Consultas

El Diario, 29 de octubre de 2020

 Luis Javier Valero Flores 

Imposible eludir el símil entre la famosa anécdota parralense y la actual polémica entre López Obrador y los gobernadores “federalistas”. 

El presidente los conminó a que “consultaran” al pueblo acerca del manejo de los recursos públicos. Algunos de los gobernadores le “tomaron” la palabra. 

Harán sus propias consultas. De ahí la anécdota:

Cuentan que el cura del templo San Nicolás pidió a los fieles juntaran firmas a fin de exigirle a la autoridad el cierre de la no menos famosa cantina, New York, que estaba enfrente del templo. Estaban separados solamente una estrecha calle.

Llegada la noticia a los parroquianos del New York, decidieron hacer lo mismo: Levantar firmas para que quitaran el templo.

Pasados sólo unos cuantos días, el cura clamó -¡Ahí muere, ya, está bien!-. Llamó a la suspensión de hostilidades y que se cancelaran las dos recolecciones de firmas. 

Iban perdiendo los fieles, eran muchos más los consumidores de las bebidas espirituosas que los fieles.

Así ahora, cuando algunos gobernadores anunciaron que estaban dispuestos a efectuar consultas en sus entidades a fin de poner a discusión el pacto fiscal existente. 

En algunas podrían arrojar resultados no esperados por los gobernantes federales, pues en ellas, sobre todo las del norte, en no pocas capas de la población, hay un resentimiento hacia el gobierno federal pues se cree que es más lo aportado por las entidades que lo recibido por la federación.

Algunos gobernadores, parodiando al presidente, se plantearon realizar , incluso, consultas, dijeron, como las realizadas para “aprobar” la construcción del tren maya, o la del aeropuerto de Santa Lucía, o la efectuada por el presidente López Obrador en Gómez Palacio, a mano alzada en un mitin, para preguntarles  a los asistentes sobre la cancelación o no de la construcción del Metrobus.

Los reclamos de los gobernadores tienen objetivos claramente políticos, de mediano y largo plazo, pero también poseen aspectos rescatables. Su beligerancia pudiera ser atenuada si la contraparte, en lugar de confrontarlos públicamente, los convocara a discutir y negociar.

Nada de eso practica el presidente y se equivoca. Si el presidente no acepta reunirse con los gobernadores opositores, entonces ¿Con quién debe reunirse, sólo con los suyos?

Además de inaceptable, sorprende la respuesta presidencial ante la pregunta del porqué no se reuniría con los mandatarios que exigen un nuevo ordenamiento fiscal y hacendario.

Dijo que hacerlo “dañaría su investidura presidencial”!!!!

Más allá de los indudables aspectos frívolos de esta polémica, el fondo es real y los gobernantes federales deberán atenderlo, máxime que es un asunto al que desde muchos años atrás las fuerzas de izquierda y en general del campo democrático exigieron se cambiara: 

El esquema hacendario existente en el país, en el que la federación se queda con 80 de cada 100 pesos recaudados, los estados 19 y los municipios 1, y todo este esquema cambie para avanzar en el camino de la federalización y acabar con el actual esquema, centralista. 

Algo de eso es lo que apunta el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, al informar que se ha iniciado una discusión con los secretarios de hacienda estatales sobre un nuevo pacto fiscal.

Pero el ánimo beligerante con la que actúan los principales protagonistas hace temer la presentación de escenarios a cual más de negativos, ante los cuales es necesaria aparezca la voluntad de dialogar con los diferentes, los opositores o los contrarios. 

A eso está obligado el presidente.

Pero los gobernadores están obligados, también, a la congruencia.

Al tiempo que el gobernador Corral pretende que sean escuchados los gobernadores “federalistas” le endilgó a López Obrador lo siguiente: “El Presidente no escucha, el Presidente habla, emite su palabra y esa es la definitiva y pretende que sea la única. Y en ese tenor también está esta descalificación, que yo digo, es una restauración de un régimen autoritario”.

Si se pretende que el mandatario federal asuma esa actitud, la federalista, Javier Corral debiera recordar que tal carácter implica, también, la relación de los gobernantes estatales con los municipales.

Y luego soltó unas frases, las que se pueden aplicar, íntegras, a lo que ha sucedido en Chihuahua, dijo que “… se ha puesto en vilo el conjunto de libertades políticas, sociales y económicas del país, para regresar a un viejo modelo presidencialista de los años 70, con un control absoluto, un control político absoluto, una concentración de facultades, de competencias, de recursos”. 

Híjole, a eso los sicólogos le llaman proyección sicológica.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Justicia tardía

Aserto.mx, 27 de septiembre de 2020

 Luis Javier Valero Flores 

No pueden ser coincidencias. 

Unas horas después de que la Fiscalía General de la República (FGR) había liberado órdenes de aprehensión en contra de seis elementos de la Guardia Nacional (GN), presuntos responsables de la agresión en contra de Jessica Silva y Jaime Torres, los contingentes de la GN y de la Secretaría de la Defensa Nacional, apostados en la presa La Boquilla, iniciaban su salida.

Ambos hechos fueron vistos con recelo por dirigentes de los agricultores y llamaron al gobierno federal a que no fueran solamente hechos escenográficos y que se correspondieran con la procuración de justicia y con la real salida de las tropas militares de la presa.

Por desgracia, los peores pronósticos se están cumpliendo en el caso de la familia Torres Silva pues a pesar de que se dijo, por la GN y la FGR, que los elementos militares habían sido puestos a disposición de un juez de distrito de la ciudad de Chihuahua, cosa que todavía hasta las 5 PM no se había realizado ni, por otra parte, conocida la identidad de quienes fueron acusados de ser los presuntos asesinos de Jessica Silva y autores de las lesiones de Jaime Torres.

