Cierre “trepidante”

El Diario, 31 de mayo de 2015

Luis Javier Valero Flores

Realmente no es sorpresivo que la actual campaña electoral, cuyo cierre es el próximo miércoles, no haya despertado mayor interés entre los chihuahuenses, así son todas las que se realizan a mitad de los sexenios federales; a muy pocos ciudadanos les interesa quienes pueden acceder a la Cámara de Diputados.

Decir a muy pocos probablemente sea una exageración, es probable que vote arriba del 30 y abajo del 40% del electorado en Chihuahua, es decir, entre 750 mil y un millón de ciudadanos. No son pocos, no serán la mayoría, pero serán quienes tomaron la determinación de optar por algún candidato, o algún partido.

No se podrá decir lo mismo para quienes no acudan a votar el próximo domingo. Es probable que algunos, o muchos, de quienes no vayan a votar, lo hagan en rechazo a todos los partidos (-son todos iguales, dicen, y no les falta razón, por lo menos en parte), lo más seguro es que la mayoría de los abstinentes lo sea por puro desinterés sobre la “cosa” pública, a causa de nuestra deficiente cultura democrática.

Para nadie es un secreto (por lo menos entre el electorado interesado) que del resultado de las elecciones en Chihuahua dependerá, en mucho, las determinaciones de los partidos para las del año próximo. No sólo influirán en ello, también, seguramente en, por ejemplo, la determinación acerca del próximo período gubernamental.

Si el PRI obtuviera un resultado similar al de hace 3 años, probablemente el gobierno de Peña Nieto no tendría objeciones en el proyecto del Gobernador Cesar Duarte de aprobar la minigubernatura de dos años y hasta el de dejarle las “manos libres” para la designación del candidato del PRI al gobierno estatal, en virtud de que “entregaría buenas cuentas”, con un resultado de 8 distritos al PRI y 1 al PAN, lo que dejaría, de concretarse en votos lo que la mayoría de las encuestas establece que el PRI-Verde rondaría los 235-240 diputados federales.

De ahí la importancia de uno o más distritos en los que el PRI está presionando y que podrían significar, no sólo la diferencia para los desenlaces futuros en la entidad, sino en el ámbito nacional.

Ello podría explicar el hecho de que, en un giro de 180 grados, el gobierno de Chihuahua y el partido gobernante decidieran ponerse al frente de las acciones en contra del candidato más “débil” del PAN, en un distrito, el 06 de la capital, que cuenta con un elevado porcentaje de electorado filopanista, razón por la cual ha obtenido el triunfo en varias ocasiones y en el cual contiende el ex alcalde Juan Blanco, quien de triunfar se colocaría como uno de los posibles contendientes para el 2016.

Asombran las acciones del grupo gobernante en Chihuahua. Echaron por la borda todas las directrices de las estrategias electorales. A lo largo de la campaña se habían mantenido con un muy bajo perfil; no quiere decir que el Gobernador Duarte y su equipo estuvieran lejos de las campañas, al contrario, pero algo sucedió, algo leyeron que los llevó a cometer uno de los peores errores.

Todo era “normal” hasta el momento en que el candidato de Movimiento Ciudadano por el 6o. distrito,  el expanista Alan Falomir, lanzó la información -Juan Blanco es deudor de Unión Progreso (UP)-. Para reforzar su denuncia la acompañó de la foto que se tomaran Blanco y Duarte, cuando éste buscaba la gubernatura y que le costó al primero la acusación de haber traicionado al PAN y a su candidato, Carlos Borruel.

Luego, las torpezas de Blanco y su equipo al negar la participación en la multimencionada unión crediticia. Brotaría luego la información, efectivamente, Pizzas del Rey, la empresa de los hermanos Blanco sí es socia de UP, sí tiene un adeudo, cayó en mora en ese crédito ¿Y?

¿De cuándo acá el hecho de que un candidato haya caído en cartera vencida, con una institución privada, forma parte de las discusiones de las instituciones del Estado Mexicano, en este caso del Poder Legislativo de Chihuahua?

Pues sí, la coalición gobernante en Chihuahua (PRI, Verde, Panal, PT, PRD y Movimiento Ciudadano) resolvió utilizar la tribuna del Congreso del Estado para echarle en cara a Blanco ser “mala paga” y aprobó un punto de acuerdo para solicitarle a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) les otorgue la información del crédito de los hermanos Blanco, del monto, de los pagos y de todo lo concerniente, sin importarles que se trataba de asuntos entre particulares y que, en todo caso, si hubiese reclamos de UP pues está en pleno derecho de interponer todos los recursos judiciales existentes.

Pero no había que ir muy lejos por las verdaderas razones. A voz en cuello distintos diputados de la mayoría parlamentaria lo dijeron en un verdadero alarde de torpeza política: “Lo estamos denunciando porque Juan Blanco es un candidato y es un exponente de la doble moral… atenta contra la moral pública deber dinero y no pagarlo… lo único blanco del candidato es su apellido”.

¿Qué caso tenía lanzar la fuerza del Gobierno del Estado en contra de un candidato que, por los hechos denunciados, no ha cometido delito alguno?

¿Es un regreso al pasado, de cuando los candidatos de oposición luchaban, no contra los candidatos del partido gubernamental, sino contra el Estado mismo?

Conscientes de su error -a lo mejor- el jueves, en la voz del diputado de Movimiento Ciudadano, Fernando Reyes, exigieron el esclarecimiento de los créditos otorgados por el Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (Fideapech), procedentes del programa “Todos somos Juárez”, a tres empresas propiedad de los hermanos Blanco.

Y ahí sí pueden tener razón, se trata de recursos públicos; igual le ocurrió al candidato del PRI-Verde al 9o. distrito, Carlos Hermosillo, el diputado panista Rogelio Loya exigió, también, el esclarecimiento de los supuestos créditos otorgados a este candidato.

Otra vez ¿Y?

Si ambos candidatos le deben a Fideapech y no quieren pagar, pues que éste organismo plantee los asuntos en las instancias judiciales correspondientes. Por lo que sabemos son controversias civiles o mercantiles y estar bajo un proceso de este tipo no los imposibilita para ser candidatos.

Así, lo que subyace en la disputa electoral del distrito 06, no sólo es la definición de las candidaturas al gobierno estatal sino, también, aparentemente, la conducción de Unión Progreso pues resulta que las denuncias públicas presentadas develaron que mas bien se trata de “fuego amigo” pues nos enteramos que en esa unión crediticia también participan los hermanos de Gustavo Madero, además del actual presidente municipal de Delicias, Jaime Beltrán del Río, por supuesto los hermanos Blanco, además de todos los señalados en la denuncia penal presentada por Jaime García Chávez.

¿Quién más?

De este modo, las evaluaciones sobre las campañas realizadas, los balances de ellas, las propuestas y posturas de candidatos y partidos pasaron a segundo término, lo importante, por lo menos en materia político-electoral, pasó a segundo término.

Está de tal manera imbricada la actual elección con la sucesión gubernamental que a dos semanas de las elecciones, el tema de la mini gubernatura de dos años ocupó parte importante de las reflexiones de los dirigentes nacionales del PRI y del PAN, además de la mayoría de los dirigentes de los organismos empresariales.

No podrán echarse en saco roto las declaraciones, tanto de Ricardo Anaya, ex presidente nacional del PAN y actual coordinador de los diputados federales del PAN, como del presidente nacional, Gustavo Madero, ambos en la postura de rechazarla.

Más cauto, César Camacho, dirigente del PRI nacional, lanzó un bote de agua fría al grupo gobernante local, al aseverar que la propuesta de la mini gubernatura era un asunto que debería “considerarse” y… nomás.

El tema llevó a que controvirtieran públicamente los dirigentes empresariales más identificados con PRI y PAN, respectivamente, Eduardo Ramírez, de la Canaco chihuahuense y su contraparte, Alvaro Madero, de la Coparmex de la capital, al que, en otra infortunada declaración, el coordinador de los diputados locales, Rodrigo De la Rosa (recordemos que fue quien informó que entre broma y broma, en la fiesta de cumpleaños del Gobernador Duarte y en la mesa en que éstos se encontraban, se mencionó lo de la gubernatura de dos años como una broma más), acusó de haber “manipulado” a los empresarios del estado para que se pronunciaran en contra de la mini gubernatura.

Sin embargo, ya en el terreno de lo estrictamente electoral, de las encuestas publicadas por El Diario, realizadas en los distritos juarenses por la empresa Afirme, contratada por nuestra casa editora, mostraron resultados hasta cierto punto inesperados pues en todos los distritos de Juárez las preferencias apuntan al PRI-Verde, incluido el 03, en el que la diferencia es menor al margen de error, razón por la cual se asume como un empate técnico, pero que en realidad muestra adelante a la candidata María Avila.

Que mostraran ventaja para el PRI-Verde no es la sorpresa, ésta la constituyen las cifras dadas a conocer. La manifestación de preferencias electorales en el municipio de Juárez le otorgó un “normal” 30% al PRI y un “inusual” 12% al PAN, algo que no ha sucedido en elección alguna, por lo menos desde 1983 a la fecha, en elección alguna celebrada en el antiguo Paso del Norte.

Panorama distinto es el que aprecia la dirigencia estatal del PAN -al parecer, única fuerza en posibilidad de disputarle al PRI la hegemonía en esta elección- pues su presidente estatal asegura estar arriba en 5 distritos -distritos 3 de Juárez, 6 y 8 de Chihuahua, el 5 de Delicias y el 7 de Cuauhtémoc- sin que hasta la fecha hubiese dado a conocer el nombre de la empresa encuestadora.

Es probable que estemos en el borde de la manifestación de una profunda crisis de credibilidad a las empresas encuestadoras y el electorado no esté aportando los datos necesarios y correctos para poder evaluar correctamente las tendencias electorales.

O a lo mejor nos estamos equivocando en la lectura de la actual situación.

El domingo próximo, por la noche tendremos oportunidad de reflexionarlo de mejor manera.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Escuelas de tiempo completo, urgen

El Diario, 28 de mayo de 2015

Luis Javier Valero Flores

El anuncio era esperanzador. A fines del 2013, el coordinador de las escuelas de tiempo completo en Juárez, Carlos Murillo, informaba que habría el doble de esos planteles para el siguiente ciclo, el 2014-2015. En esa fecha existían 100, de las cuales 55 brindaban alimentos en beneficio de 25 mil alumnos. (Nota de Francisco Chávez, El Diario de Juárez, 19/XII/13).

Para el funcionamiento de tales planteles, la Federación había erogado 45 millones de pesos. En ese momento existían en el estado de Chihuahua 467 (caracterizadas porque amplía su horario de atención a jornadas de entre 6 y 8 horas, “para fortalecer la calidad de los aprendizajes; optimizar el uso efectivo del tiempo escolar con el objetivo de reforzar las competencias lectoras, matemáticas, de arte y cultura, de la recreación y desarrollo físico y, por último, fortalece los procesos de la inclusión y convivencia escolar…”).  (Ibídem).

