniero García Gutiérrez. Vayamos a lo de hoy. Son de tal velocidad y magnitud los acontecimientos que una reflexión sobre el PRI de Chihuahua deberá esperar –quizá para el próximo domingo– ante la importancia del curso que ha tomado la situación política, derivada de la elección presidencial. Sin duda alguna dos acontecimientos atraparán la atención pública de los próximos días: la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), por la importancia especial que adquiere para los chihuahuenses, debido a que se realizará en Chihuahua, en agosto, su más cercana plenaria; y el anuncio de las acciones que habrán de efectuar el movimiento encabezado por López Obrador, después de la impugnación al proceso electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Al lado de tales eventos, otros acontecimientos llevarán a la máxima tensión política al país: por un lado la reunión de un conjunto muy grande de organizaciones de izquierda, más allá de los partidos de la coalición del Movimiento Progresista –relevantemente los colonos de Atenco y el #YoSoy132– cuyo principal motivo, y quizá único, sea el impedir la asunción de Enrique Peña Nieto Por el otro lado, las diversas informaciones acerca de los movimientos financieros, tanto del banco Monex –que realizó operaciones financieras para entregar tarjetas de débito a los operadores electorales del PRI, de acuerdo con la denuncia presentada por el coordinador de campaña de Josefina Vázquez Mota, Roberto Gil Zuarth– como de la empresa Soriana y las tarjetas de esta cadena que sirvieron para otorgarles mercancías a quienes hubiesen aceptado sufragar por el PRI, según la denuncia presentada por López Obrador y Ricardo Monreal, coordinador de la campaña de éste. Si alguien dudara de la profundidad de la confrontación política y de las consecuencias que puede traer el aceleramiento de algunos protagonistas políticos, cuyas determinaciones podrían acentuar tales confrontaciones, ahí está de ejemplo la primera reunión de la Conago, a la que no asistieron la absoluta mayoría de gobernantes –tanto en funciones como electos– panistas y perredistas, en el cual emitieron un comunicado en el cual “respaldan” la determinación del IFE acerca de la elección presidencial y reconocen “las facultades constitucionales y legales del TEPJF”, como si éste necesitara del reconocimiento de los mandatarios estatales, obligados como están a acatar la ley y hacerla cumplir. ¡Lucido estaría el país si los gobernadores decidieran, en un más que hipotético caso, no reconocer al TEPJF! Porque ahí mismo, y presas de tales apresuramientos, cometieron uno de los errores que no se deben hacer a tales niveles: aún no terminaban de leer el comunicado en el que incluían como firmante al jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, cuando éste ya estaba desmintiéndolos. Ni el DF, ni el gobierno del DF hemos rubricado tal pronunciamiento, les dijo. ¿Para qué tantas prisas? ¿Para qué intentar darle vida artificial a un organismo surgido para hacer contrapeso a los mandatarios del PAN y que ahora, por esa misma razón, perderá fuerza política y razón de ser en cuanto Peña Nieto –si lo ratificara el TEPJF– y que, si se anulara la elección como lo pide López Obrador, habría dado un paso, por mucho, totalmente equivocado al adelantarse en tiempos y formas a la ruta legal del proceso electoral. Y si el cariz de la Conago levantó polémica, las denuncias presentadas por los partidos y candidatos y las investigaciones periodísticas acerca de los manejos financieros de las tarjetas de débito y de Soriana han creado, de manera muy sustentada, la percepción de que estamos frente a operaciones ilícitas, no solamente en el ámbito electoral, sino también en el penal, pues al no encontrarse el domicilio fiscal de las empresas que tramitaron ante Monex las tarjetas de débito –supuestamente para los operadores electorales del PRI, para el día de las elecciones– la primera suposición es de que estamos frente a una presunta operación de lavado de dinero, hecho que vendría a sumarse a otras acusaciones levantadas en contra de Monex por esas mismas razones, de acuerdo con la información proporcionada por el periódico Reforma (“Marca a Monex negro historial”, artículo de Rolando Herrera, 14/VII/12). En esta publicación se asienta que en 2003 fueron capturados a quienes se les consideraba “como los principales operadores financieros de los Arellano Félix, quienes, de acuerdo con la PGR, lavaron 3.8 millones de dólares entre febrero de 2000 y junio de 2002 vendiéndoselos a Monex Divisas”. Luego, la policía española informó que a través de Monex Casa de Bolsa, “un grupo de colombianos que pertenecían al Cártel del Valle del Norte utilizó esa institución, junto con otras casas de cambio, para mover importantes cantidades de dinero producto de la venta de cocaína en Europa”. Además, que en 2007, Zhenli Ye Gon realizó varias operaciones de lavado de dinero, “provenientes de la importación y comercialización ilegal de pseudoefedrina, a través de varias instituciones bancarias y casas de cambio, incluida Monex”. Por si faltara, en 2008 el Departamento de Justicia de Estados Unidos emprendió acciones “en contra de Fernando Cano Martínez, presunto prestanombres del ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, quien está acusado de haber realizado transferencias de dinero en distintas entidades financieras, incluida Monex, por un monto de 7.2 millones de dólares”. ¡Nomás! Y por otra parte, el aviso de que a mediados de semana se dará a conocer “Plan nacional para la defensa de la democracia y la dignidad de México”, que será el conjunto de acciones y estrategias del movimiento encabezado por López Obrador, dentro de la Constitución dijo el jueves y sin afectar “el derecho de terceros”, lo que ha motivado, otra vez y como si necesitara de tales declaraciones, el linchamiento mediático, tanto en las cadenas radiofónicas y televisivas, como en los medios de comunicación locales y en medio de una especie de pasmo político, o de un muy extraño ambiente en el cual los supuestos triunfadores no festejan como debieran, o como uno creyera que deberían festejar pues estuvieron dos sexenios viviendo en el “error” de no estar en el presupuesto. ¿Qué pasó? ¿O será que son muchas las evidencias de graves irregularidades cometidas a lo largo de todo el proceso? ¿Qué es?