Así, a más de mes y medio de los hechos, a pesar de que fueron ubicados los presuntos agresores, de que la Fiscalía General del Estado (FGE) hizo los peritajes correspondientes y de que el 28 de septiembre lo trasladara a la FGR, ésta tardó casi un mes para liberar las órdenes de aprehensión y una vez realizado lo anterior, aún no se encuentren bajo la responsabilidad de autoridades civiles los responsables de uno de los hechos delictivos más graves, de los cometidos en agravio de la población civil por elementos de la GN.

El presente caso se convertirá en uno de los emblemáticos sobre el comportamiento y desarrollo de la GN y servirá para medir si el gobierno de AMLO actúa congruentemente en no permitir la impunidad de los aparatos policíacos o militares.

Hasta ahora van mal.

¡Colapso!

 

El Diario, 25 de octubre de 2020

Luis Javier Valero Flores

En medio de un movimiento de “brazos caídos” del personal del Hospital General de Chihuahua, de un centro de salud en Creel y las oficinas de la Secretaría de Salud en Parral, así como de protestas de los trabajadores del Hospital de la Mujer; de las movilizaciones de trabajadores de varias plantas maquiladoras; del reclamo de infinidad de trabajadores médicos acerca de las condiciones en que deben laborar, de la suspensión de los estímulos económicos a los “Héroes de la salud”, del increíble relajamiento de todas las prevenciones sanitarias, las autoridades sanitarias y estatales se vieron obligadas a decretar el semáforo rojo.

Además, Javier Corral declaró insolvente al estado al afirmar que “se había quedado sin dinero. Le metimos al tema de la pandemia y de la reactivación económica casi 3 mil 500 millones de pesos ‘y no esperábamos un repunte como el que se tiene’, expresó. (Nota de Miguel Silva/El Diario de Chihuahua, 23 octubre 2020).

En el colmo, Corral declaró “que su gobierno se ha preocupado por motivar y cuidar al personal de salud, pero el repunte de contagios de Covid-19, así como las hospitalizaciones y defunciones, llegan en un momento en el que el tema presupuestal se ha convertido en un serio problema”. (Ibídem).

El gobierno del estado debió acatar las instrucciones de las autoridades de salud. Chihuahua fue el primer estado en pasar del amarillo al rojo.

Por encima de los diferendos, funcionarios de salud de ambos gobiernos se han puesto de acuerdo para enfrentar la emergencia. Se anunció la llegada de un hospital COVID móvil, así como de respiradores mecánicos después de que el presidente anunciara la decisión de apoyar a Chihuahua en el repunte de la epidemia y de que sería necesario evaluar las restricciones a la industria maquiladora.

Sin duda que el incremento de contagios alertó a las autoridades, pero indudablemente que el factor más importante que lo motivó fue el colapso del sistema hospitalario, y no solo el del sector público, también el privado.

Chihuahua ocupó durante varios días de la semana primeros lugares nacionales: En menor porcentaje de camas hospitalarias disponibles, menor disponibilidad de camas COVID19 y número uno en el porcentaje de personal médico y paramédico fallecidos.

Además, ocupó el primer lugar en porcentaje de incremento en el número de nuevos contagios.

¿Tales cifras reflejan solamente la gravedad de la enfermedad o, también, la fragilidad del sistema de salud del estado, de la capacidad instalada, del número de trabajadores de la salud existentes, del equipamiento y, sobre todo, en el número de camas disponibles?

Podrá argüirse que así dejó el gobernador Duarte al sistema de salud. Transcurridos casi cuatro años, la ineficiencia del gobierno de Javier Corral ha quedado palmariamente demostrada.

Por si fuera poco, a lo largo del quinquenio golpeó inmisericordemente a los trabajadores del sector salud, por ello, las manifestaciones de su descontento son innumerables:

“… luego de que se definieron los “Hospitales COVID”, del Central Universitario surgieron quejas en el sentido de que más de 470 colaboradores, entre médicos, enfermeros y administrativos, debían trabajar en condiciones precarias, sin equipo de protección…”. (Nota de Orlando Chávez/David Piñón, El Diario de Chihuahua, 23 de octubre 2020).

A finales de abril, personal de salud denunció que había “una manipulación de cifras y registros de contagios, así como en los decesos, debido a que se reportaban menos casos o no se profundizaba en el manejo de los mismos”; Elvira Quiñones, dirigente de la agrupación Médicos, Enfermeros y Empleados del Estado de Chihuahua (MEECH), “denunció que había una “cifra negra” de trabajadores de Salud que habían sido enviados a sus casas con síntomas de COVID-19; además, que el personal debía laborar hasta 10 horas diarias y tenía que reutilizar equipo de protección que era desechable”. Luego sería despedida del Hospital del IMSS en Delicias. (Ibídem).

Las denuncias efectuadas por los trabajadores de la salud fueron castigadas con despidos. “… el médico José Ángel Salayandía Valenzuela, quien tenía 15 años de servicio, fue despedido por la Secretaría de Salud tras haber exigido equipo de protección a todo el personal de un centro de salud donde laboraba…, dos enfermeras, María Banda y Nubia Miramontes, fueron despedidas de sus cargos en la Secretaría de Salud, debido a que se mostraron en desacuerdo con sus superiores por órdenes injustificadas”.

En mayo, “el personal de Enfermería de Pensiones Civiles del Estado (PCE) protestó debido a que los enfermeros y auxiliares del área de Urgencias no fueron considerados para el pago del bono extraordinario ofrecido por el gobernador Javier Corral a los empleados del Sector Salud”. (Ibídem).

Chihuahua ocupa el primer lugar en fallecimientos del personal médico en el país. 

