Se desataron los demonios

El Diario, 30 de octubre de 2016
Luis Javier Valero Flores
Apaciguados los primeros conflictos del gobierno de Javier Corral, el monstruo de la violencia irrumpió abruptamente y catapultó el número de homicidios en medio de una serie de interrogantes y cuestionamientos acerca de las razones que precipitaron tan espantoso fenómeno.
Y lógicamente, el temor, fundado o no, empieza a hacer presa de la sociedad. En una de las regiones más castigadas por el control ejercido por las bandas criminales sobre el territorio, el de una parte del noroeste, empezó a circular un aviso preventivo en las redes sociales: “Me dijeron que va estar tremendo en Soto Máynez, Independencia, El Pacífico, El Terrero, El Molino y Namiquipa, con secuestro y balaceras y junta de ejército del Carlos Arturo (El 80). Me avisaron para no salir tarde o de noche, no andar autos en la calle sin licencia o placas. Envía esto a todos tus contactos, es un aviso importante. Yo ya lo envié, por si las dudas hay que prevenir ese tipo de cosas”.
Es de tal magnitud que el número de ejecuciones (y sólo de este tipo de crímenes) casi llega a las 2 centenas en el mes de octubre, lo que lo ubicará como el mes más violento, hasta el viernes 28, desde junio de 2012, cuando se presentó el mismo número, 190, de homicidios en la entidad. Si ocurrieran más decesos por esta causa en los últimos dos días del mes, entonces se ubicaría como el mas violento desde abril del 2012 cuando ocurrieron 224, o mayo de ese mismo año, con 199. (Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SNSP).
Y el 2016 sería el año más violento desde 2013, cuando se presentaron 1,443 asesinatos, por encima de los 1,086 de 2014 y los 945 de 2015, ya que hasta el viernes habían ocurrido 1,055 homicidios.
La curva ascendente no sólo es una percepción de la población. De enero a septiembre del 2015 ocurrieron 753 asesinatos. En el mismo período del presente año, se presentaron 859, un incremento del 14%; pero si el período analizado es de enero a octubre, las cifras corresponde a lo que hoy se informa: De enero a octubre del año anterior ocurrieron 823 homicidios y en el mismo período de 2016, 1,055, un crecimiento del 28.1%, el más alto desde los años del repunte homicida 2008-2012.
El incremento se apreciará mejor si se toma en cuenta que en el período enero-mayo de 2015 se presentaron 414 homicidios y en 2016 la cifra fue prácticamente la misma, 416.
Según la Secretaría de Gobernación, a fines de julio, la lista de ciudades con más altos índices de asesinatos eran: Acapulco, con 554 homicidios, Tijuana, con 460, luego, en tercer lugar, Culiacán con 222 y muy cerca de ésta, Ciudad Juárez con 210. Chihuahua se ubicó en el lugar 11o. con 107 homicidios.
Sirva para ubicar el problema el hecho de que el Inegi reveló que en 2015 se registraron 20 mil 525 homicidios en México. Es decir, una proporción de 17 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, tasa que es igual a la registrada en 2014. Sin embargo, el SNSP reportó que para ese año sólo se habían presentado 17,034.
Así, si el año culminara con 1,100 ejecuciones en el estado, entonces la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes se ubicaría en alrededor de 31-32, muy por encima de la nacional en 2015, que fue de 17, tasa que crecerá en el presente año a aproximadamente el 17.3.
Ahí está retratado, con las más frías estadísticas, el colosal problema del gobierno de Javier Corral, superior, incluso, al de las finanzas del gobierno estatal, pues en éste puede tener opciones, pero en el del enfrentamiento a las bandas del crimen organizado está sujeto a una gran cantidad de variantes, casi ninguna al alcance de la mano de la administración estatal, a menos, claro está, que decida enfrentarlo con otros instrumentos, diferentes a los usados en el pasado, esto es, el más completo combate a la impunidad y la colusión, así como el de la aplicación de las más modernas técnicas de investigación, así como el de enderezarlas al núcleo de cualquier actividad criminal: El desmantelamiento de las fuentes de financiamiento y de las empresas usadas en el lavado del dinero.
No llegan a cinco los casos en los que se haya aplicado la ley de extinción del dominio en Chihuahua y a pesar de que en nuestras tierras se dió la detención del supuesto líder del Cártel de Juárez, Vicente Carrillo, y que se encuentra preso en un penal de Chihuahua el presunto líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán, no hay, muchos meses después de sus capturas, ni listas de empresas decomisadas, o de bancos o instituciones sujetas a investigación por el lavado de dinero, de las inmensas fortunas que trasiegan, ya sea por la venta-distribución-traslado de la droga, o por la venta de armas y de las sustancias precursoras de la elaboración de los estupefacientes, así como del resto de las 20 actividades criminales que realizan tales grupos criminales.
Otro reto para la actual administración estatal, en relación con la ola homicida, es el de presentar los casos de tal manera que logren acreditar fehacientemente ante los jueces la responsabilidad de los presuntos culpables.
No se crea que fueron pocos los casos en los que la liberación de los acusados se dio debido a la debilidad de los argumentos y evidencias presentadas en su contra.
Durante una buena parte del sexenio anterior se presumió del elevado porcentaje que estaban obteniendo de sentencias de culpabilidad en contra de los detenidos. A pesar de ello, las cifras de homicidios nunca regresaron a los niveles de los años previos (2005, 550; 2006, 593; 2007, 617 y el terror, 2008, 2,030).
El pasado violento regresó y todo fue igual: ejecuciones múltiples, ataques en la vía pública, irrupción de grupos armados en viviendas y negocios y hasta un decapitado. En 24 horas sumaron aquí y en Chihuahua 25 asesinatos. (Nota de Staff, El Diario, 29/X/16).
Tan sólo en Juárez “la cifra pasó de 55 en septiembre a 84 en 28 días de octubre, lo que significa un alza de 53 por ciento y del 163 por ciento respecto a enero, cuando se registraron sólo 32 homicidios. Esto sin contar los homicidios en el Valle. En la ciudad de Chihuahua se repitió el patrón, de 39 asesinatos en septiembre se pasó a 67 en 28 días de octubre, que son 72% más, comparado con enero hay un aumento del 319 por ciento”. (Ibídem).
De acuerdo con el recuento realizado por el periódico “la cifra de homicidios en lo que va del año asciende a mil 198, de los que 437 se cometieron sólo en Ciudad Juárez, según las estadísticas”, cifra que está por encima de la informada por el SNSP que los ubicaba en 1,055, un enorme diferendo de 143 personas ultimadas.
El fiscal general, César Augusto Peniche Espejel aseguró que no regresaríamos a los niveles de violencia del año 2010, pero ya estamos muy cerca de los de 2012.
La sangría es inmensamente dolorosa, la ola homicida alcanzará cifras de espanto en una década pues de 2007 a la fecha, “Juárez alcanzará los 12 mil asesinatos en una década. Actualmente registra 11 mil 917 homicidios dolosos desde el primero de enero de 2007”. (Ibídem).
Peniche dijo que la violencia en las últimas semanas está relacionada con la pugna entre tres bandas que rivalizan por el control del mercado del cristal, algo que un sicario entrevistado por el Universal anunció.
Esa droga, afirmó, “Es más económica y de más rápida adicción, lo que representa una mayor utilidad a los vendedores porque es más fácil colocarla y se acomoda a cualquier estrato social”. (Ibídem).
Es de tal magnitud lo que está ocurriendo que el muy influyente periódico, quizá el de mayor peso en las élites económicas del mundo, The Economist,  intituló un reportaje así: “Tiembla Juárez de nuevo”.
Advirtió que “en gran parte del país, los fundamentos del Estado de derecho, una fuerza policial eficaz y una capacidad para procesar crímenes siguen desaparecidos”.
¿Qué tanto influyó en esta oleada creciente la incoordinación entre los mandos de Jorge González Nicolás y César Peniche, o la tardanza de los nombramientos de los fiscales de las zonas de la entidad y hasta el nombramiento “provisional” de Javier Benavides?
Son cosas que, por lo menos en el diferendo entre el gobernador Javier Corral, y el alcalde, Armando Cabada, deberán superarse de inmediato, pues el crimen organizado ha demostrado que tales momentos los aprovecha extraordinariamente; son muchos los resortes necesarios para mantener intacto el negocio de la muerte y siempre será provechosa que, ante la coyuntura, obtengan otros y mejores beneficios, como el de acceder a mandos policiacos, a otros integrantes de las esferas gubernamentales, de todo tipo, del Poder Judicial, del Legislativo, del personal de aduanas, y hasta en el seno de la sociedad incrementando el número de personas que se involucran en la actividad.
Por eso abre grietas de esperanzas el anuncio de Corral en el sentido de que  al regresar los operativos coordinados con los federales, no implican que el Ejército Mexicano regrese a patrullar las calles y que habrá, dijo, “operativos policiacos bien dirigidos, para ir por los criminales, detenerlos, procesarlos y así, desmantelar a esos grupos de competencia delictiva” y que Cabada declarara que “con la Policía Federal hay una coordinación permanente, también con la del Estado está empezándose a dar”. (Nota de O. Chávez/A. Castañón, El Diario, 29/X/16).
¿Será?
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Una negra noche y un amanecer tempestuoso

El Diario, 23 de octubre de 2016

Luis Javier Valero Flores

No podía ser de otra manera. El inicio del gobierno de Javier Corral ha sido, por decir lo menos, tempestuoso. 

A punto de cumplir, apenas, la tercera semana, a los conflictos derivados del desastre heredado de la administración anterior, se sumaron los generados por el cambio de rumbo político en la entidad.

Dos son los que caen en esta última clasificación: La reestructuración del sector educativo (en particular el de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, SEECH) y el de los nombramientos de los encargados de la seguridad pública, que abarca el creciente diferendo con el alcalde juarense, Armando Cabada, a tal grado que, por primera vez desde los tiempos de Patricio  Martínez, (y quizá en algunos momentos, cuando coincidieron Héctor Murguía y César Duarte) el mandatario estatal realiza una gira en Juárez sin el acompañamiento del edil del antiguo Paso del Norte.

