Corral, violador de la libertad de expresión

El Diario, 28 de abril de 2019

Luis Javier Valero Flores

Debe haber caído, no como un balde, sino como un tinaco de agua fría, la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en contra de diversos funcionarios del gobierno estatal, incluido el gobernador Javier Corral, al determinar que “hay evidencias suficientes para acreditar la violación al derecho a la libertad de expresión de la periodista Rocío Gallegos… en hechos ocurridos en noviembre del 2017”. (Nota de redacción, La Verdad de Juárez, 24 de abril de 2019).

Quizá en el último acto como presidente del organismo, José Luis Armendáriz, firmó la recomendación emitida el pasado 17 de abril.

En ella, se acredita que el gobierno de Corral violentó la libertad de expresión de la periodista, ex directora de El Diario de Juárez hasta hace unos meses.

Hasta el momento de la elaboración de estas reflexiones aún no se tenía información si el gobierno de Chihuahua había sido notificado acerca de la recomendación que solicita la aplicación de sanciones a servidores públicos estatales que atentaron contra Rocío Gallegos, se encargue de reparar el daño e inscriba a la informadora en el registro estatal de víctimas, “y se someta ante el Comité del Sistema Integral de Seguridad para Protección de Periodistas del Estado la propuesta de capacitar a los servidores públicos sobre el respeto al trabajo de los periodistas y la importancia de la libertad de expresión”, por hechos ocurridos en octubre-noviembre de 2017.

Además, la CEDH de Chihuahua le pide al gobierno de Corral garantizar la no repetición de actos violatorios de similar naturaleza.

La recomendación contiene una síntesis de los hechos: “Después de la difusión en un periódico de circulación estatal con sede en Ciudad Juárez, Chih., (El Diario de Juárez) de una nota sobre un video en el que se acusa a autoridades estatales del más alto nivel de ser protectores de presunto narcotraficante, éstos han iniciado campaña de desprestigio, descalificación y criminalización a su trabajo como periodista y directora editorial del periódico en el que apareciera la nota, legitimando con ello la violencia en su contra, al relacionar el medio impreso que dirige con el crimen organizado. Analizados los hechos y las diligencias practicadas, hay evidencias suficientes para acreditar Violaciones al Derecho a la Libertad de Expresión”. (Recomendación 36/2019).

Rocío Gallegos asentó que a través de diversos sitios digitales se lanzó aquella campaña, entre los “que estuvieron las cuentas del propio gobernador Javier Corral, se atentó en contra de mi libertad de expresión y el derecho a saber de la ciudadanía”. (Ibídem).

No era cualquier asunto el origen del problema.

A fines de octubre del 2017, un grupo armado secuestró a una mujer a la que obligó a declarar que el entonces alcalde de Madera y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, favorecían a un grupo criminal. El video de la declaración mostraba al grupo armado, sin mostrar los rostros, en medio del cual habían colocado a la mujer. 

Días después aparecería su cadáver.

La dirección del periódico decidió publicar el video, el que ya circulaba profusamente en las redes sociales. Tras la publicación de la nota, el gobernador Javier Corral Jurado reprodujo en su página personal un artículo de opinión escrito por Luis Cardona, “quien entonces aparecía en el directorio oficial como empleado estatal…”, en el que se descalificaba el trabajo de Gallegos. (Ibídem).

Lo mismo ocurrió con varias cuentas vinculadas con Comunicación Social del Gobierno del Estado. La acusaron de generar “un daño social”.

Más preocupante fue la acusación del anterior vocero del gobierno de Chihuahua, Antonio Pinedo, quien calificó al medio de “portavoz del crimen organizado”, lo que es, sin duda, un peligroso atentado en contra de una de las libertades más preciadas, la de expresión, la que están obligados, los funcionarios señalados, a proteger,  preservar y respetar.

No está demás retrotraer un episodio semejante. 

Al inicio del gobierno de César Duarte, en los momentos de mayor algidez de la ola violenta, en octubre de 2010, fue secuestrado el abogado Mario González, hermano de la procuradora de Justicia, en el gobierno recién terminado de José Reyes Baeza, Patricia González.

Increíblemente, el gobierno de Duarte reaccionó de manera contraria a la asumida por el de Corral.

“Pocos días después se divulgó un video en el que el abogado era interrogado por un sujeto en off. En ese interrogatorio, González se auto incrimina y señala a su hermana de pertenecer al grupo rival -La línea, identificada como el grupo armado del Cártel de Juárez-. La discusión sobre la pertinencia de la difusión de ese primer video fue menor a la desatada cuando se divulgó el tercero en el que Mario González es golpeado con saña”. (Nota de LJVF, Aserto, noviembre 2017, “Videos, distintos, pero semejantes”).

La postura del gobierno de Duarte, en la voz de la Secretaria General de Gobierno, Graciela Ortiz, se atuvo a las más elementales reglas de la procuración de justicia. Después de expresar su solidaridad con la familia González Rodríguez, expresó que no se podía “emitir un juicio de valor sobre la veracidad o falsedad de la información contenida en el mencionado video, ya que en todo caso, cualquier dicho al respecto, deberá provenir de una investigación seria por parte de las autoridades competentes”.

No fueron pocos los medios de comunicación que difundieron los videos y en ningún caso fueron señalados de ser “portavoces” del crimen organizado.

Ante los ataques a Rocío Gallegos, Artículo 19 -la organización de periodistas-, en voz de su directora en México, Ana Cristina Ruelas, conminó al gobernador chihuahuense, Javier Corral, a asumir que las críticas e incluso “el discurso ofensivo” son parte de la democracia.

“Corral tiene que asumir que el discurso que le cuestiona, el discurso ofensivo y a veces hasta perturbador forma parte del debate democrático y él, como gobernador, tiene la oportunidad de utilizar los medios de comunicación social para fortalecer este debate, sin llegar al punto de intimidar o amenazar con demandar a periodistas y mucho menos utilizar el aparato del Estado para ir en contra de éste. 

Su posición como gobernador le obliga a garantizar el derecho a la libertad de expresión y esto significa reconocer que no todas las expresiones le tienen que ser favorables; así no funcionan las democracias y él no se puede aludir demócrata si no acepta la crítica, incluso la ofensa”. (Nota de Sandra Rodríguez, El Diario de Juárez, 11/XI/17).

A su vez, Balbina Flores, corresponsal en México de la organización internacional Reporteros sin Fronteras, al abordar el señalamiento de Antonio Pinedo, dijo que “Hacer un señalamiento de este tipo desde una autoridad es muy peligroso, porque no sólo es un señalamiento, sino que se pone en riesgo a un medio y sobre todo en una zona donde se mueven muchos intereses no sólo políticos, sino del crimen organizado, y sabemos que no es un solo grupo sino varios. Lo que dice es muy grave… Lo único que hace es enrarecer más lo que está pasando en el tema de la violencia, además de propiciar que el mismo crimen organizado pueda atentar contra el mismo medio de comunicación o los reporteros”. (Ibídem).

Nada ha cambiado desde entonces, al contrario. Con alguna frecuencia se repiten episodios en los que el mandatario chihuahuense denota su rechazo y hasta desprecio a los medios de comunicación, y no solamente hacia los de “la aldea” chihuahuense. 

Ha barrido parejo. Por supuesto, con La Jornada, periódico que lo ha cuestionado severamente sobre el asesinato de su corresponsal, Miroslava Breach, pero Reforma, El Universal, Proceso, El Financiero y otros, no se han escapado de los ácidos comentarios, en contra de los medios que lo cuestionan,  del paseño que gobierna Chihuahua.

Tales actitudes llevaron a Artículo 19, a catalogar como adverso el ambiente prevaleciente en Chihuahua, “a la libertad de expresión debido a la violencia institucional imperante contra la prensa durante el gobierno de Javier Corral”, como lo señaló la organización unos cuantos días antes del 1o. Aniversario del asesinato de Miroslava Breach. (Nota de Emir Olivares Alonso, La Jornada Baja California, 20 de marzo de 2018).

Como lo catalogó, correctamente, la dirección de La Jornada, el gobernante de Chihuahua asume una conducta dual respecto a los medios de comunicación: 

“… mientras que ante los medios Corral Jurado se refiere a Miroslava como ‘una comunicadora valiente que fue silenciada por la vía de un asesinato cobarde’, en una reunión con familiares de la víctima ocurrida en enero del 2018  afirmó que ‘ella tuvo la culpa por pisarle los callos al diablo', se mofó de una hermana de Miroslava y la amenazó diciéndole que 'algo le iba a pasar" también a ella si ‘seguía pisando callos”. (Editorial, 23 de marzo de 2018).

Con esa opinión nos quedamos, por desgracia.

Ahora esperamos que acaten la resolución de la CEDH.

¿Serán capaces?

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Impunidad rampante

El Diario, 25 de abril de 2019

Luis Javier Valero Flores

Hay coincidencias generalizadas en las razones que explican el incremento constante de la violencia en el país. Se puede decir que los diagnósticos son plenamente coincidentes, tanto en las actuales administraciones, federal y estatal, como en las pasadas. 

Las diferencias se encuentran en otra parte.

¿En el modo de afrontar las oleadas de violencia? 

Quizá, aunque las diferencias de las estrategias adoptadas por los distintos gobiernos (emanados de partidos diversos) son menores, incluido el de la 4T, el que ahora eleva la participación de las fuerzas armadas en ese combate.

Más allá de las coincidencias y de las diferencias, hay un aspecto que los uniforma -que, justo es precisarlo, es muy temprano para enjuiciar al actual gobierno federal- y éste es el de la impunidad.

Podrán presumir, las autoridades estatales, que ahora se ejecutan porcentajes muy elevados de las órdenes de aprehensión, pero estas cifras no significa que se haya avanzado en el combate a la impunidad; las que de verdad evidencian si se ha avanzado en ello son las del esclarecimiento de los hechos y, por supuesto, de la aplicación de las sanciones respectivas a las personas responsables de los hechos delictivos.

La realidad es estrujante: “El 95 por ciento de los homicidios cometidos el año pasado en esta ciudad (Juárez) siguen sin resolverse, indican datos oficiales”. (Nota de Miguel Vargas, El Diario de Juárez, 17 de abril de 2019).

En el 2018 se registraron en Juárez mil 245 asesinatos, de los cuales se abrieron mil 32 carpetas de investigación, sin embargo la Fiscalía Zona Norte únicamente ha judicializado 48 casos y dejó bajo indagatoria 984 expedientes.

De acuerdo con “la información proporcionada por la Dirección de Estadística Criminal de la Fiscalía General del Estado (FGE), a la solicitud de transparencia 039942019 hecha por El Diario”, en la zona norte del estado existen 2 mil 570 carpetas de investigación por homicidios sin resolver en los últimos seis años, “de las cuales el 80 por ciento se abrieron entre enero de 2016 y febrero de 2019”. (Ibídem).

Del año 2014, en el que fueron asesinadas 438 personas, se abrieron 388 carpetas de investigación, de las que permanecen 288 casos abiertos, y sólo se “judicializaron”, los que pueden contener más de una persona responsable.

Cifras semejantes ocurrieron en los años subsecuentes: En 2015, se judicializaron 85 y quedaron abiertas 184 carpetas; en 2016, con 545 víctimas fatales, “el Ministerio Público (MP) presentó ante los jueces 81 carpetas con resultados buscando sentencia, y dejó abiertos 389 expedientes aun no resueltos”.

Las cifras in crescendo en 2017: 771 homicidios; se abrieron 642 carpetas de investigación y solamente se judicializaron 83, “quedando abiertas 559 carpetas aun no resueltas”. (Ibídem).

Estuvo peor el 2018: “Sólo se judicializó el 5 por ciento de las carpetas de investigación y 984 homicidios siguen sin resolver”. 

El presente año no pinta mejor. Hasta el primer bimestre del año, habían asesinado -según cifras de la FGE en la zona norte del estado- a 213 personas, y se habían judicializado 7 carpetas de investigación, “de un total de 173 abiertas en ambos meses, por lo que 166 están bajo investigación”. Obviamente, de estas últimas no hay sentenciados.

Y estas últimas cifras son las que valen.

¿Cuántos presuntos responsables, del total de homicidios, se encuentran detenidos? 

Más aún ¿De esos, cuantos están sentenciados, en última instancia y, por tanto, plenamente demostrada su culpabilidad por los hechos imputados?

Esas son las cifras que valen. 

Por una razón, elemental, porque de ella obtenemos la certidumbre de que los asesinos se encuentran purgando sus penas en las cárceles de Chihuahua.

Por desgracia, vistos los números otorgados por las autoridades estatales, no hay elementos para llegar a esa conclusión, y sí a la contraria, lo que nos demuestra fehacientemente que la impunidad campea en Chihuahua y demuestra, más allá de las filias y fobias despertadas por la administración del “Nuevo amanecer”, su fracaso en esta materia.

Ineficiencia de la que dan cuenta, hasta las declaraciones del titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), Óscar Alberto Aparicio, quien “afirmó que los homicidios en Ciudad Juárez ya no son como antes, que eran en la calle o vía pública, sino que van más a lugares y colonias alejadas (sic y recontra sic)”. (Nota de Gregorio Prieto, El Diario de Chihuahua, 23 Abril de 2019).

¡¿Ah, las colonias “alejadas” no son vía pública? ¿Sólo porque no están en las zonas céntricas de Juárez?

Bueno…

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Espada y pared

Mega Radio 860, Juárez, 24 de abril de 2019

Luis Javier Valero Flores

En esa circunstancia se encuentra el gobierno de la 4T en relación al espinoso tema de los migrantes centroamericanos.

Por un lado, el de la necesaria congruencia entre los principios humanitarios a los que está obligado y por otra parte a las presiones del gobierno norteamericano de Donald Trump, que se opone tajantemente, no sólo al ingreso de mexicanos a los Estados Unidos, sino a cualquier migrante y que, conforme crece el número de participantes de las caravanas procedentes del sur, arrecia las acciones, encubiertas, o abiertamente hostiles al gobierno   mexicano.

Esas son las razones que explican la sorpresiva decisión del gobierno estadounidense de remover a su personal de migración y con ello obligar al aumento de la espera que las personas y mercancías hacen para acceder al vecino país.

Sin duda que el presidente norteamericano sabe de las graves repercusiones de su medida, por eso la toma, porque está presionando al gobierno de López Obrador a que se convierta, como lo fueron sus antecesores, en el guardián de la migración hacia los Estados Unidos.

Y si no lo hace, entonces el tortuguismo en las aduanas, con la amenaza que esta medida se puede agravar, hasta el cierre total de la frontera, cosa imposible de creerle, no tanto porque fuera a sensibilizarse al recibir las quejas de los mexicanos, sino porque las quejas más importantes provendrían del lado norteamericano, especialmente de la industria de aquel país.

¿Qué hacer?

¿Ceder al chantaje de Trump?

Quizá lo mejor sería plantear una ruta consensuada con los gobiernos de los países de la zona, junto al de Estados Unidos y echar a andar una serie de medidas de todo tipo, económicas, financieras, sociales, educativas, etc., que permitan la detonación del crecimiento social de la zona, vista como una sola región, que abarque a los estados de Chiapas, Campeche, Oaxaca, Tabasco y Guerrero, junto a  Guatemala, El Salvador y Honduras, a fin de detener, por medio del desarrollo económico, (es decir, el crecimiento económico y el de todo tipo) la migración.

Lo anterior requiere de ingentes vastos recursos económicos, cuyo principal suministrador debieran ser los norteamericanos, que pudieran invertir en esas tareas los recursos que ahora destinan al uso de la fuerza -incluida la construcción del muro de Trump- a fin de detener la oleada migratoria.

Y, además, poner en marcha un plan de contratación de mano de obra, -que necesitan los Estados Unidos- regulada sistemáticamente.

Es decir, no se trata, tan sólo, de poner en marcha operativos policiales, sino el de poner en marcha un ambicioso plan que tenga como eje el de potenciar el desarrollo de la región, y así, dejaría de ser el operativo que quisiera Trump para impedir la llegada de migrantes a su país.

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La 4T ¿Va?

Vozen red. com, 24 de abril de 2019

Luis Javier Valero Flores

No podía ser de otra manera. Los primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador han sido trepidantes. Todos los días un nuevo tema contribuye a la polémica, a la controversia.

Es natural, la caída del régimen autoritario, vigente desde fines de los 40’s del siglo anterior, tendría que causar una inmensa cantidad de fenómenos, a cual más de nocivos y los más, violentos.

A ellos se enfrenta el nuevo grupo gobernante en el país. 

No siempre lo hace con eficacia y corrección, factores a los que se suma la inclinación del presidente a confrontar a sus opositores y que lo hace sin diferenciar a sus críticos, que lo hacen desde la izquierda y de buena fe, a aquellos que bien pueden ubicarse en la reacción a su triunfo y que claman por la pérdida de sus privilegios.

Y nos referimos no solamente a los integrantes de la clase política, sino a quienes el mismo López Obrador llamó como los miembros de la “mafia del poder”, muchos de los cuales son, hoy, “asesores” del presidente.

En esos vaivenes, muchos de ellos incomprensibles para quienes lucharon en las filas de la izquierda de mucho tiempo atrás, éste es uno de los principales, porque desde la órbita de esos poderosos empresarios se fraguan diversas ofensivas mediáticas.

Por eso, el Peje-Presidente deberá afinar su trabajo, está obligado a no cometer los errores que hasta hoy ha efectuado, los que le han servido a sus opositores para enderezar serios ataques en contra de la 4T, algunos de ellos con razón.

Es mucho lo que los mexicanos pusieron en juego en la pasada elección presidencial, López Obrador está obligado a no derrocharlo.

Salarios de gobernantes: Ni un paso atrás

El Diario, 21 de abril de 2019

Luis Javier Valero Flores

Es un tema abordado hasta la saciedad en estas páginas. 

Los fabulosos salarios de los funcionarios públicos forman parte del inmenso bagaje que la mayoría de los votantes del pasado julio tuvieron a la mano -o que fueron acopiando- para echar fuera de la inmensa mayoría de los puestos públicos a los miembros de los partidos del viejo régimen.

Acotación al margen: Tema a polemizar: ¿Tenemos un nuevo régimen? Obviemos la discusión teórica y dejémoslo así para tener una explicación más sencilla a la mano a fin de delimitar el antes y el después del triunfo de López Obrador a la presidencia de la república, con la aspiración a que eso sea una realidad y no un frustrante despertar.

Casi un año después de lo ocurrido, la mayoría de la clase política no se ha percatado de la profundidad del resquemor ciudadano a causa de sus cuantiosos ingresos, amén de sus numerosos privilegios. 

Infortunadamente, a esa “clase” se han agregado no pocos nuevos gobernantes emanados de Morena y sus partidos afines, además de las mil y un peripecias argumentativas para sostener el nivel de ingresos de los “servidores” públicos.

A pesar de que Morena podía ejercer su mayoría en las Cámaras de Diputados y Senadores y, por tanto, disminuir seriamente los ingresos y “arrimadijos” de los legisladores federales, optaron por buscar el “consenso” del resto de los partidos. El resultado fue una pobre disminución de los salarios y, por tanto, el mantenimiento, en lo general, de los privilegios de diputados y senadores.

Pocas cosas han cambiado en ese aspecto. No parecieran formar parte de las actuales preocupaciones de los ciudadanos. 

Por ahora, pues se mantiene una especie de “luna de miel” entre el presidente López Obrador y una buena parte de la ciudadanía, que no solamente le tolera, sino justifica cualquier aspecto criticable en otra circunstancia y, sobre todo, con cualquier otro protagonista político del pasado.

En el temas de los salarios, en el aparato del gobierno federal ha ocurrido cosa semejante. 

Sí ha habido una disminución de los ingresos, pero aún se mantienen, en los primeros niveles, por encima del salario promedio de los catedráticos e investigadores universitarios de las instituciones públicas y, por supuesto, del de los profesionistas, contratados para ejercer las tareas “técnicas” de las dependencias públicas.

Cosa semejante ocurre en la mayoría de los puestos públicos que llegaron a desempeñar los nuevos gobernantes.

No hay, en ese aspecto, una radical diferencia con el pasado, salvo lo realizado personalmente por López Obrador -viajar en aviones de líneas comerciales y seguir usando, o su propio vehículo, o uno de los existentes del gobierno de Peña Nieto, sin la ostentación de aquellos- y que ha merecido infinidad de serios y preocupantes cuestionamientos, derivados de los elevados grados de riesgo generados para su integridad física.

¿Cuánto influirá en el ánimo ciudadano la persistencia de tales privilegios? Por supuesto, imposible de saberlo, sí de inferir que en algo puede contribuir a la pérdida de credibilidad del partido y candidatos de Morena en los próximos procesos electorales, y que aumentará si, por alguna razón, la percepción ciudadana acerca del mejoramiento de su situación personal va a la baja en los próximos meses.

Pero una situación totalmente distinta tendrán enfrente, muy pronto, los integrantes del actual grupo gobernante en Chihuahua.

Deberán arrostrar las bajas calificaciones obtenidas por el gobernador Javier Corral en los últimos meses y ahora sus desafortunadas declaraciones acerca de los salarios de los funcionarios más altos de su administración.

Aquí no hay medias tintas. El mismísimo gobernador ha expresado tajantemente su postura: No habrá disminución de los salarios de sus compañeros y amigos en la función pública.

Ello, a pesar de que ha anunciado la puesta en marcha de un recorte en el gasto público del 20%, pero de ninguna manera a los salarios de los funcionarios de los primeros niveles, debido a que, dijo, lo percibido por estos   “está dentro del mercado laboral”, en lo que es una repetición de la principal argumentación usada por los gobernantes panistas, tanto federales, como estatales, para justificar sus elevados emolumentos, argumentación que deja de lado que quienes acceden a la función pública lo hacen debido a su “elevada vocación de servicio”.

“Destacó que el Gobierno del Estado debe ofrecer sueldos que compitan con la iniciativa privada, para poder contar con material humano”. (Nota de Orlando Chávez, El Diario, 18 Abril de 2019).

En una nueva modalidad de recorte presupuestario, Corral anunció que se obtendrán mil 500 millones de pesos de ahorro en este año, mediante el recorte “del 20 por ciento de sus presupuestos en programas y acciones”. Y sin despido de personal. Lo anterior, a pesar de que, de acuerdo con lo publicado, los secretarios estatales “perciben una remuneración mensual mayor a la que reciben sus contrapartes en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador”. (Ibídem).

No es lo único criticable.

A pesar de haberse promovido como el gobierno de la “transparencia”, lo publicado en sus páginas respectivas acerca de los ingresos de los secretarios del gabinete corralista, es deplorable pues, entre otros, el “Portal estatal no incluye salarios de secretarios de Obras Públicas, Función Pública y Salud”. (Nota de Miguel Chavarría, El Diario, de Chihuahua, 18 de abril de 2019). 

Así, la percepción mensual de Alejandra De la Vega Arizpe, Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, “no se ha actualizado desde el ejercicio fiscal de 2017”. (Ibídem).

En semejante caso se encuentra la información del Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, incluso, el nombre del titular, “Gustavo Elizondo Aguilar, no aparece en la nómina de funcionarios”. Por si fuera poco, “la información disponible de las nóminas de secretarías como Hacienda, Cultura, Educación y Deporte, entre otras, está actualizada al segundo semestre del año fiscal 2018”. (Ibídem).

Es un compendio de atentados a la transparencia. El portal respectivo “no ha incluido en la nómina a los nuevos titulares de la Secretaría de Salud (SS) ni de Función Pública (SFP)”, ni ha incluido, por ende, el salario de Jesús Enrique Grajeda Herrera, quien sustituyera al afamado Dr. Ernesto Avila, aquel que acuñara la frase de “me dejé llevar”, por sus subalternos a fin de que recibiera un bono por 100 mil pesos a pesar de sólo haber laborado, en ese momento, cuatro meses.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), Luis Felipe Siqueiros Falomir, ni siquiera aparece en el portal de la dependencia, y por supuesto, tampoco sus remuneraciones. 

Siqueiros está involucrado, aparentemente, en un conflicto de interés, por no deslindarse de la empresa en la que participaba como socio, negocio que, a su vez, recibió un contrato de servicios al gobierno estatal, en fecha anterior a su nombramiento, pero que no obra constancia de haberse desprendido de la empresa cuando ya era funcionario estatal y también incumple con lo señalado por la ley de transparencia.

En el colmo, “La Fiscalía General del Estado (FGE) también evadió transparentar información pública de su nómina. En el ejercicio fiscal 2018, la dependencia dejó en blanco el rubro de remuneraciones brutas y netas de sus servidores públicos. En años fiscales anteriores a 2018, la FGE publicó un documento con una nota aclaratoria que afirma: 'por cuestiones de la extensión de la información del presente formato, y la capacidad del espacio de almacenamiento de la página de la Secretaría de la Función Pública, la información correspondiente a la presente fracción (de remuneraciones) se encuentra [...] en el siguiente hipervínculo’. Pero todas las direcciones de las páginas web que la FGE presentó en sus documentos de nóminas están rotos, lo que convierte a la información pública en inaccesible”. (Ibídem).

¿Podrá considerar el mandatario estatal, todo lo anterior, como parte de una campaña permanente en su contra? ¿O será parte de los yerros de una administración que naufraga, víctima de sus errores y de su falta de atención a las tareas de gobierno e, incluso, presa de sus contradicciones, cuya aparición es cotidiana?

Así, el tema de los salarios del equipo de Corral formará parte de los argumentos que la ciudadanía tendrá a la mano para votar, en el 2021, por cualquiera de las opciones distintas a las del partido del gobernador, asunto al que poca atención le ha brindado, pero que en la medida en que se acerquen las fechas electorales los obligará a tomar medidas que, muy seguramente, serán tardías.

Finalmente. 

Las contradicciones y las incongruencias no son pocas. La última se presentó días atrás: En la presentación de su II Informe de Gobierno, se puso a disposición del Congreso del Estado a fin de discutir con los diputados locales sobre el tema. 

Pero cuando los partidos de oposición proponen que se concrete tal propuesta del gobernador, los compañeros de éste la rechazan una y otra vez.

Sólo fue una pose.

Una más.

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Alumbrado, atrapados en la inopia oficial

El Diario, 18 de abril de 2019

Luis Javier Valero Flores

Pocos temas como el de los proyectos de alumbrado (antes, el de Juárez, y ahora, el de Chihuahua) sirven para ilustrar la verdadera naturaleza hacendaria-autoritaria del régimen (incluido el actual período gubernamental, encabezado por López Obrador) diseñado para ejercer a plenitud el presidencialismo.

Todo está hecho para que los ciudadanos y las instituciones deban rendir culto y pleitesía al titular del Poder Ejecutivo. Y deben hacerlo porque el presidente es el cuasi propietario del presupuesto federal. 

No sólo, es el principal recaudador que deja a los estados y municipios prácticamente en la inopia.

En números cerrados, el gobierno federal ejerce el 80% de los ingresos nacionales, los estados el 19 y los municipios el 1% restante. En aquel 80 por ciento van incluidos el Poder Legislativo, el Judicial y el resto de los organismos autónomos.

De ese modo, los municipios, incluidos los de mayor presupuesto, están prácticamente a merced, -para acometer las obras mayores necesarias para sus gobernados- o del presidente y sus dependencias, o del endeudamiento, o el de la concesión y la inversión público-privada.

No hay margen para que de las finanzas municipales se emprendan, por ejemplo, la rehabilitación del alumbrado público, o de la pavimentación de las extensas áreas populares que no cuentan con este servicio.

No sólo eso, tampoco tienen los recursos suficientes para proveer de una adecuada atención (rehabilitación y mantenimiento) de los espacios públicos (lo que debiera incluir el personal encargado de la atención social, promotores deportivos, culturales, etc.), ya fueren parques, instalaciones deportivas y/o culturales.

¿Es un problema solamente de las ciudades mayores de Chihuahua?

No, a donde volteemos la vista, las ciudades, de medianas hacia arriba, tienen graves problemas de pavimentación, ya sea de mantenimiento de la carpeta asfáltica de las principales y más céntricas vías, o de las colonias de la periferia. A esa generalidad se escapan solamente algunas calles y avenidas de las más céntricas de las ciudades.

¿Por qué?

Por el pacto hacendario, inamovible para los partidos del antiguo régimen gubernamental y que el gobierno de López Obrador está obligado a cambiar, si desea efectuar las profundas transformaciones anunciadas; si es así, deberán cambiar las reglas, tanto de la distribución de lo recaudado, como de la recaudación.

No sólo eso, si se desea obtener una mayor recaudación y llevar a que “los más ricos paguen más impuestos” está obligado a proponer y obtener una reforma fiscal que derogue el régimen de consolidación fiscal, por medio del cual los más grandes empresarios, entre los que se cuentan algunos de los asesores presidenciales, eluden el pago de más de 400 mil millones de pesos anuales.

¿Todo lo anterior tiene que ver con el proyecto anunciado por la alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos, y del muy probable del de Juárez?

Mucho.

Bajo el esquema hacendario actual, con el marco jurídico vigente en materia de endeudamiento y con el monto presupuestario existente para estos municipios (y los semejantes en el país), las administraciones municipales, si desean emprender la rehabilitación total del alumbrado público no tienen más opciones que la propuesta por el equipo encabezado por Campos, que es el de la concesión para obtener lo anterior, sin invertir más recursos que los empleados anualmente a través de los ingresos del Derecho de Alumbrado Público (DAP) y las aportaciones que se hacen del presupuesto municipal.

¿Que es semejante al esquema de la bursatilización? Sí. Porque se comprometen ingresos propios, pero que tienen un destino ya presupuestado que es el de pagarle a la CFE el consumo de energía y lo restante, emplearlo en el mantenimiento del alumbrado.

Sin duda, la mejor vía sería mediante un empréstito de la banca oficial. Tal opción tropieza con la ley de Disciplina Financiera que lo impide y la escasez de recursos de la banca gubernamental para apoyar semejante proyecto.

Así, las opciones se reducen a no cambiar el alumbrado público, o hacerlo a través de esquemas como los propuestos por los alcaldes de Juárez y Chihuahua, en tanto no cambien el esquema hacendario y el régimen fiscal que le permita a la federación obtener más recursos del gran empresariado, y a estados y municipios aumentar sus ingresos por las vías señaladas.

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Los entuertos de Corral y las vicisitudes de la 4T

El Diario, 14 de abril de 2019

Luis Javier Valero Flores

La apabullante aparición de nuevos acontecimientos de la “cosa” pública hacen imposible detenerse suficientemente en cada uno de ellos.

El triunfo de Andrés Manuel López Obrador ha catapultado la atención ciudadana sobre los asuntos del gobierno, y de la vida política en general del país, como ningún otro protagonista de la función pública.

No es tarea fácil acometer ninguna de las tareas de gobierno en el momento actual del país, la crisis económica, política, social e institucional es, quizá, la más grave de la vida contemporánea de los últimos 90 años, o más.

Sí es, claramente, el agotamiento de un régimen, el cual posee la suficiente fuerza como para imponer condiciones y limitantes a quienes pretenden distintas reformas; limitaciones que se potencian, además, por el entramado económico vigente, en esta etapa conocida como la era de la globalización, de la cual prácticamente ningún país puede desentenderse, menos el nuestro, dependiente en grado extremo de la economía norteamericana, fruto de la política económica aplicada por quienes fueron expulsados de las tareas gubernamentales gracias al tsunami lopezobradorista.

Pero ese mismo impulso y las trabas existentes, además de las concepciones y actitudes propias de quienes accedieron al poder, los lleva a caer en numerosas y frecuentes contradicciones, de las que obtienen provecho los partidos de la oposición.

Dos temas, uno en cada ámbito, son, hoy, los principales temas de interés mediático, aunque el del nombramiento de los mandos de la Guardia Nacional, es, quizá, el más importante debido a la puesta en vigor de este nuevo agrupamiento policial, mediante la incorporación de no solamente la tropa, sino de sus mandos, en contraposición a todo lo sostenido previamente por los dirigentes de Morena, incluido el propio presidente López Obrador, a lo largo de su extensa carrera política como aspirante presidencial.

El nombramiento de un militar en activo -así el presidente diga que está en “proceso de retiro”- y de un abigarrado grupo de militares al frente de la GN, en contraposición a lo acordado con los partidos y legisladores de oposición para aprobar la creación de la GN es -será- uno de los temas más controversiales del sexenio del tabasqueño.

En el ámbito local, la designación de Néstor Manuel Armendáriz Loya, a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, -hasta ahora Director de Control, Análisis y Evaluación en la propia CEDH, luego de ejercer la Visitaduría en Cuauhtémoc- en la cuarta ronda de votación efectuada por el Congreso del Estado, develó la profunda pérdida del control político, que hasta la víspera había ejercido el gobernador Javier Corral. 

Ninguna de las opciones presuntamente de las simpatías del mandatario pudo llegar al segundo día de votaciones y, sobre todo, la que se presumía como la carta fuerte del grupo encabezado por la Consejera Lucha Castro, -la defensora derechohumanista, integrante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CDHM), pero ahora funcionaria de la Fiscalía General del Estado- Irma Villanueva, quedó fuera.

Y se quedó a la orilla pese a los esfuerzos del gobernador Corral por sacarla adelante, como quedó evidenciado por el intenso cabildeo efectuado por sus personeros, especialmente el del subsecretario de Gobierno, Luis Fernando Mesta Soulé, que en plena sesión de votación llegó a reforzar al equipo corralista.

No pudieron y la designación del nuevo presidente deberá ubicarse como el evento más sintomático del declive de la actual administración, en lo que se refiere al control y capacidad de liderazgo de Javier Corral, quien deberá arrostrar que sus bonos bajaron -lo que se evidencia a cada momento y, ahora, en casi todos los eventos públicos a los que acude- además de que una parte del panismo se apresta a darle la batalla en casi todos los escenarios de la disputa por el poder.

Quien pierde es la consejera Luz Estela Castro, en la búsqueda de una de las posiciones que al inicio del sexenio podría haber sido de lo más natural que ocupara alguna de las abogadas-activistas del CDHM, pero que al involucrarse en la vorágine del poder, ejerciéndolo, perdieron la brújula de los organismos derechohumanistas que, por esencia, deben permanecer ajenos, primero, al ejercicio del poder político y, segundo, en consecuencia, a las lógicas disputas por esa razón.

De ahí que parezca paradójico -e ilógico- que una de abogadas más capaces y mayor currículum de ese grupo, Villanueva, -además, cercano al gobernador- hubiese querido pasar, sin tocar baranda, de un puesto en la Fiscalía, a la presidencia de la CEDH.

Solo imaginémonos que en tiempos de los gobiernos priistas lo mismo hubiesen pretendido. Se habrían encontrado una férrea y estridente oposición a tal designación, lo que demuestra palmariamente la incongruencia, tanto del gobernante, como del grupo que aspiró a tal posición.

Y es en medio de ese mar de incongruencias que el grupo parlamentario de Morena no logra ubicarse como la fuerza política que es, o que, peor aún, intentan usar estratagemas que los hagan aparecer como guardianes de la honra política.

Para ilustrar esto último, enviaron un comunicado en el que se enorgullecieron de no haberse ausentado del recinto parlamentario, en los recesos decretados, para que quedara evidenciado que ellos “no negocian en lo oscurito”, precisamente en los momentos en que las fuerzas parlamentarias aprovechan para cabildear, negociar, convencer, atraer a sus posiciones y posturas a otras fuerzas políticas.

Y si no lo creen, ahí está el ejemplo del cabildeo realizado por Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena, para obtener la mayoría calificada que les permitió aprobar la creación de la GN. Para eso son los espacios parlamentarios para cabildear, parlamentar, acordar; si se puede, si no, como decía el letrero en el rancho, “po’s no”.

Y esas son de las vicisitudes de Morena, aquí, pero en el plano nacional se ven aumentadas, por la dimensión de los problemas y los retos, indudablemente, pero también por la excesiva exposición del presidente a la escena pública.

Además de que Amnistía Internacional rechazó, de inmediato, el nombramiento de militares al mando de la GN, el periodista Jorge Ramos hizo ver mal al presidente y mostró la impreparación con la que llega a las conferencias mañaneras, por supuesto, no siempre, pero sí con una relativa frecuencia.

El periodista argumentaba que se seguía matando a muchos mexicanos en su gobierno, igual o peor que en los sexenios de Calderón y Peña Nieto. López Obrador insistió en mostrarle los promedios diarios de ejecuciones, sin percatarse que sus cifras, al sumarlas, eran superiores a las reclamadas por Ramos.

Pero ni uno ni otro tomaron en cuenta que ambas cifras, al proyectarlas al año, arrojarían una notoria disminución, al compararlas con el último año de Peña Nieto.

López Obrador mostró el promedio diario de homicidios por mes: Diciembre, 79 diarios, (para un total, al mes, de 2,449); enero, 75, (2,325); febrero, 83, (2,324); marzo, 77, (2,387). 

Total, en los primeros cuatro meses, 9,485 homicidios, lo que llevaría, en la proyección anual, a un total de 28 mil 455 asesinatos, para una tasa de 21.88 homicidios por cada 100 mil habitantes.

En cambio, en 2018 se presentaron 34 mil 202 asesinatos, para un promedio diario de 91 víctimas y una tasa de 26.3 por cada 100 mil habitantes, superior a la del actual sexenio.

Tales cifras le dan la razón al presidente López Obrador, respecto a los cuestionamientos del periodista Jorge Ramos, que también poseía la razón, pues éste solo se refería al total de homicidios presentados (Poco más de 8 mil, decía) y en cambio el presidente se refería al promedio diario.

Pero nadie, en el equipo del presidente, atinó a aportarle tal estadística y le permitió al periodista aparecer como quien sí tenía la razón.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Poder judicial, una vergüenza

Aserto Multimedia, 12 de abril de 2018

Luis Javier Valero Flores

Lo realizado en el Poder Judicial de Chihuahua, por el grupo gobernante es una vergüenza.

Como en el gobierno de César Duarte, el mandatario ha hecho cera y pabilo, en el nombramiento de jueces y magistrados; en la destitución de presidentes del Tribunal Superior; en la abierta y grosera injerencia en los juicios, y no sólo los de los señalados en las presuntas corruptelas cometidas en el sexenio duartista.

A todo lo anterior se agrega la singular aportación del gobierno de Javier Corral a la picaresca nacional: La elevada intervención de su amiga, Luz Estela Castro, en una inmensa cantidad de asuntos que debiera resolver el gobernante, o en los que no debiera intervenir a través de la ex activista.

El colmo es el hecho, primero, de designarla como integrante del Consejo de la Judicatura y, segundo, ponerla al frente de la comisión de ese órgano para que condujera los complejos procesos de designación de jueces y magistrados.

Es un vergüenza para los profesionales del Derecho, y para la sociedad. Es de tal dimensión el batidero, que ya el Poder Judicial de la Federación, como en tiempos de Duarte, enmienda los entuertos efectuados por el grupo gobernante.

Quisieron nombrar a todos los nuevos jueces y magistrados 

¿Para qué, para protegerse de lo que pudiera ocurrir cuando salgan de Palacio?

No son iguales a los anteriores, pero ¡Ah, cómo se les parecen!