De ahorros y gastos de campaña

El Diario, 30 de enero de 2022

Luis Javier Valero Flores 

• Opacidad, ilegalidad y robos en el fondo de ahorro de los diputados
• Brújula perdida en Morena. Finca TEPJF sanción millonaria. Excandidato y dirigente se acusan entre sí

Pareciera de película. 

Un grupo de ex diputados locales ha reclamado que les “robaron” el fondo de ahorro que habían acumulado durante la pasada legislatura.

De inmediato saltan las preguntas: 

¿Cómo se conforma dicho fondo de ahorro? ¿En qué sustento legal se basa la conformación de ese fondo? ¿Quién lo autorizó? ¿Existe en la actual legislatura?

El otro tema, cuyos puntos de contacto entre ambos, aparentemente, son pocos, pero que, finalmente, se cruzan, porque en los dos el desprecio por la legalidad es inconmensurable, es el escándalo desatado por la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en el que condenó a Morena-Chihuahua al pago de una sanción de casi 26 millones de pesos, originada por la comisión de diversas irregularidades encontradas en el gasto de campaña, sobre todo, del candidato a gobernador de Morena, Juan Carlos Loera

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Entre los diputados afectados por el robo de sus ahorros se encuentra la exdiputada Blanca Gámez (PAN), quien fuera en dos ocasiones presidenta del Congreso del Estado, muy cercana al exgobernador Javier Corral, y una de las responsables de la aprobación de la regulación mediante la cual se les entregaron cifras milenarias a los diputados, regulación que la Auditoría Superior del Estado encontró ilegal, por lo cual ha fincado sendas promociones de sanciones administrativas y penales, por disponer indebidamente de fondos públicos, entre las que se ha señalado al ex Secretario Administrativo del Congreso, Jorge Issa, y al ex tesorero, Manuel Soledad, éste último actual funcionario de la Sindicatura de la capital del estado. (Nota de César Lozano, El Diario de Chihuahua, 28/I/22).

Entre los afectados se encuentran los exdiputados René Frías (PANAL), Jesús Velázquez (PRI) y Jorge Soto (PAN).

Ante el hecho, el total de los coordinadores legislativos exigió el esclarecimiento del hecho, pero ninguno mencionó si la actual legislatura se encuentra en la misma situación, ni a cuánto asciende el total de recursos que se destinarían a ese efecto.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) afirmó que “sin normativa alguna, eran retenidos ocho mil pesos de los ‘apoyos de gestión’ de los legisladores y el Congreso depositaba otros ocho mil pesos como ‘aportación patronal’ a una cuenta de ahorro”.

“La auditoría se realizó tras una denuncia de la legislatura actual –que inició en septiembre de 2021– debido a que exdiputados locales reclamaban el pago de su fondo de ahorro, que no se les había enterado al concluir su período en ese mismo mes”. (Nota de la Redacción, El Diario de Chihuahua, 26 enero 2022).

La ASE determinó que el fondo de ahorro se basaba solamente en dos actas de acuerdos del Comité de Administración de legislaturas pasadas, donde se establecía el mecanismo para la prestación autoasignada por los legisladores anteriores (Legislaturas LXIV y LXV, así como para los ejercicios 2016 y 2017), que contraviene “los artículos 51 y 54 fracción III de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado”. (Ibídem).

Ante estos hechos, la pregunta es absolutamente normal: ¿Existe ese fondo de ahorro para los actuales legisladores?

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Los que se encuentran en un verdadero embrollo son los militantes de Morena-Chihuahua. 

Ante las sanciones del Tribunal Electoral federal, el ex candidato a gobernador. Juan Carlos Loera de la Rosa, rechazó ser el causante de las sanciones. Adujo que la sanción era para Morena, no para él.

Ante esa postura, el dirigente estatal, Martín Chaparro, declaró que en el manejo de las finanzas de la campaña del candidato a gobernador la dirigencia estatal fue ajena; que ese aspecto, así como el de la representación del partido y el candidato ante los órganos electorales habían sido responsabilidad del candidato a gobernador.

No deja de llamar la atención que para representarlo en una de esas instancias, Loera designó a la ex dirigente municipal del PRI en Juárez, Mayra Chávez, quien había ocupado un alto cargo en la Delegación del Bienestar-Chihuahua, también bajo su dirección.

No fue la única ex dirigente del tricolor en la frontera que escaló posiciones en el morenaje. Adriana Terrazas ocupa hoy una de las diputaciones locales plurinominales del partido de izquierda, luego de desempeñarse, además, como coordinadora de la campaña del entonces candidato al gobierno estatal, el también duartista Enrique Serrano.

“Las sanciones por más de 25 millones de pesos impuesta por el Instituto Nacional Electoral contra el partido Morena en Chihuahua, es en gran parte por la omisión de informes de gastos de campaña a la gubernatura del estado por Juan Carlos Loera”, aseguró el dirigente estatal de Morena, Martín Chaparro a El Diario. (Nota de Heriberto Barrientos y Bernardo Islas, El Diario de Chihuahua, 26/I/22).