En primer lugar, asentar que es de tal velocidad la presentación de los conflictos que hacen imposible hacer un recuento pormenorizado de las irregularidades encontradas en la administración estatal, que nos podrían llevar a catalogarlas como de un verdadero desastre administrativo: 

Falta de dinero en todas las dependencias, que ha llevado a parar patrullas, unidades médicas y pago de compensaciones a distintos grupos de trabajadores; infinidad de adeudos a proveedores de todo tipo de bienes y servicios; adeudo del orden -según cálculos del presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción-Chihuahua, de los mil 500 de pesos a constructores; cámaras de seguridad inservibles, adeudos millonarios de los concesionarios del transporte urbano de la capital a choferes y proveedores; la deuda 800 millones de pesos de gobierno a Pensiones Civiles; maquinaria gubernamental en ranchos particulares; adeudos de Desarrollo Social a distintos grupos sociales; adeudos de Desarrollo Rural a productores agropecuarios; el adeudo a la comunidad de Repechique por la construcción del aeropuerto de Creel; la negativa de la empresa a pagar el seguro del helicóptero de Gobierno en el que se accidentara Duarte; el adeudo del gobierno a la CFE por 63 millones de pesos, del consumo de la administración estatal, y de mil 300 millones de pesos por la medida populista de abaratar el pago de los usuarios de todo el estado (nunca cambiaron la tarifa prevaleciente y en ella mintieron el ex gobernador Duarte y el ahora dirigente priista, Enrique Ochoa), etc. ¡Pufff!

Aquí puede usted colocar las irregularidades de que usted tenga información.

Faltaría agregar, por ejemplo, la inmensa cantidad de puestos existentes, innecesarios y extraordinariamente bien pagados, que pueden llegar al orden de los mil en toda la estructura gubernamental.

Agreguen, además, la insultante cantidad de vehículos de gobierno puestos al servicio personal de los funcionarios; son cientos, a los que se les pagaba la gasolina, mantenimiento y chofer… ¡Ah, y los celulares!

Si a todo lo anterior le sumamos el conflicto con los choferes del transporte urbano de la ciudad de Chihuahua y el creado por las dirigencias de las secciones 8 y 42 del magisterio, nos habremos explicado el caos de estos primeros días, sin tomar en cuenta el crecimiento de la ola homicida.

Pero si los conflictos o situaciones conflictivas enumeradas líneas arriba son la herencia del gobierno duartista, la del magisterio la produjo la administración de Javier Corral. Lo único que hizo fue nombrar a un director de la SEECH, Manuel Arias, sin ligas con el sindicato de maestros. Habría que decir, además, que casi a la par se daban otros nombramientos en la Secretaría de Educación, en particular el del ex rector Carlos González, (pero no solo) que desataron la ira de la cúpula sindical del magisterio.

En juego está la apuesta de Corral en desmantelar la estructura del SNTE en el gobierno. Los dirigentes de la sección 8 habían mantenido en su poder la absoluta mayoría de los 48 puestos de mando en los SEECH. Ante la posibilidad de perderlos ante un gobierno de corte panista (y, peor aún, aliado a grupos y personas de izquierda, sector de donde proviene Arias) decidió jugarse el todo por el todo esgrimiendo un conjunto de demandas de carácter económico para una parte de sus agremiados y así obtener, así fuera de a poquito, legitimad social y magisterial a sus posturas.

Se encontró con la firme actitud del gobierno de no entregar, este sí, la rectoría de la educación al sindicato magisterial, como ocurre en todo el país.

Los puestos de mando en los SEECH lo son todo, son los responsables de todas las áreas de la educación (primaria, secundaria, técnica, etc.); son los supervisores de los nombramientos de toda la estructura burocrática; mantienen el control de los escalafones, deciden a quienes se les otorgan las direcciones escolares, a qué maestros se les envía a la sierra, a quienes a Juárez, etc.

Por supuesto, ante la suspicacia de algún lector, todo lo hacían aparentando el exacto cumplimiento de la normatividad existente. Puras patrañas, es el ejercicio del más ramplón control sobre los maestros y que, con gobiernos priistas, se hace de la mano con ellos.

Y aquí está uno de los grandes retos de Javier Corral. En el pasado, en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, criticó severamente el amasiato de éstos con la lideresa magisterial, entonces todopoderosa cacique sindical, Elba Esther Gordillo. Pregonó en el desierto, el guanajuatense y el michoacano reforzaron grandemente el poderío económico de la dirigencia magisterial, sólo para encontrarse que la cúpula sindical no le es fiel a nadie, salvo a los que ejercen el presupuesto, y eso, ni todo el tiempo, ni de manera completa.

Tenía razón Corral, la vigencia del antiguo régimen estaba, y está, sustentada en buena medida en el corporativismo sindical, tanto del magisterio, como de la principal de las centrales sindicales obreras, la CTM; al no desmantelarla, Fox,  Calderón y la dirigencia del PAN contribuyeron como nadie al regreso del PRI a la presidencia de la república y a la abrupta interrupción de la larga transición democrática del país.

Por ello resultó inexplicable que los panistas impulsaran la reforma educativa de Peña Nieto, de ella no podía desprenderse la supuesta recuperación de la rectoría del Estado en la educación. En la práctica nunca la habían perdido, la tenían -y la tienen- compartida con la dirigencia del SNTE y en la realidad la ejercen a plenitud, sin el desdoro de tener que aparecer como los controladores del gremio magisterial. La tarea sucia la efectúan los caciques sindicales.

Por eso es tan severa la crisis de la educación en el país. Ni la política educativa está en manos de expertos de la educación, ni la organización sindical está en manos de los maestros.

A eso se enfrenta el gobierno de Javier Corral y las fuerzas que lo acompañan en la administración estatal. Deberán encontrar la mejor manera de buscar, más allá del respaldo ciudadano con el que cuenta, que la ejecución de la política educativa encuentre el respaldo de la sociedad; lo vivido en la semana es solamente el inicio de una larga y ríspida confrontación en la que, sin duda alguna, los dirigentes magisteriales locales recurrirán al apoyo de la dirigencia nacional, tanto del SNTE, como del PRI, del Partido Nuevo Alianza (PANAL)  y del gobierno de Peña Nieto.

Pero no bien amaina alguna de las tormentas acaecidas en el amanecer de este gobierno, cuando ya le aparece otra y ésta es la generada a partir del nombramiento de Jorge González Nicolás en Seguridad Pública de Juárez, asunto que finalmente obligó a Cabada y a Corral a reunirse brevemente al término de las respectivas giras efectuadas por separado en el antiguo Paso del Norte.

No hay buenas noticias. A pesar de lo declarado por el alcalde -“Quedamos bien, yo creo que avanzamos y me reiteró (Corral) que habría coordinación institucional”- lo afirmado por después por el gobernador -“investigaremos a González Nicolás, por ser cómplice de Duarte”- no abona a ese dicho, de tal manera que en el aire queda la posibilidad de que no exista la suficiente coordinación en materia tan sensible.

Además, ante los nombramientos del resto de las fiscalías en el estado y de la Ejecución de Penas (es decir, el encargado de los penales), priva la sensación que se nombró a quienes formaron parte esencial del equipo de González Nicolás, lo que en la práctica le da un aval a la labor realizada por éstos, al extremo de que en el comunicado oficial en el que se informa de los datos curriculares de Carlos Mario Jiménez Holguín, designado Fiscal de la Zona Centro, se dice de él que fue “Integrante del equipo de trabajo que logró el avance más significativo en la recuperación de la seguridad en Chihuahua, en los tiempos de mayor crisis delictiva históricamente”.

¡Vóytelas!

El problema es que ese equipo, en los últimos días del gobierno de Duarte, recibió sendas recomendaciones de la Comisión estatal de Derechos Humanos, debido a que se encontró sustento en las denuncias presentadas en su contra de haber torturado a diversos presuntos criminales para acreditar su responsabilidad.

No, no se presentan fáciles las cosas para el gobierno del amanecer, y menos si se toman las elevadas expectativas despertadas a lo largo de una campaña… y de un sexenio que fue, por mucho tiempo, una negra noche.

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¿Otra vez el terror?

El Diario, 27 de octubre de 2016

Luis Javier Valero Flores

Ocho años atrás, justamente cuando la reforma al sistema judicial de Chihuahua se ponía en vigor, para dar paso a los juicios orales en materia penal, se presentó la peor ola homicida en la historia de la entidad.

No había aparato de procuración y aplicación de la justicia que pudiera hacerle frente a tan aterrador fenómeno. Ni el viejo sistema de justicia podía, veníamos de una muy grande lista de hechos criminales en los que el rasgo común era la presentación de “chivos expiatorios” para acreditar la resolución de los más notables asesinatos que se habían dado en las dos principales ciudades de Chihuahua, especialmente los feminicidios.

Tampoco el nuevo sistema de justicia podía, por sí solo, hacer frente al escalamiento de la violencia; se ponía en vigor utilizando el viejo aparato de procuración de justicia y pronto, muy pronto, sobrevinieron las contrarreformas, creyendo que el nuevo sistema de justicia era, en buena parte, responsable de lo que nos había caído encima.

Hasta la fecha sigue sin responderse el principal de los cuestionamientos de aquella época ¿Porqué, en presencia del mayor número de elementos de las fuerzas federales de seguridad, militares y policías federales incluidos, la ola homicida no amainó y, al contrario, una inmensa cauda de otros delitos se sumaron a los homicidios en cantidades más allá del entendimiento?

Cosa parecida nos ocurre ahora, por desgracia. No es la aplicación de un nuevo sistema de justicia sino la entrada de un nuevo grupo político al gobierno, variopinto y emergido de una gran inconformidad social, con indudable apoyo ciudadano y que debe modificar a matacaballo, no sólo el aparato de procuración y aplicación de justicia, sino, además, mostrar eficiencia ante la aparición de un recrudecimiento de la ola homicida.

Podrá decirse que aún no pinta para que lancemos las luces de alerta. No es así, baste recordar que a fines de 2007, ante una escalada homicida como la de ahora, en niveles que en Juárez llevaba a superar el promedio de más de un homicidio diario -cosa que en los últimos dos meses se ha superado- la preocupación hizo presa de todo el aparato gubernamental y de la sociedad chihuahuense.

El tiempo nos daría la razón, llegarían los días de 10-11 asesinatos diariamente, con todas las secuelas criminales, de cuya memoria ahora se han borrado, pero que bastan unos cuantos episodios para retrotraernos, de nuevo, a la tragedia por la que transitamos.

