El Diario, 30 de agosto de 2011
Luis Javier Valero Flores
La dimensión de la tragedia de Monterrey, y la secuela de acontecimientos eclipsó a otros ocurridos previamente, por desgracia casi todos ellos relacionados con la ola de violencia que azota al país. Entre ellos la reunión nacional de alcaldes, celebrada a principios de la semana anterior en la capital del estado.
Más allá de la trivial polémica desatada por el coordinador de los diputados locales, Héctor Ortiz, que la descalificó y enderezó severos cuestionamientos contra el alcalde de la capital, Marco Adán Quezada, los resolutivos de la reunión pública levantaron serias polvaredas en la capital del país y develaron una muy preocupante situación: La práctica inexistencia de relaciones entre Felipe Calderón y las dirigencias de las tres organizaciones de gobernantes municipales.
Deberá anotarse que cada uno de los tres partidos más votados nacionalmente, ha creado su propia organización de alcaldes; sin embargo, en los últimos años ha existido una especie de coordinación entre ellas y han dado origen a la Federación Nacional de Municipios. Con motivo de la creciente inseguridad y la falta de certeza en la distribución de los recursos para seguridad pública, y preocupados por el inicio de la vigencia de la ley contra el narcomenudeo, se dieron cita los representantes de las organizaciones municipalistas, convocados por el municipio de Chihuahua.
El documento final causó escozor del bueno en el gobierno federal. Independientemente de ello, lo que trasluce es para poner los pelos de punta.
Los alcaldes denunciaron ante la opinión pública que Felipe Calderón no se ha reunido con ellos a lo largo de su administración, que en la Presidencia de la República ni siquiera responden a su planteamiento; exigieron ser incluidos, con voz y voto, en el Consejo Nacional de Seguridad Pública para superar “la visión de un federalismo excluyente, al dejarnos fuera de la mesa donde se debaten y acuerdan las estrategias nacionales en la materia”; exigieron –a los días se les reintegraron– la entrega inmediata de la segunda parte de los recursos del Subsemun pues “han sido suspendidos o cancelados en forma unilateral y absolutamente injustificada, con sustento exclusivo en los excesivos requisitos burocráticos elaborados desde su origen para no cumplirse por parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.
Tema central de las preocupaciones de los alcaldes, en vísperas de la presentación del proyecto del presupuesto federal, por parte de la Secretaría de Hacienda, exigieron que el Sistema de Seguridad Pública Nacional dejara “de utilizar el Subsemun como un instrumento de coerción en contra de los municipios, al hacer uso sesgado y partidista de dichos recursos que el Congreso de la Unión otorga a los gobiernos municipales, y del cual el Gobierno Federal solamente debería ser un administrador”.
Y se lanzaron a la yugular contra el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, al que demandaron detuviera “las acciones mediáticas de hostilidad en contra de los presidentes municipales del país, al descalificarlos en forma sistemática en los medios de comunicación y hacerlos responsables de todas las incapacidades en el combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico”, y de paso se deslindaron, pues afirmaron que tales tareas son de “competencia federal establecida claramente en nuestra Constitución y en nuestras leyes”.
Y le pidieron al Congreso de la Unión, cambiara los criterios del Subsemun para evitar de este modo “la discrecionalidad de la burocracia, acotando los criterios de operación de este recurso e impidiendo cualquier manipulación indeseable”. ¡Nomás
Reclamaron que “tan sólo el 3% del Presupuesto de Egresos de la Federación es destinado a municipios; 17% a los estados y el restante 80% es ejercido por el gobierno federal”, causa, dijeron, de una buena parte de las calamidades sufridas a manos de una delincuencia aparentemente incontrolable.
Finalmente, solicitaron el aplazamiento de la puesta en vigor de la ley contra el narcomenudeo hasta diciembre del 2012, en lugar de como fue aprobado, en agosto del mismo año.
Tales posturas motivaron las declaraciones de Héctor Ortiz, quien, tomó como base de sus afirmaciones la expresada por el alcalde Quezada –quien había dicho que llevaban cuatro años sin ser recibidos por Calderón–, obviamente hablando a nombre de todas las agrupaciones de alcaldes, incluidos los emergidos del PAN, pues en representación de ellos había participado el de Camargo, Arturo Zubía.
Perdió la brújula, dijo Ortiz, pero a la luz de ese acontecimiento, de esa falta de relaciones, de los hechos posteriores y de los cuales ahora nos lamentamos y que se ubican claramente, ya, en la senda de terrorismo ¿Quién perdió la brújula en el país?
martes, 30 de agosto de 2011
domingo, 28 de agosto de 2011
Vértigo
El Diario, 28 de agosto de 2011
Luis Javier Valero Flores
Imposible desentenderse de la masacre del casino Royale de Monterrey, ni del desusado discurso de Felipe Calderón con ese motivo. Apenas nos aprestábamos a comentar acerca de la reunión de los alcaldes en la capital del estado, cuando ya otra tragedia, inconmensurable, nos obligó a ocupar una buena parte de las reflexiones, que al fin y al cabo, enorme tragedia la nuestra, son parte del mismo problema.
La degradación mostrada por los actores de la ola de violencia es de una increíble velocidad. Vertiginosa.
Apenas reflexionábamos el jueves pasado acerca del salvajismo mostrado por la delincuencia organizada, con motivo del atentado a las puertas de la escuela de Anapra en Juárez, del fusilamiento de dos mujeres en la capital del estado –y las pasmosas cifras de mujeres asesinadas en lo que va del año–, y de la balacera en las afueras del estadio del equipo Santos de Torreón, cuando ya otra tragedia, mayor a la inmediata anterior nos obligaba a dejar de lado asuntos tan importantes, como la postura de los alcaldes de todo el país, a través de sus tres principales organizaciones nacionales.
Ante hechos tan dramáticos como el del Casino Royale, la sociedad espera –esperaría– de los gobernantes actitudes propias de los hombres de Estado, de aquellos que se ponen por encima de los intereses personales, de grupo o de partido y que son capaces de concitar el consenso y la energía necesarias para afrontar los conflictos mayores, aquellos que ponen en riesgo, como el actual, la estabilidad social, fruto de una profundísima crisis de seguridad pública.
Hacer tal señalamiento fue generado por unos increíbles (por supuesto, para el escribiente) párrafos del discurso de Calderón del viernes por la mañana. Ese mensaje contiene, además, otros aspectos que importa detenerse en ellos.
En una parte del mensaje –deberá anotarse que era un discurso escrito previamente, nada se dejó a la improvisación– Calderón muestra su incapacidad para dejar de lado sus ambiciones electorales y su empedernido discurso de achacar a otros –¿Quiénes? – la principal de las responsabilidades. Luego, en un más que críptico mensaje, dejó entrever la posibilidad del establecimiento de acuerdos con la delincuencia organizada, algo que sin ambages se atrevió a proponer el ex presidente Vicente Fox.
Todo lo anterior cobijado por la aceptación, explícita, por primera ocasión, por parte de Calderón de la existencia de actos terroristas, en lo que viene a ser la confirmación de la tesis de la Secretaria de Estado de los EU, Hillary Clinton, acerca de la existencia de una narco-insurgencia en México y la consideración de que amplias zonas del país viven, ya, bajo la figura del Estado fallido, de ahí que el gobierno norteamericano –independientemente del partido al que pertenezca su presidente– haya decidido enviar como embajadores, desde hace ya varios años, a especialistas en estados fallidos y que, por lo menos los dos últimos, el anterior y el actual, hayan sido removidos de sus cargos en alguno de los países del candente medio oriente, como Pakistán y Afganistán, para traerlos a México.
En su discurso, Calderón hace una correcta división entre las responsabilidades de quienes cometieron el crimen, porque segaron vidas de una “manera absurda, injusta y violenta, por la ambición y la maldad de un puñado de criminales”, pero introduce, de manera francamente desquiciante –y desquiciada– una terrible acusación, encubierta bajo el manto del reclamo a quienes le impiden –a él y a sus subordinados, se entiende– efectuar su trabajo. Al momento de llamar a todos a trabajar unidos, dijo que era “momento que también asumamos sin regateos y sin mezquindades, sin dudas, la responsabilidad que nos corresponde para que los delincuentes dejen de lacerar al país”.
Las fuerzas del orden, señaladamente las Fuerzas Federales, están defendiendo a los ciudadanos de los criminales”. Hasta ahí todo apuntaba, otra vez, a las críticas de días atrás, pero a continuación, sin pausa entre las palabras citadas en último lugar, cambiando tono de voz, haciéndolo reclamador, espetó: “Déjennos hacer nuestro trabajo, dejen a un lado la mezquindad política y los intereses que buscan, precisamente, frenar la acción de las Fuerzas Federales simplemente por obtener, quizá, un lucro mediático o político”.
Al principio de la semana, sin mencionar la declaración de los alcaldes, emitida en Chihuahua el lunes anterior, criticó a las autoridades locales, municipales y estatales, por eludir, dijo, su trabajo.
Ni siquiera en un momento tan dramático, ilustrativo como pocos, de la gravísima crisis de la totalidad de las instituciones encargadas de aplicar y procurar justicia, pues en la puesta en marcha del Casino Royale están implicadas todas las autoridades, incluido el Poder Judicial Federal, Calderón fue capaz de dejar a un lado las querellas electorales.
Y es que este negocio ilustra la crisis de las instituciones. En el curso del año había sufrido dos ataques y ahora se rumora que, probablemente, el ataque obedezca a la negativa de sus dueños a pagar la cuota respectiva al crimen organizado.
Más aún, cuando el gobierno de Ernesto Zedillo y después el de Vicente Fox –por pura casualidad, los principales aconsejadores de ahora en materia de narcotráfico– decidieron impulsar la apertura de casinos, los opositores a esta medida argumentaron –argumentamos– que esa era una veta peligrosísima para la seguridad pública, pues impulsaría el lavado de dinero procedente del narcotráfico. Quizá esto se encuentre en el fondo del ataque.
No es todo, oootra vez por pura casualidad, los supuestos propietarios de este negocio son dos de los juniors del jet set político de cuando el PRI era el partido “casi único”, es decir, sus papis formaban parte de la “nomenklatura”, como la denominó Carlos Salinas de Gortari, a la cual no solo sirvió, dirigió y enriqueció, sino que formaba parte de ella destacadamente.
Es de tal modo desafortunado el ataque de Calderón –en el curso de los últimos días, en otro rubro, el de las finanzas, el principal candidato calderonista a la candidatura presidencial, Ernesto Cordero, ha lanzado, no solo ataques mediáticos, sino que ahora ha presentado denuncia penal por el asunto de la deuda del gobierno de Coahuila– que motivó una desusada crítica del gobernador de Chihuahua, César Duarte, siempre tan cuidadoso de no polemizar con los gobernantes federales, en la que lo llamó a “definir si con su estrategia verá por su propio futuro, por el futuro de su partido o por el de México: eso es lo que está en juego”.
El otro aspecto destacado de la postura de Felipe Calderón está encerrado en los párrafos dedicados a Estados Unidos, en los cuales establece que las exorbitantes ganancias obtenidas por los narcotraficantes les permiten contar con una impresionante capacidad de “fuego y destrucción”; que la mayor parte de esas ganancias proceden del mayor mercado de drogas, que es, a su vez, el principal vendedor de armas en el mundo, con las consecuencias que todos conocemos; por lo que, les dice, “… ese consumo de drogas debe reducirse drásticamente, y si eso no es posible, los Estados Unidos deben colaborar, también, cuando menos, para evitar que su trasiego, el de los dólares a México, genere esta violencia insufrible que no queremos los mexicanos” y los llama a buscar una solución para “arrebatarles” a los criminales las “rentas económicas” derivadas del “mercado negro de las drogas”, pero que, en caso contrario, si “están decididos y resignados a consumir drogas” busquen, así lo dijo, otras “alternativas de mercado que cancelen las estratosféricas ganancias de los criminales”.
¿Y cuáles son las alternativas para desaparecer esas fantásticas ganancias? No hay otra, la legalización del tráfico de drogas ¿O cuál otra?
Pero Calderón les ofreció otras opciones, al reclamar que ya nuestro país no puede ser la ruta del trasiego de las drogas y del dinero, los llamó, si no instrumentan las otras “alternativas de mercado”, a establecer “puntos de acceso claros, distintos a la frontera con México. Pero esa situación ya no puede seguir igual”.
Es decir, si los norteamericanos persisten en esa doble política de permitir, de tolerar el ingreso de ciertas cantidades de drogas, las necesarias para mantener el consumo de sus decenas de consumidores (¿Se imaginan qué pasaría, si por casualidad un día ya no llegara la cocaína a Estados Unidos?) deberán pactar con las bandas criminales las rutas permitidas, lo cual llevaría, también, al necesario acuerdo del gobierno mexicano con aquellas.
Todo, por no contar con una auténtica política de Estado y actuar con puras politiquerías. ¡Qué desgracia!
Luis Javier Valero Flores
Imposible desentenderse de la masacre del casino Royale de Monterrey, ni del desusado discurso de Felipe Calderón con ese motivo. Apenas nos aprestábamos a comentar acerca de la reunión de los alcaldes en la capital del estado, cuando ya otra tragedia, inconmensurable, nos obligó a ocupar una buena parte de las reflexiones, que al fin y al cabo, enorme tragedia la nuestra, son parte del mismo problema.
La degradación mostrada por los actores de la ola de violencia es de una increíble velocidad. Vertiginosa.
Apenas reflexionábamos el jueves pasado acerca del salvajismo mostrado por la delincuencia organizada, con motivo del atentado a las puertas de la escuela de Anapra en Juárez, del fusilamiento de dos mujeres en la capital del estado –y las pasmosas cifras de mujeres asesinadas en lo que va del año–, y de la balacera en las afueras del estadio del equipo Santos de Torreón, cuando ya otra tragedia, mayor a la inmediata anterior nos obligaba a dejar de lado asuntos tan importantes, como la postura de los alcaldes de todo el país, a través de sus tres principales organizaciones nacionales.
Ante hechos tan dramáticos como el del Casino Royale, la sociedad espera –esperaría– de los gobernantes actitudes propias de los hombres de Estado, de aquellos que se ponen por encima de los intereses personales, de grupo o de partido y que son capaces de concitar el consenso y la energía necesarias para afrontar los conflictos mayores, aquellos que ponen en riesgo, como el actual, la estabilidad social, fruto de una profundísima crisis de seguridad pública.
Hacer tal señalamiento fue generado por unos increíbles (por supuesto, para el escribiente) párrafos del discurso de Calderón del viernes por la mañana. Ese mensaje contiene, además, otros aspectos que importa detenerse en ellos.
En una parte del mensaje –deberá anotarse que era un discurso escrito previamente, nada se dejó a la improvisación– Calderón muestra su incapacidad para dejar de lado sus ambiciones electorales y su empedernido discurso de achacar a otros –¿Quiénes? – la principal de las responsabilidades. Luego, en un más que críptico mensaje, dejó entrever la posibilidad del establecimiento de acuerdos con la delincuencia organizada, algo que sin ambages se atrevió a proponer el ex presidente Vicente Fox.
Todo lo anterior cobijado por la aceptación, explícita, por primera ocasión, por parte de Calderón de la existencia de actos terroristas, en lo que viene a ser la confirmación de la tesis de la Secretaria de Estado de los EU, Hillary Clinton, acerca de la existencia de una narco-insurgencia en México y la consideración de que amplias zonas del país viven, ya, bajo la figura del Estado fallido, de ahí que el gobierno norteamericano –independientemente del partido al que pertenezca su presidente– haya decidido enviar como embajadores, desde hace ya varios años, a especialistas en estados fallidos y que, por lo menos los dos últimos, el anterior y el actual, hayan sido removidos de sus cargos en alguno de los países del candente medio oriente, como Pakistán y Afganistán, para traerlos a México.
En su discurso, Calderón hace una correcta división entre las responsabilidades de quienes cometieron el crimen, porque segaron vidas de una “manera absurda, injusta y violenta, por la ambición y la maldad de un puñado de criminales”, pero introduce, de manera francamente desquiciante –y desquiciada– una terrible acusación, encubierta bajo el manto del reclamo a quienes le impiden –a él y a sus subordinados, se entiende– efectuar su trabajo. Al momento de llamar a todos a trabajar unidos, dijo que era “momento que también asumamos sin regateos y sin mezquindades, sin dudas, la responsabilidad que nos corresponde para que los delincuentes dejen de lacerar al país”.
Las fuerzas del orden, señaladamente las Fuerzas Federales, están defendiendo a los ciudadanos de los criminales”. Hasta ahí todo apuntaba, otra vez, a las críticas de días atrás, pero a continuación, sin pausa entre las palabras citadas en último lugar, cambiando tono de voz, haciéndolo reclamador, espetó: “Déjennos hacer nuestro trabajo, dejen a un lado la mezquindad política y los intereses que buscan, precisamente, frenar la acción de las Fuerzas Federales simplemente por obtener, quizá, un lucro mediático o político”.
Al principio de la semana, sin mencionar la declaración de los alcaldes, emitida en Chihuahua el lunes anterior, criticó a las autoridades locales, municipales y estatales, por eludir, dijo, su trabajo.
Ni siquiera en un momento tan dramático, ilustrativo como pocos, de la gravísima crisis de la totalidad de las instituciones encargadas de aplicar y procurar justicia, pues en la puesta en marcha del Casino Royale están implicadas todas las autoridades, incluido el Poder Judicial Federal, Calderón fue capaz de dejar a un lado las querellas electorales.
Y es que este negocio ilustra la crisis de las instituciones. En el curso del año había sufrido dos ataques y ahora se rumora que, probablemente, el ataque obedezca a la negativa de sus dueños a pagar la cuota respectiva al crimen organizado.
Más aún, cuando el gobierno de Ernesto Zedillo y después el de Vicente Fox –por pura casualidad, los principales aconsejadores de ahora en materia de narcotráfico– decidieron impulsar la apertura de casinos, los opositores a esta medida argumentaron –argumentamos– que esa era una veta peligrosísima para la seguridad pública, pues impulsaría el lavado de dinero procedente del narcotráfico. Quizá esto se encuentre en el fondo del ataque.
No es todo, oootra vez por pura casualidad, los supuestos propietarios de este negocio son dos de los juniors del jet set político de cuando el PRI era el partido “casi único”, es decir, sus papis formaban parte de la “nomenklatura”, como la denominó Carlos Salinas de Gortari, a la cual no solo sirvió, dirigió y enriqueció, sino que formaba parte de ella destacadamente.
Es de tal modo desafortunado el ataque de Calderón –en el curso de los últimos días, en otro rubro, el de las finanzas, el principal candidato calderonista a la candidatura presidencial, Ernesto Cordero, ha lanzado, no solo ataques mediáticos, sino que ahora ha presentado denuncia penal por el asunto de la deuda del gobierno de Coahuila– que motivó una desusada crítica del gobernador de Chihuahua, César Duarte, siempre tan cuidadoso de no polemizar con los gobernantes federales, en la que lo llamó a “definir si con su estrategia verá por su propio futuro, por el futuro de su partido o por el de México: eso es lo que está en juego”.
El otro aspecto destacado de la postura de Felipe Calderón está encerrado en los párrafos dedicados a Estados Unidos, en los cuales establece que las exorbitantes ganancias obtenidas por los narcotraficantes les permiten contar con una impresionante capacidad de “fuego y destrucción”; que la mayor parte de esas ganancias proceden del mayor mercado de drogas, que es, a su vez, el principal vendedor de armas en el mundo, con las consecuencias que todos conocemos; por lo que, les dice, “… ese consumo de drogas debe reducirse drásticamente, y si eso no es posible, los Estados Unidos deben colaborar, también, cuando menos, para evitar que su trasiego, el de los dólares a México, genere esta violencia insufrible que no queremos los mexicanos” y los llama a buscar una solución para “arrebatarles” a los criminales las “rentas económicas” derivadas del “mercado negro de las drogas”, pero que, en caso contrario, si “están decididos y resignados a consumir drogas” busquen, así lo dijo, otras “alternativas de mercado que cancelen las estratosféricas ganancias de los criminales”.
¿Y cuáles son las alternativas para desaparecer esas fantásticas ganancias? No hay otra, la legalización del tráfico de drogas ¿O cuál otra?
Pero Calderón les ofreció otras opciones, al reclamar que ya nuestro país no puede ser la ruta del trasiego de las drogas y del dinero, los llamó, si no instrumentan las otras “alternativas de mercado”, a establecer “puntos de acceso claros, distintos a la frontera con México. Pero esa situación ya no puede seguir igual”.
Es decir, si los norteamericanos persisten en esa doble política de permitir, de tolerar el ingreso de ciertas cantidades de drogas, las necesarias para mantener el consumo de sus decenas de consumidores (¿Se imaginan qué pasaría, si por casualidad un día ya no llegara la cocaína a Estados Unidos?) deberán pactar con las bandas criminales las rutas permitidas, lo cual llevaría, también, al necesario acuerdo del gobierno mexicano con aquellas.
Todo, por no contar con una auténtica política de Estado y actuar con puras politiquerías. ¡Qué desgracia!
miércoles, 24 de agosto de 2011
Cobertura total
El Diario, 23 de agosto de 2011
Luis Javier Valero Flores
El anuncio no puede ser más espectacular: “Hoy Chihuahua y Juárez, muchas veces estigmatizados, dan la nota positiva al país, lo que ningún otro estado de la república ha logrado dar, la de que el 100 por ciento de los jóvenes tienen un lugar en educación media superior y superior”. Así lo dijo el gobernador del estado, César Duarte, en el inicio de cursos de la educación básica.
Hay cosas que se deben elogiar, ésta es una de ellas; podrá tener numerosas aristas criticables, pero sin duda la decisión de empujar –así, literalmente- a todos las instituciones de educación media superior y superior, a aceptar al total de los jóvenes que buscaron un espacio para recibir educación en esos niveles, es un hito en esta materia.
Todos lo dicen, –lo decimos- que el acceso a la educación es una veta, quizá la más importante, para cambiar la estrujante realidad que vivimos, y no sólo por la ola de violencia que nos aqueja, sino también para detener la incesante degradación social, no por nada los países con los más bajos índices de criminalidad y los más altos de tolerancia social, son quienes tienen los más elevados en materia de educación. Por supuesto que también en materia de desarrollo social y de ingresos económicos, pero a mayor nivel de educación, más elevada la participación y la exigencia sociales, de ahí el beneplácito con la medida.
Que tiene numerosos problemas a resolver, ni duda cabe, pero es un cariz que deberá reforzarse casi de manera inmediata, pues en muy pocos días tendremos a la mano consecuencias, no todas positivas, por desgracia, de lo atropellado de la medida. Para empezar, la improvisación de las instalaciones y la adecuación de los espacios, así como el aumento de alumnos por salón escolar, lo que puede acarrear un momentáneo descenso de la calidad académica -aunque no forzosamente- que esperamos sea eso, una momentánea disminución, pero que valoradas las ventajas de la medida no basta para desestimarla.
Son otras las vertientes que deberá afrontar la administración estatal, entre ellas la contratación de más maestros en el nivel de educación media superior y elevar el presupuesto que deberá otorgárseles a las dos universidades públicas que se comprometieron en la medida de aumentar los espacios en sus facultades, la Uacj y la Uach.
Todo ello implica, pareciera que poquito, una drástica reforma a la actual estructura del presupuesto estatal para el año 2012 pues, además de las plazas académicas, deberá presupuestarse lo necesario para las nuevas instalaciones pues es muy probable que ante la decisión de aceptar a todos los que solicitaron un espacio en estos niveles, se desate una mayor demanda el próximo año escolar.
Seguramente que en pocos años tendremos otros problemas, los derivados de la subocupación, o del desempleo "ilustrado" de quienes ingresaron ahora a las facultades y escuelas superiores en un mayor número al acostumbrado y es ahí en donde apreciaremos que, si bien la improvisación actual es bien recibida, por esperada, por necesaria, no será lo mismo si no se adoptan las medidas, de gobierno, destinadas a crear las condiciones necesarias para que la actividad económica en el estado les depare empleo, y bien remunerado.
Pero hay un asunto que, año con año, ocupa la atención de los medios de comunicación, y ese no sería mayor problema, sino porque se constituye en fuente de las preocupaciones de miles de padres de familia: Las cuotas de las asociaciones de padres de familia de las escuelas de educación básica, conocidas popularmente como de inscripción.
El principal argumento esgrimido consiste en que el gobierno estatal no aporta recursos económicos para el mantenimiento de las instalaciones escolares. No hay pretexto válido, además de la legislación existente -la educación impartida por el Estado, deberá ser gratuita y laica- hay otro argumento, más tangible: El presupuesto de egresos de la Federación incluye cada año una partida para cada gobierno estatal, destinada precisamente a ese rubro, el del mantenimiento de las instalaciones escolares.
En el curso de 10 años, del 2000 al 2010, se entregaron a las entidades, a través del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), "poco más de 36 mil millones de pesos para rehabilitar y construir escuelas de educación básica". (Nota de Reforma, 27/IX/10).
El FAM está compuesto por tres subfondos, uno destinado a los desayunos escolares, 46% del total; otro para infraestructura educativa, del 35 por ciento, y el último para infraestructura de educación superior.
Es decir, si esto es cierto, y no hay elementos para creer lo contrario, las entidades federativas han contado con lo necesario, o punto menos que ello, para el mantenimiento de las instalaciones escolares ¿Y entonces, las cuotas para qué?
Correo electrónico: asertodechihuahua@yahoo.com.mx
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
El anuncio no puede ser más espectacular: “Hoy Chihuahua y Juárez, muchas veces estigmatizados, dan la nota positiva al país, lo que ningún otro estado de la república ha logrado dar, la de que el 100 por ciento de los jóvenes tienen un lugar en educación media superior y superior”. Así lo dijo el gobernador del estado, César Duarte, en el inicio de cursos de la educación básica.
Hay cosas que se deben elogiar, ésta es una de ellas; podrá tener numerosas aristas criticables, pero sin duda la decisión de empujar –así, literalmente- a todos las instituciones de educación media superior y superior, a aceptar al total de los jóvenes que buscaron un espacio para recibir educación en esos niveles, es un hito en esta materia.
Todos lo dicen, –lo decimos- que el acceso a la educación es una veta, quizá la más importante, para cambiar la estrujante realidad que vivimos, y no sólo por la ola de violencia que nos aqueja, sino también para detener la incesante degradación social, no por nada los países con los más bajos índices de criminalidad y los más altos de tolerancia social, son quienes tienen los más elevados en materia de educación. Por supuesto que también en materia de desarrollo social y de ingresos económicos, pero a mayor nivel de educación, más elevada la participación y la exigencia sociales, de ahí el beneplácito con la medida.
Que tiene numerosos problemas a resolver, ni duda cabe, pero es un cariz que deberá reforzarse casi de manera inmediata, pues en muy pocos días tendremos a la mano consecuencias, no todas positivas, por desgracia, de lo atropellado de la medida. Para empezar, la improvisación de las instalaciones y la adecuación de los espacios, así como el aumento de alumnos por salón escolar, lo que puede acarrear un momentáneo descenso de la calidad académica -aunque no forzosamente- que esperamos sea eso, una momentánea disminución, pero que valoradas las ventajas de la medida no basta para desestimarla.
Son otras las vertientes que deberá afrontar la administración estatal, entre ellas la contratación de más maestros en el nivel de educación media superior y elevar el presupuesto que deberá otorgárseles a las dos universidades públicas que se comprometieron en la medida de aumentar los espacios en sus facultades, la Uacj y la Uach.
Todo ello implica, pareciera que poquito, una drástica reforma a la actual estructura del presupuesto estatal para el año 2012 pues, además de las plazas académicas, deberá presupuestarse lo necesario para las nuevas instalaciones pues es muy probable que ante la decisión de aceptar a todos los que solicitaron un espacio en estos niveles, se desate una mayor demanda el próximo año escolar.
Seguramente que en pocos años tendremos otros problemas, los derivados de la subocupación, o del desempleo "ilustrado" de quienes ingresaron ahora a las facultades y escuelas superiores en un mayor número al acostumbrado y es ahí en donde apreciaremos que, si bien la improvisación actual es bien recibida, por esperada, por necesaria, no será lo mismo si no se adoptan las medidas, de gobierno, destinadas a crear las condiciones necesarias para que la actividad económica en el estado les depare empleo, y bien remunerado.
Pero hay un asunto que, año con año, ocupa la atención de los medios de comunicación, y ese no sería mayor problema, sino porque se constituye en fuente de las preocupaciones de miles de padres de familia: Las cuotas de las asociaciones de padres de familia de las escuelas de educación básica, conocidas popularmente como de inscripción.
El principal argumento esgrimido consiste en que el gobierno estatal no aporta recursos económicos para el mantenimiento de las instalaciones escolares. No hay pretexto válido, además de la legislación existente -la educación impartida por el Estado, deberá ser gratuita y laica- hay otro argumento, más tangible: El presupuesto de egresos de la Federación incluye cada año una partida para cada gobierno estatal, destinada precisamente a ese rubro, el del mantenimiento de las instalaciones escolares.
En el curso de 10 años, del 2000 al 2010, se entregaron a las entidades, a través del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), "poco más de 36 mil millones de pesos para rehabilitar y construir escuelas de educación básica". (Nota de Reforma, 27/IX/10).
El FAM está compuesto por tres subfondos, uno destinado a los desayunos escolares, 46% del total; otro para infraestructura educativa, del 35 por ciento, y el último para infraestructura de educación superior.
Es decir, si esto es cierto, y no hay elementos para creer lo contrario, las entidades federativas han contado con lo necesario, o punto menos que ello, para el mantenimiento de las instalaciones escolares ¿Y entonces, las cuotas para qué?
Correo electrónico: asertodechihuahua@yahoo.com.mx
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
domingo, 21 de agosto de 2011
Encima, la crisis del norte
El Diario, 21 de agosto de 2011
Luis Javier Valero Flores
Primero lo primero, permítaseme una digresión, hablar en primera persona: El próximo martes 23 de agosto cumplo diez años de escribir para la cadena estatal de El Diario –ya antes, en la década de los 90’s, lo había hecho para El Diario de Chihuahua–. Es motivo de una gran satisfacción haber llegado tan lejos.
Tanto tiempo reflexionando con los chihuahuenses desde esta tribuna, la más importante de la entidad, debe agradecerse, y a través de estas líneas lo hago, a Don Osvaldo Rodríguez Borunda, por permitir que en las páginas de El Diario aparezcan las más variadas voces de la comunidad, las más dispares opiniones, todas ellas emanadas de esa misma sociedad que, con su preferencia por nuestro periódico lo han llevado a ocupar uno de los más importantes lugares en el país.
Por desgracia, una buena parte de este tiempo, la mayor parte de los comentarios efectuados los ha ocupado la mayor desgracia ocurrida en la entidad, y sobre todo en la mayor de las urbes chihuahuenses, Juárez. La masacre vivida por el antiguo Paso del Norte la ha llevado a vivir una tragedia que no parece tener fin.
En medio de ella, El Diario se ha convertido en el mejor de los espacios para, desde la trinchera periodística, hacerle frente; en primer lugar, informando, y en segundo, a través de todos los géneros periodísticos –y ahora, por multimedia– poner al descubierto las enormes deficiencias de la actuación gubernamental, no sin afrontar enormes riesgos, para hacer que la comunidad juarense –y la de todo el mundo a través de la internet, pues de esa magnitud es la tragedia– estuviera informada de todo lo acontecido y tuviera a la mano todas las versiones del conflicto, al tiempo que develaba la enorme degradación social ocurrida.
Escribir, en estas condiciones, se convirtió en una tarea de mayor responsabilidad, muy por encima de la que podríamos llamar “normal”; a ella he tratado de corresponder, como al esfuerzo emprendido por el total de quienes hacen posible la aparición cotidiana de El Diario, especialmente a Don Osvaldo, y al cuerpo directivo y editorial de la empresa.
Pero por encima de todos ellos, a nuestros lectores juarenses –en la edición correspondiente– y a los chihuahuenses, que con su preferencia por este periódico, así sea de manera indirecta, han hecho posible este aniversario y que, ojalá, podamos hacer que se repita muchas, pero muchas veces más.
Gracias.
Ahora vayamos a lo nuestro. La más reciente de las crisis de los Estados Unidos, la de su deuda, ha llevado al mundo a una gravísima situación en la que el fantasma de la recesión se asoma a todo el planeta. Y si las economías de muchas naciones sufrirán grandes estragos, la nuestra no es excepción, por el contrario, la enorme dependencia económica llevará a que en los próximos meses se presenten situaciones aún peores a las sufridas en estos meses.
Pero si el país tiene una elevada dependencia, Chihuahua sufrirá aún más. Por desgracia, nuestra estructura económica está sustentada, en mayor medida que la mayor parte de las entidades, en el intercambio comercial con aquella nación. Más aún, la principal de las actividades económicas, la industria maquiladora, está ligada directamente a la capacidad adquisitiva de las familias norteamericanas.
Nos ufanamos de ser de los más importantes productores de televisores, de teléfonos celulares, de autopartes, de ropa, etc. Bueno, pues ahora sufriremos las consecuencias de no haber desarrollado esa política económica-industrial, pues en tales condiciones, los compradores norteamericanos dejarán de hacerlo en los ritmos “normales”, y de acuerdo con la opinión de diversos especialistas, con motivo de las políticas encaminadas a disminuir costos de las empresas, los artículos que se producen en las enormes plantas instaladas en territorio chihuahuense, van casi directamente a los puntos de venta al tratar las empresas de mantener el menor tiempo de almacenaje de sus productos y así ahorrar recursos de todo tipo.
Las consecuencias son obvias. Igualmente, ante un crecimiento cero de la economía norteamericana, la industria automotriz, tan importante en la industria maquiladora instalada en Chihuahua, sufrirá un serio decremento de las ventas y, por tanto, disminuirá los ritmos de producción. No hace faltan muchos conocimientos de economía para saber que en las maquiladoras empezarán a disminuir las horas extras, se hablará de despidos programados, probablemente del cierre de algunas plantas y los despidos masivos.
Que las empresas maquiladoras disminuyan sus ritmos de producción, hará que una buena parte el resto de las actividades económicas lo resientan. Ya en este momento existe una seria situación pues la entidad se mantuvo entre los de mayor índice de desempleo en todo el país, con un 6.55 por ciento de su población económicamente activa (PEA) sin una plaza formal de trabajo –por encima del promedio nacional, ubicado en 5.42–, de acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). (Nota del Staff, El Diario, 13/VIII/11).
Chihuahua se colocó en la quinta posición nacional, sólo atrás de Tamaulipas, Tlaxcala, Durango y el Distrito Federal. Tales cifras fueron proporcionadas por Melchor Palomares, asesor de la Secretaría del Trabajo estatal, quien señaló que en los últimos 11 años se perdieron más de 80 mil plazas de trabajo, ya que en el año 2000 había más de 700 mil empleos formales, y este año se alcanzó la cifra de 630 mil.
Por otro lado, en el resto de las actividades productivas, de aquellas que pudieran reportarle dividendos a la entidad, como la exportación de becerros, nuez y manzana, lo más probable es que les ocurra lo mismo pues la capacidad de compra de los norteamericanos irá a la baja. Y de la iniciativa del gobernador Duarte, la de venderle carne a los japoneses, sencillamente deberá pensarse para dentro de algunos años, las consecuencias del tsunami fueron desastrosas no solamente para los japoneses, también para el conjunto de la economía mundial.
Así, los cálculos más conservadores podrían ubicar la pérdida de empleos en la industria maquiladora en alrededor de 20-30 mil empleos directos, sumados a los producidos por la inseguridad. Si tomamos en cuenta la cifra de personas que emigraron –cerca de 120 mil en la frontera juarense– muchos de ellos propietarios de micro y medianas empresas, la mayoría dedicadas a los servicios, que son generadoras de muchos empleos, bueno, pues eso también será un factor que incida en el comportamiento de la economía chihuahuense para lo que resta del año, pero sobre todo para el próximo.
Por supuesto que todas las esferas sociales lo resentirán, pero hay un sector que ya en estos momentos lo sufre. No se trata de cualquier sector social, son miembros de las capas medias y medias bajas, con capacidad para enviar a sus hijos a las instituciones de educación superior públicas. Recientemente, se dio a conocer que ante el número tan elevado de estudiantes que requieren una prórroga para pagar su inscripción, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) extendió el periodo de trámites. (Nota de Guadalupe Félix, El Diario, 05/08/11).
Hasta ese día habían atendido a 4 mil estudiantes, y de acuerdo con las cifras del año anterior, en el que 4 mil 200 alumnos pidieron ese apoyo, calculaban las autoridades universitarias que un número mayor lo haría este año. El apoyo consiste en pagar el 50 por ciento de su inscripción y el resto en dos meses.
Este es el cuarto año consecutivo en que se ofrece el servicio de prórroga a miles de estudiantes. En el ciclo escolar de enero-junio del presente año, la cuarta parte de los alumnos requirió un plazo adicional para pagar su inscripción.
Pero la situación es similar con el alumnado del Tecnológico de Juárez en el que 2 mil 420 de ellos tienen una beca total o parcial en la inscripción o han solicitado una prórroga en los pagos. (Nota de Eleazar Reza, El Diario, 18/VIII/11). Pero el director del plantel calcula en 50% el número de alumnos –de un total del 6 mil– beneficiarios de distintas ayudas, ya sea del ámbito oficial o del privado.
Además, a cerca de 300 se les otorga una beca alimenticia pues, según el director del Tec “está comprobado a través de los tutores académicos, que estos estudiantes muchas veces no traen ningún alimento en el estómago durante todo el día”.
Pero no es la única evidencia de los apretones de la crisis. Casi 21 mil usuarios del agua potable firmaron convenios de pagos con la Junta Municipal de Agua de Juárez. (Nota de Nohemí Barraza, El Diario, 5/VIII/11).
Y estas últimas son las cifras de la consecuencia de la actual situación, derivada de la estructura económica y de la inseguridad –en el caso de Juárez– falta lo que produzca el “tsunami” norteamericano.
Luis Javier Valero Flores
Primero lo primero, permítaseme una digresión, hablar en primera persona: El próximo martes 23 de agosto cumplo diez años de escribir para la cadena estatal de El Diario –ya antes, en la década de los 90’s, lo había hecho para El Diario de Chihuahua–. Es motivo de una gran satisfacción haber llegado tan lejos.
Tanto tiempo reflexionando con los chihuahuenses desde esta tribuna, la más importante de la entidad, debe agradecerse, y a través de estas líneas lo hago, a Don Osvaldo Rodríguez Borunda, por permitir que en las páginas de El Diario aparezcan las más variadas voces de la comunidad, las más dispares opiniones, todas ellas emanadas de esa misma sociedad que, con su preferencia por nuestro periódico lo han llevado a ocupar uno de los más importantes lugares en el país.
Por desgracia, una buena parte de este tiempo, la mayor parte de los comentarios efectuados los ha ocupado la mayor desgracia ocurrida en la entidad, y sobre todo en la mayor de las urbes chihuahuenses, Juárez. La masacre vivida por el antiguo Paso del Norte la ha llevado a vivir una tragedia que no parece tener fin.
En medio de ella, El Diario se ha convertido en el mejor de los espacios para, desde la trinchera periodística, hacerle frente; en primer lugar, informando, y en segundo, a través de todos los géneros periodísticos –y ahora, por multimedia– poner al descubierto las enormes deficiencias de la actuación gubernamental, no sin afrontar enormes riesgos, para hacer que la comunidad juarense –y la de todo el mundo a través de la internet, pues de esa magnitud es la tragedia– estuviera informada de todo lo acontecido y tuviera a la mano todas las versiones del conflicto, al tiempo que develaba la enorme degradación social ocurrida.
Escribir, en estas condiciones, se convirtió en una tarea de mayor responsabilidad, muy por encima de la que podríamos llamar “normal”; a ella he tratado de corresponder, como al esfuerzo emprendido por el total de quienes hacen posible la aparición cotidiana de El Diario, especialmente a Don Osvaldo, y al cuerpo directivo y editorial de la empresa.
Pero por encima de todos ellos, a nuestros lectores juarenses –en la edición correspondiente– y a los chihuahuenses, que con su preferencia por este periódico, así sea de manera indirecta, han hecho posible este aniversario y que, ojalá, podamos hacer que se repita muchas, pero muchas veces más.
Gracias.
Ahora vayamos a lo nuestro. La más reciente de las crisis de los Estados Unidos, la de su deuda, ha llevado al mundo a una gravísima situación en la que el fantasma de la recesión se asoma a todo el planeta. Y si las economías de muchas naciones sufrirán grandes estragos, la nuestra no es excepción, por el contrario, la enorme dependencia económica llevará a que en los próximos meses se presenten situaciones aún peores a las sufridas en estos meses.
Pero si el país tiene una elevada dependencia, Chihuahua sufrirá aún más. Por desgracia, nuestra estructura económica está sustentada, en mayor medida que la mayor parte de las entidades, en el intercambio comercial con aquella nación. Más aún, la principal de las actividades económicas, la industria maquiladora, está ligada directamente a la capacidad adquisitiva de las familias norteamericanas.
Nos ufanamos de ser de los más importantes productores de televisores, de teléfonos celulares, de autopartes, de ropa, etc. Bueno, pues ahora sufriremos las consecuencias de no haber desarrollado esa política económica-industrial, pues en tales condiciones, los compradores norteamericanos dejarán de hacerlo en los ritmos “normales”, y de acuerdo con la opinión de diversos especialistas, con motivo de las políticas encaminadas a disminuir costos de las empresas, los artículos que se producen en las enormes plantas instaladas en territorio chihuahuense, van casi directamente a los puntos de venta al tratar las empresas de mantener el menor tiempo de almacenaje de sus productos y así ahorrar recursos de todo tipo.
Las consecuencias son obvias. Igualmente, ante un crecimiento cero de la economía norteamericana, la industria automotriz, tan importante en la industria maquiladora instalada en Chihuahua, sufrirá un serio decremento de las ventas y, por tanto, disminuirá los ritmos de producción. No hace faltan muchos conocimientos de economía para saber que en las maquiladoras empezarán a disminuir las horas extras, se hablará de despidos programados, probablemente del cierre de algunas plantas y los despidos masivos.
Que las empresas maquiladoras disminuyan sus ritmos de producción, hará que una buena parte el resto de las actividades económicas lo resientan. Ya en este momento existe una seria situación pues la entidad se mantuvo entre los de mayor índice de desempleo en todo el país, con un 6.55 por ciento de su población económicamente activa (PEA) sin una plaza formal de trabajo –por encima del promedio nacional, ubicado en 5.42–, de acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). (Nota del Staff, El Diario, 13/VIII/11).
Chihuahua se colocó en la quinta posición nacional, sólo atrás de Tamaulipas, Tlaxcala, Durango y el Distrito Federal. Tales cifras fueron proporcionadas por Melchor Palomares, asesor de la Secretaría del Trabajo estatal, quien señaló que en los últimos 11 años se perdieron más de 80 mil plazas de trabajo, ya que en el año 2000 había más de 700 mil empleos formales, y este año se alcanzó la cifra de 630 mil.
Por otro lado, en el resto de las actividades productivas, de aquellas que pudieran reportarle dividendos a la entidad, como la exportación de becerros, nuez y manzana, lo más probable es que les ocurra lo mismo pues la capacidad de compra de los norteamericanos irá a la baja. Y de la iniciativa del gobernador Duarte, la de venderle carne a los japoneses, sencillamente deberá pensarse para dentro de algunos años, las consecuencias del tsunami fueron desastrosas no solamente para los japoneses, también para el conjunto de la economía mundial.
Así, los cálculos más conservadores podrían ubicar la pérdida de empleos en la industria maquiladora en alrededor de 20-30 mil empleos directos, sumados a los producidos por la inseguridad. Si tomamos en cuenta la cifra de personas que emigraron –cerca de 120 mil en la frontera juarense– muchos de ellos propietarios de micro y medianas empresas, la mayoría dedicadas a los servicios, que son generadoras de muchos empleos, bueno, pues eso también será un factor que incida en el comportamiento de la economía chihuahuense para lo que resta del año, pero sobre todo para el próximo.
Por supuesto que todas las esferas sociales lo resentirán, pero hay un sector que ya en estos momentos lo sufre. No se trata de cualquier sector social, son miembros de las capas medias y medias bajas, con capacidad para enviar a sus hijos a las instituciones de educación superior públicas. Recientemente, se dio a conocer que ante el número tan elevado de estudiantes que requieren una prórroga para pagar su inscripción, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) extendió el periodo de trámites. (Nota de Guadalupe Félix, El Diario, 05/08/11).
Hasta ese día habían atendido a 4 mil estudiantes, y de acuerdo con las cifras del año anterior, en el que 4 mil 200 alumnos pidieron ese apoyo, calculaban las autoridades universitarias que un número mayor lo haría este año. El apoyo consiste en pagar el 50 por ciento de su inscripción y el resto en dos meses.
Este es el cuarto año consecutivo en que se ofrece el servicio de prórroga a miles de estudiantes. En el ciclo escolar de enero-junio del presente año, la cuarta parte de los alumnos requirió un plazo adicional para pagar su inscripción.
Pero la situación es similar con el alumnado del Tecnológico de Juárez en el que 2 mil 420 de ellos tienen una beca total o parcial en la inscripción o han solicitado una prórroga en los pagos. (Nota de Eleazar Reza, El Diario, 18/VIII/11). Pero el director del plantel calcula en 50% el número de alumnos –de un total del 6 mil– beneficiarios de distintas ayudas, ya sea del ámbito oficial o del privado.
Además, a cerca de 300 se les otorga una beca alimenticia pues, según el director del Tec “está comprobado a través de los tutores académicos, que estos estudiantes muchas veces no traen ningún alimento en el estómago durante todo el día”.
Pero no es la única evidencia de los apretones de la crisis. Casi 21 mil usuarios del agua potable firmaron convenios de pagos con la Junta Municipal de Agua de Juárez. (Nota de Nohemí Barraza, El Diario, 5/VIII/11).
Y estas últimas son las cifras de la consecuencia de la actual situación, derivada de la estructura económica y de la inseguridad –en el caso de Juárez– falta lo que produzca el “tsunami” norteamericano.
jueves, 18 de agosto de 2011
Inmediatez
El Diario, 18 de agosto de 2011
Luis Javier Valero Flores
Presos de la inmediatez, no solamente en el caso abordado ahora, sino prácticamente desde la aparición de la actual ola de violencia –desatada a partir de los primeros meses del 2008– no son pocas las ocasiones en que los gobernantes pretenden efectuar acciones, de diversa índole, destinadas, no sólo a enfrentar el incesante incremento delincuencial, sino también para incidir en la percepción ciudadana sobre la seguridad pública, que se transforman en garrafales errores. Más aún, se ha insistido tercamente en la vertiente de la elevación de las penas para prevenir el aumento de la incidencia criminal, a pesar de que continuamente se advierte que los resultados de tal tendencia, en muy poco, o nada, inciden en tal crecimiento delictivo.
Así, algunos años atrás se elevaron las penas para quienes resultaran culpables de feminicidios. Por lo que vemos ahora, muy pocos asesinos de mujeres tuvieron conocimiento de tal medida, pues en tan solo en lo que va del año más de 280 mujeres han sido asesinadas en territorio chihuahuense, a pesar de las sanciones penales incrementadas, cifra que supera a los asesinatos de mujeres cometidos en una década.
No es el único ejemplo de tal aserto, en Texas hace tiempo establecieron la pena de muerte y hasta ahora ese delito no ha disminuido. Entonces, incrementar las penas –por sí sola– no incide en la frecuencia con la que se cometen los delitos.
De este modo podríamos relatar una variada gama de acciones gubernamentales, especialmente las modificaciones legales, que en muy poco inciden en la realidad criminal del Chihuahua de hoy. En ese largo recuento podemos ubicar la Ley Estatal de Extinción de Dominio que prácticamente ninguna autoridad ha usado para acusar a algún delincuente.
Días atrás el gobernador del estado envió al Congreso una propuesta para reformar la composición de los tribunales de juicios orales y de casación, ahora conformados por tres jueces, para integrarlos por un solo juez o magistrado.
A primera vista, con los argumentos usados por la administración estatal, tal modificación adolece del mismo defecto señalado líneas arriba, pues se aduce que “el aumento de los niveles de violencia en nuestra entidad, ha obligado al Estado a responder con mejores mecanismos y operativos para detener y sancionar a los delincuentes, lo cual ha generado el incremento del número de causas penales, propiciando, así, que el Poder Judicial aumente la cantidad de Jueces de Tribunal Oral para constituir más ternas y celebrar más audiencias de debate”.
Pero tal argumentación no la hemos escuchado de parte de los principalmente interesados, es decir, los integrantes del Poder Judicial, y por las informaciones a la mano, podemos inferir que el principal problema del incremento de la violencia en la entidad no radica en el número de jueces, sino en las evidentes carencias y deficiencias del Ministerio Público.
Tal propuesta deja de lado un aspecto, crucial para entender el fracaso del viejo sistema de justicia penal, el de depositar en manos de un solo individuo las más importantes decisiones judiciales. Transferirlas a un tribunal, integrado por tres personas, hacía que se viera con optimismo el futuro de la realidad penal en Chihuahua; hoy se pretende regresar a aquel viejo esquema.
Representa un retroceso. La argumentación de la reforma destaca que “la sociedad podrá apreciar una mejor impartición de justicia al retomar la tradición de nuestra entidad, de conformar estos órganos jurisdiccionales de manera unipersonal”. Precisamente, muchas de las voces contrarias al nuevo sistema de justicia penal, cuando se discutía su aplicación en Chihuahua, decían que era contrario a las tradiciones chihuahuenses, exactamente cuando llegaba a inmensos niveles de repudio ciudadano el sistema de aplicación de justicia, en los que ocupaba lugar preponderante las dudas sobre la honorabilidad de los jueces.
No parece radicar, el problema de la aplicación de justicia, en la reducción del número de jueces en los tribunales, sino en el número de casos impunes, por encima del 90 por ciento, según todas las estadísticas, y si así están las cosas ¿Por qué no mejor confiarle los casos a tres individuos y de ese modo nos aseguramos –por lo menos con un menor margen de error– que se aplique mejor la ley?
Luis Javier Valero Flores
Presos de la inmediatez, no solamente en el caso abordado ahora, sino prácticamente desde la aparición de la actual ola de violencia –desatada a partir de los primeros meses del 2008– no son pocas las ocasiones en que los gobernantes pretenden efectuar acciones, de diversa índole, destinadas, no sólo a enfrentar el incesante incremento delincuencial, sino también para incidir en la percepción ciudadana sobre la seguridad pública, que se transforman en garrafales errores. Más aún, se ha insistido tercamente en la vertiente de la elevación de las penas para prevenir el aumento de la incidencia criminal, a pesar de que continuamente se advierte que los resultados de tal tendencia, en muy poco, o nada, inciden en tal crecimiento delictivo.
Así, algunos años atrás se elevaron las penas para quienes resultaran culpables de feminicidios. Por lo que vemos ahora, muy pocos asesinos de mujeres tuvieron conocimiento de tal medida, pues en tan solo en lo que va del año más de 280 mujeres han sido asesinadas en territorio chihuahuense, a pesar de las sanciones penales incrementadas, cifra que supera a los asesinatos de mujeres cometidos en una década.
No es el único ejemplo de tal aserto, en Texas hace tiempo establecieron la pena de muerte y hasta ahora ese delito no ha disminuido. Entonces, incrementar las penas –por sí sola– no incide en la frecuencia con la que se cometen los delitos.
De este modo podríamos relatar una variada gama de acciones gubernamentales, especialmente las modificaciones legales, que en muy poco inciden en la realidad criminal del Chihuahua de hoy. En ese largo recuento podemos ubicar la Ley Estatal de Extinción de Dominio que prácticamente ninguna autoridad ha usado para acusar a algún delincuente.
Días atrás el gobernador del estado envió al Congreso una propuesta para reformar la composición de los tribunales de juicios orales y de casación, ahora conformados por tres jueces, para integrarlos por un solo juez o magistrado.
A primera vista, con los argumentos usados por la administración estatal, tal modificación adolece del mismo defecto señalado líneas arriba, pues se aduce que “el aumento de los niveles de violencia en nuestra entidad, ha obligado al Estado a responder con mejores mecanismos y operativos para detener y sancionar a los delincuentes, lo cual ha generado el incremento del número de causas penales, propiciando, así, que el Poder Judicial aumente la cantidad de Jueces de Tribunal Oral para constituir más ternas y celebrar más audiencias de debate”.
Pero tal argumentación no la hemos escuchado de parte de los principalmente interesados, es decir, los integrantes del Poder Judicial, y por las informaciones a la mano, podemos inferir que el principal problema del incremento de la violencia en la entidad no radica en el número de jueces, sino en las evidentes carencias y deficiencias del Ministerio Público.
Tal propuesta deja de lado un aspecto, crucial para entender el fracaso del viejo sistema de justicia penal, el de depositar en manos de un solo individuo las más importantes decisiones judiciales. Transferirlas a un tribunal, integrado por tres personas, hacía que se viera con optimismo el futuro de la realidad penal en Chihuahua; hoy se pretende regresar a aquel viejo esquema.
Representa un retroceso. La argumentación de la reforma destaca que “la sociedad podrá apreciar una mejor impartición de justicia al retomar la tradición de nuestra entidad, de conformar estos órganos jurisdiccionales de manera unipersonal”. Precisamente, muchas de las voces contrarias al nuevo sistema de justicia penal, cuando se discutía su aplicación en Chihuahua, decían que era contrario a las tradiciones chihuahuenses, exactamente cuando llegaba a inmensos niveles de repudio ciudadano el sistema de aplicación de justicia, en los que ocupaba lugar preponderante las dudas sobre la honorabilidad de los jueces.
No parece radicar, el problema de la aplicación de justicia, en la reducción del número de jueces en los tribunales, sino en el número de casos impunes, por encima del 90 por ciento, según todas las estadísticas, y si así están las cosas ¿Por qué no mejor confiarle los casos a tres individuos y de ese modo nos aseguramos –por lo menos con un menor margen de error– que se aplique mejor la ley?
martes, 16 de agosto de 2011
¿Y la base dónde está?
El Diario, 16 de agosto de 2011
Luis Javier Valero Flores
Seguramente para muchos la injerencia norteamericana no les representará mayor problema; otros sostienen que no debiera haber objeciones sobre la participación de aquel gobierno en el combate al narcotráfico, ni, probablemente, criticarán la pérdida de soberanía, concepto muy maltrecho en los días que corren.
Sin embargo, perder la soberanía no resulta ser un concepto tan en abstracto, ni mucho menos puede ser tan inofensivo.
Hace unos meses fue asesinado, en las cercanías de San Luis Potosí, el agente del ICE de Estados Unidos, Jaime J. Zapata. Ese hecho está plagado de innumerables circunstancias, por decir lo menos, extrañas. Ahora sabemos, gracias al reportaje del New York Times de la semana pasada, que las evidencias de ese asesinato fueron enviadas a Estados Unidos y ya no formarán parte de las que conocerán los jueces encargados del caso.
El par de agentes habían salido de la ciudad de México, en un viaje inusual pues agentes de tal nivel, muy difícilmente lo hacen por tierra durante tiempos tan largos. Además, ese vehículo estaba preparado para resistir cualquier clase de ataque durante varias horas y proveer a sus ocupantes de lo necesario para hacerlo. Por supuesto que estaba blindado. Entonces ¿Cómo fue que las balas asesinas entraron al vehículo y sólo alcanzaron a uno de los ocupantes?
Una de las versiones establecía que probablemente los agentes conversaban con sus victimarios, la otra, que lo hacían pero con una de las ventanillas con el cristal a medio bajar, por eso pudo, el asesino (s) introducir el arma asesina y disparar.
Al lugar del asesinato llegó cinco minutos después un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y en el curso de tres días, en 60 ciudades de Estados Unidos se había detenido a más de 600 personas, presuntamente involucradas con el tráfico de drogas. No había pasado una semana después de los hechos y las autoridades ya habían detenido a los presuntos responsables del ataque homicida.
La detención masiva en Estados Unidos tuvo como objetivo que los apresados informaran quiénes habían sido los autores del asesinato cometido en México. Al parecer lo lograron.
Por otra parte, diversos medios han publicado, en información otorgada por las agencias norteamericanas, que el flujo de drogas en Estados Unidos se mantiene a pesar de las guerras de los cárteles mexicanos, que son los principales suministradores de ellas.
Días atrás, El Diario publicó un reportaje acerca del flujo de drogas en El Paso, ilustrativo de lo señalado arriba: “Otro joven consumidor de éxtasis y cocaína, dijo que actualmente es ‘casi imposible’ conseguir la droga en Ciudad Juárez, por lo que prefiere adquirirla aquí, y llevar una o dos dosis a la vecina urbe. ‘Tengo casi 10 años que uso coca, y antes con irse a la zona de los antros o no faltaba alguien que tenía el teléfono de un conecte (distribuidor de droga). Pero ahorita te tienes que ir a los barrios muy pobres (en Juárez) y encuentras droga de muy mala calidad’, confesó. ‘Ahorita lo que yo hago al menos, es que compro la coca en El Paso, que está de buena calidad, y me regreso a Juárez’, agregó el joven quien pidió omitir su nombre por razones de seguridad”. (Nota del Staff, El Diario, 31/VII/11).
¿Qué refleja lo anterior?
Que muy probablemente los gobiernos norteamericanos no comparten con los mexicanos la estrategia contra el narco, que allá se tolera, no solamente el consumo –obviamente– sino también el comercio de drogas, bajo la vigilancia de las autoridades, de ahí la forma tan relampagueante en que detuvieron a centenas de narcotraficantes y que para mantener el suministro de drogas de manera regular, de tal modo que no concite sobresaltos públicos, mantienen una cierta relación con algunos –o todos– jefes de los cárteles mexicanos, algo que ya denunció Vicente Zambada, quien acusó al gobierno norteamericano de apoyar sus actividades “comerciales”, razón que explicaría el asesinato de Zapata, quien, en esta versión, sería uno de los canales de comunicación con alguno de los cárteles mexicanos de la droga, de ahí la extraña manera de caer, abatido por las balas de un arma que logró “penetrar” el blindaje de su camioneta.
Luego, entonces, eso de perder soberanía, en este aspecto, no resultó tan inofensivo, en tanto allá se permite la compra-venta de drogas, siempre y cuando mantengan las plazas “frías”, acá lanzan la guerra –y a la guerra– a todo un país, en la que todo suministran a los narcos… hasta las armas.
Y si tales especulaciones son ciertas, querría decir que la base militar mexicana, desde la cual operan los agentes norteamericanos, no queda muy lejos de la capital potosina.
Luis Javier Valero Flores
Seguramente para muchos la injerencia norteamericana no les representará mayor problema; otros sostienen que no debiera haber objeciones sobre la participación de aquel gobierno en el combate al narcotráfico, ni, probablemente, criticarán la pérdida de soberanía, concepto muy maltrecho en los días que corren.
Sin embargo, perder la soberanía no resulta ser un concepto tan en abstracto, ni mucho menos puede ser tan inofensivo.
Hace unos meses fue asesinado, en las cercanías de San Luis Potosí, el agente del ICE de Estados Unidos, Jaime J. Zapata. Ese hecho está plagado de innumerables circunstancias, por decir lo menos, extrañas. Ahora sabemos, gracias al reportaje del New York Times de la semana pasada, que las evidencias de ese asesinato fueron enviadas a Estados Unidos y ya no formarán parte de las que conocerán los jueces encargados del caso.
El par de agentes habían salido de la ciudad de México, en un viaje inusual pues agentes de tal nivel, muy difícilmente lo hacen por tierra durante tiempos tan largos. Además, ese vehículo estaba preparado para resistir cualquier clase de ataque durante varias horas y proveer a sus ocupantes de lo necesario para hacerlo. Por supuesto que estaba blindado. Entonces ¿Cómo fue que las balas asesinas entraron al vehículo y sólo alcanzaron a uno de los ocupantes?
Una de las versiones establecía que probablemente los agentes conversaban con sus victimarios, la otra, que lo hacían pero con una de las ventanillas con el cristal a medio bajar, por eso pudo, el asesino (s) introducir el arma asesina y disparar.
Al lugar del asesinato llegó cinco minutos después un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y en el curso de tres días, en 60 ciudades de Estados Unidos se había detenido a más de 600 personas, presuntamente involucradas con el tráfico de drogas. No había pasado una semana después de los hechos y las autoridades ya habían detenido a los presuntos responsables del ataque homicida.
La detención masiva en Estados Unidos tuvo como objetivo que los apresados informaran quiénes habían sido los autores del asesinato cometido en México. Al parecer lo lograron.
Por otra parte, diversos medios han publicado, en información otorgada por las agencias norteamericanas, que el flujo de drogas en Estados Unidos se mantiene a pesar de las guerras de los cárteles mexicanos, que son los principales suministradores de ellas.
Días atrás, El Diario publicó un reportaje acerca del flujo de drogas en El Paso, ilustrativo de lo señalado arriba: “Otro joven consumidor de éxtasis y cocaína, dijo que actualmente es ‘casi imposible’ conseguir la droga en Ciudad Juárez, por lo que prefiere adquirirla aquí, y llevar una o dos dosis a la vecina urbe. ‘Tengo casi 10 años que uso coca, y antes con irse a la zona de los antros o no faltaba alguien que tenía el teléfono de un conecte (distribuidor de droga). Pero ahorita te tienes que ir a los barrios muy pobres (en Juárez) y encuentras droga de muy mala calidad’, confesó. ‘Ahorita lo que yo hago al menos, es que compro la coca en El Paso, que está de buena calidad, y me regreso a Juárez’, agregó el joven quien pidió omitir su nombre por razones de seguridad”. (Nota del Staff, El Diario, 31/VII/11).
¿Qué refleja lo anterior?
Que muy probablemente los gobiernos norteamericanos no comparten con los mexicanos la estrategia contra el narco, que allá se tolera, no solamente el consumo –obviamente– sino también el comercio de drogas, bajo la vigilancia de las autoridades, de ahí la forma tan relampagueante en que detuvieron a centenas de narcotraficantes y que para mantener el suministro de drogas de manera regular, de tal modo que no concite sobresaltos públicos, mantienen una cierta relación con algunos –o todos– jefes de los cárteles mexicanos, algo que ya denunció Vicente Zambada, quien acusó al gobierno norteamericano de apoyar sus actividades “comerciales”, razón que explicaría el asesinato de Zapata, quien, en esta versión, sería uno de los canales de comunicación con alguno de los cárteles mexicanos de la droga, de ahí la extraña manera de caer, abatido por las balas de un arma que logró “penetrar” el blindaje de su camioneta.
Luego, entonces, eso de perder soberanía, en este aspecto, no resultó tan inofensivo, en tanto allá se permite la compra-venta de drogas, siempre y cuando mantengan las plazas “frías”, acá lanzan la guerra –y a la guerra– a todo un país, en la que todo suministran a los narcos… hasta las armas.
Y si tales especulaciones son ciertas, querría decir que la base militar mexicana, desde la cual operan los agentes norteamericanos, no queda muy lejos de la capital potosina.
domingo, 14 de agosto de 2011
Estrategia antinarco dictada por EU
El Diario, 14 de agosto de 2011
Luis Javier Valero Flores
El estrujante artículo publicado por el influyente periódico norteamericano The New York Times, en el que informó de la existencia de un centro de inteligencia en una base militar mexicana (Nota de Ginger Thompson, 8/VIII/11), vino a corroborar lo que sabíamos de la elevada influencia del gobierno norteamericano en la elaboración y conducción de la estrategia del mexicano en contra de las bandas dedicadas al tráfico de drogas.
Son impactantes algunos de los párrafos de dicho reportaje: “Estados Unidos está ampliando su participación en la sangrienta lucha que sostiene México contra las organizaciones del narcotráfico, enviando nuevos operativos de la CIA y personal militar retirado a ese país y está considerando planes para desplegar a empresas que proporcionan seguridad privada, con la esperanza de lograr un cambio en este esfuerzo que está costando muchos miles de millones de dólares y que hasta ahora ha dado pocos resultados”.
Así, en pocas palabras, el periódico nos planteó la posibilidad que ya esté en curso una más de las operaciones “encubiertas” realizadas por la CIA, ahora en territorio mexicano. No solo han invertido más de mil 400 millones de dólares en asuntos de seguridad pública –a través de los fondos aprobados en la Iniciativa Mérida, vigilados y fiscalizados por ellos–, sino que ahora, “apostados en una base militar al norte de México, en donde –por primera ocasión– los oficiales de seguridad de ambos países trabajan hombro con hombro para recolectar información acerca de los cárteles de la droga y ayudándoles (a los mexicanos) a planear operaciones. Los oficiales (norteamericanos) también están tratando de incrustar un equipo de empresas de seguridad estadounidense dentro de una unidad de veteranos de la Policía anti-narcotráfico mexicana para evadir las leyes mexicanas”.
Ahora sabemos, porque ninguna autoridad lo ha desmentido, de la existencia de ese centro de operaciones y que los agentes de EU no solo aportan información e inteligencia, sino que RECOLECTAN INFORMACIÓN y PLANEAN OPERACIONES, y están elaborando la mejor manera de eludir las leyes mexicanas ¡ayudados, en esta tarea también, por las autoridades mexicanas
El siguiente párrafo es clarísimo: “Después de meses de negociaciones, Estados Unidos estableció un puesto de vigilancia en una base militar del norte de México, logrando que Washington fuera más allá de su tradicional papel de compartir información para estar más directamente involucrado y recolectarla”.
“Estados Unidos ha entrenado a casi 4 mil 500 nuevos agentes de la Policía Federal y ha ayudado a intervenir las líneas telefónicas, a controlar a los informantes y a interrogar a los sospechosos”. Es decir, el cártel de Juárez no mentía cuando amenazó a los “gringos de la DEA”, en las bardas aparecidas en la capital del estado.
Los agentes norteamericanos no solo ayudan a la planeación de operaciones, sino que también intervienen líneas telefónicas y ayudan a “interrogar” a los detenidos, es decir, ya participan directamente en nuestro país en el combate a los narcotraficantes.
Es de tal magnitud el entreguismo que en el caso del asesinato del agente del ICE, Jaime Zapata, les permitieron a los agentes de EU llevarse a Washington los casquillos recuperados del lugar de los hechos, efectuar su propia autopsia al cadáver y trasladar a EU el auto baleado para su inspección.
¿Cómo le van a hacer para aportar esas evidencias, y las acepten los jueces, en los juicios seguidos en contra de los acusados si éstas fueron “exportadas?
El mismo reportaje asienta que la colaboración existente sirvió para la detención de José Antonio Hernández Acosta, “El Diego”, en Chihuahua recientemente, después, dijeron, de una eficiente operación de rastreo desarrollada durante las semanas previas.
Y si tales operaciones existieron ¿En dónde están las masivas detenciones, si es cierto como dicen, que era uno de los más importantes jefes de La Línea? ¿Dónde el listado de empresas propiedad de ese grupo criminal, dónde la lista de las operaciones de lavado de dinero, como hacen todas las policías del mundo cuando detienen a uno de los jefes de los criminales, como éste, al que acusan de haber ordenado la muerte de mil 500 personas?
A la abierta injerencia descrita por el periódico, debemos sumar su afirmación en el sentido que “El Pentágono ha proporcionado equipo sofisticado, incluyendo helicópteros Black Hawk y en los últimos meses ha empezado a utilizar aviones de vigilancia no tripulados sin armamento sobre el suelo mexicano para rastrear a los capos de la droga”.
Además del evidente problema de la injerencia norteamericana, y la indebida sumisión del gobierno mexicano, las informaciones –tanto de WikiLeaks, como del NYT– nos llevan al peor de los escenarios, pues si para todos, con la excepción de los gobernantes mexicanos, es evidente el fracaso de la guerra de Calderón, ahora podemos deducir –y hay una gran cantidad de elementos para afirmarlo– que tal estrategia probablemente no fue decidida por Felipe Calderón, que, a lo sumo, pudo opinar sobre ella o coincidir, pero nada más.
Y es de tal modo preocupante el rumbo adoptado, que nos llevan a conceder la razón a quienes afirman, como Edgardo Buscaglia, el especialista en esta materia, asesor de la ONU, que el gobierno mexicano le apostó, en lugares como Chihuahua, a golpear más a uno de los cárteles para atenuar la violencia –tema que les preocupa enormemente por las consecuencias electorales– y ya con un cártel hegemónico, establecerle condiciones.
Por todos lados aparecen las evidencias de la existencia de tal estrategia. Para la eliminación de Arturo Beltrán Leyva, la presidencia de la república fue quien informó que la DEA les había notificado de la ubicación de ese personaje. Ahora, en la detención de “El Diego” sucede lo mismo; como antes ocurrió en otros resonantes casos, los más importantes de los últimos meses.
Tales informaciones coinciden con la opinión de Buscaglia, quien afirma que la apuesta del gobierno es consolidar a un grupo criminal. (Nota de Sandra Rodríguez Nieto, El Diario, 6/VIII/11).
Su afirmación es contundente, devela la incongruencia del gobierno federal en este tema y confirmaría lo que en la calle es plena convicción: “El gobierno federal mexicano le está apostando a la consolidación de un solo grupo criminal, y no porque los funcionarios necesariamente reciban sobornos, sino porque están convencidos de que la consolidación de un solo grupo, por definición, va a bajar los niveles de violencia visible con alto impacto social. Entonces, ellos, en el caso de Chihuahua, le han dado a Sinaloa una luz verde”.
Esta versión coincide con la que muy altos funcionarios del gobierno federal, en materia de seguridad pública, manejan como eje central de su actuación. No solo eso, algunos de ellos, llegados a Juárez, argumentan que para inhibir el nivel de violencia es necesario, así lo dicen, golpear al cártel “más viejo”.
Tal estrategia permite la “institucionalización de una mafia en el poder”, asevera el especialista, pues “te bajan los homicidios, pero la ciudadanía sigue cautiva, en su patrimonio y en su vida, de un grupo criminal que está controlando todos los resortes del poder”, le declaró Buscaglia a El Diario, después de aseverar que el Cártel de Sinaloa controla casi la mitad del tráfico de drogas en México y es el grupo criminal que menos detenciones ha sufrido.
Para constatar tales aseveraciones, en la misma nota informativa, El Diario encontró que en el documento titulado ‘Detenciones relevantes en Ciudad Juárez al 31 de julio de 2011’ se informa “que, de los 357 aprehendidos que dijeron pertenecer a alguna de las organizaciones criminales que se disputan Juárez, 288 eran integrantes del Cártel de Juárez o La Línea, mientras que sólo 69 pertenecían al Cártel de Sinaloa”.
El fracaso de esta guerra ¿Es de Calderón, o es una estrategia que va más allá del combate a los narcotraficantes y se ubica en un proyecto de más lejano alcance? ¿Por qué, en el caso del asesinato de Zapata, en el curso de tres días detuvieron a más de 600, aparentemente, involucrados, y de inmediato localizaron a los presuntos asesinos? ¿Sólo porque era norteamericano, o porque ellos sí tienen el control de todos los grupos criminales?
¿No sería que pretendían crear una especie de ingobernabilidad para atenuar las reacciones de rechazo a su política injerencista? ¿Por qué la droga fluye normalmente –y hasta mejor y más confiable– en las calles de EU, como si nada hubiese pasado? ¿Quién controla, deveras, el tráfico de drogas?
Luis Javier Valero Flores
El estrujante artículo publicado por el influyente periódico norteamericano The New York Times, en el que informó de la existencia de un centro de inteligencia en una base militar mexicana (Nota de Ginger Thompson, 8/VIII/11), vino a corroborar lo que sabíamos de la elevada influencia del gobierno norteamericano en la elaboración y conducción de la estrategia del mexicano en contra de las bandas dedicadas al tráfico de drogas.
Son impactantes algunos de los párrafos de dicho reportaje: “Estados Unidos está ampliando su participación en la sangrienta lucha que sostiene México contra las organizaciones del narcotráfico, enviando nuevos operativos de la CIA y personal militar retirado a ese país y está considerando planes para desplegar a empresas que proporcionan seguridad privada, con la esperanza de lograr un cambio en este esfuerzo que está costando muchos miles de millones de dólares y que hasta ahora ha dado pocos resultados”.
Así, en pocas palabras, el periódico nos planteó la posibilidad que ya esté en curso una más de las operaciones “encubiertas” realizadas por la CIA, ahora en territorio mexicano. No solo han invertido más de mil 400 millones de dólares en asuntos de seguridad pública –a través de los fondos aprobados en la Iniciativa Mérida, vigilados y fiscalizados por ellos–, sino que ahora, “apostados en una base militar al norte de México, en donde –por primera ocasión– los oficiales de seguridad de ambos países trabajan hombro con hombro para recolectar información acerca de los cárteles de la droga y ayudándoles (a los mexicanos) a planear operaciones. Los oficiales (norteamericanos) también están tratando de incrustar un equipo de empresas de seguridad estadounidense dentro de una unidad de veteranos de la Policía anti-narcotráfico mexicana para evadir las leyes mexicanas”.
Ahora sabemos, porque ninguna autoridad lo ha desmentido, de la existencia de ese centro de operaciones y que los agentes de EU no solo aportan información e inteligencia, sino que RECOLECTAN INFORMACIÓN y PLANEAN OPERACIONES, y están elaborando la mejor manera de eludir las leyes mexicanas ¡ayudados, en esta tarea también, por las autoridades mexicanas
El siguiente párrafo es clarísimo: “Después de meses de negociaciones, Estados Unidos estableció un puesto de vigilancia en una base militar del norte de México, logrando que Washington fuera más allá de su tradicional papel de compartir información para estar más directamente involucrado y recolectarla”.
“Estados Unidos ha entrenado a casi 4 mil 500 nuevos agentes de la Policía Federal y ha ayudado a intervenir las líneas telefónicas, a controlar a los informantes y a interrogar a los sospechosos”. Es decir, el cártel de Juárez no mentía cuando amenazó a los “gringos de la DEA”, en las bardas aparecidas en la capital del estado.
Los agentes norteamericanos no solo ayudan a la planeación de operaciones, sino que también intervienen líneas telefónicas y ayudan a “interrogar” a los detenidos, es decir, ya participan directamente en nuestro país en el combate a los narcotraficantes.
Es de tal magnitud el entreguismo que en el caso del asesinato del agente del ICE, Jaime Zapata, les permitieron a los agentes de EU llevarse a Washington los casquillos recuperados del lugar de los hechos, efectuar su propia autopsia al cadáver y trasladar a EU el auto baleado para su inspección.
¿Cómo le van a hacer para aportar esas evidencias, y las acepten los jueces, en los juicios seguidos en contra de los acusados si éstas fueron “exportadas?
El mismo reportaje asienta que la colaboración existente sirvió para la detención de José Antonio Hernández Acosta, “El Diego”, en Chihuahua recientemente, después, dijeron, de una eficiente operación de rastreo desarrollada durante las semanas previas.
Y si tales operaciones existieron ¿En dónde están las masivas detenciones, si es cierto como dicen, que era uno de los más importantes jefes de La Línea? ¿Dónde el listado de empresas propiedad de ese grupo criminal, dónde la lista de las operaciones de lavado de dinero, como hacen todas las policías del mundo cuando detienen a uno de los jefes de los criminales, como éste, al que acusan de haber ordenado la muerte de mil 500 personas?
A la abierta injerencia descrita por el periódico, debemos sumar su afirmación en el sentido que “El Pentágono ha proporcionado equipo sofisticado, incluyendo helicópteros Black Hawk y en los últimos meses ha empezado a utilizar aviones de vigilancia no tripulados sin armamento sobre el suelo mexicano para rastrear a los capos de la droga”.
Además del evidente problema de la injerencia norteamericana, y la indebida sumisión del gobierno mexicano, las informaciones –tanto de WikiLeaks, como del NYT– nos llevan al peor de los escenarios, pues si para todos, con la excepción de los gobernantes mexicanos, es evidente el fracaso de la guerra de Calderón, ahora podemos deducir –y hay una gran cantidad de elementos para afirmarlo– que tal estrategia probablemente no fue decidida por Felipe Calderón, que, a lo sumo, pudo opinar sobre ella o coincidir, pero nada más.
Y es de tal modo preocupante el rumbo adoptado, que nos llevan a conceder la razón a quienes afirman, como Edgardo Buscaglia, el especialista en esta materia, asesor de la ONU, que el gobierno mexicano le apostó, en lugares como Chihuahua, a golpear más a uno de los cárteles para atenuar la violencia –tema que les preocupa enormemente por las consecuencias electorales– y ya con un cártel hegemónico, establecerle condiciones.
Por todos lados aparecen las evidencias de la existencia de tal estrategia. Para la eliminación de Arturo Beltrán Leyva, la presidencia de la república fue quien informó que la DEA les había notificado de la ubicación de ese personaje. Ahora, en la detención de “El Diego” sucede lo mismo; como antes ocurrió en otros resonantes casos, los más importantes de los últimos meses.
Tales informaciones coinciden con la opinión de Buscaglia, quien afirma que la apuesta del gobierno es consolidar a un grupo criminal. (Nota de Sandra Rodríguez Nieto, El Diario, 6/VIII/11).
Su afirmación es contundente, devela la incongruencia del gobierno federal en este tema y confirmaría lo que en la calle es plena convicción: “El gobierno federal mexicano le está apostando a la consolidación de un solo grupo criminal, y no porque los funcionarios necesariamente reciban sobornos, sino porque están convencidos de que la consolidación de un solo grupo, por definición, va a bajar los niveles de violencia visible con alto impacto social. Entonces, ellos, en el caso de Chihuahua, le han dado a Sinaloa una luz verde”.
Esta versión coincide con la que muy altos funcionarios del gobierno federal, en materia de seguridad pública, manejan como eje central de su actuación. No solo eso, algunos de ellos, llegados a Juárez, argumentan que para inhibir el nivel de violencia es necesario, así lo dicen, golpear al cártel “más viejo”.
Tal estrategia permite la “institucionalización de una mafia en el poder”, asevera el especialista, pues “te bajan los homicidios, pero la ciudadanía sigue cautiva, en su patrimonio y en su vida, de un grupo criminal que está controlando todos los resortes del poder”, le declaró Buscaglia a El Diario, después de aseverar que el Cártel de Sinaloa controla casi la mitad del tráfico de drogas en México y es el grupo criminal que menos detenciones ha sufrido.
Para constatar tales aseveraciones, en la misma nota informativa, El Diario encontró que en el documento titulado ‘Detenciones relevantes en Ciudad Juárez al 31 de julio de 2011’ se informa “que, de los 357 aprehendidos que dijeron pertenecer a alguna de las organizaciones criminales que se disputan Juárez, 288 eran integrantes del Cártel de Juárez o La Línea, mientras que sólo 69 pertenecían al Cártel de Sinaloa”.
El fracaso de esta guerra ¿Es de Calderón, o es una estrategia que va más allá del combate a los narcotraficantes y se ubica en un proyecto de más lejano alcance? ¿Por qué, en el caso del asesinato de Zapata, en el curso de tres días detuvieron a más de 600, aparentemente, involucrados, y de inmediato localizaron a los presuntos asesinos? ¿Sólo porque era norteamericano, o porque ellos sí tienen el control de todos los grupos criminales?
¿No sería que pretendían crear una especie de ingobernabilidad para atenuar las reacciones de rechazo a su política injerencista? ¿Por qué la droga fluye normalmente –y hasta mejor y más confiable– en las calles de EU, como si nada hubiese pasado? ¿Quién controla, deveras, el tráfico de drogas?
jueves, 11 de agosto de 2011
Menudeo político
El Diario, 11 de agosto de 2011
Luis Javier Valero Flores
¿Por qué razón no asoman la cara los diputados federales, del PRI, del PAN y del PRD –ahora que ya tenemos de este último partido, aunque no le tocó el asunto del día de hoy– y nos informan de las razones que tuvieron para no aprobar las partidas presupuestales destinadas a los municipios para satisfacer los ordenamientos contenidos en la ley contra el narcomenudeo?
¿Podrían los diputados locales, todos, explicarnos lo mismo, pero en el ámbito local? ¿Podrían darnos sus razones Felipe Calderón y su secretario de Hacienda, para no incluir en su propuesta de presupuesto de egresos para el año 2011, presentada en septiembre de 2010, las partidas mencionadas líneas arriba?
¿Podríamos saber cuáles fueron los ordenamientos, las líneas de acción dictadas por la Secretaría de Seguridad Pública –para este rubro– durante los dos años transcurridos desde la aprobación de la ahora comentada?
Todos esos cuestionamientos son los que deberemos hacernos, y hacérselos a los legisladores locales, a todos, pero especialmente a los del PAN por intentar crear una controversia, para acusar a sus contrapartes de no efectuar su trabajo en contra del narcomenudeo, mediante su oposición a la postergación de la entrada en vigor de la ley estatal de esa materia, que es una adecuación ordenada por la ley federal.
Otra vez, como si el problema fuera un asunto de leyes y nada más, los diputados del blanquiazul lanzaron una ofensiva para intentar evitar la posposición de la entrada en vigor de la ley. ¿Para qué? ¿Qué ganábamos con tal medida si de todos es sabido que no existe la preparación adecuada en las policías municipales, no se han creado las instalaciones necesarias para realizar lo que establece la mentada ley, no sólo en materia policial sino también en materia de prevención a las adicciones y de la rehabilitación de las personas adictas a alguna droga?
Vamos suponiendo que se hubiese aprobado. ¿Y luego, ya, como por arte de magia, empezaba el combate de las policías municipales contra el narcomenudeo?
De ninguna manera.
Estamos de frente, en toda su magnitud, a la inoperancia del vetusto sistema político –el que le sirvió tantos años al PRI y la última década al PAN– que redacta leyes y no instrumenta las medidas necesarias para hacerlas realidad y no simples ordenamientos lanzados a la basura.
El problema es que la clase política ya produjo sus propias cajas de resonancia y por doquier, para atacar a los gobiernos de los partidos contrarios a sus querencias, se levantan sus voces criticando a los presidentes municipales (y sólo a los del partido contrario) por estar entregando a la sociedad a las garras de los dueños del narcomenudeo pues, dicen, ya nadie lo estará combatiendo.
Pues no, la ley establece tiempos límite, en tanto, rige la actual legislación por lo que estará reservada a las fuerzas federales tales atribuciones, nada de que, porque se aprobó la prórroga de la ley ya nadie combatirá uno de los delitos más disolventes de la sociedad pues hacerlo no es exclusividad de corporación alguna, de acuerdo con la nueva ley, lo que hace es extenderla a los municipios y bajo la actual legislación son las fuerzas federales las encargadas de efectuarlo.
Es de tal envergadura la nueva tarea asignada a los municipios que la Conferencia Nacional de Gobernadores (panistas incluidos) aprobó recientemente en la capital chihuahuense solicitar al Gobierno federal la asignación de 13 mil millones de pesos para hacerle frente a los compromisos derivados de esta ley, a ejercer en los próximos tres años para la creación o reforzamiento de las unidades de inteligencia en las entidades, a efecto de perseguir el lavado de dinero y la aplicación de la ley de extinción de dominio, para detener el flujo de recursos a las organizaciones criminales.
Si hubiesen hecho su trabajo no se verían obligados a solicitar tales cantidades al Gobierno federal y nos hubieran ahorrado el san Quintín de la semana, pero es de tal magnitud la carencia del sentido de hombres de Estado, que toman cualquier asunto para tratar de endilgarle al otro la mayor de las responsabilidades en problemas tan serios como éste.
Luis Javier Valero Flores
¿Por qué razón no asoman la cara los diputados federales, del PRI, del PAN y del PRD –ahora que ya tenemos de este último partido, aunque no le tocó el asunto del día de hoy– y nos informan de las razones que tuvieron para no aprobar las partidas presupuestales destinadas a los municipios para satisfacer los ordenamientos contenidos en la ley contra el narcomenudeo?
¿Podrían los diputados locales, todos, explicarnos lo mismo, pero en el ámbito local? ¿Podrían darnos sus razones Felipe Calderón y su secretario de Hacienda, para no incluir en su propuesta de presupuesto de egresos para el año 2011, presentada en septiembre de 2010, las partidas mencionadas líneas arriba?
¿Podríamos saber cuáles fueron los ordenamientos, las líneas de acción dictadas por la Secretaría de Seguridad Pública –para este rubro– durante los dos años transcurridos desde la aprobación de la ahora comentada?
Todos esos cuestionamientos son los que deberemos hacernos, y hacérselos a los legisladores locales, a todos, pero especialmente a los del PAN por intentar crear una controversia, para acusar a sus contrapartes de no efectuar su trabajo en contra del narcomenudeo, mediante su oposición a la postergación de la entrada en vigor de la ley estatal de esa materia, que es una adecuación ordenada por la ley federal.
Otra vez, como si el problema fuera un asunto de leyes y nada más, los diputados del blanquiazul lanzaron una ofensiva para intentar evitar la posposición de la entrada en vigor de la ley. ¿Para qué? ¿Qué ganábamos con tal medida si de todos es sabido que no existe la preparación adecuada en las policías municipales, no se han creado las instalaciones necesarias para realizar lo que establece la mentada ley, no sólo en materia policial sino también en materia de prevención a las adicciones y de la rehabilitación de las personas adictas a alguna droga?
Vamos suponiendo que se hubiese aprobado. ¿Y luego, ya, como por arte de magia, empezaba el combate de las policías municipales contra el narcomenudeo?
De ninguna manera.
Estamos de frente, en toda su magnitud, a la inoperancia del vetusto sistema político –el que le sirvió tantos años al PRI y la última década al PAN– que redacta leyes y no instrumenta las medidas necesarias para hacerlas realidad y no simples ordenamientos lanzados a la basura.
El problema es que la clase política ya produjo sus propias cajas de resonancia y por doquier, para atacar a los gobiernos de los partidos contrarios a sus querencias, se levantan sus voces criticando a los presidentes municipales (y sólo a los del partido contrario) por estar entregando a la sociedad a las garras de los dueños del narcomenudeo pues, dicen, ya nadie lo estará combatiendo.
Pues no, la ley establece tiempos límite, en tanto, rige la actual legislación por lo que estará reservada a las fuerzas federales tales atribuciones, nada de que, porque se aprobó la prórroga de la ley ya nadie combatirá uno de los delitos más disolventes de la sociedad pues hacerlo no es exclusividad de corporación alguna, de acuerdo con la nueva ley, lo que hace es extenderla a los municipios y bajo la actual legislación son las fuerzas federales las encargadas de efectuarlo.
Es de tal envergadura la nueva tarea asignada a los municipios que la Conferencia Nacional de Gobernadores (panistas incluidos) aprobó recientemente en la capital chihuahuense solicitar al Gobierno federal la asignación de 13 mil millones de pesos para hacerle frente a los compromisos derivados de esta ley, a ejercer en los próximos tres años para la creación o reforzamiento de las unidades de inteligencia en las entidades, a efecto de perseguir el lavado de dinero y la aplicación de la ley de extinción de dominio, para detener el flujo de recursos a las organizaciones criminales.
Si hubiesen hecho su trabajo no se verían obligados a solicitar tales cantidades al Gobierno federal y nos hubieran ahorrado el san Quintín de la semana, pero es de tal magnitud la carencia del sentido de hombres de Estado, que toman cualquier asunto para tratar de endilgarle al otro la mayor de las responsabilidades en problemas tan serios como éste.
martes, 9 de agosto de 2011
Descaro
El Diario, 9 de agosto de 2011
Luis Javier Valero Flores
Cuesta trabajo encontrar similitudes. Los ejemplos más cercanos se remontan a los tiempos del salinismo cuando, en aras de simular un debate o, más bien, una pasarela, Carlos Salinas de Gortari decidió que un buen número de integrantes de su gabinete –los aspirantes presidenciales– comparecieran a la Cámara de Diputados a fin de exponer los asuntos relacionados con sus secretarías, pero en realidad a “mostrarse” ante el país.
Eran los tiempos en que nos estrenábamos con las comparecencias televisadas (inauguradas en el sexenio de Miguel de la Madrid) en ese recinto parlamentario y, por novedad o porque se construían no precisamente los primeros andamios de la alternancia partidaria, lo cierto es que una buena parte de la población seguía atenta tales ejercicios de la clase política. Entonces gozaban de una elevadísima aceptación.
Y como en todos los tiempos los promotores de los candidatos realizaban tareas proselitistas, aunque de manera muy discreta pues eran los tiempos normados por la frase acuñada por Fidel Velázquez –“El que se mueve, se sale de la foto” – y nada debía estorbar a la omnipresencia del sacrosanto “primer priísta del país”. En cuanto se daba la decisión presidencial, todos los recursos del Estado mexicano se ponían al servicio del “Señor Candidato”.
Contra tales extremos se alzó todo el país –por supuesto, descontando a los priístas leales a ese régimen–. De manera sobresaliente en tal repudio ocupaba lugar central el tratar de echar abajo tan descarada conducta patrimonialista pues de todo lo público se creían dueños los gobernantes (de ahí las resistencias a las leyes de transparencia), de ahí las abultadas legislaciones en materia electoral para evitar que en los comicios, quienes gobernaban los usaran en su provecho y, especialmente, para otorgarles condiciones de equidad.
Tales condiciones, esenciales para el establecimiento de un régimen democrático en México, creímos, serían asumidas por los gobiernos emanados del PAN. No fue así. El triunfo de Felipe Calderón fue enmarcado por un dictamen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el cual señaló que la participación del Presidente de la República (Fox) había puesto en riesgo el proceso electoral.
Más recientemente, el mismo tribunal ha señalado conductas violatorias de la ley de Felipe Calderón. Poco parece importarle. Tal conclusión se refuerza con la permisividad mostrada para con sus secretarios, aspirantes a sucederlo.
Lo realizado hasta la fecha, en esa materia, por Javier Lozano, Ernesto Cordero y Alonso Lujambio echa por tierra cualquier esperanza de que alguno de ellos pudiera alentarnos a que, ya instalado en la silla presidencial, respetara el marco legal en materia electoral.
Es tal el descaro que hasta Santiago Creel, otrora beneficiario de tal conducta presidencial (¿Se acuerdan de los permisos extendidos por su dependencia a la apertura de casas de juego, otorgados preponderantemente a Televisa y como hasta en los programas de burlesque aparecía el adusto secretario de Gobernación?) ha pretendido dar el ejemplo al pedir una licencia en el Senado para dedicarse de tiempo completo a la búsqueda de la candidatura.
Los secretarios calderonistas no, al contrario, ahora, con cualquier pretexto viajan a todos el país, inauguran cuanta obra mediana se les aparezca, acuden a cierre de cursos de un plantel, dictan conferencias y, de pasada, pero sólo de pasada, se reúnen con sus simpatizantes.
El colmo lo constituyó Lujambio quien, incluso en horas hábiles, en actos convocados por su investidura gubernamental, es capaz de realizar tareas proselitistas, como la realizada la semana anterior cuando, en plena conferencia de presa, acompañado de la cúpula gubernamental de Chihuahua, se dio tiempo para pronosticar el triunfo de su partido en 2012.
Pero también vino a decirnos que es “completamente falso que la pobreza sea la que empuja a los jóvenes a la delincuencia organizada” pues “es la falta de valores y el descuido de los padres lo que en realidad ha empujado a los jóvenes hacia el delito”.
Días atrás nos había espetado, el encargado de la educación de niños y jóvenes, al tiempo que premiaba a Juan Osorio –uno de los principales productores de los bodrios generados por Televisa–, que “las telenovelas pueden ser un instrumento importante para abatir el analfabetismo y el rezago educativo”.
A su vez, Ernesto Cordero ya nos había dicho que con 6 mil pesos hasta casa, colegiaturas y carro podíamos pagar y que ahora ganamos más que 10 años atrás.
Y quieren ser presidentes…
Luis Javier Valero Flores
Cuesta trabajo encontrar similitudes. Los ejemplos más cercanos se remontan a los tiempos del salinismo cuando, en aras de simular un debate o, más bien, una pasarela, Carlos Salinas de Gortari decidió que un buen número de integrantes de su gabinete –los aspirantes presidenciales– comparecieran a la Cámara de Diputados a fin de exponer los asuntos relacionados con sus secretarías, pero en realidad a “mostrarse” ante el país.
Eran los tiempos en que nos estrenábamos con las comparecencias televisadas (inauguradas en el sexenio de Miguel de la Madrid) en ese recinto parlamentario y, por novedad o porque se construían no precisamente los primeros andamios de la alternancia partidaria, lo cierto es que una buena parte de la población seguía atenta tales ejercicios de la clase política. Entonces gozaban de una elevadísima aceptación.
Y como en todos los tiempos los promotores de los candidatos realizaban tareas proselitistas, aunque de manera muy discreta pues eran los tiempos normados por la frase acuñada por Fidel Velázquez –“El que se mueve, se sale de la foto” – y nada debía estorbar a la omnipresencia del sacrosanto “primer priísta del país”. En cuanto se daba la decisión presidencial, todos los recursos del Estado mexicano se ponían al servicio del “Señor Candidato”.
Contra tales extremos se alzó todo el país –por supuesto, descontando a los priístas leales a ese régimen–. De manera sobresaliente en tal repudio ocupaba lugar central el tratar de echar abajo tan descarada conducta patrimonialista pues de todo lo público se creían dueños los gobernantes (de ahí las resistencias a las leyes de transparencia), de ahí las abultadas legislaciones en materia electoral para evitar que en los comicios, quienes gobernaban los usaran en su provecho y, especialmente, para otorgarles condiciones de equidad.
Tales condiciones, esenciales para el establecimiento de un régimen democrático en México, creímos, serían asumidas por los gobiernos emanados del PAN. No fue así. El triunfo de Felipe Calderón fue enmarcado por un dictamen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el cual señaló que la participación del Presidente de la República (Fox) había puesto en riesgo el proceso electoral.
Más recientemente, el mismo tribunal ha señalado conductas violatorias de la ley de Felipe Calderón. Poco parece importarle. Tal conclusión se refuerza con la permisividad mostrada para con sus secretarios, aspirantes a sucederlo.
Lo realizado hasta la fecha, en esa materia, por Javier Lozano, Ernesto Cordero y Alonso Lujambio echa por tierra cualquier esperanza de que alguno de ellos pudiera alentarnos a que, ya instalado en la silla presidencial, respetara el marco legal en materia electoral.
Es tal el descaro que hasta Santiago Creel, otrora beneficiario de tal conducta presidencial (¿Se acuerdan de los permisos extendidos por su dependencia a la apertura de casas de juego, otorgados preponderantemente a Televisa y como hasta en los programas de burlesque aparecía el adusto secretario de Gobernación?) ha pretendido dar el ejemplo al pedir una licencia en el Senado para dedicarse de tiempo completo a la búsqueda de la candidatura.
Los secretarios calderonistas no, al contrario, ahora, con cualquier pretexto viajan a todos el país, inauguran cuanta obra mediana se les aparezca, acuden a cierre de cursos de un plantel, dictan conferencias y, de pasada, pero sólo de pasada, se reúnen con sus simpatizantes.
El colmo lo constituyó Lujambio quien, incluso en horas hábiles, en actos convocados por su investidura gubernamental, es capaz de realizar tareas proselitistas, como la realizada la semana anterior cuando, en plena conferencia de presa, acompañado de la cúpula gubernamental de Chihuahua, se dio tiempo para pronosticar el triunfo de su partido en 2012.
Pero también vino a decirnos que es “completamente falso que la pobreza sea la que empuja a los jóvenes a la delincuencia organizada” pues “es la falta de valores y el descuido de los padres lo que en realidad ha empujado a los jóvenes hacia el delito”.
Días atrás nos había espetado, el encargado de la educación de niños y jóvenes, al tiempo que premiaba a Juan Osorio –uno de los principales productores de los bodrios generados por Televisa–, que “las telenovelas pueden ser un instrumento importante para abatir el analfabetismo y el rezago educativo”.
A su vez, Ernesto Cordero ya nos había dicho que con 6 mil pesos hasta casa, colegiaturas y carro podíamos pagar y que ahora ganamos más que 10 años atrás.
Y quieren ser presidentes…
domingo, 7 de agosto de 2011
A discusión Ley de Seguridad Nacional
El Diario, 7 de agosto de 2011
Luis Javier Valero Flores
"No queremos unas fuerzas armadas vulneradas por las decisiones equivocadas de su mando civil, ni tampoco envilecidas por una guerra también equivocada que las involucra en tareas que no les corresponden o por actos fuera de la ley de alguno de sus integrantes, que las llevan a enfrentar, no la amenaza exterior, no la defensa del territorio ni el auxilio en caso de desastres, sino a la población civil, a los mismos mexicanos, lo que las degrada de custodia de la nación a policía interior (…) Reiteramos que no sólo estamos hasta la madre de la guerra, sino también del engaño y de la simulación que la hacen posible y la acompañan”: Javier Sicilia.
¿Será que de pronto los legisladores recuperaron la mesura, la sensibilidad y la racionalidad, o que ya inició la campaña electoral?
Pueden, incluso, haber obrado con buena fe pero es que los antecedentes, en lo general, y en este caso en particular, nos llevan a pensar que sus acciones tienen, generalmente, motivaciones electorales.
Apenas en el curso de la semana, una vez que en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados se aprobó la minuta de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, aprobadas por la Cámara de Senadores y desatara la contundente reacción de Javier Sicilia y el Movimiento por una Paz con Justicia y Dignidad, catalogándola como traición, el viernes las fuerzas políticas acreditadas en el Congreso de la Unión concretaron la decisión de convocar a una discusión bicameral, con la participación de la agrupación de Sicilia, en lo que significa, a no dudarlo, un notable giro en las posiciones de los principales partidos.
Las reformas aprobadas por los senadores, para convertirse en ley, deberían aprobarse sin cambio alguno por los diputados y enviarse a la presidencia para su publicación. Tal escenario es el que se podía prever luego que fueron aprobadas en lo general, pero reservados para su discusión todos los artículos, en una decisión que bien podía interpretarse como la puertita para que se aprobaran algunos de los temas que más interesan a los impulsores de estas reformas, Calderón y la cúpula de las fuerzas armadas.
Los legisladores de los tres principales partidos realizaron tal maniobra. En lugar de votarla en contra en lo general y entonces sí dar pie a la discusión de la sociedad, solo los integrantes –¡Quién lo iba a decir– del Partido del Trabajo, casi todos ellos participantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dirigido por Andrés Manuel López Obrador, rechazaron de plano tal propuesta y argumentaron que “contradice la Constitución y los principios del estado de derecho”, pues insiste en los “añejos” conceptos de seguridad nacional surgidos durante la Segunda Guerra Mundial. “La reforma contribuye a acentuar los problemas del actual marco legal” y porque –y ese es el meollo de la reforma– “le otorga al Ejecutivo federal en turno la facultad para que pueda por decreto declarar zonas de afectación, que en lenguaje liso y llano es la suspensión de garantías”.
En contraposición al espíritu de la reforma, argumenta el especialista electoral, Lorenzo Córdova, “el bien último a tutelar no es la emergencia, sino las libertades y los derechos de los individuos, para cuya garantía y protección se debe el Estado y se debe proteger al Ejército y su prestigio como institución clave de la democracia”.
Ante la aprobación de la minuta del Senado, la respuesta de la agrupación de víctimas –de la guerra de los cárteles y de Calderón (los señores de la guerra y la muerte, les llamó en los pasos iniciales del movimiento)– más estructurada, más cohesionada y con mayor presencia en el país, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), fue tajante, decidió suspender unilateralmente el diálogo sostenido con el Poder Legislativo y el Ejecutivo Federal, porque el primero “deshonró” la palabra empeñada al aprobar el dictamen de la ley aprobada en la Cámara de Senadores el 27 de abril pasado y porque diversos integrantes del segundo expresaron su beneplácito por tal aprobación.
Tenía razón el ex alcalde juarense, Reyes Ferriz, cuando afirmó, en distintas ocasiones, vanagloriándose, de que lo efectuado en Juárez por las fuerzas armadas era el plan piloto. Hoy sabemos que entonces ensayaban lo que pretenden elevar al ámbito nacional, es decir, establecer, de facto, una parcial suspensión de las garantías individuales, sin la declaratoria legal por el Poder Legislativo que establezca la duración de tal suspensión, ni los alcances de la acción militar, en aras de preservar un confuso concepto de “seguridad interna”, confuso desde el punto de vista legal.
El plan piloto implicaba el uso de las fuerzas armadas como policías, con todas las consecuencias que ello implica, es decir, privilegiar los conceptos bélicos, a los de la procuración de justicia, conducta congruente, por otra parte, con la concepción que dio origen a la “guerra” de Calderón y que hoy, lejos de distanciarse de ella, la refuerza, a pesar de los abrazos y besos otorgados por Sicilia a varios de los conspicuos integrantes de la cúpula política del país.
Pero recorrer el camino de dialogar con los gobernantes era un esfuerzo necesario de realizar; la esperanza deberá mantenerse hasta el último de los alientos, más si es el caso, como éste, de preservárselos a otras decenas de miles, que pueden sumarse a las del medio centenar de miles que lo perdieron en una guerra sin fin y que ahora Calderón y las fuerzas armadas pretenden convertirla en perenne.
Digámoslo claramente, las fuerzas armadas, para no verse desprotegidas, dicen, en una labor para la que, obviamente no están preparadas, impulsaron por todas las vías posibles la aprobación de estas reformas en las que existe una gravísima vulneración al Estado de Derecho (si se aprobara) pues, sin cambiar el texto constitucional del artículo 29, pretende adjudicarle al Presidente de la República atribuciones meta-constitucionales.
Esto dice tal artículo: “Artículo 29.- En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los Titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías (subrayado de LJVF) que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde”.
Tal facultad, la de que solo puede declarar la suspensión de las garantías constitucionales, si es aprobada por el Congreso, la pretenden cambiar por el procedimiento contenido en la reforma (diversos artículos) consistente en que, a solicitud de un congreso estatal, o de un ayuntamiento, ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Presidente declarará la suspensión y una vez declarada, y solo hasta que haya terminado, informará al Congreso de la Unión ¿Y si nunca la declara terminada, cuándo le informaría al Senado?
De ahí la pregunta de la ex presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes, ante la premura del total de los senadores de su partido ¿Por qué tanta prisa si todavía no somos gobierno?
Más aún, la reforma aprobada por los senadores le otorga al Presidente amplias facultades discrecionales para enfrentar “mediante las fuerzas armadas y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y por medio de la represión, el espionaje a los ciudadanos e interrogatorios a civiles, estados de conflictos o alteraciones diversas de mayor peligro para la seguridad interior”. (Editorial de La Jornada, 21/IV/11)
No es el único punto peligroso, en aras del confuso concepto de “seguridad interna”, cuando, a juicio del Consejo de Seguridad Nacional de Seguridad Pública se vea afectada, el jefe del Ejecutivo federal podrá usar a las fuerzas armadas contra movimientos o conflictos de carácter político, electoral, de índole social o del trabajo, en una modificación que recuerda, en mucho, la persistencia de Calderón, en 2006, de exigirle a Vicente Fox usara la fuerza para desalojar el plantón de la avenida Reforma, promovido por López Obrador.
Ahora, todo eso, dicen los legisladores, será puesto a discusión y se declaran abiertos a aceptar argumentos contrarios a la reforma aprobada ¿Les creemos?
Luis Javier Valero Flores
"No queremos unas fuerzas armadas vulneradas por las decisiones equivocadas de su mando civil, ni tampoco envilecidas por una guerra también equivocada que las involucra en tareas que no les corresponden o por actos fuera de la ley de alguno de sus integrantes, que las llevan a enfrentar, no la amenaza exterior, no la defensa del territorio ni el auxilio en caso de desastres, sino a la población civil, a los mismos mexicanos, lo que las degrada de custodia de la nación a policía interior (…) Reiteramos que no sólo estamos hasta la madre de la guerra, sino también del engaño y de la simulación que la hacen posible y la acompañan”: Javier Sicilia.
¿Será que de pronto los legisladores recuperaron la mesura, la sensibilidad y la racionalidad, o que ya inició la campaña electoral?
Pueden, incluso, haber obrado con buena fe pero es que los antecedentes, en lo general, y en este caso en particular, nos llevan a pensar que sus acciones tienen, generalmente, motivaciones electorales.
Apenas en el curso de la semana, una vez que en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados se aprobó la minuta de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, aprobadas por la Cámara de Senadores y desatara la contundente reacción de Javier Sicilia y el Movimiento por una Paz con Justicia y Dignidad, catalogándola como traición, el viernes las fuerzas políticas acreditadas en el Congreso de la Unión concretaron la decisión de convocar a una discusión bicameral, con la participación de la agrupación de Sicilia, en lo que significa, a no dudarlo, un notable giro en las posiciones de los principales partidos.
Las reformas aprobadas por los senadores, para convertirse en ley, deberían aprobarse sin cambio alguno por los diputados y enviarse a la presidencia para su publicación. Tal escenario es el que se podía prever luego que fueron aprobadas en lo general, pero reservados para su discusión todos los artículos, en una decisión que bien podía interpretarse como la puertita para que se aprobaran algunos de los temas que más interesan a los impulsores de estas reformas, Calderón y la cúpula de las fuerzas armadas.
Los legisladores de los tres principales partidos realizaron tal maniobra. En lugar de votarla en contra en lo general y entonces sí dar pie a la discusión de la sociedad, solo los integrantes –¡Quién lo iba a decir– del Partido del Trabajo, casi todos ellos participantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dirigido por Andrés Manuel López Obrador, rechazaron de plano tal propuesta y argumentaron que “contradice la Constitución y los principios del estado de derecho”, pues insiste en los “añejos” conceptos de seguridad nacional surgidos durante la Segunda Guerra Mundial. “La reforma contribuye a acentuar los problemas del actual marco legal” y porque –y ese es el meollo de la reforma– “le otorga al Ejecutivo federal en turno la facultad para que pueda por decreto declarar zonas de afectación, que en lenguaje liso y llano es la suspensión de garantías”.
En contraposición al espíritu de la reforma, argumenta el especialista electoral, Lorenzo Córdova, “el bien último a tutelar no es la emergencia, sino las libertades y los derechos de los individuos, para cuya garantía y protección se debe el Estado y se debe proteger al Ejército y su prestigio como institución clave de la democracia”.
Ante la aprobación de la minuta del Senado, la respuesta de la agrupación de víctimas –de la guerra de los cárteles y de Calderón (los señores de la guerra y la muerte, les llamó en los pasos iniciales del movimiento)– más estructurada, más cohesionada y con mayor presencia en el país, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), fue tajante, decidió suspender unilateralmente el diálogo sostenido con el Poder Legislativo y el Ejecutivo Federal, porque el primero “deshonró” la palabra empeñada al aprobar el dictamen de la ley aprobada en la Cámara de Senadores el 27 de abril pasado y porque diversos integrantes del segundo expresaron su beneplácito por tal aprobación.
Tenía razón el ex alcalde juarense, Reyes Ferriz, cuando afirmó, en distintas ocasiones, vanagloriándose, de que lo efectuado en Juárez por las fuerzas armadas era el plan piloto. Hoy sabemos que entonces ensayaban lo que pretenden elevar al ámbito nacional, es decir, establecer, de facto, una parcial suspensión de las garantías individuales, sin la declaratoria legal por el Poder Legislativo que establezca la duración de tal suspensión, ni los alcances de la acción militar, en aras de preservar un confuso concepto de “seguridad interna”, confuso desde el punto de vista legal.
El plan piloto implicaba el uso de las fuerzas armadas como policías, con todas las consecuencias que ello implica, es decir, privilegiar los conceptos bélicos, a los de la procuración de justicia, conducta congruente, por otra parte, con la concepción que dio origen a la “guerra” de Calderón y que hoy, lejos de distanciarse de ella, la refuerza, a pesar de los abrazos y besos otorgados por Sicilia a varios de los conspicuos integrantes de la cúpula política del país.
Pero recorrer el camino de dialogar con los gobernantes era un esfuerzo necesario de realizar; la esperanza deberá mantenerse hasta el último de los alientos, más si es el caso, como éste, de preservárselos a otras decenas de miles, que pueden sumarse a las del medio centenar de miles que lo perdieron en una guerra sin fin y que ahora Calderón y las fuerzas armadas pretenden convertirla en perenne.
Digámoslo claramente, las fuerzas armadas, para no verse desprotegidas, dicen, en una labor para la que, obviamente no están preparadas, impulsaron por todas las vías posibles la aprobación de estas reformas en las que existe una gravísima vulneración al Estado de Derecho (si se aprobara) pues, sin cambiar el texto constitucional del artículo 29, pretende adjudicarle al Presidente de la República atribuciones meta-constitucionales.
Esto dice tal artículo: “Artículo 29.- En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los Titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías (subrayado de LJVF) que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde”.
Tal facultad, la de que solo puede declarar la suspensión de las garantías constitucionales, si es aprobada por el Congreso, la pretenden cambiar por el procedimiento contenido en la reforma (diversos artículos) consistente en que, a solicitud de un congreso estatal, o de un ayuntamiento, ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Presidente declarará la suspensión y una vez declarada, y solo hasta que haya terminado, informará al Congreso de la Unión ¿Y si nunca la declara terminada, cuándo le informaría al Senado?
De ahí la pregunta de la ex presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes, ante la premura del total de los senadores de su partido ¿Por qué tanta prisa si todavía no somos gobierno?
Más aún, la reforma aprobada por los senadores le otorga al Presidente amplias facultades discrecionales para enfrentar “mediante las fuerzas armadas y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y por medio de la represión, el espionaje a los ciudadanos e interrogatorios a civiles, estados de conflictos o alteraciones diversas de mayor peligro para la seguridad interior”. (Editorial de La Jornada, 21/IV/11)
No es el único punto peligroso, en aras del confuso concepto de “seguridad interna”, cuando, a juicio del Consejo de Seguridad Nacional de Seguridad Pública se vea afectada, el jefe del Ejecutivo federal podrá usar a las fuerzas armadas contra movimientos o conflictos de carácter político, electoral, de índole social o del trabajo, en una modificación que recuerda, en mucho, la persistencia de Calderón, en 2006, de exigirle a Vicente Fox usara la fuerza para desalojar el plantón de la avenida Reforma, promovido por López Obrador.
Ahora, todo eso, dicen los legisladores, será puesto a discusión y se declaran abiertos a aceptar argumentos contrarios a la reforma aprobada ¿Les creemos?
jueves, 4 de agosto de 2011
“El Diego”
El Diario, 2 de agosto de 2011
Luis Javier Valero Flores
Imposible desligar las publicitadas detenciones de destacados delincuentes, según el gobierno federal, de su afán por mostrar, a la brevedad y conforme se acerca la elección presidencial, avances en el combate al crimen organizado.
Pero al hacerlo, revela, a plenitud, sus enormes carencias y deficiencias. Probablemente no alcancen a percibirlo, pero ya llevan suficiente tiempo en el gobierno como para no haberse percatado de sus enormes incapacidades.
¿Qué hace diferente a las agencias norteamericanas dedicadas a combatir el crimen organizado, de las mexicanas? ¿Cómo es posible que la DEA, por ejemplo, lleve al cabo mejores indagatorias sobre la actividad de los narcotraficantes mexicanos, en México, que las dependencias nacionales encargadas de los mismos asuntos?
No es novedad que al momento de la detención de uno de los delincuentes más peligrosos –como dicen ellos–, con un toque de orgullo, los jefes policiacos mexicanos informen que la misma obedeció a la coordinación sostenida con la DEA, como sucedió con la aprehensión de José Antonio Acosta, a quien ubican con el seudónimo de “El Diego”.
¿Una dependencia policiaca extranjera, con apenas unos cuantos elementos en el país, tiene una mejor labor investigadora que todas las mexicanas juntas?
Entonces es grave el problema que tenemos. La confirmación nos la entregó ayer mismo la PGR al anunciar la separación de 22 delegados de la dependencia en el país, se dice que por no haber pasado los controles de confianza.
Y si lo anterior es cierto, entonces las pintas elaboradas por elementos del crimen organizado, en las que amenazaban a la DEA, corroboran la elevada injerencia de los agentes norteamericanos, más allá, no solamente de las atribuciones legales que pudieran tener y de las violaciones al marco legal existente, que les marca límites muy precisos, sino porque evidencian la enorme incompetencia de las dependencias mexicanas, incapaces de ubicar a los jefes más sobresalientes del crimen organizado, lo que sí hace, al parecer, la dependencia norteamericana.
Siguiendo con las informaciones dudosas, Ramón Eduardo Pequeño, jefe de la División Antidrogas de la PF, al informar de la detención de “El Diego”, afirmó que en su declaración Acosta Hernández aceptó haber ordenado “el homicidio de aproximadamente mil 500 personas”.
Cuesta trabajo aceptar que a delincuentes de este talante, en cuanto los detienen, sufran una especie de diarrea verbal –no verborrea– y acepten, como en el presente caso, ser los autores de infinidad de crímenes y ya ¡Caso resuelto... en las oficinas de la PGR o de la PF, porque en cuanto llegan a las manos de los jueces, estos encuentran tal cúmulo de errores y deficiencias en el expediente, para acreditar la responsabilidad del detenido, que se ven obligados a liberarlos.
Y los elementos los ofrecen las mismas autoridades. Las federales dicen que ya está confeso de ser el autor intelectual de esa cantidad de crímenes ¿Habrán tenido la precaución de que esa declaración la hiciese frente a la autoridad correspondiente y acompañado de su defensor? Porque si no, entonces estaremos ante la posibilidad de que pueda ser liberado.
Así, los funcionarios federales dicen que ya confesó pero las autoridades estatales informan que Acosta no tenía órdenes de aprehensión.
Sin embargo, la extinta Procuraduría General de Justicia, la del sexenio anterior, ubicó a este personaje como el principal operador de varios de los homicidios más estremecedores.
Ahora bien, la sumisión de las autoridades mexicanas ante las norteamericanas se hace patente a cada paso. En el presente caso, igual que en la eliminación de Arturo Beltrán Leyva, la ubicación del presunto delincuente la otorgó la agencia norteamericana y Ramón Eduardo Pequeño, dijo que “por su relación con los homicidios del Consulado norteamericano, sea requerido en extradición por Estados Unidos”.
¿Cómo está eso de que asesinan a tres personas, de origen norteamericano, en territorio mexicano y que sean las autoridades norteamericanas las que exigen la entrega del presunto responsable, para ser procesado en Estados Unidos por haber cometido un delito en México?
¿Acaso el territorio norteamericano abarca, ya hasta Samalayuca? ¿Cómo está eso? ¿Por qué no nos avisaron para ya no pedir la visa norteamericana?
Híjole.
Luis Javier Valero Flores
Imposible desligar las publicitadas detenciones de destacados delincuentes, según el gobierno federal, de su afán por mostrar, a la brevedad y conforme se acerca la elección presidencial, avances en el combate al crimen organizado.
Pero al hacerlo, revela, a plenitud, sus enormes carencias y deficiencias. Probablemente no alcancen a percibirlo, pero ya llevan suficiente tiempo en el gobierno como para no haberse percatado de sus enormes incapacidades.
¿Qué hace diferente a las agencias norteamericanas dedicadas a combatir el crimen organizado, de las mexicanas? ¿Cómo es posible que la DEA, por ejemplo, lleve al cabo mejores indagatorias sobre la actividad de los narcotraficantes mexicanos, en México, que las dependencias nacionales encargadas de los mismos asuntos?
No es novedad que al momento de la detención de uno de los delincuentes más peligrosos –como dicen ellos–, con un toque de orgullo, los jefes policiacos mexicanos informen que la misma obedeció a la coordinación sostenida con la DEA, como sucedió con la aprehensión de José Antonio Acosta, a quien ubican con el seudónimo de “El Diego”.
¿Una dependencia policiaca extranjera, con apenas unos cuantos elementos en el país, tiene una mejor labor investigadora que todas las mexicanas juntas?
Entonces es grave el problema que tenemos. La confirmación nos la entregó ayer mismo la PGR al anunciar la separación de 22 delegados de la dependencia en el país, se dice que por no haber pasado los controles de confianza.
Y si lo anterior es cierto, entonces las pintas elaboradas por elementos del crimen organizado, en las que amenazaban a la DEA, corroboran la elevada injerencia de los agentes norteamericanos, más allá, no solamente de las atribuciones legales que pudieran tener y de las violaciones al marco legal existente, que les marca límites muy precisos, sino porque evidencian la enorme incompetencia de las dependencias mexicanas, incapaces de ubicar a los jefes más sobresalientes del crimen organizado, lo que sí hace, al parecer, la dependencia norteamericana.
Siguiendo con las informaciones dudosas, Ramón Eduardo Pequeño, jefe de la División Antidrogas de la PF, al informar de la detención de “El Diego”, afirmó que en su declaración Acosta Hernández aceptó haber ordenado “el homicidio de aproximadamente mil 500 personas”.
Cuesta trabajo aceptar que a delincuentes de este talante, en cuanto los detienen, sufran una especie de diarrea verbal –no verborrea– y acepten, como en el presente caso, ser los autores de infinidad de crímenes y ya ¡Caso resuelto... en las oficinas de la PGR o de la PF, porque en cuanto llegan a las manos de los jueces, estos encuentran tal cúmulo de errores y deficiencias en el expediente, para acreditar la responsabilidad del detenido, que se ven obligados a liberarlos.
Y los elementos los ofrecen las mismas autoridades. Las federales dicen que ya está confeso de ser el autor intelectual de esa cantidad de crímenes ¿Habrán tenido la precaución de que esa declaración la hiciese frente a la autoridad correspondiente y acompañado de su defensor? Porque si no, entonces estaremos ante la posibilidad de que pueda ser liberado.
Así, los funcionarios federales dicen que ya confesó pero las autoridades estatales informan que Acosta no tenía órdenes de aprehensión.
Sin embargo, la extinta Procuraduría General de Justicia, la del sexenio anterior, ubicó a este personaje como el principal operador de varios de los homicidios más estremecedores.
Ahora bien, la sumisión de las autoridades mexicanas ante las norteamericanas se hace patente a cada paso. En el presente caso, igual que en la eliminación de Arturo Beltrán Leyva, la ubicación del presunto delincuente la otorgó la agencia norteamericana y Ramón Eduardo Pequeño, dijo que “por su relación con los homicidios del Consulado norteamericano, sea requerido en extradición por Estados Unidos”.
¿Cómo está eso de que asesinan a tres personas, de origen norteamericano, en territorio mexicano y que sean las autoridades norteamericanas las que exigen la entrega del presunto responsable, para ser procesado en Estados Unidos por haber cometido un delito en México?
¿Acaso el territorio norteamericano abarca, ya hasta Samalayuca? ¿Cómo está eso? ¿Por qué no nos avisaron para ya no pedir la visa norteamericana?
Híjole.
Nuevo alineamiento en el PAN
El Diario, 4 de agosto de 2011
Luis Javier Valero Flores
Con la difusión de la creación en Chihuahua del “Movimiento Azul”, la disputa por las posiciones para el próximo proceso electoral –y quizá para las del siguiente año, las locales de 2013– dio inicio en el blanquiazul.
Si se da en las mejores condiciones incidirá, cómo no, en los resultados que obtengan en los dos comicios, pero insistir en este aspecto importa no tanto por lo que en ellos se juega sino al panorama adverso en el que lo enfrentarán y que los debiera llevar a plantearse metas más allá de la contienda por la dirigencia estatal. La integración de esta nueva agrupación interna panista llama la atención porque pareciera que en definitiva echa por tierra la antigua alineación prevaleciente, consistente en la existencia de dos grandes históricos acuerpamientos, con una data de, por lo menos, cuando accedieron al gobierno estatal a principios de los 90.
Las antiguas corrientes denominadas coloquialmente como “La familia feliz” –porque gozaban de la vida derivada de participar del presupuesto estatal y eran liderados por Francisco Barrio– y “La santa familia”, dirigidos por Enrique Terrazas –su denominación implicaba la caracterización, aunque iban más allá y se les llegó a identificar como la expresión local de la derecha panista, conocidos como los “dhiacos” o “yunques”– hoy parecen formar parte del pasado.
Ya en los procesos para elegir al dirigente estatal en 2008 y las elecciones federales de 2009 y las locales de 2010, con algunas muestras previas, Javier Corral y Cruz Pérez Cuéllar, dos de los principales activistas del grupo dirigido por Barrio, se habían distanciado notoriamente y habían concretado diversas alianzas que en principio rompían con la vieja alineación pues Pérez Cuéllar se había acercado a Carlos Borruel y éste, a su vez, se había alejado de otros dirigentes como Teresa Ortuño, de quien había sido viejo colaborador; y Juan Blanco, de la hechura de Terrazas, había mostrado ostensiblemente que su candidato al gobierno estatal no era Borruel.
Tanto lo evidenció que la dirigencia estatal, en manos de Pérez Cuéllar, inició el procedimiento para expulsarlo.
Hoy nos encontramos con dos nuevos alineamientos, alejados de los referidos líneas arriba pues al nacimiento de la nueva corriente acudieron Guillermo Luján, Javier Corral, Miguel Jurado, Martín Vargas y Leandro Luján de la vieja guardia “feliz” y Juan Blanco, Antonio López y Manuel Narváez, en su tiempo integrantes de la “santa”, y en los casos de Narváez y Blanco antiguos compañeros de proyectos políticos comunes al interior de su partido.
Pueden aportar nueva fuerza a la encabezada –al parecer– por el diputado Javier Corral, que le ha disputado cerradamente la hegemonía al otro bloque, encabezado por Pérez Cuéllar, César Jáuregui (el secretario deliciense) y el senador Ramón Galindo. Tal forma de alinearse provoca que nos preguntemos qué harán militantes como la senadora Ortuño y el mismísimo Enrique Terrazas pues al parecer tendrán viejos compañeros en ambos agrupamientos. De la definición de ellos, y de otros, dependerá la integración del nuevo Consejo Estatal el 27 de noviembre próximo. En el PAN quien tenga hegemonía en él cuenta con muy grandes ventajas.
La noción que esta corriente interna tiene sobre su partido fue sintetizada por la ex diputada local y ex aspirante a la dirigencia estatal, Rocío Reza, quien dijo que el partido vive momentos complicados porque se ha perdido el rumbo; “se han privilegiado intereses personales o grupales, lo que ha provocado que la gente se aleje del PAN”. En tanto que el alcalde parralense, Miguel Jurado Contreras, enfatizó que “no venimos a promover ninguna candidatura de nadie a ningún puesto de elección popular, estamos aquí para darnos una nueva oportunidad de tener un partido con credibilidad que convoque a la ciudadanía”.
Sin embargo, cuesta mucho entender que un nuevo agrupamiento partidista no se ponga como metas la de obtener la mayoría de la nueva dirigencia y alcanzar puestos de elección popular –por ello el comentario inicial de que disputarán todo, no sólo las posiciones–. El “Movimiento Azul”, al parecer, por su discurso, se plantea la recuperación doctrinal de su partido, que tanta falta les hace en momentos en los que están a punto de perder el gobierno… y el partido.
Pero no son los únicos que argumentan a su favor la necesidad de regresar a los orígenes doctrinarios, el problema es que, para algunos, esa oportunidad se les fue, justamente en el desarrollo del gobierno del militante de cepa que colocaron en la presidencia de México.
Luis Javier Valero Flores
Con la difusión de la creación en Chihuahua del “Movimiento Azul”, la disputa por las posiciones para el próximo proceso electoral –y quizá para las del siguiente año, las locales de 2013– dio inicio en el blanquiazul.
Si se da en las mejores condiciones incidirá, cómo no, en los resultados que obtengan en los dos comicios, pero insistir en este aspecto importa no tanto por lo que en ellos se juega sino al panorama adverso en el que lo enfrentarán y que los debiera llevar a plantearse metas más allá de la contienda por la dirigencia estatal. La integración de esta nueva agrupación interna panista llama la atención porque pareciera que en definitiva echa por tierra la antigua alineación prevaleciente, consistente en la existencia de dos grandes históricos acuerpamientos, con una data de, por lo menos, cuando accedieron al gobierno estatal a principios de los 90.
Las antiguas corrientes denominadas coloquialmente como “La familia feliz” –porque gozaban de la vida derivada de participar del presupuesto estatal y eran liderados por Francisco Barrio– y “La santa familia”, dirigidos por Enrique Terrazas –su denominación implicaba la caracterización, aunque iban más allá y se les llegó a identificar como la expresión local de la derecha panista, conocidos como los “dhiacos” o “yunques”– hoy parecen formar parte del pasado.
Ya en los procesos para elegir al dirigente estatal en 2008 y las elecciones federales de 2009 y las locales de 2010, con algunas muestras previas, Javier Corral y Cruz Pérez Cuéllar, dos de los principales activistas del grupo dirigido por Barrio, se habían distanciado notoriamente y habían concretado diversas alianzas que en principio rompían con la vieja alineación pues Pérez Cuéllar se había acercado a Carlos Borruel y éste, a su vez, se había alejado de otros dirigentes como Teresa Ortuño, de quien había sido viejo colaborador; y Juan Blanco, de la hechura de Terrazas, había mostrado ostensiblemente que su candidato al gobierno estatal no era Borruel.
Tanto lo evidenció que la dirigencia estatal, en manos de Pérez Cuéllar, inició el procedimiento para expulsarlo.
Hoy nos encontramos con dos nuevos alineamientos, alejados de los referidos líneas arriba pues al nacimiento de la nueva corriente acudieron Guillermo Luján, Javier Corral, Miguel Jurado, Martín Vargas y Leandro Luján de la vieja guardia “feliz” y Juan Blanco, Antonio López y Manuel Narváez, en su tiempo integrantes de la “santa”, y en los casos de Narváez y Blanco antiguos compañeros de proyectos políticos comunes al interior de su partido.
Pueden aportar nueva fuerza a la encabezada –al parecer– por el diputado Javier Corral, que le ha disputado cerradamente la hegemonía al otro bloque, encabezado por Pérez Cuéllar, César Jáuregui (el secretario deliciense) y el senador Ramón Galindo. Tal forma de alinearse provoca que nos preguntemos qué harán militantes como la senadora Ortuño y el mismísimo Enrique Terrazas pues al parecer tendrán viejos compañeros en ambos agrupamientos. De la definición de ellos, y de otros, dependerá la integración del nuevo Consejo Estatal el 27 de noviembre próximo. En el PAN quien tenga hegemonía en él cuenta con muy grandes ventajas.
La noción que esta corriente interna tiene sobre su partido fue sintetizada por la ex diputada local y ex aspirante a la dirigencia estatal, Rocío Reza, quien dijo que el partido vive momentos complicados porque se ha perdido el rumbo; “se han privilegiado intereses personales o grupales, lo que ha provocado que la gente se aleje del PAN”. En tanto que el alcalde parralense, Miguel Jurado Contreras, enfatizó que “no venimos a promover ninguna candidatura de nadie a ningún puesto de elección popular, estamos aquí para darnos una nueva oportunidad de tener un partido con credibilidad que convoque a la ciudadanía”.
Sin embargo, cuesta mucho entender que un nuevo agrupamiento partidista no se ponga como metas la de obtener la mayoría de la nueva dirigencia y alcanzar puestos de elección popular –por ello el comentario inicial de que disputarán todo, no sólo las posiciones–. El “Movimiento Azul”, al parecer, por su discurso, se plantea la recuperación doctrinal de su partido, que tanta falta les hace en momentos en los que están a punto de perder el gobierno… y el partido.
Pero no son los únicos que argumentan a su favor la necesidad de regresar a los orígenes doctrinarios, el problema es que, para algunos, esa oportunidad se les fue, justamente en el desarrollo del gobierno del militante de cepa que colocaron en la presidencia de México.
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