martes, 27 de diciembre de 2011

Contrasentido económico y político

El Diario, 27 de diciembre de 2012
Luis Javier Valero Flores
Para desgracia del gobierno y los chihuahuenses –y sobre todo para éstos– el año finaliza en medio de una preocupante tendencia recaudadora de la administración estatal. Al nuevo impuesto de uso vehicular, –por más explicaciones y denominaciones que le den, eso es y nada más– debemos sumarle la sobretasa del 5 por ciento al Impuesto Sobre Nómina (ISN).

Tales nuevos gravámenes, además de la posibilidad de que sean declarados inconstitucionales, van en sentido absolutamente contrario al de las tendencias mundiales puestas en vigor para enfrentar la actual crisis económica. En todo el mundo, al momento de instrumentar las medidas económicas en estas circunstancias se sopesa mesuradamente la creación de nuevos gravámenes, por varias razones, una de ellas es simple de entender, pueden incidir aún más en la depauperación de amplias capas de la población, porque eleva la elusión y evasión fiscales y porque puede incidir en la inflación.

Nada de eso, parece, fue tomado en cuenta para la creación de ambos gravámenes, pero quizá el descuido sea mayor en el caso de la sobretasa del ISN pues va en sentido absolutamente contrario a las intenciones y deseos mostrados, no solamente por la iniciativa privada, sino también por el gobierno estatal.

Tanto el gobierno anterior como el actual han insistido tercamente ante el gobierno federal sean tomadas en cuenta las condiciones de verdadero desastre económico de la entidad –particularmente en Juárez– a causa, primero, de la crisis de seguridad pública, y luego como consecuencia de las adversidades climáticas, para que la región fuera declarada de excepción fiscal.

Como lo han expresado reiteradamente distintos voceros empresariales es incongruente que se pidan medidas de excepción en el ámbito federal y en el estatal no solamente no se declare, o se disminuyan las obligaciones fiscales sino que se elevan ¿Cómo entenderlo?

Peor aún, de acuerdo con todas las informaciones ofrecidas por la actual administración estatal y la diputación federal, la entidad recibirá un notable incremento de las participaciones federales con relación al año anterior, a pesar de eso se decidió elevar las cargas fiscales contra quienes de alguna manera son, también, causantes cautivos y aumentar la llamada base fiscal, pero ahora bajo la chicanada de que los propietarios de toda clase vehículos paguen el nuevo impuesto vehicular y a los empresarios cargarle la mano con el incremento del ISN.

¿Sobre quienes recaerán tales incrementos? No se necesita ser especialista en economía y finanzas para razonar que ambos gravámenes serán usados en la cadena comercial como motivo para incrementar precios y tarifas al consumidor final y que esto influirá en el aumento de precios, en la elevación de las tasas inflacionarias locales y en la evasión fiscal. Es decir, más factores para hacer insostenible la cuesta de enero… y el resto del año, precisamente en el 2012 que se avizora aún más difícil que el actual, algo que apuntamos faltó hacer en los informes de gobierno rendidos en octubre anterior en los que nada apuntaba, en esos documentos oficiales, a las más difíciles condiciones que enfrentaremos.

Hoy podemos constatar que no sólo no se previó sino que al momento de plantearse las líneas generales de política económica no se toma en cuenta, o que sí, pero sólo desde el punto de vista del manejo de recursos económicos gubernamentales, y no desde la óptica del bienestar general de la población.

Peor aún, para aprobar ambos gravámenes se recurra a la estratagema de hacer aparecer como propuestas de otros sectores o individuos realizados, incluso por encima de sus respectivos organismos pues el caso del impuesto vehicular ni siquiera fue discutido en los cabildos y el de la sobretasa al ISN no fue consensuado en los organismos empresariales.

Política de la buena, pues…

lunes, 26 de diciembre de 2011

Los feminicidios nuevamente

El Diario, 25 de diciembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
"Adriana tenía 15 años cuando fue secuestrada. Ella y su amiga Griselda regresaban de la Preparatoria Allende, con rumbo a su casa, en un autobús de la ruta Juárez-Zaragoza. Griselda bajó dos cuadras antes de llegar al centro de la ciudad, donde aún vive. Adriana continuaba sola, como todos los días, dos cuadras más en el mismo autobús por la avenida Miguel Ahumada, y caminaría una cuadra por la calle Francisco Javier Mina, para tomar un segundo autobús hacia la colonia Mariano Escobedo, donde vivía con sus padres. A su casa nunca llegó. Y en ese tramo, donde habría estado sola unos 12 minutos antes de tomar el segundo transporte, desaparecieron otras tres jóvenes en diferentes fechas, dos de ellas asesinadas y retenidas en la morgue, y otra identificada en una audiencia de televisión en Los Ángeles, California, sin dar con su paradero”. (Nota de Guadalupe Lizárraga, 29/XI/11, Los Angeles Pres)

Así iniciaba el reportaje, intitulado Mujeres ‘guardadas’ en la morgue de Juárez, en el que se daba cuenta de lo que retrata nítidamente el nivel de la calidad de las investigaciones efectuadas por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, y su antecesora, la Procuraduría General de Justicia, para encontrar a los responsables de los asesinatos y desapariciones de mujeres en Juárez, en lo que parece ser la repetición de la tragedia vivida por esta ciudad más de 15 años atrás, ahora encubierta por el doloroso manto de sangre generado por la ejecución de casi 10 mil personas a partir del 2008 en esa ciudad.

La Fiscalía General de Justicia de Ciudad Juárez ocultó el cuerpo de Adriana Sarmiento durante más de dos años. Esta joven de 15 años de edad desapareció el 18 de enero del 2008, en el trayecto entre la preparatoria en donde estudiaba y su casa y sus restos fueron encontrados el 05 noviembre del 2009, cerca del panteón del poblado de San Agustín, en el Valle de Juárez.

La Fiscalía no realizó los cotejos de ADN, porque, además, en una flagrante violación a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida en 2009 por el caso “Campo Algodonero”, carece de una base de datos genética actualizada –a lo que lo obligaba la resolución- que permita cotejar los restos de osamentas femeninas con las mujeres y niñas desaparecidas.

Peor aún, desde julio de 2011, la Fiscalía obtuvo los resultados que confirmaban la identidad del cadáver y no fue sino hasta noviembre que le notificó a la familia y eso no por su propia motivación, sino debido a que los familiares se dieron cuenta de estos hechos y reclamaron la entrega de los restos.

No es el único caso, el mismo reportaje informa que Hilda Gabriela Rivas Campos, de 16 años, desapareció en febrero de 2008 y fue asesinada ese mismo año. “Su cadáver lo encontraron en el Kilómetro 57 del Valle de Juárez, y fue retenido en la morgue durante tres años hasta que las autoridades decidieron notificar a su madre, el 27 de septiembre de 2011” debido a que las autoridades debían efectuar la prueba del ADN. Igual sucedió con Mónica Liliana Delgado Castillo, quien desapareció en enero de 2011 a la edad de 18 años. Su cuerpo fue localizado junto con el de Hilda, a los días de haber sido asesinada, y lo entregaron nueve meses después en el mismo acto.

De acuerdo con la “fuente” consultada por la reportera, existen al menos otros siete cadáveres “guardados”, encontrados en Loma Blanca, del Valle de Juárez, sin informar oficialmente a la opinión pública. Entre ellos el de quien en vida respondiera al nombre de Jazmín Villa Esparza, de 13 años de edad, desaparecida el 3 octubre de 2010.

Pero el horror no termina ahí, de acuerdo con el mismo reportaje, existen otros quince cadáveres de mujeres, “enterrados en una misma fosa, en el Valle de Juárez. Esta información tampoco la han querido dar oficialmente las autoridades y todavía se desconoce el lugar exacto donde fueron encontrados. Los cuerpos, retenidos en el Servicio Médico Forense, algunos se encuentran con ropa y otros completamente desnudos. Las edades oscilan entre los 17 y los 20 años”.

Es la misma historia desde 1993, nada ha cambiado.

Y sí, de acuerdo con distintas fuentes, el estado de Chihuahua, y particularmente Juárez se mantiene el mayor registro de feminicidios: 609 de enero de 2009 a agosto de 2011 con lo que se convirtió en la tasa más alta del país de homicidios contra mujeres, al pasar de 3.6 en 2005, a 13.1 homicidios de mujeres por cada cien mil en 2009, informó el INEGI con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. (Nota de Manuel Quezada Barrón, El Diario, 25/XI/11).

La diputada federal, Teresa Incháustegui, informó, en el curso de una conferencia impartida en la ciudad de Chihuahua a mediados de noviembre, que a poco de terminar la pasada administración estatal le entregaron una lista de los homicidios presentados en el estado, con el sexo de las víctimas y de los victimarios, luego, después de tomar posesión la actual administración, ante la misma petición, le entregaron otra lista, y finalmente, le entregaron otra. Todas las peticiones fueron efectuadas por Comisión de Equidad de la Cámara de Diputados en el curso de una investigación ordenada por este organismo parlamentario.

A fines de agosto, un reportaje precisó que hasta esa fecha se habían presentado 222 homicidios de mujeres en el estado (Nota de Salud Ochoa, El Diario de Chihuahua, 22/VIII/11), algunos de los cuales, indicó la Fiscalía General, pudieran estar relacionados con la delincuencia organizada, dado el modus operandi con que se cometieron, como el uso de armas de grueso calibre, tortura y mensajes de grupos criminales.

Dicha cifra pudiera ser semejante, al final del año, a la presentada en 2010, en el que se presentaron 370 homicidios de mujeres, lo que significaría una enorme diferencia respecto al total de homicidios presentados en el curso del año que sufrirá una disminución de alrededor del 11%.

Más aún, tales cifras, comparadas con las ofrecidas por Julia Monárrez Fragoso, directora de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), a mediados de marzo de este año, en las que precisó que durante la vigencia del Operativo Conjunto Chihuahua, ocurrieron 692 feminicidios tan solo en Juárez. (Nota de Ariane Díaz, La Jornada, 5/III/11).

Monárrez aseguró “que mientras de 1993 a 2007 se contaban 45 mujeres asesinadas por motivos relacionados con el crimen organizado, a partir del inicio del Operativo Conjunto Chihuahua han sido asesinadas 692 niñas, adolescentes y mujeres en Ciudad Juárez”.

De tal modo que, informó, los asesinatos sin relación con el crimen organizado registrados entre 1993 y 2005, ascendieron a 442, y en la actualidad ya se ubican en mil 192. (Ibídem).

Más recientemente, otra investigación periodística demostró que 9 de cada 10 asesinatos de mujeres presentados en Juárez están ligados a los cárteles de las drogas, según las estadísticas de la Subprocuraduría de Justicia en la Zona Norte. (Nota de Luz del Carmen Sosa, El Diario, 14/VI/09). “Cifras oficiales establecen que del primero de enero al 13 de junio del 2009 han sido asesinadas 35 mujeres, además, dos osamentas femeninas fueron rescatadas de las fosas clandestinas localizadas en el Desierto Sur y un producto en el noveno mes de gestación del sexo femenino murió al recibir varios disparos en un intento de ejecución contra su madre”.

El crecimiento de la cifra de mujeres asesinadas, como consecuencia de la guerra de las bandas del crimen organizado se apreciará más si tomamos en cuenta que, del 21 de enero de 1993 al 31 de diciembre de 2007, se tenían documentados 427 casos de homicidios de mujer, mientras que el 2008 cerró con un total de 86 crímenes. (Ibídem). Cifra, ésta última, que muestra la invariabilidad de la incidencia de los feminicidios pues hasta mediados del presente año se habían presentado en el antiguo Paso del Norte 38 de estos casos, casi la mitad de los acaecidos en aquel primer año de la vigencia del Operativo Conjunto Chihuahua.

Sin embargo, en el acto realizado para efectuar un “reconocimiento de responsabilidad internacional”, ordenado al gobierno mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con motivo de la sentencia a causa de los asesinatos de las mujeres encontrados en el “Campo algodonero” diez años atrás, Cecilia Espinosa, integrante de la Red Mesa de Mujeres, informó que su organización ha documentado 171 casos de feminicidio, ocurridos entre el 1 de enero al 3 de octubre de este año, en un crecimiento de alrededor del 500% respecto al pasado.

¿Regresó el pasado?

jueves, 22 de diciembre de 2011

Auditoría, otra derrota de la sociedad

El Diario, 22 de diciembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
La designación de Jesús Esparza como auditor superior del Estado es una verdadera derrota de la sociedad chihuahuense. Lo es aun más debido a que fue elegido prácticamente por unanimidad por el Congreso del Estado. Más allá de las capacidades profesionales del nuevo funcionario, el encargado, ni más ni menos que de fiscalizar el ejercicio de los presupuestos del Gobierno del Estado, municipios y organismos descentralizados, cuenta en su haber una desventaja mayor, por lo menos desde el punto de vista de quienes deseamos ver un trabajo profesional y alejado de los partidarismos, y esto es la cercanía con el titular del Poder Ejecutivo del Estado.

Y si la designación de uno de los cercanos al gobernador César Duarte, para que revise el ejercicio de los recursos públicos puestos bajo su responsabilidad, es deplorable, más lo es la conducta de los partidos políticos acreditados en el Congreso del Estado, especialmente la del Partido de Acción Nacional, que votó a favor del ahora ungido y cuyo líder, Héctor Ortiz, argumentó como válido para votar a favor el hecho de que “sería de las confianzas del gobernador del Estado”, razón por la cual, dijo, adquiría una doble responsabilidad.

De este modo, culmina un nuevo golpe a la débil autonomía del organismo fiscalizador de las cuentas públicas, que se suma a los cometidos en el pasado, sólo por el elevado temor de los gobernantes a sufrir un escrutinio imparcial, profesional, apartidista, del ejercicio del erario estatal, y al no existir esto quien ve vulnerados sus derechos es la sociedad toda.

No se descalifica por el solo afán de hacerlo, el ahora nuevo auditor del Estado procede de una dependencia encabezada por el gobernante estatal, así se trate de un organismo descentralizado, en un momento en el que quien ocupa la silla principal de Palacio de Gobierno ejerce el poder prácticamente sin contrapeso.

Y tal nombramiento se da en medio de una aguda crisis de credibilidad hacia la fiscalización de las cuentas públicas, especialmente las de Juárez y Chihuahua, las que tradicionalmente se han manejado con criterios políticos totalmente alejados de la transparencia y del buen ejercicio de los presupuestos públicos.

Hoy no es la excepción, antes bien al contrario. Lo decimos por las filtraciones de información generadas en la misma sesión en la que se discutieron los dictámenes de las cuentas públicas de estas dos ciudades y la del Gobierno del Estado, esta última aprobada prácticamente sin una sola irregularidad, ni siquiera administrativa, en un presupuesto de más de 34 mil millones de pesos. Increíble. Pero tales son las consecuencias de efectuar tal clase de nombramientos, recaídos en quienes no poseen una de las características fundamentales para realizar bien la fiscalización de las cuentas públicas: la imparcialidad.

Vamos, pueden ser hasta hombres probos, honrados, diligentes, preparados y capaces quienes ocupen tal puesto, pero puestos en el dilema –frecuentemente– de optar por el cumplimiento estricto de sus obligaciones, o guardarle lealtad al gobernante en turno, deciden, siempre, o casi siempre, por la segunda opción.

Y si a lo anterior le sumamos el hecho de que la Auditoría Superior del Estado no es un órgano autónomo, sin capacidad sancionadora y, como el resto de los cargos públicos al escrutinio y voluntad del gobernante nos encontraremos que poco abona a la transparencia y al rendimiento de cuentas de los gobernantes.

No es poco lo perdido por la sociedad chihuahuense en tales mecanismos del poder, forma parte de las negociaciones ocultas practicadas por quienes han ejercido el poder en Chihuahua en los últimos casi treinta años. Si hubiera un aspecto que mostrara lo lejanos que estamos de los niveles de una democracia desarrollada es precisamente éste, el de la fiscalización de los recursos públicos, en esa materia están reprobados los gobernantes de Chihuahua, y su actuación sólo arroja mayor desconfianza y descrédito en la sociedad.

martes, 20 de diciembre de 2011

Optar

El Diario, 20 de diciembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
Puestos en el dilema entre crear –o aprobar, con su aval– un nuevo impuesto o ajustar aún más el presupuesto municipal, los alcaldes resolvieron por la primera opción. Presionados por la realidad electoral, en un año crucial para todos –partidos y ciudadanos–, y sin la posibilidad de obtener más recursos procedentes de la recaudación fiscal “normal”, resolvieron acogerse a una más “cómoda” opción, la de entregarle, íntegro, el costo de la emergente situación económica a los ciudadanos.

Y así optaron todos, incluidos los, en otros momentos, enjundiosos alcaldes panistas a quienes les plantearon, los funcionarios estatales, las opciones que tenían para resarcir la disminución de la recaudación debido a las promesas de campaña en cuanto a la derogación de la tenencia vehicular.

A las alcaldías les tocaban algunos centavos por cada peso recaudado de tal impuesto, pero ahora les dijeron que el total de la recaudación sería “participable” a los municipios, lo que en cristiano significaría que el total de esa cantidad ingresaría a las arcas municipales.

Y ardió Troya, no hubo (por lo menos hasta ahora no hay una manifestación pública de ello) alcalde que se opusiera a tal medida recaudatoria, carácter que han tenido los múltiples intentos por cobrar impuestos a partir del uso de vehículos; antes bien se han expresado críticas al modelo de distribución de los recursos económicos, en las que se expresa molestia porque los municipios sólo reciben 3 centavos de cada peso del presupuesto federal, las entidades federativas alrededor del 20 y el resto el gobierno federal.

El único problema estriba en que quienes se quejan de tan inequitativo modelo forman parte del partido que es mayoría en la Cámara de Diputados, que es segunda minoría en la de Senadores (y que en alianza con sus partidos satélites conformarían mayoría, amén de que probablemente contarían con la anuencia del PRD para una reforma hacendaria más equitativa), poseen 20 gubernaturas, son la fuerza mayoritaria en la mayoría las legislaturas locales, la abrumadora mayoría de las alcaldías y la estructura territorial más importante.

Su organización de presidentes municipales es la más poderosa de las agrupaciones existentes, además de que controlan la Conferencia Nacional de Gobernadores, y en ambas, destacados priístas chihuahuenses ocupan elevados cargos y ejercen la mayor de las influencias con sus compañeros.

Pues bien, a tan vasta fuerza política no le alcanza para modificar la actual estructura hacendaria y fiscal del país y sólo atinan, algunos de sus más connotados integrantes, a quejarse de la existente. Más aún, en la discusión y aprobación del presupuesto, por si algo faltara, facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, no han sido capaces de modificar la iniciativa de presupuesto que año con año les envía el titular del Poder Ejecutivo federal.

Y no pueden alegar que los diputados federales se conducen, en esta materia y en casi todas, con plena autonomía, al contrario, si de algo estamos convencidos es del hecho que con la salida del PRI del Palacio Nacional ha crecido estratosféricamente la fuerza de los gobernadores priístas; son casi poderes omnímodos en los asuntos de sus respectivas entidades y de ello no escapan sus –porque parece que así lo son– diputados federales.

¿Por qué no han cambiado, los priístas, la estructura hacendaria del país? Por una sola razón, creen que pueden regresar a la Presidencia de la República y no quieren ejercerla de un modo menos autoritario, quieren gobernar del mismo modo que lo hicieron décadas y décadas, así gobiernan en sus entidades ¿Por qué habrían de cambiar si así les ha ido de maravillas?

Así, a cada momento en que se han visto precisados en poner a prueba sus capacidades democráticas, de mostrar que efectivamente modificaron su modo de ejercer el poder, de optar, lo hacen por el viejo modo, es decir, igual que López de Santa Ana, que el peso de la crisis y de las urgencias recaiga sobre el total de la población; a este paso deberemos conminar a los chihuahuenses a que empiecen a clausurar sus ventanas, no tardan en cobrar por el número y dimensiones de ellas.

domingo, 18 de diciembre de 2011

Bofetada

El Diario, 18 de diciembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
La aprobación de un nuevo impuesto sobre el uso de vehículo, ahora municipal, encubierto con el eufemismo de Contribución Extraordinaria para Inversión e Infraestructura, es una verdadera bofetada de la clase política –toda– a la sociedad chihuahuense.

Podrán efectuar una y mil explicaciones técnicas, de escasez de recursos, de tiempos y necesidades extraordinarias, de elevados costos en materia de seguridad pública, de inequidad hacendaria, de, mil pretextos. Ninguna servirá para explicar ni justificar que se desgañitaron en la pasada campaña electoral, acusándose unos a otros de “piratearse” la propuesta de la derogación de la tenencia vehicular y de que no habría otros impuestos que compensaran la disminución de esos ingresos a las arcas públicas y que ahora, ya sentados en los cargos públicos, sin la necesidad –en este momento– de engañar a sus conciudadanos, se ponen de acuerdo para hacer exactamente lo contrario a lo prometido durante el proceso electoral.

Es una burla.

Vamos, no se ponen de acuerdo ni siquiera en los mecanismos, tiempos y formas en que, dicen, llegaron al consenso.

El coordinador de los diputados del PRI –fuerza mayoritaria– y la diputada de ese partido, Liz Aguilera, informaron haber recibido una petición de los alcaldes, firmada por nueve de ellos, del PRI, PAN y PRD, a nombre de todos, de que fuera incluida en las respectivas leyes de ingresos municipales la mencionada contribución.

El viernes, en entrevista radiofónica en Aserto Radio, Mario Vázquez, líder estatal del PAN, afirmó que los alcaldes de ese partido no habían firmado tal petición –conocida desde el miércoles 14, pero eso sí, todos los diputados del PAN votaron a favor de la medida– y todavía hasta la tarde del sábado ni uno solo, ni de ese partido ni de ningún otro, había aclarado que le habían falsificado la firma.

No hay tal, entre los alcaldes, los diputados y los funcionarios estatales de los tres partidos (en el caso del PRD, por lo menos el alcalde de Casas Grandes y su diputado Alfredo Ramírez) llegaron a la conclusión antes señalada y, además, de esconderla a la sociedad, de ocultarle a ésta una medida que, sabían, sería repudiada acremente.

Primero, el presidente del Congreso, al momento de recibir la propuesta, muy diligentemente decidió que no fuera conocida por la ciudadanía y resolvió turnarla a la comisión respectiva del Congreso y ésta, en la cuasi clandestinidad, la dictaminó.

Informaron que era una propuesta de los alcaldes y resulta que los cabildos no fueron informados de las decisiones de sus respectivos presidentes municipales.

¿Pos no que son impulsores de la cultura de la legalidad? ¿Y de la ética política no?

Pero los alcances de tal desaguisado son aun peores que los de la tenencia vehicular pues ésta la deberían pagar solamente los propietarios de vehículos de modelos de los últimos diez años, en cambio la contribución especial la deberán pagar los propietarios de todos los automotores, independientemente del modelo.

Es un verdadero golpe a las capas medias y medias bajas de Chihuahua pues el vehículo, a diferencia de la mayoría del resto de las entidades, constituye el principal medio de traslado de ellas y un gravamen, así sea uno menor, incide seriamente en la economía familiar, por lo que el golpe a las clases populares, sobre todo de Juárez y Chihuahua, es de alcances mayores.

Pero si en lo económico impacta tal medida, en lo anímico es letal, por lo menos para la ciudadanía que esperaba una actuación congruente de la clase política. Las respuestas son apabullantes.

Un ejemplo de ello es el sondeo realizado en la página digital de El Diario. Ante la pregunta: ¿Apruebas el nuevo impuesto vehicular de 300 pesos que plantea aplicar el Gobierno municipal a partir del año 2012?, el 95 por ciento de 6 mil 615 personas que votaron estaban en contra de la medida. Pero el chat de ese sitio en la web es todavía más demostrativo; refleja un profundo malestar, verdadero enojo de decenas de personas con tal medida impositiva.

Es de tal magnitud, de tales características que, con gusto, optamos por publicar algunas de las aparecidas el jueves en la nota que daba cuenta de la aprobación del nuevo impuesto, por supuesto que respetamos el modo en que fueron escritos:

moer42@yahoo.com.mx:

“Qué pena que la promesa de Cèsar Duarte de eliminar la tenencia haya sido solo una campaña electorera. Al aplicar el pago de $300.00 estan cobrando la tenencia. Desafortunadamente, a los diputeibols les vale gorro aprobar nuevas gabelas para la ciudadanìa, èllos no tienen que sobre vivir con el mìsero salario mìnimo, no tienen que preocuparse de impuestos vehiculares, sus salarios son de primer mundo aunque su trabajo sea de sexto o sèptimo mundo, asì que: en tanto aguante la ciudadanìa hay que cargarle la mano. Pero no se preocupen señores del PRI, hay vienen las elecciones, a ver que otro impuesto inventan quitar durante las campañas.....”

Hermo:

“Ó sea que las cuentas están así: estudio y trabajo y soy padre de familia, estudio la universidad por las mañanas y trabajo por la tarde donde me pagan 1,800 pesos por mes, si para el próximo año el aumento al salario mínimo es del 4%, ganare 1,872 de esos 72 pesos que se aumentaron tengo que pagar 300 pesos por un oldsmobile del año 1991 (gaste mi ahorro y aguinaldo para importarlo por las amenazas de que me lo quitarían), que uso para ir de mi casa a la escuela, de la escuela al trabajo y del trabajo a mi casa (si usara el transporte público pagaría 8 pasajes diarios y perdería 2 horas de tiempo al día). Por mí que regrese la tenencia. Ahí les dejo mis cuentas”.

uanmpriego:

“Aquí brillan por su ausencia connotados comentarista pro-gobierno como el honorable”forumlex”. Mi opinión es gracias a mi sexto sentido en oct. del año pasado di de baja mis placas fronterizas y saque placas de otro estado y quede liberado de todo de lo que se están quejando en este foro. Gracias”.

Hugoel38:

“Por que mejor no crean una especie de seguro contra robo ?, con gusto pagaría esos 300 pesos, si se que si me roban mi vehículo el gobierno me lo repondrá.”

serpico:

“R-A-T-A-S...No existe otro calificativo para nuestros “representantes populares”, méndigos...llamense PAN y PRI... mi pregunta es....en donde está Ma. Antonieta (Pérez, diputada federal del PAN)... porque no comenta nada... o nuestros diputados federales....hay alguien que nos asesore para no pagar...siempre he sido un contribuyente cumplido... pero ahora soy capaz de dar de baja mi camioneta... (no reproducible aquí).”

james910:

“Es una aberrante estu..pidez como todo lo que hacen estos politicos de m... mal paridos. no sirven mas que para robar..pero no vuelvo a votar por el pan ni pri. son la misma escoria. Y no vamos a pagar esa cantidad, olvidenlo...no vamos a llenar sus bolsillos con nuestro trabajo, ponganse a trabajar y hagan las cosas bien que para eso los escogio el pueblo RATAS, no hagan estas bobadas...y un saludo a sus m…”.

paracuatirimicaro:

“pues claro se limpia su nombre en las elecciones el gobernador diciendo qe adios tenencia y un año despues la meten parejo con 300 pesos...”.

PorMexico:

Del arbol caido todos quieren hacer leña. Nos ven como estamos y nos quieren sacar mas? Ya ni la chi..flan No nos va a quedar ni para alimentar a nuestras familias Que hacen con todas las propiedades que les expropian a los narcos? Inviertan ese dineral para la ‘infraestructura’. Donde protestamos?”.

fpanta79:

“¿Cómo puede ser que apliquen el mismo monto a alguien que tiene un auto viejo que a alguien que tiene un auto de lujo? Esta medida afecta mucho más a los que menos tienen”.

Neilo:

“Les recomiendo traer su auto chueco para que no paguen este impuesto, al cabo éstos populacheros de pacotilla jamás harán nada y seguirán dando “prórrogas” con tal de obtener votos de acarreados”.

josea:

“Esta accion no generara 400 millones de pesos, como dicen esos cínicos parásitos del congreso, serán 400 millones ARREBATADOS a la población”.

richis:

“Quien aprobó este robo? El PRI Y EL PAN, bueno, nos vemos en las presidenciales, ya sabemos por quien no votar”.

okoksi:

“Esto es no tener ma-nera de hacer las cosas. Como gastarán millones desviando el presupuesto en apoyar las campañas del año próximo, pues no van a completar con él. Eso sí, les falta valor para meter en cintura a los ruteros y tener alternativas de movilidad. Gracias Duarte, por joder mas a los chihuahuenses. Gracias Tetolin, por tener sometida a la población de Juárez. A ver como no se bajan el sueldo como propone el Peje????”

No se necesitan más palabras en el editorial de hoy.

¡Qué bárbaros!

viernes, 16 de diciembre de 2011

Alcaldes, a espaldas de la sociedad

El Diario, 15 de diciembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
¿A quién se le ocurriría la puntada de cobrar un nuevo derecho, ahora municipal, por el uso de un vehículo, de 300 pesos?

La noticia, ocultada aviesamente por los alcaldes y los cabildos en pleno de toda la entidad –dicen los presidentes municipales solicitantes que aparecieron públicamente como tales– es una puñalada trapera a los chihuahuenses, aún antes, siquiera, de ser discutida y en su caso aprobada por los integrantes del Poder Legislativo.

Todos ellos, diputados y alcaldes, en su momento, cuando fueron candidatos, en algún momento de su campaña electoral ratificaron la promesa de sus respectivos candidatos a gobernadores de que se cancelaría la tenencia vehicular y que no se crearía ningún otro impuesto para resarcir a las arcas públicas de la disminución de los ingresos estatales o municipales por esta razón.

Poco nos duró el gusto, y a los funcionarios públicos –emergidos del PRI y del PAN– la congruencia, pues entre los solicitantes del nuevo cobro se encuentran los alcaldes panistas de Camargo, Ojinaga y Delicias, además de los priístas de Juárez, Cuauhtémoc y algunos otros, aunque la página digital Entrelíneas informó ayer que el diputado Enrique Serrano incluyó entre los solicitantes al alcalde de Chihuahua, Marco Adán Quezada, quien ya había dejado traslucir en días pasados tal propuesta, contenida en la iniciativa de Ley de Ingresos.

Públicamente, el alcalde de la capital se retractó de tal propuesta, en cambio, el juarense, Héctor Murguía, impulsó la aprobación de un crédito por 2 mil millones de pesos para el mismo fin que ahora intentan crear un nuevo derecho, el del uso de vehículo, que ya se le paga al gobierno estatal, en lo que es todo un dislate jurídico de quienes conducen las finanzas municipales.

Asombra la actitud de los alcaldes porque con la información proporcionada podemos colegir que se trata de una acción concertada entre ellos –y probablemente la administración estatal, y si no es así, ésta deberá deslindarse de semejante aberración– pues no es una casualidad que los solicitantes sean alcaldes del PRI y del PAN. Y presentan tal propuesta a dos días del límite legal para aprobar las leyes de ingresos municipales, para que no levantara tanto revuelo. Es decir, no solamente a espaldas de la ciudadanía, sino a escondidas.

Sorprende, además, la actitud de los ediles pues en lugar de informar, de cara a sus conciudadanos que los llevaron a ese puesto –y por supuesto de quienes no los apoyaron– de tal propuesta, debió ser el líder de los diputados locales del PRI, Enrique Serrano, quien informara de tal propuesta –crear una nueva contribución, “especial” para infraestructura y equipamiento vial– que se destinaría a gastos de mantenimiento de vialidades como es semaforización, señalamientos, entre otras acciones.

Malos augurios podemos inferir de las declaraciones del diputado juarense pues afirmó que la petición de los alcaldes se hizo partiendo de que se redujo el precio de las placas y la eliminación de la tenencia vehicular, actos que, sostuvo, beneficiaron a unos cuantos y ahora se trata de “beneficiar” a los ciudadanos en general, de ahí que, dijo, “es justo el reclamo que están haciendo los municipios; la autoridad municipal tiene que hacerle frente a las calles”. (Nota de Antonio Hernández, Entrelíneas, 14/XII/11).

¡Ah, pos sí

¿En qué cabeza cabe semejante propuesta?

¿Acaso no están viendo las condiciones en que terminaremos el año y las previsiones del siguiente? ¿A este paso cobrarán por el número de personas que viajen en cada vehículo y las distancias recorridas? ¿Valdrá lo mismo, en adelante, transitar por una vía principal que por una secundaria?

¡Ah, pero eso sí, para que los magnates del transporte urbano eleven sus utilidades se les elabora un nuevo sistema de transporte, se les acondicionan las calles, se les construyen las instalaciones necesarias, se les consiguen los créditos para la adquisición de los vehículos y se endeudan los municipios, pero todo a cargo del total de los ciudadanos y no de quienes han obtenido –y obtendrán– pingües ganancias

¡Viva Toño López de Santa Ana, no te has ido!

miércoles, 14 de diciembre de 2011

Impunidad norteamericana

El Diario, 13 de diciembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
Las informaciones acerca de la grosera, torpe e irresponsable intromisión de prácticamente todas las agencias norteamericanas relacionadas con el tráfico de drogas, contrabando de alcoholes, explosivos, medicamentos; las encargadas de la seguridad nacional y las del espionaje internacional, abruman. Es de tal magnitud que no existe en ellas la menor coordinación con las similares del gobierno mexicano, la cual no sólo es inexistente, sino contraria a los deseos de quienes han efectuado las numerosas operaciones dirigidas a distintas ramas del crimen organizado en México.
No sólo fue la del otorgamiento de armas a los cárteles, ahora se ha destapado la cloaca del lavado de dinero a los distintos grupos de criminales existentes en el país, en maniobras reconocidas por los más altos funcionarios del gobierno norteamericano, en operaciones desconocidas por las autoridades mexicanas, en lo que constituye la más grande operación intervencionista del gobierno norteamericano, desde los tiempos de la Revolución Mexicana, en los asuntos nacionales, ante la cual la respuesta del gobierno federal ha sido la del pasmo, más preocupado en defenderse de las demandas ante organismos internacionales y de la conducción de la elección presidencial.
Pero lo anotado líneas arriba es un asunto de la mayor preocupación, o debiera serlo para quienes dirigen la “guerra” contra los cárteles de la droga, pues tienen a la mano las declaraciones, los testimonios, los documentos, las evidencias plenas de la comisión de una gran cantidad de delitos, por quienes autorizaron el ingreso de armas a nuestro país, las cuales, ya se ha demostrado, se usaron en la ejecución de numerosas personas, algunas de las cuales merecieron el calificativo de alto impacto, como el de Mario González –hermano de la ex procuradora Patricia-, el del agente del ICE, Jaime Zapata, y de Lesley A. Enríquez, empleada del consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, así como el de su esposo, Arthur H. Redelf, ambos ciudadanos estadunidenses, y también el de Jorge Alberto Salcido Ceniceros, cónyuge de otra funcionaria mexicana que laboraba en esa representación diplomática.
Ahora, las autoridades mexicanas tienen, también, en materia de introducción ilegal de dinero a nuestro país, suficientes evidencias –como en el caso anterior- como para emprender las acciones legales que cualquier gobierno soberano emprendería, ya no en las condiciones en las que nos encontramos nosotros, sino hasta por la comisión de un solo asesinato, ya no se diga por las decenas de miles de homicidios, razón por la cual, incluso el gobierno norteamericano, podría –debería- ser enjuiciado al igual que ahora se ha solicitado se haga con Felipe Calderón y un sinnúmero de funcionarios hasta delincuentes como Joaquín Guzmán.
Es que no se trata de cualquier cosa, el número de armas introducidas –las que se conoce públicamente- y la cantidad de dinero suministrado a los cárteles, es de tal magnitud que ahí podrían explicarse no pocos de los miles de asesinatos ocurridos en el país y que han deteriorado gravemente la seguridad pública.
¿Por qué no inicia la PGR las debidas averiguaciones previas en contra de quienes resulten responsables de los delitos de introducción ilegal de armas, de asociación delictuosa, crimen organizado, homicidio, lavado de dinero y hasta terrorismo, en contra de los funcionarios norteamericanos que han atestiguado en los distintos juicios seguidos en las cortes de EU, y en las comparecencias convocadas por las dependencias legislativas de la Cámara de Representantes y la de Senadores?
¿Asimismo, contra funcionarios de la embajada, consulados y representantes de las agencias norteamericanas en México?
Es que hay un aspecto dejado de lado, en el que se impone la generalizada creencia popular consistente en que se cree en la buena fe de las autoridades norteamericanas. Así sucede en el presente caso, tanto en la operación de la introducción de armas y de lavado de dinero se cree que hubo una sana intención de quienes ordenaron y operaron tales maniobras para aprehender a los integrantes de las bandas criminales, así como el definitivo desmantelamiento de éstas.
¿Y quién puede afirmar, válidamente, que en el curso de las operaciones –o incluso en su misma elaboración- no existió un objetivo distinto al argüido públicamente, es decir, la búsqueda del fortalecimiento de uno solo –o de algunos- de los grupos criminales para mantener el control de la cantidad y calidad de las drogas introducidas a EU?
¡Ah, si hubiera alguien que defendiera la integridad y soberanía nacionales!
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lunes, 12 de diciembre de 2011

Chapo, promoción criminal

El Diario, 11 de diciembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
Pareciera de novela policiaca, no lo es. El primer indicio del fracaso absoluto de la operación Rápido y Furioso, instrumentada por las agencias norteamericanas, consistente en dejar comprar –en realidad venderles– armas a las bandas de narcotraficantes mexicanos, fue escalofriante: las armas usadas para asesinar al abogado Mario González, hermano de la ex procuradora Patricia González, eran de esos lotes.

La realidad es peor. La entrega de alrededor de 2 mil 500 fusiles de asalto y otro tipo (suficientes para armar a todo un regimiento del ejército norteamericano compuesto de ese número de elementos) se había hecho a uno solo de los cárteles, el de Sinaloa, jefaturado por Joaquín Guzmán Loera. A ese grupo pertenecía el que asesinara al hermano de la ex procuradora.

Pero no es el único dato que contribuye a una más sombría conclusión, la de que el gobierno norteamericano, o sus agencias, y en ellas algunos departamentos y jefes impulsaron –impulsan– el fortalecimiento de tal grupo delictivo.

Al descubrimiento de la operación Rápido y Furioso se le sumaron dos hechos, la develación de que la Drug Enforcement Agency (DEA) ha lavado dinero del narcotráfico desde 1984 y que uno de los principales beneficiarios de tal operación es precisamente el mencionado grupo criminal. Además, en el curso del juicio seguido a Vicente Zambada, en cortes de los Estados Unidos, la defensa de éste logró que el gobierno estadounidense aceptara entregar al juez una declaración certificada de un testigo protegido, informante de la DEA, y a quien Zambada acusa de ser el enlace entre él y el gobierno norteamericano debido a que el hijo del Mayo Zambada está acusando a éste de patrocinar sus actividades a cambio de denunciar a los otros grupos criminales.

La conclusión no podría ser más obvia: Con estos datos podríamos afirmar que el gobierno de los Estados Unidos le proveyó al Chapo Guzmán armas, dinero y protección oficial. Y cuando decimos protección oficial es la del más alto nivel, quizá hasta la de presionar por todas las vías posibles, incluida la intervención en la elaboración, conducción y ejecución de los operativos en contra de los cárteles del narcotráfico en México, y en la conducción de las fuerzas policiacas y militares mexicanas en tal combate.

Percepción que sería reforzada por las numerosas evidencias de que en la “guerra” de Calderón, se advertiría un favorecimiento a los grupos del Cártel de Sinaloa, como El Diario ha demostrado al efectuar un comparativo del número de integrantes de este agrupamiento y el del Cártel de Juárez, aprehendidos en el curso del combate al narcotráfico.

De acuerdo con un reportaje publicado por la revista Proceso la semana anterior, “el gobierno de Estados Unidos se negó a desclasificar documentos que aluden a su relación con organizaciones de narcotraficantes mexicanos, pero ofreció entregar declaraciones juramentadas por escrito del abogado Humberto Loya Castro, su presunto enlace con Joaquín El Chapo Guzmán Loera”, exigidas por el juez –documento firmado, además, por el fiscal federal Patrick Fitzgerald– lo que le permitiría no presentarse como testigo en el juicio seguido a Vicente Zambada, en la Corte Federal del Distrito Norte del estado de Illinois, con sede en Chicago.

Esa es la aceptación implícita de que “Loya Castro es el representante legal del Chapo enlace entre el cártel de Sinaloa y la DEA”.

La negativa del gobierno norteamericano a desclasificar la información de la relación de Loya Castro con la DEA, obedece al hecho de que la defensa de Zambada afirma saber de la existencia de un documento en el que Loya y la dependencia norteamericana firmaron el compromiso mencionado por Zambada.

El argumento de la defensa es que la DEA está protegiendo al cártel de Sinaloa y a sus líderes por medio de un acuerdo firmado (cuyas evidencias –arguyen– están en la Corte) con Loya Castro, a nombre del Chapo y de la organización mencionada. “Hasta el momento, el gobierno de Obama no ha desmentido el argumento de la defensa de que El Vicentillo era informante de la DEA, pero niega que haya alcanzado un acuerdo con el hijo del Mayo Zambada”. (Nota de J. Jesús Esquivel, Proceso 1830, 27/XI/11).

En otro inquietante reportaje, aparecido en el mismo número de Proceso, bajo la autoría de Andrew Kennis y Jason Mcgahan, se llega a la conclusión que El cártel de Sinaloa fue el principal destinatario de las armas de la operación estadunidense Rápido y Furioso. “Eso lo supieron desde el principio el Departamento de Justicia y varias agencias de inteligencia de Estados Unidos. Pese a ello, continuaron con el operativo y lo ocultaron al gobierno de México. Tal es la conclusión de un informe realizado por los congresistas estadounidenses Darrell E. Issa y Charles E. Grassley”.

La punta de la madeja de tal tráfico de armas lo constituyó el hecho de que el 5 de noviembre de 2010 agentes de la Policía Federal (PF) y de la Procuraduría General de la República (PGR) encontraron el cadáver de Mario Ángel González Rodríguez y las pruebas periciales (por supuesto las realizadas por los norteamericanos, los que ofrecen el servicio completo pues facilitan las armas asesinas y luego ellos mismos investigan si las emplearon en las acciones) demostraron ser las de Rápido y Furioso.

Eficientes a más no poder, el mismo día que encontraron el cadáver de Mario González, “Tonya English, agente de la Oficina de Información Estratégica e Inteligencia (OSSII, por sus siglas en inglés), perteneciente a la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), envió un correo electrónico a David Voth, supervisor del Grupo VII de la ATF en Phoenix, Arizona, para informarle que su oficina había rastreado esas armas decomisadas a los presuntos asesinos de Mario González y que dos de ellas, un par de rifles AK-47, habían llegado a México como parte de la operación Rápido y Furioso”.

Sólo 8 meses después de estos hechos, los norteamericanos le informaron a la Procuradora General de la República, Marisela Morales, Procuradora General de la República.

“Esa información aparece en el informe Operación Rápido y Furioso del Departamento de Justicia: alimentando la violencia de los cárteles, elaborado por los congresistas Darrell E. Issa, jefe del Comité de Vigilancia y Reforma de Gobierno de la Cámara de Representantes, y Charles E. Grassley, miembro del Comité de Justicia del Senado”.

Los reporteros afirman que, con base en el informe de los congresistas estadounidenses y otras fuentes, la mayoría de las armas de Rápido y furioso aparecidas en diversas “escenas del crimen” en México estaba destinada al cártel de Sinaloa, percepción reforzada por la declaración de Steve Martin, director adjunto de la OSII, quien en una comparecencia “sostuvo que hasta el 27 de febrero de 2010 habrían terminado en manos del cártel de Sinaloa un total de mil 26 armas de Rápido y Furioso, con un valor total de 650 mil dólares, y que de ello eran conscientes los funcionarios de la ATF”.

Las armas usadas en contra del hermano de la ex procuradora de Chihuahua no fueron las únicas detectadas en nuestra entidad. El 30 de abril de este año, el Gobernador del estado, César Duarte, informó del “decomiso más importante en la historia de Juárez”. (Nota de El Diario, 1/V/11). El arsenal incluía una “ametralladora antiaérea calibre 30, un lanzagranadas, dos docenas de AK-47, rifles Barrett calibre .50 (conocidos como “matapolicías”), 26 mil 708 cartuchos, 247 cargadores…”. La casa donde fueron encontradas, sabrían después las policías, pertenecía a “José Antonio Torres Marrufo, alias El Marrufo o El Jaguar, jefe del cártel de Sinaloa en Ciudad Juárez”.

Además, por si fuera poco, armas de Rápido y Furioso fueron las usadas para asesinar a un empleado del consulado norteamericano de Juárez y a dos personas más. Esas armas, dice el secretario de Justicia de EU, Eric Holder, “matarán gente por años” a ambos lados de la frontera.

Sólo nos faltaba saber acerca del financiamiento. Ahora ya lo sabemos: Agentes de la DEA lavaron millones de dólares de cárteles, de acuerdo con la información publicada por The New York Times, (Nota de Ginger Thompson, 4/XII/11).

¿Terminarían, también, en las manos del Cártel de Sinaloa? Probablemente sí, poco nos falta para saberlo, ojalá no después de otros 50 mil muertos más. Pero, esa, es otra historia.

¿Felipe Calderón y su gobierno estarán al margen de esto?

Ojalá sí, ojalá. Imposible estar seguros de ello.

jueves, 8 de diciembre de 2011

Las muertas desaparecidas

El Diario, 8 de diciembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
El hecho hizo recordar otras etapas, igual de aciagas, de cuando nos espantaban las noticias acerca del descubrimiento de otro cadáver más, de otra mujer asesinada y su cuerpo lanzado a los lotes baldíos de la principal de las ciudades chihuahuenses, primero, y luego, también en Chihuahua.

Inmersos en la tragedia causada por la guerra de los cárteles, el asesinato de mujeres cayó también en el comentario más generalizado –andaba en algo relacionado con los señores de las drogas y la muerte– y no se ha podido apreciar en su debida dimensión que, otra vez, amenaza con regresar el feminicidio por el cual tantas menciones negativas recibió Juárez.

Y es que el señalamiento es tan preciso, tan directo, tan irrebatible que estremece: La Fiscalía General del Estado de Ciudad Juárez oculta cadáveres de mujeres asesinadas, según afirma la organización Justicia para nuestras hijas, en voz de su dirigente Norma Ledezma.

El cuerpo de Adriana Sarmiento Enríquez fue encontrado hace más de dos años. Esta joven de 15 años de edad desapareció el 18 de enero del 2008, en el trayecto entre la preparatoria en donde estudiaba y su casa, en Ciudad Juárez. Sus restos fueron localizados casi dos años después, el 5 noviembre del 2009, cerca del panteón del poblado de San Agustín, en el Valle de Juárez, y llevados a las instalaciones de la Fiscalía.

Se supone que entonces debió hacerse con el cuerpo todos los trabajos necesarios para obtener la identificación. Por lo menos en lo referente a los exámenes de ADN no fue así; además, la Fiscalía no cuenta con una base de datos genética y actualizada que permita cotejar los restos de osamentas femeninas con las mujeres y niñas desaparecidas, a pesar de que fue un mandato impuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 2009, por el caso “Campo Algodonero”.

Sin embargo, desde julio de 2011, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad Juárez obtuvo los resultados que confirmaban la identidad de los restos encontrados. La familia no fue notificada sino hasta fines de noviembre, y eso debido a hechos circunstanciales que obligaron a la dependencia a hacerlo.

De ahí que nos asalten los recuerdos más pavorosos relacionados con los asesinatos ocurridos en la década de los 90’s y principios de siglo, especialmente los de las muchachas cuyos cuerpos fueron encontrados en el campo algodonero.

Por si se olvidó, debemos recordar que algunos de ellos mostraban evidencias de haber estado refrigerados, además de que las probables fechas de los decesos eran absolutamente diferenciadas, por lo que podía sospecharse, con mucho sustento, que habían permanecido guardados en algún lugar con refrigeración. ¿Sucede así igual? Quisiéramos creer que no, pero un reportaje, publicado por una revista digital –Los Angeles Press– el 29 de noviembre del 2011, bajo la firma de Guadalupe Lizárraga, (“Mujeres ‘guardadas’ en la morgue de Juárez”) da cuenta de la existencia de otros cadáveres “guardados”.

Refiere los casos de Hilda Gabriela Rivas Campos y Mónica Liliana Delgado Castillo, la primera de 16 años, desaparecida en febrero de 2008 y asesinada ese mismo año. “Su cadáver lo encontraron en el Kilómetro 57 del Valle de Juárez, y fue retenido en la morgue durante tres años hasta que las autoridades decidieron notificar a su madre, el 27 de septiembre de 2011. La segunda, Mónica, desapareció en enero de 2011 y tenía 18 años. También fue localizada en el Kilómetro 57, poco después del asesinato y su cuerpo entregado a los familiares el mismo 27 de septiembre.

Según la reportera Lizárraga en las mismas condiciones se encuentran por lo menos otros siete cadáveres, no entregados a sus familiares ¿Por qué? ¿Acaso para no despertar el pánico, o simplemente para no generar una mala imagen a la dependencia encargada de procurar justicia?

Cualquiera que sea la respuesta, es inaceptable prolongar el dolor de los deudos, y más lo es el hecho de no investigar, de no buscar a los culpables para prevenir más asesinatos.

Igual que antes.

martes, 6 de diciembre de 2011

“Chapulines” de lujo, gravísimo riesgo nacional

El Diario, 6 de diciembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
En tanto que el país entero discute los dislates de las aspirantes presidenciales, especialmente los de Enrique Peña Nieto (porque alrededor de sus confusiones en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, paradójicamente en la presentación de su libro, ya es autor de otro, sin incluir el de su hija) y Ernesto Cordero; más apaciblemente, sin estridencia, quienes ocupan o han ocupado cargos públicos que, por su trascendencia los debieran impedir para emplearse en la iniciativa privada, lo hacen de tal manera que hasta próceres de la patria parecen.
El nombramiento en marzo de este año del ex Director del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, como Presidente del Consejo Administración de Grupo Financiero Banorte, en sustitución de Roberto González Barrera, propietario principal casi único de esta empresa y del grupo Maseca, es un claro ejemplo del aserto anterior.
Dichas así las cosas pareciera ser que solo un ánimo opositor, o extremadamente crítico, nos llevara a deplorar tales acciones. No es así, por desgracia.
Ya antes, el Secretario de Hacienda en el gobierno de Vicente Fox, Francisco Gil, extraído del Grupo Banamex –que entonces era propiedad de Roberto Hernández, amigo y financiero de Fox- al terminar el sexenio anterior sopesó la posibilidad de convertirse en elevado funcionario de HSBC, no lo hizo, a cambio se convirtió en presidente ejecutivo de Telefónica en México y Centroamérica, es decir, la otra empresa en telefonía celular.
Un poquito antes, un ex jefe de ambos, Ernesto Zedillo, al término de su mandato se convirtió en connotado integrante de los Consejos de Administración de las empresas Procter and Gamble (fabricante de artículos de limpieza, jabones, pastas dentales, etc.), Alcoa (el más poderoso fabricante de aluminio en el mundo) y Union Pacific, esta última concesionaria de la compañía Ferromex (anteriormente llamados Ferrocarriles Nacionales de México) privatizados durante su mandato.
Es también consejero de la Fundación Bill & Melinda Gates, del multimillonario Bill Gates. En noviembre del 2010 fue nombrado como uno de los nuevos consejeros del Grupo PRISA, poderosísimo grupo propietario, entre otros muchos, del periódico El País, de la editorial Santillana y en México de Radiópolis, W Radio (¿tendría algo que ver en la frustrada despedida de Carmen Aristegui?) , Los 40 Principales, Bésame, La Ke Buena, W Estadio, Radio Gallito y La Consentida.
¿Qué lleva a tan poderosas empresas a buscar la participación de estos elevadísimos ex funcionarios en su más alta conducción?
¿Serán, por ventura, sus capacidades, las mismas que les permitieron implantar en el país políticas gubernamentales tan exitosas en el crecimiento económico de México, y a que se terminaran los enormes rezagos sociales que impedían elevar la productividad nacional y nos llevaron a los primeros órdenes en el ámbito internacional?
¿O, por el contrario, sin descartar lo anterior, es decir, su capacidad, no empleada para los fines que planteamos arriba, sino para lo mismo que se fueron de directivos empresariales, es decir, poner al servicio de tales gigantes empresariales su experiencia, sus conocimientos, relaciones e influencias?
¿Acaso no ganaron lo suficiente como para retirarse algunos años y luego, ya sin el problema del conflicto de intereses, enrolarse en alguno de esos consorcios?
Y es que Francisco Gil pasó de la Subsecretaría de Ingresos de Hacienda, a la vice gubernatura del Banco de México y de ahí al Consejo de Administración de Banamex-Accival, luego a la Dirección General de Avantel, para enseguida desempeñarse como Secretario de Hacienda.
Guillermo Ortiz Martínez también subsecretario de Hacienda con Salinas, fue titular de ella con Zedillo y gobernador del Banco de México con Fox. De ahí saltó a Banorte.
La naturaleza de los cargos desempeñados hace de tales funcionarios atractivos, muy atractivos sujetos para los grandes consorcios, por los innumerables e invaluables conocimientos y relaciones adquiridas a lo largo de su presencia en cargos tan delicados, de cuya importancia dependen en buena medida el curso de la economía nacional.
No importa, eso también se pone al mejor postor.
Y luego se ponen a pontificar acerca del buen estado de la economía nacional.
Sí, no tenemos inflación y el dólar se mantiene más o menos estable, la bolsa de valores no se cae, pero el país se desploma, presa del desempleo, la pobreza y la inseguridad.
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domingo, 4 de diciembre de 2011

Impunidad absoluta

El Diario, 4 de diciembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
La frase, lanzada al aire por quien tomaba posesión del cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, César Duarte, “prendió”, sobre todo en aquella ciudadanía harta de la ola demencial de violencia desatada y de delincuencia sin freno, y más en aquella predispuesta a escuchar de los gobernantes frases tronantes y conceptos terminantes, y no se diga de aquellos que olvidando toda la tradición y cultura asimiladas de la religión católica-cristiana, más proclives a las máximas del islamismo (diente por diente, ojo por ojo), se solazan en exigir la mano dura contra los “malandros”, así no lo sean y sólo parezcan.

El poder se hizo para poder y no, para no poder, dijo el parralense en, hasta ahora, el mejor de sus días –por lo menos como ciudadano– y arrancó carretadas de simpatía, no solamente en sus seguidores reunidos en la Plaza del Ángel de la capital chihuahuense, sino que encontró eco en decenas de miles. Nos encontrábamos en el punto más alto de la ola homicida en las dos urbes mayores del “Estado Grande” y Duarte llegaba cobijado por un discurso extraordinariamente crítico a la administración saliente, encabezada por el deliciense José Reyes Baeza Terrazas, a quien se le señalaba en los corrillos populares –por lo menos– como un gobernante timorato para afrontarla.

En las primeras semanas, el discurso enérgico contra la delincuencia se concretó en la aprobación del Congreso del Estado –de manera fast track– a diversas iniciativas del gobernador, entre ellas, destacadamente, la de la prisión vitalicia –eufemismo adoptado para encubrir el de cadena perpetua– que tenían como objetivo principal el de hacerle sentir a la sociedad chihuahuense que ahora sí había la intención de hacerle frente al crimen, organizado o no.

Pero hete aquí que al cabo de un año de gobierno la peor descalificación a ese discurso provino, no de alguna fuerza política de la oposición electoral, o del vasto y diverso Chihuahua social, no, provino, quizá sin saberlo, o probablemente en el afán de deslindar a la autoridad local de su responsabilidad en la preservación de la seguridad pública, sino de adentro, de muy adentro de la administración estatal.

Extrañamente, los partidos políticos de oposición (bueno, el PAN, porque a los otros difícilmente, en el entorno local, podemos ubicarlos en ese campo) callaron.

El fiscal de la Zona Norte, Jorge González Nicolás, declaró que estaban en riesgo de no resolverse alrededor de 6 mil asesinatos, de los presentados en Juárez (y el Valle de Juárez) de 2008 a la fecha, debido a que “la Fiscalía General del Estado reporta carecer de medios suficientes para aclarar este tipo de ilícitos”. (Nota de Sandra Rodríguez Nieto, El Diario, 15/11/11)

“Me da mucha pena decirlo, pero un gran número de estas carpetas, si no hacemos lo que tenemos que hacer en coordinación con las autoridades federales, van a ser investigaciones muy difíciles que van a ir avanzando muy lentamente o que no van a avanzar… Y esto lo digo con toda la sinceridad, por las limitaciones que tenemos aquí, una fiscalía local está limitada a la localidad”.

Esa cifra deriva del análisis efectuado en conjunto con los agentes del Ministerio Público Federal que trabajan en las oficinas de la Fiscalía del Estado, pues llegaron a la conclusión que en esos homicidios se presumen “efectuados por grupos de la delincuencia organizada”. (Ibídem).

Argumentó que probablemente todos pueden ser atribuidos a tales grupos pero jurídicamente son los únicos que reúnen, documentalmente, los requisitos para ser catalogados de esa manera.

A pesar de tal realidad, la PGR no los ha atraído a la esfera federal, porque argumenta que los delitos deben reunir características tales como la participación de tres o más personas, la existencia de un acuerdo previo entre ellas y que lo hayan hecho reiteradamente.

El fiscal González esgrimió algunas impedimentas de las autoridades locales para afrontar a la delincuencia organizada, entre ellas el de que no pueden solicitar los estados de cuentas bancarias, ni las listas de llamadas de teléfonos celulares, ni la intervención de los teléfonos para realizar alguna investigación.

Al día siguiente, la misma reportera informó que de acuerdo con fuentes de la fiscalía, los “homicidios cometidos con armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano, como los fusiles de asalto AK-47 o pistolas 9 milímetros, son los más susceptibles a ser clasificados como crímenes de la delincuencia organizada y, por tanto, poco probable que sean resueltos en la Fiscalía General del Estado”.

Más aún, en la mayoría de los casos existe la presunción de la participación de más personas, además de las que hubiesen disparado, indicios que demuestran que “el delito fue cometido por personas involucradas en el crimen organizado”.

Pero si aceptáramos como buenos los argumentos del Fiscal, existe otro problema, no menor, y es que el mismo funcionario informó que existen 22 agentes del Ministerio Público adscritos a la investigación de los homicidios cometidos en esa zona, lo que llevaría a que cada fiscal tiene a su cargo las indagatorias de ¡Casi 300 homicidios

Sin embargo, la reportera informó que “el personal entrevistado ayer reportó continuar con una carga de 500 a 600 carpetas de investigación”.

Pero, bueno, ese es el total acumulado de ejecuciones, las del sexenio pasado y las del actual, de rezago tan grande podría no tener la responsabilidad la actual administración, el problema está en que hasta el día de ayer se habían presentado 2 mil 847 ejecuciones en el presente año, más las ocurridas en los dos últimos meses del año anterior –poco más de 600– lo que haría un total de más de tres mil 200 en el presente gobierno y de las cuales deberían estar informando del estado que guardan tales investigaciones, el número de detenidos por tales casos y los sentenciados de manera definitiva, para poder ufanarnos de que la cultura de la legalidad inició ahí en donde tienen la principal de las responsabilidades en esta materia.

¿Y qué tenemos como resultados?

En primer lugar, y no se escatima reconocimiento, la detención de numerosos acusados de ser autores de varios secuestros y extorsiones, lo que ha arrojado una disminución de tales delitos, pero del esclarecimiento de la mayor parte de los homicidios ocurridos, nada, entre ellos algunos de los más emblemáticos. Además, un desmesurado crecimiento del robo de vehículos en Juárez, especialmente los cometidos a mano armada.

No descubrimos el agua tibia al afirmar que tal situación, de gravísima impunidad, es un perfecto círculo vicioso y da pie a la comisión de una gran cantidad de delitos pues los delincuentes tienen, ellos sí, la certeza de que muy probablemente no serán detenidos, de ahí a que atentados tan dolorosos –todos lo son, pero algunos lo son aún más– como el realizado en contra de Norma Andrade, caiga en la incertidumbre de si fue producto de la violencia generalizada presente en Juárez, o bien, una agresión más a una activista social, ciertamente retirada desde algunos meses atrás, pero cuya hija, Malú García Andrade, ha sufrido diversas agresiones y amenazas que la han llevado a abandonar el antiguo Paso del Norte.

Razones por las cuales no puede desestimarse un ataque de tal naturaleza que, por otro lado, sólo escepticismo despiertan las declaraciones de las autoridades de que, ahora sí, encontrarán a los responsables. Porque aún está presente la salvaje agresión a la familia Reyes Salazar, a la que prácticamente desintegraron y en la que lo mismo atacaron a quienes participaban activamente en el movimiento social, como a quienes no lo hacían, y todo lo anterior sin anotar el asesinato de Marisela Escobedo, a un año de su comisión y sin dato alguno de su esclarecimiento.

Ante realidad tan aplastante es obligado hacer una pausa; ciertamente la ola homicida tiene un componente nacional –muy importante– pero el esclarecimiento de los homicidios es parte consustancial a la implantación del Estado de Derecho, y en ello tiene una elevada responsabilidad la actual administración, a la que se le puede revertir, y de muy fea manera, la elocuencia discursiva de la toma de posesión.

Porque si bien podemos argumentar que el hecho de que Chihuahua haya alcanzado el primer lugar nacional en la comisión de delitos –según los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2011, elaborada por Inegi– pero con datos del 2010, (Nota del Staff, El Diario, 22/IX/11) al momento de que se presente la correspondiente al presente año, las cuentas no serán tan optimistas como en las esferas oficiales quisieran. De esa dimensión es el reto.

jueves, 1 de diciembre de 2011

Cuotas partidarias y sus problemas

El Diario, 1 de diciembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
Torpeza, cinismo, inmoralidad o, simplemente, soberbia, de esa de la buena es la mostrada por los todavía funcionarios del Instituto Estatal Electoral, Hugo Alberto Vallejo Quintana y Trinidad Pérez Torres, hasta ayer encargados del despacho, sin nombramiento oficial, pero ocupando cargos en el órgano electoral y recibiendo estipendios evidenciaron –en el extremo- lo que era una certidumbre en los círculos políticos, y algunos alcanzábamos a apreciar, que el reparto de cuotas partidistas en los organismos electorales abarcaba no solamente a los consejeros electorales, sino, también, y con mayor riesgo, a los puestos en la estructura electoral, fenómeno que se repite hasta la saciedad en el organismo federal.

Todo porque al par de jóvenes funcionarios, y al mismo tiempo militantes del Partido Acción Nacional, se les ocurrió inscribirse como aspirantes a miembros del Consejo Estatal, y ganárselo en la votación ocurrida en la asamblea celebrada el domingo anterior, hechos denunciados en el Congreso del Estado el martes por el diputado priista, Gerardo Hernández Ibarra, quien pidió su destitución porque “atenta directamente a la certeza y legalidad del órgano electoral”.

Además, adujo que –el IEE es la institución encargada de velar por los intereses electorales de la ciudadanía con imparcialidad, objetividad e independencia, por lo que al contar en su estructura con integrantes de algún partido político con una responsabilidad como la que implica una consejería estatal, resulta una situación contradictoria a los fines del Instituto–. (Nota de Hiram Ortega, El Diario, 30/XI/11).

La respuesta, airada, de la fracción parlamentaria del blanquiazul no hizo más que evidenciar tal tráfico de influencias en los órganos electorales que, debemos decirlo, no es de ahora, ni abarca solamente a estos dos partidos. Los legisladores del PAN argumentaron que los del PRI tenían ‘la cola larga’ y usaron como ejemplo el del titular del Instituto Chihuahuense de la Juventud, Christopher James Barousse, quien, dijeron, asumió el cargo cuando aún era el dirigente del Frente Juvenil Revolucionario.

Por supuesto que no hay la misma carga entre uno y otro caso. En tanto Barousse era dirigente partidario, y al mismo tiempo funcionario público, en el que no hay un impedimento legal expreso para que así sea, por lo menos para ese cargo; en tanto que para formar parte de la estructura electoral y al mismo tiempo integrar al órgano dirigente de su partido en el estado tampoco existe un ordenamiento legal que lo impida, sí existe un evidente conflicto de interés y una falta, absoluta, de ética política, pues quienes laboran en los órganos electorales, debieran entenderlo, no pueden –no deberían- formar parte de dirigencia partidista alguna

Por supuesto que en ambos casos, a falta de un ordenamiento, claro, preciso, debiera haber una conducta partidaria alejada del patrimonialismo.

¿Cuál es, realmente, el problema? Uno muy sencillo, el que a cambio de otorgar sus votos en la designación de los consejeros electorales, los partidos y los diputados se reparten, (así, con todas sus letras) los cargos de la estructura electoral, van en el paquete, en una conducta totalmente alejada de los principios que le dieron origen a los órganos electorales, que se pensaban ciudadanizados, para dejar fuera de las decisiones, en primer lugar a las estructuras gubernamentales, y a los partidos políticos, en el afán de alejarnos de la añeja estructura electoral en la que todos los funcionarios de estos órganos formaban parte del PRI, entonces partido casi único.

Poco duró el gusto, en cuanto se repusieron, los partidos encontraron el recoveco y empezó el reparto de cuotas, promoviendo a quienes, de alguna manera guardaban identidad con alguno de los partidos para las consejerías, y como lo espacios eran pocos en esa instancia, decidieron ampliar el pastel. Hoy les estalló en las manos merced a la torpeza de los mencionados. Sorprendidos, los diputados panistas no atinaron a responder con un cuestionamiento semejante y reclamar los puestos de quienes, en el órgano electoral, son de filias priistas, o perredistas, o petistas o panalistas, etc.

Los funcionarios impugnados se cuecen aparte ¿Acaso no llegaron a pensar que trabajar en el órgano electoral y ser parte de la dirigencia estatal de un partido no les impedía, por lo menos éticamente, hacerlo? Y eso que apenas empiezan su carrera.

martes, 29 de noviembre de 2011

Designarán al auditor, ¿harán igual que siempre?

El Diario, 29 de noviembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
Para qué encubrir con mentiras, o verdades a medias, lo que son –debieran ser– actos legítimos y legales de las autoridades respectivas? ¿Será porque no es cierto el argumento esgrimido por el Presidente del Congreso del Estado, Gabriel Sepúlveda Reyes, acerca de que la renuncia de Sérbulo Lerma a la Auditoría Superior del Estado tiene como razón los problemas de salud de éste, derivados de las secuelas de un accidente automovilístico sufrido a principios del año anterior?

Y es que en el fondo se encuentra –para explicarnos medianamente este cambio de funcionarios en una de las dependencias que mayor peso ciudadano debiera tener– ni más ni menos que la revisión de las cuentas públicas de los órganos de los gobiernos, el estatal y los municipales. Un asunto en el que los gobernantes chihuahuenses contemporáneos le salen debiendo a la sociedad, la misma que le ha apostado a la alternancia partidista como mecanismo para obtener una mejoría en la composición y conducta de los gobernantes.

Por desgracia, en este aspecto, central en el manejo transparente de los recursos públicos, lo realizado hasta ahora es absolutamente igual a como se hacía antes de la aparición de la alternancia partidaria. El gobernante en turno impone en la Auditoría Superior del Estado (antes en la Contaduría Mayor de Hacienda) a uno de los suyos, mientras más suyo, mejor.

Ese fue el comportamiento del panista Francisco Barrio y de los priístas Patricio Martínez y José Reyes Baeza Terrazas. Muy pocos dudamos de la capacidad profesional del contador Sérbulo Lerma en la fiscalización del modo en que se ejercen los recursos públicos, el problema estribó, sobre todo en el sexenio anterior, en que fue activísimo promotor de la precandidatura y la candidatura del deliciense y esos antecedentes lo pusieron en el riesgo, siempre presente, de que su trabajo siempre sería visto por la oposición con visos de partidismo.

Pero el peso fundamental de su nombramiento recayó, paradójicamente, no en su partido sino en el de enfrente, el PAN, pues el grupo parlamentario de este partido aprobó la designación del oriundo de Jiménez. ¿A cambio de qué? Todavía hoy siguen siendo desconocidas las razones, pero a lo largo de la gestión de Lerma fueron constantes sus críticas –con razón o sin ella– al ahora ex auditor superior.

¿Cuál es el problema? Que los grupos gobernantes no terminan de aceptar que la revisión de sus cuentas públicas sea efectuada por alguien ajeno a su partido, a sus querencias y a sus confianzas. Y en tanto sean más cercanos, más crece la certidumbre ciudadana de que no se ejercen con transparencia los recursos públicos.

Pero ese es el problema de quienes son hegemonía –o la han sido–, otras son las responsabilidades de las fuerzas de oposición, las que permanentemente se han negado a actuar como tales en los asuntos de la mayor importancia, calidad que pierden en la negociación de las pequeñas prebendas, aquellas en las que la sociedad no obtiene ventaja alguna y sí, en cambio, los negociadores.

Ahora estamos frente a una de esas coyunturas. El PRI no cuenta con la mayoría calificada de dos tercios en el Congreso del Estado, para nombrar al Auditor, ni siquiera con la participación de la ex del PVEM, Alva Melania Almazán Negrete, y necesita, por tanto, de dos diputados. El PANAL cuenta con cuatro, el PVEM con una y los partidos coaligados de izquierda (pero allá, en el ámbito nacional, aquí quién sabe), PT y PRD, con uno cada uno.

Como siempre, hay dos opciones, o se pliegan a los deseos del grupo gobernante, o del mandatario en turno (¿Hará César Duarte lo mismo que sus antecesores?) o deciden, en conjunto con los legisladores priístas, nombrar a un profesional que reúna todos los requisitos y goce la de la confiabilidad primordialmente, no de los partidos o de uno en especial, sino de la sociedad. Es decir, alguien que sea ajeno a cualquiera de ellos, o que su capacidad y desempeño profesional lo ponga lejos de las filias y fobias de ellos.

Se fue Sérbulo pero quedó pendiente un asunto: El de otorgarle autonomía constitucional a la Auditoría Superior del Estado, la que debería estar acompañada de la capacidad sancionadora para castigar a los funcionarios públicos que caigan en la comisión de irregularidades ¿Cuándo veremos eso?

Quienes ahora gobiernan tienen la palabra. Como antes sus antecesores.

ABRAZO.- Vaya un abrazo solidario a Ricardo Gómez, por el lamentable deceso de su señor padre, don Jesús Gómez Herrera.

domingo, 27 de noviembre de 2011

Los de ayer ¿Ya no somos los mismos?

El Diario, 27 de noviembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
Lo tratamos en el curso de la semana, pero han sido tan sorprendentes las reacciones del priismo nacional, que obligan a una reflexión más sobre la declinación del senador Manlio Fabio Beltrones a la disputa por la candidatura presidencial del PRI.

¿Realmente obedece a la búsqueda de la unidad la postura de Beltrones? ¿O, por el contrario, obedece a una reacción, acaso más inteligente, a la burda “cargada” que se avizoraba a favor de Enrique Peña Nieto? ¿Esperaba una conducta distinta de quienes acompañan al mexiquense –y del mismo precandidato– que, al percibir el paso de los búfalos decidió no aportarle más al proceso de su partido?

Pocas, muy pocas voces se han escuchado en la semana reparando en los aspectos críticos del documento publicado el martes en algunos periódicos de la Cd. de México. Entre ellos, aquel en el que hace referencia a quienes “en mi partido… tienen prisa y alegan la necesidad de la unidad para conservar privilegios o para garantizar sus intereses personales o de grupo”.

No son las únicas frases críticas. Informa de la petición de muchos priístas para que declinara, en aras de la unidad, y él plantea que la unidad debe ser “un medio para cambiar, no para seguir igual” porque, dice, “coincidimos en que el rumbo del país ya no puede ser el mismo, ni tampoco repetir el que ya dejamos atrás”.

Y esto último es el principal reto de los priístas, coincidan o no en la real necesidad de la transformación, profunda, que necesita el país. Porque, alejados del poder presidencial durante dos sexenios, las evidencias mostradas en muchos aspectos son de que al parecer, las transformaciones de las que hablamos no las conciben de esa manera y se percibe solamente, la búsqueda de la recuperación del poder, y nada más.

El problema estriba en que si el priismo no cambió en estos dos sexenios, la mayoría del país, sí. Y mucho, de tal modo que las conductas del pasado chocarán frontalmente con esa parte de la sociedad que sí se transformó. Para empezar, el electorado es altamente plural y diverso, con menos cadenas (de todo tipo) a las del pasado, el corporativismo sindical –salvo en algunos sectores, varios de ellos importantes, como el del magisterio y el petrolero– no goza precisamente de cabal salud y una de las funciones que ejercía implacablemente, la electoral, ya no puede ejercerla a plenitud.

Los medios de comunicación, si bien los más importantes siguen siendo, como antes, como casi siempre, propiedad de los más poderosos hombres de empresa del país, tienen hoy una vasta pluralidad y el acceso a internet de un influyente sector de la sociedad hace que los controles del pasado, ejercidos por el PRI cuando era partido casi único, ya no sean los mismos.

Y es que, con matices, los priístas han gobernado sus entidades con el mismo patrón de antes. Salieron de la Presidencia de la República pero en los estados no cambiaron y la equivocada manera de panismo para gobernar al país y algunas entidades federativas no hizo otra cosa que arrojar a muchos electores a los brazos del priismo. Lo mismo hizo el perredismo gobernante, salvo en el DF, y eso que el gobierno de Marcelo Ebrard va dejando una larga estela de acciones gubernamentales altamente cuestionables que han llevado al PRD a perder innumerables simpatías y el PRI defeño, por esta razón y por la inercia nacional, se ha ubicado en condiciones de disputar la jefatura de gobierno.

A donde posemos los ojos, los gobiernos del PRD tampoco han sido ejemplo de buen gobierno y añoran, sus militantes, el de López Obrador cuando estuvo al frente del DF. Esos malos gobiernos son la razón fundamental de las derrotas electorales en las entidades en las que llegaron a gobernar, con casos de escándalo, como el de Amalia García en Zacatecas, o de una mediocridad apabullante, como el de Lázaro Cárdenas y Leonel Godoy en Michoacán; o los enfrentados a la izquierda social (y algunos sectores de la izquierda electoral) como el de Zeferino Torreblanca en ¡Guerrero Ni más ni menos, con el agravante de que ganaron la última elección con un ex priísta de último momento, y de toda la vida.

Pero si el perredismo no supo, con su ejemplo, con sus gobiernos, construir una buena imagen electoral, lo realizado por los panistas, especialmente Felipe Calderón, es de antología. Con dos ejercicios de gobierno llevaron a su partido a las derrotas, una tras otra, con excepciones (y la del 2006 es una de ellas, pues sin la decepción de numerosos votantes priístas no se hubiera explicado el resultado de esa elección presidencial).

Tanto las elecciones federales del 2009 y la cuasi elección nacional del 2010, que eso puede representar el inédito ejercicio de las 14 elecciones locales celebradas ese año, la tendencia es la misma, el electorado los ha castigado y nada hace prever que cambie tal situación. Los resultados del Estado de México son el mejor ejemplo.

Dejamos aparte Michoacán pues ahí el PAN logró una abultada votación, fruto de una gran cantidad de factores, no todos atribuibles al partido, sino más bien a la decisión gubernamental de apoyar con todo a la hermana del presidente.

De ahí que los méritos del PRI para llegar con tan altas expectativas electorales al 2012, no todos son de su factura, obedecen en alto grado a los errores de sus adversarios, fundamentalmente al PAN y a la estrategia de Calderón (en sus dos ámbitos, el electoral y el del combate a los narcotraficantes), que la mayoría de los votantes se lo ha cobrado al entregarle sus preferencias a los candidatos priístas.

Pero si alcanzado el objetivo de ganar la Presidencia de la República, se comportan como evidencian los primeros actos de quien seguramente será el candidato, nos esperan muchos tragos amargos.

En primer lugar, al igual que Fox y Calderón, por la vía de Humberto Moreira, el todavía presidente nacional priísta, Peña Nieto ratificó la alianza con Elba Esther Gordillo, como una de sus primeras prioridades, seguramente en previsión de un desmedido crecimiento electoral de López Obrador y de quien resulte ganador en el PAN.

Luego, inusitadamente, Moreira cambió las cláusulas que le darían equidad a la contienda e impedían la formación de la “cargada”, con lo que precipitó la declinación de Beltrones y el enojo de Francisco Labastida y de dos ex presidentas nacionales del PRI, la yucateca Dulce María Sauri Riancho y de María de los Angeles Moreno, la capitalina que fue declarada por Carlos Salinas, el último año de su mandato, como “La mujer del año”.

Y si hubiera necesidad de aportar más evidencias de que el priismo –por lo menos ese– se comportaría como antes, ahí están las manifestaciones de apoyo de los organismos de mujeres y el del sector popular.

Pero detengámonos un momento en los hechos acaecidos en Chihuahua durante la semana. En tanto la clase política se amanecía, y se cimbraba el martes con la declinación de Beltrones, por la tarde de ese día, la dirigencia estatal del PRI chihuahuense recibía a un enviado de Peña Nieto, Rodrigo Villar Monroy, para suscribir ¡un convenio de colaboración, acto en el que el dirigente estatal, Leonel de la Rosa, declaró que el ex gobernante mexiquense tenía “el apoyo del priismo chihuahuense”. ¡Nomás (Nota de Hiram Ortega, El Diario, 23/XI/11).

O sea, son pitonisos, ya sabían que Beltrones declinaría y, raudos y veloces, ese día por la mañana se desplazaron a todo el país para obtener el respaldo del priismo nacional. La cargada en todo su esplendor, como antes, como siempre. Bueno, hechos como estos no pueden desligarse de las razones que llevaron al sonorense a deslindarse del proceso electoral y continuar, dice, luchando por llevar adelante sus propuestas.

Por su parte, en una entrevista concedida a Aserto a fines de octubre (Aserto No. 100, noviembre de 2011), el gobernador de Chihuahua, César Duarte, declaraba sus preferencias por quien hoy será declarado, casi seguramente, candidato del PRI, en virtud de las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, en el sentido de que si sólo se registra un precandidato, ya se le podrá considerar como el candidato de ese partido.

¿Y los gobernadores del PRI? Los que, como dice la melodía: “Ahora que estuviste lejos, ya probé la libertad y me gustó” ¿Podrán aceptar, de nueva cuenta, el presidencialismo de antes, ese que el priismo sigue practicando en el ámbito estatal y que Peña Nieto se apresta desde ahora a ejercer –y ejerce–?

jueves, 24 de noviembre de 2011

El renunciante

El Diario, 24 de noviembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
No es un apoyo muy acrítico, más bien lo contrario: “Mi coincidencia fundamental con @EPN (Enrique Peña Nieto) es unidad para cambiar no para seguir igual. Que así sea Suerte”. Tal fue el texto enviado por Manlio Fabio Beltrones través de Twitter, después de que el ex gobernador mexiquense lo felicitara por haber declinado en sus pretensiones de alcanzar la candidatura priísta a la Presidencia de la República el próximo año.

Contra todas las públicas manifestaciones de unidad y regocijo de numerosos militantes del PRI, el documento publicado por Beltrones apenas unas cuantas horas después de manifestar su contrariedad por las modificaciones a la convocatoria a la elección interna, efectuadas por el dirigente nacional, Humberto Moreira, son todo un compendio de conceptos críticos explícitos, y sobre todo implícitos, en el clásico lenguaje críptico de los priístas.

Las aseveraciones explícitas son de llamar la atención. Sustenta su declinación –por supuesto, en busca de la unidad– en dos argumentos: “Logramos un apretado triunfo en Michoacán, bajo el asedio de una injerencia gubernamental que parece ser la tónica que el PRI enfrentará en adelante. Por otro lado, pese a sus contradicciones, haciendo política, los partidos de izquierda han logrado unificarse en torno a una candidatura que permitió superar sus diferencias y ponerse de acuerdo”.

Más aún, en el cuerpo de su declaración se advierten críticas y posicionamientos no tan halagüeños para Peña Nieto. Informa que “distinguidos cuadros políticos del PRI” se acercaron a él para plantearle la necesidad de contribuir a la unidad, que en buen cristiano significa sumarse al otro, al de enfrente. A esos exhortos respondió Beltrones planteando que él entiende “la unidad como un medio para cambiar, no para seguir igual”, algo en lo que ha insistido tercamente en las últimas semanas, anotando indirectamente que Peña Nieto no necesariamente va en esa orientación.

¿Quiénes serían esos militantes distinguidos? ¿Será una de las sorpresas en la campaña, enterarnos de todos los que presionaron a Beltrones?

No todo es miel con hojuelas al interior del PRI con la declinación de Beltrones y las múltiples manifestaciones de la “cargada”. El líder de los senadores lo señala directamente: “Reconozco que en mi partido hay quienes tienen prisa (por tener candidato) y alegan la necesidad de la unidad para conservar privilegios o para garantizar sus intereses personales o de grupo. Es esta minoría la que ve un motivo de discordia en las reformas propuestas para modernizar la vida y la política del país”.

Hoy podrán alegar mil cosas los priístas acerca de la unidad y ensalzar a Beltrones, pero en el fondo del documento publicado se encuentran las razones de la inconformidad de miles de priístas –quizá no sean la mayoría, ni vayan a ir más allá– que son los espacios otorgados a los partidos aliados (Panal y Pvem) y la supresión de las cláusulas que le darían a la contienda interna, de haberse dado, condiciones de mayor equidad.

Fuera de ella el sonorense, queda el problema de las candidaturas a las diputaciones y senadurías por lo que, al contrario de lo afirmado por el gobernador chihuahuense, César Duarte, (dijo que lo peor ya había pasado, refiriéndose a la declinación de Beltrones y al hecho de que, probablemente, no haya contienda interna) aún quedan muchas etapas difíciles para su partido pues deberán afrontar a los priístas que se oponen a entregarle la primera fórmula de candidaturas al senado en Chiapas a Mónica Arriola, la hija de Elba Esther Gordillo, y a que en esa misma entidad ya se haya decidido entregarle la candidatura al gobierno del estado a Manuel Velazco, senador del Pvem; o a los priístas de Quintana Roo, reacios a aceptar como candidato de la primera fórmula a Jorge Emilio González, el “Niño verde”, ex dirigente nacional del mismo partido.

Los priístas de Sinaloa protestan por igual razón, pues allá le entregarán esa posición al Panal, y los de Puebla porque al mismo partido le adjudica, el pacto aliancista, la segunda fórmula de las candidaturas a senadores y ahí la protesta es mayor pues, acusan, el partido de Gordillo fue aliado del PAN en las elecciones a gobernador que perdieran el año pasado. A la vista de tales acontecimientos cuesta trabajo decir que lo peor ya pasó para el PRI. No, porque con tales acontecimientos se puede fortalecer la percepción, en una parte importante del electorado desilusionado del PAN y opuesto a votar por la izquierda, o por López Obrador, que el regreso del PRI, con todos los defectos de antes, es una posibilidad real y, por ende, descartarían votar por el priismo. ¡Vaya sorpresas!

martes, 22 de noviembre de 2011

Los “indignados” del PRI

El Diario, 22 de noviembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
Tal parece que la dirigencia nacional del PRI está pecando de soberbia, de otra manera no se pueden entender los traspiés del presidente de ese organismo, Humberto Moreira, al decidir en pleno uso de sus facultades estatutarias –dicen los enterados de ese partido– el cambio en algunas de las cláusulas de la convocatoria del proceso interno que lo ha llevado a recibir duras, durísimas críticas, de innumerables dirigentes y legisladores priístas por el, dicen, desmedido otorgamiento de posiciones a los partidos aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y al Partido Nueva Alianza (PANAL).

Son de tal grado la oposición y la molestia ocasionadas que han llevado al mismísimo Manlio Fabio Beltrones a plantearse la duda acerca de su participación en el proceso electoral del 2012. Ojo, no planteó su posible inclusión en la elección interna para definir al candidato presidencial, sino su propia participación en las elecciones.

Más tajante ha sido la oposición del ex candidato presidencial, Francisco Labastida, quien ha expresado vivamente su rechazo a la alianza con el partido dirigido en la práctica por Elba Esther Gordillo, el PANAL, y ha dicho que en lugar de sumarles votos, se los restará. Dijo que la dirigencia de Moreira “Está preocupándose más por hacer alianzas con el PVEM y con el PANAL que lograr la unidad interna del partido y es mucho más importante ésta que la alianza”.

Y es que las modificaciones efectuadas por Moreira son de las que levantan ámpula. Unas son las referentes al proceso de elección interna y otras son las posiciones otorgadas a los partidos aliados.

Como si necesitara más apoyos el cuasi candidato presidencial, el dirigente nacional cambió la cláusula mediante la cual ahora, quienes apoyen la inclusión de determinado aspirante como precandidato, ya no podrían hacerlo por otro aspirante.

Asimismo, la otra cláusula modificada es aquella referente a la prohibición, existente en la aprobada por el Consejo Nacional, a que los militantes con puestos de elección popular (entiéndase bien, sobre todo los gobernadores) expresaran sus simpatías hacia alguno de los precandidatos.

En aras de un supuestísimo respeto a la libertad de expresión a los mandamases del partido, Moreira suprimió tal prohibición, seguramente pensando en la necesidad de que los priístas pudieran ver bien las señales emitidas por sus jefes de los palacios de gobierno, es decir, para decirlo en términos del priísmo, para propiciar la “cargada”.

El otro motivo de indignación es la alianza con el PANAL y el PVEM; innecesaria, sostienen la mayoría de quienes la rechazan. Son de tal grado las expresiones de repudio que ya la ex presidenta nacional, Dulce María Sauri Riacho, ha pedido la renuncia de Moreira “para que haga frente a las acusaciones en Coahuila” y otros, se habla de numerosos senadores y diputados federales, están considerando la posibilidad de inconformarse ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal.

A su vez, el dirigente del Movimiento Territorial (MT) del tricolor, Carlos Flores Rico acusó a Moreira de alterar el sentido de seriedad de la elección interna, pues tales cambios no permitirían “una elección equilibrada del candidato presidencial del PRI”. Vamos, hasta el dirigente del sector obrero prisita, Joaquín Gamboa Pascoe, expresó su inconformidad a los cambios de la convocatoria.

Más aún, sabedora de los peligros que puede correr su partido, Sauri Riancho (dirigente nacional en las elecciones del 2000) advirtió acerca del riesgo de división ya que los cambios efectuados, sostuvo, buscan “arrinconar a Beltrones”.

Realizar tales cambios, con semejantes reacciones, concita una razonable duda: Que Moreira tiene lecturas muy distintas a las conocidas públicamente, las cuales muestran, sí, una ventaja de Peña Nieto, pero no en los niveles conocidos, que puede disminuir a medida del avance de las campañas electorales y eso lo llevó a otorgarle tanta importancia y espacios a los partidos coaligados.

¿Será?

domingo, 20 de noviembre de 2011

Pie derecho

El Diario, 20 de noviembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
Cuesta trabajo recordar otra entrevista en la que un protagonista político planteara tan clara y firmemente su oposición a las políticas y acciones de la principal empresa de la televisión mexicana, Televisa.

La noche del miércoles, en el principal noticiero televisivo del país, Andrés Manuel López Obrador dio un campanazo más en el incipiente proceso electoral, rumbo a la elección del primer domingo de julio próximo.

El primero fue haber ganado en las encuestas efectuadas para encontrar al candidato de la izquierda mexicana, y el modo en que se resolvió. En esa mañana del lunes pasado las fuerzas de la izquierda electoral se amanecieron con dos aspirantes a la presidencia de la república, el tabasqueño para el 2012 y Marcelo Ebrard para 2018. Sí, falta mucho tiempo para la última fecha, pero la izquierda cuenta, ya, con ese capital político.

En pocas ocasiones unas cuantas frases dichas por alguien se pueden recordar al paso de muchos años. Las expresadas por López Obrador el miércoles por la noche son de esas. El conductor Joaquín López Dóriga le dio la bienvenida y, a continuación, sin interrupciones, AMLO lanzó verdaderos obuses, eso sí, dichos con serenidad y hasta cierta cortesía:

“Muy buenas noches Joaquín. Quiero agradecerte, agradecerle a Televisa por esta invitación, por estar luego de cinco años de cerrazón hacia mi persona y hacia el movimiento que represento; esto me ha llevado, en este tiempo, a hacer la crítica a Televisa de manera franca, abierta, directa, como me gusta decir las cosas. He venido sosteniendo, en las plazas públicas, que Televisa ha venido en este tiempo proyectando a (Enrique) Peña Nieto, con el propósito, la pretensión, por primera vez en la historia, de imponer, mediante la mercadotecnia, al próximo presidente de México.

Es todo desde luego no lo comparto, creo que nadie puede suplantar el derecho del pueblo de México a elegir libremente a su autoridad, a su presidente.

Dicho esto, porque no podría venir aquí sin decirlo, me gusta decir lo que siento, no soy hipócrita, también te digo que no soy poseedor de la verdad absoluta, que soy partidario de la reconciliación, que yo no odio y que tenemos que sacar adelante al país sin odios ni rencores y yo quiero, como ustedes, contigo, con todos los trabajadores de Televisa, con los que tengo buena relación y respeto, y con los directivos de Televisa, iniciar una nueva etapa y quiero que podamos darnos el beneficio de la duda, porque el país lo requiere, tiene que haber equidad, tiene que haber libertad plena para que el país salga adelante, vamos a sacar a todos, a México entre todos, a México de esta lamentable situación en que se encuentra.

Y todos tenemos que actuar con responsabilidad poniendo por delante de tus intereses personales, por legítimos que sean, o de los intereses de grupos, por legítimos que sean, el interés general.

Yo ofrezco la reconciliación, extiendo mi mano franca”.

Acto seguido, le extendió la mano a López Dóriga y éste le correspondió, además, con una sonrisa. A continuación dio inicio a la entrevista que, dijo, les había ofrecido a todos los aspirantes a la presidencia de la república.

Pero esas frases, el tono en el que fueron expresadas y la calma del aspirante presidencial, hicieron recordar al escribiente otras, las expresadas por Porfirio Muñoz Ledo a Ernesto Zedillo en la presentación del tercer informe presidencial en 1997, cuando el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Cada uno de nosotros, dijo Muñoz Ledo, somos menos que vos, pero, juntos, somos muchos más que vos. Ahí empezó a fincarse la etapa final de la derrota del PRI en las elecciones presidenciales.

Seguramente que la entrevista mencionada influyó en el ánimo de muchos mexicanos, pero el anuncio de su triunfo en las encuestas surtió efectos inesperados desde que se diera a conocer, en lo que puede ser una de las primeras sorpresas del actual proceso electoral.

Otro de sus más contumaces críticos, el periodista Ciro Gómez Leyva, preguntó en su colaboración editorial en Milenio que si López Obrador podía derrotar a Peña Nieto. “Después de lo visto y escuchado en las últimas 48 horas, la respuesta tiene que ser sí, definitivamente sí. Ya entró en una espiral ascendente. Tiene causa, proyecto y, si es hábil, tendrá grupo”. (LA HISTORIA EN BREVE, 17/XI/11).

Sus primeras palabras, escribió, “hacen creer que aprendió la lección de 2006 y que en 2012 no será un justiciero soberbio, ni un Mesías, sino un candidato que buscará de los convencidos, de los dudosos y de los reacios… Hay millones de mexicanos que no están enamorados de Peña Nieto. Y millones que no le darán una tercera oportunidad al PAN, así venga con perfume de mujer… López Obrador tiene siete meses y medio para seducirlos. Tiene mucho tiempo”.

A su vez, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Mario Sánchez Ruiz, quien era presidente de la Concanaco en 2006, afirmó no estar “viendo a López Obrador como un peligro… Los tiempos –dijo– traen cambios y habrá que analizar cuáles son los planteamientos; tenemos que esperar a que se nombre a los demás candidatos y los escucharemos a todos”. (Nota de Claudia Herrera Beltrán, La Jornada, 18/XI/11).

Además, sostuvo, que la propuesta y el discurso del tabasqueño “son distintos”.

En el ámbito local, y coincidiendo con lo expresado por varios dirigentes nacionales de su partido, el ex gobernador Patricio Martínez calificó a AMLO como un adversario difícil, que “dará batalla en la elección… con todo y las derrotas anotó importantes triunfos para la sociedad con su discurso, con su oposición, al gobernar con su oposición, yo creo que no es ningún adversario que pueda dejarse de lado, es adversario batallador”.

Pero si hubiera que ubicarse este vuelco en las preferencias electorales –|por supuesto no se plantea que está en condiciones de ganar las elecciones en este momento, pero sí que será un competidor muy serio para quien aparece en el top de las preferencias, el priísta Enrique Peña Nieto– hay a la mano dos hechos que deberán concitar la atención de los protagonistas electorales:

Uno, ya mencionado en estas páginas, es el de las exitosas reuniones de empresarios regiomontanos con López Obrador, y el otro, el resultado del sondeo de El Diario-Juárez en el que, contra todo pronóstico, sobre un universo de 9 mil 741 votos AMLO obtiene el 40% frente al 32% de Josefina Vázquez Mota y el 29% de Peña Nieto (el más grande obtenido por sondeo alguno y del cual da cuenta Gabriela Minjares, El Diario, 19/XI/11, cuando habían votado 9 mil 435 y en el que el izquierdista alcanzaba el 39%).

De la expectación creada nos podemos percatar porque el “… El total de votos recibidos al cierre de esta edición rompió el récord de participación en los 785 sondeos electrónicos realizados a la fecha por El Diario en la página de Internet, pues ninguno de ellos había superado los nueve mil sufragios, y sólo tres habían alcanzado cifras superiores a los ocho mil… La tendencia en los resultados se fue modificando cada día desde que se activó el sondeo el martes pasado”. (Ibídem).

Pero los simpatizantes del tabasqueño no debieran lanzar las campanas al vuelo, estas son apenas algunas expresiones, que reflejan lo sostenido constantemente aquí, aún no está dicho nada en relación a la elección presidencial, pero de que hay un mundo de cambios en las percepciones en una buena parte de la sociedad, alrededor del candidato de la izquierda, ni duda cabe.

Un parámetro es este sondeo que, por supuesto, no refleja las preferencias del antiguo Paso del Norte sino solamente el de un sector, no todo avecindado en esta ciudad, de las capas medias y medias altas, pero si ciudadanos de esta franja socioeconómica están optando por el tabasqueño significa que la disputa por los votos de ella será muy cerrada y que pudiera darse la posibilidad de que la contienda se convierta, otra vez, en parejera, ahora entre el priísta y el perredista.

Y todavía falta lo que suceda al interior del PRI, por lo pronto existe una molestia generalizada por los términos de la alianza pactada por Humberto Moreira –claro, a nombre del Comité Nacional– con el PANAL y el Verde Ecologista. Hombres como Manlio Fabio Beltrones y Francisco Labastida ya plantearon seriamente su rechazo a tal alianza, en esos términos, amén de las opiniones expresadas por otros militantes del resto del país.

Así, sin que se previera, ahora resulta que la izquierda parece –en este momento–| salir mejor librada de los prolegómenos de las elecciones internas, y con un candidato que inició de la mejor manera.

Veremos.