Así, un nuevo equipo al frente de la preservación de la seguridad pública está estrenándose, aunque una buena parte de ellos pertenecieron al del gobierno anterior, en puestos relevantes y que ahora deberán afrontar, no solamente la oleada criminal, sino el escepticismo de una buena parte de la sociedad chihuahuense, no obstante la elevada calidad del bono democrático entregado a Javier Corral por los chihuahuenses.

Y lo hace en medio de una minicrisis -la controversia entre el jefe de la policía estatal, Javier Benavides, y el coordinador de comunicación social, Antonio Pinedo- y de una auténtica crisis, el diferendo con el alcalde juarense, Armando Cabada, por el nombramiento del ex fiscal general del estado, Jorge González Nicolás, al frente de Seguridad Pública del municipio de Juárez.

Todo ello en medio de una auténtica balacera, pues diariamente caen bajo las balas entre 3-4 personas en la entidad (y puede ser que el promedio sea superior en las últimas 3 semanas) sin que hasta el momento tengamos la información de que, efectivamente, fueron las estrategias aplicadas por la anterior administración, la de César Duarte, las responsables de la abrupta disminución de las crfifras homicidas, y sólo de éstas.

Saber las verdaderas causas de la disminución de la ola homicida entre 2012 y 2015 (a pesar de que, finalmente, el número de homicidios ocurridos en el gobierno de César Duarte fue superior al del sexenio anterior) es indispensable para abatir la ola homicida del presente.

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Monstruo de mil cabezas

El Diario, 20 de octubre de 2016

Luis Javier Valero Flores

Muy temprano el gobierno de Javier Corral sufrió el embate de tres de los monstruos endémicos (si se permite tal libertad literaria) de la sociedad mexicana: La mafia sindical del magisterio, la del transporte urbano y la de las bandas criminales.

Lo hace en medio de una gravísima crisis económica e institucional, derivada del verdadero desastre dejado por la administración de César Duarte.

Es de tal severidad el embate que lo obligó a cambiar una errónea actitud asumida frente al último eslabón, y el más débil, de las cadenas de los medios de comunicación, los reporteros. Quizá por primera ocasión en su gobierno, salió a responder los cuestionamientos de los reporteros que, y hay que enfatizarlo siempre, no son los responsables ni beneficiarios de la línea editorial del medio de comunicación en el cual trabajan.

En los días previos fueron tratados hasta con desdén por el gobernante.

Los choferes de una parte de las rutas alimentadoras del transporte urbano de la capital se excedieron en sus manifestaciones del martes en la capital; además de impedir el acceso vehicular al Palacio de Gobierno bloquearon las más importantes avenidas de Chihuahua y produjeron un impactante caos en la ciudad.

Por ello, el desalojo de los choferes en la madrugada del ayer recibió un casi  unánime respaldo de los capitalinos y dio pie a unas lapidarias declaraciones del gobernante: El Estado asumirá control del transporte, por una parte, además de que, dijo, “no permitirá ser tratado como Duarte” por los choferes; que no caerá “en los chantajes de los operadores”; anunció “la construcción de manera ordenada de la segunda y tercera ruta troncal del ViveBús”, con la posibilidad de que participe la Iniciativa Privada y la apertura de procesos penales contra quienes bloquearon las vías de comunicación.

“Los transportistas deben medir muy bien el agua a los camotes, este gobierno tiene la legitimidad del pueblo de Chihuahua y vamos a responder a los chihuahuenses”. (Nota de Diario de Chihuahua, 19/X/16).

Sin embargo, como todo en el sistema del transporte urbano de la ciudad de Chihuahua, nada está claro y está pendiente de resolverse que la autoridad informe con plena transparencia sobre el recaudo del pago de los usuarios.

La última legislatura duartista aprobó la creación de un fideicomiso que se haría cargo del recaudo, cuyo titular debe ser nombrado por el gobernador de Chihuahua.

La pregunta brota sola ¿Quién sabe acerca de los ingresos de las rutas alimentadoras? Como diría el insigne investigador mexicano, Alfonso Quiroz Cuarón, basta con seguirle la pista al dinero para encontrar la irregularidad y los culpables.

Porque Corral aseveró que el Gobierno no responderá al pago de los trabajadores, pues, dijo, “eso es una obligatoriedad de los concesionarios”.

Y por otra parte ¿Cuánto dinero se ha gastado en el sistema de transporte de Chihuahua? ¿Cuánto dinero les entregó el gobierno de Duarte a los concesionarios? Probablemente ahí podamos encontrar explicación a la furibunda reacción del dirigente de la CTM, Doroteo Zapata, ante el desalojo de los camiones, casi dijo que incendiaría Chihuahua, “si eso quiere Corral”.

Por otra parte, y quizá ese sea el problema mayor, la cúpula magisterial decidió enfrentar al nuevo gobierno, empeñada a no perder el control de la educación en el estado, a través de las posiciones mantenidas en su poder a lo largo de las últimas dos décadas en la estructura de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua.

El reto es mayor, la dirigencia sindical, que era, hasta el 4 de junio, férrea opositora de las movilizaciones y blandengue defensora de los derechos de sus agremiados, le brotó lo “revolucionaria” y acudiendo a las peores maniobras de las mafias sindicales, retó al gobierno de Corral.

Es de tal envergadura tal conflicto que el domingo habremos de revisarlo con detenimiento.

Por último, y por desgracia no es el menos importante de los conflictos, es el del repunte homicida, a tal grado que esta primera quincena empieza a asemejarse a los lapsos del pasado.

Nunca será malo insistir en la correcta aplicación de lo que se llama estratégicamente “inteligencia” de las corporaciones policiacas y de seguridad pública.

Insistimos ¿En qué cambió la estrategia de seguridad pública en Chihuahua a partir del 4 de octubre? Y si esta no cambió ¿Entonces, qué sí cambió?

¿Regresa el pasado violento?

El Diario, 16 de octubre de 2016

Luis Javier Valero Flores

Como si los grupos criminales actuaran a tono con los cambios políticos, los sicarios arreciaron su actividad en los primeros días del gobierno de Javier Corral, más de 60 personas cayeron abatidos por los disparos de los comerciantes de la droga y la violencia. Le dieron una vuelta de tuerca a lo que venía sucediendo de a poquito en toda la entidad en las últimas semanas del gobierno de César Duarte.

La novedad es que las ejecuciones y los homicidios, sin las características de aquellas, aumentaron en Chihuahua y Juárez. El martes 11 se dió un cruento enfrentamiento en el Largo Maderal y se habló de que un grupo criminal incluso había tomado la sede policial de Madera.

Que se diera un nuevo incidente de esas dimensiones en La Tarahumara no sorprende. Por desgracia, a lo largo de los últimos años, mientras los homicidios cedían en las urbes mayores, en la sierra se presentaban con alguna frecuencia enfrentamientos y ejecuciones. Solo basta recordar que uno de los reclamos de los chihuahuenses de esa vasta zona era que los grupos criminales eran quienes tenían el control.

En el curso de la campaña adquirió relieve la presencia de un personaje denominado como “El 80” en la región de Bachíniva y Namiquipa. El ahora gobernador Corral llegó a comprometerse a que sería prontamente detenido y hasta la fecha se han dado dos episodios de la supuesta detención, la primera de ellas antes de las elecciones y la otra muy recientemente.

Recordar a tal personaje tiene el objeto de mostrar fehacientemente el largo historial de los episodios violentos que ahora han recrudecido, en una más que extraña coincidencia con los cambios gubernamentales.

A los computados por distintos medios de comunicación, entre ellos el periódico capitalino Reforma, se sumaron los acaecidos el pasado viernes en Juárez y Chihuahua (9 entre ambas), más los que se vayan presentando en el fin de semana.

¿Qué ocurrió en la transmisión de mandos de los organismos encargados de la seguridad pública en Chihuahua?

¿Cómo puede degradarse tanto con el simple cambio del jefe de la Policía Estatal (nombramiento provisional, dijo el gobernador Corral) y del Fiscal General? ¿Acaso los mandos inferiores, verdaderos encargados de la operación policíaca, no mantuvieron los niveles de seguridad en estos riesgosos días de la transmisión del mando?

¿Cómo puede cambiar tanto esta situación si el nuevo fiscal se desempeñó como delegado de la PGR durante largos años y mantuvo línea directa con el ahora Secretario de Seguridad Pública Municipal de Juárez, Jorge González Nicolás?

O será simplemente que estamos ante un agravamiento de lo que venía sucediendo en la entidad, de acuerdo con las informaciones de distintas fuentes, prácticamente todas ellas oficiales, y que se han constituido como el más importante mentís a la propaganda del gobierno anterior, que sostuvo hasta el final que su principal logro había sido mejorar ostensiblemente las condiciones de la seguridad pública en Chihuahua.

Sin embargo, las cifras oficiales los desmienten: “La tasa de delitos por cada 100 mil habitantes aumentó en Chihuahua un 28.7% en 2015 respecto al 2014, al pasar de 24 mil 295 a 31 mil 274 personas afectadas con edad de 18 años y más, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción (Envipe) 2016”, lo que es compatible con el reporte del Inegi en el “que el 63.1% de la población en Chihuahua se siente insegura”. (Nota de Manuel Quezada, El Diario de Chihuahua, 28/IX/16).

Además, la encuesta arrojó que los tres delitos más frecuentes en la entidad son la extorsión, el robo o asalto en la calle o transporte público, así como el hurto parcial de vehículos.

Por otra parte, de acuerdo al mismo estudio, “Chihuahua fue la tercera entidad con mayor incremento de la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes de 18 años y más, entre el 2014 y 2015, ya que en Sonora se incrementó un 53.4; Coahuila tuvo un 35.4 y Chihuahua el 28.7”. (Ibídem).

Es muy pronto para adjudicarle al nuevo gobierno la responsabilidad de lo que hoy ocurre, a pesar de los desaciertos iniciales con el nombramiento “provisional” de Javier Benavides, la oleada violenta no inició el 4 de octubre. 

Al cierre de agosto éste se reportó como el mes más violento del año, con 136 homicidios en el estado, superando el mismo período de los dos años anteriores (111 en 2015 y 95 en 2014). (Nota de Alejandro Salmón, www.ahoramismo.mx, 21/IX/16).

