jueves, 29 de noviembre de 2018

Perdón, consulta y debido proceso

El Diario, 29 de noviembre de 2018
Luis Javier Valero Flores
Una de las posturas más criticadas al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el llamado a perdonar a los probables responsables de actos de corrupción -hasta antes de su gobierno-, lo llevó a informar, presionado por las preguntas de la periodista Carmen Aristegui y de las muy numerosas expresiones de repudio, que sometería a consulta popular si se acusaría a los ex presidentes Peña Nieto, Vicente Fox, Felipe Calderón, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas.
La fecha de la consulta, en la que se someterían a ese ejercicio, entre otros temas el de la Guardia Nacional, sería, coincidentemente, el 21 de marzo, aniversario del natalicio de Benito Juárez, uno de los héroes que AMLO ha tomado como faro de su actividad.
Anunciar tal medida implica, en caso de que se iniciara un procedimiento judicial en contra de cualquiera de ellos, una presumible violación al “debido proceso”, pues podrían argüir que desde el titular del Poder Ejecutivo hay una intromisión al proceso, violación al principio de inocencia y hasta persecución política, al grado que ¡Se hace una consulta para determinar si se les fincan responsabilidades o no!
Trivializar el uso de esta formidable herramienta ciudadana, es uno de los problemas creados por AMLO en tan pocas semanas de verdadero ejercicio de poder.
Vamos suponiendo que algún funcionario o un ciudadano encontraran suficientes evidencias en contra de cualquier ciudadano, después de la consulta en la que, hipotéticamente hubiese ganado el “no” ¿Qué haría el fiscal, no fincaría cargos porque la consulta era vinculatoria y, por lo tanto, obligado a acatarla? ¿O, por el contrario, ejercería la acción penal?
Por otro lado, aún están pendientes los resultados de la Auditoría Superior de la Federación sobre los ejercicios 2017 y 2018, de los cuales pueden fincarse responsabilidades sobre otro grupo de funcionarios ¿Con base en qué facultades -que no las tiene el presidente de la república- podría perdonar a quienes hayan cometido alguna corruptela?
No, la figura de la consulta popular no puede someter al arbitrio ciudadano asuntos sobre la cual existen mandamientos legales expresos, que solo pueden cambiarse si la ley así lo ordena.
Más aún, la presunta comisión de corruptelas no fue acción exclusiva de los ex presidentes, abarca a un extenso conglomerado de funcionarios, para lo cual habría que esperarse a la toma de posesión de la nueva administración, la cual tendrá acceso a una basta cantidad de información, sin tomar en cuenta los numerosos expedientes a los que accederán los nuevos funcionarios de la PGR-Fiscalía General de la Nación
Pero si se insiste en acudir a la consulta popular podría llevar a que los jueces federales -en una adecuada actuación ajustada a sus facultades y responsabilidades- pudieran extenderles los amparos correspondientes, cosa semejante a lo que ocurre hoy con el caso de César Duarte y hasta con las anunciadas cinco órdenes de aprehensión, con relación al desfalco presentado durante la administración del exgobernador César Duarte, realizadas el martes por el Consejero Jurídico del gobierno de Chihuahua, Jorge Espinoza.
Supuestamente, según filtraciones hechas a la prensa, en ellas irían también  las expedidas en contra de Luis Videgaray y Manlio Beltrones.
Pero tal anuncio devela, una vez más, el completo desconocimiento del marco jurídico del actual grupo gobernante, por un lado, o el desprecio al estado de Derecho, pues las órdenes de aprehensión no las emite la Fiscalía, éste las obtiene de un juez, que las expide luego de recibir la denuncia y hacérsela del conocimiento de los acusados -en los casos, como éste, en los que no hay flagrancia- para que éstos aleguen y presenten evidencias de su presunta inocencia y sólo hasta después de ello la expedirá.
¿Cómo puede presumir de las órdenes de aprehensión el Consejero Jurídico si los acusados ni siquiera saben -por lo menos no hay evidencia pública de ello- que están acusados de esos delitos?
Otra vez, violación al debido proceso.
Ahora bien, tanto Corral como Espinoza arguyen que están a la espera de la asunción de López Obrador para ejercer acción penal, que sea respaldada por el gobierno de la Cuarta Transformación (4T), como si éste tuviese la facultad de ordenarle a los jueces federales la emisión de tales o cuales fallos en uno ú otro sentido.
Vil maniobra mediática.

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lunes, 26 de noviembre de 2018

Solución: Crear una policía eficaz, sin mandos militares


Kumi Naidoo, Secretario General de AI

Mega Radio 860 Juárez, 26 de noviembre de 2018
Luis Javier Valero Flores
¿Porqué no iniciar un verdadero proyecto de construcción de la policía que necesita el país, como parte de un plan integral de la seguridad pública y la seguridad ciudadana, enfoques ausentes, tanto en el Plan de Paz y Seguridad, como en la iniciativa de reforma constitucional propuestos por AMLO, temas en los que, evidentemente, fracasaron priistas y panistas, porque nunca lo quisieron hacer realmente?
La propuesta de AMLO -Plan de Paz y Seguridad- que contiene la  polémica creación de la Guardia Nacional, abrió una ríspida discusión sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de seguridad pública.
Un antecedente no debe perderse de vista, el mismísimo día en que se anunció el Plan de Paz y Seguridad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó sobre la Ley de Seguridad Interior, sobre la base de que la seguridad pública es responsabilidad y facultad de las autoridades civiles, no de las militares.
Si bien la propuesta de crear la Guardia Nacional, con otro enfoque, la había lanzado AMLO en su libro “2018, la salida”, a contrapelo de la lanzada la semana anterior, en su obra dice que “… se analizará la pertinencia de crear una Guardia Nacional con el apoyo de los 220 mil soldados y 30 mil marinos (existentes)…”.
En los sexenios de Calderón y Peña Nieto se habrán usado alrededor de 1 billón 800 mil millones del presupuesto federal para las instituciones y dependencias de seguridad pública (Secretaría de la Defensa Nacional, la de la Marina, la Secretaría de Seguridad Pública -en tiempos de Calderón y la correspondiente dependencia en el de Peña- y la PGR). 
El balance no puede ser peor: Hasta octubre de este año han ocurrido más de 241 mil homicidios y varias decenas de miles de desaparecidos, con medio país convertido en cementerio clandestino.
De ahí la tentación de caer en la medida, aparentemente más adecuada, de entregar la seguridad pública a las fuerzas militares, o encubiertas, camuflajeadas pero con mando militar y ahí estriba la debilidad de la propuesta de reformas constitucionales de Morena, en el que, operativamente, le dejan el mando a los jefes militares y le adjudican el papel de “invitados” a los gobernadores de los estados, en lo que es la declinación de la autoridad civil a la militar.
Esa estrategia, basada en el uso de la fuerza, empleada en el mundo entero, a la que la ONU ha llamado a desactivar e iniciar un debate sobre la criminalización del tráfico de drogas, es la que fracasó en México.
De ahí el preocupado llamado del secretario general de Amnistía Internacional (AI), Kumi Naidoo, quien le dijo que “Hoy, señor presidente electo, usted está ante una encrucijada: puede tomar el mismo camino que sus predecesores y arriesgarse a cometer los mismos errores o puede adoptar una nueva estrategia y desarrollar otro tipo de enfoque, uno en el que las fuerzas armadas regresen lentamente a sus cuarteles y en el que se inviertan recursos en la creación de una fuerza policial que respete los derechos humanos y en la que puedan confiar los mexicanos.”
Ahora bien, si nunca se puso en marcha un plan para fortalecer verdaderamente a las policías. ¿Es motivo suficiente para llevar al cabo lo propuesto por AMLO que es, en síntesis, crear un cuerpo policíaco, a partir de la incorporación de varias decenas de miles de soldados y marinos -tanto de la tropa regular, como de la Policía Militar y la Naval-, además de una parte de quienes componen ahora a la policía federal, bajo mandos militares y dependientes, operativamente, del Secretario de la Defensa Nacional?
En el pasado esto ya se hizo. Juárez es ejemplo de ello.
Fue un verdadero desastre, las atrocidades padecidas por los juarenses a manos de los criminales, de los policías federales y de elementos de las fuerzas militares fueron incontables y, por desgracia, repetidos en el resto del país.
El problema es que la fuerza militar no está preparada para efectuar tareas policiacas, los militares están entrenados para eliminar al enemigo, por eso se encargan de la seguridad nacional; no tienen como objetivo inicial, y central, detener a los presuntos delincuentes, sino eliminarlos.

¿Y porqué esta medida, tan importante, no fue puesta a la consideración de los participantes de los foros de seguridad, realizados meses atrás?asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero; Twitter: /LJValeroF; Facebook: Aserto

domingo, 25 de noviembre de 2018

Recula, habrá consulta sobre la Guardia Nacional

El Diario, 25 de noviembre de 2018
Luis Javier Valero Flores
Si una cosa debe agradecerse a la propuesta de AMLO -Plan de Paz y Seguridad- que contiene la  polémica creación de la Guardia Nacional, es la de haber abierto una ríspida discusión sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de seguridad pública, para afrontar la difícil situación imperante en el país en este tema.
Pero no sólo, también develó la forma en que López Obrador reacciona ante situaciones controversiales, en las que se encuentra con una seria oposición; además, y no es una cosa menor, la forma en que muchos de los miembros y simpatizantes, tanto de Morena, como del presidente electo, trastocan sus concepciones en función de quienes son los autores de las iniciativas.
Un antecedente no debe perderse de vista, el mismísimo día en que se anunció el Plan de Paz y Seguridad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó sobre la Ley de Seguridad Interior, sobre la base de un argumento central, la de que la seguridad pública es responsabilidad y facultad de las autoridades civiles, no de las militares.
Durante el presente sexenio se aprobaron una buena parte de las reformas “estructurales” que el PAN había propuesto en los dos sexenios anteriores, especialmente en el de Felipe Calderón. Ante las propuestas del panismo, los priistas se opusieron férreamente, pero al llegar a la presidencia su compañero Enrique Peña Nieto, sin chistar, aprobaron lo mismo que habían rechazado.
Semejante conducta han adoptado la mayoría de los legisladores de Morena y de sus simpatizantes y militantes.
Durante décadas, los agrupamientos de izquierda y de los sectores democráticos de la sociedad mexicana lucharon por hacer que las fuerzas armadas regresaran a los cuarteles, al tiempo que se proponía la instalación de mecanismos reales para fortalecer a los agrupamientos policiales.
Si bien la propuesta de crear la Guardia Nacional, con otro enfoque, la había lanzado AMLO en su libro “2018, la salida”, pero, a contrapelo de la lanzada la semana anterior, en su obra dice que “… se analizará colegiadamente la pertinencia de crear una Guardia Nacional con el apoyo de los 220 mil soldados y 30 mil marinos que en la actualidad permanecen organizados bajo el mando de oficiales del Ejército y de la Marina… con el propósito de garantizar la seguridad de los mexicanos y serenar el país”.
Palabras semejantes había usado Peña Nieto para proponer la Gendarmería Nacional seis años atrás. No cumplió.
Los resultados están a la vista, en el curso de los sexenios de Calderón y Peña Nieto -hasta octubre de este año- el saldo es la presentación de más de 241 mil homicidios, reconocidos oficialmente y varias decenas de miles de desaparecidos, con medio país convertido en cementerio clandestino.
Además, en el mismo período se habrán usado alrededor de 1 billón 800 mil millones del presupuesto federal para las instituciones y dependencias de seguridad pública (Secretaría de la Defensa Nacional, la de la Marina, la Secretaría de Seguridad Pública -en tiempos de Calderón y la correspondiente dependencia en el de Peña- y la PGR.
Esa estrategia, basada en el uso de la fuerza, empleada en el mundo entero, a la que la ONU ha llamado a desactivar e iniciar un debate sobre la criminalización del tráfico de drogas, es la que fracasó en México.
De ahí el preocupado llamado del secretario general de Amnistía Internacional (AI), Kumi Naidoo, quien le dijo que “Hoy, señor presidente electo, usted está ante una encrucijada: puede tomar el mismo camino que sus predecesores y arriesgarse a cometer los mismos errores o puede adoptar una nueva estrategia y desarrollar otro tipo de enfoque, uno en el que las fuerzas armadas regresen lentamente a sus cuarteles y en el que se inviertan recursos en la creación de una fuerza policial que respete los derechos humanos y en la que puedan confiar los mexicanos.”
Ahora bien, si nunca se puso en marcha un plan para fortalecer verdaderamente a las policías, como asegura en la exposición de motivos la iniciativa de Morena, propuesta para crear la Guardia Nacional (GN) ¿Es motivo suficiente para llevar al cabo lo propuesto por AMLO que es, en síntesis, crear un cuerpo policíaco, a partir de la incorporación de varias decenas de miles de soldados y marinos -tanto de la tropa regular, como de la Policía Militar y la Naval-, además de una parte de quienes componen ahora a la policía federal, bajo mandos militares y dependientes, operativamente, del Secretario de la Defensa Nacional?
En el pasado esto ya se hizo. La policía federal de Calderón se nutrió, básicamente, de miles de soldados que sólo cambiaron de uniforme y mandos, pero bajo mandos civiles. No nos fue bien, en especial el laboratorio que en esta materia es Juárez.
Las atrocidades padecidas por los michoacanos a manos de los criminales y de los policías federales, en los albores del sexenio de Calderón, fue replicada en el antiguo Paso del Norte. Luego, lo que serían episodios emblemáticos -y, por desgracia, repetidos en el resto del país- de los abusos cometidos por elementos del Ejército y de la Policía Federal, especialmente en el Valle de Juárez, en aquellos años violentos, que no fueron, como luego se trata de atenuar lo sufrido en Juárez, de hechos aislados.
De ninguna manera se rechaza una propuesta con argumentos particulares, pero algunos de éstos sí son representativos de una situación generalizada, en la que en el país se puso en vigor una estrategia consistente en poner al mando de las policías a militares en activo o en retiro, pero siempre bajo la autorización y escrutinio de la cúpula militar.
Lo que deberá sopesarse es si, como sociedad, hemos concluido que la seguridad pública ya no debe ser responsabilidad de las autoridades civiles, para entregársela a la militar.
El problema es que la fuerza militar no está preparada para efectuar tareas policiacas, los militares están entrenados para eliminar al enemigo, por eso se encargan de la seguridad nacional, no es lo suyo respetar el estado de derecho en medio del tráfago de la sociedad; no tienen como objetivo inicial, y central, detener a los presuntos delincuentes, sino eliminarlos, ejemplos recientes y antiguos de ello, sobran.
Ahora bien, la conclusión a la que llegó más de la mitad de los votantes es que los partidos gobernantes hasta ahora fracasaron en muchos sentidos, uno de ellos, fundamental, es la preservación de la seguridad pública ¿Porqué no iniciar un verdadero proyecto de construcción de la policía que necesita el país, como parte de un plan integral de la seguridad pública y la seguridad ciudadana, enfoques ausentes, tanto en el Plan de Paz y Seguridad, como en la iniciativa de reforma constitucional propuestos por AMLO?
Más aún, un plan de esta envergadura debe pasar, necesariamente, por la participación de las autoridades civiles -de los tres niveles-; de ninguna manera hemos cambiado el principio constitucional de la división de poderes y de la soberanía del país y las entidades federativas.
No son frases sueltas, lo que propone AMLO es de una gran trascendencia, la que no puede desactivarse en tres años si en ese lapso llegamos a la conclusión que lo ahora propuesto no sirvió.
Llegado a ese extremo ¿Qué vamos a hacer, desarticular la Guardia Nacional, crear una policía federal y devolverle sus facultades a las autoridades civiles sobre este rubro?
En ese mismo sentido, causa escozor la conducta del presidente electo, en este tema y en otros. En “2018, la salida” no propone, de manera firme, la creación de la GN y habla de la valoración “colegiada” de la puesta en vigor. 
Más. Ahí habla de la totalidad de los efectivos de las fuerzas armadas, y ahora, ante los contundentes cuestionamientos de la periodista Carmen Aristegui, recula y promete que lo someterá a “consulta”, pero ya bajo los ordenamientos legales, creados para entonces, lo que, en la práctica, llevaría a que la eventual creación de la GN sería hasta mediados del próximo año.
¿Y porqué esta medida, tan importante, no fue puesta a la consideración de los participantes de los foros de seguridad, realizados meses atrás? ¿Es que ya intuían del probable rechazo, de ahí la cancelación de los foros de Sinaloa, Morelos, Guerrero y Tamaulipas, por casualidad los estados más violentos de la parte final del gobierno de Peña Nieto?
Las contradicciones se agolpan. 
En agosto de este año, luego de visitar al Secretario de la Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, (posterior a un encuentro realizado con el Secretario de la Defensa Nacional) afirmó que “No se va a hacer ningún cambio en la ley de seguridad pública actual, en tanto no se tengan resultados. Vamos primero a operar en el marco legal actual”.
¿Y entonces, qué cambió?
¿Acaso la explicación se encuentra en que en octubre de ¡2016! El Secretario de la Defensa, Gral. Cienfuegos, puso en marcha “un proyecto para que la Policía Militar (PM) asuma un papel predominante en el apoyo a los estados y a la Federación”, por lo que ordenó “que para el término del presente sexenio cada una de las 12 regiones militares cuente con un batallón de este agrupamiento capaz de responder a cualquier emergencia en materia de seguridad interior”. (La Jornada, 10/X/16)?
Esto causa un inmenso desazón.

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jueves, 22 de noviembre de 2018

Unos más iguales que otros

El Diario, 22 de noviembre de 2018
Luis Javier Valero Flores
En medio del pico más alto de la violencia, presente en la entidad desde inicios del 2016, y justamente cuando el país se introduce en una agria discusión, a causa de la presentación, primero, del Plan de Paz y Seguridad, propuesto por Andrés Manuel López Obrador y, segundo, la iniciativa legislativa, presentada por la legislatura de Morena en la Cámara de Diputados, que le da sustento legal al plan, la discusión en Chihuahua, a raíz de la desaparición y posterior asesinato del norteamericano, Patrick Braxton, y la conducta del gobierno de Javier Corral en este acontecimiento ha despertado más agrios comentarios.
Conocida la desaparición de Braxton, la respuesta gubernamental fue incomparablemente distinta a la asumida en los muy numerosos casos semejantes, ocurridos en los últimos meses.
Tan desproporcionada fue que motivó a que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz, expresara que el despliegue que se hizo para localizar a Braxton “demostró que las autoridades reaccionan diferente si hay presión, además de la social”, por lo que se tiene que trabajar en mecanismos “que le den la misma importancia a todos los casos de desapariciones, ya que cada uno debe ser tratado con el mismo interés, ya que se trata de personas”. (Nota de Orlando Chávez, (El Diario de Chihuahua, 20/XI/18).
La exigencia de darle la misma importancia a todos los casos, y no solamente a aquellos en los que los gobernantes advierten posibilidades de que su imagen se perjudique, es un clamor creciente en la sociedad chihuahuense y obligó al Ombudsman a exigirle a la autoridad la aplicación de “criterios homologados en desapariciones”, porque, sostuvo, el asesinato de Braxton Andrews “demostró que cuando existe interés se pueden tener resultados”, pero, eso en cuanto a la búsqueda de los restos del norteamericano, pero de ninguna manera en lo que se refiere a la existencia de las mínimas condiciones de seguridad, que impidieran la presentación de casos como éste, pero que, en contraposición al esclarecimiento de otros casos y el hallazgo de infinidad de personas desaparecidas, prueba fehacientemente que existen dos varas para tratarlos, pues, a diferencia de otras familias, por lo menos, sostuvo Armendáriz, “en medio del dolor que enfrenta la familia Braxton, tienen la posibilidad de recuperar los restos del joven, algo que otras víctimas de las desapariciones no tienen”. (Ibídem).
Y hay diferencias, quizá se deba a las coincidencias que siempre ocurren, pero en la desaparición de Patrick Braxton y la eficacia mostrada por las autoridades contó extremadamente la participación de dos senadores norteamericanos, de manera semejante a lo ocurrido en un caso ocurrido más de una década atrás, cuando, con motivo de la desaparición y asesinato de la joven Vivis Rayas, fue acusada una pareja (Conocidos como “La Changa” y “La Cheyenne”) de haberlo hecho.
Debieron liberarlos, debido a que, primero, eran inocentes y, segundo, el padre de la joven acusada era el dirigente del Partido Republicano de su estado natal, en Estados Unidos. 
La presión la sufrió el saliente gobernador, Patricio Martínez, y en el gobierno del entrante, José Reyes Baeza, fueron liberados, en lo que fue la excarcelación de todas las personas detenidas en el sexenio de Martínez, que eran, claramente, “chivos expiatorios” de los crímenes de mayor impacto ocurridos a fines de la última década el siglo pasado y los primeros años del presente.
La presión de la familia Braxton, como de los medios de comunicación y hasta la de los senadores de los Estados Unidos motivaron al montaje de un operativo de búsqueda de casi tres semanas, en el que, finalmente, concluyó con el hallazgo del cadáver, rodeado de infinidad de hechos a cual más de extraños, que no hacen más que reforzar la percepción ciudadana del posible imbricamiento de autoridades de distintos niveles de gobierno con el crimen organizado. Por desgracia.

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lunes, 19 de noviembre de 2018

De pavor el consejo de asesores de AMLO


Aserto Multimedia, 19 de noviembre de 2018
Luis Javier Valero Flores
El jueves anterior, el presidente electo, justamente el día en que la Suprema Corte de Justicia anulaba la Ley de Seguridad Interior y daba a conocer el “Plan de Paz y Seguridad”, informó de la creación de un consejo de  empresarios “asesores”, que le ayudarían en la tarea de gobernar.
La lista de los “asesores” da pavor: La integran los dueños de las tres principales cadenas de televisión, Ricardo Salinas Pliego (Tv Azteca), Bernardo Gómez (Vicepresidente de Televisa) y Olegario Vázquez Aldir (Grupo Angeles, Tv y Radio Imagen, Excélsior, Grupo Financiero Multiva y quien fue el empresario preferido de Vicente Fox-Martha Sahagún); además, Carlos Hank González, quien dirige el banco mexicano más importante (Banorte-Interacciones).
También, tres empresarios que realizan actividades industriales, Daniel Chávez (Chihuahuense, del Grupo Vidanta, propietario de hoteles de lujo en playa, e invertirá cerca de 150 millones de dólares y se asociará con Hakkasan Group además de la próxima apertura de un parque temático con el Cirque du Soleil en Nuevo Vallarta); Miguel Rincón (industrial del papel y la madera de Durango) y Sergio Gutiérrez (propietario de la empresa siderúrgica de Nuevo León, Deacero); y uno más de servicios, Miguel Alemán Magnani ,(Interjet) y uno de los más influyentes de la Cámara de Líneas de Aviación.
No se preocupen, dijo el tabasqueño, “sí necesitamos el apoyo de los empresarios para que se invierta en México, se generen empleos. Les digo que no deben preocuparse porque yo sé muy bien qué debe llevarse a cabo para ayudar a la gente más humilde, a la más pobre… vamos a atenderlos porque este es un gobierno para todos, para ricos y para pobres…”. (Sic y recontra sic).
¿Dónde quedó el discurso de “la mafia del poder”? ¿Era solamente un recurso propagandístico, electoral? ¿O era, por el contrario, una consigna que la sentía realmente y al llegar al poder llegó a la conclusión que no era para tanto?
¿Qué cosa distinta podrán proponerle a López Obrador, a lo que le han “aconsejado” a los presidentes anteriores, responsables del desastre actual? ¿Qué  le podrán “aconsejar” a quien encabezó las demandas democráticas y de izquierda de los mexicanos, las mismas que van en sentido exactamente contrario a la conducta de estos empresarios?

Sí, estamos de acuerdo en que deberá gobernar para todos, pero las políticas gubernamentales en México, necesariamente, deberán ser muy distintas -contrarias en muchas sentidos- a lo que hasta ahora se ha hecho y cuyos beneficiarios principales son, entre otros, los que serán “asesores” del presidente que se ha planteado combatir la corrupción.

domingo, 18 de noviembre de 2018

Plan de Paz y Seguridad: Gravísimo retroceso

El Diario, 18 de noviembre de 2018
Luis Javier Valero Flores
Poco duró el gusto civilista, societario, en el combate a las políticas militaristas en el combate al tráfico de drogas y al crimen organizado.
Por la mañana del jueves pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había tomado una histórica resolución: Declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, que durante años, la cúpula militar había presionado por su aprobación.
Pero ese mismo día, la mayoría de la Cámara de Senadores, la de Morena, rechazó que la Fiscalía General de la Nación -que sustituirá a la PGR- se convirtiera en autónoma, con lo que dió marcha atrás a los planteamientos realizados a lo largo, también, de muchísimos años, de partidos y organizaciones de la sociedad civil, que habían pugnado por la autonomía de la fiscalía a fin de evitar que ésta continuara, como hasta ahora ha sido, una dependencia que actúa bajo la discreción de los  gobernantes.
Pero no era lo único. Por la tarde, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador y su futuro Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, dieron a conocer el Plan de Paz y Seguridad, que contiene, centralmente, una de las cuestiones que más controversia han desatado en el país: La participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
Había más. Horas más tarde, López Obrador anunció que un grupo de empresarios, de los más polémicos, entre ellos tres ligados a las cadenas de televisión, le habían comunicado su intención de convertirse en sus asesores, para lo cual AMLO informó que les ayudaría a que conformaran una agrupación de la sociedad civil “para que me ayuden”.
La lista de los “asesores” del presidente electo da pavor: Ricardo Salinas Pliego (Tv Azteca), Bernardo Gómez (Vicepresidente de Televisa), Olegario Vázquez Aldir (Grupo Angeles, Tv y Radio Imagen, Excélsior); Carlos Hank González, (Banorte-Interacciones); Daniel Chávez (Grupo Vidanta, que son hoteles de lujo en playa); Miguel Rincón (industrial del papel y la madera de Durango) y Sergio Gutiérrez (propietario de la empresa siderúrgica de Nuevo León, Deacero); y Miguel Alemán Magnani, (Interjet).
Podrá coincidirse, o no, en muchos de los aspectos del plan propuesto por AMLO, que será enviado al Congreso de la Unión el próximo martes, pero hay uno en lo que ha sido discrepante la parte más preocupada de la sociedad en el respeto a los derechos humanos y en la lucha en contra de la violencia desatada en el país, prácticamente desde mediados del 2007: La exigencia por no involucrar al ejército, y en general a las fuerzas armadas, a las tareas de seguridad pública.
Más aún, en rechazar la estrategia aplicada en México para combatir al tráfico de drogas, centrada en el uso de la violencia institucional, que se ha traducido en el incremento incesante de los recursos públicos aplicados en ello.
Los resultados son de espanto. Luego iremos a ello.
Durante todo el actual sexenio, la cúpula militar se dio a la tarea de impulsar una regulación que trastocara el orden imperante en materia de seguridad, presionaron -y coincidieron con el PRI y con la mayoría de los panistas- a fin de, decían, “otorgarle un marco jurídico” a la acción de los militares en el combate a los criminales, que en realidad era la pretensión de eludir lo que desde el 2011 ya era una realidad que no podían eludir.
La obligación constitucional de acatar el hecho de que en todos los asuntos judiciales, en los que estuvieran involucrados elementos de las fuerzas armadas y “civiles”, la causa debería ser atendida por tribunales civiles y no militares. 
La jerarquía militar pretendía que se mantuviera el fuero militar para castigar presumibles hechos delictivos, cometidos por militares y en los que estuvieran involucrados, o afectados, ciudadanos -“civiles”-; hay una gran incertidumbre, argüían, para no verse afectados por la presunta comisión de violaciones a los derechos humanos por sus subordinados.
Ese era el fondo de la Ley de Seguridad Interior que, además, pretendía quitarle a la autoridad civil la preeminencia en materia de seguridad pública y desaparecer todos los requisitos constitucionales que se deberían respetar para aplicar lo que antes se llamaba la suspensión de “garantías individuales”, es decir, lo que comúnmente se conoce como “estado de sitio”.
Bueno, pues eso fue desechado de plano por la Corte, que se opuso a la “normalización” de la participación militar en el combate a la delincuencia y ratificó que la seguridad interior “es una función que la Carta Magna reserva al Ejecutivo federal por conducto del Ejército y la Armada, mientras que la seguridad pública es responsabilidad de los tres niveles de gobierno, por medio de las policías”.
Además, y es pertinente apuntarlo hoy, varios ministros sostuvieron que en el modelo constitucional actual la intervención militar en el combate a la delincuencia sí es posible pero tendría que ser “excepcional, temporal, fundada y motivada, y bajo mando civil”.
Digámoslo claramente ¿Debemos usar al ejército en la preservación de la seguridad pública, o no?
Hasta ahora, hasta antes del triunfo de López Obrador, la izquierda y los sectores democráticos de la sociedad mexicana han sostenido firmemente que no. Con ellos está la opinión de la mayoría absoluta de las organizaciones internacionales derechohumanistas y la ONU.
No debe usarse al ejército para combatir a los criminales, de manera permanente y continua, y, además, sin la vigilancia y fiscalización de la autoridad civil.
Pero héte aquí que López Obrador propone que las fuerzas armadas, de manera encubierta, se conviertan en la principal fuerza de seguridad pública en el país, mediante la creación de la Guardia Nacional, para la que, “sin abandonar sus misiones constitucionales de velar por la seguridad nacional y la integridad territorial del país, la preservación de la soberanía nacional y la asistencia a la población, nuestras fuerzas armadas participen en la construcción de la paz por medio de un papel protagónico en la formación, estructuración y capacitación de la Guardia Nacional…”. (Plan de Paz y Seguridad Nacional).
No hay margen a la duda. La Guardia Nacional se integraría con elementos del ejército, la marina y la policía federal, que recibirán adiestramiento en planteles militares al que, es bueno reconocerlo, sostienen que habrá “una formación académica y práctica en procedimientos policiales, derecho penal, derechos humanos, perspectiva de género… etc. …. (y) estará expresamente  encargada de prevenir y combatir el delito en todo el territorio nacional y estará dotada de la disciplina, la jerarquía y el escalafón propio de las fuerzas armadas”.
Por añadidura, la Secretaría de la Defensa Nacional “asumirá el mando operativo de la Guardia Nacional, del reclutamiento, adiestramiento y organización de sus efectivos…”, además de que la Guardia Nacional será “una fuerza adicional a las Fuerzas Armadas ya existentes y se integrará a la Secretaría de la Defensa Nacional”.
Asimismo, la integración de sus efectivos tampoco deja dudas. En una primera etapa se incorporan las unidades de la Policía Militar y de la Policía Naval y de la Policía Federal, sin que se olvide que el desaparecido Estado Mayor Presidencial, íntegro, pasó a formar parte de la Policia Militar, es decir, puros militares.
En la segunda etapa se incorporarán los militares que lo deseen y en una tercera la juventud “incorporada”.
Así, en unos cuantas líneas se da marcha atrás a toda una postura de la izquierda y los sectores democráticos más avanzados, no sólo del país, los que han sostenido que involucrar a las fuerzas armadas en la seguridad pública implica un grave riesgo para la sociedad, pues se incrementan grandemente los abusos de las fuerzas militares, además de exponer seriamente la integridad de las fuerzas armadas.
 Por si fuera poco, en cada una de las 266 regiones en que se dividirá el país, el mando operativo de la Guardia Nacional estará a cargo de “oficiales del Ejército Mexicano o, en las zonas costeras, de la Armada de México”.
Y a contrapelo de lo actual, a partir de la creación de “los consejos estatales de coordinación”, la autoridad estatal dejará de ser la responsable de la seguridad en los estados pues a las reuniones de esos consejos “se invitará” al gobernador, al secretario de Seguridad y al fiscal estatales”, lo que implica, también, la posibilidad de no invitarlos.
Es decir, la suplantación del poder civil en materia de seguridad pública y la entrega al poder militar.
Nadie, en el mundo, se atrevió a tanto; las experiencias negativas son infinitas, de ahí la oposición, ya, de Amnistía Internacional al plan de López Obrador y, también, de prácticamente la totalidad de las organizaciones de la sociedad civil que han luchado, por décadas, a favor de los derechos humanos y de las víctimas.
Ahora nos explicamos el elevado grado de rechazo concitado por la propuesta de López Obrador en los foros de seguridad y de la suspensión de varios de ellos, sobre todo los que se realizarían en las entidades que más han sido golpeadas por la violencia.
Casi todos los deudos y familiares de víctimas y desaparecidos la rechazaron, la presente no correrá mejor suerte.

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jueves, 15 de noviembre de 2018

FGE, peor, no se puede

El Diario, 15 de noviembre de 2018
Luis Javier Valero Flores
La resolución de la Fiscalía General del Estado (FGE), de “cerrar” la carpeta de investigación sobre el fallecimiento de la anestesióloga Karen Estrada Ávila, “tras determinar –con la intervención de especialistas externos y de la PGR– que la presunción de homicidio se derivó de un error en la autopsia efectuada por un médico legista del Servicio Médico Forense” (“Pifia de la FGE: anestesióloga no fue asesinada”. Nota de S. Ochoa /J. Montes, El Diario/Chihuahua, 14/XI/18), no hizo más que develar un mundo de inaceptables irregularidades existentes en la dependencia encargada de la procuración de justicia en la entidad.
Karen Estrada apareció muerta el pasado 5 de agosto, en el hospital Christus Muguerza-Clínica del Parque, de la ciudad de Chihuahua, aparentemente en un baño. 
Inicialmente se dijo que la causa del fallecimiento había sido asfixia por estrangulamiento. Durante semanas se controvirtió en los medios de comunicación sobre las muy extrañas informaciones vertidas en torno a la causa de la muerte, compatibles con la existencia de un asesinato y el intento de ocultarlo.
Ahora resulta que, de acuerdo con los resultados de los análisis reportados por la FGE, la muerte “se derivó de una complicación generada por el embarazo de la doctora y el consumo excesivo de un medicamento”. (Ibídem).
Con base en este informe, la FGE determinó la inexistencia de elementos para investigar un homicidio.
Las irregularidades reveladas son incompatibles con la existencia de un estado de derecho y confirman la creciente percepción de la urgente necesidad de relevar a su titular, César Augusto Peniche, e iniciar una profunda reestructuración de la dependencia.
Más allá del caso concreto de la doctora Estrada Avila, en el que están demostradas las irregularidades, a cual más de sospechosas, las mismas que los obligaron a solicitar estudios periciales a una agencia “externa” y a la PGR, lo relevante es que en la FGE ¡No existe un médico legista!
Es de no creerse. 
Así lo dice el reporte periodístico: “El Servicio Médico Forense cuenta con cinco médicos, pero sólo uno es especialista en medicina legal y desde hace varios años no realiza necropsias, sino que se encuentra asignado a actividades administrativas. El resto son médicos generales que han tomado algunos cursos, lo que podría ser una de las causales del error que hizo a las autoridades ministeriales suponer que Estrada Ávila había sido asesinada”. (Ibídem).
Concedamos que no cualquier médico puede realizar un estudio puntilloso sobre las aparentes causas de muerte de una persona, pero cualquier profesional de la medicina sí está capacitado para determinar si una persona murió asfixiada o no; los signos de ello son de los más evidentes. En la causa de la asfixia puede controvertirse, pero hasta ahí.
Ahora resulta que quien hizo el acta de defunción se equivocó en una cosa tan gruesa.
Pero que el servicio forense no cuente con el personal especializado, necesario para enfrentar la enorme carga de trabajo -en tiempos “normales”- a fin de aportar las pruebas periciales requeridas en la investigación, es inaceptable, más en los momentos actuales en los que la incidencia homicida lleva más de 20 meses a la alza.
Asombra conocer esta realidad, luego de que durante toda la segunda mitad de la primera década de este siglo se invirtieran crecientes sumas de dinero en equipar a los servicios periciales de la Procuraduría y luego, ya en la presente, a la FGE.
Una conclusión de tales carencias es más estremecedora: La de que decidieron no invertirle más recursos a la investigación de los homicidios pues al final de cuentas saben que no los investigarán.
De espanto.

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lunes, 12 de noviembre de 2018

Comisiones bancarias, voracidad sin límites

Mega Radio 860, Juárez
12 de noviembre de 2018
Luis Javier Valero Flores
La iniciativa presentada la semana anterior por la senadora chihuahuense, la juarense Bertha Caraveo, no sólo desató una minicrisis en la bolsa de valores de México, y una micro devaluación del peso frente al dólar, sino, también, el primer enfrentamiento público entre dos de los actores centrales del nuevo grupo gobernante, Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Monreal, el líder de los senadores de Morena.
Ante la andanada, luego de una reunión sostenida por Monreal, AMLO y Carlos Urzúa, el futuro Secretario de Hacienda, de la que se deduce, por las declaraciones realizadas, que no hubo acuerdo.
El tabasqueño insistió en decir que no habrá modificaciones al marco legal bancario y Monreal, echado hacia adelante, sostuvo que al Poder Legislativo nadie lo “regañaba”, que la iniciativa seguiría su curso normal y se escucharía a todos los sectores interesados.
¿Qué es lo que desquició a los banqueros?
La iniciativa de Caraveo-Monreal propone eliminar la mayoría de las comisiones que cobran los bancos por los servicios que prestan, que intenta acabar con “los abusos” de los bancos que operan en México, los cuales obtienen más de 30 por ciento de sus ganancias millonarias de las comisiones, que el año pasado -por este rubro- ascendieron a 108 mil millones de pesos, y que representaron la parte principal de las utilidades de los bancos.
En el mismo sentido, también en el primer trimestre de este año, 51 por ciento de las utilidades de los bancos fue por el cobro de comisiones. (Nota de Andrea Becerril y Víctor Ballinas, Periódico La Jornada, 9 de noviembre de 2018).
La iniciativa plantea la prohibición de cobrar pagos extra a cuentahabientes y comercios en la consulta de saldos, retiro de efectivo en cajeros automáticos internos, por la reposición de tarjetas por robo o extravío, emisión de estado de cuenta adicional o impresión de movimientos, y por devolución de cheques. Asimismo, se prohíbe a los bancos cobrar comisiones a comercios que hacen uso de terminales por no facturar un monto mínimo.
También prohibiría el cobro de comisiones por aclaraciones improcedentes de la cuenta derivados de movimientos o cargos no reconocidos; por disposición de crédito en efectivo y por la anualidad de tarjetas de crédito.
 Y se iniciaría una disminución progresiva del cobro de comisiones por retiro y consulta de saldo en operaciones interbancarias.
¿Porqué recula el presidente electo, si el apoyo popular es prácticamente unánime? 
No hay una sola razón válida para continuar con el actual esquema de la actuación de la banca en México, la que, por otra parte, se desentiende de su principal obligación, que es la de prestar dinero, es decir, la de financiar las actividades económicas y con ello contribuir al crecimiento económico.
La principal causa de la caída fue el desplome de más de 10 por ciento de los principales grupos financieros que integran al índice bursátil, debido a que el valor de sus acciones cayeron, pero resulta incongruente que la riqueza de los tenedores de acciones se finque en la expoliación de los millones de cuentahabientes a los cuales se les quita -literalmente- su dinero en miles de comisiones en las que los bancos, prácticamente, no gastan un solo centavo.
¡Bonita cosa, obtienen el máximo de ganancias sin absolutamente ninguna inversión para obtenerlas!
Y todavía protestan estridentemente porque se les quieren disminuir.

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domingo, 11 de noviembre de 2018

Inseguridad: Lo que nos faltaba

El Diario, 11 de noviembre de 2018
Luis Javier Valero Flores
El miércoles por la mañana, un grupo de 3 personas armadas, sin identificarse, se presentó al domicilio del periodista Heriberto Barrientos, de El Diario de Chihuahua, a exigirle a su familia información “sensible”, así como datos personales del periodista.
Buscaban, de acuerdo con la versión de la familia les fuera proporcionada información de reportajes realizados por Barrientos ¡15 años atrás!
Sólo hasta que éste interpuso la queja correspondiente ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y una denuncia ante la Fiscalía General del Estado “por amenazas a su trabajo”, es que esta dependencia se dignó -27 horas después- notificarle que se trató “de agentes mujeres pertenecientes a la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), quienes acudieron a pedir ‘información’ por reportajes que el comunicador publicó durante los años 2001, 2002 y 2003, cuando se desempeñaba como reportero de El Heraldo de Chihuahua”. (Nota del Staff, El Diario de Chihuahua, 9/XI/18).
El personal de la FGE que llegó a su domicilio, con una actitud amenazadora no se identificó, ni presentó documento alguno que justificara su presencia.
De ninguna manera puede tolerarse semejante agresión al gremio periodístico.
¿A qué autoridad, de medio pelo para arriba, de la Fiscalía se le ocurre enviar a un trío de agentes a interrogar a un periodista y a su familia sobre una investigación periodística realizada 15 años atrás?
¿Acaso no saben, los agentes y sus jefes, que los reporteros están protegidos para evitar dar a conocer sus fuentes de información y que ninguna autoridad los puede obligar a ello?
¿Cómo puede ser que se envíen a agentes a realizar tal tarea?
La respuesta es estremecedora: Porque la intención era amedrentar al periodista. 
Aún sin esclarecerse los asesinatos de los periodistas Adrián Rodríguez y Miroslava Breach -acaecidos en la actual administración estatal- el gobierno del estado incurre en una más que deleznable actitud, hostigar a los periodistas, que tenía como objetivo amedrentar al periodista y a su familia. 
¿Por reportajes de hace 15 años?
¡Por favor!
No hay nada que moleste más a los gobernantes que ver sus nombres involucrados en alguna corruptela, en algún escándalo o que se le mencione por su participación en cualquier asunto irregular. 
No hay lugar a la duda, Heriberto se ha dedicado a investigar y publicar asuntos polémicos para la procuración y administración de la justicia en Chihuahua.
Por sus características, por el momento que pasan los chihuahuenses, es una agresión merecedora del más extendido repudio y, por lo mismo, de la presentación de una inmediata petición de disculpa del gobierno de Chihuahua a nuestro compañero, a su familia y al conjunto de la sociedad, además de la también inmediata separación del cargo, tanto de los agentes, como de sus jefes más inmediatos, así como el del inicio de una escrupulosa investigación, que lleve al deslinde de responsabilidades y la aplicación de sanciones ejemplares.
Que las autoridades, cuando agreden de esta forma a cualquier ciudadano sea reprobable, más lo es cuando se hace en contra de un integrante de los medios de comunicación y, además, que lo hagan arguyendo que el motivo es un asunto abordado por el periodista.
No se trata de que se privilegie inadecuadamente a los miembros del gremio de los periodistas, sino por el hecho de que hostigarlos o agredirlos tiene como objeto el de impedir que la información obtenida por el reportero llegue a la sociedad; es, por lo tanto, una doble agresión, al periodista y al medio de comunicación, y a la sociedad en su conjunto porque se trata de impedirle a ésta el acceso a esa información.
Y tal agresión ocurre en uno de los peores momentos para Chihuahua en materia de seguridad, cuyas causas, lo sabemos, no son exclusivamente de carácter local, pero que se agravan debido a la inoperancia, ineficacia, impreparación y falta de voluntad de quienes están encargados de ella en la entidad.
Lo anterior no descarta la posibilidad de que tal ineficacia pueda tener como explicación la peor de toda: La colusión de los más altos mandos policíacos, algo que, por lo menos en los últimos meses, los grupos de criminales han insistido en señalar al Comisionado Estatal de Seguridad Pública, Oscar Aparicio.
Obviamente no hacemos nuestra tal acusación, se incorpora al análisis al que estamos obligados, de acuerdo con la gravedad de la situación que padecemos, pero que en últimos meses se ha acentuado, lapso en el que las pifias se suceden una tras otra y que, en otras circunstancias y los resultados en el combate a la criminalidad en Chihuahua, llevarían a la inmediata destitución de los dos principales jefes de la seguridad pública en el estado, el Comisionado Aparicio y el fiscal Peniche.
Las pifias se suceden casi grotescamente:
El jueves, por la mañana, Aparicio informó que Leonel Salgueiro, alias ‘El Cuate’, señalado como jefe de uno de los grupos criminales, detenido después del asesinato del empresario parralense, Uriel Loya, había sido “puesto en libertad por criterios de un juez”, con resoluciones que echaban por tierra, dijo, el trabajo de las corporaciones policiales.
Pero horas después, se desdijo, “desafortunadamente, en algunas entrevistas que di unas horas antes, confirmé la liberación y no es así”, dijo, pues confirmó la información con las autoridades federales, “fue un dato que me dieron a conocer erróneamente”.
Y pasó al otro extremo: El caso está “bien estructurado, la carpeta de investigación está muy sólida, estamos con la expectativa de que no salga, por lo tanto, no hay tal liberación”.
Po’s la “tal” liberación usted la informó, se le podría restregar al jefe que afronta una de las peores ofensivas que las corporaciones policiacas chihuahuenses hayan afrontado y justamente unas horas después de que -así lo inferimos- los mandos militares pusieran fin, por lo menos mediáticamente, a la intensa controversia planteada por el alcalde cuauhtemense, Carlos Tena, en contra de la corporación estatal y su jefe, a causa de que, sostenía el alcalde, son los policías estatales los autores del crecimiento delictivo en ese municipio, además de acusarlos de ser los autores del asesinato del policía municipal, Jesús Andrade Chagoya.
Sí, al parecer a la polémica se le puso fin por la vía de sostener el mando único sobre las fuerzas de seguridad en Cuauhtémoc, pero bajo la conducción de un militar, lo que, en la visión de ambas partes, podría incidir en el mejoramiento de la seguridad de la zona.
El anuncio lo efectuaron sin que ninguno informara acerca de las tronantes declaraciones de los días anteriores del munícipe.
Pero lo anterior son solamente más rayas a la destartalada estructura de las corporaciones encargadas de la seguridad pública en Chihuahua.
La nueva detención de René Gerardo Santana Garza 'El 300’, es un ejemplo más. La aprehensión la realizaron autoridades federales, sin la participación de las estatales, a pesar de que éstas informaron, varias horas después de que era, ya noticia nacional, de que había sido “producto de la intensa coordinación entre las autoridades estatales y federales”.
El colmo. A pesar de que hasta el gobernador Javier Corral informó de la existencia de “tres órdenes de aprehensión” en contra de Santana Garza, cosa informada, también, por Aparicio, dos días después de la aprehensión “la Fiscalía General del Estado (FGE) no había cumplimentado ninguna orden de arresto en contra de el presunto líder de 'La Línea’ (quien) ya fue escuchado en declaración por parte del Ministerio Público Federal por su presunta responsabilidad en el delito de posesión de un arma de fuego de uso exclusivo del ejército y contra la salud, por dos paquetes de droga que supuestamente llevaba al momento de su arresto”. (Nota del Staff, El Diario, 8 de noviembre de 2018).
Tal información fue confirmada por "uno de los abogados del presunto líder criminal” quien dijo que no existía, en la base de Plataforma México, “ninguna orden de aprehensión contra su defendido”.
En tanto, la familia del desaparecido Dr. Blas Godínez le lanzó una dolida y severa pregunta al gobernador Corral: “¿Cuántos muertos más, cuántos desaparecidos más le hacen falta señor gobernador para que nos voltee a ver, para que atienda la problemática que estamos pasando?”, al tiempo que en Guadalupe y Calvo caía abatido por las balas de los sicarios un dirigente rarámuri más, también de “Las Coloradas de la Virgen”, Joaquín Díaz Morales, comisario ejidal, defensor de su territorio y activista contra la tala ilegal.
Pero el fiscal Peniche informó, a través de sendos comunicados, que “en el estado de Chihuahua se viene trabajando de manera muy sólida y firme en el combate a la delincuencia”.
¿Se necesita agregar algo más?

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