Leones

El Diario, 12 de julio de 2012 Luis Javier Valero Flores Las severas declaraciones del dirigente estatal del PAN en Chihuahua, Mario Vázquez Robles, otorgadas a la reportera Patricia Dávila (“Consigna narca en el Triángulo Dorado: Votar por el PRI”, Proceso No. 1862, 8/VII/12, pp. 46 y 47) en torno a la injerencia del gobernador César Duarte en el proceso electoral y a la que definió “alianza de facto” entre el crimen organizado y el PRI en la entidad, constituyen la versión local del insólito enfrentamiento entre la actual administración federal y Enrique Peña Nieto y le vienen a dar al entorno estatal un nuevo giro, de mayor confrontación entre las principales fuerzas políticas de la entidad, justamente cuando por todos lados se advierte que el proceso electoral del próximo año ya está presente. Son preocupantes las declaraciones del panista: “Mario Vázquez Robles, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Chihuahua, señala: ‘Pareciera que una alianza de facto entre los cárteles y el PRI se puso en marcha para llevarlo a la victoria’. Coinciden los sinaloenses Felipe Manzanares y Mercedes Murillo, el presidente del partido Movimiento Ciudadano en la entidad y ella candidata del mismo al Senado. –¿Qué factores incidieron para la derrota del partido en el estado? –se le pregunta a Vázquez Robles. –Factores internos como la selección de candidatos, que originó una problemática que no sanó, y factores externos relacionados con una intromisión del gobernador César Duarte, quien hizo una campaña frenética a favor de Enrique Peña Nieto. No reparó: hubo carro completo. Repartió programas, alimentos, tinacos, y compró votos a un costo de 500 a mil 500 pesos cada uno. Pagó a granel. Fue increíble, no sé de dónde salió tanto dinero. Intervinieron grupos de narcotraficantes a favor del PRI –describe el dirigente estatal panista–. Parecía que había una alianza de facto entre ellos: nuestros representantes generales, los de casilla e incluso nuestra militancia, estaban amenazados. Les dijeron: ‘Si gana el PAN o si votan por el PAN, arderán casas y su familia sufrirá”. Vázquez Robles señala a Batopilas, Balleza, Nonoava, Gómez Farías, Ocampo, Guadalupe y Calvo, Guerrero como los municipios en los que ocurrieron tales hechos, que no denunciarán porque “tienen miedo” sus habitantes, pues en esas zonas “el Estado ha doblado las manos y está dispuesto a no gobernar, porque quienes mandan son los que tienen el poder económico a partir de actividades ilícitas...” Si a la rispidez causada por las posturas de la izquierda y del panismo acerca de la limpieza del proceso electoral se le agrega el ingrediente de la participación del “narco” en la contienda electoral, y sin autoridad alguna que esclarezca tales acusaciones, debemos prepararnos a sufrir un período de extrema polarización política pues a tales declaraciones debió seguirle una conducta institucional, es decir, siendo el partido en el gobierno y ser receptor de una información de tal calidad, lo conducente sería acudir a las autoridades correspondientes para que éstas le dieran el curso legal a tales hechos. No hacerlo, y en medio de las acusaciones de izquierdistas y panistas de que el proceso no fue lo limpio que afirmó el IFE, sobre todo en aspectos tan escabrosos como lo son la compra e inducción de votos, así como –por lo que concluyó el Centro de Estudios Bancarios, acerca del dinero usado para comprar las tarjetas de Soriana y los recursos usados en Monex– la posibilidad de que se haya usado la campaña para “lavar” dinero derivado de actividades ilícitas, tendremos un relevo gubernamental cargado de los más negros presagios, en el cual algunos acusan a quienes están denunciando los hechos irregulares del proceso electoral como los que atentan contra la paz pública y la estabilidad nacional, en lugar de ubicar a las numerosas anomalías –y sus autores– como los verdaderos responsables por medio de frases como –todos lo hacen ¿Para qué protestan? Porque las declaraciones de Felipe Calderón –la compra de votos es inaceptable, dijo– y la respuesta de Peña Nieto –es un montaje e infundios (las acusaciones) que “sin pruebas confunden hasta al Presidente”– la cual mereció, casi de inmediato, una contrarréplica de Gustavo Madero, dirigente del PAN, quien le dijo que “no se engañe, sí hubo irregularidades” y les dijo, ante la acusación priista de que hacían esos señalamientos para “encarecer la negociación”, que “el león cree que todos son de su condición”, parecieran ser más producto de una esquizofrenia política que de un proceso electoral ejemplar. Y eso que las elecciones fueron limpias. ¿Qué tal si no hubiesen sido así?