Eso evidencia una cosa irrefutable, la falta de equipamiento adecuado a médicos, enfermeras y trabajadores en general de los servicios médicos. De ello da cuenta la protesta en el exterior del Hospital de la Mujer para exigir al gobernador, Javier Corral, mejores condiciones en medio del colapso del Sistema de Salud, “… no tenemos consultas médicas para nuestro personal de salud, ni pruebas diagnósticas para ellos, ni medicamentos para el tratamiento del Covid y muchos compañeros se están contagiando dentro de los hospitales por no tener el equipo necesario”, dijo César Olivas, dirigente sindical del hospital. (Nota de Eduardo Lara, El Diario de Juárez, 24/X/20).

Y relató cosas de escándalo. Afirmó que hay alrededor de “24 enfermos incapacitados y 36 empleados con síntomas de Covid y les dieron incapacidades por tres días, ellos tendrán que regresar a trabajar sin un diagnóstico, aquí no hay héroes aunque así nos llamen, aquí no hay ciencia ficción”. (Ibídem).

La queja del personal es única, están trabajando con jornadas más largas de lo habitual debido al número de trabajadores que se incapacitan debido a que se están enfermando y no hay el suficiente personal para sustituirlo.

Para atenuar la gravedad de la situación, de la manera más inhumana posible, el gobierno estatal obligó al personal vulnerable a regresar a las actividades y, para justificar tan irracional medida, arguyeron los funcionarios de salud que muchos trabajadores habían simulado padecer alguna enfermedad de las señaladas como las que agravan el pronóstico de salud, en caso de padecer la COVID 19.

Derivado del hecho -imposible de digerir, pero así ocurre- de que el personal médico ha debido realizarse las pruebas diagnósticas por su cuenta, están exigiendo que les sea repuesto el gasto realizado, además del realizado en la compra de los medicamentos de sus tratamientos. ¡Para Ripley!

No solo eso, piden también que se tenga una abasto permanente de los medicamentos para el tratamiento de la COVID 19.

¿Es verdad lo que tanta gente dice, sobre todo de las capas medias, acerca de que el repunte de la epidemia en el país, y particularmente en Chihuahua, obedezca al elevado grado de falta de apego a la normatividad y a las regulaciones sanitarias? ¿A nuestra falta de disciplina como sociedad?

Sin duda cuenta ese factor, pero quizá no sea el más importante (por supuesto, no es el único) en la agudización del flagelo que nos ha azotado a lo largo de casi todo el año.

Hay un número importante de habitantes que, o desdeñan la gravedad de la enfermedad, o que creen a pie juntillas que no la van a contraer (n’ombre, a mí no me toca), o que, si la contraen, no los afectará; o que no les importa en absoluto la salud de los otros y se dedican a sus actividades, de todo tipo, sin tomar en cuenta si afectan a los demás, o no.

También de que hay un número importante que no creen en la existencia de la enfermedad.

Pero los hay, y seguramente son la mayoría, que independientemente de que sean, o no, parte de algunos de los grupos mencionados arriba, están obligados a salir de casa a trabajar en lo que sea para obtener los recursos necesarios para sobrevivir: microcomerciantes (vendedores de tacos, de hotdogs, de burritos, de barbacoa, propietarios de pequeños locales comerciales de todos los tipos de artículos a la venta), albañiles, mecánicos, boleros, peluqueros, estilistas, entrenadores de distintas disciplinas deportivas, trabajadores de supermercados, de las maquiladoras, etc.

Y todos están obligados a abordar algún tipo de transporte público, en el que, lo sabemos todos, no se respetan a cabalidad las restricciones sanitarias.

¿Cómo podemos llevar casi al cero la movilidad y así evitar el contagio?

Solo hay una manera, disminuir al mínimo las actividades económicas para disminuir la movilidad.

O controlarla a través de distintos mecanismos, los usados en países que ahora comprendemos la razón del porqué son llamados del primer mundo, y no nos referimos a los europeos, sino a China, Japón y Corea del Sur, que lo lograron a través del control de las actividades económicas formales y la restricción al mínimo las actividades económicas informales.

Sin duda alguna que uno de esos instrumentos sería la instrumentación de un programa de apoyos directos a los trabajadores informales y a los micro empresarios, en este caso no sólo a los que cuentan con un número menor de empleados, sino a aquellos cuyo negocio es familiar o que es atendido por uno o dos de los padres de familia.

Dicho apoyo debería otorgarse durante el período de la máxima inactividad y claro que para ello se requerirá de cantidades mayores, las que solo recurriendo al endeudamiento se pueden tener.

Estamos frente a un círculo vicioso, si no cerramos la actividad, crece la epidemia, y si cerramos se detiene la economía. 

Más valdría adquirir recursos económicos frescos, subsidiar las actividades económicas de un número grande de trabajadores y micro empresarios, así como a los pequeños y medianos empresarios, a fin de que no desaparezcan sus empresas y en cuanto se reanudara la actividad económica otorgar créditos para la reactivación económica pues una buena cantidad de estos empresarios no tendrán los recursos necesarios para la reanudación de las actividades.

De que estas empresas lo hagan depende, casi, la mitad de la economía.

Así que el problema no es tan solo de salud, sino de un adecuado tratamiento de la pandemia en materia económica, y eso es lo que también ha fallado.

Y no solo en Chihuahua, también en el ámbito federal.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Las multas y sanciones del COVID 19

Aserto.mx, 24 de octubre de 2020

 Luis Javier Valero Flores 

La decisión del gobernador Corral, de impulsar al máximo la aplicación de medidas coercitivas para imponer las medidas sanitarias, es una gravísima equivocación.

Ya lo habían intentado al aplicar multas a los conductores de vehículos particulares en los que se transportaran más de dos personas adultas, que después, ante la presión social, se vieron obligados a disminuir a la mitad, pues, además, no tiene el soporte legal para aplicarse y que sólo posibilitó el crecimiento de las extorsiones de muchos agentes viales.

Tal medida se ha actualizado y ya empiezan a aparecer las protestas de la ciudadanía a la que ahora se le castiga con medidas totalmente fuera de orden, que no tienen como fondo el de ayudar a la sociedad y que se prestan, sobre todo, a la aparición de posturas autoritarias, por parte de funcionarios de todos los niveles, hasta el más básico, el agente de vialidad.

