El fiscal en su laberinto

El Diario, 29 de agosto de 2019

Luis Javier Valero Flores

Exhibido no necesariamente como un funcionario responsable de la comisión de corruptelas, pero sí como un evidente ejemplo del modo en que al llegar a la función pública los integrantes de la clase política se enriquecen, (aunque si tasáramos sus ingresos en 140 mil pesos mensuales, a lo largo de los últimos 15 años, y en 100 mil los 8 anteriores a éstos, -a pesos de hoy- no explican su fortuna de hoy, tasada entre los 30 y 40 millones de pesos) el Fiscal General del Estado, César Augusto Peniche, se encuentra en el ojo del huracán, también a causa de su deficiente desempeño al frente de la dependencia encargada de combatir el delito y de garantizar la seguridad pública.

Por desgracia, apareció un acontecimiento más trágico que el múltiple asesinato de Lindsay, Arleth y Sherline Sánchez Gordillo, ocurrido en Juárez en la noche del domingo anterior: La masacre de Coatzacoalcos, con 26 víctimas fatales.

Y es que las explicaciones del fiscal sobre el asesinato de las niñas, ofrecidas a los medios de comunicación, retratan nítidamente la ineficiencia del encargado de procurar justicia en Chihuahua. 

Enervan.

Acusó a un grupo criminal -Los Mexicles- de ser los autores. Un día después, en un más que organizado operativo, estos le respondieron a través de varias mantas, negando la autoría, y acusando a la fiscalía de mentir y proteger a “a los delincuentes del Valle de Juárez”, que, sostienen, son los verdaderos autores de la matanza.

Si hubiera un mejor ejemplo del desempeño de un funcionario policiaco, sirvan sus declaraciones, pletóricas de suposiciones, lugares comunes y, probablemente, mentiras:

“… es que esta agresión estaba dirigida en contra de alguna persona que estaba en la reunión, era la respuesta a una supuesta ejecución que había tenido lugar días atrás y esta una especie de vendetta o venganza de los organismos de la delincuencia organizada”.

O sea, el objetivo del ataque era “alguna” persona y se debió a una “supuesta venganza”, por una ejecución que había ocurrido “unas horas, o unos días antes” -esto último, el autor se lo escuchó-. (Milenio Tv, 26/VIII/19).

¿Por fin? ¿Unas horas, o unos días antes?

No sabía nada el fiscal ¿Para qué declarar?

¡Híjole!

Luego abundó en una explicación que ha esgrimido en otros eventos. “Los problemas dentro de organizaciones criminales están de esa magnitud, uno de los grandes problemas es el narcomenudeo, en torno a eso, se están presentando un gran número de decesos…”, pero no nos preocupemos “es un problema que tenemos que atender como sociedad”.

Ok, convengamos, el narcomenudeo es un problema del conjunto de la sociedad, pero el esclarecimiento de hechos como los ahora abordados y la aprehensión de los presuntos responsables, es una obligación suya y de los integrantes de esa dependencia, no de la sociedad.

De esa manera ha respondido el funcionario que más cosas debería explicarle a los chihuahuenses pues, en la ola violenta del 2008 al 2012, él era el delegado de la PGR en Chihuahua, con sede en Juárez, y ahora, desde el 2016 es el fiscal.

Sin duda tiene altísimas responsabilidades, pero sus declaraciones -y no precisamente las patrimoniales- lo retratan de cuerpo entero.

El gobernador Corral está obligado a actuar en consecuencia, pero la actitud del mandatario del amanecer no suscita esperanza alguna. Apenas el miércoles aseguraba que la inseguridad “No está creciendo, al contrario, los números nos indican que hay una tendencia a una mayor contención y disminución, no tenemos el problema resuelto pero de que estamos mejorando, sin duda”.

¿En dónde vive el gobernador Corral? ¿Esos son los datos que le dan Peniche y el Comisionado de Seguridad, Oscar Aparicio?

¿Por qué no cambiarlos? Han demostrado ampliamente su ineficiencia.

Debería hacerlo y con ello posibilitar que Peniche se dedique a lo que pretende: La alcaldía de Juárez.

¡Válgame!

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Las casas de Peniche, el escándalo

El Diario, 25 de agosto de 2019

Luis Javier Valero Flores

La trascendencia de lo denunciado por el dirigente del PRI municipal de la capital, Fermín Ordóñez, logró -por ahora- posponer el abordaje de la reyerta morenista, que es de verdadero escándalo, tanto, que en apenas unas cuantas semanas han logrado acreditar que su arribo a la clase política mexicana está plenamente justificado.

No le piden nada a quienes la integraron durante largas décadas, han llegado por propios méritos. Y, claro, al referirnos a la clase política, como sucede en todos los casos, abarcamos sólo a las “costras” dirigentes, no a las bases militantes.

Y es que dos hechos ocurridos en la semana, que dan cuenta de los enormes ingresos económicos de la clase política, develan con toda crudeza la voracidad de quienes han llegado a la función pública para cambiar dramáticamente -en favor- su vida y acceder a muy elevados estándares de vida.

Por un lado, el dirigente priista Fermín Ordóñez denunció que el Fiscal César Augusto Peniche había adquirido una propiedad en la que construye una residencia, ambas con un valor de 20 millones de pesos. 