¿Qué tanto es tantito?

El Diario, 10 de julio de 2012 Luis Javier Valero Flores Con las declaraciones emitidas, entre el domingo y el lunes, por Andrés Manuel López Obrador, Gustavo Madero y Felipe Calderón, la controversia electoral adquirió otro derrotero. Son tronantes y ponen al rojo vivo la situación política del país. Que el ex candidato de la izquierda pusiera énfasis en la ilegalidad de la elección no asombra, más bien era lo esperado, por parte de sus detractores porque no aceptan que éste interponga todos los recursos legales a su alcance para demostrar la ilegalidad de la elección, y por sus panegiristas porque existen sobradas evidencias de lo desaseado –por decirlo eufemísticamente– de la elección del pasado 1o. de julio, pero que Felipe Calderón asumiera una actitud crítica, semejante a la declarada días atrás por Josefina Vázquez Mota, y secundados por Gustavo Madero, es una verdadera sorpresa, después del arrebato y del apresuramiento por declarar ganador a Enrique Peña Nieto. Así lo dijo el dirigente del partido en el gobierno, Gustavo Madero: “El triunfo de Enrique Peña Nieto sería legal, pero no legítimo”, pues el uso de recursos ilícitos para la compra y coacción del voto influyó en la victoria del mexiquense, afirmó. Tajante, aseveró que “el manejo ilegal de recursos, por medio de tarjetas electrónicas, la entrega de despensas, el manejo de encuestas, el uso de medios de comunicación, la compra y la coacción del voto influyeron para que Peña Nieto ganara ilegítimamente la elección”. Interrogado acerca de la viabilidad de anular la elección, respondió que veía difícil tal eventualidad pero que “no se puede descartar ninguna posibilidad”, y anunció que el Comité Nacional del PAN habría de resolver si le proporcionaban a la izquierda la documentación acerca del asunto de la triangulación de más de 240 millones de pesos, a través del banco Monex, efectuada por los priistas para la entrega de tarjetas telefónicas y de débito. A su vez, en otra faceta de esta sorpresiva postura del panismo, Felipe Calderón afirmó que resultaba “inaceptable” la compra de votos. Entrevistado radiofónicamente, Calderón aseveró que “esta compra-venta de voluntades políticas, así sea una o 10 o 100 o mil, es simplemente inaceptable y hago votos porque la autoridad electoral rectifique de inmediato y la castigue si debe castigarla”, y en una velada crítica al desempeño del órgano electoral, agregó que la esencia de la democracia no es sólo contar los votos, sino que las campañas “se desarrollen en condiciones iguales”. Dijo no saber si el asunto de las tarjetas de Soriana fuera suficiente para “descalificar una elección con esas diferencias (la de los 3 millones 200 mil votos obtenidos por Peña Nieto)”. Casi como si fuera activista del #YoSoy132, dijo que “no podemos quedarnos así nada más, (al cabo) ‘¿qué tanto es tantito?´ en eso”. Sin embargo, a tales expresiones agregó su escepticismo acerca de que pudiera anularse el proceso, ya que “las autoridades no pueden determinar la gravedad de la compra de votos, pues no se sabe cuánto influyó la presunta compra de votos durante la elección presidencial”. Afirmación que coincidió con la emitida por el TEPJF en 2006, al determinar que las encuestas realizadas en aquel proceso sí habían influido en el resultado electoral, pero que no existían elementos científicos para determinar en qué medida. Pero quien insiste en que se pueden medir fue el mismísimo candidato de las izquierdas, López Obrador, al afirmar no tener “dudas que se compraron 5 millones de votos” y deplorar la actuación del órgano electoral, al tiempo que anunció que será el jueves cuando se dé a conocer su postura definitiva. Al informar lo anterior, su coordinador de campaña, el ex gobernador zacatecano, Ricardo Monreal, dejó entrever un aspecto de las impugnaciones que no había aparecido de manera destacada, el de la reunión de “16 gobernadores” el 12 de junio en Toluca, “para arreciar la estrategia de compra de votos porque las encuestas se estaban moviendo”, y ello incluyó requerir el apoyo de funcionarios estatales de primer nivel para operar electoralmente, incluso financieramente. De este modo, el conflicto postelectoral ha dado un giro sorprendente pues hasta ahora había sido la izquierda la única que había cuestionado seriamente el proceso electoral, y con las posturas de Calderón, Vázquez Mota y Madero –más las emitidas ayer por Javier Corral en sus sitios de internet– seguramente que la discusión jurídica pondrá en vilo a la nación. Otra vez el cochinero.