La realidad fue otra. Para el ciclo 2014-2015 el número de escuelas bajó a 77 en Juárez, pero en el resto de la entidad pasaron de 457 a 669, “debido a que cambiaron las reglas de operación del programa y dieron prioridad a las primarias”, pues quitaron a las escuelas secundarias y a las escuelas de doble turno. A pesar de todo, los beneficiados subieron a 71 mil 933 alumnos. (Nota de El Diario, 19/II/15).

De ellas, en la ciudad de Chihuahua pasaron de 23 escuelas en el ciclo 2012-2013; a 59 en el siguiente ciclo y llegaron a 61 en la actualidad.

Sin embargo, el recorte aplicado a las escuelas juarenses para el presente ciclo afectó a 5 mil niños que dejaron de recibir alimentos en los comedores escolares, así como las asignaturas especiales de arte y ciencias. (Nota de Francisco Chávez, El Diario de Juárez, 19/II/15).

¿Porqué detenerse en tales cifras?

Por una razón que salta a la cara, que los ciudadanos comunes no se detienen, ni siquiera, un momento a reflexionar, porque forma parte sustancial de su realidad cotidiana: 

¿Qué hacer con los hijos si se debe acudir al trabajo?

¿Quién va a “ver” por ellos mientras regresan de sus labores?

¿De cuántas tragedias nos hemos enterado por la única razón de que algunos niños se encuentran solos en sus casas?

La tragedia del niño Christopher Márquez y sus asesinos va develándose poco a poco. Uno de ellos, de 15 años, padece de disfunción mental. De acuerdo con las normas, después de que sea correctamente diagnosticado, será declarado inimputable. Otra de las niñas, aparentemente, es rarámuri, con muy escaso dominio del español y huérfana de padre y madre.

Deberemos esperar más sorpresas -¿Serán sorpresas a la luz de nuestra realidad?- en el curso de los próximos días, pero las responsabilidades de todos ellos deberán asumirlas de acuerdo con nuestro marco legal, sin embargo, de ninguna manera, al castigarlos, nos prevendrá de la aparición de más acontecimientos como ese.

De ahí la importancia de las escuelas de tiempo completo. En estos días, al abordar el tema, numerosos actores políticos y sociales (incluidos los gubernamentales), además de los candidatos a diputados federales, se llenan la boca de las recetas que se deben aplicar para evitar tragedias como aquella.

Día y noche nos lanzan las frases de que deberemos recuperar los “valores perdidos”, que debemos regresar a los valores inculcados por la “familia”, que a ésta, “célula fundamental de nuestra sociedad”, deberemos rescatar.

¿Pues que no se dan cuenta que esa figura bucólica -la de mamá en casa, papá en el trabajo, los niños en la escuela y en el parque- forma parte del pasado de una fracción de la sociedad de antes, que es realidad para otra fracción menor del Chihuahua de hoy?

Y lo es por muchas razones, entre ellas, de manera destacada, el hecho de que ambos padres -cuando existen los dos- deben trabajar y que en el caso de por lo menos el 30% de los hogares chihuahuenses sólo existe madre de familia.

Y si nadie puede sustituir en el día a la mamá, o a los papás, entonces ¿Porqué no debe sustituirlos el Estado Mexicano a través de sus instituciones, una de las cuales debieran ser las escuelas de tiempo completo, en las que, además de la impartición de distintas materias, se les otorgue un alimento para, de pasada, combatir la desnutrición infantil?

Del análisis de la realidad de Christopher y sus victimarios llegaremos a la conclusión que su tragedia pudo ser evitada si alguna institución del Estado Mexicano hubiese actuado a tiempo.

Aplicar de manera distinta el presupuesto es prioritario y para el caso de Chihuahua, ampliar contundentemente el número de escuelas de tiempo completo puede convertirse en uno de los mejores mecanismos para combatir la desigualdad social, la marginación, la desnutrición y podría ser el mejor instrumento para mejorar los índices sociales, además de los educativos y contribuiría al fortalecimiento de la cobertura total en los niveles de educación media, media superior y superior, el programa estelar de la actual administración estatal.

Llevar las escuelas de tiempo completo a todos “los polígonos de pobreza” podría llegar a ser uno de los principales aciertos de los gobernantes, cualesquiera que éstos sean.

De no hacerlo, nos arrepentiremos hondamente.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Cambiar a fondo

El Diario, 24 de mayo de 2015

Luis Javier Valero Flores

A muy pocos podría sorprender que la señora Tania Mora, madre del niño Christopher Márquez Mora, victimado en la ciudad de Chihuahua la semana anterior, y a su familia se les ocurriera pensar que el equipo de Laura Bozzo -la titular de uno de los programas estrella del canal de “las estrellas”, el 2, de Televisa, pues se transmite diariamente a las 3 de la tarde (hora de la ciudad de México)- era el único que les podía ayudar, y además, seguramente y pecando de una honda especulación que podría generar algunos dividendos económicos, además de la muy natural intención de buscar “justicia”, como lo han dicho reiteradamente en estos días a partir de la tragedia, y que encubre el ánimo de venganza simple y llana.

Tampoco nos podíamos llamar a sorpresa que en la manifestación realizada ayer sábado, en la que se exigía el castigo carcelario a todos los presuntos asesinos del niño Márquez, algunas decenas de personas exigieran el regreso de Laura Bozzo “porque ella sí cumple”.

Triste y espantosa paradoja que una de las causantes de la tragedia, no sólo buscara la exclusividad de las imágenes y la voz de la señora Mora, sino que, encima, pretendiera lucrar con el infanticidio.

Porque al detenerse en ello, sí se señala a la conductora televisiva, pero fundamentalmente nos referimos a Televisa, la formadora y creadora, no sólo de una especial forma de pensar, sino que se trata de la empresa que más ha influido en los patrones de conducta de decenas y decenas de millones de mexicanos (y de otras latitudes); la empresa que acapara la atención televisiva de los mexicanos y que está convertida en la mayor propietaria de estaciones de radio en todo el país y cuyos propietarios son los más grandes y poderosos empresarios de México.

Sí, la que apareció con la pretensión de convertir el asesinato de Christopher en su espectáculo exclusivo, fue la señora Bozzo, pero para transmitirlo en el canal que, a través de, por ejemplo, los programas de El Chespirito, denigró durante décadas a los pobres y a los minusválidos (“es que Chespirito es muy tonto”) y que ahora se desgarra las vestiduras por la existencia del “bullying”, pero que en ese programa adquirió carta de naturalidad.

Bueno, pues esa empresa y aquel programa tienen, ante ciudadanos muy pobres, mayor credibilidad que las instituciones del Estado Mexicano. “Laura sí cumple” es la lapidaria frase que corrobora tal juicio.

¿Pero cómo no llegar a las conclusiones de los manifestantes sabatinos si en las Laderas de San Guillermo de todo el país no existe justicia, no hay empleo, si los salarios -cuando los hay- son de hambre; si no hay escuela, si no hay quien pueda suplir a las madres -y también a los padres, cuando los hay- que deben, en la práctica, abandonar a sus hijos para ir a cubrir extenuantes jornadas laborales y las empleadas en el traslado a los centros de trabajo?

¿De dónde podemos sacar las trilladas frases de “cultivar los valores familiares”, pues esa es responsabilidad de los padres, dicen las “buenas conciencias”  -y nadie puede sostener lo contrario- si en esas casas falta lo necesario para sobrevivir?

¿Qué se puede hacer si, en el mejor de los casos, esa familia tiene un ingreso de 3 salarios mínimos mensualizados, equivalente a poco más de 6 mil pesos y en esa situación se encuentran 65 de cada 100 trabajadores en Chihuahua?

Así, qué fácil es criticar a los padres de familia de los niños y adolescentes abandonados diariamente en sus casas, o en sus barrios y colonias, a causa de un régimen económico planeado para elevar la competitividad, la competencia comercial, el crecimiento desmesurado de las ganancias y el abandono del Estado Mexicano de todas sus responsabilidades sociales.

¿A quién le importan esos miles de niños que deambulan, durante largas horas, diariamente, en las calles, a la espera del regreso de la mamá, o del papá?

¿Cuál es su familia, es decir el lugar y las personas con las que vive? Pues la “tele” y los amigos del barrio, con todas las características que nuestra sociedad ha acumulado a lo largo de los últimos años.

¿Cuáles los ejemplos de “los valores de la familia”?

Ah, pues los que difunde Laura Bozzo…… y las novelas que le siguen en la programación de ese canal, y las de la realidad cotidiana.

¿Servirá, como medida preventiva para el resto de la sociedad, aplicarle a los acusados del asesinato la peor y más severa de las penas para prevenir que haya más crímenes como el que ahora nos acongoja?

¿Podremos evitarlo? ¿Nos imaginamos, siquiera, el número de niños como Christopher y sus asesinos? ¿Cómo hacer para que las causas -o los factores- que precipitaron tal tragedia, cesen o se atenúen?

No faltarán las voces llamándonos a asumir, todos, nuestra parte de la culpa y sí, podrán tener la razón, o una parte de ella, pero las dimensiones y la complejidad de la sociedad actual hace que la responsabilidad mayor, inmensamente mayor, es la de quienes dirigen al Estado Mexicano.

La tragedia del asesinato es, a pesar de todo, una de las seis tragedias; estas son, la de Christopher y la de sus presuntos asesinos.

Con los días accederemos a la de éstos últimos, por lo pronto ya pudimos asomarnos a la de una de ellos, la de una niña de 13 años, rarámuri, que apenas entiende el español, huérfana de padre y madre. Ante esas ausencias ¿Quién debería inculcarle los valores cívicos, es decir, los necesarios para poder formar parte, asimilada, de la sociedad?

Paradójicamente, de ser encontrada corresponsable, podrá encontrar, en la aplicación de la pena -cualquiera que sea- la vigilancia y cobertura del Estado que antes no tuvo.

Y ese es el fondo del problema, la ausencia de políticas públicas que sustituyan la ausencia de los padres, o permitan que éstos puedan cumplir de mejor manera con sus responsabilidades familiares y societarias.

Ante tragedias como ésta, luego del ánimo vindicatorio, sobreviene, o el olvido o la impotencia. No es raro escuchar que son situaciones -las de la pobreza y la marginación- imposibles de cambiar.

Nada más falso, en manos de la sociedad, y por ende, en manos de las capas gobernantes, se encuentran las soluciones, no son fáciles, ni los políticos mexicanos están tan dispuestos a asumir sus responsabilidades en la generación de tragedias como las que vivimos.

Por supuesto no es por la vía asistencial -que el Estado mexicano ha practicado en los últimos 40 años- sino por el cambio, profundo, de la política económica, parte central de la cual debiera ser la imposición del salario mínimo a los niveles marcados por la norma constitucional, es decir, que sea suficiente para sufragar los gastos de una familia, en todos los aspectos, lo que lo llevaría a niveles no menores a los 500 pesos ¡Diarios!

Proponer una medida de esa magnitud mueve al escándalo -¡Nadie vendrá a invertir!; ¡Ningún negocio puede soportarlo!; ¡Quebrarían todas las empresas!

