La Boquilla ¿Una mentira presidencial más?

 

El Diario, 31 de octubre de 2021

Luis Javier Valero Flores

Luego de la firma del acuerdo entre el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, el viernes de la semana anterior, el presidente López Obrador encendió las luces de alerta de los usuarios de los distritos de riego del centro-sur del estado, al afirmar que no estaba enterado del acuerdo y que se informó por los medios de comunicación.

¿De veras? ¿López Obrador no fue informado en tiempo y forma por su segundo de a bordo sobre la posible resolución de un conflicto que pudo afectar las relaciones de México con EU, las del gobierno mexicano con los agricultores del norte de Tamaulipas; que pudo poner en riesgo (según su versión) los compromisos mexicanos en el cumplimiento del Tratado del ’44; que perjudicó seriamente las posibilidades del partido del presidente, de obtener la gubernatura de Chihuahua; que lo obligó al despido de varias decenas de funcionarios de la Conagua, incluida la anterior directora?

¿No le informó de todo lo anterior el encargado de la gobernabilidad en el país?

N’ombre. ¿A poco no le dijo nada de eso el tabasqueño más cercano a sus afectos y, además, porque el acuerdo pasaba por encima de la autonomía de la FGR, porque, para cumplir con los acuerdos, el Fiscal Gertz Manero deberá ordenar el desistimiento de las causas seguidas en contra de los 3 productores de de La Cruz, y de las más severas acusaciones levantadas en contra de Andrés Valles?

¡Increíble!

Es que hay muy poco espacio para la duda. 

El presidente, en la conferencia mañanera del lunes anterior, dijo que “… nosotros no podemos dejar de atender los planteamientos que hacen los gobiernos de los estados, pero veremos en qué condiciones se llega a un arreglo sin que se tolere la corrupción, la delincuencia.

• ¿Las investigaciones van a continuar?, se le preguntó.
• Sí, pero se está iniciando esto, dijo.
• Me llamó la atención porque me enteré por los medios.
• ¿No le informó el secretario de Gobernación?, se le preguntó.
• No, no, no, pero hay que ver qué acuerdos, me voy a informar sobre esto, es que tenemos muchas cosas y le tengo mucha confianza y sé que está en Gobernación y seguramente él lo está viendo, pero yo en particular no tuve tiempo de verlo, sólo vi en el periódico una foto; no había ninguna autoridad federal, ví a autoridades estatales con los dirigentes de los que tienen los sistemas de riego en La Boquilla que entregaban”.

Luego, el presidente acusó que se realiza “un acaparamiento de agua en Chihuahua, en donde también participa la delincuencia organizada”. 

La aseveración es tan general que es imposible no estar de acuerdo con ella, pero que difícilmente se configura en el conflicto de las presas. 

El acaparamiento del agua se ubica mayormente en el otorgamiento ilegal de los permisos para la perforación y explotación de los pozos de agua, algo que numerosos productores de las regiones del norte, noreste, occidente y centro-sur del estado han denunciado permanentemente a lo largo de las últimas dos décadas, sin encontrar eco en los directivos de la Conagua; ni antes, ni ahora en el gobierno de la 4T.

A continuación, López Obrador repitió las acusaciones que ha hecho a lo largo del conflicto, lo que generó un más que justificado desconcierto pues mostró, nuevamente, su desconocimiento del problema. Insistió en que la pretensión de los productores era el incumplimiento del Tratado de Aguas: “Se actuó mal porque se quería que incumpliéramos un tratado internacional de agua con Estados Unidos que se firmó en los años 40 y si no se cumple con ese tratado podría venir represalias a México que nos iban a afectar, pero prevaleció el interés de estos grupos”.

Y lanzó una nueva mentira ¿Ignorancia, o manipulación? Al sostener que solo vio una foto del acto de la entrega de La Boquilla y que en ella no vio a ninguna autoridad federal.

Otra vez la duda: ¿El Director General de Conagua no le informó al presidente que había tomado posesión de la presa desde el sábado y que sus funcionarios habían recibido las instalaciones, que en el acto había estado presente el Secretario de Gobierno, César Jáuregui, a nombre de la gobernadora?

¿De veras no lo sabía?

Son muchas.

¿No estaremos frente a una situación semejante a la del episodio de la liberación de Ovidio Guzmán, en Culiacán, cuando el presidente dijo que no había tomado la determinación de liberarlo, que él viajaba por aire en ese momento rumbo a Oaxaca, y luego, semanas más tarde, aseveró que él había sido, personalmente, quien ordenó la determinación de liberar al hijo de El “Chapo” Guzmán?

Adujo que lo había hecho para evitar el baño de sangre que, sin duda, ocurriría en la capital sinaloense, tomada, para efectos prácticos, por el Cártel de Sinaloa, lo que aceptó tácitamente el mandatario, y que constituyó  uno de los momentos cumbre, emblemáticos, de la derrota del Estado mexicano frente al crimen organizado.

Situación que continúa pues, a dos años de los hechos, la orden de detención, con fines de extradición en contra de Ovidio, aún no se ejecuta.

“Con el propósito de salvaguardar el bien superior, la integridad y la tranquilidad de los habitantes de Culiacán, el gabinete de seguridad determinó suspender las acciones operativas con los elementos militares, y trasladarse a Culiacán para conducir las acciones correspondientes”, afirmó el día de los hechos, el 17 de octubre de 2019, el entonces Secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo.

Luego, el 19 de junio de 2020 López Obrador afirmó: “Yo ordené que se detuviera ese operativo (el de la detención de Ovidio Guzmán) y que se dejara en libertad a ese presunto delincuente”, pero hasta entonces le había mentido a la nación pues siempre sostuvo que a él le habían informado de la determinación, cosa en la que siempre, dijo, “los apoyé”.

Si en ese hecho tan importante, el presidente que usó como uno de sus principales slogans de campaña que “no mentir” era la parte esencial de su conducta pública, hay sobradas razones para creer que en el asunto de La Boquilla, al afirmar que no fue informado del acuerdo, se pueda echar abajo por la vía de alegar que la Fiscalía de Gertz Manero goza de plena autonomía y que “el Ejecutivo no puede intervenir”.

Ahora bien ¿Qué caso tiene haber hecho esas declaraciones? 

¿Qué no bastaba con expresar que apoyaba las gestiones del secretario de Gobernación, quien goza de su plena confianza? 

¿Para qué atizarle al conflicto, máxime si en el centro de la resolución se encuentra la liberación de los cuatro detenidos ilegalmente por la FGR?

Además, López Obrador insiste en que la pretensión era la de incumplir con el tratado internacional y que eso podía generar severas sanciones de EU.

Otra vez el desconocimiento ¿Falta de asesoría? ¿O manipulación? ¿Acaso nadie le ha explicado que el mismo tratado establece los mecanismos puntuales para los casos de incumplimiento y las posibles sanciones por ello?

N’ombre ¿Acaso sus funcionarios no le han explicado que el problema mayor del agua -el acaparamiento y la explotación ilegal- se encuentra en el agua subterránea y no en el agua de la superficie? 

¿Y que los grandes propietarios de tierra no se encuentran en los usuarios de los distritos de riego -por supuesto que los hay, pero es la absoluta minoría- sino en los detentadores de los permisos de los pozos de agua, en una inmensa corruptela que abarca a la CFE?

Asombra tanta ignorancia sobre un tema tan crucial.

¿O será, simplemente, la incapacidad para aceptar que se equivocó?

López Obrador deberá reflexionar seriamente acerca del rumbo de lo que resta de su mandato; el tema de La Boquilla lo puede ayudar.

Sin más argumentación, deberá ordenar la inmediata de los 4 agricultores detenidos.

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Fuente de citas hemerográficas antiguas: Información Procesada (INPRO)

Bartlett, el patriota. Emblema de un régimen que no se va

El Diario, 28 de octubre de 2021

Luis Javier Valero Flores

Más allá de la discusión nacional sobre la reforma eléctrica, propuesta por el presidente López Obrador, la que, sin modificaciones no será aprobada, el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, está convertido en uno de los principales escollos para su aprobación y en general para el gobierno de la 4T.

En lugar abonar a la realización del debate que necesita el país sobre un tema trascendental, pues de la resolución que se tome sobre la producción, transporte y distribución de la energía eléctrica -no es una exageración- depende el futuro mediato del país, Bartlett se calzó los guantes y respondió a lo que fue un intercambio de insultos, adjetivos, descalificaciones y mentiras en el curso de su comparecencia en la Cámara de Diputados.

Se merecen unos a otros.

Pero lo llamativo, para los fines de esta reflexión, fue una frase del director de la CFE, lanzada al aire, no para airear el tema de la reforma, sino para denostar a sus críticos, fundamentalmente los panistas, que lo tildaron de dinosaurio y otras linduras, pero a los que Bartlett, como si fuera la revelación les lanzó que “Miren, la caída del sistema fue un amasiato entre el PAN y Salinas de Gortari”.

Ojo, no entre el PRI y el PAN; no, entre Salinas y el panismo. Ah! sesuda delimitación.

Esa fue su respuesta a la acusación que por siempre le ha perseguido, la de ser el responsable de la caída del sistema de cómputo en las elecciones de 1988, en las que existieron suficientes evidencias para acreditar la comisión de una gran fraude electoral.

Se los adelantó, dijo, “si me pican un poquito, porque están jugando con mi biografía, voy a ser un poco grosero, porque me siento un poco como legislador y yo he sido más legislador que ustedes por muchos años”, y les espetó su revelación.

“¡Claro! Así fue, un amasiato entre Salinas de Gortari…”, afirmó, no sin esbozar una inquietante sonrisa, de una más que cuestionada actitud sobre uno de los hechos esenciales para lograr la derrota de aquel régimen, del cual fue uno de los más emblemáticos, a tal punto que en la sucesión presidencial de 1988 fue uno de los más serios aspirantes, luego de haber sido el coordinador de la campaña presidencial de Miguel de la Madrid en 1982 y ocupar el segundo puesto en importancia en el país, el de la Secretaría de Gobernación.

Sin embargo, Bartlett mintió nuevamente en la sesión de la Cámara de Senadores del martes pasado.

El amasiato al que se refirió no se concretó sino hasta el 2 de diciembre del mismo año, en la residencia presidencial de entonces, Los Pinos, cuando los más importantes liderazgos del PAN de ese momento, sin la participación del candidato blanquiazul, Manuel Clouthier.

Pactaron con el recién ascendido presidente, Carlos Salinas de Gortari, el compromiso de “legitimarlo” en el ejercicio del poder y obtener a cambio que la presidencia de la república se comprometiera a propiciar el triunfo del PAN en las elecciones de Baja California, primero, y Chihuahua después, además de dejar fuera de la contienda al candidato del PRI al gobierno de Guanajuato, para que los panistas se convirtieran en los mandamases de esa entidad, cosa que han mantenido a lo largo de más de dos décadas.