¿Por qué sancionar a los automovilistas con más de dos adultos en el vehículo?

¿Porqué no pedir, mejor, la información acerca de su domicilio, y si es el mismo, cómo sancionarlos, porque viajan acompañados de quienes viven en la misma casa?

¿Igual, cómo sancionar a una persona que va en la calle desierta sin cubrebocas? ¿Quién lo podría contagiar, o a quién contagiaría?

¿Por qué cerrar los parques públicos durante todo el día? ¿Por qué no regular el aforo y las horas?

Y si en lugar de multas económicas se aplicaran amonestaciones y sanciones en trabajos comunitarios, avanzaríamos más en la construcción de una nueva sociedad, la emergente del COVID 19, en lugar de que las autoridades intenten obtener más dinero, a través de la expoliación de una sociedad exhausta, en todos los sentidos.

Las multas viales, su costo: las multas por no traer cubrebocas. ¿Porqué no empezar con sanciones, amonestaciones, detenciones administrativas y trabajos comunitarios?

Polémica inútil, se pagará con agua de presas internacionales

Aserto.mx, 22 de octubre de 2020

 Luis Javier Valero Flores 

En medio de una candente polémica entre el gobernador Corral y el presidente López Obrador, “el gobernador de Texas, Greg Abbott, gobernador de Texas, anunció hoy que México cumplirá con sus obligaciones con el estado bajo la Utilización de las Aguas de los Ríos Colorado, Tijuana y del Río Grande (Tratado de Aguas), el cual fue firmado el 3 de febrero de 1944”. (Nota de Staff, El Diario de El Paso, 22 de octubre 2020).

El pago de los compromisos de México se hará con lo precisado en el Tratado Internacional de Límites y Aguas (TILA) de 1944, argumento presentado por los dirigentes de los usuarios de los distritos de riego desde las primeras semanas del año, justamente antes de que se iniciara el presente conflicto, el que ha arrojado cuantiosas pérdidas económicas en la región centro-sur del estado, además de la muerte de Jessica Silva y las graves heridas a su esposo, Jaime Torres.

Además, el nivel del agua contenida en las presas Vírgenes, Boquilla y Granero sólo garantiza, quizá, el 45% de la necesaria para el ciclo 2021.

“Este jueves, los funcionarios firmaron un acuerdo, denominado Acta según el Tratado de 1944, para que México cumpla con sus obligaciones del Tratado antes del final del ciclo mediante la transferencia de agua mexicana a los Estados Unidos en los embalses internacionales Amistad y Falcón”. (Ibídem).

Habrá que decirlo claramente, lo que hoy ocurre es el resultado de un totalmente equivocado manejo del agua por la directora de la Conagua, Blanca Jiménez, la que proyectó una entrega de agua sin sustento, ni en lo jurídico (de acuerdo con el TILA), ni en las posibilidades reales de contar con los volúmenes de agua que proyectó.

Tales proyecciones fueron avaladas por el gobernador de Chihuahua,  Javier Corral, entre otros, cuya actitud cambió, obligado por las movilizaciones de los productores agrícolas y a quien, equivocadamente, el presidente ubica como el hacedor de las protestas de los usuarios del agua de las presas y a quien, todavía en la conferencia mañanera del jueves 22 culpó de la no entrega del agua, por “politiquerías” y tratar de ubicar a su candidato a la gubernatura.

Bueno, pues todavía en esa conferencia, el presidente se basó en dos afirmaciones totalmente falsas, tanto de la Directora de Conagua, como del Subsecretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco: Primero dijeron que se había logrado un “acuerdo” con EU para terminar de pagar el agua del quinquenio mediante el uso de las reservas de las presas internacionales, cosa que simplemente tenían que proponer los funcionarios mexicanos acreditados en la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) y; dos, que las proyecciones de los pagos de agua, exhibidas por el subsecretario Velasco y avaladas por la directora Jiménez, se basaban en que hubiese una precipitación pluvial promedio.

Como sabemos, no fue así, por lo tanto, la Conagua estaba obligada a plantear soluciones alternas y no la terca insistencia de sacarle agua a las presas hasta dejarlas en niveles mínimos.

Una mentira más: El presidente López Obrador reiteró que se había perdido, por evaporación, una cantidad de agua semejante a la que se debería aportar. Para sustentar su dicho, le pidió a Jiménez que lo explicara, pues, dijo, “puedo estar diciendo una cosa que no tiene base técnica, científica…”.

La directora de Conagua insistió en la postura de diciembre y enero, en la que proponía que se entregara en invierno la aportación del agua del tratado, para aprovechar las temperaturas y evitar que se evaporara.

Lo propuso sin exponer los pronósticos meteorológicos del 2020 y cuando nadie, en esas fechas, garantizaba que este año sería uno llovedor.

De haberse concretado el plan de Blanca Jiménez, las presas tendrían en estas fechas menos agua y, probablemente, ni siquiera las cantidades de agua para el ciclo 2020 (recién terminado) se habrían otorgado.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

¿Perdió Morena en Coahuila e Hidalgo?

Aserto.mx, 20 de octubre de 2020

Luis Javier Valero Flores 

Los resultados de las elecciones del pasado domingo podrían ser catalogados, de cierta manera, normales, si se hubiesen celebrado en el pasado, de cuando existía una hegemonía compartida por el PRI y el PAN.

Hidalgo y Coahuila son entidades en las que no ha habido alternancia en el gobierno del estado; sí la ha habido en varios municipios y distritos, locales y federales.

Son, además, asiento -o precisamente por eso- de fuertes grupos políticos priistas, los que se han repartido durante décadas el poder político. Coahuila se ubica en otro segmento de las preferencias políticas, ahí el panismo tiene fuertes bastiones y ha estado a punto de ganar la gubernatura. Hoy gobierna Torreón y Monclova, dos de los bastiones panistas más sólidos en el país.