Por otra parte, y casi simultáneamente, se daba a conocer que el Director de la COESVI en el gobierno de César Duarte, Ricardo Yáñez, había accedido a pagar 246 millones de pesos, como reparación del daño que aceptó haberle causado al erario del Estado de Chihuahua.

Obtuvo una negociación de lujo, pagará en abonos esa cantidad a cambio de su libertad ¿A cuánto ascenderá su fortuna que tiene capacidad para pagar esa cantidad a lo largo de dos años? Debe superar los -por lo menos- los 500 millones de pesos.

Este dato ilustra la calidad de quienes integraron en su tiempo la élite del grupo dirigido por la “Maestra” Elba Esther Gordillo. No son pocos los enriquecidos a partir del disfrute del ejercicio del poder político. Les genera la capacidad para pagar esas cantidades y más.

Quizá ni siquiera es necesario que, como mucha gente lo supone, le “metan la mano a la caja”. No, basta con usar sus influencias políticas para obtener inmensas prebendas, lo que no descarta, por supuesto, que algunos sí lo hagan.

Sirva como ejemplo la compra de un estacionamiento en Juárez, realizada por Peniche en abril del 2016, predio que era administrado por la Operadora Municipal de Estacionamientos (OMEJ), y que adquirió en 2 millones 987 mil pesos.

Se encuentra ubicado en la zona más céntrica de Juárez, razón por la que era uno de los de más redituables para el organismo municipal y que obliga a investigar acerca de las razones que llevaron a la administración juarense, presidida por el presidente suplente, Javier González Mocken, a vender negocio tan rentable a quien muy pocos meses atrás había ocupado la delegación de la PGR en Juárez.

¿Cómo fue que Peniche logró la adquisición de ese predio?

Le fue muy bien. Si el estacionamiento tuviese una ocupación aceptable, el ahora fiscal recuperaría el total de su inversión a fines de este año. Eso es saber hacer negocios. Y de manera lícita.

Sólo así se puede explicar de qué manera un funcionario público, con una carrera realizada casi exclusivamente en las dependencias policíacas y con ingresos salariales no superiores al millón y medio de pesos anuales pudiera acopiar en poco más de 10 años una fortuna de más de 30 millones de pesos.

No bastan sus explicaciones. 

La denuncia de Ordóñez tasa el valor de la propiedad en 20 millones. Supongamos que se equivoca, pero el terreno es de 500 metros cuadrados y en ese fraccionamiento el metro cuadrado ronda los 9-10 mil pesos, lo que lleva a concluir que vale alrededor de 4 millones 500 mil pesos.

A ello deberá sumársele la superficie de construcción, de 450 metros cuadrados. En la capital del estado, y dependiendo de la calidad de los acabados, el metro de construcción ronda entre los 10 y 13 mil pesos. Casi 6 millones de pesos por este rubro, en total, alrededor de 10 millones 350 mil pesos, con ingresos declarados de poco más de 100 mil pesos mensuales.

Y eso que el cálculo está en los límites inferiores, aún falta el equipamiento de una propiedad de tales características.

¿Po’s cómo?

Enervan aún más las explicaciones, Peniche informó que el estacionamiento lo compró con “el fondo de seguro de separación que recibió al retirarse de la PGR y que así lo informó en su declaración patrimonial”.

La denuncia pública presentada por Ordóñez retrata de cuerpo entero a la clase política pues reveló que el Fiscal General del Estado, César Augusto Peniche, construye “una casa de 20 millones de pesos” en uno de los fraccionamientos de lujo de la capital del estado.

A partir de este hecho se generó una buena cantidad de información que reveló que Peniche posee propiedades por un monto aproximado a los 30 millones de pesos, las que se ubican en tres ciudades, la de México, Juárez y Chihuahua, todas ellas obtenidas a partir de sus ingresos como servidor público, calidad que posee, con certeza -de acuerdo con la información proporcionada por él y otras instancias gubernamentales- desde el año 2008, en el que fue Director Adjunto de Desarrollo Humano de PGR y titular de la Unidad Especializada en Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda de la SIEDO entre 2008 y 2009 que, como podemos inferir, se le otorga a un funcionario con la suficiente experiencia en el desempeño de cargos semejantes, además de los muy necesarios conocimientos para ejercer esa función pública, para lo cual requería haberse desempeñado en áreas afines.

No hay mas información disponible de antes de esos años. De ese modo, es previsible sostener que su carrera burocrática haya iniciado algunos años antes del 2008. Ahí se le deberá ubicar, por tanto, a lo largo de los últimos -quizá- 15 años, lapso en el que sus ingresos debieron rondar en alrededor de un millón 400 mil pesos anuales. 

Hoy posee propiedades por un monto aproximado de 30 millones de pesos el funcionario que se desempeñó como Director General Adjunto de Seguimiento para la Creación de Coordinación Nacional de Medidas Cautelares de la Comisión Nacional de Seguridad, hasta septiembre del 2016; Delegado estatal de la PGR en Chihuahua entre noviembre del 2010 y agosto del 2015 y Coordinador del Operativo de seguridad 'Nuevo Michoacán' de PGR entre 2014 y 2015, y a partir de octubre del 2016, Fiscal de Chihuahua.