Regreso sin gloria

El Diario, 8 de julio de 2012 Luis Javier Valero Flores Conocidos los resultados de los cómputos distritales (sólo faltaban, al momento de redactar estas notas, las casillas de un distrito de Jalapa que no cambiarán el resultado final del cómputo) en los que el priista Enrique Peña Nieto alcanzó una votación de 19 millones 195 mil 129 votos, que representaban 38.22%, en tanto que Andrés Manuel López Obrador, obtuvo 15 millones 866 mil 35 votos –31.59%– y Josefina Vázquez Mota, 12 millones 754 mil 375 votos, –25.39%–, la siguiente etapa consistirá en la presentación de los alegatos esgrimidos por la izquierda ante el TEPJF para sustentar su postura de anular la elección, en virtud de la inequidad presente en ella, del exceso de recursos empleados por el candidato del PRI y por la “compra” de votos. Tales han sido los argumentos de la izquierda, contra los cuales se ha desatado una intensa campaña de descrédito y descalificación “porque AMLO no acepta el resultado”, “porque no es un demócrata”, porque es “parte de su naturaleza”, etc. Doce años después de ser echado de Los Pinos, regresa el PRI. Pero lo hace bajo el manto de las acusaciones de gastos desmesurados e ilegales. Lo desmienten tajantemente, y hasta enojados, algunos de sus integrantes. Está bien pero ¿dónde estaban las masas eufóricas, afiebradas, alegres hasta la exaltación, a lo ancho y largo del país, la noche del domingo, celebrando, como si fuera fiesta nacional, el triunfo del PRI? ¿Dónde estaba el pueblo, feliz de impulsar al máximo cargo público otra vez, a un militante priista? ¿Por qué no hubo fiesta nacional, como recientemente en Egipto, o Francia? ¿Por qué no hubo fiestas en México como cuando ganó Obama en Estados Unidos? ¿Por qué? Las respuestas no son sencillas ni agradables: No hubo festejos masivos, de pueblo, porque una parte importante del electorado del PRI nada tenía para festejar. Simplemente había cumplido con una tarea más, otra, porque ya había hecho su parte, votar y recibir alguna prebenda antes o después de la elección; una más, pues porque tenía que hacerlo y en ello no le iba, ni la pasión ni la congruencia política, simplemente porque de allá de ese partido había fluido la posibilidad de contar con un trabajo y muchos más porque fueron laboralmente presionados a buscar votos para el PRI. Por eso los festejos de la clase política priista fueron casi privados, por eso se les nota, a los integrantes de ésta, como si hubiesen adquirido, de repente, una mesura inesperada ¿Obedece a sus arraigadas concepciones democráticas? No. Y hay muchos elementos para creer que no. El fraude del domingo anterior no fue como los de antes, como los del viejo PRI, el del robo de votos, de urnas, a la alteración de los resultados en las casillas o en los cómputos distritales. No. Lo nuevo, y al mismo tiempo antiquísimo, fue la compra –o inducción– anticipada de la voluntad ciudadana mediante el uso indiscriminado de los dineros, privados y públicos, y el alineamiento de casi el total de los medios de comunicación, sobre todos los electrónicos, fuente y origen de la cultura en general, de la cultura política de más del 90% de la población. Imposibilitados de contratar propaganda política en los medios electrónicos, los poderes fácticos, decididos a imponer a Enrique Peña Nieto, cambiaron esa propaganda por otra aparentemente neutral y mucho más “profesional”: Las encuestas. Estas suplieron atinadamente los cientos de miles de spots radiofónicos y televisivos del pasado, las mamparas, los pendones, los volantes; solo bastaba que las difundieran masivamente Televisa, Tv Azteca, Radio Fórmula, Milenio, El Universal, El Sol de México y su cadena de periódicos (La OEM, de la cual el periódico más destacado es El Heraldo de Chihuahua), Excélsior, etc. y su pléyade de analistas y conductores. A tales factores deberá agregársele la operación gubernamental, ahí en donde el PRI ejerce el gobierno y de lo cual existen evidencias a manos llenas. Los priistas dicen que no pero ¿cómo justifican, entonces, que decenas, tal vez centenas de funcionarios de la administración estatal y de los gobiernos municipales se hayan “ido” a la campaña y sus salarios siguieran fluyendo normalmente? Ante nuestros ojos se armó toda una estrategia para usar la estructura gubernamental en la campaña electoral, sustituyendo de este modo al partido y llevarnos al regreso de cuando el PRI era la oficina electoral del gobierno. Así fue en Juárez, en donde en el distrito 01 los funcionarios estatales responsables de la operación electoral –representantes territoriales o “RTs” – fueron el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Fernando Uriarte y el secretario de Educación y Cultura, Jorge Quintana Silveyra y por el gobierno municipal el director de Desarrollo Social, Enrique Licón. A su vez, en el Distrito 02, “la operación electoral recayó principalmente en la presidenta de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Nora Yu Hernández”, sin que se apreciara participación alguna de la administración municipal; en el 03 fue el subsecretario de Gobierno del Estado Zona Norte, Carlos Silveyra Sayto, quien aparecía como “RT”, y del municipio el Director General de Educación y Cultura, Humberto Morales. Por último, en el 04, los responsables fueron “el director de la Operadora Municipal de Estacionamientos con permiso laboral, Alejandro Loaeza, sobrino del coordinador de direcciones, Leopoldo Canizales”. (De los Reporteros, El Diario, 3/VII/12) ¿Qué diferencia hay entre el “Tigre” Azcárraga cuando dijo que él era “un soldado del PRI” y la Televisa actual que construyó un candidato a la presidencia de la República y convenció a millones de mexicanos que era invencible, que era inútil votar por cualquier otro? Digámoslo sin taxativa alguna, las elecciones del domingo anterior fueron parte de un proceso fraudulento en el que se puso en juego la maquinaria gubernamental que los priístas tenían bajo su mando, en una alianza vergonzante con los poderes fácticos que controlan los principales medios de comunicación. Para regresar al poder, el PRI recurrió a todo. Basta ver las imágenes, leer los relatos –por YouTube, en la prensa escrita, en los medios de comunicación alternos– para percatarse que este partido usó la pobreza para el retorno. No hay cosa más paralizadora, ni que lleve más a la desilusión, a la impotencia y al desaliento, que amanecerse 12 años después y ver que el PRI, renovado, democrático y moderno, no es más que el mismo instrumento electoral de muchos años atrás, que se parece mucho al del ’75 en Nayarit, al del ’86 en Chihuahua, al del ’88, al de siempre. De ahí que el regreso del PRI a la presidencia la República sea un regreso sin gloria y que el conjunto de prácticas malsanas y de irregularidades sean la razón fundamental para que el país no saliera a festejar el domingo en la noche, o que el lunes nos hubiésemos amanecido con un pueblo eufórico celebrando la salida del PAN de Palacio Nacional. No se oyeron los claxonazos hasta altas horas de la madrugada del domingo celebrando, ni siquiera en la entidad que obtuvo uno de los porcentajes de votación más altos para Peña. Tales celebraciones contrastan, por ejemplo, con las de la noche del triunfo de César Duarte. Y todavía se enojan porque el agraviado decide acudir a los tribunales competentes para demostrar que existió una conducta fraudulenta. Solo falta que el TEPJF se comporte como el IFE, que cuidó que los participantes no hicieran un fraude como los de antes. En tanto los “modernizados” hacían lo mismo que antes, pero ahora con tarjetas de débito.

“Ustedes perdonen”

El Diario, 5 de julio de 2012 Luis Javier Valero Flores Las disculpas solicitadas por el periodista Ciro Gómez Leyva –Milenio– y Roy Campos –Consulta Mitofsky– por las enormes equivocaciones de las encuestas realizadas por GEA-ISA-Milenio, difundidas en el canal y la cadena periodística de Milenio, y las realizadas por Mitofsky, difundidas en canal 2 de Televisa, son el epílogo hipócrita de quienes actuaron acompasadamente en el proyecto de impulsar la candidatura de Enrique Peña Nieto para hacerlo aparecer como el virtual ganador de la contienda presidencial, varios meses atrás, y mucho más contundentemente en la campaña presidencial recién terminada. Por desgracia no fueron los únicos. Como lo sostuvimos días antes del 1 de julio, esta elección era la de la derrota de las encuestas (como instrumento científico para medir de manera real las preferencias electorales) debido a que no fueron utilizadas para mostrar la realidad del país, sino para influir en ella y cambiarla conforme al guión establecido por los poderes fácticos. Las encuestas fueron concebidas y usadas para hacerle creer a la mayoría del electorado que nada había que hacer, que la diferencia entre el candidato “puntero” y los demás era demasiada, imposible de remontar en los tres meses de campaña. A los medios y empresas mencionados se sumaron la absoluta mayoría de las empresas líderes en esa materia en el país. Las dos empresas televisivas, los periódicos del DF de mayor circulación –El Universal y Reforma–, la cadena de la OEM (El Sol de México, Esto, El Heraldo de Chihuahua, etc.), del inefable Mario Vázquez Raña; Excélsior, por pura coincidencia propiedad de Olegario Vázquez Raña, uno de los mejores y más cercanos amigos de Martha Sahagún y Vicente Fox; El Financiero y una extensa red de estaciones radiofónicas ligadas al duopolio televisivo, e infinidad de medios de comunicación locales. Solo para recordar, aquí van los resultados de las últimas encuestas, dados a conocer a escasas horas de la elección, y sólo de algunas empresas: Mitofsky dio por ganador a Peña Nieto con el 44.5% de los votos por 29.4 de AMLO, ¡15 puntos de diferencia equivalentes a 7.5 millones de votos Parametría-El Sol de México dio un resultado semejante: EPN, 43.9 y AMLO, 28.7; lo mismo Buendía y asociados: EPN, 43.6, AMLO, 27.7; Reforma EPN 42, AMLO 30 y Milenio ¡Oh, Milenio: EPN, 45-46 y AMLO, 25-26 ¡20 puntos de ventaja Y todos ellos, y para nuestro infortunio, algunos más, son precisamente los que han desatado una verdadera cacería mediática contra López Obrador porque éste resolvió impugnar el proceso electoral alegando inequidad, uso excesivo de recursos e infinidad de irregularidades a lo largo del proceso y durante la jornada electoral. ¿Dónde está, entonces, la postura de pedir disculpas si en la práctica la conducta anterior es la que ahora se perpetúa para descalificar a alguien que está ejerciendo el derecho que tienen todos los candidatos y partidos políticos de impugnar una elección y aportar las pruebas que crea necesarias y de completar la obra para hacer que todos acepten, sin objeciones, el triunfo de Peña Nieto? Y es que en todo el país una buena cantidad de candidatos, de todos los partidos, están presentando recursos de impugnación. Bueno, hasta el PRI de Chihuahua está impugnando el resultado de la elección del distrito 03 de Juárez, de ahí la declaración de López Obrador, para argumentar su decisión de impugnar: “–¿Qué les dice a quienes piden que reconozca su derrota? –Que no me pidan que actúe de manera ilegal; quiero apegarme a la legalidad, lo estoy haciendo; que me comprendan. Ahora resulta que quieren que reconozca resultados antes de que termine el proceso electoral. Eso no lo puedo hacer, es ilegal. Esto es bueno para la democracia, bueno para la nación”. (Nota de La Jornada, 4/VII/12). Y no son las únicas malas noticias, por doquier corren las informaciones del cúmulo de errores contenidos en las actas de cómputo (que cualquiera puede consultar en la página del IFE: www.ife.org.mx) digitalizadas merced a las reformas legales motivadas por la protesta de López Obrador en 2006. No son un número menor las actas que contienen errores (de ninguna manera, hasta ahora, las hemos calificado como evidencias de un fraude orquestado) que deberán ser solventados para darle certeza al resultado, cualquiera que éste sea, para constatar que efectivamente son errores o que, por el contrario, son evidencias de la intención de cambiar la voluntad ciudadana. El domingo, más reflexiones sobre la jornada electoral.

Regreso cuestionado

El Diario, 3 de julio de 2012 Luis Javier Valero Flores El anuncio presentado ayer por el candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, de impugnar las irregularidades ocurridas en el proceso electoral hará que la resolución de la elección se conozca semanas más tarde. El principal argumento consiste en la inequidad de la competencia, cuya principal manifestación fue el uso de miles de millones de pesos en la coacción y compra de votos, además del trato diferenciado de los medios de comunicación “que favorecieron a Peña Nieto”, dijo en la conferencia de prensa ofrecida en la tarde de ayer. López Obrador adelantó lo que será, a no dudar, el eje central de las impugnaciones de la izquierda: lo inequitativo del proceso. Semejante argumento fue usado por Ernesto Zedillo, meses después de asumir la presidencia, para calificar el proceso del cual emergió como presidente. La espera continuará todavía más allá de mañana miércoles y que probablemente llegará al TEPJF con la presentación de infinidad de evidencias y pruebas de tal inequidad en el proceso. Deberemos esperar. Pero más allá de lo anterior, el domingo se completó la caída libre del partido gobernante, sólo atenuada por una mediana votación obtenida en el norte del país, (y en algunos manchones del nuevo mapa electoral) paradójicamente la zona en la que mayor desgaste había sufrido el gobierno de Felipe Calderón a causa de la que fue, quizá, la principal razón para la derrota del PAN en la elección del domingo, la violencia. La tendencia electoral presente desde las elecciones locales del 2008, reforzada en las intermedias del 2009 y las locales del 2010, que prácticamente se convirtieron, éstas últimas, en una especie de día nacional de comicios locales pues involucraron al 45 por ciento del padrón electoral de aquel año, tuvieron su punto culminante en la jornada del domingo. No sólo apareció un supuesto triunfador (hasta ahora, con los resultados del PREP y el conteo rápido presentado por el Presidente del IFE), –el PRI, o eventualmente la izquierda– que recupera la Presidencia de la República, Jalisco y algunas alcaldías importantes, en el caso del PRI; o que gana las gubernaturas de Morelos, Tabasco y el DF, además de colocarse como segunda fuerza en la Cámara de Diputados, en el supuesto de que la izquierda fuera reconocida como ganadora, sino que fundamentalmente existe un perdedor –el PAN– que es arrojado al tercer lugar como fuerza política y pierde prácticamente