Y aquí es en donde empiezan a apreciarse algunas de las cosas extrañas, precisamente luego del cambio gubernamental. Durante una buena parte del sexenio anterior González Nicolás nos alertaba acerca de las condiciones que no se podían cambiar con las estrategias policíacas locales, esto es, nuestra frontera común con EU y el enorme consumo de estupefacientes allá.

Eso no lo podemos cambiar, en la segunda parte podríamos, como país, sugerir medidas que disminuyan el consumo, pero hasta ahí. Ante tal panorama, nos pidió en muchas ocasiones que como sociedad no bajáramos la guardia y que comprendiéramos los retos que eso significaba, lo que nos llevaba a confiar en que la operación de preservar la seguridad pública en la entidad sería un asunto permanente.

Llegó, incluso, a vaticinar que se podría presentar un nuevo baño de sangre debido a que, dijo, Rafael Caro Quintero, aliado a los Beltrán Leyva, estaba disputando el control sobre Chihuahua al Cártel de Sinaloa, lo que significaba que el de Juárez ya ni siquiera pintaba en la entidad ¿Será? 

Pues bien, ahora resulta, de acuerdo con las declaraciones del Fiscal César Augusto Peniche, que en los dos últimos años del gobierno de Duarte ¡Se desactivó el equipo de inteligencia de la Fiscalía!. (Nota de Patricia Mayorga, El Diario de Juárez, 15/X/16).

Así como lo leyó, la desactivación de los equipos de inteligencia, como podemos imaginarnos, afectó “los operativos en la Sierra Tarahumara y dificultó a esta administración, reconocer de inmediato los focos rojos a corto plazo”, sostuvo Peniche.

Contar con ese arsenal de conocimientos sirve para conocer, por ejemplo, “el modo de operar de los delincuentes que actuaron en los hechos recientes y les da una pauta (para) comenzar a abatir los índices de violencia” a fin de que “las policías no sólo efectúen patrullajes, sino basados en labores de inteligencia realmente, salgan con un plan y a puntos específicos”.

No fue una declaración aislada, dijo que “Por razones poco conocidas, desactivaron las áreas de inteligencia, de sistematización y análisis para conocer focos rojos para Chihuahua, para todo el estado, para ubicar focos rojos que midan el riesgo a corto plazo”.

Ante esta situación, dijo que se reactivarán las “zonas de inteligencia” de la Fiscalía a fin de que los agentes “salgan a la calle, por puntos definidos, con una idea de lo que harán” y evitar, sostiene el escribiente, que los convoyes policíacos se conviertan en un simple espectáculo urbano.

Pero las declaraciones de Peniche debieran servir para que el ex fiscal y ahora jefe policíaco de la frontera, González Nicolás, diera respuesta a cuestionamientos tan severos, particularmente en momentos tan difíciles como el actual y que, incluso, fuera llamado a comparecer al Congreso del Estado a responder a infinidad de interrogantes, ya sea en su calidad de ex fiscal del estado o de nuevo Secretario de Seguridad Pública de Juárez.

Y más allá de si es llamado a informar, lo que ahora revelan las informaciones periodísticas y las declaraciones de Peniche es que su nombramiento al frente de la policía municipal es un enorme desacierto.

En el mismo sentido, no es una novedad asentar que urge la aplicación de verdaderas medidas de inteligencia en seguridad pública, a fin de evitar que el baño de sangre adquiera dimensiones incontrolables, como en el pasado reciente, pues la respuesta de los grupos criminales a que pertenecían las víctimas fatales de las últimas semanas significará la escalada de la violencia pues ahí priva la ley más salvaje.

Ahora bien, luego de la experiencia del 2008-2011, los chihuahuenses ya sabemos que, justamente, cuando la ola de sangre fue más violenta, a pesar de la presencia de miles y miles de soldados y policías federales, no amainó. Cuando lo hizo ¿A qué se debió? ¿A la efectividad de las policías? ¿A su mejor preparación? ¿A la depuración de ellas? ¿O a los acuerdos entre los grupos criminales?

Seguramente algo influyeron los factores relacionados con el mejoramiento de las policías, pero hoy tenemos mejores cuerpos policíacos y a pesar de ello se desató nuevamente la ola homicida ¿Por qué?

Y lo anterior a pesar de que, como parte de los operativos de seguridad aplicados en todo el país, se instalaron bases de Operación Mixta, una de ellas en Juárez, la que lleva más de un mes operando, así como en Guadalupe y Calvo y Chihuahua, integradas por corporaciones de los tres niveles de gobierno, es decir, casi la misma historia, repuntan los homicidios y se decide sacar al ejército a patrullar calles, barrios y pueblos.

No, esa no fue la razón para que disminuyeran los índices delictivos, si acaso una fue importante  y fue el de quitarles el control de los penales a los jefes criminales.

¿Y ahora? ¿Qué hacer?

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Impostergable coordinación

El Diario, 13 de octubre de 2016

Luis Javier Valero Flores

En medio de la peor oleada homicida, luego de la presentada entre 2008 y 2011 (y hasta mediados de 2012), la transmisión del poder en los dos niveles de gobierno en Chihuahua, y especialmente en Juárez, se desarrolló de la manera más preocupante posible.

Al primer alcalde independiente (esto es, no postulado por partido político alguno) se le ocurrió proponer al ex fiscal general del estado, Jorge González Nicolás, como Secretario de Seguridad Pública del municipio. Con ello generó la primera minicrisis política del quinquenio, por supuesto de mayor importancia que las declaraciones del gobernador Corral en otros temas, y puso en la mesa de las discusiones una buena cantidad de asuntos.

En primer lugar, la búsqueda de la mayor y la mejor de las coordinaciones entre esos niveles de gobierno; no puede haber, ya no grietas, sino la menor de las rendijas en ese tema. La realidad ubicará a ambos gobernantes, pues la cifra de ejecuciones supera al medio centenar en el estado en tan sólo unos cuantos días, quizá menos de una semana. 

Ese es el recibimiento del crimen organizado a los nuevos responsables de la seguridad pública en Chihuahua. No será tarea fácil y deberán afrontarla en mejores términos que hasta ahora.

Imposible, hasta ahora, determinar quien corre con las mayores responsabilidades en el diferendo acerca de la designación de González Nicolás, lo que sí sabemos es que la coordinación entre el recién nombrado Fiscal General, César Augusto Peniche, y el responsable de la seguridad pública en Juárez se inicia con problemas.

Sin embargo, una cosa sí puede apuntarse. La elección del 5 de junio fue una especie de elección referendista, más en el caso de la municipal juarense. Se trató de resolver si podían continuar los gobiernos priistas de la manera que lo pretendían, incluso llevando a que su candidato aspirara por tercer vez a la alcaldía.

La respuesta de la ciudadanía fue contundente: No.

Y no solamente a esa candidatura, pues la de Serrano implicaba la continuidad, no solamente en el plano estatal, sino en el municipal. No, fue también la respuesta, ahí en donde el priismo duartista apostaba a tener su mayor reserva de votos, perdieron en el antiguo Paso del Norte.

Pero Armando Cabada lo hizo con un mundo de ventaja sobre Héctor Murguía; ahí debió entender que no podía extender puente alguno con los integrantes del grupo gobernante hasta esos momentos, y mucho menos en el caso de la seguridad pública.

Lo que hoy estamos viviendo no se debe a otra cosa que a la fallida política de seguridad pública aplicada en el sexenio de César Duarte, por lo menos en los parámetros y conceptos que pretendieron endilgarle a la sociedad chihuahuense: En el sexenio recién terminado se presentaron más homicidios que en el de Reyes Baeza.

Nadie que haya dirigido la seguridad pública en un ámbito determinado, con tales resultados, puede ser tomado en cuenta para continuar en otro semejante, menos si formó parte de un grupo gobernante tan duramente cuestionado por la sociedad.

Y este nombramiento ni siquiera debería consensuarse con la autoridad estatal (como lo establece la ley), pero sí discutirla con ella y llegar a algún acuerdo, como de hecho sucedió en el caso del fiscal general, supuestamente consensuado con la Presidencia de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional.

No tomar en cuenta aspectos como los relatados, no le daba argumentos válidos al Gobernador Corral para no presentarse al acto en el que Cabada se dirigiría a los juarenses por primera ocasión. Corral es un debatiente nato ¿Por qué no aprovechar la ocasión, y en los mejores términos, plantear en privado y en público su postura, después de agotar la discusión y, además, porque está obligado a ir a Juárez constantemente?

Y aquí aparece otro tema. El de los traslados del gobernador, cualquiera que sea quien ejerza el cargo, más allá de posturas demagógicas: El gobernante chihuahuense no puede desperdiciar 4 horas de su tiempo cada que necesite trasladarse a alguno de los puntos más lejanos de la geografía local.

El problema no es el helicóptero, sino el uso que le dió el gobierno anterior, de ahí que el usarlo en los traslados de la toma de posesión de los alcaldes el día 10 era hasta natural.

Accidentado y preocupante inicio

El Diario, 9 de octubre de 2016

Luis Javier Valero Flores

Un fantasma se apareció en la semana en Chihuahua, el de Jaime Rodríguez, El Bronco gobernador de Nuevo León, quien a un año de asumir el gobierno obtuvo un 5.8 de calificación, en la evaluación realizada por los ciudadanos en una encuesta efectuada por el periódico Reforma (4/X/16).

Menos de la mitad -45%- le otorgó una calificación superior al 7 y  58 de cada 100 ciudadanos afirman que las cosas siguen igual que antes y solo 14 de cada 100 creen que han mejorado.

La mejor explicación para tan bajas calificaciones obtenidas por el primer candidato independiente en ganar una gubernatura, es la de que un buen número de las promesas efectuadas en la campaña electoral no fueron cumplidas o, peor aún, se realizaron acciones gubernamentales contrarias a aquellas promesas.

No sólo para aquel personaje, sino en general para toda la clase política, lo más importante es guardar la congruencia y que exista, además, coherencia en la conducción de la “cosa” pública.

El bono democrático otorgado por la ciudadanía a los ganadores de verdaderas elecciones referendistas, como lo son El Bronco y el gobernador Javier Corral, no es para toda la vida y para todos los asuntos, menos en los días que corren, por la creciente importancia de las redes sociales para moldear opiniones y posturas en una parte muy importante de la sociedad y, además, por el papel que jugaron las redes sociales en los triunfos de ambos personajes.

