Con los restos del PRI disputan Chihuahua

El Diario, 30 de mayo de 2021

Luis Javier Valero Flores 

A una semana de la elección, estamos frente a uno de los procesos electorales más inéditos que hayamos presenciado, sobre todo por la pérdida de los límites previamente existentes entre los partidos y sus  principales protagonistas políticos.

La diáspora priista hará la diferencia en la elección del cargo más importante en disputa y, seguramente, en los municipios más importantes.

No se trata solamente de las bases y dirigencias del partido dominante de toda la segunda mitad del siglo XX mexicano; sino, también, y eso es lo importante, del electorado priista, una parte del ya había optado por el actual presidente, pero que ahora, junto con segmentos importantes de las capas medias pasaron a la oposición frente a la 4T, muchos de ellos hasta de manera visceral.

En Chihuahua y especialmente en la zona centro-sur del estado ha recrudecido el rechazo a López Obrador, y no solo por el conflicto del agua de las presas, sino por la creciente oposición y crítica a su gobierno.

La declinación, de facto, de la candidata del PRI al gobierno de Chihuahua, Graciela Ortiz González, y su adhesión a la candidatura de Maru Campos, desató un sinnúmero de expresiones que ponen el acento en las supuestas diferencias ideológicas de ambos partidos (PRI y PAN), como argumentos para oponerse a ella.

Desde las memorables elecciones municipales de 1983 (en las que el PAN ganó todo el corredor de la Panamericana -la carretera-) los dos partidos del régimen se disputaron al electorado chihuahuense que había migrado a las posiciones de centro-derecha, luego de que segmentos importantes de la sociedad chihuahuense, en las décadas de los 60’s y 70’s, se alineaba con las posturas de izquierda, en la época en la que las agrupaciones izquierdistas -la mayoría de extracción comunista o socialista- dominaban el movimiento social chihuahuense.

Hoy, todo eso es historia, por desgracia.

¿Es esta adhesión contraria a las conductas políticas y reales pronunciamientos políticos del PRI de este siglo? ¿De veras es cierto que se juntaron el agua con el aceite y que los “verdaderos” militantes del PRI optarán por irse a Morena?

No pareciera ser así: Hace ya mucho tiempo que ambos partidos mantienen posturas semejantes -obviamente, con algunas diferencias- que se han expresado, sobre todo, en el quehacer legislativo. 

A los militantes de Morena que, optimistas, esperan que una mayoría de electores del PRI transiten a Morena, habrá que recordarles que quien sostiene lo contrario, y desde hace mucho, es el presidente López Obrador ¿Po’s que no los define como el PRIAN?

Y en el caso de Chihuahua, habría de agregarse que una parte importante del electorado de Graciela Ortiz tenía como segunda opción -en la encuesta de Reforma- a la candidata del PAN y otra, al candidato de Morena, Juan Carlos Loera. 

La directora de encuestas de esta empresa, Lorena Becerra, afirmó el jueves pasado en un meet virtual de El Financiero que la proporción era de 2 a 1 a favor de Maru Campos, lo que podría agregarle a ésta, por lo menos, 4-5 puntos en los resultados electorales y a Loera, 2-2.5, si ubicáramos las preferencias de Graciela Ortiz en el orden del 7%. Evidentemente la diferencia crecería si esas preferencias se alzaran al 10% o incluso más allá.

Ahora bien ¿Acaso la alianza efectuada por Morena no es igualmente impresentable que la de sus adversarios?

Digámoslo nuevamente: 

¿Qué tendría que hacer el partido de izquierda con la derecha fundamentalista alineada en el PES; o con la expresión corporativista del magisterio, agrupada en el PANAL, o con la vívida manifestación del oportunismo político del PT y del Verde Ecologista?

Morena y el PAN han sido tomados por la diáspora priista y, sobre todo, el partido del presidente López Obrador a partir de la elección del ’18.

Si bien un buen número de candidaturas del partido del presidente las protagonizan militantes de Morena de la entidad, la apertura de este partido a un conjunto de candidaturas francamente impresentables lo ha desdibujado seriamente. 

Con dificultad se le pudiera ubicar como la opción de izquierda en estas elecciones.

Y no solo por las candidaturas propias de Morena, sus partidos aliados designaron candidatos igualmente indeseables.

A lo largo de la campaña se detallaron todas ellas en este espacio en lo que puede, desde ya, catalogarse como una estrategia totalmente equivocada -claro está, vista desde un enfoque de la izquierda-, claramente contraria a la desarrollada por sus adversarios, el PAN.

En este partido lo que hicieron fue llevar al cabo la operación cicatriz con la mayoría de las fuerzas internas, pero no entregaron candidaturas fuera de sus límites partidarios y, en cambio, aceptaron todas las adhesiones de quienes así lo manifestaran.

De ganar, dependerá de ellos, los panistas, decidir si gobiernan con sus adherentes, o no; en cambio, Morena no estará en esas condiciones, si gana, deberá cogobernar con los caballos de Troya.

Estos y otros hechos, así como el desarrollo de la campaña, hacen previsible un muy apretado resultado en favor de la candidata del PAN, aunque en el aire, sin poder evaluarlo de manera concreta, queda saber como se comportará el electorado que ha sido receptor de alguno de los programas del bienestar del gobierno mexicano.

¿Mostrarán su agradecimiento, manifestándose electoralmente por los candidatos de Morena, que en el caso de la gubernatura no hay problema, Loera es un clarísimo integrante de ese partido, o se desprenderán de ese hecho y votarán de manera independiente de ello?

Tratar de encontrarle una explicación a la conformación de ambos bloques partidarios, de acuerdo con los cartabones ideológicos del pasado, no tiene sentido, se han conformado para intentar un objetivo estratégico: Acceder a la mayoría calificada, pretende Morena; o impedir que eso suceda, como plantea centralmente el bloque contrario.

Lo más probable será que Morena y sus aliados obtengan la mayoría relativa, esto es, más de 250 diputados, pero quedarán lejos de la mayoría calificada (334 diputados federales).

De darse ese resultado, puede darse un fenómeno, hasta deseable, pues Morena y el presidente podrán delinear y aprobar el presupuesto (de egresos) que decidan, además de las modificaciones legislativas que pretendan, y por la ley de ingresos tampoco tendrán problema para que sea aprobado en las dos cámaras, la de Senadores y la de Diputados pues tendrían mayoría simple en ambas.

Pero efectuar modificaciones constitucionales, o de normas y nombramientos que exijan mayorías calificadas, o no se podrán hacer, o se realizarán mediante la negociación con los del bloque opositor.

Pero esto que puede suceder se ha visto empañado por el otro rasgo fundamental de la actual elección que es el de la exageración que ambos bloques han imprimido a la competencia electoral.

Ni el país va a la dictadura venezolana (aunque el ejercicio gubernamental de López Obrador efectivamente tiene una clara tendencia autoritaria), como sostiene el bloque opositor, ni la nación puede regresar al viejo régimen autoritario, como advierte el bloque gubernamental. 

En todo caso, aparentemente, nos encaminamos, nuevamente, como ha ocurrido desde 1997, a un escenario en el que el partido del presidente, o no tiene mayoría en la Cámara de Diputados o que, teniéndola, no sea calificada.

Lo que sí podrá cambiar, será la composición de las fuerzas políticas en el ámbito estatal. 

Si se cumplieran las más negras expectativas para Morena, podría alzarse con 5 a 9 gubernaturas de las 15 en disputa, que las agregaría a las 5  que hoy tiene.

Pero se han presentado verdaderos vuelcos en algunas de ellas y la semana faltante para las elecciones nos podría arrojar verdaderas sorpresas, en particular en Baja California, Campeche, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Zacatecas, entidades que, con diferencias, aparecían con clara ventaja para Morena y que ahora están en una muy cerrada disputa.

Tres especialistas, directores de encuestas, Alejandro Moreno, de El Financiero; Lorena Becerra, de Reforma, y Roy Campos, de Mitofsky ofrecieron los más probables escenarios:

Lorena Becerra, ubicó para Morena a Baja California, Colima, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Al PAN Baja California Sur y Querétaro; Movimiento Ciudadano (MC) en Nuevo León. Competidos: Campeche a tercios, Chihuahua y SLP en empate, Guerrero y Michoacán competencia cerrada.

Roy Campos, coincidió con Becerra, aunque Guerrero lo da a Morena. 8-9 las ganaría Morena. El PAN, Baja California Sur, Querétaro y Chihuahua. San Luis Potosí el Partido Verde. Competidas, Campeche y Michoacán.

Alejandro Moreno ve dos escenarios para el partido en el poder: uno optimista, con el que se llevaría 11 de las gubernaturas, y otro pesimista, donde solo ganaría siete. En el segundo escenario, Morena ganaría en Baja California, Sinaloa, Zacatecas, Colima, Tlaxcala, Nayarit y Guerrero.

La urna está dispuesta.

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Lo esperado: Frente anti Morena

El Diario, 27 de mayo de 2021

Luis Javier Valero Flores 

No constituyó una sorpresa su anuncio, para quienes seguían de cerca las actividades de la candidata del PRI al gobierno de Chihuahua, Graciela Ortiz, de llamar a un frente en contra de Morena (y su candidato, Juan Carlos Loera).

Desde días atrás se apreciaba un notorio descenso de su trabajo proselitista, que se correspondía con lo que sucedía en el entorno electoral del estado, en el que, a partir de la decisión judicial de vincular a proceso a la candidata del PAN, Maru Campos, se notó un descenso de las simpatías ciudadanas por esta candidatura y, al mismo tiempo, el del discreto crecimiento de Loera y el de la falta de crecimiento de la candidata priista. 

Solo era cuestión de tiempo.

Además, por los antecedentes de las discusiones sostenidas por las dirigencias nacionales de la coalición “Va por México”, en las que se insistió en la necesidad de llevar la alianza hasta el nivel de las candidaturas a los gobiernos, y que en el caso particular de Chihuahua no cuajó a causa de la oposición de los panistas.

Por un lado, la oposición del equipo de la ahora candidata Maru Campos, que sospechó de la intención del gobernador Corral de usar la concreción de una alianza para imponer como candidato a Gustavo Madero ya que, de ser así, entonces la designación no podría hacerse por elección de la militancia.

Y una vez superada esa etapa, desde el panismo se rechazó esa posibilidad, a pesar de que dirigentes como el coordinador de los diputados locales blanquiazules, Fernando Alvarez, se impulsaba la alianza con el PRI.

Desde muchos meses atrás se sabía que el PRI no sería competitivo en la disputa por la gubernatura -tanto por sus números electorales, como por la elevada conflictividad interna cuando el dirigente era Omar Bazán- . La campaña lo confirmó.

Además, -y ese podría ser el argumento principal- la existencia de una coincidencia entre priistas y panistas: Había que impedir que Morena alcance la mayoría de la Cámara de Diputados.

En sus alegatos para declinar de facto a la candidatura, Graciela Ortiz apeló a un argumento que bien conocen los chihuahuenses, al regionalismo -la versión local del chovinismo- al sostener que “Chihuahua merece un mejor destino”, y a llamar a que el norte debe cerrarle el paso a López Obrador, “si el norte del país cae, si Chihuahua cae en manos de Morena, este país ya no tendrá remedio”.

Tal anuncio fue precedido, solo por minutos, por el efectuado por el ex gobernador priista Fernando Baeza, quien llamó a los chihuahuenses “a votar por Maru”, usando como principales argumentos la de las agresiones en contra de Chihuahua, dijo, perpetradas por el presidente López Obrador, en especial el de la extracción del agua de las presas del centro-sur del estado.

El morenaje puede desestimar esos dos hechos, pero en una contienda en la que las diferencias disminuyen entre los punteros, sin duda podrán influir, hasta de manera decisiva, pues aún suponiendo que las preferencias electorales por Graciela Ortiz se ubicaran en un número bajo, del orden de los 7-8 puntos, y que solo la mitad de esos electores se hicieran eco de lo propuesto por Ortiz, entonces estamos hablando de 3.5-4 puntos, que llevados al escenario electoral pueden significar alrededor de 50-56 mil votos.

No son pocos.

De ese modo, PRI y PAN concretarán lo que hace años era una realidad en Chihuahua: Sus opiniones políticas, sus candidatos y sus electores cada vez se asemejaban más. Ambos partidos, aquí, con el fin de disputarse el electorado que apreciaban más afín a las posturas de centro-derecha, se fueron corriendo a esas posiciones y terminaron por parecerse.

Quedará en el aire la pregunta ¿Por qué se juntan? ¿Porque se saben en desventaja? ¿O, simplemente estamos frente a un episodio más de “la cargada”, el fenómeno tan característico de la época del partido casi hegemónico?

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Enjuician candidatos y campañas a la 4T

El Diario, 23 de mayo de 2021

 Luis Javier Valero Flores 

¿Está la moneda en el aire? ¿Quienes serán más? ¿Los que rechazan a López Obrador? ¿O quienes le apoyan?

Si bien el debate de los candidatos al gobierno de Chihuahua, organizado por el IEE, no concitó una mayor audiencia, sí reflejó de muy buena manera las filias y fobias presentes en la sociedad chihuahuense, rumbo a la elección del 6 de junio.

Si hubo dos protagonistas presentes en él, fueron el presidente López Obrador y el gobernador Javier Corral, éste muy por encima de su predecesor, César Duarte, a pesar de las reiteradas críticas del morenista Juan Carlos Loera a la panista Maru Campos de formar parte del pasado “duartista”, sin parar mientes que en las alforjas lleva un buen número de candidatos que formaron parte del staff formal, real, del ballenato; bueno, hasta una de ellas, Adriana Terrazas, fue la coordinadora de la campaña del no menos duartista Enrique Serrano; hoy, Terrazas pide el voto de los juarenses, envuelta en la bandera del morenaje.

Mientras por un lado un sector de la población es sumamente crítico de la actuación del presidente López Obrador; en el otro polo se encuentran quienes todo le elogian al presidente. Cada grupo se alinea con su bloque partidario, formal o fáctico.

El debate organizado por el IEE se convirtió en el evento en el que la clase política chihuahuense, toda, con la excepción de la de Morena, enjuició severamente al gobierno de López Obrador.

A su vez, el candidato oficialista, Juan Carlos Loera no modificó su estrategia, colocó en el centro de sus propuestas la estrecha relación con el gobierno federal y como principal objetivo el de fortalecer a “la 4T” en Chihuahua, además de señalar reiteradamente como cierta la acusación de que Maru Campos sí recibió dinero de Duarte.

Desde ya podrá señalarse que el principal protagonista del actual proceso electoral es el gobernador Javier Corral, su acusación en contra de la alcaldesa de Chihuahua y su vinculación a proceso (lo que no implica su responsabilidad), se ha convertido en el factor que más ha influido en las preferencias electorales.

De aparecer -meses atrás- como una elección que apuntaba como una en la que el PAN podría ganar con comodidad, no solo la gubernatura, sino la mayoría de las posiciones electorales, lo ocurrido recientemente pareciera configurar una muy apretada contienda, en la disputa de gobernador y las diputaciones locales, no así en las principales alcaldías en las que se va configurando un mapa político electoral claramente definido en el que el centro y el sur se pintaría de blanquiazul y el norte fronterizo alrededor de Juárez, guinda.

La disputa por las diputaciones federales apunta a que cualquiera de los bloques se alzará con una mínima ventaja -5 a 4 distritos entre ellos-.

Ahora bien, lo dicho anteriormente obedece a la lectura de las encuestas realizadas hasta ahora -incluida la de Reforma (21/V/21), que arrojó un empate técnico entre los punteros (38 por Maru, 37 por Loera)-, pero que puede esconder una sorpresa, otorgada por un aspecto, no reportado hasta ahora por ninguna empresa encuestadora: El porcentaje de abstencionismo, que puede ser alrededor del 47%, y cuya dimensión puede encubrir, en las encuestas, las verdaderas intenciones del voto de una parte importante de los ciudadanos.

Si bien todas las elecciones son particulares, la que ahora se celebra en Chihuahua es notoriamente singular.

Además de la cerradísima disputa sostenida por el gobernador Corral en contra de la candidata del PAN, Maru Campos, y la no menos áspera respuesta de ésta; los chihuahuenses le han otorgado las peores calificaciones -en el país- a los dos gobernantes, tanto a Javier Corral, como a López Obrador, por lo que los candidatos de sus respectivos partidos cargan -hipotéticamente- tan bajas calificaciones ciudadanas otorgadas a quienes debieran ser sus principales capitales políticos.

En ese sentido, pareciera salir mejor librado Juan Carlos Loera pues hay un buen grupo de chihuahuenses, ubicados en los grupos etarios de mayor edad y de menores ingresos, que evalúan bien al presidente López Obrador y con el que Loera no tiene contradicción alguna, al contrario.

En cambio, la panista ha debido asumirse como la principal antagonista del gobernador Corral, cuya gestión es un baldón para ella y que, por tanto, va en detrimento de su candidatura y su partido, por lo que el principal esfuerzo ha estado destinado a desligarse -o tratando de que el electorado la asuma como distinta- del también panista Javier Corral, aunque, ciertamente, el aldeano amanecido gobernador mucho ha contribuido para desligarse de la candidata.

¿Qué factor prevalecerá más al momento de que tomen la decisión, quienes no se identifican plenamente con alguno de los candidatos o partidos, y que resolverán su determinación en función de estos aspectos, y otros?

A su vez, como ya se ha reflexionado en este espacio, aún falta por evaluar la influencia de los candidatos a alcaldes de Juárez y Chihuahua en la elección estatal.

Otra vez pareciera que en ese sentido tienen un mejor escenario los de Morena, en particular el de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar. Su candidatura no tiene conflicto de interés con el gobierno de AMLO, y aunque se habla de algunos roces con el candidato a gobernador, éstos no han trascendido al gran público.

A su vez, la candidatura del de la capital, Marco Adán Quezada, pareciera crecer más allá de las expectativas del equipo gobernante en la capital del estado. 

Pero la sensación de rechazo generalizado a López Obrador en la capital y en Delicias-Camargo podría acentuarse en los días restantes, lo que no ha evitado el indudable efecto favorable generado por la vacunación COVID 19.

Ante ese panorama, y asumiendo que la competencia estuviese muy pareja, decisiones que tomaran eventualmente otros actores políticos podrían ser extremadamente influyentes, en particular la que asuma la candidata del PRI, Graciela Ortiz -sin duda, la que mejor desempeño tuvo en el debate- cuyas declaraciones, y la sugestiva conclusión en el debate, en el que no llamó a votar por su partido, sino por “la libertad, ante el embate de Morena”, no puede tener muchas lecturas; solo una, la de la posible declinación -así sea de facto- por la puntera de ese bloque político, Maru Campos.

Tal postura se correspondería con lo exhibido en el debate, en el que todo le fue criticado al gobierno morenista: El cierre de las estancias infantiles, la desaparición de los programas de apoyo a la producción agropecuaria, el saqueo del agua de las presas, la disminución de los recursos federales al estado; la desaparición de diversos programas de apoyo a municipios, la disminución de los recursos en materia de seguridad pública, la falta de medicinas, etc.

Y mal harán Loera, López Obrador y Morena en desestimar tales críticas, en buena medida están asistidas de razón, tanta, que el ataque inicial de Maru Campos en el debate se centró en el “saqueo del agua hecho por el gobierno federal”, tema que ha golpeado tan severamente a la 4T, como la acusación de los “moches” a Maru Campos.

Para refutarlos, Loera opuso como argumentos el derrame de recursos de los programas de bienestar y Sembrando Vidas, además del reparto de dinero a las madres que antes llevaban a sus hijos a las estancias infantiles.

Pero ni uno, ni otra, se detuvieron a reflexionar que la prestación del servicio de estancias infantiles es una responsabilidad del Estado Mexicano, y de ninguna manera para entregar dinero. Lo que deben hacer es construir estancias infantiles que otorguen el servicio de manera profesional.

Hay un aspecto que de ninguna manera puede dejarse de lado: El gobernador Corral no existió en las preocupaciones del candidato oficialista; ni una sola palabra de crítica puntual -solo afirmaciones generales a los gobiernos del “PRI y el PAN”- al desastroso gobierno de Javier Corral.

Y este no podía dejar de hacer su aportación a la picaresca nacional. 

Ante la descalificación de los supuestos recibos de la nómina secreta, realizada por peritos invitados por Maru, el “aldeano” gobernador de Chihuahua, Javier Corral, ahora nos espetó que en la causa seguida en contra de Maru Campos,“… no se le vinculó por recibos o por firmas de nada; se le vinculó por el testimonio de decenas de personas, testimonios que afirmaron ante el juez cuándo le dieron el dinero, como lo recibió, incluso, cómo firmaba…”.

¿Entonces no existen pruebas documentales, solo declaraciones de los “testigos protegidos” por su gobierno? Que alguien le diga a Corral que ya cambiamos el sistema de justicia penal, que ya no bastan las declaraciones para inculpar a alguien, que debe presentar pruebas.

Mejor cállese.

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Corral: Una nulidad en homicidios

El Diario, 20 de mayo de 2021

Luis Javier Valero Flores 

A solo casi cuatro meses de entregar el gobierno de Chihuahua, Javier Corral mantuvo a la entidad en el grupo de entidades líderes en el número total y relativo de homicidios a lo largo de su gestión.

No solo no disminuyó el número de los homicidios -y de las ejecuciones- cometidos, sino que en los últimos días Chihuahua se colocó como la entidad en la que más homicidios diarios se han cometido, lo que, salvo excepciones, ha sucedido a lo largo de los últimos 15 años, independientemente del color partidario del que haya emergido el gobernador.

Con Javier Corral no ha sucedido cosa contraria. “… A casi cuatro meses de que Javier Corral termine el cargo de gobernador el próximo siete de septiembre, desde el mes de octubre del 2016 al viernes 14 de mayo, se tenía un registro de 10 mil 916 homicidios dolosos en todo el Estado de Chihuahua”. (Nota de Federico Martínez, El Diario, 17 de junio de 2021).

Quizá las frases lanzadas por el gobernador Corral en la conferencia de prensa, sostenida el lunes anterior, lo retrateN mejor. Pero no sólo, devela los gravísimos errores cometidos en esta materia, no sólo por el mandatario del “nuevo amanecer”, sino también por la administración federal.

Dan escalofríos. 

Cuestionado acerca de las elevadas cifras homicidas, Corral adujo en su defensa que “de los delitos (homicidios) que se producen en Chihuahua, el 55% se generan aquí en Juárez, pero el dato que es contundente es que entre el 85 y el 90% de los homicidios obedecen a la delincuencia organizada y lo que no hay son investigaciones de delincuencia organizada (por la SIEDO, la instancia federal encargada de perseguir este tipo delitos), si no se revierten esos números, lamentablemente estos números van a ser muy difícil de revertir…).

Pequeño problema de conceptualización jurídica tiene el mandatario chihuahuense: 

Todos los homicidios son del fuero común, es decir, es responsabilidad de la Fiscalía General del Estado, bajo su responsabilidad y del funcionario nombrado por él, César Augusto Peniche, efectuar las investigaciones y si lograsen acopiar datos que implicaran la participación de la delincuencia organizada, entonces, y solo hasta entonces, podrían declinar su competencia y cedérsela a la Fiscalía General de la República.

Y los datos proporcionados por Corral, acerca del involucramiento de la instancia federal en las investigaciones sobre delitos del crimen organizado en Chihuahua dan algo más que escalofrío. 

Informó que durante el año pasado, de las 4-5 indagatorias efectuadas  de delincuencia organizada fueron realizadas por las autoridades estatales y que “la UNICA efectuada en lo que va del año es de nosotros”.

Con datos como los aportados por quien ya se va, frente a una tétrica realidad que asola -como hace dos, tres, cinco, diez, años- al estado, que se mantiene dentro de los primeros cinco por el número de homicidios, y de éstos, la mayoría en los que están implicadas las bandas del crimen organizado, pero de cuyo esclarecimiento nadie se encarga, nadie se hace responsable.

No son frases lanzadas al aire, sólo por criticar al amanecido gobernador, sino que al proporcionar cifras tan al vuelo, dichas precisamente cuando recién terminaba uno de los fines de semana más violentos en la frontera juarense, que compaginaba con el escándalo ocurrido en la zona sur, a raíz del asesinato del segundo comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en Parral, el comandante Luis Raúl Tarango Ávila, y sin que hubiese la menor expresión autocrítica de parte de Javier Corral.

No, todas las responsabilidades son de los otros, de la administración por él encabezada, ninguna.

Y, por otro lado, sin duda que le asiste razón en ubicar a los organismos federales de poseer una muy buena parte de la responsabilidad en la matazón ocurrida en Chihuahua en el último quinquenio, ciertamente la 4T llegó hace dos años, pero en ese lapso las cosas han transcurrido como antes de su llegada, es decir, pésimas.

Ni cómo aprobar a ambas administraciones en este tema.

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Ordena la detención de Cabeza de Vaca: Un apretón más

Aserto.mx, 19 de mayo de 2021

Luis Javier Valero Flores 

A unos días de la realización de las trascendentales elecciones del 6 de junio, el gobierno de la república ha decidido dar un apretón más a las tuercas de la aguda confrontación sostenida con la oposición, desde que iniciara su mandato López Obrador, pero que conforme se acerca la fecha de la elección crece día con día.

Ahora, gracias a los mensajes publicados por los líderes de las bancadas de Morena en la Cámara de Diputados y Senadores en sus sitios de las redes sociales se ha sabido de dos acciones emprendidas en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca: Una orden de aprehensión obtenida por la Fiscalía General de la República en contra del gobernador de Tamaulipas, por un lado, y por el otro, la orden de la Unidad de Inteligencia Financiera, de congelarle las cuentas bancarias.

Tales procedimientos se llevarán al cabo a pesar de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que mientras el Congreso de aquel estado no “homologara” la decisión de la Cámara de Diputados de quitarle el fuero, Cabeza de Vaca mantenía la protección constitucional.

En el colmo, ahora se argumenta que mantendrá dicha protección solamente en territorio tamaulipeco y, todavía peor, pudiera darse el hecho de que elementos federales intentasen ejecutar la orden de aprehensión y el gobernador opusiese la fuerza estatal, de la cual es jefe y que mantiene bajo su dirección, merced a la decisión del Congreso de Tamaulipas.

De ese modo, se han llevado las cosas a un grado tal que pudiera presentarse hasta un enfrentamiento armado entre fuerzas federales y estatales, como si eso es lo que necesitara el país, en lugar de que, como lo ansiábamos muchos, los procesos sociales y políticos en curso se condujeran por los cauces de la civilidad democrática y con estricto apego al marco de Derecho que tanto necesita el país.

En cambio, lo que se aprecia es el uso faccioso de las instituciones encargadas de procurar justicia, en un momento tal que puede precipitar un conflicto político de mayores proporciones.

Ojalá en el bloque gubernamental se hagan eco de voces como la del líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, quien adujo que ante la orden de aprehensión contra el mandatario estatal y la crisis constitucional por la que pasa la entidad, se precisan acuerdos en el Senado.

¿Lo escucharán en Palacio Nacional?

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Partidos: No nos merecen

El Diario, 16 de mayo de 2021

Luis Javier Valero Flores 

A tres semanas de la elección, más allá de quienes participan directamente en las campañas electorales, lo cierto es que la mayoría de los electores enfrentan una situación de clara incertidumbre acerca de lo que está en juego en ellas.

Una certeza sí la tienen: La de que la clase política, como en cada elección, busca ansiosamente acceder al poder, o mantenerse en él. Lo novedoso de esta ocasión (además de, por supuesto, lo que ocurre en cada caso y cada elección) es que ahora está involucrada una fuerza que insiste en estar llevando al cabo una nueva transformación.

Lo hace en medio de la aguda crisis de los partidos del viejo régimen que hasta unos semanas atrás parecieran encaminarse a otra muy segura derrota, cosa que ha cambiado sustancialmente pues ahora existe la posibilidad de que Morena y sus aliados ni siquiera obtengan la mayoría en la Cámara de Diputados, muchos menos pensar en la mayoría calificada (334 diputados federales), requisito indispensable para impulsar cambios constitucionales.

A su vez, los adversarios del bloque gubernamental han reaccionado con una fiereza y una visceralidad no observada previamente.

Ambos bloques electorales recurren al extremismo, al alarmismo, incluso, en el caso de la oposición, hasta el grado de alertar que, de no impedir el triunfo de la 4T, México pudiera desbarrancarse hasta convertirse en una nueva “Venezuela”; y que ahora sus dos principales partidos -PRI y PAN- parecieran llegar a la última fase de su largo mimetismo, desparecidas las fronteras ideológicas que llegaron a poseer en el pasado. Sus militantes pasan de una trinchera a otra sin dificultades.

Lo peor es que en muchos asuntos no les falta razón, no en el sentido de “venezolarnos”, sino en la muy evidente tendencia presidencial de acaparar el poder y de instaurar la desaparición de la división de poderes.

Postura que ha calado tan profundamente que el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, ha declarado que “… hay una rebelión de órganos constitucionales contra AMLO”. 

Con ello develó el verdadero sentido político que los agobia y con el que actúan, dejando de lado lo que debiera ser enseñanza de la 4T al país: La de la plena independencia de los poderes y la de la no subordinación ante el presidente de los actores políticos.

¡Quien lo dijera, que una vez caído el viejo régimen, fueran los autores de esa caída los encargados de restaurarla -o por lo menos intentarlo- pero ahora ni siquiera con los contrapesos que los mismos integrantes de aquel régimen imponían!

Citemos solo uno de ellos, el de la no reelección del presidente. Ni siquiera estaba en el aire y a nadie se le ocurría bromear con asunto tan trascendental para el país, sí, para su pasado, pero también, y sobre todo, para su futuro.

De ahí la trascendencia de la frase usada por Monreal, ahora que hace una gira nacional para presentar un libro, como pretexto para placearse con rumbo al 2024.

Dice que hay una “rebelión” en contra del presidente.

¿Porqué es tan difícil para los de la 4T aceptar que no se le debe sumisión al presidente, ni siquiera de parte de ellos, que lo verdaderamente necesario es impulsar la plena adquisición de la conciencia de ser ciudadanos, no súbditos del mandatario en curso?

Pero esa subordinación ante el presidente, rasgo fundamental del viejo régimen, lo hicieron -algunos de la 4T, que ahora ya son muchos, convertidos en candidatos, en operadores o en parte de los equipos de esos candidatos- con los presidentes emanados del PRI, tanto, que llegaron a catalogarlos como una “institución”, a la que ahora se exige no se le “rebelen”, o que  le mantengan una “ciega” lealtad, o que no le cambien ni una coma a sus propuestas de ley, indicación que ahora sabemos pretende que todos acaten sin chistar, incluidos los organismos constitucionales autónomos a los que ahora los seguidores de Morena y de AMLO catalogan como parte del “complot” orquestado en su contra.

Lo paradójico del caso es que ahora, ese presidencialismo “restaurado”, se pretende instaurarlo en la persona de López Obrador, argumentando que es “para consolidar la transformación del país, construir instituciones que le sirvan a México y cambiar aquellas que sólo sirvieron para el saqueo y el enriquecimiento ilegal”.

Tales declaraciones las hace quien fue el responsable de encabezar la rampante violación al marco constitucional, al aprobar en el Senado la “ampliación” del mandato del presidente de la Corte y de los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, para propiciar una más que grosera, arbitraria, antidemocrática y burda intromisión del titular del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial de la Federación.

¿Cómo creerles?

¿Y a los de enfrente? Menos.

¿Cómo creerles que la aguda crisis que sufrimos es de la absoluta y exclusiva responsabilidad de la 4T? ¿Acaso no padecemos una crisis del sistema de salud y del de seguridad social, de varias décadas de construcción? ¿Ahora resulta que el Seguro Popular era la maravilla sanitaria que nos envidiarían en el mundo?

¿O que el grave deterioro de todas las corporaciones policíacas -y en buena medida de las fuerzas armadas- tiene una muy corta data, en lugar de ubicarla en los enormes desaciertos y corruptelas del pasado?

¿O, igualmente, en el Poder Judicial, en los dos niveles de gobierno?

A su vez, la estructura económica y la política económica aplicada en el pasado, -hoy continuada en sus partes esenciales y no sólo en el período neoliberal, como tanto insiste López Obrador, quien pretende deslindar al pasado anterior a 1982, en el que sumieron al país en la vorágine de las deudas impagables- bases casi ineludibles desde la cuales se ha forjado al país maquilador, dependiente y pobre que somos, más allá de los privilegios que disfruta una minoría de la población, y no nos referimos al sector más rico de la población, sino a las capas medias cuya depauperación ha sido constante en las últimas tres décadas.

Y eso sin contar con la sangría constante del valor adquisitivo de los salarios.

Bueno, de todo han sido responsables los que se alzan frente a la 4T, la que ahora pareciera sufrir el síndrome del caballo de Troya y que se ha lanzado en contra de las figuras jurídicas que los sectores democráticos y de izquierda lograron arrancarle al viejo régimen, sólo porque las decisiones no le  favorecen a los de Morena y que, por la información a la mano, parecieran ser apegadas al marco legal vigente.

Y es que sacar al gobierno de las elecciones; establecer la transparencia y el derecho a la información; legislar sobre los derechos humanos, crear organismos y tribunales electorales solventes para conducir las elecciones; crear organismos desde los cuales se pretendía vigilar la actuación gubernamental para impedir más abusos y corruptelas; proponer que las fiscalías fueran autónomas (que no dependieran más de los gobernadores o del presidente); que la Auditoría Superior de la Federación también lo fuera, etc., fueron conquistas de la sociedad mexicana, no de los partidos del antiguo régimen, los que ahora pretenden erigirse en autores y defensores de ellos (cosa ésta última que se les agradece) pero que en su pasado está, imposible de que lo eludan o lo nieguen, el hecho de que por todos lados y en todos los casos intentaron (y lograron en muchos) apropiarse de ellos, nulificarlos y desprestigiarlos.

Ahora resulta, en el lenguaje de los adversarios de la 4T (insistimos, muchos de los cuales están también adentro, por lo menos 6 de sus candidatas a gobernadores de ahí provienen muy recientemente) que las estancias infantiles eran las non plus ultra (lo que no le daba pie a AMLO para que las desapareciera, lo que debió hacer era orearlas y mejorarlas); o que el Seguro Popular era la quinta maravilla sanitaria; o que la creación de las Afores fue una conquista de los trabajadores.

¿Cómo no recordar el inmenso despilfarro petrolero del foxismo? ¿O el salvaje crecimiento de funcionarios federales superiores, con salarios de magnates con Fox? ¿O la sangría homicida de Calderón?; ¿O el corruptalato que fue el gobierno de Peña?

No, nada de eso empezó con el tabasqueño, pero lo cierto es éste que poco ha hecho para cambiar en sentido progresista tal estado de cosas y menos con la pandemia encima, la que manejó de pésima manera.

De ahí el rescate de expresiones como la del ex presidente consejero del IFE, José Woldenberg: “… nunca, nunca había visto una arremetida tan fuerte (en contra del INE) desde la Presidencia de la República. Y el problema es que es una arremetida sin argumentos, con descalificaciones ad hóminem, como si la Constitución y la ley no existieran. Eso es lo que más me preocupa… El Presidente al parecer no está acostumbrado a la argumentación, a lo que está acostumbrado es a descalificar”. (Nota de Guadalupe Irízar, Reforma, 30 marzo 2021).

Lo dicho, no nos merecen.

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Elecciones, lejos de la normalidad

El Diario, 6 de mayo de 2021 

Luis Javier Valero Flores 

A pesar de que, aparentemente, el proceso electoral, a un mes de la jornada sufragista, transita por una más que “aparente” normalidad, en realidad no es así, al contrario.

¿O así serán, en adelante, las campañas electorales? ¿Esta es la “normalidad” democrática en materia de elecciones?

Lo detallo: El partido en el gobierno pierde a sus mejores candidatos en dos entidades -uno de ellos goza de la amistad y cercanía del presidente-; el mandatario lanza, a partir de ello, un desusado ataque a los organismos electorales y señala como su principal objetivo al presidente de uno de ellos, lo que precipita el no menos desmedido ataque de los seguidores presidenciales, sin parar mientes en que las resoluciones mediante las cuales les cancelan las candidaturas fueron producto de dos organismos, los rectores en materia electoral en el país.

Previamente, ambos organismos le requirieron al presidente se mantuviera lejano al proceso electoral y que respetara el marco legal electoral; a pesar de ello, también desusadamente, el presidente, dos días después de la tragedia que más consecuencias negativas le puede acarrear a su proyecto, partido y candidatos, se lanza contra el candidato de la oposición (PRI-PRD) y lo acusa de regalar dinero en tarjetas, pero admite que, como ha ocurrido en otras ocasiones, no está seguro de que esa información sea verdadera.

El hecho es muy grave, es la abierta intromisión del presidente de la república en una elección estatal y, por si fuera poco, en un intento de exculparse anticipadamente, no se responsabilizó de la certeza de la información, “Esto es lo que vi. A ver si es cierto, no vaya a ser un montaje”. 

Por primera ocasión se advierte algo más parecido a la desesperación en el ánimo presidencial, ante la caída al cuarto lugar, en las encuestas, de su candidata en Nuevo León -Clara Luz Flores-, que lo obligó al recurso de acusar al candidato del PRI de regalar tarjetas con dinero.

A su vez, las autoridades sanitarias de Chihuahua lanzaron una desusada crítica a los partidos y candidatos -por no respetar las restricciones sanitarias- ¿Normal? ¿El Secretario de Salud enfundado en traje de autoridad electoral? 

En todo caso, como así sucede, son las autoridades respectivas, en municipios y el estado, las responsables del respeto de la ciudadanía a las recomendaciones sanitarias, y sólo en el caso de violaciones a los derechos de partidos y candidatos, son los organismos electorales los encargados de sancionar en esa materia.

En este escenario es que hicieron acto de presencia los candidatos de Movimiento Ciudadano al gobierno y la alcaldía de Chihuahua -Alfredo (Caballo) Lozoya y Miguel Riggs- pues en un acto por demás desusado ordenaron la demolición de una vivienda a la que tacharon de ser un “picadero”!!!!

Todo es “normal”, dos candidatos señalándole a la sociedad cómo se comportarían de acceder a los cargos que buscan.

Y todo ello en medio de la peor epidemia sufrida por la humanidad en poco más de un siglo, que obligará a modificar el modo en que se dirigen los candidatos a sus presuntos votantes.

Por si fuera poco, la derrota de los partidos del régimen en las elecciones del 2018 y el ánimo beligerante de los triunfadores, así como el no menos belicista lenguaje y conducta de la oposición, hacen que estas elecciones -las más grandes de la historia del país- transiten en medio de una gran polarización, aderezada por la severidad de la crisis económica a consecuencia de la pandemia que nos ha llevado.

Sin duda que habrá hechos que incidan mayormente en el desenlace de las elecciones, tanto en el ámbito local como en el nacional. En éste último el doloroso accidente de la Línea 12 del Metro de la ciudad de México apunta en ese sentido, pero, como nunca, el protagonismo del presidente de la república pudiera constituirse en el más importante del actual proceso electoral.

Por ello se necesitaría de un presidente que pusiera distancia de las campañas electorales y se convirtiera en uno de los principales garantes de las elecciones -dentro de sus atribuciones y facultades- y no ser, como ahora apunta, en el factor que desequilibre, ilegalmente, el curso de las campañas.

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Peniche, fiscal ampliado

El Diario, 13 de mayo de 2021 

Luis Javier Valero Flores 

Encubierta bajo un lenguaje supuestamente inclusivo, cuidadoso acerca de las distintas recomendaciones realizadas por un sinfín de organismos internacionales derechohumanistas, el gobernador Javier Corral ha enviado al Congreso del estado una iniciativa para reformar la Constitución del Estado de Chihuahua que contiene los mecanismos y procedimientos para designar al Fiscal General del Estado.

Igual que otros mandatarios estatales, al término de sus mandatos y justamente cuando se avecinaban las a la postre históricas elecciones del 2018, que promovieron diversas reformas para que permanecieran en sus cargos quienes se habían desempeñado bajo sus órdenes como responsables de las fiscalías, así lo está intentando el gobernador Corral.

Más allá de las argumentaciones expresadas en la exposición de motivos de la iniciativa enviada ayer al Poder Legislativo, lo que prevalece es su propuesta de que el próximo fiscal de Chihuahua sea nombrado al inicio del segundo año del mandato del gobernador y que, en tanto, permanezca en su cargo el actual fiscal, César Augusto Peniche, quien sería, como ahora, el jefe inmediato superior de los fiscales existentes hasta ahora.

Llama la atención el increíble desparpajo del titular del “Nuevo Amanecer” y el extremo espíritu de incongruencia con el que actúa, incluso al término de su gestión -calificada, dependiendo de la empresa encuestadora, como la peor, o la penúltima más mala del país- en la que, como si gozara, aún de la confianza de la mayoría de los diputados locales de su partido, el PAN, y les pudiera enviar una iniciativa de ley condenada al fracaso.

Fracaso que se puede extender, sin ir mucho más allá por la información, a la gestión de quien permaneció todo el quinquenio al frente de la Fiscalía General del Estado, con pésimos resultados, tanto en la procuración de justicia, como en la de la preservación de la seguridad pública.

Los números son escalofriantes. Durante la gestión de Peniche -y la de Corral- asesinaron a poco más 11 mil personas en el estado, sin que los índices de impunidad disminuyeran.

Ciertamente, en la parte final del gobierno no tenía la responsabilidad de la seguridad pública, pero, con toda seguridad debiera compartirla pues quienes han estado al frente de esa responsabilidad en el gobierno de Corral fueron, en algún momento, compañeros del fiscal chihuahuense, quien, salvo unos cuantos meses, ha tenido en sus manos las más altas responsabilidades en materia de seguridad pública en Chihuahua, con pésimos resultados, y a quien, ahora, se pretende premiar con la ampliación de su encargo por dos años más a la salida de Javier Corral.

¡Cuánto descaro!

No hay lugar para otras expresiones. Peniche fue Delegado estatal de la PGR en Chihuahua entre noviembre del 2010 y agosto del 2015 y Coordinador del Operativo de seguridad 'Nuevo Michoacán' de PGR entre 2014 y 2015. 

En ambos casos cuando la ola homicida era imparable. Antes, entre 2008 y 2009, fue titular de la Unidad Especializada en Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda de la SIEDO entre 2008 y 2009.

Cuando arreciaba la ola homicida, César Duarte dio su beneplácito para que ocupara la delegación estatal de la PGR y al iniciar el gobierno de Javier Corral, éste se lo trajo -se decía en su momento que por recomendaciones de los más altos mandos militares- y ahora pretende heredárselo a la siguiente administración estatal, dicen las malas lenguas que para que le proteja una vez concluido su mandato.

¿De eso se trata?

Ojalá alguien le dijera al gobernante chihuahuense que su gestión ya terminó, que la mayoría de los diputados locales no aprobarán su engendro legislativo, que reforma de tal calado debiera dejársele a los nuevos gobernantes de Chihuahua.

Es decir, que alguien le plantee al gobernador Corral que debiera tenerle respeto a los electores de Chihuahua, al que tanto ha faltado, máxime con una propuesta que intenta instaurar la ampliación del corralato, pero sin Corral.

Díganle que ya se le acabó!

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