¿Se puede evaluar como en el pasado lo sucedido en las elecciones a diputados locales de Coahuila y las alcaldías de Hidalgo?

No, porque hay un factor que creíamos desequilibrante (en términos del antiguo estatus político en el país) y ese el presidente de la república.

En las elecciones del 2018, López Obrador apabulló a sus adversarios en las dos entidades y arrastró consigo a los candidatos a diputados y senadores de Morena.

Dos años después, para quienes creían que el “arrastre” político de AMLO y los efectos “benéficos” de los programas de bienestar social podrían ser capitalizados por los candidatos de Morena, se han llevado un tremendo chasco.

Por supuesto que políticamente sí son un fracaso de la denominada 4T, Morena y López Obrador.

No se trataba de una elección federal, era una elección local, pero con muy elevados ingredientes federales. 

Por supuesto, no se pueden medir con el mismo rasero las elecciones locales y las federales, pero hay hechos que son irrefutables: Morena (y también el PAN) sufrieron una apabullante derrota en Coahuila; para atenuar el golpe a los morenistas, puede admitirse que nunca un partido de izquierda había obtenido el 19% de la votación en una elección local; sí, pero nunca habían tenido un presidente de la república de su partido en una elección de ese tipo.

Que hubo un operativo del gobierno estatal, ¡por supuesto!, pero eso no explica los bajos números morenistas (49% del PRI, por 19% de Morena) y sí nos lleva a pensar que el rechazo al presidente López Obrador va más allá de las escenográficas movilizaciones de FRENAA, o los excesos protagónicos de los panistas, y que pudiera explicarse en un porcentaje, más alto de lo que reflejan las encuestas, de ciudadanos que, molestos con el presidente, no identificados con partido alguno, votan por quien creen puede vencer al partido del presidente.

Esa hipótesis pudiese explicar lo ocurrido en Coahuila pues el PAN, que había obtenido el 29% de la votación en 2018, ahora apenas rebasó el 10%, a pesar de gobernar dos de los municipios más poblados, Torreón y Monclova y que el PRI, no obstante gobernar la entidad y de haber obtenido votaciones decorosas en 2018, además de mantener en buenas condiciones el aparato electoral priista, nadie, ni el más optimista de los pronósticos tricolores se esperaba el carro completo.

Morena sí que deberá preocuparse, pasó de obtener en ese año, 609 mil votos a la presidencia y 493 mil a las senadurías, a solamente 161 mil el domingo.

Los programas sociales no dan votos en automático, es cierto, pero si en la entrega de los beneficios hay un cúmulo de problemas, cuando fallan los programas, entonces sí aparecen, pero en sentido contrario.

Algo de eso explica, también, lo ocurrido en Hidalgo. El viejo aparato priista está incólume en esa entidad en la que el caciquismo forma parte indisoluble del gobierno estatal. Salió airoso y obtuvo poco menos de la mitad de las alcaldías y, contra las primeras reacciones de los dirigentes de  Morena, se quedó con las principales ciudades del estado.

Quizá en el número de votos no sea tan apabullante la derrota de Morena, comparada con la de Coahuila, pero en el número de posiciones, sí, sólo obtendrá 6 presidencias municipales.

¿Es el resurgimiento del PRI?

No podría aventurarse una respuesta válida, en ningún sentido, pero sí la de que en elecciones con baja participación podrán imponerse los partidos que tengan una mejor inserción territorial y que, hasta ahora, en ese terreno el PRI lleva ventaja, lo que no podría extrapolarse a entidades en las que no gobierna. 

A su vez, el PAN se ha llevado dos verdaderas sorpresas. Esperaban sus dirigentes alzarse como el partido de la oposición, el que capitalizara el descontento hacia AMLO y se han llevado dos sonoras derrotas, incluso en sus propios terrenos.

¿Pueden extrapolarse a Chihuahua los resultados y las tendencias aparecidas en aquellas entidades? 

No parece ser el caso, por una razón: Aquí no gobierna el PRI y este partido aparece muy desmantelado. No son pocos los simpatizantes y dirigentes medios que creyeron que migrar a Morena era más útil.

Pero este partido no cuenta con una estructura capaz de capitalizar la imagen de AMLO y los programas de bienestar, que soporte las candidaturas y las campañas electorales.

Por otro lado, el PAN tiene un serio problema: Su gobernador, empeñado, a como dé lugar, en imponer a su candidato, o candidatos, puede ser el factor que lleve a que se presente una contienda muy cerrada entre panistas y morenistas, en peligro de que les aparezca una candidatura independiente capaz de capitalizar todo lo negativo de ambos gobiernos, el de Corral, y  el de López Obrador.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF 

¡Desastre -¿Sólo?- militar!

El Diario, 18 de octubre de 2020

 Luis Javier Valero Flores 

• A discusión el ejército en tareas de seguridad pública
• Desnuda la participación de los altos mandos militares en narcotráfico
• La conexión Chihuahua

Cimbró al país. 

Saber que el máximo jefe del ejército mexicano en el sexenio anterior  ha sido detenido por la justicia norteamericana, acusado de tráfico de drogas, va más allá de las más ácidas especulaciones -o realidades- sobre el involucramiento de altos jefes de las fuerzas armadas en el crimen organizado.

Asombra saber que las evidencias se encuentran contenidas en los miles de mensajes que el Gral. Salvador Cienfuegos efectuó en su aparato telefónico “Blackberry”.

Aún es temprano para siquiera imaginar las graves consecuencias de la detención del más alto jefe militar mexicano. Sin duda es un severo golpe a  la credibilidad del ejército, que había ocupado la posición de privilegio en la población.