Honrar las promesas lanzadas en la campaña debiera ser la divisa central del gobernador Corral; no puede haber taxativa alguna, la confianza depositada en él por cientos de miles de chihuahuenses estuvo basada en, primero, la esperanza de que habría una conducta intachable en los compromisos adquiridos, especialmente en el de enviar a César Duarte a la cárcel (que muchos lo sabemos, es enviarlo a los tribunales, es fincarle cargos con suficientes evidencias para que el Poder Judicial no lo libere) y de efectuar la limpieza de las finanzas del gobierno de Chihuahua, mediante el combate irrestricto a la corrupción.

Para llevar al cabo tales acciones, Javier Corral requiere del apoyo de la sociedad, sin duda alguna, pero deberá ir por delante la confianza de esa sociedad, ganada a pulso por el gobernante, frente a cualquier situación.

Por ello cobra mayor importancia la postura del nuevo gobernante frente a los dos asuntos que mayores críticas le han sobrevenido: El de las cuotas escolares y el de las fotomultas.

Por desgracia no son los únicos asuntos preocupantes en este fulgurante inicio de la nueva administración, el diferendo en el nombramiento de los responsables de la policía estatal, Javier Benavides, y el de Jorge González Nicolás, en la municipal de Juárez por Armando Cabada, es de un relieve aún mayor que aquellos, si es que se puede clasificar de esa manera tan espinosos asuntos.

Son de tal importancia los desaciertos cometidos por el nuevo equipo gobernante, en lo que fue un sorpresivo inicio del gobierno de Javier Corral, por el número de contradicciones y la importancia de ellos, y por la creciente desazón provocada en no pocos sectores de la población, que el brillante discurso (así contenga destacados asuntos no contemplados en él) de la toma de posesión del martes anterior no recibió la mayor de las atenciones de los chihuahuenses, se perdió.

Habremos de rescatar los aspectos sobresalientes, como el de entablar un debate a nivel de iguales con el Congreso, la idea de eliminar el fuero para el gobernador, la revocación del mandato, la creación del Consejo de la Judicatura Ciudadana, etc.

Los antecedentes políticos de Javier Corral (salvo algunos “negritos” como cuando defendió en un buen numero de debates parlamentarios a Felipe Calderón, en la primera mitad del gobierno de éste y el de su voto a favor de la reforma educativa), sus indudables cualidades políticas y las no menos destacables parlamentarias, lo convirtieron en candidato natural de amplias capas del campo de la democracia chihuahuense y de la izquierda, y no solamente por su actitud frente al ex gobernante César Duarte, postura que le redituó, sin duda, incontables simpatías. 

Sus posturas en una buena cantidad de asuntos le han ubicado claramente en el campo de los impulsores de la democracia y de la transición democrática del país.

Igualmente, destacó por su oposición a la reforma energética, la laboral, la fiscal, la de telecomunicaciones; a la ley Televisa; por sus críticas a los presidentes Fox y Calderón, la cruzada al interior de su partido para rescatar la asunción de una forma ética de actuar políticamente, etc., son algunas de las cosas que le hicieron merecer el acompañamiento de un buen número de destacados integrantes de la élite política y académica del país, en su segundo intento por ganar la gubernatura de Chihuahua.

Sus posturas frente a la necesidad de cambiar al régimen existente lo han ubicado junto a personajes de la izquierda, así como la crítica realizada a los acuerdos celebrados entre el PRI y el PAN, en particular el Pacto por México, lo que le llevó a declarar frente a sus excompañeros senadores que la “época del PRIAN” se había acabado.

Pero al dejar al garete una infortunada declaración de su Secretario de Educación, Pablo Cuarón, dio pie a que las redes sociales, que tanto contribuyeron a su triunfo, se convirtieran en el vehículo de la indignación de una buena parte de la sociedad chihuahuense y del escarnio de otra.

La frase de Cuarón será recordada por muchos, si es avalada por la conducta del gobierno de Corral, como la viva muestra de lo que son los candidatos: En la campaña te prometen el puente y el río, al fin y al cabo que son promesas del “corazón”.

Pudieron realizar una sosegada declaración, basados en la escasez de recursos con que asumieron el poder, esperarse a que fueran los tiempos de inscripción, mostrarle a los chihuahuenses el inmenso mundo de dinero que significa para el gobierno la cancelación de los pagos de inscripción en bachillerato y profesional y, entonces, proponer un sistema diferenciado de pagos de cuotas de inscripción, de acuerdo a los ingresos económicos familiares.

Para darnos una idea de la barbaridad propuesta por todos los candidatos al gobierno de Chihuahua, lo cual no descalifica la bondad de tal promesa, basta con calcular en 500 pesos la cuota de inscripción de alrededor de 80 mil alumnos del Colegio de Bachilleres, o los 400 millones de pesos que recibe por ese concepto la Uach, y de manera semejante la Uacj. Sólo en esas tres instituciones se superan los mil 200 millones de pesos que el nuevo gobierno debería erogar para mantener su actual presupuesto.

Del mismo modo, sorprende el desaseo mostrado en el tema de las fotomultas. Los argumentos usados por Corral en la entrevista concedida a Canal 28 (único medio local al que se le otorga tal privilegio) son los usados por la anterior administración, no tienen afán recaudatorio, dijeron, los anteriores y los actuales, es para la prevención de los accidentes.

Podemos otorgarle el margen de la duda a los actuales gobernantes, pero ¿Por qué no experimentar con otras medidas a fin de combatir las elevadas velocidades en las grandes avenidas, que los expertos pudieran aportar?

Peor, el Congreso del Estado es el que tendría que aprobar tal medida, en cualquiera de las dos vertientes: La primera, que la derogación de las fotomultas, promovida por Duarte y aprobada por la legislatura aún no se publica por el periódico oficial del gobierno, lo que podría dar lugar a que la vetara Javier Corral, le hiciera las observaciones y devolverla al Congreso y éste aprobar esas observaciones, pero si el líder de los diputados panistas, Miguel Latorre, ha dicho que su bancada no lo aprobará, entonces el gobernador estaría obligado a publicarla y si no lo hace, el Congreso del Estado lo haría y se convertiría en ley, ante lo cual el gobernador Corral tendría que enviar una nueva iniciativa de ley para derogar a la derogada.

¿Para qué tanto enredo?

Si lo anterior es un galimatías, el enojo popular no lo es. Y no son los medios de comunicación “interesados”, o el priismo derrotado el que da sustento a las críticas y a la desilusión, sino el de las promesas incumplidas, expresadas directamente por algunos de los más destacados integrantes del nuevo grupo gobernante.

Del mismo modo, ante el gravísimo diferendo al interior del gobierno estatal, desatado entre el “provisional” jefe de la policía estatal, Javier Benavides, y el encargado de Comunicación Social (ya que aún no hay nombramiento oficial), Antonio Pinedo; y el del gobernador Corral con el presidente municipal electo, Armando Cabada, con motivo del nombramiento de Jorge González Nicolás, no puede haber soluciones parciales, ambos jefes policíacos deben irse (bueno, es un exceso, uno de ellos todavía no llega y el otro aún no recibe nombramiento).

Argumentos para sostenerlos puede haber muchos, pero uno solo los derriba, Corral y Cabada están obligados a respetar, mantener y elevar la confianza de sus conciudadanos y en este tema, más allá de la veracidad o no de las acusaciones hacia los dos jefes de la policía, amplias capas de la población les tienen una inmensa desconfianza, sobre todo al ex fiscal general.

¿Cómo gobernar bajo los mejores augurios, cómo hacerlo rememorando las históricas tardes en las que miles y miles de chihuahuenses, exultantes, confiaban en el triunfo de ambos personajes y de que gobernarían bien?

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Primeros hallazgos

El Diario, 6 de octubre de 2016
Luis Javier Valero Flores
La fuente es de lo más confiable. El nuevo rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (Uach), Luis Fierro Ramírez, afirmó ayer que el Gobierno del Estado le debe a la Uach “por lo menos 50 millones de pesos por concepto de subsidios enviados por la Secretaría de Educación Pública que no le han sido entregados”.
El adeudo corresponde a los meses de junio a octubre del presente año, con lo que la nueva administración universitaria no cuenta con los recursos suficientes para afrontar los gastos del resto del año. Al mismo tiempo, descartó la posibilidad de que se pudiera cumplir con la promesa realizada en campaña por el gobernador Javier Corral, de eliminar las cuotas de inscripción y las colegiaturas, rubro que representa alrededor de 400 millones de pesos, de los 2 mil millones del presupuesto anual.
Pero el primer hallazgo, hecho público, de la condición en que se encuentran las finanzas públicas, es altamente revelador. A una de las dos instituciones universitarias de la entidad se le sometió, en la parte final del gobierno, a una condición extrema, con el agravante de que los recursos estaban etiquetados para la Uach, que debían ser entregados sin más.
Ocurrió lo contrario, no solamente no los entregaron, sino que fueron utilizados en otras áreas del gobierno de César Duarte, algo que, de acuerdo con los dichos del ex gobernante efectuó su antecesor José Reyes Baeza, cuando intentó justificar el monto de la deuda y le achacó al deliciense haber usado 3 mil millones de pesos de las partidas federales para el gasto corriente.
¿Cuántos recursos se habrán usado de la misma manera en el gobierno del ballezano?
De esta manera se inició el gobierno de Javier Corral, en una ceremonia en la que el predominio entre los asistentes fue el de los panistas, militantes y simpatizantes, demostrado por los decibeles alcanzados en la ovación -los más altos- que le prodigaron a Diego Fernández de Cevallos -el antiguo “Jefe” Diego, que recibiera tal denominación porque fue de los pocos que tenían derecho de picaporte con el presidente Carlos Salinas de Gortari, con quien compartió la autoría de varias de las reformas más regresivas de aquel momento, incluida la firma del Tratado de Libre Comercio-, por encima, quien lo diría, del ex gobernador Francisco Barrio y de Ricardo Anaya, el flamante dirigente nacional del blanquiazul.
Lo denunciado por el rector Fierro puede ser, apenas, la punta del iceberg de lo ocurrido en la administración de César Duarte y que se sumará a las cantidades de otros rubros que previamente se conocieron, como el caso de lo gastado en Comunicación Social el año anterior, suma que asciende a los más de mil 200 millones de pesos, y lo erogado a lo largo del sexenio, que arrojará, júrelo usted, verdaderas sorpresas, hecho que motivó a uno de los párrafos de Corral más mencionados, tanto en el ámbito local, como en el nacional y en las redes sociales.
Y aún resta esperar las informaciones de la situación de las distintas dependencias del sector salud, especialmente las que requieren recursos económicos constantemente, hospitales y centros de salud, y que la ausencia de ellos incide directamente en la salud de sus pacientes.
Para todo ello, y urge que así sea, que la nueva administración estatal informe del corte de caja del gobierno de Duarte, un aspecto que, de manera inmediata, puede arrojar la más consistente información acerca del verdadero estado de las finanzas del gobierno de Chihuahua para formarnos una idea del cómo afrontará el gobierno de Corral el cierre del año, dado que, por lo menos en lo que se refiere a las participaciones federales del próximo año, para Chihuahua, no disminuirán, sino que crecerán el 0.9%, de acuerdo con un estudio del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2017, realizado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD), del Senado de la República, a pesar de que la caída de los ingresos estatales estará en alrededor del 3.1%. (Reporte Indigo, 5/X/16).
Si esto se aprobara en la Cámara de Diputados, por lo menos en los ingresos directos, el nuevo gobierno estaría en mejores condiciones que la mayoría de las entidades, aunque aún falta saber los montos de los programas y subsidios federales que se destinarán a Chihuahua y si estos sufren de alguna disminución.
Por lo pronto, ya nos asomamos a la realidad financiera del cierre del gobierno de César Duarte.
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¡Se acabó!

El Diario, 2 de octubre de 2016

Luis Javier Valero Flores

Mañana a la media noche termina la gestión de César Duarte en medio de un creciente repudio, quizá el mayor que gobernante chihuahuense alguno haya recibido, probablemente superior al recibido por Oscar Soto Máynez, destituido del cargo a raíz de su presunta participación en el asesinato del taxista Juan Cereceres en la ciudad de Chihuahua, en 1955.

Tal condición llevó a que el gobernante terminara su gestión sin el boato de todo el sexenio. Primero, al no realizar acto alguno con motivo de su último informe  y luego, en una rafagueante operación, la salida al balcón principal de Palacio, en la conmemoración del Grito de Independencia, en la que pronunciaría unas no menos rápidas palabras; tan veloz fue su aparición, encubierta por el sonido ambiental, que muchos de los asistentes no se percataron de su presencia.

Gobierno de agudos y exasperantes contrastes, hasta el final mantuvo tal fisonomía, signada por el verticalismo en los modos. En tanto Duarte declaraba en distintos momentos después de las elecciones (sobre las cuales guardó un ominoso silencio) que su gobierno colaboraría para efectuar una transición sin sobresaltos, en los hechos actuaba de manera contraria, seguramente acicateado por las incisivas declaraciones del nuevo mandatario.

Así, la aceptación del equipo de transición de Corral era seguida de la presentación de la impugnación de la elección de gobernador y de varios diputados locales, al tiempo que se daba una buena relación entre los equipos de finanzas de ambos gobernadores, o mejor dicho, en las abundantes reuniones celebradas entre ellos, en los hechos, mientras uno empujaba la aprobación de la última bursatilización, el otro presionaba en el ámbito federal -aunque también en el local, sobre todas con las persistentes declaraciones de Javier Corral- a fin de que no se aprobase, lo que retrasó la llegada de los recursos al ¡Ultimo día de la gestión!

No sólo eso, cambiaron las rutas y la forma del recaudo del Vive Bus en la capital y aprobaron el lanzamiento de nuevas concesiones para el uso de taxis y cancelaron las fotomultas.

Y mientras declaraban que contribuirían a una buena transición, empujaron la creación fast track del Consejo de la Judicatura, que requirió una aprobación constitucional, primero en el Congreso del Estado y luego en la mayoría de los cabildos, así como su ratificación por la legislatura, en lo que fue su última sesión.

La reforma lleva, por lo menos, una medida envenenada, la elección de los 3 magistrados que debe hacer el pleno del Tribunal Superior de Justicia requiere solamente el voto de la mayoría simple, y no, como es el caso de la Federal o la de la mayoría del resto de las entidades, mayoría calificada.

La explicación es sencilla, los magistrados duartistas son mayoría, pero no cuentan con dos terceras partes de los votos. Culmina así la operación para mantener el control sobre el Poder Judicial, que solo podrá revertirse con mayoría calificada en el Congreso del Estado, algo que todavía no tiene Corral y que empieza a intentar construirlo -le va a costar mucho- con el acercamiento del dirigente nacional del PANAL al gobernador electo, lo que le llevaría a contar con 20 o 21 diputados, -si es que los dos diputados de Morena acuerdan en asuntos trascendentales con la primera minoría de la nueva legislatura, la panista, compuesta por 16 diputados- a uno de los necesarios para contar con mayoría calificada en la nueva legislatura.

Otro de los rasgos descollantes de la administración del ballezano, es que no tuvo contrapesos. Los integrantes de su equipo no actuaron como tales, sino como subordinados, sin elaborar opiniones distintas a las del gobernador, o que éste, por su temperamento y personalidad no quería, no quiso escuchar.

Además, el PAN de la primera mitad del sexenio, sobre todo su fracción parlamentaria,  fue increíblemente obsecuente con el gobernante; prácticamente le aprobaron todo en el Congreso, hasta el extremo de justificar algunas de las cosas que luego serían criticadas acremente por los chihuahuenses.

No por casualidad dos de los diputados del PAN de esa primera mitad, Héctor Ortiz, coordinador del grupo, y Jaime Beltrán del Río terminaron, no solamente fuera de las filas panistas, sino actuando políticamente en contra del PAN, en un claro intento de disminuirle preferencias y votos al blanquiazul, en lo que se percibió como una concertada acción con el primer mandatario.

Pero esas posturas continuaron durante largos momentos del segundo trienio, incluida la negociación que le permitió al PAN -o a una parte de su dirigencia- acceder al nombramiento de dos de sus militantes como magistrados del Tribunal Superior de Justicia, como la mayoría de los que fueron nombrados en esa ocasión, sin méritos para acceder a esas posiciones.

Y al interior del PRI, probablemente por esa característica propia de sus militantes, quizá hasta genética, las voces que llamaran a la reflexión, a la mesura en el accionar gubernamental, no existieron, se quejaban a sotto voce, discrepaban, pero hasta ahí.

Solamente en la parte final, ya en medio de la disputa por la candidatura a gobernador, el grupo de Delicias, jefaturado por los Baeza, discrepó abiertamente, luego de los continuos señalamientos del mandatario al ex gobernador Reyes Baeza y la oposición de Duarte a la designación de Marco Adán Quezada a la candidatura al gobierno.

Así, sin contrapesos, ni al interior, ni al exterior, la división de poderes, como nunca, fue una utopía, y el ejercicio del poder no tuvo cortapisas, solo esporádicamente algunas manifestaciones del descontento popular, generalmente desarticuladas, se hicieron presentes; la inconformidad y el rechazo se acumulaban, muchos ciudadanos se guardaban para el momento de hacerlas patentes.

En tanto, paulatinamente la desproporción entre los ingresos reales de la administración estatal, y los gastos, -muchos de ellos señalados como suntuarios, o crecidos a causa de los “moches”, como lo sostuvieron insistentes y consistentes rumores a lo largo de la administración, y otros muchos derivados de la decisión del gobernante de llevar al límite sus promesas de campaña- agotaron la capacidad crediticia del gobierno estatal.

Un tema retratará a su gestión, por encima de aspectos positivos de ella como el de la cobertura completa en educación media y el de la ampliación de la cobertura en materia de salud, así como el de llevar casi al cero los incidentes carcelarios, o el de disminuir sensiblemente el total de la incidencia delictiva, sin que se puedan echar a andar las campanas, a veces totalmente al contrario, sobre todo en la parte final del sexenio en el que arreciaron y al momento de efectuar el balance, la sorpresa es que el número de homicidios ocurridos en el sexenio -10 mil 235, a dos meses del final- supera a los acaecidos en el sexenio anterior, el de Reyes Baeza - 9 mil 928 de todo el sexenio-.

El Vive Bus es el fracaso de su gobierno. Será la viva muestra del modo en que un gobierno no supo y no quiso vencer a los intereses enquistados en la prestación de ese servicio y sirvió como detonante para incrementar la percepción negativa de la población de todo el estado.

No había espacio para la reflexión, ni para la autocrítica, y esa percepción, la de los gobernantes chihuahuenses, permeó a nivel central, a grado tal que el grupo gobernante -el local y el federal- creyó que en todos los escenarios posibles, con cualquier candidato, podían ganar las elecciones, no les preocupaba, ni siquiera, en esos momentos, la denuncia presentada por Jaime García Chávez en contra del gobernador Duarte, que originara la, quizá, frase más recordada de Duarte: “A lo macho que no me fijé (que firmó un documento de 65 millones de pesos)”.

La candidatura de Corral haría ganar al PAN, a pesar de las posturas, en la mayor parte del sexenio, de este partido y se convirtió en el pararrayos de la inconformidad social.

Hasta el final persistió la actitud beligerante de los gobernadores, Duarte asegurando que permitirían que se perdieran los avances en materia de seguridad y otros logros de su administración, en tanto que Corral advirtiendo que las finanzas del gobierno estatal son un desastre, al tiempo que anunció la realización de una drástica auditoría.

Duarte, al final, insistió que “por Chihuahua” estaba dispuesto a realizar la transición de la mejor manera. Sin embargo, unos fueron los dichos y otras, muy diferentes, las últimas acciones del grupo gobernante.

Además, como si fuera el colofón a su gobierno, en el tema de las finanzas estatales, cuyo eje central ha sido la adquisición de compromisos financieros, a 30 días de entregar el poder, la empresa calificadora Fitch Ratings le otorgó “una nota de perspectiva negativa a las finanzas del Gobierno del Estado, debido al incremento de su deuda, al elevado gasto operativo y al recurrente uso de créditos de corto plazo para atender problemas de liquidez”. (Nota de Alejandro Salmón, ahoramismo.mx,  2/IX/16).

Así, el gobierno de César Duarte dejará endeudada a la entidad “con 11 mil 175 pesos a cada habitante de Chihuahua ya que deja un pasivo de 42 mil 175 millones 900 mil pesos,  según datos cruzados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía”, hasta el trimestre anterior, y de acuerdo a la nueva denominación que recibirán los pasivos de las entidades con la aprobación de la ley de deuda de los estados. (Nota de Manuel Quezada, Aserto 158, septiembre de 2016).