Pues no, incrementar a tales niveles los ingresos familiares podría convertirse en el mejor revulsivo de la economía mexicana; al incrementarse el poder adquisitivo de una parte sustancial de la sociedad (ni más ni menos que la mayoritaria, y por mucho) una buena cantidad de las empresas existentes incrementarían sus ventas, la producción nacional se elevaría, mejorarían los niveles de captación fiscal, por ende los recursos federales, y disminuiría la dependencia de México de la economía norteamericana.

Pero ese factor incidiría, casi de manera inmediata, en los niveles de mayor pobreza, no por la vía de la despensa o de la beca (que no deberían de desaparecer), sino de los niveles salariales. Muchas mamás ya no irían a trabajar, se podría recuperar, en parte, la estructura familiar, y no porque coincidamos en que las mujeres deben quedarse en la casa, al contrario, deberíamos encontrar la manera de permitir la realización personal, profesional de ellas y la armonización con su papel de madres.

Y para mejorar el entorno y contribuir a la construcción del entramado social son necesarias ingentes cantidades, millonarias, procedentes del erario federal para la construcción de toda la infraestructura necesaria, para hacer de las colonias, barrios y fraccionamientos el centro de esa comunidad; es decir, la construcción de la infraestructura deportiva y la de los centros de convivencia social, en cada una de las unidades habitacionales.

Pero fundamentalmente con la participación de los profesionales, especialistas de cada materia, sostenidos por el Estado Mexicano. Y, además, con la implementación, universal, de las escuelas de tiempo completo, las que disminuyeron, para este año, en el municipio juarense, casi en un 25%. (Nota de Francisco Chávez, El Diario, Juárez, 20/V/15).

¿Que no hay dinero?

Bastaría con destinar a ello los dos tercios de lo que hoy gastamos en la seguridad pública, no hay mejor instrumento para mejorarla que elevando los estándares sociales, es decir, aplicando cifras mayores a las de 200 mil millones de pesos al año y desapareciendo el oprobioso régimen de consolidación fiscal, mediante el cual los más poderosos le esquilman al país más de 300 mil millones de pesos anualmente (cifra conservadora) pues les permite declarar al fisco que sus empresas, todas, o pierden, o alcanzan mínimas ganancias, pero que a ellos, los propietarios, les permite ubicarse entre los más ricos del planeta.

Pues que les avisen, el negocio de las gallinas de oro se está incendiando y se está convirtiendo, a pasos agigantados, en ingobernable, no sólo por la aparición de conflictos como los de Guerrero, Michoacán, Jalisco, Tamaulipas y Baja California, más los que se acumulen en la semana, sino porque tragedias como la ahora abordada se repetirán.

Que alguien les diga que la matazón del sexenio anterior, y la del presente, es posible porque existen miles y miles de niños y jóvenes cuya existencia es semejante a la de Christopher y sus asesinos.

Los ejércitos de sicarios los hemos formado, generado, paso a paso, y sólo cuando la tragedia toca nuestras puertas, entonces gritamos, enloquecidos, que los linchen, ¡Quémenlos con leña verde! ¡Cometieron el crimen como adultos, senténcienlos, castíguenlos como adultos! ¡Y también a los padres! ¿Pues qué se han creído?

Y entonces nos topamos con dos de las caras del mismo problema, la de los asesinos y la de la sociedad que quiere venganza, no justicia.

Es decir, la intolerancia extrema.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

¿Cuántos Christopher’s nos esperan?

¿Cuántos Christopher’s nos esperan?

Luis Javier Valero Flores

El asesinato del niño Christopher Márquez Mora, a manos de cinco niños y adolescentes, todos menores de 16 años ha desatado, no sin razón, una gran preocupación y ha dado pie a la salvaje develación, por otra parte, de varias de las facetas de la sociedad chihuahuense que explican tan espeluznante crimen.

Ante el asombro y el pasmo de muchísimos chihuahuenses ante el salvajismo del asesinato y, sobre todo, a la conducta posterior al crimen de los presuntos asesinos y la conducta linchadora, no sólo contra los responsables del infanticidio, sino contra los padres y en un extremo increíble, en contra de la madre, a la que acusan, en las redes sociales, (en un hecho inaceptable, porque, además, las fotografías utilizadas no son de la mamá de Christopher) de pertenecer a una secta de adoradores de la Santa Muerte.

Ante el salvajismo de estos hechos ¿Qué podíamos esperar de una sociedad que poseyó, durante largos meses, el primero y segundo lugares, mundiales, en la comisión de homicidios? ¿Que contamos con más de 10 mil huérfanos, fruto de esa guerra devastadora? ¿Que aportamos más de 25 mil muertos, acaecidos violentamente, a las estadísticas nacionales? ¿Que perdimos más de 100 mil empleos -mal pagados, pero que eran empleos formales- en la racha homicida de 2008-2011?

¿Que en nuestras ciudades se escenificaron varias de las masacres mayores de esos años, en todo el territorio nacional?

¿Cómo asombrarnos, válidamente, si prohibimos que se canten los narcorridos en los eventos públicos y en la presentación de Los Tigres del Norte miles les exigían que tocaran precisamente ese tipo de música?

Y si buscamos parámetros para medir tal degradación sirvan las cifras gruesas de los homicidios cometidos en el período 2008-2010, alrededor de 20 mil.

Según la Fiscalía General del Estado, de ellos, a cerca de 9 mil no les encontró conexión con el crimen organizado. Es decir, que los chihuahuenses nos matamos entre sí en un número de alrededor de 11 mil.

¿Las causas? Las más baladíes del mundo: Un incidente de tránsito, una riña en una fiesta de amigos o compadres; rencillas de jóvenes en los barrios, por cualquier motivo; sólo por el hecho de ser mujeres las víctimas; los hombres que regresan a matar a sus ex parejas, sólo porque su ex mujer ya tenía novio, amante o marido (o eres mía, o de nadie), en total, las evidencias de una sociedad en la que el primitivismo es característica principal.

Y si esos los principales rasgos sociales, los económicos no nos dejan margen para la esperanza. 

Tenemos el primer lugar nacional en empleos formales, algo que debe destacarse, sin duda, pero el problema estriba en que el 65% de esos asalariados perciben 6 mil 100 pesos al mes, o menos; y que el 40%, -4 de cada 10 trabajadores- percibe solamente 3 mil 600 pesos mensuales, parte sustancial de los cuales debe emplearse en el pago del transporte que, por otra parte, le garantiza a los trabajadores, mínimo, tres horas diarias para realizar el traslado casa-trabajo-casa.

En esas condiciones de abandono de los hijos de la inmensa mayoría de los chihuahuenses ¿Habrá tiempo, disposición y recursos económicos para el cultivo de los “valores”?

¿Es que acaso desconocemos no se necesita tener una mente criminal para saber que los cadáveres, fruto de los homicidios, deben esconderse? ¿Y que la participación en los crímenes es algo que debe negarse?

Todos somos corresponsables, pero la responsabilidad mayor es del Estado.

Se generó una nueva forma de incorporar a las mujeres al trabajo asalariado, se crearon miles de empleos nuevos -fundamentalmente en la industria maquiladora-, pero de las consecuencias de esa exacción de las mamás -o futuras mamás- de los hogares nadie se hizo cargo; ni el Estado, ni las empresas se responsabilizaron de la atención de los niños, de su educación, del mejoramiento del entorno de ellos y sus familias, de su formación, etc.

Y cuando nos aparecen tragedias como la ahora abordada se rasgan las vestiduras, llegando a extremos como los de la diputada del PAN, Ana Gómez Licón, quien sostuvo que los presuntos asesinos “deben ser juzgados por conducta psicópata”. (Nota de laopción.com, 20/V/15).

¡Híjole! ¿Sabrá la legisladora que si se llega a determinar que si son sicópatas entonces deberían ser declarados “inimputables”, por no ser conscientes de sus actos, fruto, entonces, de una severa enfermedad mental?

No son pocos los grados de intolerancia prevalecientes en nuestra sociedad. Vean, también, los de los creyentes religiosos que ante estos hechos lo explican muy fácilmente, es “por la falta de Dios en la vida de los ciudadanos”.

Respetables las creencias, pero no explica lo que ahora vivimos. En la mayoría de los países de más baja incidencia delictiva y homicida, los porcentajes de no creyentes son los más altos del mundo. Rondan entre el 30 y el 40% de la población.

¿Cómo explicarlo, entonces?

Porque en nuestro país hay una extrema ausencia del Estado en sus obligaciones sociales.

En los fraccionamientos “Laderas de San Guillermo” -lugar de residencia de Christopher y sus asesinos-, de todo el país, deberían vivir personas con ingresos superiores a los 20 mil pesos mensuales y que contaran con centros deportivos, y comunitarios, con especialistas deportivos e instructores capacitados en una serie de actividades sociales y recreativas, con escuelas de tiempo completo en las que les proporcionaran dos alimentos a sus alumnos.

¿Que no hay dinero para eso?

Nos gastamos 740 mil millones de pesos, el sexenio pasado, en combatir el tráfico y consumo de drogas por medio de la PGR, la Sedena, Marina y la Secretaría de Seguridad Pública y todas las policías.

¿De qué sirvió? De nada, el combate contra las drogas es un completo fracaso, la degradación social es inconmensurable y el país se nos desbarató en las manos.

Vive Bus, el eterno problema

Editorial, Aserto No. 142, Mayo de 2015

No ha transcurrido aún el mes de la asunción del nuevo funcionario encargado del Vive Bus, Salvador Ruvalcaba, cuando ya el verdadero dirigente de los concesionarios y los choferes de la Coordinadora de Transporte Colectivo (CTC), la empresa concesionaria de este servicio en la capital de Chihuahua, el líder de la CTM en el estado, Doroteo Zapata, volvió a esgrimir el reclamo de toda la vida de los concesionarios del transporte urbano: Aumento de tarifa.

No hay lugar a la duda, así lo dijo: “… para que funcione (el Vive Bus) plenamente necesita nueva tarifa”. (Nota de Juan Fierro, www.tiempo.com.mx, 27/IV/15).

Los argumentos son los de siempre: Aumento de insumos, de combustible, de salarios, etc.; con el agravante, afirmó, que la no elevación de la tarifa ha generado “un bache financiero” a la nueva empresa.

Más explícito, se lanzó en contra del esquema de la tarifa vigente (la de 6-2-0), que no permite “alcanzar la eficiencia”. (Nota de Manuel Quezada, 28/IV/15).

Exhibida la ineficacia de los concesionarios para otorgar un servicio eficiente a la ciudad, tanto en el viejo esquema, como en el actual, bajo la forma del sistema de transporte Vive Bus, y ante la creciente postura de numerosos protagonistas sociales y políticos para que el Estado asuma la titularidad del total del transporte, Zapata expuso su rechazo a tal medida.

Mediante un amparo concedido por la justicia federal, la CTC sigue prestando el servicio en la ruta troncal, luego que el gobierno estatal intentara hacerlo mediante un procedimiento a todas luces ilegal.

Contra todas las creencias, y a pesar del tiempo transcurrido, quizá por el hartazgo social, pero la calidad del servicio sigue siendo pésima. Los vicios de la ruta troncal no han cambiado, las unidades, en las horas de mayor demanda, son insuficientes y las rutas alimentadoras simplemente han perpetuado las anomalías denunciadas hasta la saciedad por los usuarios.

Por desgracia -y quizá porque no hay un hilo conductor y por la falta de un  mejor entramado social- la mayoría de los usuarios optan por la actitud del dejar hacer-dejar pasar (si al fin y al cabo no pasa nada) y sólo cuando la deficiencia del servicio afecta a usuarios de una misma zona, lo que permite una mayor cohesión social, es cuando se han presentado las inconformidades ante un servicio de transporte pésimo.

Sin embargo, existe un factor que probablemente no hayan sopesado bien quienes dirigen la administración estatal. El distrito 08 es el que contiene el más alto porcentaje de electores que son, al mismo tiempo, usuarios del transporte urbano ¿Habrán medido tal factor?

Más aún ¿Será un factor que incida en el ánimo de los electores o el peso de los programas sociales se acrecentará para equilibrar el indudable enojo popular al transporte urbano?

Llama la atención que a pesar de que el mal funcionamiento del Vive Bus es uno de los factores que más contribuyeron a la pérdida de popularidad del Gobernador César Duarte, su administración no haya realizado acción alguna que le permitiera superarlo y que ahora, en pleno proceso electoral, el líder sindical más repudiado salga a anunciar que su pretensión es elevar la tarifa del transporte.

Independientemente de los avatares electorales, la prestación del servicio de transporte urbano no admite demoras, ni arreglos cupulares entre gobernantes y líderes sindicales para perpetuar las prebendas de los últimos, tantas, que les permiten dictarle al poder público la senda a seguir y le marca los tiempos y ritmos de la prestación de un servicio, vital para una sociedad moderna y aún más para una urbe que no puede postergar la puesta en marcha de un servicio de transporte urbano ágil, eficiente, limpio y ecológicamente sustentable.

Las señales de alerta están por todos lados. 

La capital del Estado Grande es la segunda ciudad con el porcentaje más alto de vehículos por habitante, sólo por debajo de la ciudad de México; seguramente en estos momentos debe ocupar el primer lugar en la presentación de cuadros de alergia, causados no sólo por los gases de los vehículos y las sustancias generadas por la industria maquiladora, sino también por las características propias del semidesierto en que nos tocó vivir.

Empleo, regreso al origen

Aserto No. 142, mayo de 2015

Luis Javier Valero Flores

A un año y medio del término de la actual administración estatal, y justamente al inicio del larguísimo proceso electoral -que incluye las elecciones federales en curso y las del próximo año, en que se renovarán todos los puestos de elección popular en la entidad-, el Gobernador Cesar Duarte insiste en resaltar los logros que, a su juicio, ha obtenido el gobierno bajo su dirección.

Lo hace bajo los ecos del anuncio de dos importantes inversiones que llegarán en el curso de los próximos meses a Chihuahua: La construcción de la planta cervecera Heineken en el municipio de Meoqui, con una inversión de alrededor de mil 300 millones de dólares; y la ampliación de la planta Ford en  la capital del estado por un monto ligeramente inferior.

Eso, y el incremento en el número de empleos (para llegar a la cifra, total, de 780 mil) las explica por la disminución, dice, de la inseguridad pública, aspecto que los ha llevado, sostuvo al finales de abril, a que el grupo criminal denominado el Cártel de Juárez” haya desaparecido en “un 100%” y que el “Cártel de Sinaloa” en “un 80%”, hechos que han atraído a los inversionistas privados, nacionales y extranjeros.

Desde el punto de vista económico, dos son los hechos que presumen quienes gobiernan Chihuahua: La obtención de más de 100 mil empleos en el gobierno actual y, como producto de lo anterior, que Chihuahua se colocara como la entidad lideresa en el abatimiento del empleo informal.

 Se trata, sin duda, de buenas noticias pero que evidencian, por otro lado, el agotamiento de un modelo que nos llevó, entre otros factores, a la situación por la que atravesamos, de fines del 2007 al 2011, y cuyas consecuencias abarcarán infinidad de años.

La actual administración estatal pregona, eufórica, el haber alcanzado diversas cifras en el mejoramiento de la situación económica de la entidad; ahora hablan del casi empleo total (existe un desempleo del 3.5%); del crecimiento sin igual en la generación de empleos, del abatimiento de la informalidad (Chihuahua ocupa, ya, el primer lugar nacional en ese rubro) y de real disminución de la inseguridad pública.

Ufanos, los actuales gobernantes presumen que en la presente administración se han generado 116 mil 585 empleos formales, 5 mil de ellos en enero de este año.

Del total de los empleos formales (785 mil 545 asegurados en el IMSS), el 50% se encuentran en Juárez, con lo que la entidad alcanzó el primer lugar por el menor porcentaje de empleos informales en el país.

Chihuahua tiene la “tasa más baja de desempleo de los últimos años, al ubicarse en 3.5%. La entidad pasó de ser el lugar 28 en empleo informal, al número 1 en formalidad”. (Nota de KARINA RODRÍGUEZ CHACÓN, El Heraldo de Chihuahua, 1/V/15).

No faltan a la verdad. Al cierre de abril la entidad contaba con alrededor de 785 mil empleos (todas las cifras están basadas en los reportes del IMSS), sin embargo, confrontadas con otras cifras lo que ahora vivimos, es como si  simplemente regresáramos al punto en que nos encontrábamos a fines del 2007.

De ese tamaño fue el conjunto de las crisis afrontadas por los chihuahuenses, la económica y la derivada de la crisis de seguridad pública.

Tener empleo no basta, la calidad de los salarios es fundamental. 

Da pavor, cerca de 7 de cada 10 trabajadores ubican sus ingresos entre uno y tres salarios mínimos, esto es, los que están en este extremo, que obtienen apenas un poco más de 6 mil pesos mensuales.

La producción de los “ninis”

Para ubicar tales realidades sirva de referente el hecho de que en el año 2000 existían en la entidad 710 mil empleos. En 15 años sólo se crearon 75 mil nuevos empleos.

Si el crecimiento de la población hubiese sido de alrededor del 2% anual, sin contar la inmigración, querría decir que, por lo menos, para mantener el nivel de ocupación de aquel año, al cierre de 2014, deberíamos contar con poco más de 920 mil empleos formales en Chihuahua, lo que nos deja con un déficit, respecto al crecimiento poblacional, de 135 mil empleos.

Por otra parte, si el crecimiento de las plazas laborales se hubiese dado con un crecimiento económico del 1% anual -y, por tanto, el número de empleos en esa magnitud- para mantener el porcentaje de ocupación, a fines de 2014 el estado de Chihuahua debería haber contado con poco más de 810 mil plazas laborales, lo que genera un déficit, con base en el crecimiento económico del 1%, de 25 mil empleos.

¿A dónde se fueron quienes no lo tuvieron?

Y tales cifras -la de las 785 mil plazas laborales- se generaron con un crecimiento económico del 5% en 2014, cuando el promedio nacional fue del 1%. El problema es que los nuevos empleos son semejantes a los perdidos, con niveles salariales de los más bajos del país y para los cuales no se requiere de mano de obra calificada.

Sin duda que la parálisis económica se explica, en parte, por el período sangriento 2007-2011, pero ya en los años previos la actividad económica de la entidad mostraba los graves problemas estructurales que padece, el principal de ellos la elevada dependencia de la industria maquiladora de exportación, a la que sólo le proveemos el 2% de los insumos y que genera, por tanto, el nulo crecimiento de la industria de transformación, sector que por su dinámica propia crea empleos mejor remunerados y verdadero desarrollo económico pues implica la producción de plusvalía y genera empleos infinitamente mejor remunerados.

La política económica aplicada a la entidad, en el período 2000-2014, -por supuesto, no diferente a la del resto del país- fue administraciones estatales emanadas del PRI (Patricio Martínez 1998-2004, Reyes Baeza 2004-2010 y César Duarte 2010-2014) y gobiernos federales emergidos del PAN, Vicente Fox y Felipe Calderón (2000-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2014) que en conjunto, vistos los datos anteriores no fueron capaces de generar un crecimiento, promedio, del 1% en lo que a generación de empleos se refiere.

Tales cifras se pueden explicar porque en 2014 la industria maquiladora creó la cifra récord de 27 mil 128 nuevos empleos en Juárez, para llegar a un total de 253 mil 433 trabajadores. (Nota de Berenice Gaytán, El Diario de Juárez,  10/I/15).

Pero tales cifras deberán contrastarse con las existentes en 2008, antes de la crisis, cuando la maquiladora daba empleo a 249 mil 837 personas, ¡Apenas 4 mil menos que 7 años después!

La evolución del crecimiento del empleo en el sector líder en la entidad, la industria maquiladora, se aprecia por su desarrollo en Juárez:

En tanto que en 2014 se crearon 27 mil 128. En 2013 fueron 12 mil 827; a su vez, en 2012 fueron 21 mil 129; en 2011, 4 mil 508, y en 2010 se crearon 11 mil 134. 

Pero en dos años -2008 y 2009- la industria maquiladora asentada en Juárez perdió la friolera de 68 mil 524 empleos -15 mil 887 en 2009 y 52 mil 637 en 2008-. (Ibídem).

Chihuahua cerró el año 2014 con el más bajo índice de desempleo en el país, apenas del 4%, lo cual quiere decir que se encuentran sin trabajo más de 68 mil chihuahuenses, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI):

“Del total de desempleados, el 16 por ciento, es decir, unos 11 mil 024 tienen instrucción superior; el 15% (10,335) estudios de medio superior; el 38% (26,182) secundaria; 29% (19,981) primaria y un 2 por ciento (1,378) no tenían instrucción. De acuerdo con las cifras del INEGI, el desempleo muestra un crecimiento del 5% para el segmento de personas con algún grado académico superior, entre el 2000 y 2014, ya que del total de desocupados, representaban, a principios de la década, el 11% y al cierre del año pasado eran el 16%”. (Nota de Manuel Quezada Barrón, El Diario de Chihuahua, 1/V/15).

La desocupación “ilustrada” se incrementó severamente entre los que cuentan con educación media superior, justamente el segmento al que fue dirigido el principal logro de la actual administración estatal. En tanto que en el año 2000 representaban el 3% de los desempleados, para el 2014 ya eran 15 de cada 100.

Salarios de tercer mundo

Pero si lo anterior nos lleva a no lanzar tan alegremente las campanas al vuelo, el tema del salario sí que es preocupante. Simplemente pareciera como si se hubiese hecho una pausa en el tiempo transcurrido entre el principio del siglo XXI y hoy.

“De acuerdo con datos del IMSS, de los 778 mil 514 empleados asegurados, el 65.2 por ciento perciben entre $68.28 y $204.8 pesos diarios, de uno a tres veces el salario mínimo general”. (Nota de Manuel Quezada Barrón, El Diario de Chihuahua, 1/V/15).

Si redondeamos las cifras, querrá decir que dos terceras partes de los 780 mil trabajadores con empleo formal perciben poco más de ¡6 mil pesos al mes!.

Nada menos que la cifra mágica, citada por el entonces Secretario de Hacienda de Felipe Calderón, Ernesto Cordero, quien afirmó que con tales ingresos se podían pagar las colegiaturas, la casa y hasta un vehículo.

A pesar de las voces empresariales, y no pocas gubernamentales, que sostienen la inexistencia de personas que devenguen el salario mínimo (68.28 pesos diarios), en el estado existen 17 mil 773 de esos trabajadores.

A su vez, poco más de 300 mil (310 mil 251) -es decir, 4 de cada 10 trabajadores- reciben dos salarios mínimos (136.56 pesos), esto es 4 mil 95 pesos mensuales, “y otros 186 mil 488, -casi la cuarta parte del total de empleados- la cantidad de $204.84 pesos diarios”, 6 mil 145 pesos. (Ibídem).

Dan escalofríos ¿Qué hace una familia con un ingreso mensual apenas superior a los 4 mil pesos?

¿Cómo quejarnos, luego, de la producción de sicarios a tempranas edades, cada vez menores? ¿Cómo asombrarnos que en lo más candente de la ola homicida hubo sicarios contratados por 500 pesos para participar en homicidios y masacres?

Y se habla de los valores de la familia ¿Cómo puede sobrevivir una familia con estos ingresos, más allá de la transmisión de valores cívicos, religiosos, éticos, etc?

En ese entorno, y dado el desastre existente ¿Se podría negar la bondad de las cifras hasta ahora alcanzadas en la actual administración estatal?

Por supuesto, no, pero arrastran un problema intrínseco pues estamos regresando -casi- al punto de partida de la peor crisis de seguridad pública, en la que jugaron un papel determinante lo ahora anotado y la calidad de los empleos y salarios es la misma que entonces.

La curva del incremento de la violencia -cuya peor manifestación fue la oleada homicida-, se dijo en distintos tonos y por los más variados protagonistas sociales y políticos, de un brutal incremento, tardaría años en descender.

Hoy lo estamos observando, pero uno de los factores que nos llevó hasta allá, y que generó la abundante “mano de obra”, barata y disponible para los grupos criminales, sobre todo en la frontera, fueron las enormes carencias sufridas por generaciones enteras, fruto de una política económica que genera empleos, pero muy mal remunerados y que, para generarlos y aprovechar la mano de obra, sobre todo la femenina, desmanteló toda una forma de vivir y desmadejó los modelos familiares, en aras de buscar un mayor ingreso familiar, a costa del abandono de niños y adolescentes.

Así se generó la llamada “generación de la maquila”. Por miles, niños y jóvenes abultaron las filas de las bandas criminales. También, así, por miles, cayeron, abatidos por las balas.

Sin esperanza, ni futuro; ni escuela, ni trabajo, ni familia, ni comprensión de la sociedad, inmersos en una sociedad de inmensas desigualdades y no menores carencias, decenas de miles de jóvenes a lo más que pueden aspirar es a una plaza de trabajo de las que se ofrecen en el “Estado Grande”.

No se puede continuar así, urge la elaboración de una política económica distinta, diametralmente, a la que hasta ahora hemos sufrido. Ese es el verdadero reto de los que gobiernen Chihuahua en adelante. 

Perdimos, casi, una década.

No sólo, en el terror homicida se nos fueron más de 25 mil jóvenes y más de 10 mil niños y adolescentes perdieron a su padre.

Por desgracia, parece, estamos reproduciendo las causas que nos llevaron hasta aquella tragedia.

Leyzaolazo

El Diario, 17 de mayo de 2015

Luis Javier Valero Flores

¡Vaya coincidencias, precisamente cuando se inauguraba la I Reunión Regional Zona Noroeste de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, se daba a conocer que el ex jefe de la policía municipal juarense, Julián Leyzaola, informó que el sicario, su agresor, aseguró llevarle un mensaje del actual jefe operativo de la policía, Jesús Antonio Reyes Ramírez, hecho que fue negado enfáticamente por éste!

El mensaje del criticado ex jefe de los polimunicipales del antiguo Paso del Norte no era de crítica al ámbito municipal, Leyzaola afirmó que Reyes Ramírez estaba identificado con “Los Aztecas”, que había alertado a los mandos de la Fiscalía General Estatal de ello.

Tan graves acusaciones se dieron en una de las peores semanas para el Fiscal General, Jorge González Nicolás -y vaya que ha tenido malas- en la que, luego de negar reiteradamente la caída de una avioneta en el municipio de Urique, en medio de insistentes informaciones de habitantes de aquella localidad de la celebración de cruentos enfrentamientos y de estar aterrorizados por bandas de criminales, debió aceptar -a medias- los hechos.

La avioneta fue derribada por los disparos de hombres armados que mantienen el control de la zona. Ello provocó la muerte de 6 personas. Uno o dos días atrás antes debieron reconocer el hallazgo de dos cadáveres.

Son innumerables los aspectos confusos del atentado en contra de Leyzaola, incluido el mensaje que dice recibió del agresor. En la entrevista concedida a Zeta, afirma que le dijo: “Mensaje del director Reyes… Yo alcancé a escuchar que me dijo así bien claro”, aseguró Leyzaola.

“… yo lo escuché bien. Me dijo: ‘mensaje del jefe’, ‘del director Reyes’, ‘del dire’, me dijo. ‘Mensaje del dire Reyes’, y le volvió a jalar. Ahí fue donde ya me pegó”.

No menos grave es su aseveración, en la que, sostiene, previno a la autoridad estatal: “A ese policía yo lo corrí cuando yo llegué a la Policía Municipal, él era policía municipal comisionado de Tránsito, entonces yo llegué y lo corrí porque es un malandrín, pues, es un malandrinazo, entonces lo corrí y todavía cuando ya lo corro yo de ahí (…) supe después que se quería meter a la Policía Estatal y yo hablé con el Estado, y le dije ‘no lo dejen entrar, es un malandrín’, y lo dejaron entrar al final. Y la consecuencia fue ésa, lo dejaron entrar; pasa el tiempo, me salgo yo de la Policía y él llega como director de la Policía… Opera con ‘Los Aztecas’.”.

Y afirma no tener confianza en la aplicación de justicia en Chihuahua: “… Totalmente no”. (Nota de Adela Navarro Bello/Rosario Mosso Castro, Semanario Zeta, Especial para El Diario, 15/V/15).

A tales señalamientos, Reyes Ramírez respondió afirmando que dio las órdenes para que fuera protegido luego del atentado, además de manifestarse sorprendido y de negar cualquier relación con los detenidos, para, a continuación lanzar una acusación -que se antoja difícil de aceptar, dadas las condiciones en que se encontraba el agredido- consistente en que las declaraciones de Leyzaola tienen como propósito “desprestigiar la labor que se está haciendo por parte del secretario César Omar Muñoz Morales y a la administración municipal…. Yo creo que la persona (Leyzaola) se siente indispensable”. (Nota de Luz del Carmen Sosa, El Diario de Juárez, 15/V/15).

Tanto la Fiscalía General, como Reyes Ramírez, insisten en que el motivo del atentado fue la venganza del agresor, a causa de que Leyzaola agredió a su hermana e intentó violarla. Cosa que choca con las primeras versiones de los policías municipales que llegaron al lugar de los hechos y detuvieron a los supuestos agresores. En esos momentos, dicen, que los agresores no sabían a quien iban a ejecutar.

Tal contradicción también se encuentra en la declaración de Reyes Ramírez. Así lo dijo: “Ellos (los detenidos) me refieren que el ataque fue por cuestión de que el teniente había tratado de abusar de una de las hermanas de la persona que era el de 22 años y que fue el que disparó, él refiere eso. Yo le pregunté en varias ocasiones que quién los manda y dicen que no sabían a quién iban a atacar, que ellos recibieron una llamada telefónica y no mencionan a quién”. (Ibídem).

Y lanza la pregunta obvia que originan las acusaciones de Leyzaola: “Si él, como dice, tenía esos antecedentes de mí, por qué no me puso a disposición, por qué no me denunció formalmente”. (Ibídem).

Pero nuevamente, como en prácticamente todos los últimos casos más lamentables, la Fiscalía General le aporta mayor confusión a los hechos. El Fiscal General de la Zona Norte, Enrique Villarreal Macías, afirmó que Leyzaola se negó a declarar: “Fue cuando los médicos autorizaron, cuando dijeron: ya está preparado para que tenga su mente clara, ya está médicamente hábil. Se le solicitó su declaración y él dijo: no quiero declarar”. (Nota de Patricia Mayorga, El Diario de Juárez, 15/V/15).

Pero, ahí está la contradicción: “En la audiencia realizada el jueves pasado el fiscal estatal, José Andrés Martínez Gutiérrez, le informó al Tribunal de Garantía que no se realizó entrevista ministerial ni hubo declaración ante el Ministerio Público por el estado de salud que presentaba en esos momentos Leyzaola Pérez.” (Nota de Blanca Elizabeth Carmona, El Diario de Juárez, 15/V/15).

Bueno, pues este sí que es un asunto de la mayor prioridad y de la más profunda preocupación; las aseveraciones de Leyzaola debieran motivar a una inmediata investigación, por supuesto a partir de la declaración ministerial del ex jefe policíaco, el problema estriba en que la acusación va a la Fiscalía General. De ser cierto el dicho de Leyzaola deberían informar cuales fueron las prevenciones realizadas.

No se trataba de cualquier denuncia anónima sino la de alguien que seguramente poseía -posee- abundante información sobre la delincuencia en la principal urbe chihuahuense.

¿Cómo desestimarla? ¿Cómo hacerlo ahora? ¿Aceptaremos el dicho de Reyes  Ramírez que Leyzaola pretende desprestigiar a la dependencia municipal?

No hay antecedentes, por lo menos públicamente, acerca de tales pretensiones, desentrañarlas es tarea inmediata, pero ¿Lo podrá hacer quien sería el principal destinatario de las prevenciones realizadas por Leyzaola?

Y es que hace agua por todas partes la dependencia encargada de la Seguridad Pública en el estado. Lo ocurrido en Urique es aterrador, bástenos saber que el alcalde y el Secretario del ayuntamiento se encuentran despachando en la capital del estado. 

Con tal de negar hechos que contradigan la postura oficial -la que merece elogios de muchas partes, especialmente en los días que corren, de los encargados de las dependencias de seguridad pública federales- acerca de los “enormes éxitos” alcanzados en esta materia y que eventualmente pudieran incidir en los resultados electorales y/o la atracción de las inversiones privadas a la entidad, caen en situaciones increíblemente insostenibles.

Casi desde la caída de la avioneta en los alrededores de Tubares, Urique, numerosos chihuahuenses ya estaban enterados de los pormenores.

La aeronave fue solicitada -le cuentan al escribiente- por los elementos militares apostados en aquel pueblo y fue derribada por los balazos desatados por el grupo de criminales que se encontraba apostados en la zona. No hubo intervención de los militares.

Esos hechos, y otros, han orillado a que la gente, desesperada, intente salir de la región, pero “Los soldados tampoco quieren ayudar a la gente para que salga del pueblo, cuando se acercan a pedirles ayuda los corren, ni siquiera los dejan hablar y a algunas personas les han quitado los teléfonos… ”. (Nota de El Diario de Chihuahua, 15/V/15).

Hay más. Un habitante del poblado declaró lo siguiente: “Las cosas se van a poner bien feas por acá, peor, las personas que mataron junto a Pichi (el piloto) eran familiares del jefe de narcos en la región, pero nada tenían que ver con las actividades de su familiar, eran personas inocentes que cobardemente mataron al no poder agarrar al mero mero… ”. (Nota de lapolaka.com, 15/V/15).

Es de tal gravedad la situación que uno de los principales activistas de los derechos humanos, el sacerdote Javier Avila, lanzó una dolida exclamación: “"Es una vergüenza que una autoridad de este tamaño desconozca lo que ocurre en el estado, o desconoce, o lo quiere negar”. (El Diario de Cuauhtémoc, 13/V/15).

Afirmó que desde hace más de un año ha denunciado por escrito la gravísima situación de la sierra y nadie le ha respondido y que lo ocurrido en Urique es una "burbuja" de las muchas "que están brotando en la zona serrana”. (Ibídem).

Tal postura choca con la del Gobernador César Duarte, quien informó que “Yo mismo viajé esta semana a la sierra, vengo de allá y está tranquilo… Incidentes habrá siempre, pero hay seguridad en la sierra, hay accidentes aéreos, ya está la fiscalía en eso”. (Ibídem).

Bueno.

HARTAZGO.- “Estamos hartos de los políticos”, sostuvo hace días el candidato del PRI al distrito 05, Tony Meléndez.

Algo habrá cambiado en su pensamiento porque ayer sábado se vio rodeado… de políticos en lo que fue el reencuentro público del Gobernador Duarte con el Grupo Delicias (Los Baeza). Todos los que usted piense ahí estuvieron, hasta los alcaldes de Chihuahua y ¡Juárez!, Javier Garfio y Enrique Serrano, con las excepciones de los ex gobernadores Fernando Baeza y Patricio Martínez, de la senadora Graciela Ortiz ¡Ah, y del ex alcalde capitalino Marco Adán Quezada!

¿Ellos porqué faltarían? ¿Acaso no cierran, aún, las heridas entre Patricio y Fernando? ¿Acaso Graciela no quiso ir a los territorios -en el PRI- de los Baeza y sumarse, así sea involuntariamente, en el imaginario personal, a las huestes del ex gobernador Martínez?

¿Y Marco Adán, porqué no fue si los convocantes son su referente interno?

¿Se permite placear, sólo, a los del equipo mandón en Palacio de Gobierno?

¿Estarían Marcelo González Tachiquín y José Miguel Salcido, a quien muchos ven, ya, como posibles al 2016?

¿Igualmente, acudiría el Fiscal Jorge González Nicolás, que también pretende subirse a ese ómnibus?

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Diputados de temporal

El Diario, 14 de mayo de 2015

Luis Javier Valero Flores

Podrá o no reconocerlo la élite política del país, pero estamos inmersos en una profunda crisis.

En ella se encuentra, también, el sistema de representación política y, obviamente, el de los partidos políticos. En particular, la vigencia de los órganos legislativos, tal y como están ahora, en cada elección de mitad de sexenio se pone a prueba la poca importancia concedida por la mayoría de la población a estos puestos de elección popular.

No es casualidad que en cada estudio demoscópico que se realiza los diputados emergen como uno de los segmentos de la población con los más bajos niveles de credibilidad.

¿Cómo no va a suceder eso si mensualmente, gracias a la internet y las redes sociales, una buena parte de la sociedad se entera de algún escándalo o de algún hecho desafortunado cometido por un diputado, o por un grupo de ellos?

La sostenida disminución del poder adquisitivo del salario, en todo el país, y los bajos niveles salariales se han convertido en el mejor mecanismo para profundizar la enorme desigualdad social.

Chihuahua no escapa a tal realidad. Casi 7 de cada 10 trabajadores de la economía formal apenas ganan 6 mil 100 pesos al mes, o menos (4 de cada 10 tienen ingresos de 3 mil 600).

Esa realidad es la que choca con la vivida por los legisladores, cuyos ingresos superan, -en casi todas las entidades, incluidos los federales- los 70 mil pesos, más un conjunto de prebendas a cual más de ofensivas a la mayoría de los mexicanos.

Para prueba un botón.

El martes se dio a conocer que los actuales diputados federales, todos, recibieron 58 mil pesos extras. Deben usarlos “como apoyo” para la presentación de sus respectivos informes legislativos.

Se los entregaron con anticipación porque, “en la práctica ya se terminó la actual legislatura”, informaron fuentes de la Cámara de Diputados. (Reforma, 12/V/15).

El problema es que ninguno de ellos tiene la obligación de justificar la real aplicación de esos recursos ni, tampoco, la presentación de los informes legislativos. Hagan de cuenta que se los regaló su mamá.

No son los únicos dineros que gastan de ese modo.

Bueno, pero la pregunta que salta a la vista es simple ¿Necesitamos a los diputados?

A pesar de nuestras fobias, la respuesta es obvia: Sí, pero otros, o bajo una nuevo esquema jurídico.

¿Necesita el país -y las entidades- estar revisando constantemente el marco jurídico-legal? ¿Pues qué acaso no presumen -los pertenecientes a la casta política- que contamos con un aceptable Estado de Derecho?

¿Necesitamos diputados de tiempo completo, todo el año? ¿Para qué?

Si se hiciera una revisión del tiempo efectivo de trabajo de los legisladores, llegaríamos a la conclusión que es mínimo; son más las tareas partidarias, las relacionadas con sus negocios y sus ascensos políticos en las que emplean el tiempo pagado por la sociedad.

Y no se diga de los tiempos de campañas electorales, hasta los designan responsables de zonas territoriales, distritos y municipios.

Sólo que lo hacen, dicen, en tiempos que no son de “trabajo”.

¡Ah, y además les proporcionamos recursos y vehículos “para que regresen a sus distritos”!

¡Puros cuentos!

Y para justificar la beca que reciben -becota- presentan -algunos- iniciativas de lo más diverso, o propuestas de pronunciamientos (que nadie toma en cuenta y que la sociedad ni siquiera se entera de ellos), y para aparentar que, efectivamente, trabajan como diputados, se han esmerado en pulir los mecanismos para obligarlos a presentarse a las sesiones.

Y ahí los tenemos “muy bien portaditos”. ¿Pero qué hacen en las sesiones?

Pues todo… y nada. Hay que dejar pasar el tiempo mientras alguno de los legisladores lee documentos que a nadie le importan y que, en el mejor de los casos, deberán transferirse a los asesores de los grupos parlamentarios.

¿Porqué no cambiar todo eso y que las Cámaras sólo sesionen 1 o 2 meses al año, para resolver asuntos que necesitan de su atención permanente -presupuesto, cuentas públicas, informes del Poder Ejecutivo, etc.- así como la presentación de iniciativas de ley -nuevas o reformas sobre las existentes- que verdaderamente sean necesarias.

Esa reforma implicaría que los legisladores recibirían estipendios moderados, semejantes a los recibidos por profesionistas de alto nivel, con el incentivo que, en el caso de ser empleados o funcionarios de empresas privadas, se les otorgaran las facilidades necesarias para ejercer sus funciones (claro, todo esto regulado por las leyes) y de ese modo podríamos contar con legisladores más apegados a la realidad cotidiana y no, como ahora sucede, que en cuanto algún ciudadano se convierte en diputado, de inmediato ingresa a la élite dorada de la clase política, con su caudal de beneficios y se olvida de los electores que lo llevaron allá.

Por esa vía podríamos recuperar, para la sociedad, la representación ciudadana… por ciudadanos y no, como ahora, de miembros de la clase política que, como lo constatamos a diario, están muy alejados del resto de la sociedad.

Pero muy lejos.

Sí los necesitamos, pero de temporal, nos saldrían menos caros.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Derecho al “chapulinazo” mayor

El Diario, 10 de mayo de 2015

Luis Javier Valero Flores

La polémica acerca del próximo período gubernamental ha adquirido otra connotación, al aportarle el Gobernador César Duarte -verdadero promotor de la propuesta de dos años- un nuevo elemento: Se propone para que Chihuahua pueda tener presidente de la república, “para que dé seguimiento a los programas efectivos que estén implementándose en la entidad”, pues, dijo, “abre las posibilidades a que un mandatario estatal de Chihuahua en seis, 12 ó 18 años aspire a ser jefe del Ejecutivo federal”. (Nota de Orlando Chávez Echavarría, El Diario de Chihuahua, 8/V/15).

Ni más ni menos que la defensa para que el gobernador chihuahuense -cualquiera que éste sea- deje el gobierno antes del término de su período a fin de que busque la “primera magistratura”.

Al contrario de una de las más extendidas posturas ciudadanas -la del rechazo al “chapulinazo”- el ballezano casi la propone oficialmente. 

En caso que se aprobara empatar la elección del gobernador de Chihuahua con la elección presidencial -que es la esencia de la propuesta- el mandatario local debería separarse del cargo por allá del mes de septiembre -un año antes del término del mandato para el que fue elegido- si deseara buscar la candidatura de su partido.

¡Chapulinazo!

El otro argumento usado por el oficialismo para defender el miniperíodo es el de que los mandatarios, estatal y nacional, iniciarían juntos la administración y así no habría “desfase” en los programas. 

¿Y no sería mejor, tal como está en estos momentos la ley, que se aprovechara el hecho de que el nuevo presidente de la república pudiese ser “convencido” por el gobernador chihuahuense, de la bondad de los programas y planes en marcha, y no esperar a que la nueva administración federal supere el período de “aprendizaje”, que todo mundo ubica en un año?

El gobernador Duarte cambió su postura con relación a la sucesión gubernamental. ¿Por qué? ¿Qué cambió en su percepción para proponer cosas tan diferentes a las que hizo aprobar en el pasado reciente?

Dos años y medio atrás todo era diferente. Por unanimidad, el Congreso del Estado -liderado por el hoy alcalde juarense, Enrique Serrano, ya desde entonces uno de los más serios aspirantes- aprobó una reforma política que proponía empatar las elecciones de alcaldes y diputados, de mitad de sexenio estatal, con la elección presidencial -para ello acortaba, por única vez, el mandato de aquellos a dos años- y la elección de gobernador con la de mitad de sexenio federal, para lo cual ordenaba que, por única vez, el mandato del siguiente gobernador sería de cinco años.

Pero a inicios de febrero de 2012, cuando Duarte la presentó al Congreso del Estado, propuso que el mandato de alcaldes y diputados se alargara ¡a 4 años!

Ante el rechazo del blanquiazul, y en el ánimo de una aprobación unánime, el gobernador retiró su propuesta y se aprobó tal como la conocemos.

¿Por qué entonces no propuso el acortamiento a 2 años?

¿Aún no se apreciaba el término de su gestión y -en febrero- aún no se tenía la certeza (existía una cierta confianza en el triunfo del PRI, pero se advertía el lento pero firme crecimiento de la candidatura de López Obrador y el PAN aparecía descartado de la contienda presidencial) que hubiese un presidente de la república y que, por tanto, en la designación de candidato del PRI a la gubernatura tenía “mano” el mandatario local?

Bueno, pues el presidente es el priista Enrique Peña Nieto y no fácilmente se superan las formas del pasado. 

¿Acaso ha habido otra forma para designar a los candidatos del PRI en Chihuahua, a todos los puestos de elección popular? ¿No ha sido el gobernador, “primer priista del estado”, el que los ha palomeado?

¡Ah, es que “el partido” resolvió las candidaturas!

¿Se pretende empatar la elección de gobernador con la presidencial? Pues dejen recordarles que en esas elecciones, salvo la del 2012, de las recientes, las de la plena competencia electoral, bajo la conducción de órganos electorales sin la hegemonía (por lo menos oficialmente) del priismo, el PRI local ha obtenido las más bajas votaciones?

¿Están apostándole a que la elección presidencial arrastre el voto para el candidato priista del 2018? Pueden estar haciendo mal las cuentas. Si los procesos políticos, y los electorales continúan así, es probable que la contienda presidencial del 2018 se resuelva entre el PAN y la izquierda, con el agravante que esa elección arrastrará a las otras y quien gane la presidencia estará en mejores condiciones de llevarse más gubernaturas, diputaciones federales, locales, alcaldías y legislaturas locales, salvo fenómenos locales, aislados y esporádicos.

Usar todas las argumentaciones anteriores tiene una sola explicación: No hay justificación, más allá de lo estrictamente político-partidario, para disminuir aún más el siguiente período gubernamental.

Vamos, el mismísimo Gobernador Duarte no lo tenía en el pasado, de ahí su propuesta de alargar los períodos de los alcaldes.

Y el argumento del ahorro en número de procesos electorales y por consiguiente económico, no resiste el menor análisis. De aquí al 2021, si se aprueba el miniperíodo, tendríamos una elección más de gobernador que si se mantiene el período de 5 años. Aprobarlo implicaría un costo de 800 millones de pesos más. (Nota de Jaime Armendáriz, El Diario de Chihuahua, 8/V/).

En ambos casos ya estarían empatados los procesos electorales estatales con los federales.

¿Entonces, cuál es la explicación?

No nos dejan más opciones que la especulación y al dar margen a ello quienes salen más mal librados son los actuales gobernantes de Chihuahua. Es de tal magnitud la desinformación que una buena parte de la población cree que en el fondo subyace la pretensión de prolongar el mandato del Gobernador Duarte dos años más.

Ha calado tanto que hasta la columna GPS, de El Diario de Chihuahua (8/V/15) lanzó la idea de que podrían realizar una modificación constitucional para darle cauce a tan desmesurada hipótesis.

No se puede, por el momento; para hacerlo debería modificarse la Constitución federal.

Pero otros, más informados, sostienen que se pretende pavimentar el camino para que alguien del grupo gobernante -por supuesto ligado a Duarte- pudiera convertirse en el gobernador del miniperíodo, en lo que sería la continuación, de facto, del actual gobierno estatal, para lo cual deberían obtener la aprobación del Presidente Peña, a fin de que éste declinara de uno de sus principales privilegios no escritos, el de designar los candidatos de su partido a las gubernaturas, bajo la promesa de Duarte de operar eficientemente los procesos electorales.

Para tener abierta esa posibilidad su partido tendría que obtener, por lo menos, 8 triunfos en el actual proceso electoral, de ahí que desde Palacio de Gobierno se confíe tanto en que el PRI obtendrá ¡9 de 9 distritos!

El problema es que aún si así fuera, se antoja lejano que Peña decline a la posibilidad de contar con un gobernador, en Chihuahua, más cercano a él, o a alguno del gabinete que se haya inscrito en la lucha presidencial.

No la tienen fácil. La extendida percepción ciudadana que la pretensión es del Gobernador Duarte es un elemento más de rechazo a los candidatos del PRI. 

Y encima de ello, la abierta oposición (como en el caso de los diputados Teporaca Romero y Eloy García Tarín) o en la probable de Daniel Murguía y Arturo Licón (hermano y concuño del ex alcalde Héctor Murguía, serio aspirante a la gubernatura) y hasta del diputado Jesús Díaz Monárrez, también cercano a Murguía, querría decir que la propuesta de Duarte-Aragón no tiene viabilidad, ya que no tendrían 22 votos, la cuota necesaria para aprobar la reforma constitucional propuesta.

Estaríamos frente a una seria división en el PRI. Porque nadie puede desestimar las declaraciones de Romero y Tarín, pertenecen a grupos políticos importantes del priismo local, más en el caso del segundo, y tal y como se aprecia la actual contienda, el PRI está urgido de la participación de todos sus actores para obtener más de 5 triunfos.

A diferencia de las visiones optimistas al interior del grupo gobernante, pareciera consolidarse la percepción que el PAN podrá ganar en los distritos 03 de Juárez, 05 de Delicias y 06 de Chihuahua, pero las campañas del PRI no prenden en el 04 de Juárez y el 08 de Chihuahua.

La preocupación en los mandos medios de la campaña del PRI está al rojo vivo, reportan que han encontrado gran rechazo de la base priista a participar en la campaña, a grado tal que hasta para obtener representantes de casillas han batallado, pero en el distrito 08, que tradicionalmente el PRI ha tenido la ventaja, magra, pero ventaja al fin y al cabo, pareciera que las distancias se han acortado y en estos momentos, dicen protagonistas de uno y otro bando, se acortaron y existe un empate.

Bueno, pues si es un empate a cuatro semanas de las elecciones, con las curvas de las preferencias encontradas, querría decir que la panista Rosy Baray terminaría ganando ese distrito. Si así ocurriera, los resultados serían extremadamente favorables para el panismo, 4 de 9 distritos.

Y si la catástrofe del PRI llegara al distrito 04, la noche del 7 de junio sería extremadamente larga para el grupo gobernante.

Son muchos los errores, que se aprecian hasta en los detalles más nimios. En la iniciativa presentada por Hortensia Aragón y Rodrigo de la Rosa proponen la modificación “por única vez” de la duración del mandato del gobernador a dos años. 

A renglón seguido exponen las fechas de inicio y término del siguiente período, que adelantan en un mes a las que hasta ahora son vigentes, pero no proponen la modificación de los artículos constitucionales que precisan la duración del mandato del gobernador, así como la fecha de toma de posesión y fin del mandato, para todos los períodos gubernamentales.

Pequeña cosa, en el supuesto que así se aprobara, y no se modificaran los artículos constitucionales, el siguiente gobernador terminaría el 3 de septiembre de 2016 y el sucesor iniciaría ¡el 4 de octubre de 2016! ¡Un mes sin gobernador!

Y les pagamos 100 mil pesos mensuales, más los arrimadijos.

Son de una incompetencia que da terror.

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¿Maniobra distractora?

El Diario, 7 de mayo de 2015

Luis Javier Valero Flores

Finalmente, la “ocurrencia”, la “broma” de una tarde de tragos, que se convirtió en cosa “seria”, como la denominaría Rodrigo de la Rosa, líder de los diputados del PRI, se hizo realidad.

La coordinadora de los legisladores del PRD, Hortensia Aragón Castillo, seguramente después de consultar a la dirigencia de este partido (como lo prometió cuando se hizo pública esa intención del gobierno de Chihuahua) presentó ayer una iniciativa de ley para elegir gobernador por un período de 2 años. De inmediato fue respaldada por la diputada Mayra Chávez, la lideresa del PRI juarense.

La propuesta consiste en modificar las fracciones I y II del Tercer Artículo Transitorio del Decreto 883/2012, para que el próximo período gubernamental quede comprendido del 4 de septiembre de 2016 al 3 de septiembre de 2018.

La propuesta realizada por Aragón Castillo guarda una más que “extraña” coincidencia con los puntos de vista de Rodrigo de la Rosa, pues ambos sostienen que no es una modificación constitucional y que, por lo tanto, no hay necesidad de la aprobación de una mayoría calificada, consistente en las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión en la que se aborde el asunto y, entonces, para aprobarla, sólo se requiere de mayoría simple.

¿Por qué insistir en tal mecanismo?

Es simple la respuesta: Porque, de someterla a la consideración de la mayoría calificada, no la obtendría y sometería al grupo parlamentario -y al PRI local- a una probable división, la primera que ocurriría en el actual sexenio ya que varios diputados priistas y algunos de otros partidos -que hoy gravitan en la esfera del PRI- tampoco la aprobarían.

No son pocos, se habla de un número mayor al de 5.

Esto es, si a esa sesión asistieran todos los diputados, se necesitarían 22 votos para aprobar la modificación, de conceptualizarse como constitucional. 

No los tienen. Los panistas han expresado en todos los tonos que no votarían a favor. Son 7. Faltarían 5 diputados, de cualquier partido, para echar abajo la iniciativa.

¿Quiénes estarían en esa hipotética postura?

Seguramente todos los priistas que no forman parte del proyecto de alguno de los aspirantes cercanos al actual grupo gobernante, porque en el ánimo de los aspirantes “ajenos” al Gobernador Duarte prevalecerá la idea que se trata de un intento de asegurar la continuidad en el gobierno, a través de un miniperíodo gubernamental.

No tiene ni pies ni cabeza la propuesta, sólo la explicación anterior que, a juzgar por el interés mostrado, la diputada elegida para hacerlo y el aval otorgado por de la Rosa, sería la verdadera, pues eso de ahorrarnos dinero y elecciones es una soberana mentira.

La reforma que ahora pretenden reformar permitía que se realizaran 22 procesos electorales de aquí al 2024. Lo que propone la diputada perredista mantiene el número de elecciones, lo único que cambia es el período del siguiente gobernador, en lugar de 5 años gobernaría ¡Dos!

¿A quién se le ocurre que eso es sano para Chihuahua, para los chihuahuenses?

No, señores, esa una maniobra palaciega en la que no están presentes los mejores beneficios para la sociedad. Y a ésta, ni por casualidad, ni siquiera por un lapsus, de cualquier tipo, se les ocurre mencionar que sería consultada sobre asuntos tan trascendente.

Miren la manera de justificar otro atentado a la civilidad democrática: “En este contexto, la homologación de los procesos electorales no solo permite la reducción de los costos erogados en las campañas y la fiscalización efectiva del gasto público, sino que también permite al ciudadano el acceso a la información concentrada en un período de tiempo que le hace posible poner a contraluz la realidad social y política con las propuestas de los diferentes partidos y candidatos, a fin de evaluar su desempeño, mediante el ejercicio efectivo de su derecho a voto”.

¿Pues qué la reforma anterior no homologaba los procesos electorales?

¡Claro que sí!

Los diputados y los alcaldes elegidos en 2016 entregarían en 2018. Los sucesores de éstos serían elegidos en ese año, junto con los legisladores federales y el presidente de la república. A su vez, el gobernador elegido en 2016 entregaría en 2021, año en el que se elegirían, otra vez, alcaldes, diputados locales, diputados federales y gobernador.

De ahí en delante los siguientes mandatarios serían elegidos cada seis años. Entonces ¿Para qué reformar la reforma?

¿Es, como dice el diputado Jáuregui, una maniobra distractora de la que dijo conocer, tanto el origen, “como quien lo está elaborando”?

Además, aseguró que no se aprobará y que “gente del propio partido que manda la iniciativa no van a votar por ella (pues) esta es la primera vez que una broma se está transformando en iniciativa, y no le hace, en lo absoluto, ni bien al poder Ejecutivo, ni bien al Poder Legislativo, y deja a la clase política chihuahuense terriblemente afectada (ya que)… a partir del 2016 en Chihuahua no volvería a haber elecciones federales y estatales separadas, sin necesidad de hacer acuerdos en lo oscurito”.

Les digo, ya deberemos prohibir las reuniones “sociales” de los diputados de Chihuahua, no sabemos con qué otra “broma” nos pueden sorprender.

Como lo canta Serrat, “… Si no fueran tan temibles/nos darían risa. Si no fueran tan dañinos/nos darían lástima”.

Escuche, de lunes a viernes a las 6 pm, en Chihuahua, Aserto Radio 102.5FM, o por www.antenafm.mx

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¿Crecimiento? Igual que antes

El Diario, 3 de mayo de 2015

Luis Javier Valero Flores

Se trata, sin duda, de buenas noticias pero que denotan el agotamiento de un modelo que nos llevó, entre otros factores, a la situación por la que atravesamos, de fines del 2007 al 2011, y cuyas consecuencias abarcarán infinidad de años.

La actual administración estatal pregona, eufórica, el haber alcanzado diversas cifras en el mejoramiento de la situación económica de la entidad; ahora hablan del casi empleo total (existe un desempleo del 3.5%); del crecimiento sin igual en la generación de empleos, del abatimiento de la informalidad (Chihuahua ocupa, ya, el primer lugar nacional en ese rubro) y de real disminución de la inseguridad pública.

No faltan a la verdad. Al cierre de abril la entidad contaba con alrededor de 785 mil empleos (todas las cifras están basadas en los reportes del IMSS), sin embargo, confrontadas con otras cifras lo que ahora vivimos, es como si  simplemente regresáramos al punto en que nos encontrábamos a fines del 2007.

De ese tamaño fue el conjunto de las crisis afrontadas por los chihuahuenses, la económica y la derivada de la crisis de seguridad pública.

Tener empleo no basta, la calidad de los salarios es fundamental. 

Da pavor, cerca de 7 de cada 10 trabajadores ubican sus ingresos entre uno y tres salarios mínimos, esto es, los que están en este extremo, que obtienen apenas un poco más de 6 mil pesos mensuales.

Para ubicar tales realidades sirva de referente el hecho de que en el año 2000 existían en la entidad 710 mil empleos. En 15 años sólo se crearon 75 mil nuevos empleos.

Si el crecimiento de la población hubiese sido de alrededor del 2% anual, sin contar la inmigración, querría decir que, por lo menos, para mantener el nivel de ocupación de aquel año, al cierre de 2014, deberíamos contar con poco más de 920 mil empleos formales en Chihuahua.

¿A dónde se fueron quienes no lo tuvieron?

Y tales cifras -la de las 785 mil plazas laborales- se generaron con un crecimiento económico del 5% en 2014, cuando el promedio nacional fue del 1%.

Ufanos, los actuales gobernantes presumen que en la presente administración se han generado 116 mil 585 empleos formales, 5 mil de ellos en enero de este año.

Del total de los empleos formales (785 mil 545 asegurados en el IMSS), el 50% se encuentran en Juárez, con lo que la entidad alcanzó el primer lugar por el menor porcentaje de empleos informales en el país.

Chihuahua tiene la “tasa más baja de desempleo de los últimos años, al ubicarse en 3.5%. La entidad pasó de ser el lugar 28 en empleo informal, al número 1 en formalidad”. (Nota de KARINA RODRÍGUEZ CHACÓN, El Heraldo de Chihuahua, 1/V/15).

Tal cifra se puede explicar porque en 2014 la industria maquiladora creó la cifra récord de 27 mil 128 nuevos empleos en Juárez, para llegar a un total de 253 mil 433 trabajadores. (Nota de Berenice Gaytán, El Diario de Juárez,  10/I/15).

Pero tales cifras deberán contrastarse con las existentes en 2008, antes de la crisis, cuando la maquiladora daba empleo a 249 mil 837 personas, ¡Apenas 4 mil menos que 7 años después!

La evolución del crecimiento del empleo en el sector líder en la entidad, la industria maquiladora, se aprecia por su desarrollo en Juárez:

En tanto que en 2014 se crearon 27 mil 128. En 2013 fueron 12 mil 827; a su vez, en 2012 fueron 21 mil 129; en 2011, 4 mil 508, y en 2010 se crearon 11 mil 134. 

Pero en dos años -2008 y 2009- la industria maquiladora asentada en Juárez perdió la friolera de 68 mil 524 empleos -15 mil 887 en 2009 y 52 mil 637 en 2008-. (Ibídem).

Tales cifras llevaron a que Chihuahua cerrara el año con el más bajo índice de desempleo en el país, apenas del 4%, lo cual quiere decir que se encuentran sin trabajo más de 68 mil chihuahuenses, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI):

“Del total de desempleados, el 16 por ciento, es decir, unos 11 mil 024 tienen instrucción superior; el 15% (10,335) estudios de medio superior; el 38% (26,182) secundaria; 29% (19,981) primaria y un 2 por ciento (1,378) no tenían instrucción. De acuerdo con las cifras del INEGI, el desempleo muestra un crecimiento del 5% para el segmento de personas con algún grado académico superior, entre el 2000 y 2014, ya que del total de desocupados, representaban, a principios de la década, el 11% y al cierre del año pasado eran el 16%”. (Nota de Manuel Quezada Barrón, El Diario de Chihuahua, 1/V/15).

La desocupación “ilustrada” se incrementó severamente entre los que cuentan con educación media superior, justamente el segmento al que fue dirigido el principal logro de la actual administración estatal. En tanto que en el año 2000 representaban el 3% de los desempleados, para el 2014 ya eran 15 de cada 100.

Pero tal fenómeno es nacional: “Según datos de la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, del total de desocupados en el país al cierre del 2000, el 15% tenía nivel de instrucción superior y al cierre del 2014, este grupo representaba ya el 24%”. (Nota de Manuel Quezada, Aserto 141, abril de 2015).

Pero si lo anterior nos lleva a no lanzar tan alegremente las campanas al vuelo, el tema del salario sí que es preocupante. Simplemente pareciera como si hubiese hecho una pausa en el tiempo transcurrido entre el principio del siglo XXI y hoy.

“De acuerdo con datos del IMSS, de los 778 mil 514 empleados asegurados, el 65.2 por ciento perciben entre $68.28 y $204.8 pesos diarios, de uno a tres veces el salario mínimo general”. (Nota de Manuel Quezada Barrón, El Diario de Chihuahua, 1/V/15).

Si redondeamos las cifras, querrá decir que dos terceras partes de los 780 mil trabajadores con empleo formal perciben poco más de ¡6 mil pesos al mes!.

Nada menos que la cifra mágica, citada por el entonces Secretario de Hacienda de Felipe Calderón, Ernesto Cordero, quien afirmó que con tales ingresos se podían pagar las colegiaturas, la casa y hasta un vehículo.

A pesar de las voces empresariales, y no pocas gubernamentales, que sostienen la inexistencia de personas que devenguen el salario mínimo (68.28 pesos diarios), en el estado existen 17 mil 773 de esos trabajadores.

A su vez, poco más de 300 mil (310 mil 251) -es decir, 4 de cada 10 trabajadores- reciben dos salarios mínimos (136.56 pesos) “y otros 186 mil 488, -casi la cuarta parte del total de empleados- la cantidad de $204.84 pesos”. (Ibídem).

¿Se podría negar la bondad de las cifras hasta ahora alcanzadas en la actual administración estatal?

Por supuesto, no, pero arrastran un problema intrínseco pues estamos regresando -casi- al punto de partida de la peor crisis de seguridad pública y la calidad de los empleos y salarios es la misma que entonces.

La curva del incremento de la violencia -cuya peor manifestación fue la oleada homicida-, se dijo en distintos tonos y por los más variados protagonistas sociales y políticos, de un brutal incremento, tardaría años en descender.

Hoy lo estamos observando, pero uno de los factores que nos llevó hasta allá, y que generó la abundante “mano de obra”, barata y disponible, sobre todo en la frontera, fueron las enormes carencias sufridas por generaciones enteras, fruto de una política económica que genera empleos, pero muy mal remunerados y que, para generarlos y aprovechar la mano de obra, sobre todo la femenina, desmanteló toda una forma de vivir y desmadejó los modelos familiares, en aras de buscar un mayor ingreso familiar, a costa del abandono de niños y adolescentes.

Así se generó la llamada “generación de la maquila”. Por miles, niños y jóvenes abultaron las filas de las bandas criminales. También, así, por miles, cayeron, abatidos por las balas.

Sin esperanza, ni futuro; ni escuela, ni trabajo, ni familia, ni comprensión de la sociedad, inmersos en una sociedad de inmensas desigualdades y no menores carencias, decenas de miles de jóvenes a lo más que pueden aspirar es a una plaza de trabajo de las que se ofrecen en el “Estado Grande”.

No se puede continuar así, urge la elaboración de una política económica distinta, diametralmente, a la que hasta ahora hemos sufrido. Ese es el verdadero reto de los que gobiernen Chihuahua en adelante. 

Perdimos, casi, una década.

MARCELINO.- Marcelino Gómez, Secretario de Comunicación del Comité Estatal de Morena, le gritó al Gobernador Duarte, en el desfile del 1o. de mayo, lo siguiente: “La justicia llega, tarde, pero llega. Usted tiene endeudado a Chihuahua y tiene empeñado el futuro de los jóvenes”.

La respuesta del Gobernador sorprendió al escribiente, no porque sea la primera ocasión en la que, al enfrentar a ciudadanos que le reclaman le gana el temperamento, sino porque es la primera ocasión (por lo menos en el conocimiento del articulista) en la que insulta a quien lo increpa. Le dijo, “Eres un loco, no sabes de lo que hablas, estás envenenado…”.

No hubo, ni insultos, ni agresión de Marcelino al gobernante. Luego de las frases de Duarte, el joven le gritó “corrupto” y se alejó, en tanto el gobernador saludaba efusivamente a otros asistentes al desfile que se acercaron a él.

Marcelino se retiró de la tribuna del Gobernador. Luego fue alcanzado por algunos de los escoltas del mandatario y varios policías estatales. Lo conminaban a que se “disculpara” con Duarte. Eso dió origen a empellones y algunos golpes entre los policías y militantes de Morena y otras agrupaciones sociales.

Más allá del punto de vista, respecto de la actuación de Marcelino Gómez, los gobernantes no pueden, no deben, perder la compostura, un simple gesto del primer mandatario de la entidad genera en los subordinados, más en el caso de los integrantes de los cuerpos de seguridad, reacciones más allá de las legales y excesos que no pueden permitirse.

El Gobernador Duarte ha expresado en diversas ocasiones no ser ajeno al debate a la confrontación, eso le permitiría no perder la calma en situaciones como la ahora relatada. No puede andar denostando a los ciudadanos, ni sus guardias pueden convertirse en peticionarios de disculpas para su jefe.

Se supone que vivimos la realidad de la plena confrontación democrática, los gobernantes son los primeros que deben asumirla.

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