Refuerza, sin duda, -a pesar de que no sea la más extendida- la oposición a la participación del ejército en las tareas de seguridad pública, al que se ha disfrazado de Guardia Nacional, que es, indudablemente, un organismo militar, con mandos militares y con comportamientos militares en las tareas de seguridad pública, cuyas consecuencias negativas empiezan a observarse con la aparición de los eventos en los que elementos de esta corporación han disparado en situaciones que no se justificaba el uso de medidas letales, como ocurrió en el caso de Jessica Silva y Jaime Torres,  los agricultores de La Cruz, acribillados por la espalda por elementos de la GN.

Quizá, ojalá, la detención de Cienfuegos sirviera para iniciar la construcción de agrupamientos policíacos civiles, porque finalmente la seguridad pública es, deberá ser, tarea de los civiles.

Las corporaciones militares deberán seguir siendo responsables de la seguridad nacional y coadyuvar en la seguridad pública bajo condiciones auténticamente extraordinarias, con funciones y zonas claramente delimitadas, con temporalidades también muy definidas, como ahora lo ha señalado un juez de distrito, que ha declarado inconstitucional el decreto del presidente López Obrador en el que ordenó que el ejército mexicano fuera utilizado en esas tareas hasta el mes de marzo de 2024 y señalando a todo el país como el área de trabajo de las fuerzas armadas en esa modalidad.

El juez ha ido más lejos en su resolución. Ha dictaminado que no puede haber “colaboración” entre las fuerzas armadas y las civiles, que deberá haber una subordinación de las primeras a las segundas, “como lo mandata la Constitución”.

Por ello adquiere mayor importancia la detención de Cienfuegos, porque pondrá, nuevamente, al día la discusión sobre la pertinencia del uso de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública, como lo ha resuelto el presidente López Obrador.

Importa detenerse en los detalles de la acusación de la fiscalía norteamericana: La detención del Gral. Salvador Cienfuegos se deriva de la petición de un gran jurado del Distrito Este de Nueva York, efectuada el 14 de agosto de 2019, que lo acusó de que “… mientras era Secretario de Defensa Nacional en México, el acusado, a cambio del pago de sobornos, ayudó al Cartel H-2 de numerosas formas, entre ellas: 

1. asegurando que las operaciones militares no se llevaran a cabo contra el Cartel H-2; 
2. iniciar operaciones militares contra sus organizaciones rivales de narcotráfico; 
3. localización de transporte marítimo para cargamentos de drogas;
4. actuar para expandir el territorio controlado por el Cartel H-2 a Mazatlán y el resto de Sinaloa;
5. presentar a los principales líderes del Cartel H-2 a otros funcionarios corruptos del gobierno mexicano dispuestos a ayudar a cambio de sobornos; y
6. advirtiendo al Cartel H-2 sobre la investigación policial en curso de los Estados Unidos sobre el Cartel H-2 y su uso de testigos e informantes que cooperaron, lo que finalmente resultó en el asesinato de un miembro de la Cartel H-2”. (De la denuncia presentada por Seth D. Ducharne, Fiscal de los Estados Unidos en funciones, 16/X/20).

Fue un golpanazo, seco, contundente, directo a la línea de flotación de un régimen que creemos ya desaparecido y que el presidente López Obrador cree superado, pero el que de muchas maneras nos recuerda que aquí está; que los tentáculos de la corrupción, del involucramiento en el crimen organizado, de la aguda degradación de los aparatos de justicia, de la seguridad pública y de la colusión de gobernantes de todos los niveles y partidos causantes del baño de sangre abatido sobre nosotros no se ha ido y que para haber llegado hasta los niveles de hoy sólo podía ser posible con la participación de autoridades de los más altos niveles.

Las especulaciones acerca de esa participación las nutrían las cada vez más frecuentes y más sólidamente sustentadas declaraciones de distintos integrantes del crimen organizado y, sobre todo, las vertidas en los juicios de El Chapo Guzmán, Vicente Zambada (Vicentillo) y Genaro García Luna.

Si hubiera algo que explicara la grave crisis de seguridad pública del país es el de que el principal responsable de la seguridad pública en el gobierno de Felipe Calderón, y el de las fuerzas armadas en el de Enrique Peña Nieto, se encuentran tras las rejas enfrentando sendos procesos penales ¡En cárceles de Estados Unidos!

Y lo peor, que el Gral. Cienfuegos ni siquiera tiene una denuncia en nuestro país. No era investigado por causa alguna.

El problema es que Cienfuegos y García Luna, mientras ocuparon esos cargos, sólo respondían al presidente de la república que los designó.

¿Es posible que ambos mandatarios -Calderón y Peña Nieto- estuvieran al margen de las actividades de sus subordinados o que, como lo asientan, en distintos momentos y diferentes trabajos periodísticos, personajes como Joaquín Guzmán, Vicente Zambada y en sus reportajes la periodista Anabel Hernández, que las actividades de los dos primeros narcotraficantes eran conocidas por altos mandos del ejército y, probablemente, por el presidente de la república en turno?

Hay, a lo largo de todos estos años, innumerables denuncias o señalamientos de la participación de altos mandos del ejército en las actividades del tráfico de drogas, que van más allá de los dos presidentes mencionados líneas arriba.

En el juicio de El Chapo Guzmán, Vicente Zambada mencionó que “cuando se entrevistó con (Roberto) Miranda, éste era el jefe del Estado Mayor Presidencial en el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo” y que la entrevista se efectuó en la residencia presidencial de Los Pinos.

Igual situación podrá plantearse ahora con la detención de Cienfuegos que, además, pone en grave crisis al total de las fuerzas armadas porque, sin duda, se pueden cometer errores que no involucren al total del organismo al que pertenezca el funcionario, pero por el elevado rango del ahora señalado se puede presumir, con mucho sustento, que sus actividades criminales debieron ser concretadas por personal bajo su mando, lo que podría incluir a jefes militares del más alto rango, así como personal de menor rango, jefes policíacos civiles, agentes del ministerio público federal y local, así como funcionarios estatales, en este caso de Nayarit y Sinaloa.