Hoy está envuelto en el escándalo, que amenaza a convertirse en el peor del gobierno del amanecer que apenas días atrás soltaba los globos de los festejos por el anuncio del Plan de Inversión 2019-2021.

Les duró poco el gusto.

Las justificaciones y explicaciones ofrecidas por Peniche lo hunden más. 

Arguye que construye utilizando un crédito bancario, contratado a 20 años. Es posible que así sea, el fondo de lo denunciado por el priista Ordóñez es la revelación  de que quienes llegan al poder se enriquecen. 

Basta con llegar. Eso les cambia la vida.

Pero las casas de Peniche, al igual que le ocurrió a Peña Nieto con la adquisición de la “Casa Blanca” se convertirán en la peor descalificación del gobierno de Javier Corral, le llegan en el peor de los momentos, justamente cuando las cifras delictivas van a la alza, cuando la entidad se coloca, nuevamente, en la punta de lanza de los feminicidios.

Por si faltara algo, ahora al fiscal del “Nuevo Amanecer” le cubre un manto de “sospechosismo”, que no podrá combatir con el pueril argumento de que las revelaciones obedecen a que ha sido señalado “como un posible aspirante a la alcaldía de Ciudad Juárez”.

Ajá…

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PES y el batidero en el Congreso

El Diario, 22 de agosto de 2019

Luis Javier Valero Flores

No podía ser de otra forma. Desatadas las pasiones políticas -cuyo leitmotiv es el poder y sus dividendos, recordémoslo permanentemente- en el Congreso del Estado por la renovación de la Mesa Directiva, que deberá tomar posesión el 1o de septiembre, las fuerzas políticas ahí representadas han entrado en una vorágine por ver quien la preside.

La disputa no es solo entre los grupos parlamentarios, también al interior de varios de ellos. 

Va más allá, en el fondo está la pretensión del grupo gobernante -aunque se haga cada vez más difícil delinear los contornos de este- de mantener el control del Congreso a través de alguien, así sea medianamente confiable para sus fines.

No hay motivo de discusión en este aspecto.

La Ley Orgánica del Poder Legislativo establece claramente quien debe ocupar la presidencia de la mesa directiva en el siguiente período: “ARTÍCULO 68. La Presidencia de la Mesa Directiva se ejercerá de manera alternada entre los integrantes de los grupos y coaliciones parlamentarios, considerando de manera prioritaria, a los diputados representantes de los partidos políticos que por sí mismos constituyan la primera y segunda fuerza política. El orden para presidir este órgano será acordado por la Junta de Coordinación Política”.

El orden para ocuparla fue acordado hace un año, por ello, el PAN la presidió y Morena la Junta de Coordinación Política; ahora deberá invertirse el orden, sin que esté sujeto a discrecionalidad alguna. Hacer lo contrario, simplemente será violar la ley.

Pero la paridad de fuerzas entre PAN y Morena, sin que ninguno sea mayoría relativa, ha llevado al PAN a intentar por todos los medios hacerse de una mayoría “prestada” mediante el “convencimiento” de los grupos menores de diputados. 

Lo ha logrado en distintos momentos al contar con la aquiescencia de los diputados del PT, del extinto PES (con la excepción de una diputada, Marisela Sáenz), del Verde Ecologista, de Movimiento Ciudadano, del Panal y dos diputados del PRI.

Por eso pretende mantener como grupo parlamentario a los 3 diputados del PES, a pesar de que este partido dejó de existir. 

Otra vez, la ley es muy clara al respecto, dice: “ARTÍCULO 46. Las y los diputados que pertenezcan a un mismo partido político y, por tanto, tengan una misma afiliación, integrarán un grupo parlamentario, requiriéndose para ello, un mínimo de dos representantes populares”.

Está muy claro, “diputados que pertenezcan a un mismo partido político”, si no hay partido, no hay grupo parlamentario que represente a un partido inexistente.

Por si fuera poco, el artículo 53 establece que “ … En el caso de que un grupo parlamentario se disuelva, sus integrantes podrán incorporarse a otro…”.

Son dos pasos que la actual mayoría legislativa se ha negado a aceptar y resolver en consonancia pues el artículo 55 lo señala: “La Mesa Directiva comunicará al Pleno la constitución, disolución y fusión de cada grupo parlamentario…”.

Mantener como grupo parlamentario a los diputados del exPES, además de sus votos en el pleno del Congreso, tiene importancia en la toma de decisiones en la Junta de Coordinación Política pues estas se efectúan tomando en cuenta el número de diputados de cada agrupación política -el llamado voto ponderado-.

En esas decisiones, el actual coordinador del PES, el diputado Misael Máynez, les ha servido de mil maravillas. 

Llegó a ese puesto, luego de destituir a la anterior, Marisela Sáenz; maniobra que le redituó, decían sus críticos, recibir una lujosa camioneta para su uso personal, la que arguyó no era de su propiedad, sino del Congreso, entregada, coincidentemente, después de votar a favor de la reestructuración de la deuda propuesta por el gobernador Corral.

Ahora pretenden mantener esa falacia, desde todos los puntos de vista ilegal. 

El PES ya no existe, por tanto, no tiene derecho a contar con un grupo parlamentario de ese partido.

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Corral, el ’24 su derrotero

El Diario, 18 de agosto de 2019

Luis Javier Valero Flores

Lo dijo muchas veces antes del 2016: No buscaré la candidatura al gobierno de Chihuahua. 