todo, con excepción de su bastión, Guanajuato, por pura coincidencia la entidad con más inclinación a las posturas de la derecha mexicana. En la jornada del domingo terminó el proyecto de llevar al mexiquense a la Presidencia, bajo la asociación de los poderes fácticos, fundamentalmente los dueños de las televisoras, especialmente Televisa, y Peña Nieto, que tuvieron como el más importante de sus respaldos e instrumentos de penetración el trabajo de las empresas encuestadoras. Así llegó a feliz término –por supuesto, para los implicados, en caso de que los órganos jurisdiccionales así lo acuerden– la obra en la que pacientemente los mandatarios estatales emergidos del PRI efectuaron el trabajo de albañilería, es decir, el de abajo, el que no se ve –y no hablamos de su eficiencia al momento de gobernar, sino de la operación electoral–| consistente básicamente en la coacción del voto, y en otros casos, el de la compra de la voluntad ciudadana. No sólo le apostaron, los priistas, a la operación electoral, sino también a la difusión del miedo entre el electorado al reciclar la propaganda panista en 2006, cuando acusaron a Andrés Manuel López Obrador de ser “un auténtico peligro para México”, consigna que “prendió” en buena parte del electorado, especialmente el del norte del país, merced a los elevados grados de incultura política existente en la sociedad. Y ahí deberemos ubicar una de las razones estrictamente electorales, la otra, fue la consistente en el uso abusivo del poder y el dinero para hacer ganar a un candidato. El mapa electoral nacional es ahora claramente tripartidista, el gran perdedor es el panismo, su autor, Felipe Calderón; y los blanquiazules pasan a ser la tercera fuerza en varias entidades, entre ellas Jalisco y Morelos. El PRI disminuye su fuerza en la Cámara de Diputados. El fenómeno político llamado Andrés Manuel López Obrador, marginado de los medios electrónicos, linchado mediáticamente durante un sexenio, que se dedicó a construir una fuerza más allá de los partidos y de los reflectores políticos, hoy es nuevamente el líder reconocido de la oposición y ha puesto en vilo, nuevamente, a la nación. Es de tal envergadura la actual situación que habremos de volver a ella el jueves y domingo próximos.

Esperanza a prueba

El Diario, 1 de julio de 2012 Luis Javier Valero Flores El día de hoy culmina la parte del proceso electoral en manos de los ciudadanos. La ciudadanía culminará su participación, en los dos aspectos centrales de esta fase final, tanto en la emisión del voto, como en el cuidado de esa emisión y su cómputo. A partir de esta fase, el proceso electoral estará en manos de las autoridades electorales y los partidos. Una cosa es evidente: Que a pesar de los partidos políticos, la sociedad mexicana le apuesta al proceso democrático, a los procesos electorales para alcanzar las transformaciones democráticas. El proceso electoral que hoy termina nos ha permitido hacer algunas evaluaciones importantes del actual marco electoral, del marco legal electoral que poseemos y del régimen político vigente. El establecimiento de un régimen parlamentario, o de uno semiparlamentario en el cual se puedan establecer compromisos legales para poder tener mayoría en la Cámara de Diputados, es impostergable. La continuación del actual esquema en el cual el presidente procede de un partido que no tiene mayoría en el órgano legislativo ha paralizado a los gobernantes mexicanos, de Ernesto Zedillo a la fecha. Es prioritario modificar el actual marco legal para el caso en que ningún partido cuente con mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, lo pueda alcanzar una coalición de gobierno, con diputados de 2 o más partidos, mediante la protocolización de un acuerdo parlamentario que les permita nombrar un jefe de gabinete, como se ha propuesto, cuyo respaldo sería esa mayoría pactada, que terminaría en el momento que desapareciera esa mayoría parlamentaria. Si eso sucediera, daría lugar, de inmediato, a la convocatoria de elecciones para que fuera la ciudadanía la que, con su voto, daría paso a la conformación de una nueva mayoría parlamentaria y ésta nombrara al jefe de gabinete. Tal reforma es notoriamente inferior al establecimiento de un régimen parlamentario, de corte presidencial, como existe en Alemania, Francia, Italia y otros países, en las que el presidente de la república ya sólo sería Jefe de Estado, pero no Jefe de Gobierno, y en el cual el gobierno se conformaría a partir de la decisión de los partidos que alcanzaran la mayoría parlamentaria, por lo que el gobierno respondería a ese órgano legislativo. Más aún, quizá ya sea necesario discutir la posibilidad de establecer una segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Si en la primera vuelta ningún partido alcanza mayoría absoluta de votos (50%), entonces convocar a la segunda vuelta con los partidos que hubiesen alcanzado el primer y segundo lugar de las votaciones, y dar paso, por tanto, a las alianzas electorales con el fin de obtener esa mayoría. Pero en tanto no se reforma el régimen político en aquel sentido, es imprescindible cambiar el diseño de la comunicación de las campañas electorales. Necesitamos acabar con la spotización; el actual modelo de publicidad en radio y televisión, basado en la transmisión de spots como único mecanismo de difusión de las propuestas mostró fehacientemente su agotamiento; impide que conociéramos con profundidad las propuestas de los candidatos y posibilita el enervamiento político pues da pie a que los partidos sólo diseñen mensajes destinados a descalificar a sus adversarios (cosa que se debe hacer, para eso son también las campañas) pero que impiden conocer a detalle las posturas de los candidatos respecto a prácticamente todos los temas centrales de su propuesta de gobierno. Además, el esquema de las campañas electorales impide que los ciudadanos conozcan las propuestas o programas propuestos por los candidatos, e impide que puedan contrastar las distintas propuestas pues la ausencia de más debates, de mesas redondas y de eventos en los cuales se abordaran con amplitud los puntos programáticos, evita conocerlos para ubicar los puntos de coincidencia y los diferendos. Del mismo modo, al cederle el IFE a los partidos la elaboración del formato de los debates, echó por la borda la posibilidad de que se pudieran conocer los distintos enfoques de las posturas de los candidatos, cosa que de alguna manera se pudo hacer en el debate organizado por el #YoSoy132 y cuya difusión no pudo compararse al del segundo debate organizado por el IFE. Si bien los aspectos abordados líneas arriba son importantes, en la parte final del proceso nos enfrentamos a una realidad, la de las denuncias acerca de las distintas maneras con que los partidos (o una parte de ellos, o solo algunos candidatos y gobernantes) pretendieron comprar o coaccionar la voluntad ciudadana, que evidenció el primitivismo de nuestra clase política y la escasa cultura democrática que poseemos, porque no se trata solamente de quienes intentan hacerlo, sino también de quienes acceden –por necesidad, obviamente– a las prebendas ofrecidas a cambio de su voluntad ciudadana. Tampoco podemos negar que tales propósitos se presentan en todas las elecciones, de cualquier parte del mundo, pero los niveles alcanzados en este proceso electoral no hacen que nos sintamos orgullosos por el nivel democrático alcanzado por nuestra sociedad. Mucho hemos avanzado, sin duda; hoy existe una mayor certidumbre en los procesos y contamos con procedimientos e instituciones electorales incomparablemente superiores a las del pasado –que siempre serán perfectibles–, de ahí la confianza de la mayoría de los ciudadanos en apostarle a la vía democrática para transformar a la sociedad. El problema no se encuentra ahí, por desgracia. Está en los partidos políticos existentes, los mismos que en el actual proceso electoral ratificaron tal aserto. Unos resolvieron elegir a sus candidatos por la vía más antidemocrática, la de la designación por medio de sus cúpulas; y los que le apostaron a la vía democrática, evidenciaron los peores vicios de la clase política cuando intenta ganar, a como dé lugar, una elección. Así, unos por una razón (los que se fueron por la vía de los candidatos de “unidad”, por el temor a fracturarse) y otros por otra, pero todos mostraron cuán lejanos se encuentran de alcanzar estadios superiores en materia de cultura democrática. Así, si alguien protesta, o se queja de que recurrentemente nos asalte el temor a que se presente el fraude electoral, sólo debemos recordarles que son los propios partidos políticos los que nos dan la razón en ese sentido. De ahí la robusta legislación electoral que tenemos, la infinidad de “candados” elaborados para evitar, o tratar de evitar las maniobras ilícitas en los procesos electorales, las múltiples prohibiciones a los funcionarios públicos, la resistencia a la reelección continua de legisladores y alcaldes, las “vedas” electorales, es decir, la prohibición a transmitir anuncios gubernamentales en los meses previos a la elección; la tinta indeleble, los numerosos “candados” de las boletas electorales, la firma de las boletas por los representantes de los partidos, etc. Pero el problema está en que mientras todos construíamos tal andamiaje electoral, la clase política se servía con la cuchara grande (una prueba más de su falta de cultura democrática) y se adjudicaba los salarios más elevados del orbe, en todos los ámbitos, todos los partidos, incluidos los órganos autónomos o ciudadanizados, todos. Hoy ha hecho crisis tal forma de conducirse al frente de los asuntos públicos. Esa es la transformación que necesitamos, independientemente del triunfador, si no lo hace, la pendiente se volverá aún más pronunciada.