Tales cifras se agravan más si se toma en cuenta que en Chihuahua “el 34.4 % de los habitantes, un millón 265 mil 500 en números cerrados, vive en situación de pobreza, y de ellos, un 5.4%, unos 200 mil 300, están catalogados en pobreza extrema, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) al 2014”. (Ibídem).

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Septiembre, mes de la entrega-recepción

Editorial Aserto 158-septiembre 2016

De acuerdo con la ley, el 4 de septiembre debía iniciar el proceso oficial de entrega-recepción de la administración estatal entre los equipos del gobernador César Duarte y el del gobernador electo, Javier Corral.

No obstante que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aceptó analizar el recurso de revisión constitucional interpuesto por el PRI y sus partidos aliados, para anular la elección a gobernador del estado, el proceso ya había iniciado. Las declaraciones del Gobernador Duarte, con motivo de la presentación del VI Informe, en el sentido de que su administración estaba “abierta” a contribuir a ese proceso, es de esperarse que no solo continúe sino que se acelere, ahora ya en el total de las dependencias gubernamentales.

Entraremos, así, a una fase en la que la sociedad chihuahuense, si la nueva administración actúa del modo como lo prometió en la campaña, -con absoluta transparencia- pueda tener acceso a toda la información del ejercicio del gobierno de César Duarte, sobre el cual penden infinidad de suspicacias, por lo menos, y una gran cantidad de reclamos sobre la transparencia en el uso de los recursos públicos ejercidos a lo largo del sexenio.

Los salientes deberán aportar toda la documentación y, con ella, los entrantes deberán efectuar la más escrupulosa de las comprobaciones, para constatar que lo descrito en el papel se corresponde con la realidad. El universo de las denuncias, públicas y anónimas, de todo tipo es amplísimo; del mismo modo, los señalamientos de las auditorías, la Superior de la Federación y la Superior del Estado, abarcan largos tramos de ese ejercicio, a grado tal que el del estado declaró, meses atrás, que no se había podido combatir la corrupción en la actual administración, y no solamente en la estatal, sino en las municipales.

Se abre, así, un excepcional período, en el cual los chihuahuenses podremos verificar que el inusitado crecimiento de los ingresos del gobierno estatal -crecieron, en términos reales, más del 40%-, además de los procedentes de los diversos empréstitos -los de la deuda directa y los procedentes de los distintos fideicomisos, tanto el de los bonos carreteros, como los del Impuesto Sobre Nómina-  fueron empleados adecuadamente.

También, y no es cosa menor, se podrá comprobar si efectivamente el gobierno estatal no tiene una nómina inflada y si, como los insistentes rumores lo sostenían, una parte importante del presupuesto destinado a la construcción de la obra pública y a la compra de bienes y servicios, se gastó en las corruptelas a fin de beneficiar a los favorecidos por el grupo gobernante.

Ocupa parte central de las especulaciones el tema de las compras de medicamentos en el sector salud, en las cuales, se sostiene, se compraron a precios exorbitantes.

Todo lo anterior puede verse favorecido porque, además, el Congreso del Estado no contará con mayoría del PRI, éste será la segunda fuerza parlamentaria y aunque el PAN no constituirá la mayoría, le bastará obtener el voto de un diputado para constituirse como tal en cualquiera de los asuntos tratados en el Poder Legislativo. 

Es probable que en muchos asuntos de estos sea acompañado más consistentemente por los diputados de Morena, en tanto que las posturas de la mayoría de los diputados de los partidos, que fueron sólidos aliados del PRI en la actual administración, estarán sujetas a los vaivenes de su relación con este partido.

De esas relaciones dependerá mayormente el clima político prevaleciente en la entidad en los próximos meses, pueden convertirse en los arietes priistas en contra de la administración de Javier Corral, en busca de recuperar su hegemonía en las elecciones del 2018, que, recuérdese, incluirán la disputa de diputaciones, alcaldías y sindicaturas, además de los cargos federales.

En esos comicios los priistas se jugarán su futuro inmediato, y ese será el factor que, probablemente, norme su relación con el nuevo gobierno ¿Lo acompañarán en esa aventura sus viejos aliados, el PT, el PRD, el PANAL y el Verde Ecologista?

La lucha por la transparencia y el esclarecimiento de lo ejercido se convertirá en el eje central de la disputa política en Chihuahua, de su desenlace dependerá, en buena medida, la vida de los chihuahuenses.

¡El fin!

Aserto 158-septiembre de 2016

Luis Javier Valero Flores

Sin la parafernalia presente, con motivo de la presentación de los cuatro primeros informes de su gestión gubernamental, en la que el derroche y la grandilocuencia fueron rasgos centrales de los actos realizados posteriormente a la entrega del documento al Congreso del Estado, en los que la violación a la norma fue constante -como ocurrió en 5 informes de Patricio Martínez y en los presentados por Reyes Baeza- ya que en ellos el gobernador hablaba sobre la obra realizada a lo largo del año, y lo hacía al final de las intervenciones realizadas por los diputados, lo que está en contradicción con la ley.

Así, los gobernadores chihuahuenses, a partir de Francisco Barrio, entregaban el informe y ese día, o al siguiente, realizaban un acto “faraónico” en el que el único protagonista era el mandatario, cuyo discurso era el que se transmitía mediante una muy amplia red radiofónica y televisiva.

De ese modo se ahorraban las molestas y ríspidas críticas de la oposición y le daban a un severo revés a las pretensiones de hacer que rindan cuentas los gobernantes.

Por diversas razones, por segundo año consecutivo, el Gobernador César Duarte cumplió con la austera formalidad establecida para la entrega del Informe, en el caso de que no hiciera uso de la palabra. El año anterior, a causa de las condiciones médicas en que se encontraba, el Secretario General de Gobierno, Mario Trevizo, lo hizo en su nombre; el último, el VI, lo entregó personalmente “en un acto republicano”, diría al término del acto; en ambos, sin la parafernalia de los primeros de su gestión.

Lo hicieron en una de las formas que establece la ley, entregarlo sin darle lectura y sin hacer una intervención, para no dar pie a los discursos de los representantes de las fracciones parlamentarias.

En todas las ocasiones anteriores, a ciencia y pabilo de los legisladores de oposición habían violado esa reglamentación. En los dos últimos de su gestión no fue así. Incluso, aún al cierre de la presente edición no se había informado de la realización del algún acto gubernamental, como los efectuados en los años anteriores.

Las razones para optar por esta forma no fue dada a conocer por el mandatario, ni siquiera en la conferencia de prensa convocada al término de la entrega, pues se limitó a expresar unas cuantas palabras, sin dar margen a la presentación de preguntas por los reporteros.

Del mismo modo, aduciendo que podrían darse algunas agresiones, el gobierno estatal anunció que el gobernador Duarte no encabezaría el acto de conmemoración del Grito de Independencia.

Sin embargo, a ese anuncio no lo acompañó mayor información que sustentara tan desmesurada información, la que tiene como fundamento, quizá, el episodio anterior de la zacapela en los alrededores del Palacio de Gobierno.

A falta de información, solo se puede especular que, probablemente, decidió no abonar a la confrontación política existente, tanto en el acto protocolario del Congreso del Estado, como en el del 15 de septiembre, así como al riesgo inminente de abucheos en esa noche.

A diferencia de la entrega del primer informe, en el que la fracción de legisladores del PAN sí se esperó a saludarlo en el interior del recinto, en el VI los panistas no esperaron a felicitar al mandatario. En aquel iniciaba la gestión en la que ya sostenían algunas controversias. Ahora el rompimiento fue total. A pesar de ello, Duarte lanzó, en declaraciones posteriores, algunos lazos a la nueva administración corralista.

No es la única y tajante diferencia. Después de la entrega del I Informe, el gobernador Duarte encabezó un tumultuario evento en el Centro de Convenciones de la capital del estado, con una larguísima lista de invitados y una más extensa de medios de comunicación del centro del país, además de columnistas y directores de algunos de los más importantes del país.

Ahora, nada; la sombra de la derrota electoral y lo que representa, la más severa de las críticas que los ciudadanos pueden hacer a la obra de un gobernante, pesó inmensamente, carga que, irónicamente, la haría más llevadera para el ballezano, la intempestiva muerte del más grande cantautor, Juan Gabriel.

Pocos lo advirtieron, pero algunos episodios, de la incipiente administración duartista, daban cuenta de lo que sobrevendría.

Al término de la presentación del I Informe de César Duarte en el Congreso del Estado, los diputados del PAN se reunieron en el fondo del salón de sesiones. Duarte bajó del atril, recibió las felicitaciones de los diputados del PRI y de los otros partidos, vio de reojo a los diputados panistas, y caminó hacia ellos por el pasillo central, acompañado, apenas medio paso atrás, por Enrique Serrano, quien había recibido, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, el informe gubernamental.

Mientras caminaban, un asistente le entregó a Serrano un ejemplar de El Heraldo de Chihuahua de ese día.

Al llegar con los legisladores del PAN, Duarte los saludó y uno a uno, después de saludarse, aquellos se fueron retirando. Al final, otra vez, quedaron Duarte y Serrano solos; el gobernador empezó a caminar por el pasillo lateral y en ese trayecto, Serrano le mostró la última página de la primera sección del periódico; Duarte la vió, displicente, con un gesto y un ligero asentimiento de cabeza, la hizo a un lado.

En esa página, el Congreso del Estado felicitaba al gobernador César Duarte por la presentación del I Informe de Gobierno, el firmante era, solamente, Enrique Serrano, sin duda, uno de los amigos más cercanos al gobernante.

Al observar ese tipo de relación, entre el jefe del equipo gobernante y uno de sus subordinados, podría haberse llegado a la conclusión que el entonces diputado Serrano no tenía futuro en la administración de Duarte. Fue todo lo contrario, sería ungido candidato a senador, puesto que perdió a manos de Lilia Merodio debido a la cuota de género que debían cumplir las candidaturas al senado, lo sacrificaron.

A cambio, fue nombrado coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto en Chihuahua y candidato a senador suplente, en la fórmula plurinominal de Eduardo Romero Deschamps, el todopoderoso dirigente sindical de Pemex.

Lo siguiente sería historia, la alcaldía de Juárez, la candidatura al gobierno y la derrota a manos de Javier Corral.

Pero ese hecho ilustró, probablemente, uno de los principales rasgos de la administración del ballezano, no tuvo contrapesos en el ejercicio del poder. Los integrantes de su equipo no actuaron como tales, sino como subordinados, algunos de los cuales, tan temprano como en el primer trimestre del 2011, ante los análisis críticos que recibían solicitaban que se hablara con el mandatario y pudiera, así escuchar opiniones distintas a las del entorno más próximo a él.

Además, el PAN de la primera mitad del sexenio, sobre todo su fracción parlamentaria,  fue increíblemente obsecuente con el gobernante; prácticamente le aprobaron todo en el Congreso, hasta el extremo de justificar algunas de las cosas que luego serían criticadas acremente por los chihuahuenses.

No por casualidad dos de los diputados del PAN de esa primera mitad, Héctor Ortiz, coordinador del grupo, y Jaime Beltrán del Río, Secretario de la Comisión de Programación y Presupuesto del Congreso y que con esa calidad aprobaría prácticamente todos los endeudamientos solicitados por el gobierno del estado, luego sería alcalde de Delicias y candidato del PRD, en una clarísima confrontación con su partido y, sobre todo, con el candidato Corral.

Pero esas posturas permearon, todavía, en varios momentos del segundo trienio, incluida la negociación que le permitió al PAN -o a una parte de su dirigencia- acceder al nombramiento de dos de sus militantes como magistrados del Tribunal Superior de Justicia, como la mayoría de los que fueron nombrados en esa ocasión, sin méritos para acceder a esas posiciones.

De ese modo, el PAN no supo convertirse en el contrapeso necesario a un gobernante tan apabullante en el ejercicio del poder.

Y al interior del PRI, probablemente por esa característica propia de sus militantes, quizá hasta genética, las voces que llamaran a la reflexión, a la mesura en el accionar gubernamental, no existieron. Tampoco tuvo contrapeso interno, sus críticos se quejaban a sotto voce, discrepaban, pero hasta ahí.

Solamente en la parte final, ya en medio de la disputa por la candidatura a gobernador, el grupo de Delicias, jefaturado por los Baeza, discrepó abiertamente, luego de los continuos señalamientos del mandatario al ex gobernador Reyes Baeza y la oposición de Duarte a la designación de Marco Adán Quezada a la candidatura al gobierno.

Así, sin contrapesos, ni al interior, ni al exterior, la división de poderes, como nunca, fue una utopía, y el ejercicio del poder no tuvo cortapisas, solo esporádicamente algunas manifestaciones del descontento popular, generalmente desarticuladas, se hicieron presentes; la inconformidad y el rechazo se acumulaban, muchos ciudadanos se guardaban para el momento de hacerlas patentes.

En tanto, paulatinamente la desproporción entre los ingresos reales de la administración estatal, y los gastos, -muchos de ellos señalados como suntuarios, y otros muchos derivados de la decisión del gobernante de llevar al límite sus promesas de campaña- crecían y llevaban al límite el endeudamiento de las finanzas estatales, o dicho en otros términos, igualmente descriptivos, el aumento de los compromisos financieros, aspecto que hasta el fin de la administración duartista mantiene en vilo a la entidad.

Un tema retratará a su gestión, por encima de aspectos positivos de ella como el de la cobertura completa en educación media y el de la ampliación de la cobertura en materia de salud, así como el de llevar casi al cero los incidentes carcelarios, o el de disminuir sensiblemente el total de la incidencia delictiva, sin que se pueda echar a andar las campanas, a veces totalmente al contrario.

El asunto del transporte urbano en la capital, probablemente haya servido como detonante para incrementar la percepción negativa de la población del centro y del centro sur del estado hacia el gobierno de Duarte.

El Vive Bus es el fracaso de su gobierno y será la viva muestra del modo en que un gobierno no supo y no quiso vencer a los intereses enquistados en la prestación de ese servicio; no en balde las redes sociales se colapsaban parodiando su más famosa frase de la toma de posesión: “El poder se hizo para poder y no, para no poder”.

A pesar de todo, a contrapelo de las críticas, de las numerosas expresiones de descontento, el priismo chihuahuense creía que mantenía el control, que las fallas y deficiencias del gobierno no eran suficientes para efectuar cambios de fondo en la gestión gubernamental y el poder se concentraba en unos cuantos, los allegados a Duarte, lo que fue concitando, de a poco, el desazón y la molestia en no pocos priistas.

Tal sensación triunfalista -para los priistas y en particular para el grupo gobernante- fue confirmada por los resultados de la elección de mitad de sexenio, en 2013 y por la de los diputados federales, en 2015, en la que el PRI ganaría 8 de las 9 diputaciones.

Es un falso positivo, se le dijo, los chihuahuenses se las cobrarán en las elecciones que les interesan, las del 2016, y perderán la mayoría de las posiciones en el estado, en un abierto rechazo a la gestión del ballezano, y la derrota se le achacará al gobernante, lo que no faltará a la razón, opinó el escribiente cuando fue consultado.

No había espacio para la reflexión, ni para la autocrítica, y esa percepción, la de los gobernantes chihuahuenses, permeó a nivel central, a grado tal que el grupo gobernante -el local y el federal- creyó que en todos los escenarios posibles, con cualquier candidato, podían ganar las elecciones, no les preocupaba, ni siquiera, en esos momentos, la denuncia presentada por Jaime García Chávez en contra del gobernador Duarte, que originara la, quizá, frase más recordada de Duarte: “A lo macho que no me fijé (que firmó un documento de 65 millones de pesos)”.

Todo cambió en cuanto Javier Corral se sumó a la denuncia de García; la convirtió en un asunto nacional, la llevaría al senado de la república y lo haría crecer en las encuestas realizadas por las dirigencias nacionales del PRI y del PAN. El antagonismo de Duarte-Corral se convertiría en el tema obligado de los chihuahuenses.

Nadie, en el partido en el poder, creyó que podían cambiar las cosas tan drásticamente. La candidatura de Corral haría ganar al PAN, a pesar de las posturas, en la mayor parte del sexenio, de este partido y se convirtió en el pararrayos de la inconformidad social.

Por todo lo anterior, sorprendió la conducta del gobernador Duarte en la entrega de su VI Informe. En primer lugar, el grupo hegemónico en la diputación priista designó a Eloy García Tarín -el hombre más cercano a Marco Adán Quezada, el antagonista interno más visible de Duarte- como presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, por lo que en ese carácter recibió el informe.

Al mismo tiempo, la decisión de no tensar más la situación política y no enviar mensaje alguno desde la tribuna parlamentaria -cosa que podía hacer, casi sin problemas pues el control sobre la inmensa mayoría de los legisladores es total- y atenerse ¡Por fin! a lo estipulado en la ley, sin duda que fue un mensaje directísimo al nuevo grupo gobernante, la distensión, aparentemente.   

Y luego, sus declaraciones, en una rueda de prensa en la que no se permitieron preguntas, al comprometerse a  “ratificar la mano abierta, las puertas abiertas, para que la transición del estado, independientemente de puntos de vista y opiniones que se tengan, presentes y futuras, estén a un lado del valor superior que tenemos que guardar los chihuahuenses, que Chihuahua requiere para seguir consolidando un mejor futuro”.

Pero, tanto en las brevísimas palabras dirigidas a la prensa, como en los spots transmitidos en los medios de comunicación, se encontraban presentes los giros de la confrontación.

En el mensaje con los medios ratificó lo que había sido uno de los temas preferentes, de él y de Enrique Serrano (éste en la campaña) de que no permitirán que se pierdan los avances en materia de seguridad -en caso de entregársele, decía el candidato en campaña, a alguien sin experiencia-, al ratificar, dijo, “nuestra apertura y solución que tiene el estado y que requiere la atención en seguridad, condiciones financieras y climáticas de una revisión para prevenir riesgos que la población pueda tener”.

Actitud presente, también, en la parte final de sus mensajes electrónicos cuando al solicitar disculpas, por la comisión de errores, dice que “Esos errores se magnificaron para tratar de regatear y opacar el esfuerzo de todos los chihuahuenses y no lo podemos permitir. Es un patrimonio de todos”. 

Sin embargo, le deseó éxito a “la próxima administración”, no sin avisarle que  “siempre estaré atento al mejor futuro de Chihuahua”.

Pero al mismo tiempo, en un sorprendente giro, anunció su disposición a dialogar con la nueva administración: "Este comentario lo quiero puntualizar y que sea esa la expresión del gobernador en la sede del Congreso, en el único interés de construir las soluciones y el futuro de Chihuahua, el diálogo, el acuerdo con las autoridades que asuman al estado en el marco de la ley”.

Casi simultáneamente, el Congreso anunció la realización de un período extraordinario de sesiones para tratar de aprobar cientos de cuentas públicas de los entes gubernamentales, en lo que es la prueba más palpable del evidente desprecio del grupo gobernante por la transparencia y la rendición de cuentas.

Entre ellas se encuentran las cuentas públicas de Chihuahua y Juárez de los ejercicios fiscales del 2013, que se encuentran en poder del Congreso del Estado desde 2014 y congeladas para mantenerlas como espada de Damocles a los ex alcaldes Quezada y Héctor Murguía, a la sazón poderosos aspirantes a la candidatura gubernamental.

Además, como si fuera el colofón a su gobierno, a 30 días de entregar el poder, la empresa calificadora Fitch Ratings le otorgó “una nota de perspectiva negativa a las finanzas del Gobierno del Estado, debido al incremento de su deuda, al elevado gasto operativo y al recurrente uso de créditos de corto plazo para atender problemas de liquidez”. (Nota de Alejandro Salmón, ahoramismo.mx,  2/IX/16).

Por si fuera poco, anunció que los problemas de liquidez continuarán durante  el resto del año y en todo el 2017.

Una cifra, la de los homicidios ocurridos en el sexenio, que supera a los acaecidos en el sexenio anterior, el de Reyes Baeza, (10,235 homicidios durante la actual gestión, a falta de dos meses, contra 9,928 de todo el período de José Reyes Baeza) pondrá a temblar el optimismo de los que se van, en uno de los aspectos que más presumieron -la obtención de la seguridad pública- muestra claras cifras negativas.

Se abre, así, el período del balance integral al gobierno de César Duarte.