Ese pacto fue conocido como la “concertacesión” entre Salinas y el PAN.

Bartlett no fue ajeno a ello. En el salinato ocupó durante 4 años la Secretaría de Educación Pública. A fines de 1992 Salinas lo nombró candidato del PRI al gobierno de Puebla. A inicios de 1993 se convirtió en uno más de los polémicos y represivos gobernantes que ha tenido Puebla. El aliento del PRI le dió, todavía, para convertirse, en el año 2000, senador de la república, bajo el emblema del tricolor.

Nunca, en esos años, criticó las concertacesiones de su partido y gobierno y fue, a lo largo de toda su militancia priista, férreo defensor y beneficiario de ese régimen.

Ahora, Gerardo Fernández Noroña, el “izquierdoso” diputado del PT, lo llamó “el patriota Manuel Bartlett”.

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Fuente de citas hemerográficas antiguas: Información Procesada (INPRO)

Guerra del agua ¿Fin?

El Diario, 24 de octubre de 2021

Luis Javier Valero Flores 

El acuerdo entre el gobierno de Chihuahua y el gobierno federal, anunciado el viernes por la gobernadora Maru Campos y el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, es el primer paso en la construcción del necesario clima de distensión entre ambas instancias de gobierno y, además, pretende poner punto final a la grave y durísima confrontación entre el gobierno federal y los usuarios de los distritos de riego.

Es, también, una de las primeras manifestaciones, en concreto, del establecimiento de relaciones en buenos términos entre el gobierno federal y el de Chihuahua, que previamente sólo habían consistido en cordiales expresiones verbales, tanto del presidente López Obrador, como de la gobernadora Maru Campos.

Deberá celebrarse y más, en cuanto se concreten algunos de los aspectos del acuerdo alcanzado, a cuyos términos aún no accedemos y en el que participaron varios de los dirigentes de los productores, entre ellos el dirigente estatal de los usuarios de riego, Salvador Alcántar, y los alcaldes de Delicias y Camargo.

Temas centrales, para la resolución del conflicto, los constituyen la inmediata liberación, sin condicionamiento alguno, de los productores Andrés Valles (uno de los 3 o 4 dirigentes más destacados en la defensa del agua de las presas, a la sazón dirigente de unos de los módulos); y de Rosendo Lerma Lechuga, Juan Lechuga Montes y Juan Rivera Márquez, (productores del municipio de La Cruz que habían participado en las protestas); además de los compromisos federales de incluir en el presupuesto del próximo año partidas dirigidas a la rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la red hidrológica, y otros aspectos concomitantes, así como el de no comprometer el agua de las presas en el futuro.

A cambio, y se realizó ayer sábado, de la inmediata liberación de las instalaciones de la emblemática presa chihuahuense de La Boquilla, en poder de los agricultores desde el 8 de septiembre del año pasado.

No hay margen para la duda, el conflicto se generó a partir de una irracional, ilegal e inexplicable medida dictada por el gobierno federal, preocupado por los avisos admonitorios del gobierno de los Estados Unidos, el que se hizo eco de los reclamos de los agricultores texanos, que exigían el pago adelantado y por fuera de las normas del CILA, del agua de las presas, que están bajo las reglas del tratado de 1944.

No solo existió tal antecedente, sino también el mentiroso manejo de la información realizado por diversas instancias y funcionarios federales, incluido el mismísimo presidente, en el que usaron, en uno de sus episodios, el argumento de que los agricultores chihuahuenses debían ser “solidarios y compartirle el agua” a nuestros “hermanos” de Tamaulipas.

Se podría decir que tal actitud presidencial le costó a Morena la posibilidad de disputar la gubernatura de Chihuahua (cuyo desenlace, es obvio, de darse ese otro escenario, caería en el terreno de lo hipotético) pues una buena cantidad de electores (y no solo de la región centro-sur del estado) ante ello decidieron -o ratificaron- votar por la ahora gobernadora.

Quizá lo anterior explique la ausencia -probablemente también en las discusiones previas al acuerdo que ahora se festina- del ex candidato morenista y ahora re-nombrado delegado del gobierno federal en Chihuahua, Juan Carlos Loera, quien, suponemos, debiera ser el principal operador federal del cumplimiento del acuerdo, así como principal conducto (como suponemos lo ha sido a lo largo de su gestión y, especialmente, durante el conflicto) de información sobre Chihuahua al presidente.

Loera informó al escribiente que desde su regreso a la diputación federal, estuvo “impulsando la reconciliación” y que, luego, “en una plática con Cesar Jáuregui, ya como delegado y él como Secretario de Gobierno, quedamos de plantear cada quien desde su ámbito buscar que las personas  (los 4 detenidos) tuvieran su proceso en libertad”.

El conflicto se dio, también, además en el marco de una continua disminución -de varios años- de los presupuestos asignados a la rehabilitación y mejoramiento de la redes de distribución del agua de los distritos de riego de todo el país y de los distritos del centro sur del estado. 

Las consecuencias de esas decisiones, -aún las estamos viviendo-  agravadas por la persistencia de la sequía en el Estado, llevó a que la principal presa del estado de Chihuahua, La Boquilla, tenga porcentajes inferiores al 40% de su captación, lo que avizora, también, un difícil año 2023, (sí, 2023) si se piensa en el ciclo agrícola, cuyos montos hídricos deberán dictaminarse en el mes de diciembre y que muy probablemente se fijen en alrededor del 30% de las superficies a regar, lo que agravará, de por sí, la grave crisis económica de la región, que depende, en alrededor del 70% de las actividades agropecuarias, generadas por el riego del agua de esa presa. 

El conflicto cursó con una muy extendida oleada de descalificaciones procedentes de los círculos cercanos a Morena, y al gobierno federal (y sus seguidores), en las que ponían el acento en que los beneficiarios de las aguas de las presas eran los “ricos latifundistas, productores de nogal”, que se “beneficiaban” de las aguas del Conchos.

Además, eran los tiempos preelectorales, cosa que de manera natural impregnó al evidente conflicto social.

Pero las acusaciones contra los productores no tenían sustento. Los usuarios de las presas son propietarios, en promedio, de alrededor de 7 has. y un buen número de ellos son propietarios de 1 o 2 has. Prácticamente  sobreviven en base a esa escasa extensión de tierra y dependen de la dotación de agua de las presas a la que pueden acceder. 

Por ello es aplaudible que los dos gobiernos, el estatal y el federal, se hayan puesto de acuerdo para dar curso curso a diversos proyectos e inversiones en esa región, tan necesarios para sustituir las graves carencias que aquí hemos relatado.

Otro tema, también fundamental, es el del asesinato de Jessica Silva y el de la reparación de los daños infringidos a su esposo, Jaime Torres, a causa de la balacera desatada por elementos de la Guardia Nacional en su contra, en la noche de la batalla de La Boquilla, reparación que debe incluir a los hijos del matrimonio, así como el infringido a las familias de los cuatro agricultores detenidos por la prolongada e injustificada detención.

Por otra parte, la procuración de justicia estará incompleta si en el proceso seguido en contra de los agresores de Jessica y Jaime solo se incluye a los elementos de la tropa y no a los mandos bajo cuya dirección y supervisión actuaron ese día.

Por otra parte, no deja de llamar la atención que los liderazgos morenistas de la entidad -dirigencia partidaria, líder parlamentario y delegado federal- no hayan emitido su beneplácito -o que, quienes lo hicieron, trataron por todos los medios de minimizar el protagonismo de la gobernadora Campos en la obtención del acuerdo, lo que es, a todas luces, totalmente contrario a la actitud del secretario López Hernández: 

“La Secretaría de Gobernación reconoce la apertura, disposición y sensibilidad de María Eugenia Campos Galván, quien comparte la visión del Ejecutivo federal y busca un acercamiento para dialogar y articular acciones entre ambos gobiernos, con el fin de lograr la construcción de un país con bienestar, construyendo una nueva relación de colaboración basada en la confianza mutua y diálogo honesto, transparente y constructivo”. (Comunicado de la Secretaría de Gobernación, 21/X/21).

Es un viraje absoluto el del gobierno federal, pues Adán López Hernández afirmó que “tanto la gobernadora como los productores de Chihuahua, son los defensores de este acuerdo logrado entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal”, además reconoció que esta defensa “es en pro de su modo vida y la autenticidad de este movimiento social suscitado en la región centro-sur y en honor a ello, como representante de la Federación, se comprometió con los productores a brindar todas las facilidades para la solución de conflictos”.

¡Vóytelas!

¿Estaremos frente a una nueva relación del gobierno de Chihuahua y el federal?

Ojalá.

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Citas hemerográficas recopiladas por: Información Procesada (INPRO)

“Chuecos”, nuevamente ¿La misma historia?

El Diario, 21 de octubre de 2021

Luis Javier Valero Flores 

El anuncio del acuerdo presidencial para regularizar los vehículos internados ilegalmente al país -hasta antes del 16 del presente- tiene, como todos los anteriores, infinidad de recovecos, enfoques, explicaciones, justificaciones y repercusiones, en los dos ámbitos, el nacional y el internacional, de distinta magnitud.

En un país -y en el norte se agrava más a causa de las distancias urbanas- en el que el transporte público es claramente insuficiente, todo está dispuesto para que capas cada vez mayores de la población deban recurrir al uso del vehículo privado, en detrimento, por supuesto, del entorno ambiental, del desmedido gasto familiar empleado para ese fin, de las cada vez crecientes cantidades de presupuesto municipal orientado al mantenimiento y rehabilitación de las vialidades, así como las repercusiones sociales generadas a causa del uso, -en la mayor parte de los casos- individual del transporte privado.

Por ello, se antoja insostenible la versión presidencial de que se aprobaba en virtud del elevado número de delitos cometidos a bordo de los “chocolates”, amparados en el anonimato a causa de no contar con placas, dijo, pero resulta que al momento de anunciar ese hecho, se daba a conocer que se habían decomisado cerca de 400 vehículos usados para cometer un delito, de los cuales menos del 10% eran ilegales en el país.

Ese argumento fue usado en varias ocasiones previas -distintos presidentes de la república y gobernadores, de todos los partidos- y esos dichos jamás han sido corroborados por las estadísticas criminales, ni cuando el número de “chocolates”, proporcionalmente, era mayor.

Además de las consecuencias mencionadas líneas arriba, muchas de ellas positivas para un buen número de habitantes de las entidades fronterizas, pues de ese modo accederán a un necesario medio de locomoción, que sustituye ventajosamente -con un gasto mayor, tanto de las economías familiares, como de los presupuestos municipales- al transporte público, que incrementará el flujo vehicular y obligará a un mayor presupuesto orientado a este servicio, sin duda alguna que golpeará al sector empresarial que a lo largo de más de 4 décadas se ha opuesto a medidas de este tipo: 

El de los dedicados a la venta de vehículos nuevos, y que son, en muchos casos, también comerciantes de vehículos usados, de los más recientes.

Sin duda que al permitirse una mayor entrada de vehículos usados -la mayoría de fabricación norteamericana- en proporciones semejantes disminuirán las ventas de autos nuevos.

De ahí su airada protesta. Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) afirmó que la agrupación está “en contra de la legalización del contrabando; esto solo ayudará a las mafias que se benefician con este delito con el pretexto de ayudar a las familias necesitadas. No conocemos los términos del decreto que firmará el presidente, y a pesar de que ofreció una convocatoria a nuestro sector para recoger las mejores prácticas normativas, no fuimos convocados, ni para colaborar ni opinar”. (Nota de la redacción, El Financiero, 15/X/21).

Como ha ocurrido con otros sectores empresariales, el presidente López Obrador les falló pues prometió no adoptar medidas que los pudieran perjudicar sin antes conversar y discutirlas con ellos. Se enteraron por la prensa.

Pero resulta que la medida beneficiará directamente a los grandes consorcios automotrices norteamericanos, porque al abrirse el mercado mexicano, posibilitará que aumente la venta, en EU, de automóviles, o usados de modelo reciente, o nuevos.

En tanto, los presupuestos públicos orientados el mejoramiento y crecimiento del transporte público decrecen, en números absolutos, y de manera relativa pues disminuyen frente al crecimiento desmedido del parque vehicular de urbes como Juárez, Chihuahua, Tijuana, Monterrey y todas las ciudades fronterizas norteñas.

Así, la recaudación a obtener de este acuerdo será un mero paliativo frente al enorme rezago en pavimentación existente en todas ellas.

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Fuente de citas hemerográficas antiguas: Información Procesada (INPRO)

¿Se va la luz? Reforma a negociar

El Diario, 17 de octubre de 2021

Luis Javier Valero Flores 

El presidente López Obrador metió al país a una falsa discusión con motivo de la reforma eléctrica. Obligó a los partidos de oposición -especialmente al PRI- a una tajante definición: Si apruebas la reforma que he enviado al Congreso de la Unión, eres patriota; de lo contrario estarías traicionando a la Patria.

¿De veras ese es el debate que necesitamos en el tema de la generación de energía eléctrica, precisamente en el marco de lo que ocurre en el planeta en cuanto a la alargada -o no- disponibilidad de hidrocarburos  fósiles para la generación de electricidad, y el compromiso de contribuir a la disminución de contaminantes a la atmósfera, cuya consecuencia -el cambio climático- sufren cientos de millones de personas en el mundo y en el la meta, para el año 2050, es de cero emisiones?

Por supuesto que el Estado Mexicano debe tener el control y la regulación de la electricidad, pero deberán tenerse presente la necesidad de contar con el capital necesario para colmar los requerimientos del país al mediano y al largo plazo.

Y la mayoría de esos capitales se encuentran en la empresa privada. Sin ellos, por desgracia, será menos que imposible alcanzar las metas en la generación de electricidad para lo que resta del siglo.

López Obrador no lo ha dicho, ni lo dirá, pero su iniciativa de reforma está hecha para ser negociada, si es que desea de verdad su aprobación. 

Experimentado político sabe que de no conceder en diversos rubros no será aprobada. La actual legislatura de la Cámara de Diputados dista mucho de ser la antecesora; Morena y sus aliados no cuentan con mayoría calificada y requiere de la mayoría de los diputados priistas para sacar adelante, en esa Cámara, la reforma.

Se antoja difícil, muy difícil.

En la Cámara de Senadores se ve del mismo modo. Si a la situación previa le sumamos la conformación del nuevo grupo de senadores, que le quitó tres a Morena, más difícil que pase sin hacerle modificaciones pues de otro modo no alcanzaría la mayoría calificada, tampoco ahí.

Por eso es la actitud presidencial. Como jugador de póker con una “buena mano” , presiona, blofea, intenta intimidar y las huestes morenistas se lanzan al ruedo al rescate del patrimonio de la nación.

Razones no les faltan.

Del mismo modo que lo hicieron con Pemex y el IMSS, en CFE los gobiernos de Salinas a Peña Nieto echaron a andar todo un proyecto neoliberal (por más que el término lo esté desgastando el presidente) en el que la pretensión fue poner en manos de la élite empresarial tales empresas y dependencias, para favorecer a los consorcios privados, que tal y como lo asienta la iniciativa de reforma, ponían el acento en la obtención de ganancias, hasta llegar a la reforma del 2013, la que ahora AMLO pretende poner fin.

Pero no se podrá regresar al esquema, ni de los 60’s, mucho menos al esquema de los 30’s del siglo pasado. 

Ni modo, el fortalecimiento de los grandes consorcios financieros -esa es nuestra realidad contemporánea- hace imposible la vía autárquica (salvo Corea del Norte en el mundo actual) en la que te puedas desentender del capital privado para los grandes proyectos nacionales. 

Así ocurre en el caso de la electricidad para México. 

Tenemos la ventaja de contar con grandes reservas de hidrocarburos, no los suficientes como para pensar en el largo plazo, para la generación de electricidad, y con problemas para el autoabastecimiento de gas con el mismo propósito, pero en cambio con los suficientes recursos para el mismo propósito a partir de la energía eólica y solar.

Además, venimos de un largo proceso de desincentivación a la investigación científica (además de un continuado proceso de disminución en la inversión para ese sector) lo que nos ha dejado rezagados en las investigaciones de fuentes alternas en la generación de energía eléctrica.

México debe incursionar en los esquemas más exitosos en el mundo en el que el Estado, sin perder la rectoría de la materia, es capaz de convenir con el gran capital privado, acotando el margen de utilidades y bajo un acuerdo de compartimiento de tecnología, tal y como lo hacen los países nórdicos europeos y China, en los que destaca el ejemplo noruego con su empresa petrolera Equinor una de las más importantes petroleras en el mundo, cuya propiedad es mayoritariamente del Estado noruego.

¿Ese es el problema en México, el de si “rescatamos” o no las propiedades de la nación? Eso está resuelto, la Nación es la propietaria de nuestros recursos, especialmente los energéticos, ahora nuestro problema es ver si tenemos capacidad para cubrir las necesidades energéticas de la economía número 13 del mundo.

Por desgracia, ese tema no aparece, ni en la exposición de motivos, ni el texto de la iniciativa presidencial. 

No hay, en la 4T de López Obrador, el diseño de un proyecto que contemple tal escenario; no, la iniciativa es ejemplo del espíritu beligerante del presidente. 

Flaco favor le hace al país si en la iniciativa más importante de su gobierno lo más importante de la exposición de motivos (para términos llanos, la argumentación de las ventajas y beneficios de una iniciativa) es escudriñar y “develar” los defectos y pretensiones abusivas de los consorcios empresariales (que, por supuesto, sí existieron) en asociación con los gobernantes anteriores.

Reforma tan importante no puede pasar como alguna de las que pretendió el presidente se aprobaran (“sin cambiarle ni una coma”). Será necesario someterla a un intenso debate y análisis, no sólo de los analistas y editorialistas, sino de los especialistas en la materia. 

 Porque plantea problemas harto difícil de que se resuelvan así a la ligera.

Por ejemplo, está muy difícil que el Estado mexicano pase de producir el 36% que ahora genera, a sustituir la casi totalidad de la producción de la energía eléctrica que hace la empresa privada, que ahora es el 62%, en el supuesto de que cancelaran todos los contratos y todas las empresas privadas decidieran salir del país (no sin antes presentar los litigios correspondientes).

Es que la malísima redacción genera problemas gigantescos: ¿También a los usuarios de energía doméstica, de alto consumo, que compraron  paneles solares para sus domicilios y convinieron con la CFE, también se van cancelar sus contratos?

Y, sobretodo, hace falta el proyecto de generación de energía eléctrica de largo plazo, por lo menos para los próximos 50 años. No aparece en los fundamentos, ni en la exposición de motivos de la iniciativa y a México le hace falta construir ese proyecto. 

Tenemos graves carencias, no podremos depender del carbón mineral y somos deficitarios en la producción de gas; hace falta invertir en la generación de energía eléctrica a partir del hidrógeno, ese es el futuro además de, obviamente, la hidroeléctrica, la eólica y la solar. 

Por eso es preocupante que ni siquiera se contempla la sustitución gradual de los hidrocarburos como fuentes generadoras de la energía eléctrica.

Establece excepciones en el marco legal, en cuanto al papel del Estado  como único operador de todo lo referente a la industria eléctrica, pero luego no precisa de qué modo los operadores privados, que ahora generan el 62% de los requerimientos de electricidad, podrán transferirle a la CFE, en la nueva etapa, la energía demandada, pero en la iniciativa, por un lado se decreta la cancelación de todos los contratos y, por otro lado, se enuncia que la CFE les comprará energía y que pueden generar hasta el 46% del total de la energía generada ¿Y entonces?

Por eso el razonamiento de que, finalmente, la iniciativa tiene contemplada la posibilidad de discutirla con los partidos de oposición y negociar una reforma que pueda alcanzar la mayoría calificada en  ambas cámaras del Congreso de la Unión, en virtud de que en ninguna de ellas Morena y sus aliados cuentan con ella.

Por eso asombra el tono usado en la iniciativa. Está impregnada del ánimo beligerante del presidente, en lugar de argumentar a favor de su iniciativa lo que hace es contra argumentar a la reforma eléctrica de Felipe Calderón y Peña Nieto, pero sin ahondar en el modelo que propone, ni el modo en que lo logrará.

Porque el reto no es menor, por el contrario, las inversiones necesarias para que el sector eléctrico produzca la energía demandada por la sociedad  y empresas en el país, son sustancialmente elevadas y la reforma, si no es negociada, desalentará las inversiones de mediano y largo plazo de la iniciativa privada, necesaria para enfrentar los re querimientos eléctricos.

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Ansiada apertura, camino a la vacunación general

El Diario, 14 de octubre de 2021 

Luis Javier Valero Flores 

El anuncio semioficial realizado el miércoles por elevados funcionarios norteamericanos demócratas, entre ellos el líder de los senadores, Chuck Schumer, de Nueva York, en el que confirman la reapertura de las fronteras de EU -prácticamente a todo el mundo- con el único condicionante (general) de haber recibido el esquema completo de vacunación anti COVID 19, de las vacunas aceptadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), además de las muy positivas repercusiones económicas para EU, México y Canadá, es uno de los más fuertes apoyos a la generalización de la aplicación de la vacuna en todo el mundo.

Sin duda que también repercutirá seriamente en el interior de EU en el que existen gruesas capas de la población (especialmente los simpatizantes del Partido Republicano y en general los sectores más conservadores) que se niegan a vacunarse.

No deja de ser paradójico que en uno de los peores momentos de la pandemia en territorio norteamericano, con promedios de alrededor de 80 mil contagios nuevos diarios, a pesar del elevado porcentaje de su población ya vacunada, hayan decidido terminar con el cierre de fronteras a la población.

Pero tal medida -además de las necesidades económicas, muy importantes ciertamente- deriva directamente de un hecho por demás cardinal: El de que los 3 países de América del Norte cuentan con un muy elevado porcentaje de su población vacunada (Canadá, 65%; EU 51.9% y México, 50.43% con una dosis y 35.5 con el esquema completo) y, también, el que más elevados porcentajes de la población fronteriza entre esos países se encuentra en rangos superiores al 75% con dos dosis (los que lo requirieron).

Las excepciones durante poco más de año y medio se aplicaron solamente al tráfico comercial, ciudadanos estadounidenses y estudiantes.

La senadora Kirsten Gillibrand, también demócrata por Nueva York, calculó la pérdida de la economía de Estados Unidos, de negocios con los canadienses, en alrededor de 1.5 “billones” de dólares mensualmente (Probablemente equivalentes a mil 500 millones de dólares). (Nota de The New York Times, 12/X/21).

En ese crecimiento del porcentaje de mexicanos vacunados contó fundamentalmente el empuje del gobierno norteamericano al mexicano para que acelerara el proceso de vacunación, para lo cual aportó más de 3 millones de vacunas, al tiempo que condicionó a que se aplicaran a la población fronteriza y a que endureciera el gobierno de México su política migratoria.

También deberá anotarse que, a pesar de los monumentales errores de la 4T en el combate a la pandemia, le apostó a intentar vacunar al mayor número de personas en el menor tiempo posible, dadas las condiciones del sector salud y la investigación científica en el país.

Hoy enfrenta otro requerimiento de extensas capas de la población, apoyado ahora por sendas resoluciones judiciales, que le están ordenando la aplicación de la vacuna a los mayores de 12 años, luego de la aprobación del regreso parcial a las clases presenciales en las escuelas, reforzado por el llamamiento (hasta ahora) presidencial de que todos los escolares, de todos los niveles, regresen completamente.

Asombran las respuestas del gobierno (especialmente del presidente López Obrador y del sub secretario López Gatell) ante las resoluciones judiciales y las manifestaciones de los padres de niños con diversos padecimientos, que decidieron ampararse a fin de lograr que vacunaran a sus hijos.

Luego, ante la avalancha de críticas debieron recular y ordenar la vacunación a todos los niños con comorbilidades, poco más de millón y medio.

Así ahora, ante la resolución de un juez que ordenó la vacunación de todos los niños mayores de 12.

¿Qué harán? 

¿Impugnarán ante un tribunal ese resolutivo, sólo para tener que aceptar y vacunar después tal y como lo ordena el juez… y la realidad?

¿O esperarán los requerimientos del gobierno norteamericano?

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Paralelismos Lozoya-Herrera

Aserto.mx, 11 de octubre de 2021

Luis Javier Valero Flores 

Imposible no encontrar el paralelismo entre la situación del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, y el ex secretario de Hacienda de Chihuahua con César Duarte, Jaime Herrera.

Ambos gozan de un estatus preferencial mediante el cual pretenden eludir las sanciones penales por los presuntos delitos cometidos. 

En términos coloquiales son “testigos protegidos”; en los jurídicos se acogieron a un “criterio de oportunidades”, consistente en que, a cambio de otorgarle a la fiscalía respectiva los suficientes elementos probatorios para que un superior jerárquico suyo en el ejercicio público compartido, pueda sometérsele a la acción persecutoria del Estado Mexicano, y no ser objeto de sanción alguna.

La característica esencial es haber reconocido la comisión de delitos, en este caso patrimoniales. Es decir, haber formado parte del entramado de la comisión de tales delitos y ofrecerle a la fiscalía evidencias plenas, así como las declaratorias necesarias que lleven al encarcelamiento de los superiores. En estos casos, a Enrique Peña Nieto, en el caso de Lozoya, y de Duarte, en el de Jaime Herrera.

Tan polémica situación la ha causado la publicación de sendas fotos y texto de la periodista Lourdes Mendoza, autora de la columna “Sobremesa” en El Financiero en las que se observa al ex director de Pemex cenando en un selecto restaurante de la Cd de México, acompañado de Doris Beckman, hermana del presidente de la compañía Tequila Cuervo, Juan Domingo.

Las críticas en contra de la 4T se han centrado en la supuesta prohibición a Lozoya de salir de su domicilio -¿No que estabas arraigado? Le espetó Lourdes Mendoza-. 

La realidad es otra, acaso peor, Lozoya, al igual que Herrera puede andar libremente por su ciudad de residencia, no obstante que hasta ahora nadie de los supuestamente señalados por Lozoya ha pisado cárcel alguna.

Por lo menos Jaime Herrera podrá ufanarse de que algunas de sus declaraciones sirvieron para las detenciones de quienes fueron sus compañeros en el gabinete de Duarte.

Pero el costo pagado por la sociedad, en ambos casos, es extremadamente alto. En los dos -salvo que algún juez determine lo contrario-, si los personajes centrales de la columna de hoy cometieron algún delito (y por eso son “testigos protegidos”) cuya autoría ya reconocieron, no recibirán castigo alguno.

La reacción del presidente López Obrador es de antología. “Es legal, pero inmoral el que se den estas cosas”, dijo. ¿Qué esperaba? ¿Que se quedara en su casa, que abandonara su ritmo de vida? ¿Que se sometiera a un retiro?

¡Po’s si lo dejaron libre a cambio de que entregara pruebas en contra de Peña Nieto, y éste sigue yendo a cuanto sarao lo invitan! ¡Y encima le dejaron casi intacta su fortuna -la que está a la vista, la otra, po’s no!-.

¡Valiente justicia la nuestra! -Si aceptas culparte, y culpar a tu jefe (y a algunos más) quedarás en libertad y, además, no te quitaremos peso alguno-, para que luego se vaya a comer y beber a un restaurante muy fifí.

¡Híjole, y eso que son distintos!

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COVID 19 Catapultó la discriminación laboral

El Diario, 7 de octubre de 2021

Luis Javier Valero Flores 

No solo es la primera causa de mortandad materna, el COVID 19 también se convirtió en el factor determinante que potenció la discriminación femenina, además de ser la causa originaria del crecimiento de la violencia doméstica y hacia las mujeres.

Estamos en los primeros pasos de asomarnos a lo que, con los días, podremos catalogar como una de las peores tragedias consecuentes a la cuarentena obligada por la pandemia.

No son menores los datos, tan sólo en México “La pandemia expulsó a 1.3 millones de mujeres del mercado laboral y eliminó (de ese mismo mercado laboral) a 26 mil 300 empresarias y emprendedoras”. (Nota de Ana Karen García, El Universal, 12/IX/21).

Antes de la pandemia las brechas de género ya eran significativas, las mujeres estudian más, pero ganan menos, ocupan puestos de menor calificación y están casi ausentes en los comités de liderazgo o en las sillas directivas. Las mujeres tienen también más obstáculos para emprender negocios que den empleo a más personas.

“Después de un año conviviendo con el virus, el mercado laboral muestra una recuperación, también desigual. Al corte del primer trimestre del 2021 se expulsaron 1.8 millones de trabajadores del mercado laboral, de los cuales 1.3 millones son mujeres (84%) y apenas 266 mil 547 son hombres (16%), de acuerdo con cifras desestacionalizadas de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi”. (Ibídem).

No son cifras para desestimar. Lo anterior significa que los patrones, ante la disyuntiva de despedir -o llamar a retiro temporal a una parte de la planta laboral- entre un trabajador hombre y una trabajadora mujer, decidieron despedir a las mujeres, en proporciones de verdadero escándalo, derivadas de una de las premisas más presentes en la conciencia popular: -El varón es el hombre de la casa-, sin reparar en que, por lo menos en Chihuahua, una parte importante de los hogares -quizá en porcentajes cercanos al 40%- están encabezados por una mujer, que en muchos de los casos arrostra la responsabilidad de sostener, no solamente a sus hijos, sino a alguno de los parientes mayores.

Las cifras proporcionadas por el organismo mexicano encargado de acopiar toda la información estadística del país reflejan lo que es una  auténtica tragedia: Por cada varón que perdió su trabajo en la pandemia, fueron despedidas ¡6 mujeres!

Al inicio de la pandemia cerca de 12 millones de mexicanos fueron despedidos, aunque muchos de ellos no lo fueron definitivamente, ya que estaban “en paro temporal”. (Ibídem).

“Adicionalmente, 2.1 millones de mexicanos se encuentran en situación de desocupación y cerca del 70% son mujeres. Lo que implica que cerca de 1.5 millones de mujeres estaban trabajando antes de la pandemia y al corte del primer trimestre del 2021 dejaron de hacerlo, mientras que para los hombres esta cifra es sólo de 604 mil 422”. (Ibídem).

Entre varias de las causas de esta situación se encuentran factores como el hecho de que “Las mujeres se encargan de más del 70% del cuidado de niños pequeños y adultos mayores, así como del acompañamiento educativo”.

Son pocas las mujeres que poseían un cierto liderazgo en el sector empresarial. 

Con la pandemia esos porcentajes disminuyeron significativamente:  “En el primer trimestre del 2020, la ENOE del Inegi registraba 571 mil 258 mujeres con negocios que dan empleo a terceros. Esta cifra se recortó a 544 mil 967 en el mismo lapso del 2021, lo que significa una pérdida de 26 mil 300”.

Y si estas cifras nacionales retratan una parte de la realidad a la que cotidianamente se enfrentan millones de mujeres en el país, deberán analizarse a la luz de la realidad chihuahuense en la que el porcentaje de mujeres enlistadas en algún trabajo formal es superior al promedio nacional, por lo que incidir en cambiar tan candente realidad es una tarea de primordial importancia, no solo por el hecho de que sean mujeres, sino, además de ello, por el importantísimo rol jugado por ellas en la dinámica familiar, ahora no solamente en lo referente a la atención y cuidado de niños, adolescentes y jóvenes, sino porque en muchos de los casos es el principal -y quizá único- sostén familiar.

Ahí está una de las tareas más ingentes de los nuevos gobernantes… y también de los que ya estaban; se trata de ir más allá de tomarse la foto pensando en la elección que sigue…

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