A fines de ese año tomó la determinación de aceptar la propuesta realizada por Ricardo Anaya, a la sazón dirigente nacional del PAN. En el camino dejaría a Juan Blanco y a Mario Mata, en el PAN, y a quienes pensaron que a través de Unión Ciudadana -la agrupación cuyo dirigente principal era Jaime García Chávez y a la cual se habían adherido numerosos panistas y un sinfín de morenistas, entre ellos Víctor Quintana- podría lanzarse un proyecto apartidista a fin de disputarle a César Duarte y su candidato, Enrique Serrano, la hegemonía política en Chihuahua.

El gobierno de Javier Corral afronta dos fenómenos a cual más de nocivos, el financiero -del cual no ha podido sobreponerse, al contrario, a pesar del anuncio de su Plan de Inversión- y el de la creciente inseguridad, que nos ha llevado a que en la actual gestión el número de homicidios ascienda “a los 6 mil 255, cifra que proyectada, llevaría al estado a una tasa de 78.33 homicidios por cada 100 mil habitantes”, muy cercana a la del año 2011, el primero de Duarte. (Aserto 176, julio de 2019).

El mandatario chihuahuense pretende levantarse de los últimos lugares, del total de los gobernadores, en aceptación ciudadana y lanzarse, como su odiado antecesor César Duarte, a la siguiente aventura, en la capital del país, en busca de la dirigencia nacional de su partido, como escala para disputar la candidatura de su partido a la presidencia de la república en 2024.

No tiene otra explicación la rimbombante difusión del lanzamiento del “Plan de Inversión Chihuahua 2019-2021”, realizado por el gobernador Javier Corral, en la que, a partir de la reestructuración de la deuda, pretende gastar en obra pública en los siguientes y últimos 25 meses de su gestión cerca de los 19 mil millones de pesos, en los que van incluidos algunos miles de millones del presupuesto federal, del fideicomiso de puentes fronterizos, supuestos ahorros presupuestales, recursos generados por el ahorro en la reestructuración y lo aportado para obra pública del presupuesto estatal.

Lo dijo de pasadita en el acto celebrado el jueves anterior. 

Merced a la reestructuración, el plazo para pagar la multimillonaria deuda dejada por César Duarte se prolongó, pero se cuidó de no decirnos que será más allá de las próximas tres administraciones estatales. 

Corral sostiene que lograron tasas de interés más bajas que las contratadas por Duarte, pero hasta la fecha no han informado, con precisión, los ahorros anuales de la reestructuración, ni de los pagos anuales a efectuar, ni, tampoco, los años en que se concluiría -de llegar a esa meta- el pago de las deudas, la deuda directa -contratada con los bancos y cuyo aval son las participaciones federales- y la de los bonos carreteros.

La cantidad anunciada es el doble de lo supuestamente gastado en obra pública, con recursos estatales, hasta ahora. 

En el curso de los primeros 34 meses de su administración se han empleado, también, recursos federales, así como los provenientes del fideicomiso de los puentes fronterizos, a los que ahora incluyó como parte de los recursos estatales a emplear dentro de su plan.

Esos recursos no forman parte de los ingresos estatales. Más aún, al apropiárselos -igual que hiciera Duarte- en la práctica está faltándote el respeto a los juarenses y en especial al ex alcalde, también panista, Francisco Villarreal, quien llegó al extremo de afrontar la cárcel en aras de defender que los recursos generados por el peaje de los puentes fronterizos fuera manejado por los juarenses y gastados en la ciudad que gobernaba.

Ahora su compañero de partido se los “apropia” y los clasifica como parte de los recursos que su administración “invertirá" en el antiguo Paso del Norte, como si se debiera a la eficacia de su gobierno la obtención de ellos, sin que hubiese cambiado un ápice la estructura del fideicomiso, diseñada por Duarte para que fuera el gobierno estatal el que determinara cuánto y en qué se gastarían los recursos generados por el peaje fronterizo y de ninguna manera los juarenses.

En el acto de lanzamiento del Plan se trataba de sobredimensionar lo que hará su administración en los próximos meses, justamente cuando la empresa Arias Consultores lo ubicó como el cuarto peor gobernador de país.

¿Podía hacer alguna cosa diferente, dada la magnitud del desastre financiero dejado por Duarte? Probablemente muy pocas cosas, pero una sí no podía eludir, y lo hizo, el recorte a todo lo suntuario, en especial los elevados emolumentos de los funcionarios de los primeros niveles y haberse aplicado mejor en reestructurar la deuda en los primeros meses del 2017, dejó ir muy valiosos meses.

Sobre todo porque en todos los círculos financieros se preveían malas noticias, en especial alrededor de las tasas de interés, vamos, entre las posibilidades a la mano estaba la de una nueva bursatilización de los peajes carreteros -merced a los excedentes-, no obstante las críticas que sobrevendrían, porque crecería el monto de la deuda, pero solamente la avalada por los ingresos del peaje, y que les pudieron haber generado poco más de los 5 mil millones de pesos, suficientes para sobrellevar el elevado déficit presupuestario, contar con los recursos necesarios para solventar  el gasto corriente del 2017 y ahorrarse los elevados intereses de los créditos de corto plazo contratados a lo largo de la administración del “Nuevo Amanecer”.

Corral se ufanó de que “… desde nuestra llegada pusimos en marcha un acuerdo de austeridad, una eficiente operación recaudatoria así como una correcta gestión financiera de la deuda, lo que nos permitió avanzar en el saneamiento de las finanzas públicas”.

Es increíble la amnesia -o el dolo- del grupo gobernante.

El gobernador Corral dijo que sus medidas dieron paso “a que el Gobierno pudiera operar, a que se pudiera pagar las deudas a proveedores, poner en marcha programas prioritarios y poco a poco invertir en infraestructura en todo el estado”.

Sin embargo, a lo largo de todo el 2017, el año anterior y parte del actual, los escándalos y movilizaciones de diversos sectores sociales, derivados de los impagos, del atraso en el pago a distintos empleados de gobierno, a los proveedores y a los continuos créditos de corto plazo solicitados para tapar un hoyanco de las finanzas y abrir otros, que han llevado al pago de los montos de intereses mencionados por Corral, nos hablan de un manejo inadecuado de las finanzas públicas.

Hasta julio pasado, “… De acuerdo con el Registro Público Único de Financiamiento de Entidades Federativas del Gobierno Federal, el Estado de Chihuahua tiene pendientes de liquidar diez créditos de corto plazo por un total de 3 mil 770 millones de pesos, con tasas efectivas, en algunos casos, de hasta un 11 por ciento, todos aún vigentes”. (Nota de Javier Olmos, El Diario, Juárez, 23/VII/2019).

De esos, mil 500 millones de pesos fueron contratados en el presente año, mil de ellos a una tasa del 9%, y 500 al 8%, obtenidos “para cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal”. (Ibídem).

No solo eso, la deuda de Chihuahua, se convirtió en la más cara del país, “por el costo de su “servicio” o suma de comisiones, intereses y demás cargos financieros. “De acuerdo con el más reciente resultado del sistema de alertas de la deuda pública en las entidades federativas, difundido el 30 de mayo por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Chihuahua pasó de destinar un 17.6 por ciento de sus ingresos de libre disposición para el ‘Servicio de la Deuda’ en el último trimestre de 2018, a un 20.6 por ciento en marzo pasado”.

Es decir, de los 34 mil millones de pesos de ingresos libres con los que cuenta el estado de Chihuahua, se destinan 7 mil 14 millones de pesos a pagar el servicio de la deuda.

Peor aún, tal indicador pasó del 13.1% en agosto de 2017, al 15.9 por ciento en noviembre de ese año, al 17.6 en el último trimestre de 2018 y ahora, al mes de marzo del 2019, al 20.6%. (Con información de nota de Sandra Rodríguez Nieto, El Diario, Juárez, 6/VI/19).

Corral lo aceptó. “… hasta al segundo trimestre del 2019 el Gobierno del Estado ha pagado 18 mil 721 millones de pesos”. (Plan de Inversión, 15/VIII/19).

Hay más acerca de la “eficiencia” en el manejo de la deuda: 

“La deuda pública del estado, a finales del año pasado, registró un monto de más de 57 mil millones de pesos, pese a las estrategias de ahorro con planes de austeridad… Lo anterior, de acuerdo con el Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos durante el período del primero de enero al 31 de diciembre de 2018, publicados por la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, en su portal transparencia fiscal. Es decir, la deuda ha incrementado 7.3 mil millones de pesos desde finales de 2016 hasta diciembre de 2018, a pesar de las estrategias de ahorro de la administración actual”.  (Nota de Miguel Chavarría/El Diario, 22/IV/19).

Ese inusitado crecimiento se debió a que “Los créditos a corto plazo (se) incrementaron casi un 200 por ciento del tercer al cuarto trimestre de 2018, pasando de 900 millones de pesos a los 2.6 mil millones de pesos”. (Ibídem).

Hoy son 3 mil 770.

“La eficiente operación recaudatoria” descansó en hechos como el del cobro de las actas de nacimiento obtenidas por internet. El gobierno federal cobra 100 pesos, por 220 el estatal.

Hoy todo es esperanza en el grupo gobernante y sus seguidores. 

El ’21 está a la vuelta de la esquina. 

Están lejos de la realidad. Creen que podrán remontar las malas calificaciones y triunfar en ese año.

Así lo pensó en su momento César Duarte, no creyó que el rechazo popular había enraizado profundamente. 

Hoy le sucede a Corral, tendrá tiempo para comprobar cuán equivocado está.

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Rosario

El Diario, 15 de agosto de 2019

Luis Javier Valero Flores

“Locos porque nos deslumbre su parásita ambición

Antes iban de profetas y ahora el éxito es su meta

Mercaderes, traficantes, mas que náusea dan tristeza.

No rozaron ni un instante... la belleza

La belleza... la belleza... la belleza... la belleza.

Y me hablaron de futuros fraternales, solidarios

Donde todo lo falsario acabaría en el pilón

Y ahora que se cae el muro ya no somos tan iguales

Tanto tienes, tanto vales... viva la revolución!”.

La Belleza, Miguel Bosé.

México es el país de los nombres emblemáticos en el mundo de la política.

“Rosario” es la ahora ex secretaria encarcelada. “La maestra” es Elba Esther Gordillo. “Fidel” era el sempiterno dirigente de la CTM, Fidel Velázquez ; “Cuauhtémoc” es el candidato de las izquierdas del ’88; “Andrés Manuel”, es el ahora presidente de la república; “La Quina” era el todopoderoso dirigente del sindicato petrolero, etc.

Rosario ilustra en su persona, actuación y afectos la severa degradación política de una parte muy importante de la izquierda mexicana. 

Procedente de uno de los grupos más radicales de la izquierda universitaria y de ser una de las más cercanas personas a Cuauhtémoc Cárdenas -tanto, que la propuso para que lo sustituyera en la Jefatura de Gobierno del DF, cuando fue en busca de la presidencia de la república, en el tercer intento, en el año 2000- pasó a ser una del círculo más estrecho del ya para entonces ex presidente, Carlos Salinas de Gortari.

Si una incongruencia retrata a algún político esa es, sin duda, la mejor muestra. De ahí pasó al equipo de Peña Nieto.

Quizá su principal responsabilidad no sea aquella por la cual ahora enfrenta una realidad que “no esperaba”, sino la de la debacle del PRD. 

Su ambición la perdió.

Rosario acarició la posibilidad de ser la candidata presidencial de las izquierdas en 2006, luego de su exitoso paso por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. Se le apareció López Obrador, quien, a partir del mismo puesto, se perfiló como el abanderado para aquel año.

Rosario es terca. Disputaría la candidatura a partir de convertirse en la presidenta del PRD; no le faltaba razón, los militantes más identificados con la izquierda la vieron como la opción para enfrentar a una dirigencia perredista -la misma de hoy, la del grupo de Jesús Ortega, “Los Chuchos”- que se sumía en la corrupción y en la entrega al régimen.

La elección de las dirigencias del PRD en 2002 fue un enorme fraude, la Comisión encargada de analizar esa elección -designada por el Congreso Nacional-, presidida por Samuel del Villar, concluyó, después de una ardua investigación, que más del 70% de los integrantes del nuevo Consejo Nacional eran producto del fraude, así como más del 80% de las dirigencias estatales.

A pesar del fraude, Rosario salía triunfadora de la elección.

No había opción, tenía que anularse la votación, pero Rosario, enfrentada al dilema planteado por los Chuchos, que le propusieron aceptar su triunfo a la presidencia del partido, pero ellos con absoluta mayoría en el Consejo y el Comité nacionales, así como las dirigencias estatales.

Decidió aceptar. Para entonces su relación con el empresario argentino, Carlos Ahumada, normaba su actuación política. No era solamente una relación amorosa, era la pretensión de utilizar el cargo político para la obtención de inmensas prebendas económicas. Selló su suerte. 

A diferencia de su gestión en el gobierno del DF, la de la presidencia del PRD fue lo contrario, dejó al partido endeudado y en la debacle política.

Ahumada ya había entrado en relación con el círculo salinista, con Diego Fernández de Cevallos y el mismo Salinas. La mesa estaba puesta, los episodios del dinero entregado a distintos dirigentes perredistas sería el mecanismo que trataría la “mafia del poder” para frenar el impetuoso avance de López Obrador.

Entre quienes aparecieron en los videos estaba Carlos Imaz, entonces esposo de Claudia Sheinbaum, la ahora Jefa de Gobierno de la Cd. de México.

Rosario supo de todo ello; no lo frenó, no le perdonaba al tabasqueño que le hubiese ganado la partida y se sumó al equipo contrario. 

Llegó hasta la cumbre. En la boda del hijo de Carlos Salinas de Gortari, Rosario fue sentada en la mesa de honor. 

De ahí al gabinete de Peña Nieto no había distancia alguna.

Hoy vive en el reclusorio al que enviaban a las guerrilleras de los 70’s.

¡Cuánta distancia entre una y otras!

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Ambivalencia y oportunismo ante la tragedia

El Diario, 11 de agosto de 2019

Luis Javier Valero Flores

¿En razón de qué, al gobierno de México se le ocurrió que podría pedir la extradición de Patrick Crusius, presunto responsable de la masacre de El Paso del 3 de agosto?

¿Cuál sería la personalidad jurídica que utilizaría el gobernador Corral para demandar a las empresas vendedoras de armas de asalto en Estados Unidos?

¿Serán motivaciones sanas, políticamente hablando, las que llevaron a nuestros principales gobernantes a plantearse, entre otras cosas, es cierto, tales objetivos?

Hay diferencias sustanciales entre una postura, además de las muy serias consecuencias derivadas de la postura del gobierno federal. 

Son verdaderamente preocupantes, le estaríamos entregando en bandeja de plata al gobierno norteamericano la legitimidad para que sus organismos judiciales extiendan sus facultades al territorio mexicano.

En cambio, la pretensión del gobernador Corral de presentar la denuncia contras las empresas vendedoras de armas tendría que seguir el largo camino -que él conoce de sobra, a propósito del proceso seguido a César Duarte- pues el gobierno de Chihuahua no tiene, por sí, la personalidad jurídica para hacerlo.

Vayamos por partes. El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que estaban en el proceso de acopiar información y haciendo todas las indagatorias -además de presentar la solicitud a las autoridades norteamericanas- pues sostiene que se trató de un acto terrorista.

Mañana, según informó el jueves, autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) y del FBI, se reunirán en la ciudad de México para darle seguimiento a lo anunciado por él. 

Habrá mucho tiempo -y ojalá no derivado de hechos como el ahora comentado- para reflexionar sobre las profundas causas que generan tan mortales, frecuentes y masivas tragedias en los EU por medio de las armas de fuego, pero lo que puede ser una tremenda pifia de cálculo diplomático, por parte del gobierno de la 4T, sí será necesario analizarlo a mayor profundidad.

No son pocos los episodios en los que comandos norteamericanos -integrados por policías en activo- detienen a algún mexicano y lo trasladan a los EU, o que, argumentando diversas chicanadas los gobiernos mexicanos hayan entregado a algunos ciudadanos, sin ningún proceso jurídico alguno. 

Más aún, sobre todo en los casos de varios supuestos jefes de grupos criminales, el gobierno de EU los ha reclamado en aras de que son responsables de delitos cometidos en México, pero en contra de ciudadanos estadounidenses.

¿En razón de qué facultades una persona debería ser castigada en otro país por un delito cometido en el propio, arguyendo que se hubiera perpetrado en contra de connacionales de aquel país?

Eso es lo que ocurre con la pretendida demanda de Ebrard. Los delitos fueron cometidos allá, ciertamente en contra de algunos mexicanos, pero ¿Cómo podemos pedir la extraterritorialidad de los delitos?

¿Acaso no va en contra de la doctrina Estrada, precisamente ahora que se pretende reivindicar lo “mejor” de la política del período “no neoliberal”, consistente en ser respetuosos de la libre determinación de los pueblos?

Que un país importante, como lo es el nuestro, pero que está lejos de ser una potencia mundial, intente que el autor de una masacre como la de El Paso, sea juzgado acá, sólo arrancará algunas sonrisas indulgentes de los hombres del poder, aquí, allá, y en todos los círculos diplomáticos del mundo, precisamente en los momentos en que México pretende regresar al Consejo de Seguridad de la ONU.

Pero que esa ingenua pretensión sea retomada por el poder imperial y la use como antecedente y aval, no está lejos de los sueños del presidente Trump, ni de nadie más que llegue a ocupar la Casa Blanca.

No estamos lejos del día en que, a consecuencia de la ola homicida en el país puedan ocurrir hechos criminales en contra de ciudadanos norteamericanos y entonces sus autoridades van a pretender procesar allá a los presuntos responsables.

A mediados de 2002 fue aprobada la Convención Interamericana contra el terrorismo la cual establece que en los casos en que una persona detenida o procesada sea requerida por otro país, para “prestar testimonio o de identificación o para que ayude a obtener pruebas necesarias para la investigación o el enjuiciamiento de los delitos establecidos en los instrumentos internacionales”, solo podrá ser trasladada si esa persona da “libremente” su consentimiento. (Artículo 10, “Traslado de personas bajo custodia”, CICT).

La Convención, en su articulado, aborda otros temas, pero por ningún lado aparece configurada la posibilidad de que, ante la argumentación de tratarse de un acto terrorista, el Estado del origen de las víctimas pueda reclamar que el autor fuese enjuiciado acá.

El artículo 19 (Ejercicio de jurisdicción) de esa Convención es tajante en cuanto a esto último: “Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultará a un Estado Parte para ejercer su jurisdicción en el territorio de otro Estado Parte, ni para realizar en él funciones que estén exclusivamente reservadas a las autoridades de ese otro Estado Parte por su derecho interno”.

¡Vóytelas!

De ese modo se desaprovechó la oportunidad para que el gobierno mexicano expresara vivamente su rechazo al lenguaje de odio de los grupos gobernantes, hegemónicos, de los Estados Unidos y a la política migratoria del presidente Trump, (quien no fue capaz, siquiera, de lanzar un breve mensaje a la comunidad de El Paso durante su visita) que encontraron tan estremecedora representación en los mensajes de Crusius y en su actuación asesina.

No era necesario, ni un lenguaje, ni un discurso confrontador; el de la diplomacia tiene bastantes figuras y recursos como para hacer llegar la más fuerte de las críticas a lo que hacen las élites del poderoso vecino. Llevamos casi dos años escuchando el lenguaje que Crusius adoptó como suyo ¿Porqué no expresar nuestro rechazo, y más en momentos en que cientos de miles de compatriotas nuestros sufren de una de las más crueles, persistentes y fieras persecuciones en EU?

Y además, para incidir en lo que ahora aparentemente ha ganado terreno, ahora sí, la del efectivo control de armas en Estados Unidos, aunque sea la de las armas de asalto, como propone el expresidente Bill Clinton, revivir una ley puesta en vigor durante su mandato, que imponía controles muy estrictos para la venta de este tipo de armas.

Así lo escribió la semana pasada: 

“Las armas de asalto están diseñadas para infligir el máximo daño en un corto período de tiempo. Un estudio de 2015 realizado por Everytown para Gun Safety descubrió que los disparos en los que se usaron armas de asalto resultaron en un 155% más de disparos y un 47% más de personas asesinadas que incidentes con otros tipos de armas… No debería sorprendernos que cuando vemos un alto número de muertos y heridos, desde Sandy Hook a Las Vegas, a Parkland, a El Paso y a Dayton, los asesinos han usado estas armas. El asesino de Dayton disparó 41 balas en 30 segundos antes de que la policía lo atrapara. Mató a nueve personas e hirió a otras 14, casi una víctima por segundo”. (W. Clinton, “Restablecer la prohibición de armas de asalto, ahora”, Time, 8/VII/19).

Las consecuencias positivas derivadas de esos controles, dijo, serían significativos, “Un estudio de Rand de 2018 encontró que las políticas que podrían provocar una caída en las muertes por armas de fuego tan pequeñas como solo el 1% significarían 1,500 muertes menos en una década. Y podemos hacerlo mejor que eso”. (Ibídem).

Lo del gobernador Corral va más en el camino de contribuir, nuevamente, a los anales de la picaresca nacional.

Ahora va a contratar a un despacho de abogados norteamericanos para demandar a los vendedores de armas de allá ¿Y porqué no los contrató antes, para enjuiciar a Duarte?

Vamos, de perdida, hacerse eco y coadyuvar en la denuncia presentada por Jaime García Chávez, la que parece recuperar bríos.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

El Paso, cumbre de las paradojas homicidas

El Diario, 8 de agosto de 2019

Luis Javier Valero Flores

Que un hombre cruce uno de los estados más extensos de EU, armado como para enfrentar una guerra, precedido de un pronunciamiento racista, con muy claras coincidencias con el lenguaje de odio del presidente norteamericano, y lance un salvaje ataque a quienes se concentraban en Walmart Cielo Vista -la mayoría de ellos hispanos, como denominan allá a los de origen latino-, lugar preferente para los hispanos, residentes o no de El Paso, la ciudad con los menores índices de violencia de la Unión Americana y llevara a la práctica la masacre número 250 del año en ese país, es uno de los fenómenos criminales más complejos.

Esa es sólo una de las paradojas en relación a las múltiples masacres que ocurren en EU, que no guardan relación con la tasa de homicidios -de alrededor de 5.3 por cada 100 mil habitantes-, absolutamente menor a la de México -29- o a la de Chihuahua -70 en el presente año-, que es, eso sí, quizá la más alta de los países más desarrollados.

Otra paradoja. La cantidad de armas por persona:

“… El Paso, donde las armas son legales, ha registrado índices anuales de homicidios de menos de 1 por cada 100 mil habitantes, mientras que Juárez, donde están prohibidas, ha llegado a rebasar los 100. Estados Unidos tiene 120.5 armas de fuego por cada 100 habitantes… Es la mayor cifra del mundo. El segundo lugar es Yemen con 52.8. Los dos, sin embargo, tienen niveles relativamente bajos de homicidios dolosos: cinco y ocho por cada 100 mil habitantes”. (Artículo de Sergio Sarmiento, 6/VIII/19).

Y hay más paradojas. “… Suiza registra 27.6 armas por cada 100 personas, una cifra muy alta, pero sólo 0.5 homicidios al año por cada 100 mil personas. En El Salvador hay 12 armas por cada 100 personas, pero 62 homicidios por cada 100 mil, la mayor tasa del mundo…”. (Ibídem).

Son muchas las teorías, más las paradojas y las contradicciones pero la extrema disponibilidad de armas de ataque en EU y la probable existencia de un porcentaje mayor de personas fundamentalistas, al del resto de las naciones, incluidas las árabes- hace que se conviertan en un auténtico coctel asesino.

Más paradojas. En El Paso -en todo Texas- está permitida la portación de armas, sin embargo, ya se anotó, es la ciudad más segura de EU.

Una explicación al elevado número de masacres pudiera ser la que aporta Sarmiento, “Los tiradores estadounidenses son similares a los terroristas de ISIS y Boko Haram. Están convencidos de que quienes no profesan su fe o sus ideas merecen la muerte”. (Ibídem).

Y el discurso del “ilustre” visitante de ayer a El Paso tiene indudables puntos de coincidencia, uno de ellos, central en los acontecimientos del sábado 3 de agosto, es el del lenguaje de odio a los latinos.

Patrick Crusius comulga con esa forma de pensar, de ahí que, como lo informan las autoridades norteamericanas, no se arrepienta de lo efectuado -porque cree a pie juntillas lo planteado en su manifiesto-, cosa aparentemente distinta a la mostrada por  Connor Betts, el autor de la masacre en Dayton, Ohio, quien presentaba serios problemas psiquiátricos.

Y ahí radican, seguramente, algunas explicaciones del porqué de este tipo de asesinatos en EU, que no guardan relación con el nivel de, llamémosle ánimo violento, de la mayor parte de la sociedad norteamericana, el que es sensiblemente menor al de este conjunto de asesinos y psicópatas.

El otro gran problema es el de la increíble accesibilidad de los norteamericanos a las armas de ataque como la usada por Crusius, que les -nos- genera tragedias como la actual, libertad que tiene, también, serias y fatales repercusiones acá.

De acuerdo con el fiscal de la zona norte de la FGE, Jorge Nava López, de las 359 armas cortas y largas aseguradas en el primer semestre del año, se efectuaron el 98% de los homicidios cometidos en el mismo lapso (868) y que fueron compradas legalmente allá, pero internadas de manera ilegal a México de 30 a 90 días antes de ser aseguradas. (Nota de Miguel Vargas/El Diario de Juárez, 23/VII/19).

Y esto último ¿Quién lo detiene?

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