Distintos. Finalmente igualitos

El Diario, 31 de agosto de 2023 

Luis Javier Valero Flores 

Mucho tiempo atrás, hasta en el futbol «llanero» se castigaba de distinta manera al agresor y quien respondiera la agresión en el campo de juego. 

Así, el agresor era castigado con tres partidos y el respondiente con uno.

Sirva la analogía para el momento por el que atraviesa el país, peor que en el ejemplo futbolero pues en éste las reglas y los aplicadores de las reglas eran respetados por todos, y, además, en las asambleas de las ligas de futbol había la posibilidad de pronunciarse en contra de una ú otra medida aplicada por la directiva de las ligas o los organismos arbitrales.

Durante algún tiempo, en el México de los 70’s, en casi todo el norte de México así se actuaba en el fútbol de aficionados. Con sus no tan escasas excepciones.

Pero hoy, en un país en el que se impulsó la fortaleza institucional, con una sociedad más desarrollada democráticamente, en la que ya se dió la tercera alternancia partidaria presidencial, la llegada de Andrés Manuel López Obrador pareciera que nos retrotrajo a las épocas más añejas en materia de desarrollo democrático, a eso nos llevan sus diarias catilinarias en contra de todos los que se opongan a sus medidas o expresen crítica alguna.

Si tan solo eso constituyera la razón de la reflexión de hoy, podría transitarse sin problemas, pero cuando el presidente lanza su ofensiva -rayando en la comisión de varios delitos- en contra de la Suprema Corte de Justicia, o en contra de alguno de los ministros, sólo porque estos efectúan su trabajo, el que puede ser refutado, o como se dice en el lenguaje jurídico, «combatido», es inadmisible en la sociedad en la que vivimos, la que se han construido los mecanismos, de todo tipo, para solucionar los conflictos, en el marco legal vigente, al que todos estamos obligados a acatar, incluido, pero por supuesto, el presidente.

Y es que el haber obtenido poco más de la mitad de los votos de la elección presidencial del 2018 (superando por poco los 30 millones de votos) no se constituyó en la carta abierta para trasgredir el estado de Derecho y éste señala, muy en concreto, la ruta a seguir por todas las autoridades en los conflictos que se presenten entre ellas.

Esa es la situación en la que nos encontramos en Chihuahua, a propósito de la distribución de los libros de texto gratuitos (LTG).

El gobierno de Chihuahua ejerció su derecho a inconformarse con ellos, alegando fallas y omisiones en la elaboración, de acuerdo con la Ley de Educación, y acudió a quien, por ley, está facultada a resolver este diferendo, la Corte, ante quien la presidencia de la república puede, y ya lo hizo, impugnar la decisión del gobierno de Maru Campos.

Lo deseable hubiera sido que el debate se hubiese centrado en los aspectos centrales, de fondo, de los LTG, y del contenido de la «Nueva Escuela Mexicana», nombre de la reforma educativa aplicada por el gobierno de la 4T y que los aspectos jurídicos del litigio los resolviera la SCJN.

Y aquí rescato la analogía futbolera del inicio de esta reflexión, pues el presidente, al lanzar tan descomunal ofensiva, incluso tachando de corruptos a los ministros, y en la mañanera de ayer describir puntualmente el modo en que pensó «adueñarse» de la mayoría de los ministros de la SCJN, al proponer a cuatro ministros -que fueron elegidos por los senadores- «y como ya teníamos a 1, sólo nos faltaba convencer a otro para tener mayoría», dijo, pero le fallaron dos de las propuestas, sostuvo y ya «Se da el cambio y regresó, no diría a lo de antes, sino peor, porque usan (las dos ministras propuestas por él) como pretexto, como excusa, el que yo quería controlar la Corte y que ellos eran independientes, se pelean conmigo para que siguieran tolerando la corrupción». (Conferencia mañanera de AMLO, 30/8/23).

El fondo de tales denuestos, es evidente para muchos mexicanos, es que el presidente no resiste la opinión contraria y que se asume como el depositario de la voluntad del pueblo de México, de todo, sin reparar en que el país presidido por él es muy diverso, que el mandato entregado por la mayoría de los votantes, no es mandato «revolucionario»; vamos, en términos de la vieja izquierda socialista, no alcanza a diferenciar entre la victoria en una elección, en una sociedad medianamente democrática (por lo menos en los procesos electorales), y la toma del poder por la «vía revolucionaria».

En esta sociedad, el presidente está obligado a acatar la decisión de la Corte y si faltaran argumentos para apoyar tal aserto, el presidente los aportó el día de ayer, cuando volvió a declarar que había impulsado a varios de ellos para llegar a la Corte y que luego le «fallaron».

Es decir, que las determinaciones tomadas por el máximo tribunal, finalmente están avaladas por la participación en ella de quienes llegaron, ahora lo podemos decir así, «con la bendición presidencial».

En medio de todo ello, se encuentra el litigio, que las partes convirtieron en la batalla, por los LTG en Chihuahua, en el que los involucrados debieran aportar lo mejor que tienen, a fin de que, en tanto la Corte resuelve, atenuar el impacto negativo en la niñez chihuahuense, de la falta de LTG y regresar el diferendo al lugar del que no debió haber salido: El de la discusión sobre el contenido de la reforma educativa, con la participación, como dice la ley, de todas las partes involucradas.

Es de tal profundidad el cambio pretendido por el gobierno federal en materia educativa que obligado está a hacerlo.

Ojalá la Corte resuelva en tal sentido.

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

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La tragicomedia de Alito

Aserto.mx, 29 de agosto de 2023 

Luis Javier Valero Flores  

¿Cuáles son las «misteriosas» razones que llevaron a «Alito» Moreno, dirigente del PRI, a enviar el mensaje «oculto» de que se le planteó a Beatriz Paredes declinara en favor de Xóchitl Gálvez, a sólo unos cuantos días de la celebración de la elección y mientras se levanta la encuesta, mecanismos que determinarán quien coordinará el FAMx?

Quiso enviar el mensaje de que la tlaxcalteca debiera renunciar, y lo envió, de la manera más truculenta posible, sin decirlo abiertamente y anunciando que el miércoles celebrarán una reunión «como muchas que hemos celebrado», pero en la que se dará a conocer «la postura del PRI» que, «como sabe Beatriz», cuando el «PRI dice que va por un rumbo, vamos unidos, todos en el PRI», dijo el dirigente, en lo que es, sin duda alguna, una de las perores groserías y errores cometidos en el brevísimo plazo desde que anunciaron la creación del frente opositor.

Aducir que «las encuestas no favorecen a Beatriz» y que ésta tomará las «mejores decisiones en favor de México» develó, nuevamente, la naturaleza poco confiable de este dirigente y le añadió no pocos ingredientes que sus adversarios, en especial el presidente López Obrador, aprovecharán para criticar al organismo frentista.

Total, si apenas dos días antes habían movilizado a la estructura priista para expresarle su apoyo a la ex dirigente nacional del PRI ¿Porqué no esperar y en un mejor escenario dar a conocer esa decisión, pero que fuera la protagonista, en virtud de que la postulación de Beatriz Paredes fue una decisión personal, y no partidista, como hasta ahora habíamos creído.

¿O si fue una postulación de la cúpula priista y no lo habían revelado?

¡Ah cuántas ganas de protagonizar el proceso, en lugar de hacerse a un lado y que sean las voces y figuras ciudadanas las que ocupen los lugares protagónicos en ese frente, cualidad imprescindible para competir con Morena y el bloque oficialista!

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

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PRI, carente de espíritu autocrítico

 

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• Se empalmaron su ambición presidencialista y la nueva causa contra el ex gobernador César Duarte
• Tienen el mismo origen, el patrimonialismo y su extraordinaria ambición por el poder

El Diario, 27 de agosto de 2023

Luis Javier Valero Flores 

Casi se empalman dos acontecimientos políticos en los más recientes días, ambos con un pasado común, que podrán, cada uno en su propio escenario, influir en el más inmediato futuro, y uno de ellos -el resultado del proceso del Frente Amplio por México (FAMx-Mx)- podrá serlo a un más que mediato futuro.

El otro acontecimiento, absolutamente sorpresivo, fue la expedición de una nueva orden de aprehensión en contra del ex gobernador César Duarte Jáquez, ahora por un delito mediante el cual se comprometieron 120 millones de pesos del erario estatal, a pesar de que, de acuerdo con el Tratado de Extradición con EU, no se le podía acusar de más delitos que los señalados en la causa que motivó el juicio de extradición en una Corte de Miami.

Nunca contó con que el gobierno de Maru Campos solicitó al gobierno norteamericano se le aplicara el Principio de Excepción, contemplado en el mismo tratado, a fin de someterlo a juicio por las causas penales contenidas en «17 carpetas de investigación que habían sido integradas». (Comunicado del Gobierno del Estado de Chihuahua, 25/8/23).

La conexión -a juicio del escribiente- estriba en la determinación de la cúpula del PRI de empujar con todas sus fuerzas a la aspirante a la coordinación del FAMx, Beatriz Paredes, y aspirar a que se convierta en la presunta candidata, como si el priismo no tuviera cuentas pendientes con la sociedad mexicana por la comisión de corruptelas sin fin y pudiera comportarse como un partido más.

¿Tenían -tienen- derecho a impulsar a una candidatura presidencial?

Por supuesto, sí, el problema estriba en que, a juzgar por su conducta frente a los acontecimientos ocurridos en el último año, no han alcanzado a percibir la profundidad, tanto de su crisis estructural, como por el elevado grado de rechazo en amplias capas de la población.

Las multitudinarias manifestaciones nacionales en defensa de los organismos electorales, ocurridas en las postrimerías del año pasado, debieron ser ejercicios que los ilustraran en ese sentido. Sobre todo al PRI.

En esas ocasiones se manifestó una buena cantidad de mexicanos, que rechazaban no sólo al gobierno federal, sino que manifestaban su elevada preocupación por el intento de que éste destruyera el sistema electoral vigente, una de las escasas instituciones confiables para la mayoría de la sociedad.

Y que se construyó a pesar de los reiterados intentos de los gobiernos priistas y panistas por colmarlo; avasallarlo, a través del acaparamiento-reparto de las posiciones en los órganos dirigentes de los organismos electorales.

El priismo no ha reflexionado (o su actual dirigencia) de lo acontecido en el país en los últimos 10 años, y específicamente a partir de los primeros días del 2018, con la irrupción del entonces candidato morenista, Andrés Manuel López Obrador, quien no solo emergió como triunfador del proceso, sino que su indudable fuerza política le asestó el más descomunal golpe que el régimen y los partidos políticos mexicanos hayan sufrido.

Lo sufrieron por el extendido rechazo ciudadano a la inconmensurable corrupción, sobre todo la del gobierno de Enrique Peña Nieto y de la mayoría de los gobernadores priistas y, además, por el evidente fracaso de los presidentes panistas, Vicente Fox y Felipe Calderón, en no desmantelar al viejo régimen priista; antes bien, para mantenerse en el poder, se aliaron con una de las figuras más emblemáticas de aquel régimen, la dirigente magisterial, Elba Esther Gordillo, sin duda alguna emblemática del salinismo.

Todo esto estaba en el fondo de los 30 millones de votos alcanzados sorpresivamente por el tabasqueño en 2018. 

Casi al mismo tiempo, ante la cercana posibilidad de que el exgobernador Duarte alcanzara la libertad, en virtud de que las acusaciones y las penalidades, -en caso de que la fiscalía lograra demostrar la veracidad de los delitos presuntamente cometidos por el ex gobernante- así lo establecieran, surgió la orden de aprehensión, por una causa no contemplada en la extradición ordenada por la jueza de Miami, ante la petición del gobierno de Chihuahua, conducida por el gobierno federal ante el norteamericano y los tribunales de aquel país.

Y es que, por más que pretendan los dirigentes del PRI asumir que estamos en una nueva etapa y que los agravios ciudadanos por su pésimo desempeño gubernamental forman parte del pasado, lo cierto es que no es así. 

Para recordarlo ahí está este nuevo proceso en contra de Duarte, que aparece en el mejor de los momentos, no sólo para la gobernadora Maru Campos, pues con ello pudiera presumirse que alejaría el peso de los comentarios, especialmente los provenientes de la esfera del ex gobernador Javier Corral y de Morena-Chihuahua, que la relacionan con el ex gobernador ballezano.

En su descargo podrá presumir que para llevar este nuevo caso ante los tribunales norteamericanos, tuvo que pasar por el filtro de la Fiscalía General de la República, cuyo titular es muy afín a la 4T.

Imposible no conectar ambos hechos políticos pues en tanto el viejo partido, del viejo régimen, acaricia el sueño (gibado, decían los viejos de antes) de impulsar nuevamente a uno de los suyos (suyas, en este caso) a una candidatura competitiva a la presidencia de la república y con ello impedir que pudiera concretarse la posibilidad de que nuevamente, sin que mediara un período intermedio, surgiera una candidatura disruptiva, que eso constituiría en caso de que recayera en Xóchitl Gálvez.

¿Cuál es la conexión?

La de que es necesario enterrar ese pasado de corruptelas sin medida sufrido por los mexicanos, tan presente que hasta en la persona del ex gobernante ballezano regresa nuevamente.

Pero la desmesurada irrupción de Xóchitl explica la sorpresiva (desde el punto de vista estratégico-electoral) ofensiva presidencial en contra de quien encabeza las preferencias de la oposición. Y también la de los seguidores presidenciales.

Es increíble, el presidente llegó al extremo de incurrir en conductas absolutamente delincuenciales, evidenciando contratos y personas -físicas y morales- vinculados a los negocios y empresas de Xóchitl, además de acusarla públicamente de -presuntamente- haber cometido diversos delitos, sin que se sepa, públicamente, de haber presentado denuncia alguna, con lo que incurriría en un nuevo delito, el de la omisión, en caso de que conociera de la comisión de presuntos delitos.

Nada de eso hizo, se trataba de un intento, fallido por todo lo demás, de «ensuciar» a la aspirante frentista.

Esa ofensiva, y las respuestas, puntuales, precisas, ingeniosas de la hidalguense, además de la existencia de una parte importante de la sociedad contraria al presidente, la catapultaron, al grado de superar en todas las encuestas a los otros aspirantes de la oposición y crear la percepción, en amplias capas de la población, que su candidatura pudiera ser la única competitiva frente a la del bloque oficialista.

Tal percepción se hizo concretó gracias a dos indudables aciertos de quienes hicieron posible el surgimiento del FAMx, los dirigentes del PRI y del PAN, y un conjunto de activistas y personajes de distintas organizaciones civiles -muchos de ellos con relaciones más o menos estrechas con círculos del PAN o del empresariado-, por un lado, y por el otro, el de abrir la conducción del proceso a personas ajenas a los partidos.

Esas condiciones son las que propiciaron la percepción de que en la persona de Xóchitl Gálvez se alcanzara la posibilidad de votar por alguien ajeno al «establishment».

¿Está en riesgo la posible precandidatura de Xóchitl? ¿Podrá Beatriz Paredes ganarle en la encuesta y, además, en la consulta del próximo domingo?

Se ve difícil, pero lo lamentable del caso lo constituye la ambición de la dirigencia priista y en especial de su presidente nacional, Alejandro Moreno, pues a pesar de las diversas expresiones, en el sentido de que las declinaciones en favor de Xóchitl no le ayudaban a ésta, lo cierto es que hacerse a un lado, de parte de todos los más conspicuos personajes del antiguo régimen, le abonaría al crecimiento de la percepción de que votar por Xóchitl no significa avalar a los dos partidos y, en especial,  por el PRI, el partido que más voto de rechazo colecciona en todas las encuestas.

Además, y no es un dato menor, eso posibilitaría desarmar los débiles argumentos presentados por el dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, oponiéndose a la incorporación de este partido al frente opositor, en franca controversia con el gobernador jalisciense, Enrique Alfaro, que se ha pronunciado en contra de las determinaciones de Delgado y a favor de sumarse al FAMx

Justamente, y no es un hecho fortuito, porque ese es el meollo de la discusión nacional, Roy Campos, Director de Mitofsky, presentó un estudio del comportamiento de MC en los últimos procesos electorales:

«-En 2021 MC ganó solamente 7 de los 300 distritos, y todos ellos en Jalisco, en el resto del país no ganó ninguno.

-Jalisco fue el único estado donde la votación por MC superó el 30% (el estado que le sigue no supera el 20%) y también fue el único donde su votación superó a las Alianzas MORENA-PT-PV y PAN-PRI-PRD.

-Jalisco no solo es el que más votos por MC tuvo, sino que esos votos superan a los que suman 23 entidades para ese partido (y supera por más del doble al estado que le sigue)

-De los 32 congresos estatales, el único donde MC tiene la mayoría es Jalisco».

Se debe aplaudir el hecho de que las dirigencias del PRI y del PAN dejaron de lado sus iniciales pretensiones de que en la designación del candidato de ese bloque sólo participaran los militantes partidistas que previamente hubiesen participado en sus respectivos proceso internos.

Al hacerse a un lado, dieron pie a la percepción de que podría impulsarse a una candidatura, abiertamente «ciudadana», o bien alejada de las estructuras de los partidos, pero, sobre todo, que por sus credenciales y sus actuaciones en la esfera pública estuvieran lo más lejana posible de la «clase política», o de, como la definiera Carlos Salinas de Gortari, «la nomenklatura» de los partidos.

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

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Libros de texto ¿Cuál es la salida?

El Diario, 24 de agosto de 2023 

Luis Javier Valero Flores 

Como se esperaba, la polémica por los libros de texto gratuitos (LTG) escaló hasta convertirse, más allá de las polémicas en las redes sociales y los medios de comunicación, a las calles, y se convirtió en un acelerador de la confrontación política, en cuyo fondo, como era de suponerse, en muchos de los casos, tiene su origen en la fila o la fobia al presidente de la república.

O en el apoyo o rechazo a la 4T.

Y sólo hasta que grupos de ciudadanos -por su cuenta, ú organizados por Morena- salieron a la calle, el gobierno de Chihuahua difundió masivamente las razones aducidas en la  controversia constitucional planteada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En este caso, el Ministro Luis Aguilar determinó la suspensión de los LTG. Días después, ante la presentación de un recurso semejante interpuesto por el Gobierno de Coahuila acordó la misma medida, a la que agregó que, en tanto se resuelve el asunto, se aplicaran los programas y LTG del año anterior.

Además, al amparo interpuesto por el diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez, deberán sumarse los interpuestos en fechas anteriores por la Unión de Padres de Familia.

La resolución podría acelerarse si la Corte le da la razón al diputado Francisco Sánchez, que le planteará el próximo viernes ejerza la atracción del caso.

Lo argumentos esgrimidos en todos ellos guardan similitud en un aspecto central: Que para la elaboración del Plan de Estudios, Programas y LTG no se tomó en cuenta lo señalado en la Ley de Educación, que establece la obligación de «consultar» con los sectores involucrados, entre los cuales destacan mayormente los gobiernos estatales.

Y si la Corte encuentra justificados sus argumentos, entonces podría dictaminar cosa semejante a la resuelta provisionalmente en el caso de la controversia coahuilense o, peor aún, si decide atraer el amparo de Sánchez, y resolver en el mismo sentido, entonces la resolución sería obligatoria para todo el país.

De ese modo, en este conflicto se podría resolver -para bien de todas las partes- en la instancia en la que debieran resolverse todos los conflictos sociales existentes, la SCJN, y dejar fuera de la controversia político-electoral algo tan importante para la sociedad como la educación.

La Consejería Jurídica de Chihuahua adujo la existencia de  «posibles violaciones a los procedimientos para la realización de los contenidos… (pues) se despreció la participación de maestros y especialistas» y, además, porque los «materiales se hicieron sin planes y sin probar sus contenidos con los niños, niñas y adolescentes». (Comunicado del Gobierno de Chihuahua, 23/8/23).

Contra esta versión, se han alzado diversas versiones de maestros que, afirman, sí participaron en el proceso de elaboración, tanto del Plan de Estudios, como de los Programas y, también, de los LTG.

Seguramente que para la definición de la Corte adquirirá un valor determinante levantar la «reserva» de la información por cinco años, decretada por el gobierno federal sobre la documentación de la supuesta participación de todos esos actores, en las asambleas, también supuestamente realizadas.

Para este efecto, seguramente tendrá una gran importancia lo resuelto por la Corte el día de ayer, de permitirle al Instituto de Transparencia (INAI) sesionar legalmente con la participación de solamente 4 de los consejeros, pues este será uno de los temas que, con toda seguridad, resolverán y anularán la determinación presidencial de reservar la información sobre los LTG y planes de estudio por 5 años.

Yadira Medina, jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa, ya había ordenado, en mayo, en otro amparo, que se sometiera a consulta de todas las secretarías estatales «la elaboración de los libros», así como «publicar los programas de estudio en los que serán utilizados y capacitar a todos los maestros del país para su uso, entre otros requisitos». (Nota de Víctor Fuentes, Reforma, 22/8/23).

La SEP publicó el nuevo Plan de Estudios para Educación Básica en agosto de 2022, «pero fue hasta el martes de la semana pasada que difundió los programas de estudio específicos para cada grado». (Ídem).

Los libros de texto exhibidos por las autoridades ante la jueza «fueron impresos en enero (primer grado), febrero (segundo grado), abril (tercer grado), abril y mayo (cuarto grado), junio (quinto grado y multigrado) y julio (sexto grado) de 2023, mientras que los programas de estudio para cada grado fueron publicados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) hasta el 15 de agosto». (Ibídem).

La jueza Medina, al igual que el Ministro Aguilar, ya trazó una ruta de solución, si la Corte resuelve en ese sentido: Aplicar los programas y usar los mismos libros del año pasado, además de «reponer el procedimiento».

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La escuela a debate

El Diario, 20 de agosto de 2023

Luis Javier Valero Flores 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá resolver en días próximos una de las controversias más trascendentales de los años recientes, quizá la más importante, por encima, incluso, de las resueltas sobre la Guardia Nacional, la energética o la electoral.

Resolverá sobre la controversia constitucional interpuesta por el gobierno de Chihuahua, para oponerse a la distribución de los libros de texto gratuitos (LTG). A esa se sumó recientemente la del estado de Coahuila. 

Si les diera la razón a los dos gobiernos estatales, se suspendería la distribución de los libros en todo el país.

Aparentemente, a juzgar por los testimonios de muchos maestros, académicos e investigadores, la discusión sobre la «Nueva Escuela Mexicana», entre ellos, sí se desarrolló por medio de innumerables reuniones, «consejos», asambleas, etc., además de que en la discusión y la elaboración participaron infinidad de maestros, pero, a juzgar por la resolución de la SCJN, de dar entrada a la controversia interpuesta por el gobierno de Chihuahua, hubo aspectos en el proceso que no se realizaron de acuerdo con la Ley General de Educación.

Es lo que, en opinión del maestro Carlos Pallán Figueroa (chihuahuense fundador del post grado de la UPN), «Las disposiciones legales que debieron seguirse en la elaboración de los textos» no se acataron «por las autoridades responsables». (Suplemento Campus, Milenio, 10 de agosto de 2023).

Del mismo modo, un día antes, el Juez Cuarto de Distrito del Estado de Chihuahua, concedió una suspensión de amparo contra la misma distribución. Este recurso fue presentado por el diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez y «padres de familia».

La suspensión provisional tendrá el efecto de suspender la distribución, en tanto «se realiza la verificación de la observancia de los planes y programas para la elaboración de libros de texto gratuitos”, informó el legislador, debido a que, dijo, se advirtieron diversos errores en los contenidos de los nuevos LTG, además de carecer de un orden pedagógico, y contener un lenguaje extraño y complicado». (Nota de la Redacción El Economista, 11 de Agosto de 2023).

Los apologistas de la NEM aducen que existió la necesaria articulación entre el Plan de Estudios, los Programas de Estudio para Educación Básica y un conjunto de materiales de apoyo que van mucho más allá de los libros de texto gratuitos.

La discusión se catapultó debido a que en las redes sociales se conocieron algunos errores (o deformaciones, en la visión de algunos de los críticos iniciales) en los LTG y esto se convirtió en el principal aspecto de la discusión, dejando de lado lo que el gobierno federal denominó «Nueva Escuela Mexicana» (NEM), en medio de la agria discusión política electoral del relevo presidencial del próximo año, que  ha llevado a que, en lugar de escuchar los argumentos, o de escucharse entre sí, una buena parte de los impugnadores y los apologistas de la NEM han propalado verdaderos infundios.

Algo en lo que ha insistido reiteradamente el maestro Carlos Pallán Figueroa, quien sostiene que «las recientes críticas a los libros de texto de la SEP no deberían centrarse en los contenidos, sino en la forma en la que se desarrollaron los materiales». (Ídem).

Así, la discusión se ha centrado básicamente -y no podría ser de otra manera- sobre los LTG (cuyos errores pueden y han dicho que se subsanarán) y no sobre la NEM.

Además, el debate se acentuó a partir de que algunos sectores, los más conservadores de la sociedad, alzaron nuevamente la voz para inconformarse sobre algunos de los contenidos en materia de respeto a los derechos humanos de minorías y en especial sobre la educación sexual, la despenalización del aborto, los matrimonios homosexuales y las relaciones entre individuos de diferente preferencia sexual.

Entre tales críticas destacó la del alcalde capitalino, Marco Bonilla, quien adujo, para oponerse a los LTG, que no enviaba a sus hijos «para que les enseñen con quién deben acostarse o en qué Dios deben creer. Eso es algo que deben decidir por sí mismos en completa libertad», pues, agregó, «Como padres de familia, enviamos a nuestros hijos, o al menos la gran mayoría en este país, para que aprendan matemáticas, inglés, geografía, biología; no para recibir clases de sexología o sexualidad». (Nota de editor, La Opción, 16 de agosto de 2023).

Resulta que tales aspectos de la vida humana se imparten en las primarias desde hace décadas.

En la contraparte, algunos defensores de la NEM han argüido que en realidad se trata de oponerse a los LTG, no solo a éstos, sino a la existencia de los mismos.

Sin duda es una discusión -hasta allá la llevaron- sobre la hegemonía en el país, y no necesariamente entre la parte «conservadora» y la «revolucionaria», por más que en algunos episodios de los LTG se han deslizado, no los temas que esos se deben abordar, sino en la redacción, una indudable filia por algunos aspectos, especialmente sobre los episodios concernientes a la lucha armada en el México de la  segunda mitad del siglo XX.

La NEM tiene, evidentemente, -para el escribiente- indudables aspectos positivos, consistentes, sobre todo, en que ahora los educandos recibirán lo que se aspira sea una educación integral, partiendo de su entorno, y como ahora aprenderán a partir de lo anterior, entonces desaparecen las «materias» tal y como las conocimos hasta ahora, en lo que será una profunda transformación del modelo educativo.

Seguirán enseñándose, pero ahora con ese nuevo enfoque, aducen sus apologistas y algunos de sus autores, además de una buena cantidad de profesionales de la educación -maestros, investigadores, docentes de la UPN, etc.- y con una mayor participación autónoma de los maestros en la impartición de los conocimientos, además de que, por muchos momentos, tanto los LTG como los contenidos enfatizan en imbuir en los educandos las nociones de la desigualdad social, lo que dio pie a que se les descalificara porque se «ensalza» al comunismo, en una tendencia que por momentos revivió a aquella vieja campaña anticomunista de los años 40’s y hasta los 60’s.

Dicen bien los académicos e investigadores que publicaron un pronunciamiento el 17 de agosto en favor de la NEM: «Es necesario impulsar un debate que evite los reduccionismos interpretativos, las valoraciones parciales y los juicios sumarios que se extravían en las pasiones ideológicas».

Sin embargo, no resistieron la tentación de insertarse en la discusión electoral del momento pues sostuvieron que «Los embates en contra del proyecto educativo de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) desde el estado de Chihuahua, han sido emprendidos por un conjunto de actores ligados al proyecto neoliberal que han formado parte de los gobiernos panistas y priistas que integran al Frente Amplio por México» (FAM), en lo que es una equivocación pues los gobiernos de oposición no forman parte de esa alianza electoral.

Pero tal postura -la de darle la bienvenida al debate- abre la posibilidad para que, por lo menos en esta discusión, no se descalificara a priori a quienes, o se oponen al total de los LTG, o mantienen posturas críticas sobre ellos, sin rechazarlos completamente pues, como dicen, «Los debates sobre los libros de texto son un motivo para que los materiales educativos se enriquezcan con las observaciones y sugerencias, que puedan ser planteadas por diferentes actores interesados en la materia con información suficiente, razonamientos puntuales y argumentaciones convincentes». 

La NEM es una reforma educativa de calado muy profundo, que cambia por completo lo conocido hasta ahora en el país y que requiere una mucho mayor asimilación, no solo por los maestros (parte fundamental del proceso), sino por la sociedad.

Esto es así, debido a que «La NEM forma parte de un proyecto de nación diferente, que está fundamentado en filosofías y pedagogías que promueven el sentido de comunidad, justicia, democracia e inclusión, que difieren y se apartan del modelo educativo neoliberal, cuya lógica de mercado está centrada en el individualismo, la competitividad, el aprendizaje mecánico y memorista». (Comunicado de marras).

Y como se advierte, es hasta natural que haya oposición a tal modo de apreciar la educación y que, como es lógico, recurran a las herramientas existentes para oponerse, o rechazarla, como es el caso de la gobernadora Maru Campos, quien en sus mensajes descalificó severamente a los LTG pues «tienen un alto contenido ideologizante y son una basura». (Nota de la redacción, Proceso, 5 de agosto de 2023).

«(Debe preguntársele a los papás) Si prefieren recibir esta basura de LTG, o que reciban una educación donde no se les obligue a los niños a pensar con cierta ideología, donde no les obligue -a los niños- a pensar en ciertas condiciones de vida…». (Ídem).

Pues, además, afirmó que «el contenido de los libros mina la libertad de las familias, los derechos humanos y de las instituciones… ». (Ídem).

A pesar de tales adjetivos, en esta postura hay un aspecto nada desdeñable, el de que el gobierno de Chihuahua se opuso a la distribución de los libros pero no efectuó una acción por su cuenta, sino que acudió a la institución que debe resolver este tipo de controversias entre poderes; por ello será la SCJN la que resolverá -como debe ser en una república de ciudadanos e instituciones- quien tiene la razón y con base en esas determinaciones actuar en consecuencia.

Es decir, el gobierno de Chihuahua no tiene «secuestrados» los LTG, pero si la Corte fallara en contra de su pretensión y no los distribuyera, entonces sí caería en ese caso, la acusarían de desacato y podría ser destituida sin más trámite, a menos de que los  distribuyera de inmediato.

Por otra parte, en la muy ácida discusión, los apologistas a priori de la NEM ubican a los que la rechazan o critican como «conservadores», de derecha, como el mismo presidente etiquetó a la gobernadora, pero ¿Esta es la misma derecha que se opuso a los primeros libros de texto gratuitos?

Más aún ¿Es la misma «derecha», la de la sociedad, que los partidos políticos de oposición, cuya mayoría -si no es que todos- se han corrido, ideológicamente hablando, al centro-derecha, incluido el mismísimo Morena?

Menudo problema tendremos si la Corte le diera la razón al gobierno de Chihuahua…

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

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