Chaparro informó desde el mes de marzo de 2021 al Comité Ejecutivo Nacional de Morena de las “irregularidades cometidas por el entonces candidato a la gubernatura en la precampaña, además de la pretensión del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Chihuahua de sancionar esas infracciones”. (Ibídem).

Merced a ese documento, la dirigencia nacional fue informada de los actos anticipados de campaña, del recibimiento de dinero o en especie de personas no autorizadas, del nulo informe de gastos y del exceso en el tope de gastos de campaña y pre campaña.

Al informar de lo anterior, que devela desde adentro lo ocurrido en la campaña electoral, el dirigente estatal no le deja margen, ni al ex candidato, ni al partido, en el supuesto de que tuviesen a la mano alguna posibilidad de recurrir las sanciones.

Frente a ello, Loera de la Rosa afirmó haber sido muy escrupuloso “con toda la cuestión financiera. Todo se declaró, todo se cumplió en tiempo y forma, o sea, que esta multa no es para el candidato a gobernador, sino es para el partido, porque no se cumplieron las cosas” y adujo que la multa es en función del total de las candidaturas. 

Arguyó que en las finanzas de la campaña a gobernador “no hay ninguna observación”, sin embargo reconoció no conocer “a fondo el informe de la autoridad electoral…. Yo más bien no conozco los detalles…”. (Ibídem).

Ambos temas, el del fondo del ahorro de los diputados locales de la pasada legislatura, así como el de la sanción a Morena están cruzados por un factor común, el de la absoluta falta de respeto a la legalidad vigente, episodios en los que en la semana el presidente López Obrador y el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, incurrieron en la misma falta.

Ni hay respeto a la legalidad, ni a los cargos que ostentan:

El presidente López Obrador recriminó al presidente del INE, Lorenzo Córdova, haber participado en reuniones de legisladores del PAN, primero, y luego con dirigentes del PRD, pero el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, prácticamente se ubicó como el dirigente de MORENA, dejando de lado su investidura como encargado de la situación política del país, pues en sendas reuniones sostenidas con sus compañeros de partido de ambas cámaras federales, lanzó frases como éstas: 

“… lo primordial es que (...) haya unidad entre quienes estamos en casa”. (Nota de Mayolo López, Agencia Reforma, 29/I/22).

"El lema de la fracción, por lo que veo, es la unidad y la fuerza, ¿y qué es lo que necesitamos?: que haya un grupo parlamentario con toda la fuerza (...) que estemos unidos. No va a ser fácil la batalla, este año, el próximo y, mucho menos, en el 24”.

"No va a ser fácil la batalla para que tengamos reforma eléctrica constitucional, pero no podemos darnos el lujo de menospreciar el trabajo y lo que ustedes representan”. (Ibídem).

Metido de lleno en la sucesión presidencial, López Hernández descalificó de plano la pretensión del coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, de exigirle al gobernador veracruzano, Cuitláhuac García, el cese de los actos represores mediante la actividad de una Comisión senatorial impulsada por él, la cual fue descalificada por el secretario de Gobernación pues, dijo, “¿Cómo es posible que demos armas a la oposición para que se hable de desaparición de Poderes?”.

“No vale la pena que desgastemos al movimiento con este tipo de divisiones. Esa comisión beneficiaba más a los intereses de la oposición que a los de este grupo. Nosotros mismos estábamos abriendo el debate de si convenía o no desaparecer los Poderes en un Estado que gobierna alguien emanado de este movimiento”, dijo. 

¡Viva la impunidad! ¡Nosotros somos los buenos!

De veras que esto no se veía desde los años del partido casi único, de cuando no existían elecciones competitivas, y el órgano electoral estaba en manos del gobierno.

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Fuente de citas hemerográficas antiguas: Información Procesada (INPRO)

¿Regreso a clases presenciales?

El Diario, 27 de enero de 2022

Luis Javier Valero Flores 

No estamos en el mejor momento de la pandemia; ésta ha tenido un preocupante repunte, a causa de la variante Ómicron, la que si bien tiene  una menor letalidad, por su capacidad de reproducción puede llevar al sistema de salud a una extremada tensión; lo que ya está ocurriendo.

El miércoles, la gobernadora Maru Campos afirmó que estaba próximo el regreso a las clases presenciales pues, dijo, han “bajado los contagios”.

Por desgracia, no es así. 

Luego de la disminución en las cifras proporcionadas diariamente por la Secretaría de Salud, de los lunes y los martes, que repuntan los miércoles, esta semana no fue la excepción y las cifras de nuevos contagiados en las últimas 24 horas regresaron a los niveles mostrados prácticamente en todo el mes de enero, superiores a los mil en todo el estado.

Sin embargo, contrariamente a lo ocurrido, prácticamente desde el mes de septiembre del año pasado, el número de personas hospitalizadas llegó a las 409 -la cifra más alta desde principios del 2021-, así como el número de personas fallecidas por esta causa (66).

Sirvan de referencia las cifras de noviembre y diciembre, en los que el promedio de fallecimientos diarios rondó el número de 4 y el de hospitalizaciones en 200, cifras que guardaron relación con el número de pacientes que requirieron intubación, en promedio, 60.

Estamos frente a un indudable crecimiento en el número de contagios, y contra el dicho presidencial que se trata de “un covidcito”, la realidad está imponiendo una siniestra realidad: Si bien la gravedad de la enfermedad es menor (en todos los sentidos, en el número de personas que se agravan, en la severidad de los síntomas), pero que al ser sumamente contagiosa, llevará a numerosos chihuahuenses a requerir servicios más especializados en la atención médica y que, por su número, tensionarán los servicios de salud, lo que ya está ocurriendo pues el número de hospitalizados ha llegado a números preocupantes, además del número de trabajadores que ha faltado a sus empleos, no obstante los elevados porcentajes de vacunación en el estado.

Además, como lo sostuvo el Dr. Luis Carlos Hinojos, director de la Facultad de Medicina de la Uach, “es muy pronto para descartar la presencia de diversas secuelas y complicaciones de la enfermedad producida por la Ómicron”.

Por ello preocupa que se aduzca que “los niños quieren regresar a clases”, como el principal argumento para que se instrumente un regreso indiscriminado a clases presenciales, no sólo de los niveles medio y medio superior, sino, también, el básico.

El incremento de la movilidad que implica tal medida, con la capacidad  de contagio mostrado por la variante Ómicron, que es la predominante, actualmente, en el país y en la entidad, aún sin tener a la mano las pruebas que así lo determinen, pero que, dada la interrelación existente con EU, es válido suponer que así es, y que nos debe, o debiera, llevar a ser más cautos con la regulación de las actividades que implican un incremento de la movilidad.

Por otra parte, contrariamente a lo realizado por el gobierno de Javier Corral en este tema, deberá dejarse a que sean los especialistas de la materia quienes opinen sobre el asunto, y no tomar determinaciones con base en las presiones de los distintos sectores de la sociedad.

Este es un asunto de muy elevada especialización y, como tal, debiéramos darle el lugar, a ellos, para que normen la actuación gubernamental, por ello se aprecia como adecuado dejar que sea el Consejo de Salud quien determine las medidas a tomar en los próximos días, máxime si, como lo sostienen autoridades sanitarias de todos los niveles y nacionalidades, estamos a unas cuantas semanas del pico más alto de la pandemia en esta variante y que, por fortuna, podría ser el paso previo a la desaparición de la pandemia.

Daría lugar a la modalidad de la enfermedad, la endemia, es decir, la presencia de la enfermedad, pero absolutamente manejable.

¡Por fin, el inicio del fin!

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Fuente de citas hemerográficas antiguas: Información Procesada (INPRO)

Corral ¿Bienvenido en Morena y la 4T?

El Diario, 23 de enero de 2022

 Luis Javier Valero Flores 

- Opacidad e irresponsabilidad en el manejo de la salud del presidente

Ni cómo ayudarles. Fue el presidente López Obrador quien reabrió la cloaca al mencionar a Javier Corral como uno de los posibles receptores de una designación en el servicio exterior. Pero no se pudo, dijo, porque “tiene doble nacionalidad”.

Esa mención, además de las implicaciones legales que despertará,  junto con las declaraciones de Javier Corral, ofrecidas en una entrevista al periódico Reforma, evidencian el deferente trato otorgado por el presidente al exgobernador, al que le ofreció -según las declaraciones de Corral- “distintas alternativas para mí”. (Artículo de Mayolo López, 20 enero 2022).

“… me hizo una invitación para participar en su Gobierno, para sumarme a su proyecto, cuando yo estaba en las postrimerías de mi Gobierno”. (Ibídem).

Es de no entenderse la conducta del presidente. 

Luego de despotricar durante años contra la mafia del poder y el PRIANRD, ha llenado, no sólo a su gobierno, sino, acaso sea más nocivo, a su partido, -Morena- de miembros de esa triada, en un inusitado e inesperado reciclaje de la clase política por parte de quien menos se hubiese esperado: De la izquierda y su único candidato presidencial triunfante.

¿Se trata de un reciclaje, o de una reconstrucción de la clase política, bajo un nuevo ropaje?

¿Sobre qué base realiza sus evaluaciones el presidente a distintos protagonistas emergidos de esos partidos que le resulten elevadamente positivas, al grado de invitarlos a sumarse a la 4T?

¿Cómo es posible eso?

¿Bajo qué parámetros, que midiesen el buen desempeño de un gobernante como Javier Corral, es que el presidente llegó a la conclusión de la buena actuación gubernamental del aún panista?

No hay un solo aspecto en el que haya obtenido buenas calificaciones, y menos en los dos aspectos que más le gustan al presidente, el del combate a la corrupción y a la desigualdad. 

¿De veras cree AMLO que Chihuahua es menos desigual que cuando Corral llegó al gobierno, o qué hay menos corrupción?

Para llegar a la conclusión de que el ex gobernador sería una buena adquisición para su gobierno, bastaría con que le pidiera al director del INEGI (funcionario de todas sus confianzas) para tener una idea aproximada del gobierno del “Nuevo Amanecer”.

Esa medición se haría sobre la base de las cosas mensurables de un gobierno, pero si recurriera a la percepción de los chihuahuenses, se encontraría que menos de 20 de cada 100 encuestados calificaron bien a Javier Corral.

Esa manera de evaluar, subjetiva absolutamente, con toda seguridad, es la aplicada en la selección de los candidatos a las gubernaturas en disputa este año, en las que, de las seis, cuatro de los abanderados provienen, casi directamente, o del PRI, o del PRD, y en este caso, no precisamente de las corrientes perredistas más rescatables.

Y así como de inexplicable es la conducta presidencial, para justificar sus invitaciones, lo es, también, la del Delegado del Bienestar en Chihuahua, Juan Carlos Loera.

Loera adujo que Javier Corral “nunca” negó haber nacido en el Paso.

¡Válgame!

Bastaría con que Loera encargase a alguien de su equipo le obtuviera el acta de nacimiento con la que Corral accedió a una diputación local, una federal, una candidatura a gobernador y otra senaduría. 

En todas esas elecciones presentó, ante los organismos electorales, un acta de n      acimiento en la que afirma haber nacido en Juárez, luego presentaría otra en la que declara haber nacido en el Paso, Tx.

Así lo dijo el representante del presidente López Obrador en Chihuahua: “… Desde luego que el Presidente se ha expresado bien del exgobernador, me parece que la razón (es), todos (sic) lo conocemos, todos (sic) sabemos que Javier Corral nunca ha negado, al igual que muchos fronterizos, que nació en El Paso, si eso no hubiera sucedido, me parece que sería bienvenido en otra posición del gobierno”. (Nota de Adriana Quiroz, Vozenred.com.mx, 20/I/22).

Loera debería haberle presentado al presidente una evaluación del gobierno de Corral, que le sirviera a López Obrador para sustentar sus acciones. 

¿O acaso es que el delegado tiene una evaluación distinta a la de mayoría de los chihuahuenses, de ahí su satisfacción de que el presidente lo hubiese invitado?

¿O es que Corral y Loera saben cosas que no sabemos el resto de los chihuahuenses, entre ellas el rumor que creció a lo largo de la campaña electoral, -desestimado por el escribiente- en el sentido de que el exgobernador apoyó al delegado, de ahí que durante largas semanas, morenistas de distintas regiones del estado impulsaran la campaña “anticorrupción”, en la que el énfasis estaba puesto en combatir a la candidata del PAN, Maru Campos, dejando de lado lo que eran verdaderas corruptelas del gobierno encabezado por Corral, y que una vez finalizada la campaña electoral, los grupos morenistas anticorrupción dejasen de lado sus actividades?

¡Híjole!

Ni modo de catalogar al presidente de ingenuo, o de desinformado y que en función de eso diera a conocer los motivos de la no-designación de Corral.

No, sabía que sus palabras se convertirían en petardazos políticos que golpearían inmisericordemente la línea de flotación del ex gobernador, al PAN y darían margen al enjuiciamiento, no solo político del ex mandatario.

Además ¿Qué caso tenía informar de ese hecho pues nadie tenía en mente la probable designación de Corral, luego del rumor de las semanas previas?

Pero ambos políticos -Corral y López Obrador- nos han ofrecido, ahora, suficiente información como para encontrar explicaciones a la conducta del presidente pues, por lo informado por Corral en la entrevista concedida a Reforma podemos inferir la existencia de varias conversaciones entre ellos, en las cuales, con toda seguridad, y no solo para quedar “bien” con el presidente, Corral develó sus críticas al PAN, a la alianza con el PRI y el PRD y, probablemente, matizó sus críticas al presidente y su proyecto de gobierno.

Además, su intención de unirse a Movimiento Ciudadano (MC), partido al que el presidente trata de manera por completo distinta a los otros, lo que en la óptica presidencial podría potenciar -que, junto con la de otros protagonistas, no necesariamente siguiendo a Corral- la pérdida de votos de la alianza opositora, mediante la fractura y divisiones en el blanquiazul.

Tal propósito se ve reforzado con la inocultable presión presidencial al PRI para que vote a favor de su reforma eléctrica, por un lado, y para ello designó a otros exgobernadores priistas como embajadores.

Por otra parte, el inefable Javier Corral, como si fuera un protagonista ajeno a priistas y panistas, tiene la cachaza como para asentar que “… Así sean todos los corruptos del país y hagan un solo frente (el PRIANRD), por más fuerte que sea ese frente, va a ser muy poco probable que triunfen”.

Listo para pontificar, alzándose como el paladín de la moralidad política, reconoce que “hay cientos de compañeros panistas que siguen dando la batalla, que creen que el PAN puede tener remedio, pero yo ya no creo en eso”.

En ese afán de descalificar a todos, dijo que nunca se vio “dentro de Morena porque no sé si ya está igual o peor que el PRIAN”.

Descalifica a todos, menos, por supuesto, a quienes han ido junto a él, en cualquiera de las aventuras políticas emprendidas a lo largo de su vida, pero siempre al lado de su principal impulsor -y quizá el único a su lado a estas alturas-, Pancho Barrio, con quien recorrió el Camino a Santiago, el tradicional rito de los católicos en el que recorren más de 250 kilómetros, allá, en la “Madre patria”.

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MENTIRAS, OPACIDAD E IRRESPONSABILIDADES.- Resultó que el examen “de rutina”, de esa manera informado por el vocero presidencial, efectuado al presidente, era todo, menos rutinario. 

La verdad del incidente fue develada -a medias- por el presidente. 

Dijo que le realizaron una prueba de esfuerzo, 15 días atrás, y que sus cardiólogos indicaron realizarle un cateterismo (para descartar obstrucciones en las arterias coronarias, las que irrigan el corazón). 

Durante largas horas la salud de López Obrador se mantuvo en secreto, en lugar de alertar y poner en funcionamiento todos los mecanismos a fin de que la marcha del gobierno no tuviera contratiempos.

Si los cardiólogos recomendaron un estudio más certero es porque la prueba de esfuerzo monitoreada por el electrocardiograma y mostró fallas cardíacas, entre las que podían estar la obstrucción coronaria -que podría desencadenar un infarto cardíaco- o problemas en el ritmo cardíaco, el electrocardiograma  desató la preocupación de los médicos, no sin motivo dados los antecedentes del presidente, del infarto previo y de padecer hipertensión, factores a los que deberá sumarse el continuo estrés a que es sometido el presidente.

Frente a panorama tan serio y tan complejo optaron por la vía del ocultamiento y la mentira.

Y ahora el presidente nos sale que ya preparó su testamento político. Pues si es personal no hay objeción, pero si se refiere a lo derivado de su cargo se equivoca. 

En todos los casos -de gobierno o de partido- las decisiones ya no le corresponden, esas estarían en el ámbito de órganos colegiados, el Congreso de la Unión y el Consejo Nacional de Morena, de ninguna manera del modo que se hacen en las monarquías o en las dictaduras.

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Fuente de citas hemerográficas antiguas: Información Procesada (INPRO)

Irresponsabilidades en salud

El Diario, 20 de enero de 2022

Luis Javier Valero Flores 

Si bien para los vacunados y para quienes ya se habían contagiado de COVID 19 el nuevo brote de la pandemia -que probablemente sea Ómicron, en México es imposible saberlo ya que la investigación sobre este aspecto de la enfermedad, y otros, simplemente se hacen- adoptó la modalidad menos severa de la enfermedad, las novedades sobre ésta no son precisamente buenas noticias.

Primero: Es cierto que se manifiesta de manera menos severa que los brotes previos;

Segundo: Los que fueron vacunados, independientemente de si recibieron las dos dosis y la dosis de refuerzo, pueden enfermarse nuevamente;

Tercero: Quienes se habían contagiado previamente, se pueden contagiar de nuevo, incluso si contaban con el esquema completo de la vacunación;

Cuarto: No se trata de un simple resfriado, tiene consecuencias  perniciosas, dependiendo del paciente, de la edad, de las comorbilidades existentes;

Quinto: La proporción de personas no vacunadas que pueden llegar hasta la hospitalización, si se contagian, en relación con las vacunadas, es de 10 a 1;

Sexto: Esa proporción se mantiene y en algunos países se eleva en el número de fallecimientos;

Séptimo: La actual ola pandémica tiene manifestaciones, signos, síntomas y  duraciones diferentes a las olas pandémicas previas;

Octavo: La presentación de la fiebre es menos frecuente, lo que podría volver obsoleta la medición de la temperatura en los lugares de elevada afluencia;

Noveno: Es altamente contagiosa, varias veces más que las variantes previas; se ha calculado que hasta en 30 o 40 veces;

Décimo : Es muy sensible a la vacunación y, debido a las mutaciones, o a las vacunaciones, es menos letal que las variantes previas y, 

Décimo primero: Estudios preliminares en EU muestran que entre el 10 y 30% de los infectados tienen síntomas persistentes, lo que ha llevado a clasificarlo como Covid agudo, largo o crónico, cuyas complicaciones aún deberán determinarse, con base en el estudio especializado, particularizado, de cada país.

Sin embargo, aún es temprano para asentar sólidamente que las complicaciones de mediano y largo plazo sean menos severas que las presentadas en las anteriores olas de contagios. Aún se estudian, por ejemplo, las razones del porqué se presenta, en muchos pacientes, la disminución de la oxigenación.

En las etapas previas se puso el énfasis en el daño provocado a los pulmones, pero en los últimos meses se ha encontrado un fenómeno aún peor, el de la existencia de microcoágulos en sangre, que serían responsables de la disminución de los niveles de oxígeno en la sangre.

No se trata de una nueva ola de contagios ante la cual se adoptara la postura de tratarla como si fuera una “gripa” cualquiera, tal y como la ha descrito el presidente López Obrador, no es así.

En los primeros 7 días del año, en el estado de Chihuahua, se presentaron 3 mil 786 contagios; en los segundos casi se duplicaron, ascendieron a 6,302; luego, en los últimos cinco días (hasta el miércoles 19 de enero), llegaron a 4,306.

Si se mantiene ese ritmo de contagios, superaremos el número de las semanas precedentes, con las consecuencias negativas de ello.

En contraste, los últimos cinco días del año 2021 se presentaron mil 498 contagios, que casi fueron triplicados en los últimos cinco días de este 2022.

Para variar, el mensaje enviado desde la presidencia de la república es contraproducente. Intenta minimizar el efecto de la pandemia y crear un falso ambiente de confianza. Está logrando exactamente lo contrario, al grado de que ya más del 50% de los encuestados con este tema, afirman que la pandemia se agrava.

El mensaje presidencial va a contrapelo de lo que sostiene la principal autoridad sanitaria en el mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS): La variante Omicron no es una enfermedad leve; no es una “gripa”.

Además, por si fuera poco, el número es tan alto que ya está incidiendo en la actividad económica, tanto en la del sector formal, como la del informal y deberemos insistir en que las consecuencias en el último de estos son extremadamente serias pues los empleados de este sector de la economía no tienen resguardo social alguno.

En cambio, el otro, el del empleo formal incide directamente en los aspectos centrales de la economía pues el ausentismo disminuye el ritmo de producción de las empresas, el de los ingresos de los trabajadores, abate el ingreso gubernamental, envía a un elevado número de trabajadores al desempleo, etc.

Lo peor, ahora resulta que quienes se contagiaron en las más recientes semanas deberán esperar más allá de los 7 días aconsejados por el gobierno de la república pues se han encontrado cargas virales elevadas en quienes padecieron recientemente el COVID, lo que lleva a la conclusión de que los recientemente se enfermaron pueden contagiar por más tiempo que el recomendado por quienes dirigen la administración pública federal.

En el colmo de la frivolidad, en el afán de no evidenciar la gravedad de la pandemia en el país, llegan al extremo de aparcar en público sin hacerse pruebas, después de haberse enfermado; sin cubrebocas y desestiman el cuidado médico al recomendar remedios caseros.

Desestimar la gravedad del COVID, así sea la de Omicron, es una gran irresponsabilidad, semejante a aquella del secretario de Salud, el Dr. Alcocer, cuando afirmó que él no vacunaría a sus nietos.

El mundo desarrollado sí está vacunando a los suyos.

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Fuente de citas hemerográficas antiguas: Información Procesada (INPRO)

Entre la violencia y la revocación de mandato

El Diario, 16 de enero de 2022

Luis Javier Valero Flores 

• Pareciera que el pasado regresa, incendian al estado
• La ruta jurídica para enderezar el entuerto de los recursos para la consulta de la revocación del mandato de AMLO
• El Consejo de la Judicatura, -de ahora- entre los que están algunos de los “oxigenados” del duartismo, ratificó a los jueces del “nuevo amanecer” corralista
• Liz Aguilera, la “ombudswoman” duartista de la UACH

Camiones de transporte urbano, vehículos particulares, así como una  tienda y viviendas incendiados en Juárez, así como otras masacres, enfrentamientos y asaltos en distintos puntos del estado, nos transportaron a los años del 2009 al 2012, en los que el número de ejecutados diariamente rebasaba la cifra de 15 estatalmente.

No es el único incidente en el estado, ni en los días recientes, pareciera como si el tiempo se hubiese detenido, o como si los gobernantes fuesen los mismos, a pesar de que son distintos -aparentemente-, pero los modos y los operativos son muy similares. 

Por sus resultados, hasta ahora, son idénticos.

Son descorazonantes, pasan los años y los resultados son muy semejantes y ante ellos la sociedad se hunde en la desesperanza y en los elevados índices, no solo de violencia, sino de impunidad.

Ciertamente estamos en el amanecer de la nueva administración estatal, la que afronta un agravamiento de la ola violenta desatada en el estado a lo largo del gobierno de Javier Corral en el que fueron constantes las cifras crecientes de los homicidios.

Ahora estamos frente a una nueva escalada, semejante a aquella en la que distintos tramos de las carreteras del noroeste y del sur de la entidad eran intransitables desde el oscurecer y en la que los homicidios llevaban a Chihuahua -otra vez- a ubicarse dentro de los 3 primeros lugares nacionales en esta estadística.

Nunca estará de más insistir en que en los últimos tres lustros ha estado Chihuahua en el grupo de los 10 estados más violentos del país, situación que por su cuantía, persistencia y ahora agravamiento debiera ser preocupación, también, de las administraciones federales, las que estaban obligadas a enfocar más sus baterías en combatir tal realidad.

Es probable que si lo hubiesen efectuado, las consecuencias afectarían al resto del país y no solamente en la disminución en el número de homicidios a nivel nacional (en esas entidades se cometen más del 60%), sino por los indudables puntos de contacto y relación de los grupos criminales, responsables en buena medida de los siniestros, y por la importancia estratégica de esas entidades en el trasiego de droga y del contrabando de armas y otros artículos.

Pero ni el gobierno panista de Felipe Calderón, ni el priista de Enrique Peña Nieto, ni el del morenista Andrés Manuel López Obrador, han tomado con la debida importancia asunto tan vital para combatir la violencia prevaleciente en el país.

Cada uno de ellos, con distintos grados y modos, insistieron en la misma estrategia para enfrentar esa violencia: El uso de las fuerzas armadas, con todas las consecuencias perniciosas sabidas por el mundo entero.

El colmo es el gobierno de la 4T, ahora tenemos a las fuerzas armadas volcadas en la seguridad pública, es la única policía federal y en muchos casos sustituyendo a todas las policías, pero sin convertirse en el organismo policíaco civil que necesitamos. No dejaremos de insistir en que el fracaso está asegurado si se insiste en esa estrategia. 

Hoy lo estamos viviendo. Y no es una frase.

Atacar el problema globalmente implica, no solamente, como lo sostiene el presidente, el combate a la pobreza, el desempleo y los bajos salarios, sino también la ejecución de una estrategia general que contemple el seguimiento de las armas, del dinero, el de las remesas (de cuyo aumento tanto se vanagloria el gobierno federal), el de la salida de capitales; la investigación permanente de las empresas fantasmas -el caso Aras es paradigmático de lo que no se hace en este sentido- y el combate a la corrupción aduanal, policial y judicial, entre otras medidas.

Y parte fundamental son las operaciones de inteligencia para conocer la estructura, funcionamiento, integración (incluidos los miembros ya presos), fuentes de financiamiento, especialidades delictivas, redes sociales, vinculación a mandos policiales y judiciales de los grupos criminales. 

Para que tengan éxito éstas deberán compartirse las informaciones de las distintas corporaciones, aspecto en el que, si lo hacen, se constituirá en la mejor manera de saber que efectivamente existe la cooperación institucional.

Por mientras, y para afrontar lo más inmediato, deberemos esperar los resultados de la operación puesta en marcha en Juárez apenas el viernes, luego de la jornada incendiaria, en la que según distintas fuentes consistirá en varias acciones, la mayor parte de ellas no dadas a conocer por las autoridades, a fin de no develarle “a los generadores de violencia” el modo en que los combatirán.

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La confrontación entre el presidente López Obrador y el INE adquirió  nuevos ribetes a causa de los recursos económicos necesarios para efectuar la consulta popular de la revocación del mandato del presidente.

Un brillante artículo del constitucionalista Elisur Arteaga (“Una oportuna y rápida solución a un diferendo electoral”, Proceso No. 2358, 9/I/22) coloca el asunto en sus justos términos, es decir, en el marco de la legalidad existente, que es, por puritita casualidad, en el lugar en el que debieran actuar tanto uno como los otros.

Arteaga plantea que: 

1. La autoridad, única, para resolver los diferendos electorales, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF);
2. El INE no tiene facultades para posponer o suspender la realización de la consulta de revocación del mandato;
3. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular las dos ministras de ésta, invadieron la competencia del TEPJF;
4. Es improcedente la controversia constitucional planteada por el presidente de la Cámara de Diputados (diputado de Morena) a la que, indebidamente, las ministras de la Corte (propuestas por el presidente López Obrador) dieron entrada pues en aplicación del Artículo 99 constitucional, la Corte quedó excluida de conocer de resoluciones y actos que dicte o realice el Instituto Nacional Electoral; 
5. El Tribunal Electoral, en ejercicio de las funciones que tiene conferidas en forma privativa, dispuso que el presidente de la República está obligado a gestionar y proporcionar los fondos que se requieran para llevar a cabo la consulta “y, finalmente, le quitó pretextos para recurrir al plan B que había anunciado: organizar él mismo y a su manera la consulta”.
6. Lo resuelto por el Tribunal Electoral, por mandamiento constitucional, es inatacable. Nadie, incluyendo a la Suprema Corte, puede revisarlo.
7. Es improcedente la controversia constitucional tratándose de cuestiones electorales (Fracción I del Artículo 105 constitucional) y que, por lo mismo, le niega competencia a la Corte para conocer de esa materia.
8. El presidente de la República y el secretario de Hacienda y Crédito Público están obligados a gestionar y señalar la partida adicional que le sea solicitada para llevar a cabo la consulta. “Por estar de por medio una resolución firme e inatacable, no podrán salir con la puntada de que los consejeros del INE hagan ajustes a su presupuesto y distraigan recursos destinados a otros fines”.
9. La partida presupuestal adicional deberá ser solicitada por el presidente de la República al Congreso de la Unión, con vista a lo dispuesto por el artículo 126 constitucional. La Cámara de Diputados, que aprobó el presupuesto en su totalidad, carece de facultades para alterarlo. Se debe hacer por medio de una ley.

—o—

Por supuesto que no es nueva la situación que hoy priva en el Poder Judicial del Estado, al contrario, es lo normal. La injerencia del Poder Ejecutivo es parte de nuestra “herencia institucional”, por ello no es entendible que hayan ratificado a los jueces del “cochinero judicial” del ex gobernador Corral, nombrados en un proceso que está bajo proceso, incluido el juez Samuel Uriel Mendoza, que en la semana declaró a la prensa haber recibido presiones del ex gobernador Javier Corral para vincular a proceso a la hoy gobernadora Maru Campos.

¿Cómo podría explicarse, a la luz del Derecho, que este juez no haya sido suspendido provisionalmente e iniciar, de inmediato, una investigación sobre sus dichos, así como sobre las presiones de Corral, actos, todos ellos, ilegales y que, de ser comprobados, merecieran diversas sanciones?

Tal medida, la de ratificarlo en su cargo, así como el nombramiento de Liz Aguilera, como nueva defensora de los derechos humanos de los universitarios, en la Uach, sólo hacen despertar la suspicacia.

¿Cómo podría creerse que la principal soldadora de los actos irregulares de la administración de Cesar Duarte pueda ser, hoy, la defensora de los derechos humanos de los universitarios?

No, po’s no!

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Fuente de citas hemerográficas antiguas: Información Procesada (INPRO)

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El Diario, 13 de enero de 2022

Luis Javier Valero Flores 

En medio del más explosivo de los brotes del COVID 19 que hayamos sufrido, varios de los rezagos sanitarios (cuya autoría, obviamente, es de las anteriores administraciones), o de los errores cometidos por el actual gobierno en el manejo de la pandemia, no se advierten señales de que se esté pensando en el futuro, no al mediano plazo; no, ni siquiera al más corto.

De ninguna manera se puede argumentar que quienes dirigen el combate a la pandemia sean ignorantes, por el contrario, pero está peor la verdadera explicación: Han hecho un uso político del manejo de la peor de las epidemias que nos haya azotado.

Desde los primeros días de la pandemia se sabía que había dos componentes esenciales para combatirla: La vacuna y la realización de pruebas para detectar a los enfermos.

La segunda de las medidas es la llave para hacer lo que debió ser piedra angular del combate pandémico: Detectar a los contactos de cada enfermo y aislarlos.

Incapaces de saber manejarlo de mejor manera, la mayor parte de los gobiernos y de las autoridades sanitarias nacionales, decretaron, con variantes, medidas restrictivas a la actividad económica, a fin de disminuir -en muchos casos drásticamente- la movilidad social.

Pero era esencial avanzar en la fabricación de vacunas y en la drástica elaboración de los reactivos necesarios para efectuar las pruebas anti COVID.

Presos del “realismo” neoliberal, casi todos los gobiernos dejaron en manos de las farmacéuticas ambas medidas, sin apostarle a sus propios recursos, tanto materiales, como humanos, para avanzar en ello.

El gobierno mexicano no fue la excepción, en contraste con el gobierno cubano, que le apostó a su arsenal científico y hoy cuenta con su propia vacuna.

En cambio, los dos gigantes económicos del mundo lo hicieron bajo el patrón que los rige. 

China le apostó a un modelo híbrido en el que comisionó a una empresa mixta la fabricación masiva de vacunas, partiendo de los avances científicos de su propia planta.

A su vez, EU impulsó, apoyó y financió a las empresas norteamericanas.

Y México, leal a su principal rasgo de la estructura económica, maquilamos las vacunas.

Los dos gigantes actuaron igual, en cambio, a la hora de la vacunación. Decidieron vacunar, primero, a sus poblaciones, luego a la de los países vecinos, o socios, y solo hasta entonces enviar algunas cantidades al resto del mundo.

Con diferencias en el porcentaje de la población vacunada, hoy sabemos que ésta es la que mejor resiste a las nuevas variantes del virus; que estar vacunados no nos hace inmunes a la infección y que, por contra, los no vacunados seguirán sufriendo los estragos de la pandemia del mismo modo que en los inicios.

De esto último ya tenemos la información necesaria: En la Cd de México el 76% de los hospitalizados no están vacunados, cifra semejante a la que el Director del Hospital Central de la ciudad de Chihuahua informó semanas atrás.

Pero ahora tenemos el problema de las pruebas. 

No hay los reactivos necesarios para efectuarlas, dada la cantidad de personas infectadas y/o que las necesitan y los gobiernos estatales, y sobre todo el federal se hacen como si la virgen les hablara. 

No los tendremos en el corto plazo, pero la enfermedad sí la padeceremos por un lapso más o menos prolongado, de ahí que la necesidad de contar con ellos es impostergable.

Más aún, la posibilidad de contar con fármacos antivirus es, también, al mediano plazo, pero ni este aspecto nos estamos distinguiendo.

Lo que sí podrían hacer los gobiernos -estatales y federal- es conjuntar esfuerzos y poner en vigor un programa mancomunado de seguimiento de contactos de los contagiados. 

Lo vamos a necesitar a lo largo de un mediano plazo.

¿Habrá la sensibilidad y la voluntad política para que lo hagan, o seguirán pensando -y actuando-en función de la próxima elección?

-o-

PROPUESTAS ATENDIBLES

Los regidores de Morena en la capital del estado hicieron una propuesta que debiera ser atendida y adoptada por el gobierno municipal juarense (y otros): Extender el plazo con descuentos en el pago del impuesto predial “con la finalidad de evitar aglomeraciones en los centros de pago y ayudar en la economía a los chihuahuenses afectados por la pandemia de Covid-19”. 

Y que los descuentos se trasladen al siguiente mes de referencia.

El gobierno estatal hizo cosa semejante con los derechos vehiculares y el pago del replaqueo, aunque esto debiera hacerse sin el incremento de las UMA’s.

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Fuente de citas hemerográficas antiguas: Información Procesada (INPRO)