Además, es imposible que el secretario de la Defensa Nacional, a lo largo de un sexenio, no estuviese involucrado con la mayoría de los nombramientos y promociones de los altos mandos del ejército.

A lo largo del libro “El traidor”, de Anabel Hernández, que combina declaraciones de Vicentillo en su juicio, con fragmentos de los textos escritos para la periodista, así como informaciones de la autora, se encuentran numerosas referencias a la presencia de generales en las reuniones con distintos jefes criminales.

Sin duda, en el gobierno de Peña Nieto se llegó a niveles inimaginables   de corrupción.

¿Se habrán acabado?

LA CONEXIÓN CHIHUAHUA.- De la detención de Cienfuegos podrían desprenderse probables implicaciones con lo ocurrido en Chihauhua en el sexenio pasado.

La causa penal en contra de Cienfuegos tiene su origen en el proceso seguido en contra del ex Procurador de Justicia de Nayarit, Edgar Veytia, y en el que está involucrado el ex gobernador del mismo estado, Roberto Sandoval, a quienes acusaron de varios delitos, todos relacionados con el tráfico de drogas, por los cuales Veytia purga una condena de 20 años en EU. A Sandoval se le acusó de recibir sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Cuinis y Los Beltrán Leyva. (Nota de El Universal, 10 de julio de 2020).

Además, se le vinculó con delitos cometidos por el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte: “La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó la existencia de una red de lavado de dinero en una asociación ganadera (la Asociación Ganadera División del Norte) que importaba animales de Nueva Zelanda, supuestamente para apoyar a este sector en Chihuahua. Las investigaciones señalan que la asociación también está vinculada con el exmandatario de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda”. (Nota de Diana Lastiri, El Universal, 10 de julio de 2020).

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Corral tours, S.A.

El Diario, 15 de octubre de 2020

 Luis Javier Valero Flores 

Podrán desdeñarse desde el poder las informaciones publicadas por la prensa local -lo cual ha ocurrido a lo largo del quinquenio-, pero los hechos son tercos: El despilfarro del gobernador Javier Corral, en muchas materias, pero especialmente en el rubro de viajes, es insultante:

“En solo tres meses –el segundo trimestre de este año- fíjense bien, Corral gastó 46.5 millones de pesos del erario en viáticos. La info aparece en la propia página de la secretaría estatal de hacienda, así que ni cómo controvertirla”. (Nota de La Fuente Móvil, La opción.mx, 12 de octubre de 2020)

Esa cantidad es superior en una cuarta parte a lo ejercido por el mandatario chihuahuense en el trimestre inmediatamente anterior -enero a marzo-, en el que “gastó 37.5 millones de pesos en el mismo concepto”. (Ibídem).

El mismo medio aclara que esos gastos no incluyen los pagos realizados a la empresa aérea “El Pasito Ismael Rodríguez que brinda los servicios de traslados por avión desde la ciudad de El Paso”, negocio al que ha recurrido el gobernador para viajar a infinidad de lugares sin hacer uso de la flotilla oficial.

El conflicto de interés es evidente, pues el propietario de la empresa aérea forma parte del equipo del gobierno de Chihuahua, aunque la disculpa, dicen los voceros oficiales, es que ahora Rodríguez, dicen, no recibe pago alguno por ocupar, luego de ser el Coordinador del Gabinete de Javier Corral, la presidencia del Consejo Directivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) y representar “al gobernador en el Fideicomiso de los Puentes Fronterizos y desempeñar otras labores en el Fideicomiso del Centro Histórico”. (Nota de Luz del Carmen Sosa, El Diario de Juárez, 19 junio 2020).

Pero resulta que no solo tiene voz y voto en esos organismos, sino que, además, es quien convoca a sus reuniones.

Las investigaciones periodísticas no admiten dudas: “… el gobernador Javier Corral Jurado mantiene el arrendamiento del avión Pilatus PC-12/45 con matrícula N528PM, perteneciente a la empresa IRG AERO LLC, propiedad del excoordinador de Gabinete, Ismael Rodríguez Gallegos”. (Ibídem).

“… Aun cuando anunció gobernar con austeridad en gastos de representación y ajustes salariales, la actual administración estatal ha devengado entre 2019 y septiembre pasado 359.5 millones en viáticos y otros 8 mil 592.3 millones de pesos en ‘remuneraciones adicionales especiales’ de servidores públicos’, publicó El Diario en enero de 2020”. (Ibídem).

No es lo único, el gasto de mantenimiento, combustible y resguardo de las seis aeronaves que permanecen “en los hangares del aeropuerto internacional General Roberto Fierro, ‘así como sueldos de los pilotos, asciende a los 13 millones 220 mil pesos', indicó El Diario en julio pasado”. (Nota de Sandra Rodríguez Nieto, El Diario de Juárez, 26 de septiembre de 2020).

Pero si los gastos anteriores eran, de por sí, de escándalo, lo efectuado por el gobernador Corral en el último trimestre aquí reportado, justamente cuando la pandemia atacaba de la peor manera a los chihuahuenses y orillaba a los gobernantes a ahorrar en todas las áreas del gobierno, el mandatario gastó un promedio de 516 mil pesos diarios ¡En viajes del gobernador!

Precisamente en la época en la que la movilidad debió reducirse casi al mínimo, el panista incrementó sus viajes, muchos de ellos, ni siquiera relacionados con las tareas directas de su gobierno, sino con el mantenimiento de una imagen, con miras al futuro político, pero no el del estado, sino el personal.

Triste quinquenio el sufrido por los chihuahuenses.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

¡Ay Morena!

 

Aserto.mx, 12 de octubre de 2020

Luis Javier Valero Flores

Una materia no aprueban las élites dirigentes de Morena (y con ellas una buena cantidad de los militantes): Las concepciones democráticas.

No es la única materia no asimilada por una buena cantidad de los integrantes del partido en el gobierno, también es el escaso apego a la legalidad y el respeto a la tolerancia.

Si López Obrador y Morena desean construir un legado para la posterioridad, no será el combate a la corrupción, sino la construcción de un régimen democrático, tal y como lo debiera hacer un partido de la izquierda democrática del mundo moderno.

Lo que el país entero ha observado en los últimos días es una verdadera tragedia. 

Dirigentes morenistas, provenientes de todos los orígenes e historias partidarias pasadas coinciden en una cosa verdaderamente absurda: Creer, o hacernos creer, que una encuesta es un mecanismo democrático para elegir lo que sea.

Dejemos asentado que la decisión del Tribunal Electoral de ordenarle a Morena que eligiera a sus dirigentes mediante una encuesta es una monumental ilegalidad, pero el máximo tribunal electoral eso resolvió y los participantes aceptaron las reglas.

Una de ellas, elemental, dada la naturaleza del ejercicio demoscópico, es la de que en caso de que se presentara lo que se llama en esa área, empate técnico, se realizaría una nueva encuesta, pero ahora solamente con los que hubiesen quedado en 1o y 2o lugar.

Pero resulta que Porfirio Muñoz Ledo, que superó por unas centésimas en el promedio de las encuestas a Mario Delgado, se declaró ganador, y con su pronunciamiento, miles de seguidores clamaron que se opondrían al fraude que realizarían los organismos electorales, porque habían derrotado al candidato del “dinero”.

¿En qué cabeza pueden anidarse tales concepciones? ¿Y aún peor, llamar a la movilización para hacer valer tan insignificante diferencia de un ejercicio demoscópico?

Quizá lo que está ocurriendo es que, fruto de la falta de cultura democrática, la mayoría de los militantes de Morena SÍ SE CREEN que las encuestas SON UN EJERCICIO DEMOCRATICO y, exultantes, las difunden masivamente cuando favorecen al presidente, o exponen ventajas de su partido en las preferencias rumbo a las elecciones del 2021.

Y difunden todas, a pesar de que la mayoría solo sean sondeos efectuados por portales digitales, con mayores o menores concurrencias, o que cuando son contrarias a sus preferencias, como lo hace el presidente López Obrador, las ignoran, las desestiman o las critican acremente.

Todas las encuestas establecen que si hay diferencias menores al margen de error, no se puede establecer una tendencia válida, en los casos de la medición de preferencias electorales, o como es el caso, de las preferencias para designar dirigentes de un partido político.

El espectáculo que han ofrecido en los días recientes es para avergonzar a quienes han luchado consecuentemente por hacer de México un país democrático, con la existencia de instituciones basadas en esa cultura y de una profunda y sólida existencia de organismos de la sociedad civil.

Y a eso no está contribuyendo Morena en los días que vivimos, al contrario.

Una materia no aprueban las élites dirigentes de Morena (y con ellas una buena cantidad de los militantes): Las concepciones democráticas.

No es la única materia no asimilada por una buena cantidad de los integrantes del partido en el gobierno, también es el escaso apego a la legalidad y el respeto a la tolerancia.

Si López Obrador y Morena desean construir un legado para la posterioridad, no será el combate a la corrupción, sino la construcción de un régimen democrático, tal y como lo debiera hacer un partido de la izquierda democrática del mundo moderno.

Lo que el país entero ha observado en los últimos días es una verdadera tragedia. 

Dirigentes morenistas, provenientes de todos los orígenes e historias partidarias pasadas coinciden en una cosa verdaderamente absurda: Creer, o hacernos creer, que una encuesta es un mecanismo democrático para elegir lo que sea.

Dejemos asentado que la decisión del Tribunal Electoral de ordenarle a Morena que eligiera a sus dirigentes mediante una encuesta es una monumental ilegalidad, pero el máximo tribunal electoral eso resolvió y los participantes aceptaron las reglas.

Una de ellas, elemental, dada la naturaleza del ejercicio demoscópico, es la de que en caso de que se presentara lo que se llama en esa área, empate técnico, se realizaría una nueva encuesta, pero ahora solamente con los que hubiesen quedado en 1o y 2o lugar.

Pero resulta que Porfirio Muñoz Ledo, que superó por unas centésimas en el promedio de las encuestas a Mario Delgado, se declaró ganador, y con su pronunciamiento, miles de seguidores clamaron que se opondrían al fraude que realizarían los organismos electorales, porque habían derrotado al candidato del “dinero”.

¿En qué cabeza pueden anidarse tales concepciones? ¿Y aún peor, llamar a la movilización para hacer valer tan insignificante diferencia de un ejercicio demoscópico?

Quizá lo que está ocurriendo es que, fruto de la falta de cultura democrática, la mayoría de los militantes de Morena SÍ SE CREEN que las encuestas SON UN EJERCICIO DEMOCRATICO y, exultantes, las difunden masivamente cuando favorecen al presidente, o exponen ventajas de su partido en las preferencias rumbo a las elecciones del 2021.

Y difunden todas, a pesar de que la mayoría solo sean sondeos efectuados por portales digitales, con mayores o menores concurrencias, o que cuando son contrarias a sus preferencias, como lo hace el presidente López Obrador, las ignoran, las desestiman o las critican acremente.

Todas las encuestas establecen que si hay diferencias menores al margen de error, no se puede establecer una tendencia válida, en los casos de la medición de preferencias electorales, o como es el caso, de las preferencias para designar dirigentes de un partido político.

El espectáculo que han ofrecido en los días recientes es para avergonzar a quienes han luchado consecuentemente por hacer de México un país democrático, con la existencia de instituciones basadas en esa cultura y de una profunda y sólida existencia de organismos de la sociedad civil.

Y a eso no está contribuyendo Morena en los días que vivimos, al contrario.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF