¿Y el régimen de consolidación fiscal cuándo?

El Diario, 30 de julio de 2013 Luis Javier Valero Flores Ya desde etapas muy tempranas de la campaña electoral, el equipo de Enrique Peña Nieto había anunciado su intención de insistir en temas torales de las reformas regresivas en materia fiscal que tanto habían buscado sus antecesores, y no sólo los panistas. En una entrevista concedida a la agencia Reuters, Luis Videgaray, a la sazón coordinador general de la campaña del priista, y hoy todopoderoso secretario de Hacienda, anunció que el Gobierno del mexiquense buscaría gravar con IVA a alimentos y medicinas, porque eso “elevaría la recaudación tributaria” (La Jornada, 17/III/13). Además, sostuvo, tales reformas (incluida la energética) deberían aprobarse al “inicio de la administración”. Videgaray, al igual que Vicente Fox, cuando éste quiso avanzar en tal sentido, sostuvo en esa ocasión que el incremento del IVA a tales rubros debería ser compensado con el otorgamiento de otras prebendas a través de los programas sociales a las familias pobres “que se verían afectadas”. Hasta ahí todo encajaba en lo planteado durante, ya décadas, por priistas y panistas, pero al inicio de la actual administración, el PRD se sumó a tal propuesta a través de la adhesión al Pacto por México, el mismo que también incluyó, sorprendentemente, el régimen de consolidación fiscal, del que ahora nadie se acuerda en la discusión preliminar sobre la reforma fiscal que, se dice, propondrán los partidos del Pacto. Pletórico de frases sueltas, aparentemente inconexas o excesivamente generales, el apartado del Pacto referente a los temas fiscales aborda una de las mayores exigencias populares y sólo la menciona al asentar que “Se eliminarán los privilegios fiscales” y luego se refiere, “en particular”, al régimen de consolidación fiscal, el mecanismo ideal de las más grandes empresas asentadas en México para eludir el pago de impuestos. Bueno, pues nadie aborda ese tema. En cambio, ahora sí con mayor amplitud describen lo que apenas está esbozado en el Pacto, en el cual se localiza, inmediatamente después del anterior rubro, lo referente a cobrarles impuestos a los miembros del sector informal de la economía (“se buscará reducir –dice– el sector informal de la economía”), y luego, también en ese lenguaje críptico de la clase política mexicana, enuncian lo del IVA a alimentos y medicinas cuando prometen que “Se revisará el diseño y la ejecución de los impuestos directos e indirectos. (Compromiso 72)”. Unos cuantos puntos antes, también en el mismo lenguaje, plantearon que “se incrementará la base de contribuyentes y se combatirá la elusión y la evasión fiscal. (Compromiso 69)”, es decir, la insistencia en cobrarles impuestos a los comerciantes ambulantes y acabar con los regímenes de privilegios. Y no se crea que es cualquier cosa. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), de la Cámara de Diputados, ha encontrado que durante el presente año, los “beneficios fiscales” otorgados por la Secretaría de Hacienda superarán a lo recaudado por IVA, pues en tanto lo recibido por el cobro de este impuesto, serán alrededor de 622 mil millones de pesos, los beneficios fiscales otorgados ascenderán a poco más de 643 mmdp. Seguramente en las próximas semanas se dará a conocer la lista de las empresas “beneficiadas” con una cantidad semejante a la pagada por todos los mexicanos en materia de IVA, lo peor es que si se crea el IVA en alimentos y medicinas, apenas se recaudarían un poco más de 50 mil millones de pesos, según lo calculado por este organismo, encargado oficialmente de proporcionar apoyo y asesoría al total de los diputados y a la Cámara de Diputados. Pero ni así se habla de desaparecer tal régimen de excepción fiscal; si lo hicieran ya no habría necesidad de un nuevo IVA, vamos, hasta la dependencia petrolera que tienen las finanzas federales desaparecería. Pero se trata de afectar los intereses de los más poderosos, entre los más poderosos de México… y el PRD firmó tal bodrio.

La contienda del “voto duro”

Editorial Aserto No. 120, 28 de julio de 2013. A la mañana siguiente de las elecciones, quienes fueron animosos candidatos, emprendedores militantes y creativos soñadores del futuro inmediato personal y colectivo, se convierten en responsables directos de la continuidad de los factores que contribuyen decisivamente al crecimiento -o el mantenimiento- de las cifras abstencionistas. Es lugar común achacarle a los órganos electorales la responsabilidad de la motivación a votar. Nada más alejado de la realidad. Estos organismos nacieron -los creamos- para conducir con imparcialidad los procesos electorales, su tarea principal era otorgarle certidumbre a la emisión del voto; que se contaran bien, y que contaran los emitidos a favor de cualquier candidato. Luego, en un paso más en la búsqueda de la imparcialidad, se buscó la ciudadanización, es decir, sacar de la conducción a las instancias gubernamentales, enseguida, decidimos quitarle el voto a los partidos en los órganos electorales. El problema es que sacamos a los partidos políticos por el frente y se metieron por la puerta trasera. Impusieron las “cuotas partidarias” en la composición de los órganos electorales. Pese a ello, la ciudadanización se consolidó en la base de la estructura electoral y paulatinamente se fue abriendo la aplicación de una mejor justicia en las resoluciones electorales a través de la creación de los órganos jurisdiccionales. Con la misma velocidad, la clase política, anteriormente circunscrita a un solo partido, se extendió a los partidos emergentes y se adueñó del más veterano de ellos, el único que logró derrotar en las elecciones presidenciales al partido del régimen. Pero la transición democrática no se consolidó, al contrario. El resultado fue que la clase política extendió sus privilegios y ha creado un marco legal que permite la continuidad de los peores rasgos del régimen anterior, sin que se establezcan las bases para su desmantelamiento. Por ello, la mayoría no encontró razones válidas para participar en los procesos electorales. Al contrario, muchas cosas empeoraron. En la base de tal estructura se encuentra la cultura política prevaleciente en la mayoría de la población, por supuesto prohijada por las clases dominantes, cuya principal consecuencia es la falta de interés en la participación política, al grado que una buena parte de los mexicanos considera altamente repudiables a quienes se interesan en ella. No hay mejor estímulo para la participación electoral que la acción gubernamental, tanto la buena, como la mala. Así, prácticamente dejados a dirimir entre el llamado “voto duro” de los partidos, las más recientes elecciones locales arrojaron -hasta el cierre de la edición, con una participación del 35.98%- la más baja participación de la historia electoral de las últimas 3 décadas, con resultados que dejan casi en las mismas circunstancias a los partidos en el poder, aunque con una notoria disminución en el número de alcaldías que mantendrá bajo su poder el PAN. La otra reflexión acerca del comportamiento electoral es la de que la corriente electoral del PAN -para hablar del partido que no está en el poder- se mantiene en Chihuahua a pesar de todo, a pesar del partido, de sus dirigentes, de sus gobernantes y de sus candidatos, por supuesto, no de todos. Si en la elección federal del 2012, la de los senadores, derrotó a los priistas, en la actual fue capaz de derrotarlos en dos distritos de la capital, obtener una elevada votación para su candidato a la alcaldía -cosa inesperada- y apabullarlos en Cuauhtémoc, como pruebas fehacientes de que ahí está y que no se le podrá subestimar en el futuro.

Se consolida el PRI

Aserto No. 120, 28 de julio de 2013 Luis Javier Valero Flores Las elecciones del primer domingo de julio mostraron la consolidación de dos fenómenos. Uno, el del abstencionismo y, dos, la del PRI como fuerza hegemónica en Chihuahua. Durante toda la noche de ese día y hasta la madrugada, el PREP mantuvo congelada una cifra, en todas las elecciones, la de la participación electoral, ubicada en el 35.98%. Dos días después, el presidente del IEE, Fernando Herrera, anunció que rebasaría el 40%, con lo que se significaría como la elección intermedia “más copiosa en la historia de Chihuahua”. Décimas más o menos, el hecho cardinal es que 4 de cada 10 ciudadanos no acudieron a votar. Las razones son muchas, variadas y complejas, pero una podría abarcarlas a todas: La crisis del actual régimen político y su sistema de partidos, la crisis de las instituciones, pues. El paso del régimen del partido casi único, bajo la conducción del PRI durante décadas, al de la alternancia y de la plena competencia electoral no sirvió para mejorar la calidad de vida de la mayoría de los mexicanos; eso, y el insultante crecimiento de los privilegios de la clase política, con su perversa desideologización, en la que da lo mismo ser candidato de uno y otro partido, o de aliarse con uno y con otro, ha logrado permear en la población: No importan los partidos, sólo la lucha individual por escalar posiciones, mantenerse el poder. Tales mensajes han calado hondo, la consecuencia es lógica, un cada vez mayor número de ciudadanos permanecen ajenos a las luchas político-electorales, con lo cual crece el “voto duro”, es decir, los beneficiarios, o que se creen, del ejercicio gubernamental de su partido. Quedan, por supuesto, los simpatizantes y militantes de convicción, por desgracia van a la baja en cada elección. De cualquier manera, un poco más de 1 millón de chihuahuenses acudieron a las urnas. Ellos decidieron. Crece la hegemonía priista Así, por segundo trienio consecutivo el PRI permanecerá en el poder en las dos principales ciudades de la entidad, gobernará a la mayoría de los chihuahuenses pues sus candidatos a las alcaldías triunfaron en 50 municipios, en uno, en alianza con varios partidos. Sus derrotas son dolorosas. El PAN repitió en Delicias y triunfó sorpresivamente en Cuauhtémoc, en ambos casos, contundentemente. Pero esas derrotas las amaina el hecho de que el PAN pasó de 24 alcaldías (una de ellas en coalición con el PRD, Carichí, hoy recuperada por el PRI), a 15 en esta elección, después de perder en municipios emblemáticos como Camargo, Jiménez y Ojinaga, además de que los priistas gobernarán nuevamente en Guachochi. El PRI se convierte en el partido mayoritario en el Congreso, por séptima ocasión consecutiva, aunque ahora sólo 16 militantes de este partido serán diputados merced a haber ganado ese número de distritos, pero en realidad triunfaron en 18 distritos pues el candidato triunfador en Camargo es del Panal, fruto de la alianza con ese partido y el del distrito de Nuevo Casas Grandes milita en el PRD pues ahí fueron en candidatura común. Sorpresivamente, ganaron los 8 distritos de Juárez, pero a cambio perdieron en Cuauhtémoc, Delicias y los distritos capitalinos del XVII y XIX, derrotas inesperadas en Cuauhtémoc y el XIX, no así en los otros dos, de alguna manera dentro de los cálculos realizados. El hartazgo podría ser la explicación de las derrotas de Israel Beltrán, el dos veces alcalde cuauhtemense, y en la de Mónica Morales, hija de la lideresa moral del sindicato de trabajadores del gobierno estatal, Xóchitl Reyes Castro. Por otro lado, la aparición de Maru Campos, en el XVII, ayudó a recuperar parte del electorado panista de un distrito que a pesar de todo mantiene sus preferencias electorales, en tanto que en Delicias pareciera que la mayoría de los ciudadanos valoraron bien la gestión del panista Mario Mata. De acuerdo con los resultados del PREP, todos los partidos obtuvieron votaciones superiores al 2% de la votación, por lo que todos tendrán representación en el Congreso. Más aún, como resultado de los convenios de coalición de los distintos partidos con el PRI, el Panal podrá alcanzar poco más del 13% de la votación; el Verde el 9.33, porcentaje similar al del PT, 9.29; en cambio, el PRD casi llegará al 4% y Movimiento Ciudadano rebasará el 2.5%. A su vez, el PAN será el partido con mayor porcentaje -casi 37%- y el PRI apenas rebasará el 17%. Si bien el reparto de diputados no será semejante a los porcentajes de votación asignados por los convenios electorales, la distribución de las prerrogativas sí lo serán. Y no solo las del dinero, también las de los tiempos en radio y televisión. Fruto de la soberbia con la que afrontaron el proceso electoral, los priistas no presentaron lista de candidatos plurinominales. Creyeron que triunfarían en por lo menos 20 distritos, razón que les impediría participar en el reparto de tales diputados, como había sucedido constantemente en las elecciones anteriores, y se quedaron, por lo menos, sin un diputado que entraría por esa vía, razón que le permitió al PAN acceder al tercer diputado plurinominal. De no suceder algún imprevisto mayor, la distribución de los diputados plurinominales sería de la siguiente manera: 1 diputado a cada uno de los partidos en la primera ronda -la del 2% de la votación- por lo que se asignarían los primeros 6 diputados, de los 11 por esta vía. En la segunda ronda, la de los partidos que hubiesen obtenido por lo menos el 7%, participarían el PAN, Panal, Verde y PT, -y que recibirían los candidatos perdedores de estos partidos con el mayor porcentaje obtenido en los distritos- lo que dejaría solamente un diputado por asignar en la tercera ronda, la de los partidos que hubiesen obtenido por lo menos el 10%, lo que dejaría la disputa entre el PAN y el Panal por el diputado plurinominal número 11, que recaería en el número 2 de las listas presentadas por cada partido, que muy seguramente se le asignaría al PAN. Así, por primera ocasión desde la reforma electoral del 1997, todos los partidos registrados tendrán representación en el Congreso del Estado, cuya 64a. Legislatura quedaría integrada por los 16 del PRI, 7 del PAN, 3 del Panal, 2 del Verde, 2 del PT, 1 del PRD y 1 de Movimiento Ciudadano. A pesar de todo, la mayoría no estará en riesgo para el PRI. Nada nos lleva a pensar que habrá, entre los nuevos diputados de los partidos coaligados, alguno que piense, siquiera, en la independencia de ese poder frente al titular del Poder Ejecutivo, todo lo contrario. De este modo, el PRI gobernará -salvo algunos pequeños cambios- a 50 o 52 municipios en la entidad, en los que se concentra poco más del 90% de la población total con lo que se consolida su hegemonía pues el PAN sólo gobernará a dos municipios de mayor población -Cuauhtémoc y Delicias-, ya que perdió Jiménez, Camargo, Ojinaga y Guachochi. Crisis del sistema de partidos La elección del domingo seguramente dejó infinidad de lecturas. La primera podría ser, de manera simplista, que la ciudadanía evaluó bien la administración de César Duarte; otra, que el PAN obtuvo avances importantes; una más, que a pesar de todo, una parte importante sigue confiando en los procesos electorales -y, por consiguiente, en el actual sistema de partidos- y una más podría ser que la mayoría de la ciudadanía repudia a todos los procesos electorales y que, militantemente, decide no ir a votar. Sin duda que todas son correctas, parcialmente, pero seguramente la más cercana a la realidad -y por tanto más inquietante- es la de que a la mayor parte de la sociedad no le importa, de manera esencial, la política; no sólo porque la repudie, sino porque ignora su importancia, por apatía o por falta de cultura política. Si hubiera que buscarse una razón, y unos responsables, para explicar los elevados grados de abstencionismo, esa la encontraríamos en el modelo político vigente, al que nuestra clase política le ha añadido importantísimos factores locales y nacionales. De ahí que, a pesar del perfeccionamiento del modelo electoral, de la más amplia difusión y de la consolidación de los procesos electorales, sigamos manteniendo los mismos porcentajes de participación electoral, quizá porque algunas de las más negativas prácticas político-electorales se mantengan incólumes, en especial la de la encubierta compra del voto, a través de la entrega de una variedad inmensa de artículos y la de una intensísima movilización de los trabajadores gubernamentales. Califican a los gobernantes El carro completo en Juárez a favor del PRI será un factor que llevarán a la alza los bonos “pro-gubernatura” del alcalde Héctor Murguía pues, por lo menos de los municipios mayores, el candidato priista, Enrique Serrano, alcanzó el diferencial más alto. No sucedió igual en la capital. Sin duda que la tardanza en la culminación de las obras en el centro de la ciudad, especialmente las relacionadas con el Vive Bus, que para muchos ciudadanos era el vivo reflejo de la actual administración estatal, lo que capitalizó las simpatías electorales en favor del PAN, que se reflejaron, no solo en la votación alcanzada por el candidato a la alcaldía, Miguel Riggs, sino en las derrotas priistas en dos de los cinco distritos capitalinos. Por otro lado, las altas votaciones alcanzadas por los candidatos panistas, en comparación con las diversas encuestas realizadas -con la excepción de las efectuadas por El Diario de Juárez, que otorgaron una ventaja de 15 puntos al priista Serrano, diferencia que sí apareció en el PREP-, reflejan el grado de rechazo hacia el gobierno de César Duarte. No es menor. Otro aspecto destacado es que, a pesar de todo, los electores panistas, a pesar de su partido y sus candidatos, fueron superiores a ellos y buscaron la alternancia, quizá no tanto porque votaran por sus propuestas y candidatos, sino porque no había otra opción para votar en contra de la actual administración estatal. Quizá como en muy pocas ocasiones, lo ocurrido en los 35 días de la campaña electoral mostró las deficiencias del modelo electoral vigente, obsoleto a la luz de las necesidades de una sociedad que accedió a novísimas formas de comunicación, que no necesariamente implican una mayor calidad en la información. Nada justificará que los ciudadanos no acudan a votar; es, para algunos, prueba de la profundidad del atraso político en que nos encontramos pues no se puede partir de la idea de que los partidos son malos, todos, y, por tanto, alejarse de los procesos electorales; aspecto importante, pero al fin y al cabo sólo una parte de la vida política a la que tanto, tantos, repudian, sin caer en la cuenta que esa debería ser la actividad principal de todos los ciudadanos pues se trata de la administración de la casa común. Pero cuesta trabajo, para la mayoría de los ciudadanos, entender por qué no se refleja en el mejoramiento de sus estándares de vida la llegada de la plena competencia electoral, de los procesos electorales infinitamente mejores a los de dos décadas atrás, de la democracia electoral, como argumentan los políticos ¿Por qué, si ahora se respeta el voto y hay más partidos políticos, por qué las cosas no mejoran en la proporción que prometen? Deficiencia central de los procesos electorales es el modelo de comunicación social empleado. Ya en la elección presidencial del 2006 se advirtió el hartazgo de una parte de la sociedad hacia la spotización de las campañas electorales. Tal modelo es el vigente en todo el país. En lugar de sustituirlo por el otorgamiento de tiempos a partidos y candidatos, para la presentación de sus propuestas, para la celebración de paneles de candidatos y dirigentes y de la realización de debates. Dos de los debates realizados en la campaña se convirtieron en emblemáticos; uno, por la evidencia de todo lo malo de nuestro modelo electoral y el otro porque nos permitió atisbar a las ventajas de la urgente modernización de los procesos electorales. En primer lugar, el debate de los candidatos a la alcaldía de Juárez fue el compendio de todo lo malo; mostró la subordinación de los órganos electorales -y por extensión del Estado mexicano- a los intereses de los concesionarios de radio y televisión. La legislación deja al arbitrio de estos empresarios la posibilidad de que transmitan, o no, los debates organizados por los órganos electorales. En ese debate se llegó al inaudito extremo de que se realizó con la presentación de cortes comerciales de hasta 5 minutos y medio. Lo anterior, sin tomar en cuenta el formato en el cual a uno le preguntaban una cosa, al otro, otra y así interminablemente. De ahí que el debate entre los candidatos a diputados, celebrado en Chihuahua capital, -el otro extremo emblemático- se convirtiera en una especie de bálsamo (para quienes tuvimos oportunidad de presenciarlo pues casi fue clandestino) ya que a todos los participantes les hicieron las mismas preguntas a lo largo de todo el debate, que por esa razón sí se convirtió en un verdadero debate. Esa característica mostró a plenitud la carencia de recursos de la mayoría de los candidatos, no solo de este proceso electoral, y evidenció el atraso político de las estructuras partidarias que, por otro lado, mostraron su elevada dependencia de la estructura gubernamental y sus programas sociales, así como la alta permisividad para movilizar empleados y funcionarios en aras del cumplimiento de tareas político electorales. Urgente reforma electoral Pero si hubiese una reforma electoral a realizar, esa es la referente al modo en que deben aparecer los logotipos de los partidos integrantes de una coalición. El ciudadano debe tener el derecho, no sólo a elegir al candidato de su preferencia, sino también al partido que pretende mantener vigente, porque, con su voto, de manera directa determina qué partidos deben recibir las prerrogativas señaladas por la legislación electoral. Así, los ciudadanos no sólo eligen a los candidatos, también determinan el alcance de los recursos económicos que se les deben entregar a los partidos y, además, el número de diputados que deben alcanzar en el Congreso del Estado. Por ello, es impostergable cambiar la actual reforma que le deja a las cúpulas partidarias decidir de qué modo se reparten los votos y, por tanto, el número de diputados y monto de prerrogativas de cada partido coaligado, en lugar de que sean los ciudadanos, con sus votos, los que lo determinen. Del mismo modo, en aras de modernizar el modelo electoral, deberá establecerse la obligatoriedad de radiodifundir y televisar masivamente los debates, con el formato de auténtico debate y otorgarle, de este modo, la máxima jerarquía que deberá poseer el órgano electoral en el control de los tiempos del Estado en los medios de comunicación. Pero reformas de tal grado estarán, por lo menos en Chihuahua, a merced de la voluntad del priismo ¿Estarán de acuerdo en ellas? Difícilmente, por lo menos en el papel irían en el sentido de quitarle el tufo patrimonialista a todo el quehacer electoral de los partidos, rasgo que, finalmente, es el prevaleciente en la elección recién terminada y que, por desgracia, es el común denominador de las realizadas en casi medio país. Futurismo Imposible hacer proyecciones políticas al futuro inmediato de Chihuahua. Aunque no aparezcan en las boletas electorales, los gobernantes y sus administraciones son evaluadas en las personas de los candidatos de sus partidos. Podría ufanarse César Duarte de haber librado la aduana de medio sexenio, pero para ello debió echar mano de todos sus recursos para levantar una coalición de todos contra el PAN. Y a pesar de ello, este partido dio la pelea, salió del despeñadero de las derrotas a lo largo del sexenio de Calderón. Probablemente, con un mejor candidato en la capital del estado, y en la mayoría de los distritos de Chihuahua y Juárez pudiera haber obtenido mejores resultados. Si estas deducciones fueran ciertas, querrá decir que existe un porcentaje elevado, del electorado que reprueba a la actual administración estatal, y en el caso de la capital, también a la municipal, encabezada por Marco Adán Quezada. No sucedería así en el caso de Juárez. Héctor “Teto” Murguía sería el victorioso pleno de la elección. Así como podemos concluir que el PRI se consolida como fuerza hegemónica en el estado, también concluiremos que el electorado panista de la ciudad de Chihuahua se ha consolidado, bastará con la aparición de un candidato que atraiga a una parte importante de los electores no identificados con partido alguno para que la competencia se vuelva a resolver por diferencia de algunos cientos de votos, entre los partidos que se disputan a un electorado conservador, rasgo en el que habremos de reflexionar seriamente. Y como no se puede dejar de hacer futurismo, ya están en la palestra los protagonistas de donde saldrán los abanderados para la elección del 2016, enfilados a sustituir al gobernador Duarte. No son los únicos, pero deberán tomarse muy en cuenta. En primer lugar los ganadores de Chihuahua y Juárez, Javier Garfio y Enrique Serrano; no tan atrás los bien calificados, Mario Mata, alcalde de Delicias (quizá el que apareciera como el más adelantado y prácticamente única opción del PAN) y Teto Murguía, de Juárez. No perdió, pero le achacarán las derrotas de Daniela Garza, en el XVII, y de Mónica Morales, en el XIX, así como que en la elección de senadores del año pasado perdieran los priistas en el municipio de Chihuahua. A esa lista deberán agregarse a los legisladores federales, Javier Corral, del PAN, y a Graciela Ortiz, del PRI. No está tan lejos el 2016.

Diez años ¿Perdidos?

Aserto No. 120, 28 de julio de 2013 Luis Javier Valero Flores Interrogado por un grupo de amigos, a mediados de mayo del 2002, acerca del futuro personal inmediato, respondí que editaría una revista mensual. Se corrieron las apuestas. El más benévolo afirmó que no llegaría al número 7. Poco más de un año después, anunciamos la aparición de Aserto. Hoy festejamos el 120, luego de una década que al momento del recuento, -no del personal, que ese al fin y al cabo es estrictamente circunstancial, porque depende en grado sumo del entorno-, de lo ocurrido en Chihuahua, queda la impresión que se perdió una década para las actuales generaciones. La mayor parte de lo más importante fue recogido en nuestras páginas, ya por la interpretación, o la crónica de nuestra larga lista de colaboradores, integrantes de la vasta diversidad política e ideológica de nuestra entidad, pero, sobre todo, en las portadas de la revista, las que hoy nos permiten hacer un somero recuento de lo protagonizado por los chihuahuenses. Así, el número inicial -en junio de 2003- presentamos a los precandidatos de los partidos que se han disputado todo en Chihuahua a lo largo de las últimas tres décadas. En una composición fotográfica aparecieron los priistas José Reyes Baeza y Víctor Anchondo y los panistas, Eduardo Romero, Javier Corral, Samuel Kalish y Jeffrey Jones. Luego, en concordancia con la magnitud de la tragedia, el tema de los feminicidios acaparó la atención de la revista. Las muertas de Chihuahua, denominamos la segunda edición, con una impresionante fotografía, la de unas ropas de mujer plasmadas sobre una plancha del Servicio Médico Forense, sin rastros cadavéricos a la vista. La fotografía impresionaba por lo que debía uno imaginarse acerca del sufrimiento de quien había sido una víctima más de la salvaje masacre feminicida que asoló a Chihuahua. La tragedia, aún mayor fue que, en lugar de amainar, se acentuó a niveles desesperantes en cuanto llegó la ola homicida a partir del 2008. Pero durante largos meses el asesinato de mujeres, las denuncias y el peregrinar de sus familiares ocupó nuestra atención, así como los reclamos de las organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos, que llevaron, casi diez años después a que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sentenciara al Estado mexicano por los múltiples atropellos cometidos, por omisión, a las víctimas, en primer lugar, a sus familiares y al conjunto de la sociedad. Años después, en su reclusión del penal de Chihuahua, entrevistamos a quien dos gobernadores chihuahuenses acusaron de ser el feminicida mayor del estado. Latiff Sharif negó, siempre, ser un asesino, soy inocente, repitió hasta su muerte, el feminicida favorito de los gobernadores Barrio y Patricio declaraba a Aserto su inocencia a pesar de haber sido sentenciado a 20 años de cárcel, por homicidio simple, de una sola mujer, y no por las decenas que frente a las cámaras declararon los gobernantes. Beneficiario de la posibilidad de la libertad, por haber transcurrido en reclusión más de la mitad de su condena, Sharif no quiso salir de la cárcel, y repitió una frase que muy pocos respetan: “De aquí salgo, o inocente, o muerto”. Lo cumplió, murió en la cárcel, víctima de los abusos carcelarios. A lo largo de estos diez años, un tema fue recurrente: Las irregularidades y tropelías cometidas en, primero, la aprobación de las cuentas públicas, y luego, al cambiar la ley, en la simple revisión de las cuentas públicas y en la permanente opacidad con las que se discuten y aprueban en el Congreso del Estado. Eso no ha cambiado ostensiblemente a pesar de las nuevas regulaciones en materia de fiscalización de los recursos públicos. La negociación entre las fuerzas políticas sigue siendo la tónica. Desde luego, para que las principales irregularidades no se sancionen. En estos 10 años, la mayoría del Congreso ha recaído en el PRI, pero el PAN le ha aprobado todas las designaciones de los principales responsables de la fiscalización, de cuyo trabajo luego se queja permanentemente. El tema de los políticos y sus divinos salarios no podía escapar al escrutinio de Aserto, periódicamente apareció sin que tal fenómeno se atenuara a pesar de las múltiples críticas realizadas por miles y miles de ciudadanos, en todos los tonos y formas posibles acerca de los salarios de los funcionarios, como los tituló el cartonista Kabeza, divinos. Poco a poco, casi sin darnos cuenta, ante nuestros ojos se acentuaba el nivel de confrontación de los cárteles de las drogas. Uno de los primeros escándalos, cuyas repercusiones llegan hasta nuestros días, fue la construcción del rastro TIF en Chihuahua y sus sangrientas secuelas, una de las cuales podía ser la del asesinato del regidor del PAN, el empresario Alonso Baeza, cuya muerte aún no se esclarece, del mismo modo que ocurre en miles de asesinatos. Sí, no exageramos, miles. En tanto, la ofensiva neoliberal continuaba. Priistas y panistas aprobaban en el Congreso de la Unión las reformas a las leyes del IMSS y del Issste, demoledores golpes a las conquistas laborales, fruto del mayor conflicto bélico en el país. Todavía en 2005 seguía el feminicidio, aquel que iniciara en el gobierno del panista Francisco Barrio, se acentuara en el del priista Patricio Martínez y llegara hasta el del también priista, José Reyes Baeza. Dimos cuenta de la llegada de las forenses argentinas que identificaron 50 cadáveres de mujeres cruelmente asesinadas. En el gobierno de Reyes Baeza se aprobaba la ley de transparencia y la reforma penal que instauró los juicios orales en materia penal. Al mismo tiempo, informábamos del intento de desafuero de Andrés Manuel López Obrador, ya para entonces, parodiando la propaganda gubernamental, pusimos en portada que Chihuahua era “tierra de ejecuciones”. Los principales temas de Chihuahua seguían abordándose en la revista. Contribuimos a la develación del proyecto de la denominada ciudad Vallina, en Juárez, desmesurado y descarado intento de quitarle a esta ciudad sus reservas de agua. Enseguida el relevo de Fox y la movilizadora electoral de Andrés Manuel López Obrador, junto con la disputa post electoral que a la postre obligó a los partidos y la administración de Felipe Calderón a aprobar la reforma electoral que prohibió la propaganda política en radio y televisión. Un nuevo escándalo nos cimbró, el de los ilegales salarios de las esposas de los alcaldes, ante lo cual el Congreso del Estado les lanzó un ultimátum, en enero de 2007, para que los devolvieran. Sigue pendiente la resolución. Ya en 2007 dábamos cuenta de la destrucción de la Tarahumara por las empresas mineras y publicábamos las primeras imágenes de la explotación de oro por medio de la lixiviación de cianuro de sodio en el municipio de Ocampo. Ese mismo año se presentó la peor cifra de abstencionismo en la entidad, al tiempo que publicamos un extenso reportaje sobre las corruptelas realizadas para permitirle nuevos asentamientos de menonitas que llevarían, escribimos, a que se acabara el agua del desierto. Dos mil ocho, el año del principio de la tragedia homicida empezó muy temprano con el asesinato del dirigente campesino, Armando Villarreal Marta. Y en junio del 2008, apareció la matanza, la primera de Villa Ahumada, luego, los secuestros, la matanza de Creel, que denominamos el color del miedo; la irracional guerra de Calderón, sin sustento, afirmaron el ex vocero de Fox, Rubén Aguilar, y el canciller de ese gobierno, Jorge Castañeda. 2010, la contienda en medio de la matazón; el altercado o atentado en contra de Reyes Baeza; las adquisiciones de la familia Borruel y de inmediato el inicio local de la crisis en el PAN; Corral, un peligro para el PAN, le dijeron sus propios compañeros del gabinete de Calderón. Enseguida la polémica entre Cruz Pérez Cuéllar y Javier Corral, diva, catalogó el primero al actual senador. En tanto crecía la oposición popular a la operación Conjunta Chihuahua, considerada por todos como un fracaso. Juárez, la tragedia nacional, en julio de 2010. Una nación rota por la guerra de Calderón. Las novedades en la Iglesia católica, el nuevo arzobispo de Chihuahua, Constancio Miranda, directo de Toluca. Al tiempo que César Duarte festejaba su triunfo y las críticas se cebaban en el gobernador saliente, Reyes Baeza, éste afirmaba, tajante, -Seguiré en la política. En ese año, 2010, uno de los peores en la masacre de Chihuahua, Aserto se extendía y durante medio año transmitimos semanalmente Aserto Tv a través del canal 10 de Cablemás. Inmediatamente después, en septiembre, nacía Aserto Radio, en Antena FM. En el mes de la patria llegará a su tercer aniversario. Pero si las cifrsas de las ejecuciones realizadas en los años precedentes espantaban, lo ocurrido en 2011 es para no olvidarlo jamás. La ola homicida se extendió salvajemente e hizo palidecer las cifras de los feminicidios de la década anterior, al tiempo que la disputa por La Tarahumara se extendía no solamente en el aspecto criminal, sino también entre los pobladores de los yacimientos de oro. A ese conflicto se sumaría, meses después, el del agua, que llegaría al extremo del asesinato, aún no esclarecido, de Ismael Solorio, esforzado dirigente campesino, de El Barzón-Chihuahua y originario del ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura. Sin la emoción popular del 2006, nuevamente el más destacado dirigente de la izquierda mexicana, Andrés Manuel López Obrador, contendió por la presidencia de México. Perdió ante el regreso sin gloria del PRI, que lo hizo montado en una vasta operación financiera -ilegal- y de movilización de todos los recursos humanos en poder de los gobernadores priistas. Creyentes que la crisis de la deuda dejada por Humberto Moreira, a su paso por la gubernatura de Coahuila, era un fenómeno exclusivo de nuestros vecinos, sorprendió a la mayoría de los chihuahuenses saber que la deuda de Chihuahua era ya del orden de los 25 mil millones de pesos. Enseguida, la caída de Gordillo, hasta la debacle política de las elecciones actuales. Tal es el recuento, sucinto, de lo presentado por Aserto a sus lectores, tan solo en sus portadas. Es el fruto del trabajo de quienes creamos, mes a mes, sin interrupciones, esta publicación que no es, a eso aspiramos, sino un reflejo de lo acontecido en nuestra entidad, de los sueños de quienes escriben aquí, de quienes nos leen, a ellos nos debemos. Gracias.

Seguridad pública, urgente redefinición

El Diario, 28 de julio de 2013. Luis Javier Valero Flores La inusual declaración del Fiscal General del Estado (FGE), Carlos Manuel Salas, en respuesta a la carta abierta firmada por habitantes de Creel, en la que reconoce ser necesaria la ayuda federal en la Sierra, ha sido hasta ahora la única declaración pública a los distintos planteamientos de estos ciudadanos que decidieron dar la cara, en representación de los miles que sufren a diario, o los embates de la violencia, o que viven en medio del clima de violencia y zozobra. La petición es concreta -entre las muchas planteadas-: Recibir a una comisión de vecinos y escuchar sus requerimientos. Salas dijo que ante la comisión de delitos, en su mayoría del orden federal, “es un hecho de que sí es necesario reforzar la presencia en esa zona por parte de la Federación”. (Nota de H. Barrientos / O. Chávez, El Diario | 2013-07-24). El Gobernador del estado, César Duarte, comentó a su vez que la estrategia de seguridad está funcionando en la zona serrana, sin embargo destacó que respeta las referencias que hagan habitantes de la región. “No se puede decir que no se está haciendo nada, me parece que hay una natural y entendible actitud por las cosas que han estado sucediendo en el país, y en Creel que no ha sido exento, pero se sigue trabajando duro, los resultados ahí están”, dijo el gobernador. Los hechos de La Tarahumara han motivado infinidad de reportes periodísticos. A raíz del asesinato de 6 personas en un poblado de Guadalupe y Calvo, luego del enfrentamiento, no quedó nadie en ese poblado para hacer el recuento de las cosas y los daños. De la magnitud del choque quedaron como evidencias los 389 casquillos percutidos, de los usados por las armas conocidas como "cuernos de chivo", además de 7 camionetas y 6 casas incineradas. (Nota de El Diario | 2013-07-23). La procedencia de los caídos da cuenta, también, o hace suponer del carácter del enfrentamiento. Uno de ellos era originario de Badiraguato, Sinaloa, sin duda el poblado más conocido por ser cuna de los más renombrados jefes de bandas de narcotraficantes. Según el recuento efectuado por el diario Reforma (24/VII/13), en los últimos dos meses han sido ejecutadas más de 40 personas en La Tarahumara. La nota hace un recuento de los ejecutados, según la información ofrecida por la FGE, en los municipios de Guadalupe y Calvo, Madera, Balleza, Bocoyna y Moris, 41 en total. En tanto, según otro recuento efectuado por el Staff de El Diario de Juárez (23/VII/13), se habían registrado en Juárez en el año, hasta esa fecha, un promedio de dos asesinatos diarios, aún muy por encima de los promedios existentes hasta antes de diciembre del 2007. "De acuerdo con cifras oficiales del primero de enero al 22 de julio de este 2013 se han cometido 255 asesinatos. En estos primeros seis meses y 22 días se tiene un promedio diario similar al registrado durante todo el 2012 cuando se dieron 751 decesos violentos. El año pasado fueron dos casos diarios, mientras que en estos seis meses y 22 días la cifra promedio también es de dos". En tanto que en 2008 el promedio de asesinatos en la urbe juarense fue de 4.4 casos, al llegar 2009 subió a 7.5 en promedio, cifra que todavía se elevó al año siguiente a 8.5 ejecuciones diarias, para en 2011 iniciar el descenso al ubicarse el promedio diario en 5.7 y llegar a las ya mencionadas 751 muertes del 2012, con un promedio de 2 homicidios diarios. Bien, en general, en la entidad ha disminuido el número de homicidios. El gobierno estatal asegura que se debe a la estrategia aplicada, es posible, pero los hechos ocurridos en los últimos meses en la región sur del estado y en la región serrana, además del clima de violencia que no cede en ésta última, nos pudiera dar algunos indicios de que en realidad el factor más influyente en esta disminución es la dinámica de los enfrentamientos entre sí de los distintos grupos criminales. Días atrás, José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, además de informar que Chihuahua se encontraba, ya, en el grupo de entidades con menos casos de homicidios dolosos cometidos durante el 2012, también ocupa lugar preferente, pero por el menor número de homicidas condenados. "Con base en la estadística judicial del INEGI aseguró que las entidades con menos homicidas condenados durante el año pasado, fueron Coahuila con 60; Tamaulipas tuvo 114; Chihuahua 145 y Guerrero condenó a 182". (Nota de Manuel Quezada, El Diario de Chihuahua, 12/VII/13). El grado de impunidad alcanzado por los autores de este delito llegó a niveles máximos, en el país, ya que sólo en 16 casos, de cada 100, los culpables recibieron una sentencia condenatoria ya que "durante 2012 se registraron 26 mil 119 homicidios dolosos y sólo cuatro mil 261 homicidas recibieron condena; mientras que en 2011, se sumaron 4 mil 412 condenas". (Ibídem). Pero los grados de impunidad alcanzados, precisamente en los años con los más elevados números de homicidios, son de espanto pues la tasa de sentencias condenatorias del 2012 es la segunda más baja "desde 1997 y casi tres veces más baja que la alcanzada en 2005. De hecho, a partir de 2007 el número de condenas por homicidio es cada vez menor". (Ibídem). Y en este aspecto, nuestra entidad ocupa uno de los peores lugares: En tanto que en 2005 se impusieron condenas a los autores de 326 homicidios, en 2010 la cantidad bajó a 157, "en 2011 las condenas fueron 199 y en 2012 fueron 145". Así, en tanto el número de homicidios creció exponencialmente, el grado de impunidad creció del mismo modo y devela contundentemente el nivel de procuración y aplicación de justicia aplicado en el estado. Pueden disminuir las cifras delictivas, eso es bueno, pero si se disminuye el número de sentenciados (y ojo, no simplemente los detenidos) eso sólo se puede traducir en una abrupta disminución en los niveles de seguridad. La disminución de las ejecuciones puede atribuírsele a varios factores, incluidas las estrategias gubernamentales, pero los grados de impunidad sólo tienen un responsable: El Estado. Si a las cifras anteriores se agregan las del número de ejecuciones atraídas por la justicia federal, o el número de juicios iniciados por el delito de lavado de dinero, o de otros ligados al crimen organizado, en todos los casos con cifras irrisorias, podrán ubicarse algunas de las causas que llevaron a un buen número de habitantes de Creel, el poblado que ha sido escenario -y víctima- de varios dramáticos incidentes criminales, en especial el de la masacre del 16 de agosto de 2008, a plantear a las autoridades serios cuestionamientos, en una carta fechada el 6 de julio. "... Entre la gente del municipio de Bocoyna y de muchas partes de la sierra hay temor de hablar, como hay temor de escribir puesto que no vemos resultados claros y efectivos a las múltiples denuncias... ... Para quienes desconocen la realidad, las estadísticas son definitivas y absolutas; para quienes vivimos la realidad, las estadísticas son simples indicadores, pero no verdades absolutas...". Plantean un asunto toral para la sierra: "Si no se controla la violencia, de poco van a servir las millonarias inversiones en desarrollo que anuncia la Federación y que se han buscado para atraer capitales y turismo... De poco van a servir todas las invitaciones para que el turismo visite nuestras barrancas, si no termina el disimulo y la tolerancia del delito por parte de quienes son responsables de la justicia…". "Vivimos entre el horror y la desesperanza, sin que nadie del Estado pueda parar tanta ignominia, tanta ola criminal, tanta muerte violenta, mientras se grita a los cuatro vientos que ha bajado la ola del delito...". La exigencia es una, dicen los firmantes del documento: "Que cumplan con su deber de cuidar el estado, de proteger a sus habitantes, de generar espacios de paz y tranquilidad... que cumpla lo que prometió el día de su toma de posesión, Sr. Gobernador (si ya lo olvidó se lo recordamos: que en un año el estado recuperaría la seguridad, entre otras promesas que hizo…)... Pedimos también sus presencias en esta comunidad Sr. Gobernador, Sr. fiscal, puesto que necesitamos dialogar con ustedes como es nuestro derecho, no con ningún representante enviado en su lugar". asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Cuotas escolares: Cumplir

El Diario, 25 de julio de 2013 Luis Javier Valero Flores Perdida en el tráfago de las declaraciones y hechos posteriores a las recientes elecciones, el 16 de julio, el Gobernador César Duarte expresó enfáticamente que no se impondrían cuotas escolares: "No estamos jugando, no es un tema de generar de nuevo concesiones graciosas a algunos. Es una decisión generalizada a todo el sistema educativo público, que de ninguna manera se pueden imponer cuotas a los estudiantes”. Más aún, anunció la imposición de sanciones administrativas, o cese definitivo, a quien exigiera cuotas escolares en la inscripción en las escuelas públicas. "Quien asuma el cobro indebido de cuotas escolares, será sancionado”, afirmó enfático el ballezano, precisando que se hará, "conforme a lo estipulado desde hace meses cuando a través de la Secretaría de Educación se establecieron módulos para recibir las denuncias respecto a este tema", y en seguimiento de una comunicación publicada en los medios impresos, días antes de las elecciones, en las que, incluso, se publicaron los números telefónicos para hacer las denuncias. Tal precisión, del titular del Poder Ejecutivo, era necesaria y con esa rotundez, pues en los días previos se habían dado otras expresiones que dejaban lugar a dudas, sobre todo las provenientes de las agrupaciones de padres de familia y de algunos otros actores políticos y sociales que, con el pretexto de que el Estado "no cuenta con los recursos suficientes para el mantenimiento y rehabilitación de los centros escolares", debería acudirse a la "participación" de los padres de familia a fin de otorgarles a los educandos todas las instalaciones necesarias para la buena impartición de la educación. Pero tales posturas van exactamente en sentido contrario de lo que hasta ahora había sido una de las premisas básicas de los gobiernos de la república, y a partir de la descentralización educativa, también de los gobiernos estatales. Sin embargo, durante décadas se había permitido, o solapado, el contubernio entre autoridades educativas y agrupaciones de padres de familia que, en plena opacidad -muchas de ellas-, ejercían inconmensurables presiones a los jefes de familia a fin de obtener las multimencionadas cuotas escolares, de cuyo destino y manejo -con excepciones- nunca se daba cuenta. Pero ahora, encubriéndose con una línea de la reforma educativa aprobada recientemente, en la que se hace mención a que las agrupaciones de padres de familia podrán ejercer la libertad para agenciarse recursos económicos para el mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de las instalaciones escolares, se pretendía abrir una rendija para acabar con la gratuidad de la educación impartida por el Estado. Y tal gratuidad incluye -debe incluir-, además del sostenimiento del personal académico y administrativo, las instalaciones adecuadas para la educación. Todo eso no puede estar sujeto a las capacidades económicas de los padres de familia (de ahí, por ejemplo, la sugerencia del uso de uniformes escolares, para que no se evidencien, en el salón de clases, las diferentes capacidades económicas, y no puedan generarse de este hecho acciones discriminatorias), tal y como de repente algunas autoridades expresan la posibilidad de establecer, por ejemplo, trabajos "voluntarios" de los padres de familia que no cuenten con los recursos necesarios para cubrir, por ejemplo, el pago de clases extras de inglés o computación. Bueno, pues tales clases se pueden impartir a quien quiera tomarlas, o a que sus padres envíen a sus hijos, pero de ninguna manera se pueden impartir -si se cobra- en las instalaciones de las escuelas oficiales, porque entonces el negocio educativo se hará usando los recursos de toda la sociedad en beneficio de unos cuantos. Y contra la opinión de quienes sostienen que "el gobierno no se puede hacer cargo de todo", esta es una de las actividades que más señaladamente forman parte de las obligaciones irrenunciables del Estado, la impartición de la educación, además de gratuita y obligatoria en el caso de la básica, debe ser prioridad de cualquier gobierno, y la vigilancia acerca de la verdadera gratuidad, uno de sus objetivos centrales, más si se toma en cuenta que el tema de la educación es uno de los ejes centrales de la actual administración estatal, razón por la que evitar que aparezca cualquier signo discriminatorio, exactamente cuando los infantes inician su educación. Es un asunto que repercutirá seriamente en el futuro, no solo mediato, sino inmediato, en ello va empeñada la palabra del gobernante. asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Detenciones "asépticas"

El Diario, 23 de julio de 2013 Luis Javier Valero Flores La detención de Miguel Ángel Treviño Morales, a quien se le identifica como el Z40, presunto jefe de la banda delincuencial conocida como los Zetas, ha develado cuán iguales son los mecanismos utilizados, por el actual gobierno, al del anterior para combatir al crimen organizado. Se diferencian solamente en el nivel de estridencia usado para "presumir" los logros en esta materia y en la escenografía usada. Pero en cuanto a la profundidad de las acciones, del desarticulamiento de las bandas, de la destrucción de sus operaciones financieras, del develamiento de las empresas generadas por el grupo criminal para "lavar" el dinero, de la estructura usada para el tráfico de las drogas, de la redes de informantes, de los funcionarios gubernamentales involucrados, de los alcances del grupo delincuente, de la estructura del mismo, etc., nada, absolutamente nada. No se parecen los operativos usados por las agrupaciones mexicanas, a los empleados por las correspondientes norteamericanas, para detener, o eliminar, a los presuntos "jefes" de los grupos criminales. Un ejemplo: El operativo utilizado por las agencias norteamericanas, para detener a los asesinos del agente norteamericano, Jaime Zapata, miembro del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), perpetrado en las cercanías de San Luis Potosí en febrero de 2011, tardó 6 días en localizar a los asesinos. ¿Se parece al empleado para detener al "Z40"? Y es que la Procuraduría General de la República afirmó que su detención no se dió "por casualidad", sino derivada de los "trabajos de inteligencia y coordinación de las fuerzas policiacas, navales y militares del país", a las que, de acuerdo con fuentes militares mexicanas, el gobierno estadunidense habría aportado información al mexicano sobre el paradero del narcotraficante. Pero tales precisiones no hacen más que ahondar la necesidad de plantear los cuestionamientos acerca de lo limitado de las detenciones realizadas por las agrupaciones policiacas y militares del país, ya que dan la impresión de no querer desarticular a las que todo mundo considera empresas de un elevado nivel de complejidad y a las que solamente les quitan la presunta cabeza principal dejando intacta el total de la estructura, lo que da pie a la inmediata reconstrucción del grupo criminal, o a su fragmentación, con la consabida secuela de enfrentamientos y elevación de los índices delictivos pues, rota la cadena del tráfico de drogas y dinero, las bandas deben recurrir a otras formas de financiamiento. Pero si la detención (o eliminación) del presunto jefe criminal no conlleva la revelación de las empresas utilizadas para el embarque y traslado de las drogas, ni de las empresas usadas para el lavado de dinero, de poco sirve ¡Ah, y también para que los gobernantes se "luzcan" presumiendo cifras de detenciones, de sicarios y jefes criminales que sólo aumentan el número de detenidos en los penales! De ahí que las preguntas salten solas: ¿Dónde las empresas del Z40, dónde sus enlaces financieros, quienes son sus cómplices y subordinados? ¿Dónde sus enlaces gubernamentales? Y tales preguntas tienen más razón de ser a la luz de todas las informaciones rendidas en el sexenio anterior, no desmentidas por el actual, de que los Zetas habían pasado de ser un grupo sicarios al servicio del Cártel del Golfo, para convertirse en la organización criminal más sanguinaria y de mayor crecimiento (exponencial) en el sexenio de Felipe Calderón, dedicada, además de la comisión de homicidios, secuestros y extorsiones, al tráfico de drogas. Pues bien, si la detención de Treviño obedece a un trabajo de "inteligencia" ¿Dónde los resultados de las investigaciones realizadas? ¿O será que los norteamericanos sólo les ofrecieron la información de la ubicación del Z40 y de ninguna manera el resto de los datos? ¿O, peor aún, que esa información está en manos de las autoridades mexicanas y éstas decidieron no afectar la estructura del cártel? En tanto, el presunto delincuente solicitó la duplicidad del plazo para emitir declaraciones, que se vence hoy, pero sólo para la acusación de los delitos de "portación de armas de fuego exclusivas del Ejército y operaciones con recursos de procedencia ilícita" y no para el cúmulo de delitos que en los medios de comunicación se les achacan. asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Deuda en todo lo alto

El Diario, 21 de julio de 2013 Luis Javier Valero Flores ¿Por qué ahora se solicitó el nuevo endeudamiento, y no antes de las elecciones? La respuesta es obvia. La nueva emisión de bonos carreteros, por un monto de 15 mil millones de pesos (mdp) incidiría de manera contundente en el ánimo de los electores, pues la discusión, acerca de si es deuda o no, sería resuelta por la mayoría en sentido positivo. Y no hay vuelta de hoja, es deuda; por lo menos así lo consideran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y las empresas calificadoras de deuda. En su reporte sobre las deudas de entidades y municipios, la SHCP hace una precisión a la de Chihuahua: "El saldo total de las obligaciones financieras del Gobierno del Estado de Chihuahua incluye cuatro emisiones en bonos carreteros, garantizados tres de ellos con fuente de pago propia (Nota de LJVF: El ingreso derivado de las cuotas de peaje, calculado por la Secretaría de Hacienda local en alrededor de 2 mmdp anuales), y el cuarto cuenta con fuente de pago el Impuesto sobre Nómina y como garantía de pago un porcentaje de las participaciones federales. Además, incluye tres créditos cuya fuente primaria de pago, del principal al vencimiento del crédito, la forman recursos provenientes de la redención de bonos cupón cero –adquiridos con ingresos propios de la entidad– Los intereses serán pagados por el Gobierno del Estado con recursos provenientes de las participaciones que le corresponden. Para dos emisiones bursátiles se realizó una estimación del saldo". Antes de la aprobación de este nuevo empréstito, a través de la emisión de nuevos bonos carreteros, según la SHCP, la deuda de Chihuahua, al primer trimestre de 2013, ascendía a la cantidad de 25 mil 848 millones de pesos, de los cuales 8 mil 492 tienen como aval las participaciones federales y 16 mil 91 millones "ingresos propios". De acuerdo con estas cifras, Chihuahua sólo es superado, por el monto de la deuda, por 5 entidades: DF 58 mil 304 mdp; Nuevo León, 47 mil 863 mdp, Edomex, 40 mil 119 mdp; Veracruz, 39 mil 809 mdp y Coahuila, 36 mil 384 mdp. Si el endeudamiento se midiera por el monto per cápita, entonces Chihuahua pasaría al 3o. lugar, sólo superado por Coahuila, -11 mil 909 pesos- y Nuevo León, -10 mil 286 pesos- pues los chihuahuenses debemos, cada uno, 7 mil 385 pesos; a su vez, los habitantes del DF tienen un endeudamiento, per cápita, de 6 mil 562 pesos; Veracruz, de 5 mil 208 pesos por habitante y el Estado de México de 2 mil 643 pesos. (Recuento personal a partir de las cifras de la SHCP y datos de población proporcionados por cada entidad). Pero si se le agregan otros 10 mmdp -porque se informó que alrededor de 5 mmdp del nuevo endeudamiento se destinarían al pago de unos bonos carreteros-, entonces la deuda de Chihuahua se ubicaría en el orden de los 35 mmdp. Se mantendría, por el monto, en el mismo lugar, pero estaría a la par, per cápita, de las dos primeras, por encima de los 10 mil pesos. Más allá de la pretensión gubernamental de no llamarla deuda, superada por la realidad, pues de no haber aprobado tal esquema de endeudamiento, las arcas locales tendrían un ingreso anual de alrededor de 2 mil millones de pesos por el pago de cuotas de peaje. Más aún, si no fuera endeudamiento, no tendría que pasar por la aprobación del Congreso, cosa que se hace para cumplir con los requerimientos legales, porque si no ¿Quién respondería por los 15 mmdp que nos dan? Está muy clara la respuesta, "los ingresos propios" derivados de las cuotas de peaje. Y para comprometer ingresos propios se necesita de tal aprobación. Otras entidades están usando el mismo mecanismo, algunos sobre los derechos vehiculares, otro, sobre los derechos registrales, pero es el mismo concepto, "ingresos propios". Bueno, otra entidad también lo tiene sobre las cuotas de peaje. De cualquier modo, son 15 mil mdp más de deuda. Pero no es el único aspecto controversial del nuevo empréstito, también el destino del dinero; además de los intereses a pagar, 8% anual, (una cuarta parte por encima del crédito otorgado recientemente al ayuntamiento de Chihuahua por 130 millones de pesos), la deuda se pagará en 25 años, lo que significa que por 15 mmdp prestados, pagaremos al final 50 mmdp, aproximadamente, si se toman como base, y sin proyección alguna, los ingresos de 2 mmdp anuales. ¿A dónde irán los dineros? En primer lugar, Gobierno del Estado informó que la administración federal le transfirió el manejo, durante los próximos 35 años, de la red carretera federal. Pero en la somera descripción de las obras a realizar se mezclaron los proyectos anunciados, tanto por la administración federal, como la estatal, lo que en buen castellano significa que, a cambio de transferir las carreteras, el gobierno federal no realizará obra alguna, las que se hagan, se harán endeudando aún más a Chihuahua. El otro gran destino del dinero es el pago del "endeudamiento de 6.5 mil mdp que produjo la contratación de deuda pública de corto plazo durante el año pasado. Es decir, que quedarán de “cambio” unos 3 mil mdp". (Columna de Alejandro Salmón, Ahoramismo, 17/VII/13). Si tales informaciones son ciertas, entonces la discusión deberá centrarse en el destino del nuevo endeudamiento, pues la legislación establece que deberán destinarse a infraestructura y de ninguna manera a pagar deuda, de ahí la insistencia gubernamental en enfatizar que no es deuda. Por otro lado, acceder a un financiamiento de tal magnitud para la construcción de obra pública, con las debidas precisiones, no es de por sí negativo, pero deberá evaluarse objetivamente el margen de maniobra, no de las siguientes administraciones estatales, sino del gobierno del Estado y las necesidades, también objetivas, de la obra a realizar, porque la decisión de emitir nuevos bonos carreteros dejará sin esos ingresos (y sólo los remanentes, producto del aumento del tráfico vehicular) a las siguientes 4 administraciones estatales. Es mucho. De ahí la necesidad de la mayor información y transparencia en el manejo de tan ingentes recursos. PRECISIONES ABSTENCIONISTAS.- Una vez realizados los cómputos municipales, se ratificaron los pronósticos previos en cuanto a la participación electoral. Pero tal aserto sólo tiene razón en el ámbito estatal. Las elecciones recientes dieron pie a un nuevo fenómeno, la de una elevada participación en el Chihuahua rural y una caída del voto urbano. En tanto que la participación estatal fue del 37.86%, cifra semejante a la de 6 años atrás pues votaron, en esta elección, 1 millón 19 mil 521 electores. Mientras en Juárez votaron 304 mil 667 electores, equivalente al 30.35%, en Chihuahua lo hicieron 233 mil 048, lo cual representa el 37.83%. Pero tal participación contrasta con la presentada en el resto de los municipios pues en 54 de ellos la votación fue superior al 50% y solo en 13 quedó abajo esta cifra: Ascensión, 44%, Cuauhtémoc 36%, Delicias 48.6; Parral 46%, (aunque realmente estos tres centros de población son predominantemente de voto urbano); Gómez Farías 41.5, Guadalupe 47.3; Guadalupe y Calvo 41.4, Janos 48.9; Meoqui 45.9, Namiquipa 39.3, Nuevo Casas Grandes 41%, Rivapalacio 32.8 y Urique 49.6. A su vez, en 33 municipios se presentaron votaciones de más del 60%: Allende 68%, Bachíniva 67, Balleza y Batopilas 66, Bocoyna 63, Buenaventura 62, Carichí 64, Coronado 82, Coyame 72.9; La Cruz 71; Chínipas, 71.8; Santa Isabel 62; Guachochi 61, Guazapares 66.9, Huejotitán 74, Julimes 65, López 77, Manuel Benavides 70, Matachí 66, Matamoros 66, Morelos 69, Moris 70, Nonoava 79, Ocampo 66, Rosario 65, San Francisco de Borja 72, San Francisco de Conchos 74, San Francisco del Oro 69, Santa Bárbara 67, Satevó 69, El Tule 65, Uruachi 64, Valle de Zaragoza 63. El problema estriba en que Chihuahua y Juárez concentran poco más del 60% del padrón electoral. Pero ahí está un panorama que deberá ser analizado pues a pesar de ser elecciones de mitad de sexenio, las menos concurridas tradicionalmente, tal pareciera que tal afirmación no aplica para las poblaciones rurales, y seguramente que en ello habrán influido decisivamente las reformas electorales que prohibieron la compra de propaganda política electoral en radio y televisión, lo que obligó a los candidatos a "bajar" las campañas a "tierra". Pero ahí está el hecho, lo habremos de comentar pues echa por tierra reflexiones hechas aquí, y por numerosos analistas en distintos foros. asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Hecatombe migratoria ¿También institucional?

El Diario, 18 de julio de 2013 Luis Javier Valero Flores No podía ser peor la conjunción de la acción de gobiernos, el de Barak Obama en Estados Unidos (bueno, también el de Bush) y el de Felipe Calderón en México, en las materias de migración y combate al crimen organizado. La política norteamericana hacia México tiene ribetes de salvajismo. Con tal de evitarse -en su percepción- mayores problemas, resolvieron, en el curso de los últimos 7-8 años, cerrar aún más el flujo migratorio mexicano, y al mismo tiempo presionar (y en la mayor parte de los casos obtener la plena sumisión) a Felipe Calderón a adoptar su estrategia en el combate al tráfico de drogas, pero en nuestro país, no en el suyo. Al mismo tiempo, iniciaron una verdadera cacería de migrantes, pero ahora ya no sobre los que recién habían ingresado ilegalmente a aquel país, sino también sobre aquellos que llevaban décadas, hasta llegar cifras de verdadero salvajismo. Las consecuencias para nuestro país son de magnitudes incalculables. El flujo migratorio hacia EU se había convertido en la válvula de escape de la débil economía nacional; del mismo modo que el tráfico de drogas, pues este había llegado a ser, en muchas regiones de México, el principal promotor de la economía local. Y en el ámbito nacional, si damos como válidas las diversas cifras proporcionadas por la Secretaría de Hacienda en distintos momentos, se puede concluir que a la economía nacional ingresaban montos muy semejantes a los derivados de la venta de petróleo y a los que alcanzaron en su mejor momento las remesas de los paisanos, algo así como 25 mil millones de dólares anuales. Pero, pasmadas las economías de México y EU, detenido el flujo migratorio, así como las remesas de los paisanos, desatada las guerras de los cárteles y creciendo alarmantemente el número de repatriados, todo ello combinado con la guerra de Calderón a algunos cárteles, las consecuencias son terribles. Aún más, tal coctel, por naturaleza explosivo, ha derivado en una profundísima crisis de seguridad pública, en una acelerada degradación social y de las instituciones, así como la aparición de amplias zonas de ingobernabilidad, amén del decaimiento económico. Para enfrentar tan terrible situación, la respuesta gubernamental fue la de lanzar a las calles a las fuerzas armadas a comportarse como agrupaciones policíacas, en el vano intento de sustituirlas a todas en sus funciones. El resultado ya lo sufrimos todos. Estamos a punto del caos y no hay política global que lo afronte. Los detalles de todos estos fenómenos son pavorosos. "Los mexicanos repatriados por el gobierno de Estados Unidos tienen un nuevo perfil: la mayoría residían en estados alejados de la frontera, muchos de ellos tenían una larga estancia en ese país y eran los jefes de familia". (Nota de Rocío Gallegos, El Diario, 14/VII/13). Es de tal magnitud esta tragedia que 5 de cada 10 deportados tenían una larga estadía en EU, y muchos de ellos no tienen más opciones que las presentadas por las bandas del crimen organizado, ya sea como "sicarios, vendedores de droga o ‘halcones", según declaró el Fiscal de la Zona Norte de Chihuahua, Jorge González Nicolás. (Nota del Staff, El Diario, 14/VII/13). Tal información la desprende de la ofrecida por los integrantes de un grupo dedicado a atacar a polimunicipales en las últimas semanas. La crisis ha llevado, según esta información, a que los reclutados acepten 500 pesos a la semana para efectuar tan siniestros trabajos, cuyo salvajismo crece con los días. Y si tuviésemos que buscar un sector, que creímos a salvo de la corrupción, o por lo menos así pensado por la mayoría de los encuestados, en todos los ejercicios previos al 2008, el ejército; lo ocurrido, tanto con la detención de los militares de alto rango, acusados de sostener vínculos con el crimen organizado, como con los acusados de integrar diversos "escuadrones de la muerte", a los que se supone formaban parte de la estructura militar, entre los que se encuentran los acusados de cometer varios asesinatos en Ojinaga, para fortalecer a "La Línea", sólo puede dar pie a una conclusión: La comisión de cientos o miles de crímenes cometidos en el sexenio de Felipe Calderón, merced a una política criminal que ha puesto en jaque la gobernabilidad del país. Deberán investigarse y aplicarse las sanciones necesarias. No puede ser de otra manera.

La tentación "cachanilla"

El Diario, 16 de julio de 2013 Luis Javier Valero Flores Las tentaciones y añoranzas por el pasado parecieran irrefrenables en el partido que lo fue casi todo durante toda la segunda mitad del siglo pasado. Por lo menos así lo evidenció una inexplicable convocatoria de los comités estatales priistas en todos el país a una conferencia de prensa, el día de las elecciones a media hora del cierre de las casillas electorales. Sorprendió aún más que el motivo fuera el declararse triunfador ¡En carro completo! Muchos creíamos que, fruto de las bajas cifras de participación electoral, tal escenario era el real, pero la pregunta estaba en el aire ¿Cómo creerle a lo que decían a voz en cuello, que habían ganado todo, que lo sabían gracias a sus encuestas de salida, pero sin dar a conocer cifras ni el nombre de las empresas hacedoras de tal ejercicio? ¿Cómo creerles si apenas un año atrás, durante toda una campaña habían cifrado sus esperanzas de victoria a través de la manipulación de ventajas inalcanzables para su candidato, Enrique Peña Nieto? Más aún ¿Cómo esperar que tuviesen cifras certeras si cuando celebraron las conferencias de prensa, ni siquiera ellos tenían una sola copia de las actas de alguna casilla? . No podía, ni puede, recibir otra denominación tal evento: Madruguete. O por lo menos, intento. Eso se podía hacer antes, en el México que gobernaron con mano de hierro cuando surgían protestas opositoras, ya fuera en el ámbito social, o cuando, casi de casualidad, alguna fórmula electoral opositora obtenía más votos que el PRI. Eso era antes, en el México previo al del inicio de la larga y suspendida transición democrática. Si bien los objetivos eran los mismos en todo el país, y en Chihuahua no lo eran, ni menos, ni menores, tal postura fue lanzada sin sustento alguno en la antigua "cachanilla", ni más ni menos que en Mexicali, en donde el candidato Fausto Castro Trenti, dirigido por el presidente del CEN priista, el veterano, héroe de aquellas épocas, César Camacho, declararon, sin sustento alguno, el triunfo del PRI a la gubernatura de Baja California. Durante días insistieron en tal postura, aprovechando la enorme e inexplicable pifia del órgano electoral local -el más antiguo en el país- de dejar en manos de una empresa privada la instalación y manejo del PREP, que colapsó a minutos de ponerse en funcionamiento. Bueno, llegaron hasta el extremo de recordar la vieja consigna lopezobradorista del voto por voto, casilla por casilla y de pronto, al ver que los hechos eran muy diferentes a sus pretensiones, y seguramente también por la presión ejercida por los dirigentes nacionales del PRD y el PAN, reconocieron su derrota a manos del panista Francisco de la Vega, quien gobernará esa entidad los próximos 6 años, para que este partido llegue a la friolera de gobernar 30 años sin alternancia. Pero eso fue allá ¿En qué se basaron los controles locales del PRI para salir a cantar el "carro completo"? En nada, acaso en la plena obediencia a los mandos nacionales, en detrimento de la certidumbre del proceso electoral, al que están obligados a proporcionar, no solamente los órganos electorales, sino también los partidos políticos, y fundamentalmente los partidos en el gobierno. Tal elemento es esencial para la mayor gobernabilidad democrática, no se puede aparecer como fuerza política al mando del gobierno local y al mismo tiempo intentar efectuar madruguetes electorales, tal actitud no abona a la percepción ciudadana de limpieza en los procesos electorales. A eso están obligados quienes gobiernan en el México contemporáneo, al que deberá concedérseles que también contribuyeron los priistas -y no con las aportaciones necesarias para darle continuidad a los procesos democráticos, aunque no son los únicos que se quedaron debiendo tal materia-; no se puede actuar, bajo los procesos electorales actuales, ni con los instrumentos de comunicación de ahora, como en el pasado, todos hemos construido los instrumentos que hacen posible la emisión del voto, si bien, en muchos aspectos condicionado y no siempre bajo los mejores parámetros democráticos, con márgenes que nos hacen confiar en los resultados y en los órganos electorales. CONDOLENCIAS.- Vaya un abrazo solidario a Enrique Medina Reyes, Consejero Presidente del Instituto Chihuahuense de Acceso a la Información y la Transparencia (Ichitaip) con motivo del deceso de su señora madre, Doña Águeda Reyes de Medina. asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter:/LJValeroF

Se consolidan PRI y abstencionismo

El Diario, 14 de julio de 2013 Luis Javier Valero Flores Las elecciones del primer domingo de julio mostraron la consolidación de dos fenómenos. Uno, el del abstencionismo y, dos, la del PRI como fuerza hegemónica en Chihuahua. Se presentó otro fenómeno, que a la luz de las elecciones locales sí se presenta como consolidado, el de la debilidad de la opción de izquierda, que en esta ocasión prácticamente no existió pues. Nada quedó, en el rescate de los más de 300 mil votos obtenidos apenas el año anterior por López Obrador. Durante toda la noche del domingo anterior y hasta la madrugada, el PREP mantuvo congelada una cifra, en todas las elecciones, la de la participación electoral, ubicada en el 35.98%. Dos días después, el presidente del IEE, Fernando Herrera, anunció que rebasaría el 40%, con lo que se significaría como la elección intermedia “más copiosa en la historia de Chihuahua". Décimas más, o menos, el hecho cardinal es que 4 de cada 10 ciudadanos no acudieron a votar. Las razones son muchas, variadas y complejas, pero una podría abarcarlas a todas: La crisis del actual régimen político y su sistema de partidos. El paso del régimen del partido casi único, bajo la conducción del PRI durante décadas, al de la alternancia y de la plena competencia electoral no sirvió para mejorar la calidad de vida de la mayoría de los mexicanos; eso, y el insultante crecimiento de los privilegios de la clase política, con su perversa desideologización, es decir, la pérdida de identidad partidaria. No importan los partidos, sólo la lucha individual por escalar posiciones, mantenerse el poder, queda como ejemplo emblemático de tal fenómeno el de Carichí. Tres años atrás los ciudadanos de ese municipio fueron llamados a votar por la alianza del PAN-PRD, y ahora se concretó la candidatura común entre el PRD ¡y el PRI! Tales mensajes han calado hondo, la consecuencia es lógica, un cada vez mayor número de ciudadanos permanece ajeno a las luchas político-electorales, con lo cual crece el “voto duro” de los partidos "grandes", es decir, los beneficiarios, o que se creen, del ejercicio gubernamental de su partido. Quedan, por supuesto, los simpatizantes y militantes de convicción, que por desgracia van a la baja en cada elección. De ahí que, a pesar del perfeccionamiento del modelo electoral, de la más amplia difusión y de la consolidación de los procesos electorales, sigamos manteniendo los mismos porcentajes de participación electoral, quizá porque algunas de las más negativas prácticas político-electorales se mantengan incólumes, en especial la de la encubierta compra del voto, a través de la entrega de una variedad inmensa de artículos y la de una intensísima movilización de los trabajadores gubernamentales. De cualquier manera, un poco más de 1 millón de chihuahuenses acudieron a las urnas. Ellos decidieron. Por segundo trienio consecutivo el PRI permanecerá en el poder en las dos principales ciudades de la entidad, gobernará a la mayoría de los chihuahuenses pues sus candidatos a las alcaldías triunfaron en 50 municipios, en uno, en alianza con varios partidos. Sus derrotas son dolorosas. El PAN repitió en Delicias y triunfó sorpresivamente en Cuauhtémoc, en ambos casos, contundentemente. Pero esas derrotas las amaina el hecho de que el PAN pasó de 24 alcaldías (una de ellas en coalición con el PRD, Carichí, hoy recuperada por el PRI), a 15 en esta elección, después de perder en municipios emblemáticos como Camargo, Jiménez y Ojinaga, además de que los priistas gobernarán nuevamente en Guachochi. El PRI se convierte en el partido mayoritario en el Congreso, por séptima ocasión consecutiva, aunque ahora sólo 16 militantes de este partido serán diputados merced a haber ganado ese número de distritos, pero en realidad triunfaron en 18 distritos pues el candidato triunfador en Camargo es del Panal, fruto de la alianza con ese partido y el del distrito de Nuevo Casas Grandes milita en el PRD pues ahí fueron en candidatura común. Sorpresivamente, ganaron todo en Juárez, incluidos los 8 distritos de Juárez, pero a cambio perdieron en Cuauhtémoc, Delicias y los distritos capitalinos del XVII y XIX; derrotas inesperadas en Cuauhtémoc y el XIX de Chihuahua, no así en los otros dos, de alguna manera dentro de los cálculos realizados previamente. El hartazgo podría ser la explicación de las derrotas de Israel Beltrán, el dos veces alcalde cuauhtemense, y en la de Mónica Morales, la candidata del XIX, hija de la lideresa moral del sindicato de trabajadores del gobierno estatal, Xóchitl Reyes Castro, pero en el que el exceso del control familiar fue hasta insultante para la militancia priista. Sus dos tíos y su madre ocuparon las 3 coordinaciones más importantes de la campaña ¿Querían más mensajes? Bueno, la suplente fue la esposa de Maurilio Ochoa, el presidente de la Junta de Agua y Saneamiento de la capital y ex fuerte aspirante a la alcaldía. Más. Las cinco fórmulas presentadas por el PRI en Chihuahua estaban relacionadas familiarmente con alguno de los integrantes del gabinete estatal, de un ex, o de un destacado priista. ¿Qué tienen méritos propios para acceder a tales posiciones? Es probable en todos los casos, pero cosa cierta en el de Teporaca Romero que ha construido una carrera propia, no solo como militante, también como analista en las páginas de El Diario de Chihuahua. Por otro lado, la aparición de Maru Campos, en el XVII capitalino, ayudó a recuperar parte del electorado panista de un distrito que a pesar de todo mantiene sus preferencias electorales, en tanto que en Delicias pareciera que la mayoría de los ciudadanos valoró bien la gestión del panista Mario Mata. Y por otra parte, se conjuntaron dos factores, para explicarnos los resultados en Juárez. Por un lado, la buena calificación que una mayoría de votantes hacen de la gestión del alcalde Héctor Murguía y del gobernador Duarte; y de la otra, la crisis del panismo en el antiguo Paso del Norte. Que una parte importante de tales preferencias electorales tengan como sustento la vieja forma del clientelismo partidario, ni duda cabe, pero también es cierto que una parte de las capas medias de la población también han optado por el PRI en la frontera. De acuerdo con los resultados del PREP, todos los partidos obtuvieron votaciones superiores al 2% de la votación, por lo que todos tendrán representación en el Congreso. Más aún, como resultado de los convenios de coalición de los distintos partidos con el PRI, el PANAL podrá alcanzar poco más del 13% de la votación; el Verde el 9.33, porcentaje similar al del PT, 9.29; en cambio, el PRD casi llegará al 4% y Movimiento Ciudadano rebasará el 2.5%. A su vez, el PAN será el partido con mayor porcentaje -casi 37%- y el PRI apenas rebasará el 17% pues se les ocurrió regalar a sus aliados prácticamente el 100% de los votos obtenidos en los distritos de coalición. Si bien el reparto de diputados no será semejante a los porcentajes de votación asignados por los convenios electorales, la distribución de las prerrogativas sí lo serán, incluidas las de los tiempos en radio y televisión. Así, por primera ocasión desde la reforma electoral del 1997, todos los partidos registrados tendrán representación en el Congreso del Estado, cuya 64a. Legislatura quedaría integrada por los 16 del PRI (que no tenía derecho a ninguna pluri, no de lista, ni de prelación), 7 del PAN (4 de mayoría), 3 del Panal (1 de mayoría), 2 del Verde, 2 del PT, 2 del PRD (1 de mayoría) y 1 de Movimiento Ciudadano. A pesar de todo, la mayoría no estará en riesgo para el PRI. Nada nos lleva a pensar que habrá, entre los nuevos diputados de los partidos coaligados, alguno que piense, siquiera, en la independencia de ese poder frente al titular del Poder Ejecutivo, todo lo contrario. Si hubiese una reforma electoral a realizar, esa es la referente al modo en que deben aparecer los logotipos de los partidos integrantes de una coalición. El ciudadano debe tener el derecho, no sólo a elegir al candidato de su preferencia, sino también qué partidos deben recibir las prerrogativas -y el monto- señaladas por la legislación electoral y, además, el número de diputados que deben alcanzar en el Congreso del Estado. Pero reformas de tal grado estarán, por lo menos en Chihuahua, a merced de la voluntad del priismo ¿Estarán de acuerdo en ellas? asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Triunfadores y perdedores

El Diario, 11 de julio de 2013 Luis Javier Valero Flores Como es natural, por la trascendencia y profundidad del problema, el abstencionismo ha ocupado la mayor de las atenciones de candidatos, partidos y medios de comunicación. Probablemente también de un buen número de ciudadanos, aunque, lógicamente, las visiones que mantienen, por una parte la clase política, y por otra, la sociedad, pueden muy distintas, y hasta encontradas. Las cifras se moverán con el paso de los días. Al tener las primeras oficiales de por lo menos una las dos más importantes ciudades de la entidad, las de la elección a síndico de Chihuahua, arrojaron una participación del 37.8% del padrón electoral. Seguramente, hoy, en el transcurso de la mañana ya tendremos las oficiales de la elección de alcalde de Juárez y Chihuahua. Si se toma como base para una proyección los resultados reportados en el PREP acerca de la elección a presidente municipal de Juárez, encontraremos que la participación rondará el 30% (29.95, ya que se prevé una votación de 300 mil, del millón 3 mil electores juarenses). Pero ese es un asunto complejo y de larga data, por lo pronto, importa sabe que ocurrió en la elección del domingo, tema al que volveremos, también, el próximo domingo. Merced a los convenios electorales del PRI con el Panal, Verde Ecologista, PT y PRD (con los primeros tres, una alianza y con el último, candidaturas comunes en 8 municipios y 1 distrito), los porcentajes -aproximados, de acuerdo con la proyección tomando como base los datos del PREP- obtenidos por los partidos serían más o menos los siguientes: PAN, alrededor del 37%; PRI, 17; Panal, 13.7; PVEM, 9.4; PT, 9.3; PRD, 3.9 y Movimiento Ciudadano, 2.6. De acuerdo con ellos, el PRI no podría acceder al reparto de plurinominales, a pesar de haber presentado la lista de candidatos plurinominales, pues de acuerdo con el criterio de la sobre-representación (esto es, que el porcentaje de legisladores no puede rebasar en más de 8 puntos el porcentaje de la votación obtenida) el número de diputados obtenidos por mayoría relativa (16 de 33) rebasa el 48% del total, lo que lo deja fuera de los rangos permitidos por la ley. De esa manera, el ejercicio realizado por Alejandro Salmón (El Diario de Juárez, 10/VII/13) seguramente es el que efectuarán los órganos electorales. El PRI se quedaría con 16 diputados, todos de mayoría relativa; el PAN tendría 7, cuatro de mayoría y 3 plurinominales; el PANAL, 3, uno de mayoría y 2 plurinominales; el PVEM y el PT, dos pluris; el PRD, 2, uno de mayoría y un pluri y, finalmente, Movimiento Ciudadano, un plurinominal, su dirigente estatal. El PRI constituirá la primera minoría pues no cuenta con mayoría simple, formalmente, pues en la realidad sería la séptima ocasión consecutiva que tiene la mayoría en el Poder Legislativo desde 1992. Además, por segundo trienio consecutivo, el PRI permanecerá en el poder en las dos principales ciudades de la entidad y gobernará a la mayoría de los chihuahuenses pues sus candidatos a las alcaldías triunfaron en 50 municipios, en uno, en alianza con varios partidos. Sus derrotas son dolorosas. El PAN repitió en Delicias y triunfó sorpresivamente en Cuauhtémoc, en ambos casos, contundentemente. Pero esas derrotas las amaina el hecho de que el PAN pasó de 24 alcaldías (una de ellas en coalición con el PRD, Carichí, hoy recuperada por el PRI y el PRD), a 15 en esta elección, después de perder en municipios emblemáticos como Camargo, Jiménez, Ojinaga y Guachochi. De ahí que el PAN pocas cosas tiene para celebrar en esta elección. Sí, tienen una carga emotiva y política muy importante los triunfos en Chihuahua y Cuauhtémoc, pero la contundente derrota en Juárez, servirá para que el alcalde, el priista Héctor Murguía, pueda declarar con fuerza que “podría” aspirar a la candidatura al gobierno del estado en 2016. No es el único ganador, también los candidatos triunfadores, Javier Garfio, en la capital, y Enrique Serrano, en Juárez, se constituyeron, de inmediato, como potenciales aspirantes a tal cargo, sin que se deje de lado a Marco Adán Quezada, el alcalde capitalino que, aunque raspados, sus compañeros tuvieron la mayoría. Y enfrente, el alcalde deliciense, Mario Mata, con el triunfo de los panistas en todos los cargos en esa ciudad se alza como viable candidato. No deberá dejarse de lado a la triunfadora del distrito 17 de la capital, Maru Campos. De este grupo -y algunos más- emergerán los abanderados del 2016. No está lejos, todo lo contrario. asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Abstencionismo, ¿“normal”?

El Diario, 9 de julio de 2013 Luis Javier Valero Flores La elección del domingo seguramente dejó infinidad de lecturas. La primera podría ser, de manera simplista, que la ciudadanía evaluó bien la administración de César Duarte; otra, que el PAN obtuvo avances importantes; una más, que a pesar de todo, una parte importante sigue confiando en los procesos electorales –y, por consiguiente, en el actual sistema de partidos– y una más podría ser que la mayoría de la ciudadanía repudia a todos los procesos electorales y que, militantemente, decide no ir a votar. Sin duda que todas son correctas, parcialmente, pero seguramente la más cercana a la realidad –y por tanto más inquietante– es la de que a la mayor parte de la sociedad no le importa, de manera esencial, la política; no sólo porque la repudie, sino porque ignora su importancia, por apatía o por falta de cultura política. Si hubiera que buscarse una razón, y unos responsables, para explicar los elevados grados de abstencionismo, esa la encontraríamos en el modelo político vigente, al que nuestra clase política le ha añadido importantísimos factores locales y nacionales. De ahí que, a pesar del perfeccionamiento del modelo electoral, de la más amplia difusión y de la consolidación de los procesos electorales, sigamos manteniendo los mismos porcentajes de participación electoral, quizá porque algunas de las más negativas prácticas político-electorales se mantengan incólumes, en especial la de la encubierta compra del voto, a través de la entrega de una variedad inmensa de artículos (que llegó al extremo, en el municipio de Riva Palacio, el antiguo San Andrés –que, por cierto, ¿por qué no se le regresa su nombre, a este municipio y al de Santa Isabel, que tanta relevancia tuvieron en la Revolución Mexicana– de que el PAN regalara hasta artefactos domésticos menonitas, ya que su candidato pertenece a tal etnia) y a una intensísima movilización de los trabajadores gubernamentales, la que se lo cobró –en el caso de la capital– de la manera más imprevista: perdió la candidata priista Mónica Morales, hija de la sempiterna dirigente de los trabajadores del gobierno estatal, Xóchitl Reyes Castro, e integrante de una destacada familia de operadores electorales del PRI. Aún temprano para efectuar mayores y mejores lecturas, destacan varios hechos, además del abstencionismo. El carro completo en Juárez a favor del PRI, con lo que los bonos “pro-gubernatura” del alcalde Héctor Murguía siguen al alza pues, por lo menos de los municipios mayores, el candidato priista, Enrique Serrano, alcanzó el diferencial más alto. No sucedió igual en la capital. Sin duda que la tardanza en la culminación de las obras en el centro de la ciudad, especialmente las relacionadas con el Vive Bus, que para muchos ciudadanos eran el vivo reflejo de la actual administración estatal, lo que capitalizó las simpatías electorales en favor del PAN, que se reflejaron, no solo en la votación alcanzada por el candidato a la alcaldía, Miguel Riggs, sino en la derrota priista en dos de los cinco distritos capitalinos. Dos fenómenos generales más atraerán la atención. Por una parte que, si bien los panistas lograron el triunfo en Cuauhtémoc y Delicias, –en alcaldías y diputaciones– hasta el momento su diferencial es negativo, pues pasaron de ganar en 15 municipios, contra los 24 que obtuvieron en el 2010, a pesar de que, seguramente, pasarán de 6 diputados en aquel año a 7 diputados ahora (4 de mayoría y 3 plurinominales), pero perdieron en Jiménez, Camargo, Ojinaga y Guachochi; y por otro lado, que las altas votaciones alcanzadas por los candidatos panistas, en comparación con las diversas encuestas realizadas, reflejan el grado de rechazo hacia el gobierno de César Duarte. No es menor. Otro aspecto destacado es que, a pesar de todo, los electores panistas, a pesar de su partido y sus candidatos, fue superior a ellos y buscó la alternancia, quizá no tanto porque votaran por sus propuestas y candidatos, sino porque no había otra opción para votar en contra de la actual administración estatal. Finalmente, en este breve recuento, debieran buscar, los priistas, a quién se le ocurrió que este partido no presentara lista de candidatos a diputados plurinominales. Se quedará solamente con 17, en lugar de los 18 que pudiera haber alcanzado, dadas las derrotas en Cuauhtémoc, Delicias y los dos distritos de Chihuahua pues pudo alcanzar un diputado plurinominal. Hasta ahora.

Desangelamiento

El Diario, 7 de julio de 2013 Luis Javier Valero Flores Probablemente los candidatos del proceso electoral, que hoy culmina en su fase electiva, no son responsables del total de los factores que podrían llevar a la mayor parte de los electores chihuahuenses a no acudir a las urnas; sólo son corresponsables del desgaste sufrido por el sistema de partidos políticos que poseemos, sumido en una grave crisis. Las elecciones de mitad de sexenio la evidencia aún más pues el interés público disminuye ostensiblemente en ellas. Aunado a lo anterior, quizá como en muy pocas ocasiones, lo ocurrido en los 35 días de la campaña electoral mostró las deficiencias del modelo electoral vigente, obsoleto a la luz de las necesidades de una sociedad que accedió a novísimas formas de comunicación, que no necesariamente implican una mayor calidad en la información. Nada justificará que los ciudadanos no acudan a votar; es, para algunos, prueba de la profundidad del atraso político en que nos encontramos pues no se puede partir de la idea de que los partidos son malos, todos, y, por tanto, alejarse de los procesos electorales; aspecto importante, pero al fin y al cabo sólo una parte de la vida política a la que tanto, tantos, repudian, sin caer en la cuenta que esa debería ser la actividad principal de todos los ciudadanos pues se trata de la administración de la casa común. Nadie se debería desentender de tales asuntos pues es lo que les da la categoría de ciudadano, algo por lo que soñaron decenas y decenas de generaciones, en todos los rincones del planeta; algo a lo que hoy aspiran, por ejemplo, las masas populares movilizadas en Egipto y en todo el mundo árabe, en lucha –quizá sin saberlo– por convertir sus sociedades feudales, dirigidas por Estados religiosos, en modernas sociedades democráticas, en las que el protagonista sea el ciudadano. Pero cuesta trabajo, para la mayoría de los ciudadanos, entender por qué no se refleja en el mejoramiento de sus estándares de vida la llegada de la plena competencia electoral, de los procesos electorales infinitamente mejores a los de dos décadas atrás, de la democracia electoral, como argumentan los políticos. ¿Por qué, si ahora se respeta el voto y hay más partidos políticos, por qué las cosas no mejoran en la proporción que prometen? Si hubiera que buscar un factor central para explicar el alejamiento creciente de los ciudadanos de los procesos electorales, ese sería la falta de congruencia de la clase política; sus promesas de campaña difieren, mucho, de sus actos de gobernantes. Ahí es en donde tendrían que trabajar, si de veras quisieran recuperar la credibilidad perdida. Por eso las campañas, y sus principales actos, sólo atraen a los participantes, a los beneficiarios directos e indirectos, a los que se creen beneficiados de la obra de gobierno de algún partido, y masivamente a los aficionados a alguno de los artistas presentados en los “actos políticos”, con lo que los partidos conceden la razón al viejo apotegma de “al pueblo, pan y circo”. Deficiencia central de los procesos electorales es el modelo de comunicación social empleado. Si ya en la elección presidencial del 2006 se advirtió el hartazgo de una parte de la sociedad hacia la spotización de las campañas electorales, pues trataron al mensaje político como si se tratara de otra mercancía cualquiera, incluso el lenguaje usado por los candidatos hablaba de las propuestas “ofertadas”, en el de este año llegó al máximo, se repudian hasta los spots del IFE. La reforma del 2008 prohibió la contratación de publicidad política en radio y televisión, pero dejó vivo el modelo, a través del tiempo del Estado, conducido por el IFE. Y este organismo es el súmmum de la incapacidad en materia de comunicación, o es el vivo reflejo de la sumisión de los órganos electorales a los poderes fácticos, que controlan la abrumadora mayoría de los medios de comunicación electrónicos. En lugar de acudir a otras formas de comunicación, simplemente sustituyó los mensajes comerciales por los suyos, igualmente en spots. Tal modelo es el vigente en todo el país, en lugar de sustituirlo por el otorgamiento de tiempos a partidos y candidatos, para la presentación de sus propuestas, para la celebración de paneles de candidatos y dirigentes, de la realización de debates, etc. de tal modo que la ciudadanía pudiera acceder al mayor conocimiento de los programas partidarios y candidatos propuestos. Dos de los debates realizados en la campaña se convirtieron en emblemáticos; uno, por la evidencia de todo lo malo de nuestro modelo electoral y el otro porque nos permitió atisbar a las ventajas de la urgente modernización de los procesos electorales. En primer lugar, el debate de los candidatos a la alcaldía de Juárez fue el compendio de todo lo malo; mostró la subordinación de los órganos electorales –y por extensión del Estado mexicano– a los intereses de los concesionarios de radio y televisión. La legislación deja al arbitrio de estos empresarios la posibilidad de que transmitan, o no, los debates organizados por los órganos electorales. En ese debate se llegó al inaudito extremo de que ¡había cortes comerciales! ¡peores que los del canal de las estrellas, pues su duración no fue menor a los 4 minutos cada uno! Lo anterior, sin tomar en cuenta el formato en el cual a uno le preguntaban una cosa, al otro, otra y así interminablemente, de ahí que el debate entre los candidatos a diputados, celebrado en Chihuahua capital, –el otro extremo emblemático– se convirtiera en una especie de bálsamo (para quienes tuvimos oportunidad de presenciarlo pues casi fue clandestino) ya que a todos los participantes les hicieron las mismas preguntas a lo largo de todo el debate, que por esa razón sí se convirtió en un verdadero debate. Esa característica mostró a plenitud la carencia de recursos de la mayoría de los candidatos, no sólo de este proceso electoral, y evidenció el atraso político de las estructuras partidarias que, por otro lado, mostraron su elevada dependencia de la estructura gubernamental y sus programas sociales, así como la alta permisividad para movilizar empleados y funcionarios en aras del cumplimiento de tareas político electorales. De ahí que no se vaya a extrañar la caída del voto rural a favor del PAN y la consiguiente alza a favor del PRI. Pero si hubiese una reforma electoral a realizar, esa es la referente al modo en que deben aparecer los logotipos de los partidos integrantes de una coalición. El ciudadano debe tener el derecho, no sólo a elegir al candidato de su preferencia, sino también al partido que pretende mantener vigente, porque, con su voto, de manera directa determina qué partidos deben recibir las prerrogativas señaladas por la legislación electoral. Así, los ciudadanos no sólo eligen a los candidatos, también determinan el alcance de los recursos económicos que se les deben entregar a los partidos y, además, el número de diputados que deben alcanzar en el Congreso del Estado. Por ello, es impostergable cambiar la actual reforma que le deja a las cúpulas partidarias decidir de qué modo se reparten los votos y, por tanto, el número de diputados y monto de prerrogativas de cada partido coaligado, en lugar de que sean los ciudadanos, con sus votos, los que lo determinen. Del mismo modo, en aras de modernizar el modelo electoral, deberá establecerse la obligatoriedad de celebrar por lo menos tres debates, radiodifundidos y televisados masivamente, con el formato de auténtico debate y no presentación de propuestas y otorgarle, de este modo, la máxima jerarquía que deberá poseer el órgano electoral en el control de los tiempos del Estado en los medios de comunicación. ¿A poco no sería mejor que, en lugar de escuchar y ver, cansinamente, decenas o cientos de spots, éstos fueran sustituidos por un debate de candidatos, en un horario determinado? ¿Y establecer un mecanismo que audite las promesas de campaña y sancione el incumplimiento de ellas, en lugar de que, demagógicamente, los candidatos presenten sus propuestas ante notario público, sin que se derive, de este hecho, sanción alguna? Reformas de este calibre son las que necesitamos para motivar la participación ciudadana, para no lamentarnos, al cierre del día, del elevado abstencionismo. LAS BENDICIONES EN LA UACH.- Que alguien nos bendiga es una cosa que siempre deberá agradecerse, pero de ahí que la culminación de los noticieros en radio UACH se haga con un “Dios los bendiga” hay una gran distancia. No debe olvidarse, es una universidad pública, y como tal, están obligados a comportarse con pleno respeto a la laicidad vigente.

De suplentes y cuotas escolares

El Diario, 4 de julio de 2013 Luis Javier Valero Flores Impedidos, no sólo por algún mandamiento legal, sino también por el respeto que nos merece el ánimo ciudadano, para que los electores “reflexionen” acerca del sentido de su voto en estos días previos a la elección, otros asuntos, diversos a la contienda electoral, llaman nuestra atención. El de las cuotas escolares, que ahora se presenta en peores condiciones a las del año pasado, fruto de la reforma educativa aprobada tan orgullosamente por los partidos del Pacto por México; y el de las consecuencias de haber desmantelado el Poder Legislativo de Chihuahua. Es una frase muy socorrida decir que los días que faltan para la elección servirán para que los ciudadanos tomen su decisión; así lo dicen, en público, muy convencidos, la mayoría de los candidatos. La verdad es que los ciudadanos decididos a votar lo resolvieron días o semanas atrás y solo unos cuantos lo decidirán en las próximas horas. Más bien este tiempo es el de la mayor utilidad para preparar la “movilización” electoral, es decir, el uso de todos los recursos a su alcance para que partidos y candidatos “lleven” a votar a los ciudadanos interesados en su triunfo. Todo está bien, siempre y cuando no se condicione la emisión del voto a la obtención de algunas canonjías, y ésta puede ser una simple despensa, así que los partidos deberán andar con mucho cuidado para evitar caer en tal ilegalidad. Como todos los años, empiezan a filtrarse a los medios de comunicación las informaciones proporcionadas por algunos ciudadanos -preferentemente madres de familia- acerca de las inmensas presiones, en algunos casos, ejercidas por directores de escuelas y dirigentes de sociedad de padres de familia, para que éstos paguen las cuotas “voluntarias”, aprobadas por estos organismos, cuya característica principal es la opacidad con la que manejan los recursos económicos obtenidos de la “voluntariedad” de los padres de familia. La desventaja es que ahora las autoridades educativas contarán con un instrumento legal, con el cual pretenderán orillar a los padres de los escolares a aportar económicamente al sostenimiento de las escuelas. Y es que en la reforma educativa, aprobada recientemente por los legisladores, existen unas cuantas líneas mediante las cuales intentaron darle la vuelta a la obligación del Estado acerca de la gratuidad de la educación impartida por éste. En ellas se habla de que ahora los padres de familia tendrán la libertad de efectuar todas las actividades posibles a fin de aportar recursos económicos a las escuelas de sus hijos. ¡¿Ah, qué bonito, verdad?! Bueno, dentro de esa libertad está la de cobrar cuotas para “el mejoramiento de las escuelas”, o para la impartición de algunas materias extracurriculares, como podría ser el inglés. ¡Momento! Diría Clavillazo. En lugar de insistir ante el Estado para que esa extensión académica, o el cuidado de las instalaciones, o la compra de más equipo, etc. sea a cargo de la dependencia educativa, se opta por la vía aparentemente más sencilla: Que paguen la educación de sus hijos. Nada más que se les olvida, o no lo supieron, que esa obligación los ciudadanos se la dejamos al Estado, al igual que el de la seguridad pública, porque eso de andar pagando cuotas en las escuelas gubernamentales es como si debiésemos pagar el salario del policía del barrio (cuando existían, o cuando vuelvan a existir), o tuviésemos que pagar la adquisición de llantas y la compra de gasolina de las patrullas. Es un asunto que no puede estar bajo negociación. Por otro lado, a quienes niegan la disminución de la calidad de la actual legislatura local con la sustitución de la friolera de ¡Once! diputados, sirva de ejemplo de los niveles de sumisión ante el Poder Ejecutivo de quienes se quedaron (por supuesto, no todos, pero hasta ahora nadie ha abierto la boca): Aprobaron un acuerdo para pedirle al Poder Ejecutivo Estatal, “tenga a bien analizar (y solamente analizar, aportación de LJVF) la posibilidad y viabilidad para la creación de un Instituto u Organismo Estatal dedicado especialmente a la atención de las personas adultas mayores, con características similares al Instituto Chihuahuense de la Juventud o al Instituto Chihuahuense de la Mujer”. Sólo le pidieron analizar ¡Híjole! En otros tiempos, por lo menos se atrevían a presentar alguna iniciativa de ley, pero, bueno, ya se van. asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF