El Diario, 23 de diciembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
La decisión del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), José Luis Armendáriz, de solicitarle al Congreso del Estado la instauración de un juicio político contra los jueces que absolvieron en primera instancia a Sergio Barraza, –Nezahualcóyotl Zúñiga Vázquez, Catalina Ochoa Contreras y Rafael Boudib Jurado, y los agentes del Ministerio Público y de la Policía Municipal de Juárez que intervinieron en el caso del presunto asesino de Ruby Frayre– que le ofreció una salida al enredo gubernamental, originado por la premura de aparecer como muy preocupados por el asesinato de Marisela Escobedo, no deja de ser una bocanada de aire fresco en estos deplorables sucesos, representativos de la crisis estructural de las instituciones encargadas de la seguridad pública y de la procuración y aplicación de justicia.
Pero ahora sabemos que también deberán ser investigados los encargados de evaluar a los aspirantes a los cargos de jueces y agentes del ministerio público, pues, ¡bonita cosa ahora nos venimos enterando que los jueces, no aprobados para acceder a esos cargos en la capital y que por obra y gracia de quién sabe quién aparecieron como jueces ¡de la ciudad más conflictiva del país
Por eso se agradecen los buenos oficios de la CEDH. No importa que sean para enmendarle la plana al Gobierno del Estado, que para eso también se creó este organismo, si esto da lugar a un verdadero proceso de investigación de todas las instancias que fallaron en este problema.
¿Quién, de la policía municipal juarense, decidió que la denuncia del padre de Sergio Barraza no tenía fundamento?
¿Cuántos funcionarios de la entonces Procuraduría del Estado desestimaron las continuas denuncias de Marisela Barraza?
¿Y los agentes del Ministerio Público, y sus jefes, encargados de acreditar la responsabilidad de Sergio Barraza, más allá de conformarse con una declaración autoinculpatoria de éste?
¿Cómo explicarnos que, ante la presión social lograda por Marisela, un tribunal –de casación–, con las mismas evidencias a la mano que sus compañeros jueces, dictaran sentencia condenatoria en ausencia del enjuiciado?
¿Acaso al presidente del Supremo Tribunal de Justicia de entonces, Rodolfo Acosta Muñoz, no le parecieron, por lo menos, raras ambas sentencias y no tomara cartas en el asunto?
Hasta ahí lo concerniente en el caso de Ruby Frayre ¿Y el de Marisela? ¿En dónde está la tajante orden de cesar a los funcionarios de la Fiscalía que debieron estar al tanto de la seguridad, “discreta”, de Marisela?
¿Dónde la perentoria orden de investigar al personal de seguridad de Palacio de Gobierno que pudo ser testigo del crimen? ¿Dónde la exigente orden de la Fiscalía General para investigar el incendio de la maderería de Marisela y su pareja y el asesinato de su cuñado, primero, para esclarecerlos y, segundo, para informarle a los chihuahuenses sí estos cuatro hechos criminales tienen conexión entre sí o no?
Iniciar un proceso así, con la activa participación de los familiares de Marisela Escobedo, de la CEDH y de las organizaciones de la sociedad civil cercanas a aquellos sí podría convertirse en un verdadero parteaguas, a partir del cual podríamos empezaríamos a construir esperanzas de que los nuevos gobernantes están apostándole no solo energías, sino fundamentalmente inteligencia y respeto al marco legal para afrontar la gravísima crisis por la que atravesamos.
De lo contrario solamente tendremos, a cada nuevo salvaje episodio, sólo enérgicas declaraciones cuya vigencia dura menos de un día, el tiempo suficiente para que un nuevo hecho sangriento nos robe la atención.
Otra es la ruta del Congreso del Estado en lo referente a la solicitud de juicio político en contra de los jueces del primer proceso de Sergio Barraza. Una vez ratificada la denuncia por el presidente de la CEDH, deberá convocarse a un período extraordinario para conocer del caso, en su caso aceptarlo y nombrar a la Comisión Instructora, la que deberá someter al Pleno del Congreso un dictamen.
Bueno, ojalá no nos vayan a salir con el sambenito de que las sesiones del proceso serán privadas. Orear, transparentar su actuación (y la del resto de las actividades investigadoras de este caso) es obligado, la opacidad sólo llevará a mayor desesperanza.
jueves, 23 de diciembre de 2010
Imposible
El Diario, 21 de diciembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Imposible aceptar que el asesinato de Marisela Escobedo deba formar parte de la estadística general de la negra noche chihuahuense.
Imposible aceptar que el origen de su activismo merezca unas cuantas líneas de Twitter de Felipe Calderón y que, encima de ello, éste evidencie su profunda ignorancia de las reformas penales propuestas por él mismo, pues al deplorar el trabajo de los jueces que exoneraron a Sergio Barraza del asesinato de Ruby Frayre, incurre en el mismo error de la mayoría de quienes ubican la confesión de éste como la prueba reina de su proceso.
Imposible aceptar que ahora nadie ordene una “exhaustiva” investigación para saber las razones por las cuales la activista se encontraba totalmente desguarnecida.
Sí, concedamos, la culpa de origen fue un proceso mal atendido por las autoridades prejudiciales y judiciales del sexenio anterior, pero de ahí a no atender las gravísimas fallas que le causaron la muerte a Marisela son, también, imposibles de aceptar.
Imposible transigir en que este asesinato no es de los que debieran abrir una brecha entre el antes y el después. Porque entre la sentencia absolutoria a Sergio Barraza y los atentados en contra de la familia de Marisela hay un mundo de distancia, la existente entre quienes tienen la capacidad financiera, logística, audaz, de preparar y llevar al cabo un asesinato frente a Palacio de Gobierno, con todas las implicaciones que se supone provocaría un atentado de esa naturaleza.
Esa distancia, aparentemente, es la existente entre la comisión de un delito del orden común y otro en el que las evidencias nos conducen a la participación de grupos delictivos, lo que nos lleva, indefectiblemente, a la misma conclusión: El crecimiento de los índices delictivos en Chihuahua tiene como origen el enfrentamiento entre los cárteles y la inoperancia (eso esperamos) de las fuerzas policiales.
Imposible aceptar que no se inicie una enérgica revisión de la actuación de los exagentes del Ministerio Público –hoy fiscales-, de los agentes ministeriales, de sus jefes, de los procedimientos, de las técnicas de investigación, del aparato de inteligencia de las policías locales. Imposible, imposible.
Imposible no esperar la reacción pletórica de hartazgo, de impotencia, de incredibilidad, de escepticismo, de una sociedad, ahora sabemos, inerme ante los embates criminales. Si a esa señora que protestaba la matan ¿Qué podemos esperar los demás ciudadanos? Es la conclusión generalizada. ¿De qué sirve denunciar a los criminales si suceden cosas como éstas ¡Y en el mismísimo Palacio de Gobierno!?
Ciertamente, desde la óptica del poder todos los crímenes deberán ser tratados con la misma medida, pero hay algunos que debieran servir de acicate a las estructuras institucionales tan carcomidas, tan deplorables, tan inútiles existentes hoy día, pero tampoco deberá aceptarse que todos los crímenes son iguales, hay unos, como el de Marisela, que debieran acicatear a una sociedad tan agraviada como la nuestra y debiera servir de impulso de los gobernantes, siempre y cuando éstos efectuaran una profunda introspección de sus formas de gobernar.
Estamos en una etapa verdaderamente crucial, los signos en ese sentido aparecen por doquier; el barco que hasta fines de los 70’s del siglo pasado parecía extraordinariamente boyante, que los panistas creyeron suficiente para continuar con la aplicación de una ligera capa de pintura, hace agua por todos lados, y no basta con regresar a sus antiguos pilotos, dispuestos a gobernar con las mismas formas; la crisis, digámoslo en términos académicos, es estructural, y la manera en que abordan los problemas, conforme van surgiendo es, precisamente, la peor.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
Imposible aceptar que el asesinato de Marisela Escobedo deba formar parte de la estadística general de la negra noche chihuahuense.
Imposible aceptar que el origen de su activismo merezca unas cuantas líneas de Twitter de Felipe Calderón y que, encima de ello, éste evidencie su profunda ignorancia de las reformas penales propuestas por él mismo, pues al deplorar el trabajo de los jueces que exoneraron a Sergio Barraza del asesinato de Ruby Frayre, incurre en el mismo error de la mayoría de quienes ubican la confesión de éste como la prueba reina de su proceso.
Imposible aceptar que ahora nadie ordene una “exhaustiva” investigación para saber las razones por las cuales la activista se encontraba totalmente desguarnecida.
Sí, concedamos, la culpa de origen fue un proceso mal atendido por las autoridades prejudiciales y judiciales del sexenio anterior, pero de ahí a no atender las gravísimas fallas que le causaron la muerte a Marisela son, también, imposibles de aceptar.
Imposible transigir en que este asesinato no es de los que debieran abrir una brecha entre el antes y el después. Porque entre la sentencia absolutoria a Sergio Barraza y los atentados en contra de la familia de Marisela hay un mundo de distancia, la existente entre quienes tienen la capacidad financiera, logística, audaz, de preparar y llevar al cabo un asesinato frente a Palacio de Gobierno, con todas las implicaciones que se supone provocaría un atentado de esa naturaleza.
Esa distancia, aparentemente, es la existente entre la comisión de un delito del orden común y otro en el que las evidencias nos conducen a la participación de grupos delictivos, lo que nos lleva, indefectiblemente, a la misma conclusión: El crecimiento de los índices delictivos en Chihuahua tiene como origen el enfrentamiento entre los cárteles y la inoperancia (eso esperamos) de las fuerzas policiales.
Imposible aceptar que no se inicie una enérgica revisión de la actuación de los exagentes del Ministerio Público –hoy fiscales-, de los agentes ministeriales, de sus jefes, de los procedimientos, de las técnicas de investigación, del aparato de inteligencia de las policías locales. Imposible, imposible.
Imposible no esperar la reacción pletórica de hartazgo, de impotencia, de incredibilidad, de escepticismo, de una sociedad, ahora sabemos, inerme ante los embates criminales. Si a esa señora que protestaba la matan ¿Qué podemos esperar los demás ciudadanos? Es la conclusión generalizada. ¿De qué sirve denunciar a los criminales si suceden cosas como éstas ¡Y en el mismísimo Palacio de Gobierno!?
Ciertamente, desde la óptica del poder todos los crímenes deberán ser tratados con la misma medida, pero hay algunos que debieran servir de acicate a las estructuras institucionales tan carcomidas, tan deplorables, tan inútiles existentes hoy día, pero tampoco deberá aceptarse que todos los crímenes son iguales, hay unos, como el de Marisela, que debieran acicatear a una sociedad tan agraviada como la nuestra y debiera servir de impulso de los gobernantes, siempre y cuando éstos efectuaran una profunda introspección de sus formas de gobernar.
Estamos en una etapa verdaderamente crucial, los signos en ese sentido aparecen por doquier; el barco que hasta fines de los 70’s del siglo pasado parecía extraordinariamente boyante, que los panistas creyeron suficiente para continuar con la aplicación de una ligera capa de pintura, hace agua por todos lados, y no basta con regresar a sus antiguos pilotos, dispuestos a gobernar con las mismas formas; la crisis, digámoslo en términos académicos, es estructural, y la manera en que abordan los problemas, conforme van surgiendo es, precisamente, la peor.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
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lunes, 20 de diciembre de 2010
Mátenme frente a Palacio
El Diario, 19 de diciembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
¿A qué intereses se enfrentó la activista Marisela Escobedo, llegada a esa faceta de su vida a causa de exigir, hasta la muerte, la aplicación de justicia?
-Mátenme frente a Palacio, para vergüenza de las autoridades-, les gritó días antes de su asesinato el jueves anterior.
Era lo que faltaba, un asesinato frente a las puertas del Gobierno de Chihuahua, sin duda el más violento del país –por lo menos en ejecuciones a lo largo del año, y de los tres últimos también– que desnudase con toda crudeza la gravísima crisis de las instituciones chihuahuenses.
La febril actividad de Escobedo la llevó a encontrar hasta en dos ocasiones al presunto asesino de su hija Rubí, Sergio Barraza, pareja sentimental y padre de su hija, ahora de dos años. Realizó lo que todo un aparato de procuración de justicia no pudo –no quiso– efectuar: Ubicar y detener a quien pensaba pudiera ser el responsable del asesinato de su hija.
Pero enseguida tropezó con un escollo mayor, que ahora repiten periodistas, gobernantes, analistas y políticos en general. Barraza fue liberado a pesar, dicen, de haberse confesado culpable del asesinato. Sin embargo, tres jueces de juicios orales no encontraron evidencias de que fuera el responsable, vamos, ni siquiera pudieron demostrarles (los fiscales, en aquel entonces agentes del Ministerio Público) que Barraza hubiese estado en el lugar del crimen. Solo existía, machaconamente, la supuesta confesión del presunto.
El caso arrastra –sostiene el abogado Salvador Urbina– “una deficiente integración del agente del Ministerio Público, de la carpeta de investigación en la que se pretendía responsabilizar a Sergio Rafael Barraza Bocanegra por la muerte de su esposa Rubí Marisol Frayre Bocanegra”.
Quienes ahora deploran la actuación de los jueces, han pasado por alto que la responsabilidad de la exoneración decretada pasa, también, por la contundencia de las pruebas aportadas por el Ministerio Público, cosa que alegarán los jueces destituidos fast track el viernes anterior, en una deplorable demostración de sometimiento de los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia a los dictados del titular del Poder Ejecutivo y que seguramente objetarán legalmente.
Peor aún, si se llegará a esa etapa, acudiremos a la ventilación de un conjunto de corruptelas pues la mecánica del asesinato de Marisela, intuida al principio, constatada luego por el video de las cámaras de seguridad de Palacio y primeras versiones oficiales, nos habla de la concreción de un asesinato por elementos muy profesionales, con la participación de, al menos, cuatro o cinco personas, además del asesino, hechos que se advierten de la lectura detallada de tal evidencia.
Aterra la sincronización del grupo y espantan las condiciones de relajamiento absoluto de las dependencias de seguridad pública.
Una mujer, denunciante de un salvaje asesinato, decidió manifestarse permanentemente frente a Palacio de Gobierno de la entidad más violenta del país. Ella misma denunciaba una y otra vez, a quien quisiera escucharla, que había sido amenazada de muerte por los familiares del presunto asesino de su hija.
Bueno, pues ni en uno ú otro caso existía la más elemental medida de seguridad alrededor, ni de Palacio de Gobierno, ni de la activista ¿Acaso no estamos en medio de una fatal guerra de los Carteles, o de la “guerra” de Calderón contra ellos? Ni un solo elemento de seguridad pública se encontraba cerca en el momento de los hechos.
La misma noche del asesinato, las autoridades afirmaron que Escobedo sí contaba con una protección “discreta” y que Palacio de Gobierno se había cerrado minutos antes del asesinato.
Marisela no tenía protección de ningún tipo y las puertas de Palacio se cerraron en el momento que se detenía el vehículo blanco (según se aprecia en el video, 33 segundos antes del disparo fatal) que transportó al asesino de Marisela Escobedo. Hasta unos momentos atrás, salieron y entraron personas del recinto ¿Por qué cerraron en ese momento? ¿Alguien puede explicarnos la razón? ¿Los agentes de seguridad se percataron del atentado y prefirieron cerrar?
¿Por qué razón, si Marisela había denunciado amenazas de muerte en su contra no se le asignó una protección, así fuera “discreta”, como asevera el Fiscal General? Porque de haber existido ésta, los segundos que le ofreció su hermano a Marisela, al lanzarle una silla al asesino, hubiesen bastado para evitar su muerte.
Vaya valentía la de esta mujer, emblemática ya de la lucha por la impartición de justicia, huyendo de su agresor tuvo la entereza de, con el movimiento de su brazo, pedirle a su hermano que se apartara.
Pero si de la mecánica del asesinato no se desprendieran conclusiones más aterradoras, el “levantón” del cuñado de Marisela y el incendio del negocio de su pareja, provocado por individuos armados, el día de ayer, no puede ubicarse como una fatal coincidencia.
¿Nos debe llevar a la conclusión de que Marisela se había enfrentado a un grupo del crimen organizado? ¿Que sus protestas, sobre todo mediáticas, influyesen en esos grupos criminales a grado tal que los llevó a tomar determinaciones funestas para la doliente madre de Rubí?
Cuesta trabajo creerlo. La otra sospecha es la perversa colusión de esos intereses y los de quienes no efectuaron su trabajo y que la actividad de Marisela la llevase al descubrimiento de una más de las cloacas de los aparatos de seguridad.
Lo cierto es que la actuación de esos elementos raya en la provocación al orden establecido, su actuación, presta, profesional, retadora, pues sabían del enorme riesgo corrido de efectuarse un atentado en ese lugar. No les importó.
Y empezó el linchamiento ¿Contra quién? Pues por supuesto contra los jueces. Estos pueden ser responsables de omisiones, quizá hasta delitos, pero afirmar tajantemente que son los culpables deberá merecer la atención de los niveles superiores del Poder Judicial. Implica luchar contra una forma de apreciar la aplicación de justicia. En Chihuahua, para acabar con los chivos expiatorios, se determinó quitarle a la declaración autoinculpatoria toda la importancia del pasado. Ya no basta decir que alguien confesó su delito –¿por qué no lo detienen?
Eso forma parte de la historia, hasta ahora, y ha evitado que nos hubiesen fabricado ya a los responsables de los más de 10 mil ejecuciones en Chihuahua, sólo basta recordar a cuántos presuntos asesinos nos han presentado las autoridades federales –en horario estelar, cadena nacional y sendas entrevistas con los supuestos sicarios– responsables, cada uno, de decenas de asesinatos y luego nos enteramos, por informaciones casi clandestinas, que fueron acusados, sólo, de posesión de armas prohibidas.
Tampoco se puede afirmar –desde esta tribuna– que Barraza sea inocente, lo que sí tenemos a la mano son los suficientes elementos para sustentar que las instituciones fallaron en el pasado reciente de esta familia ¿Por qué no ir más adelante y haber evitado cosas tan funestas como las ahora comentadas?
¿Por qué ninguna autoridad se molestó, como lo hacen en prácticamente todas las manifestaciones, en dejar al lado de los tres manifestantes del jueves pasado a un par de policías de cualquiera de los niveles de gobierno?
¿Por qué no había guardias en la puerta principal de Palacio de Gobierno?
Y no son señalamientos orientados a ubicar a los responsables del asesinato en las dependencias responsables de tales omisiones, sino que éstas demuestran el bajo nivel con el que se desempeñan, no obstante la matazón de que somos testigos impotentes.
La sociedad chihuahuense espera la versión de los jueces que ahora han sido linchados mediáticamente; otros esperamos los informes de quienes tenían la responsabilidad de demostrar la culpabilidad de Sergio Barraza; la de las autoridades que no lo detuvieron y no lo ubicaban; la de los magistrados del Tribunal de Segunda Instancia que revocó la absolución de Barraza Bocanegra y le dictó sentencia de 50 años de prisión, por unanimidad. Igual que sus antecesores lo habían declarado inocente, con las mismas pruebas. Ojalá no nos vayamos a encontrar con resoluciones judiciales al gusto del gobernante en turno.
En otra de sus declaraciones, el Gobernador César Duarte le pidió al fiscal General, Carlos Manuel Salas, una investigación sobre los agentes encargados de la seguridad de Marisela Escobedo. Esto quiere decir que él estaba informado de la existencia de una protección a cargo del gobierno a su mando ¿Y entonces?
Luis Javier Valero Flores
¿A qué intereses se enfrentó la activista Marisela Escobedo, llegada a esa faceta de su vida a causa de exigir, hasta la muerte, la aplicación de justicia?
-Mátenme frente a Palacio, para vergüenza de las autoridades-, les gritó días antes de su asesinato el jueves anterior.
Era lo que faltaba, un asesinato frente a las puertas del Gobierno de Chihuahua, sin duda el más violento del país –por lo menos en ejecuciones a lo largo del año, y de los tres últimos también– que desnudase con toda crudeza la gravísima crisis de las instituciones chihuahuenses.
La febril actividad de Escobedo la llevó a encontrar hasta en dos ocasiones al presunto asesino de su hija Rubí, Sergio Barraza, pareja sentimental y padre de su hija, ahora de dos años. Realizó lo que todo un aparato de procuración de justicia no pudo –no quiso– efectuar: Ubicar y detener a quien pensaba pudiera ser el responsable del asesinato de su hija.
Pero enseguida tropezó con un escollo mayor, que ahora repiten periodistas, gobernantes, analistas y políticos en general. Barraza fue liberado a pesar, dicen, de haberse confesado culpable del asesinato. Sin embargo, tres jueces de juicios orales no encontraron evidencias de que fuera el responsable, vamos, ni siquiera pudieron demostrarles (los fiscales, en aquel entonces agentes del Ministerio Público) que Barraza hubiese estado en el lugar del crimen. Solo existía, machaconamente, la supuesta confesión del presunto.
El caso arrastra –sostiene el abogado Salvador Urbina– “una deficiente integración del agente del Ministerio Público, de la carpeta de investigación en la que se pretendía responsabilizar a Sergio Rafael Barraza Bocanegra por la muerte de su esposa Rubí Marisol Frayre Bocanegra”.
Quienes ahora deploran la actuación de los jueces, han pasado por alto que la responsabilidad de la exoneración decretada pasa, también, por la contundencia de las pruebas aportadas por el Ministerio Público, cosa que alegarán los jueces destituidos fast track el viernes anterior, en una deplorable demostración de sometimiento de los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia a los dictados del titular del Poder Ejecutivo y que seguramente objetarán legalmente.
Peor aún, si se llegará a esa etapa, acudiremos a la ventilación de un conjunto de corruptelas pues la mecánica del asesinato de Marisela, intuida al principio, constatada luego por el video de las cámaras de seguridad de Palacio y primeras versiones oficiales, nos habla de la concreción de un asesinato por elementos muy profesionales, con la participación de, al menos, cuatro o cinco personas, además del asesino, hechos que se advierten de la lectura detallada de tal evidencia.
Aterra la sincronización del grupo y espantan las condiciones de relajamiento absoluto de las dependencias de seguridad pública.
Una mujer, denunciante de un salvaje asesinato, decidió manifestarse permanentemente frente a Palacio de Gobierno de la entidad más violenta del país. Ella misma denunciaba una y otra vez, a quien quisiera escucharla, que había sido amenazada de muerte por los familiares del presunto asesino de su hija.
Bueno, pues ni en uno ú otro caso existía la más elemental medida de seguridad alrededor, ni de Palacio de Gobierno, ni de la activista ¿Acaso no estamos en medio de una fatal guerra de los Carteles, o de la “guerra” de Calderón contra ellos? Ni un solo elemento de seguridad pública se encontraba cerca en el momento de los hechos.
La misma noche del asesinato, las autoridades afirmaron que Escobedo sí contaba con una protección “discreta” y que Palacio de Gobierno se había cerrado minutos antes del asesinato.
Marisela no tenía protección de ningún tipo y las puertas de Palacio se cerraron en el momento que se detenía el vehículo blanco (según se aprecia en el video, 33 segundos antes del disparo fatal) que transportó al asesino de Marisela Escobedo. Hasta unos momentos atrás, salieron y entraron personas del recinto ¿Por qué cerraron en ese momento? ¿Alguien puede explicarnos la razón? ¿Los agentes de seguridad se percataron del atentado y prefirieron cerrar?
¿Por qué razón, si Marisela había denunciado amenazas de muerte en su contra no se le asignó una protección, así fuera “discreta”, como asevera el Fiscal General? Porque de haber existido ésta, los segundos que le ofreció su hermano a Marisela, al lanzarle una silla al asesino, hubiesen bastado para evitar su muerte.
Vaya valentía la de esta mujer, emblemática ya de la lucha por la impartición de justicia, huyendo de su agresor tuvo la entereza de, con el movimiento de su brazo, pedirle a su hermano que se apartara.
Pero si de la mecánica del asesinato no se desprendieran conclusiones más aterradoras, el “levantón” del cuñado de Marisela y el incendio del negocio de su pareja, provocado por individuos armados, el día de ayer, no puede ubicarse como una fatal coincidencia.
¿Nos debe llevar a la conclusión de que Marisela se había enfrentado a un grupo del crimen organizado? ¿Que sus protestas, sobre todo mediáticas, influyesen en esos grupos criminales a grado tal que los llevó a tomar determinaciones funestas para la doliente madre de Rubí?
Cuesta trabajo creerlo. La otra sospecha es la perversa colusión de esos intereses y los de quienes no efectuaron su trabajo y que la actividad de Marisela la llevase al descubrimiento de una más de las cloacas de los aparatos de seguridad.
Lo cierto es que la actuación de esos elementos raya en la provocación al orden establecido, su actuación, presta, profesional, retadora, pues sabían del enorme riesgo corrido de efectuarse un atentado en ese lugar. No les importó.
Y empezó el linchamiento ¿Contra quién? Pues por supuesto contra los jueces. Estos pueden ser responsables de omisiones, quizá hasta delitos, pero afirmar tajantemente que son los culpables deberá merecer la atención de los niveles superiores del Poder Judicial. Implica luchar contra una forma de apreciar la aplicación de justicia. En Chihuahua, para acabar con los chivos expiatorios, se determinó quitarle a la declaración autoinculpatoria toda la importancia del pasado. Ya no basta decir que alguien confesó su delito –¿por qué no lo detienen?
Eso forma parte de la historia, hasta ahora, y ha evitado que nos hubiesen fabricado ya a los responsables de los más de 10 mil ejecuciones en Chihuahua, sólo basta recordar a cuántos presuntos asesinos nos han presentado las autoridades federales –en horario estelar, cadena nacional y sendas entrevistas con los supuestos sicarios– responsables, cada uno, de decenas de asesinatos y luego nos enteramos, por informaciones casi clandestinas, que fueron acusados, sólo, de posesión de armas prohibidas.
Tampoco se puede afirmar –desde esta tribuna– que Barraza sea inocente, lo que sí tenemos a la mano son los suficientes elementos para sustentar que las instituciones fallaron en el pasado reciente de esta familia ¿Por qué no ir más adelante y haber evitado cosas tan funestas como las ahora comentadas?
¿Por qué ninguna autoridad se molestó, como lo hacen en prácticamente todas las manifestaciones, en dejar al lado de los tres manifestantes del jueves pasado a un par de policías de cualquiera de los niveles de gobierno?
¿Por qué no había guardias en la puerta principal de Palacio de Gobierno?
Y no son señalamientos orientados a ubicar a los responsables del asesinato en las dependencias responsables de tales omisiones, sino que éstas demuestran el bajo nivel con el que se desempeñan, no obstante la matazón de que somos testigos impotentes.
La sociedad chihuahuense espera la versión de los jueces que ahora han sido linchados mediáticamente; otros esperamos los informes de quienes tenían la responsabilidad de demostrar la culpabilidad de Sergio Barraza; la de las autoridades que no lo detuvieron y no lo ubicaban; la de los magistrados del Tribunal de Segunda Instancia que revocó la absolución de Barraza Bocanegra y le dictó sentencia de 50 años de prisión, por unanimidad. Igual que sus antecesores lo habían declarado inocente, con las mismas pruebas. Ojalá no nos vayamos a encontrar con resoluciones judiciales al gusto del gobernante en turno.
En otra de sus declaraciones, el Gobernador César Duarte le pidió al fiscal General, Carlos Manuel Salas, una investigación sobre los agentes encargados de la seguridad de Marisela Escobedo. Esto quiere decir que él estaba informado de la existencia de una protección a cargo del gobierno a su mando ¿Y entonces?
jueves, 16 de diciembre de 2010
AMLO, construir la hegemonía
El Diario, 16 de diciembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
La breve visita del excandidato presidencial del PRD, Andrés Manuel López Obrador a la capital del estado, en la que prácticamente sólo atendió una reunión de los dirigentes de la estructura creada por ellos y una entrevista radiofónica, trajo (por lo menos para el escribiente) una novedad en su discurso. No sólo repitió luengos tramos de lo que ha expresado a lo largo y ancho del país, repitiendo casi sin variaciones sus acusaciones contra “La mafia del poder”, pero que ahora ahondó en ese discurso el tema central de su pensamiento, fruto de los acontecimientos de la campaña electoral y los años subsiguientes.
Visto desde la óptica del poder, desde la formalidad de los poderes reales y fácticos, y, sobre todo, de lo que la mayoría de los ciudadanos aprecia en la lucha política, sus expresiones suenan un tanto desfasadas. Más, si sopesamos las verdaderas condiciones en las que se sustenta su actuación.
Casi expulsado del PRD, recibido como huésped de dos partidos –el PT y Convergencia- que a la mayor brevedad la juegan de aliados con el PRI en los virreinatos priistas del país, el tabasqueño afinó su discurso y seguramente sus concepciones.
Lo dijo reiteradamente en el acto celebrado a pocas cuadras de la sede estatal del PRI chihuahuense, en el sur capitalino: “Cambiar la vida política del país, no es sólo llegar al gobierno, o ganar la Presidencia; tiene que haber un camino para llegar a esa meta, debe haber una estrategia… porque sin estrategia, no se gana… y para ello necesitamos convocar a los protagonistas del cambio…”
Al contrario del discurso tradicional de la izquierda socialista o comunista, cuando López Obrador habla de tales personajes, no se refiere a la clase obrera, sino a los ciudadanos “libres” que deciden sumarse a la cruzada lopezobradorista y, consciente de la profundidad del cambio pretendido, una y otra vez machaca en la necesidad de que sus compañeros no sólo aborden las tareas electorales, sino fundamentalmente la de convencer a sus vecinos y compañeros de trabajo, de vivienda, etc. de que para gobernar necesitan (no lo dice con esas palabras) construir la hegemonía.
No de otra manera se puede entender cuando aborda uno de las principales causas de la desigualdad social, la de que las más poderosas empresas y empresarios no pagan impuestos y llevarlos a que lo hagan, ya en el poder una coalición de fuerzas como la que podría encabezar él, necesitarían vencer innumerables y poderosísimas resistencias de los poderes fácticos, a los que ubica en la propiedad del duopolio televisivo “por eso defienden a la mafia del poder”, dice.
Planteadas así las cosas, quizá ahora más claras, el tabasqueño insiste en que deberán obtener la suficiente cantidad de “protagonistas” sociales, para no depender de las estructuras partidistas a las que tanto criticaron los responsables de la estructura distrital que rindieron su informe, en una reunión política por demás sui géneris.
Esas sí son de las que construyen hegemonías, preguntémosles a los triunfadores de la Revolución Mexicana ¿Qué hubiera sido sin los precursores de ella, los miembros del Partido Liberal, distribuidores del periódico Regeneración, nombre que ahora recupera el movimiento lopezobradorista para el suyo, con una circulación, dicen, de 5 millones cada mes?
Si así fuera, entonces podremos llevarnos muchas sorpresas políticas. Creyeron que estaba muerto, en realidad traía un pachangón en la totalidad de los municipios del país.
Luis Javier Valero Flores
La breve visita del excandidato presidencial del PRD, Andrés Manuel López Obrador a la capital del estado, en la que prácticamente sólo atendió una reunión de los dirigentes de la estructura creada por ellos y una entrevista radiofónica, trajo (por lo menos para el escribiente) una novedad en su discurso. No sólo repitió luengos tramos de lo que ha expresado a lo largo y ancho del país, repitiendo casi sin variaciones sus acusaciones contra “La mafia del poder”, pero que ahora ahondó en ese discurso el tema central de su pensamiento, fruto de los acontecimientos de la campaña electoral y los años subsiguientes.
Visto desde la óptica del poder, desde la formalidad de los poderes reales y fácticos, y, sobre todo, de lo que la mayoría de los ciudadanos aprecia en la lucha política, sus expresiones suenan un tanto desfasadas. Más, si sopesamos las verdaderas condiciones en las que se sustenta su actuación.
Casi expulsado del PRD, recibido como huésped de dos partidos –el PT y Convergencia- que a la mayor brevedad la juegan de aliados con el PRI en los virreinatos priistas del país, el tabasqueño afinó su discurso y seguramente sus concepciones.
Lo dijo reiteradamente en el acto celebrado a pocas cuadras de la sede estatal del PRI chihuahuense, en el sur capitalino: “Cambiar la vida política del país, no es sólo llegar al gobierno, o ganar la Presidencia; tiene que haber un camino para llegar a esa meta, debe haber una estrategia… porque sin estrategia, no se gana… y para ello necesitamos convocar a los protagonistas del cambio…”
Al contrario del discurso tradicional de la izquierda socialista o comunista, cuando López Obrador habla de tales personajes, no se refiere a la clase obrera, sino a los ciudadanos “libres” que deciden sumarse a la cruzada lopezobradorista y, consciente de la profundidad del cambio pretendido, una y otra vez machaca en la necesidad de que sus compañeros no sólo aborden las tareas electorales, sino fundamentalmente la de convencer a sus vecinos y compañeros de trabajo, de vivienda, etc. de que para gobernar necesitan (no lo dice con esas palabras) construir la hegemonía.
No de otra manera se puede entender cuando aborda uno de las principales causas de la desigualdad social, la de que las más poderosas empresas y empresarios no pagan impuestos y llevarlos a que lo hagan, ya en el poder una coalición de fuerzas como la que podría encabezar él, necesitarían vencer innumerables y poderosísimas resistencias de los poderes fácticos, a los que ubica en la propiedad del duopolio televisivo “por eso defienden a la mafia del poder”, dice.
Planteadas así las cosas, quizá ahora más claras, el tabasqueño insiste en que deberán obtener la suficiente cantidad de “protagonistas” sociales, para no depender de las estructuras partidistas a las que tanto criticaron los responsables de la estructura distrital que rindieron su informe, en una reunión política por demás sui géneris.
Esas sí son de las que construyen hegemonías, preguntémosles a los triunfadores de la Revolución Mexicana ¿Qué hubiera sido sin los precursores de ella, los miembros del Partido Liberal, distribuidores del periódico Regeneración, nombre que ahora recupera el movimiento lopezobradorista para el suyo, con una circulación, dicen, de 5 millones cada mes?
Si así fuera, entonces podremos llevarnos muchas sorpresas políticas. Creyeron que estaba muerto, en realidad traía un pachangón en la totalidad de los municipios del país.
martes, 14 de diciembre de 2010
Rechazo social
El Diario, 14 de diciembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Bueno, pues lo peor de las consecuencias de la “guerra” de Calderón ya sucedió. Incorporar a las fuerzas federales, tanto policiacas como militares, en el combate al narcotráfico, sin estrategia ni inteligencia alguna, tenía como riesgos inminentes el que la población civil pasara de la connivencia, la tolerancia o el simplemente pensar que las cosas eran así y que el tráfico de drogas no le afectaría, al rechazo abierto a las fuerzas gubernamentales. Ya pasó, particularmente en Juárez y destacadamente en Michoacán, a juzgar por las primeras manifestaciones sociales celebradas en los dos días más recientes.
Si bien las protestas de los médicos de Juárez se inscriben solamente en protesta contra la violencia y el clima hostil en el que trabajan, lo cierto es que en sus manifestaciones hay una crítica devastadora hacia las fuerzas policiacas
La respuesta de los médicos juarenses deberá anotarse como una de las más importantes manifestaciones de esa población, golpeada salvajemente por la ola delictiva –¿Será coincidencia que el incremento de las extorsiones se haya disparado con la llegada de la Policía Federal? – pues, además de las extorsiones a las que han estado sometidos, las frecuentes ejecuciones –remates– realizadas en el interior de los hospitales los han llevado a adoptar –o por lo menos anunciar que así lo harán– medidas verdaderamente drásticas, como lo es el de negarse a atender a los presuntos delincuentes y/o policías heridos en los enfrentamientos.
No debería sorprender tal reacción, la ineficacia del aparato policiaco y de los planes de seguridad pública los ha llevado a manifestar que la sociedad está indefensa ante los embates de las bandas criminales.
Llama la atención que se anunciara la dilatada extensión del paro médico, por lo menos sus voceros anunciaron que abarcaría a todos los hospitales del sector público y privado, los que sólo atenderían emergencias y operaciones programadas. Al momento que se lean estos comentarios ya sabremos las dimensiones de la protesta médica.
La protesta llegó a estos niveles después del secuestro de once médicos, dos de ellos asesinados incluso a pesar de haber pagado el rescate.
El doctor Arturo Valenzuela Zorrilla, integrante de la mesa de seguridad del programa Todos Somos Juárez, fue enfático al señalar que esta era “una medida extrema, esperaremos la respuesta de las autoridades, ya no queremos palabras sino acciones concretas, de lo contrario, y ya lo avisamos, nos vamos de la ciudad porque así no se puede trabajar”. (Nota de Notimex, El Diario, 13/12/10).
Las protestas de los médicos han merecido un amplio respaldo, lo que marca una diferencia con el pasado reciente.
Los grupos del narcotráfico tenían en esa ciudad una especie de acolchonamiento social, su actividad no merecía la repulsa abierta de una sociedad abiertamente acostumbrada a la existencia del contrabando y el tráfico de drogas.
Se acabó, ahora tenemos una sociedad en la cual algunos sectores empiezan a oponerse a semejante conducta, pero al contrario de las protestas michoacanas, acá las protestas tienen un destino más claro: la ineficacia gubernamental al no garantizar la seguridad pública.
En cambio, los michoacanos están reaccionando tal como si estuvieran protestando en contra de una fuerza invasora (los agrupamientos federales) y, en consecuencia, de alguna manera, ofrecerle a la Familia Michoacana un resguardo social, pero tal es solamente la apariencia de un fenómeno social complejísimo y al que reiteradamente Calderón ha respondido con el uso salvaje de la fuerza, sin que aparezcan los elementos de inteligencia que lleven al desmantelamiento de la columna vertebral del crimen organizado: las finanzas, el lavado de dinero.
¿Dónde, dónde están las operaciones financieras en contra de los cárteles del crimen organizado?
En tanto, la lucha contra el tráfico de drogas instrumentada por Calderón pierde aceleradamente el respaldo social.
Luis Javier Valero Flores
Bueno, pues lo peor de las consecuencias de la “guerra” de Calderón ya sucedió. Incorporar a las fuerzas federales, tanto policiacas como militares, en el combate al narcotráfico, sin estrategia ni inteligencia alguna, tenía como riesgos inminentes el que la población civil pasara de la connivencia, la tolerancia o el simplemente pensar que las cosas eran así y que el tráfico de drogas no le afectaría, al rechazo abierto a las fuerzas gubernamentales. Ya pasó, particularmente en Juárez y destacadamente en Michoacán, a juzgar por las primeras manifestaciones sociales celebradas en los dos días más recientes.
Si bien las protestas de los médicos de Juárez se inscriben solamente en protesta contra la violencia y el clima hostil en el que trabajan, lo cierto es que en sus manifestaciones hay una crítica devastadora hacia las fuerzas policiacas
La respuesta de los médicos juarenses deberá anotarse como una de las más importantes manifestaciones de esa población, golpeada salvajemente por la ola delictiva –¿Será coincidencia que el incremento de las extorsiones se haya disparado con la llegada de la Policía Federal? – pues, además de las extorsiones a las que han estado sometidos, las frecuentes ejecuciones –remates– realizadas en el interior de los hospitales los han llevado a adoptar –o por lo menos anunciar que así lo harán– medidas verdaderamente drásticas, como lo es el de negarse a atender a los presuntos delincuentes y/o policías heridos en los enfrentamientos.
No debería sorprender tal reacción, la ineficacia del aparato policiaco y de los planes de seguridad pública los ha llevado a manifestar que la sociedad está indefensa ante los embates de las bandas criminales.
Llama la atención que se anunciara la dilatada extensión del paro médico, por lo menos sus voceros anunciaron que abarcaría a todos los hospitales del sector público y privado, los que sólo atenderían emergencias y operaciones programadas. Al momento que se lean estos comentarios ya sabremos las dimensiones de la protesta médica.
La protesta llegó a estos niveles después del secuestro de once médicos, dos de ellos asesinados incluso a pesar de haber pagado el rescate.
El doctor Arturo Valenzuela Zorrilla, integrante de la mesa de seguridad del programa Todos Somos Juárez, fue enfático al señalar que esta era “una medida extrema, esperaremos la respuesta de las autoridades, ya no queremos palabras sino acciones concretas, de lo contrario, y ya lo avisamos, nos vamos de la ciudad porque así no se puede trabajar”. (Nota de Notimex, El Diario, 13/12/10).
Las protestas de los médicos han merecido un amplio respaldo, lo que marca una diferencia con el pasado reciente.
Los grupos del narcotráfico tenían en esa ciudad una especie de acolchonamiento social, su actividad no merecía la repulsa abierta de una sociedad abiertamente acostumbrada a la existencia del contrabando y el tráfico de drogas.
Se acabó, ahora tenemos una sociedad en la cual algunos sectores empiezan a oponerse a semejante conducta, pero al contrario de las protestas michoacanas, acá las protestas tienen un destino más claro: la ineficacia gubernamental al no garantizar la seguridad pública.
En cambio, los michoacanos están reaccionando tal como si estuvieran protestando en contra de una fuerza invasora (los agrupamientos federales) y, en consecuencia, de alguna manera, ofrecerle a la Familia Michoacana un resguardo social, pero tal es solamente la apariencia de un fenómeno social complejísimo y al que reiteradamente Calderón ha respondido con el uso salvaje de la fuerza, sin que aparezcan los elementos de inteligencia que lleven al desmantelamiento de la columna vertebral del crimen organizado: las finanzas, el lavado de dinero.
¿Dónde, dónde están las operaciones financieras en contra de los cárteles del crimen organizado?
En tanto, la lucha contra el tráfico de drogas instrumentada por Calderón pierde aceleradamente el respaldo social.
domingo, 12 de diciembre de 2010
Confirmado, guerra antinarco, sin inteligencia
El Diario, 12 de diciembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Las revelaciones de WikiLeaks de las comunicaciones entre los funcionarios norteamericanos, acerca del gobierno mexicano y el combate al narcotráfico, no solo desnudaron la increíble sumisión de la actual administración federal ante el gobierno de los Estados Unidos, sino también la enorme ineficacia del equipo dirigido por Felipe Calderón en ese aspecto, catalogado por los norteamericanos como el principal de los retos del panista.
La calificación de la guerra de Calderón efectuada por los norteamericanos, es bajísima. Dos son las principales características encontradas por ellos, la severa incoordinación y desconfianza existente entre las dependencias gubernamentales encargadas de la seguridad pública y la falta de un eficiente aparato de inteligencia, lo que ha llevado a los mexicanos, dicen nuestros vecinos, a depender casi absolutamente de las agencias estadounidenses pues, además, los cuerpos de seguridad nacionales no comparten datos por temor a infiltraciones
La estrategia de seguridad del presidente Felipe Calderón carece de un aparato efectivo de inteligencia para producir información de alta calidad y operaciones específicas. La dependencia resume que “el uso que hace México de inteligencia estratégica y táctica es fragmentada ad hoc y dependiente del apoyo de EU”, además de que uno “de los desafíos más importantes es la falta de confianza entre y dentro de las instituciones del gobierno de México… (ya que) la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene unidades de inteligencia que desarrollan información sobre capos del narcotráfico, pero en general no comparten esa información o análisis con las fuerzas desplegadas para la lucha antinarcóticos, como en Ciudad Juárez. Por lo tanto, soldados desplegados en puntos calientes operan virtualmente a ciegas, con la excepción de información anónima”.
Tales aseveraciones tendrían menor importancia si no fuera porque a unos cuantos meses de iniciada la “guerra” de Calderón, quien se desempeñara como primer jefe de las fuerzas federales en Michoacán, el comandante Javier Herrera Valles, denunció que todos los operativos efectuados bajo su conducción, y ordenados por el Secretario de Seguridad Pública Federal, se realizaron sin el conocimiento previo de los objetivos a alcanzar, ni del terreno a desplegarse, ni, mucho menos, las fuerzas con las que se enfrentarían, que nunca les otorgaron el mínimo de elementos de inteligencia, de investigación previa que los llevara a alcanzar los éxitos que mediáticamente sí se difundían.
Desatada la cacería en su contra, Herrera está encarcelado, acusado de cometer delitos contra la salud. No solo él sufre el hostigamiento oficial, un hijo y un hermano, ambos elementos de la misma agrupación, sufren de acosos desmedidos sólo por denunciar en su momento lo mismo que los funcionarios norteamericanos encontraron en la “guerra” de Calderón.
Incisivos, los informes de los estadounidenses ubican a nuestro país lejos de desarrollar un aparato de inteligencia autosuficiente, “a pesar de que la creación de un sistema coherente y operativo es crítica para el éxito en la lucha contra el crimen organizado” y enfatizan en el hecho de “… que muchas de las capturas exitosas de importantes figuras del narco son frecuentemente respaldadas por la asistencia de EU”, eufemismo usado para encubrir que el éxito de numerosos operativos han tenido como base las informaciones de los EU.
En ese recuento destaca, por supuesto, la eliminación de Héctor Beltrán Leyva y el hallazgo de varias narcofosas en distintos lugares del país, incluida Cd. Juárez y la detención de numerosos presuntos narcotraficantes.
Sin olvidar, ni dejar de lado que la ayuda norteamericana tiene pretensiones más allá del combate al narcotráfico, de ahí su clara tendencia a descalificar al ejército mexicano (lo dijimos una semana atrás, por ser reacio a la “modernización”, que para los norteamericanos significa convertirse en una especie de ariete de sus intereses) es de destacar la incongruencia de los informes de sus funcionarios al momento de evaluar la actuación de los dos agrupamientos militares, el de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el de la Marina (Semar) pues en tanto al primero lo ven lento, con una “nula preparación, sufre aversión al riesgo, está dividido y no es una garantía en la lucha contra el crimen organizado”, y falto de capacitación para reunir pruebas que incriminen a sus detenidos.
Así lo afirman en otro despacho, en el que los diplomáticos estadounidenses critican la salida del Ejército a las calles de algunos lugares como Juárez y dan cifras: sólo 2% de los detenidos son llevados a juicio, y sólo 2% de los detenidos en el antiguo Paso del Norte han sido responsabilizados de un crimen. Y luego reconocen que los militares no estaban preparados para patrullar las calles o imponer la ley, ni tienen la autoridad para recoger pruebas y presentarlas ante la judicatura.
En cambio, a la Semar la catalogan como una fuerza que “está bien entrenada, bien equipada y ha mostrado su capacidad para responder con rapidez a las acciones de inteligencia” de los norteamericanos que, según informó Carlos Pascual estos habían situado a “Arturo Beltrán Leyva en un edificio de departamentos localizado en Cuernavaca, donde ABL estaba escondido” y al que una unidad de la Semar le dio muerte, la que, afirma Pascual “fue entrenada intensamente por el Comando Norte hace varios años”.
Pero es justamente la acción más destacada de la Semar, la liquidación de Beltrán Leyva, la que desmiente contundentemente tales argumentos. Ese operativo no fue montado para detenerlo, sino para ejecutarlo, y la sevicia mostrada por sus elementos en el cadáver del narcotraficante ilustra fehacientemente su falta de preparación para acometer la lucha contra el narcotráfico respetando el marco legal vigente.
¿De dónde sacan los norteamericanos que la Marina tiene más preparación que el Ejército para acopiar las pruebas necesarias y enjuiciar a quienes sean detenidos por esta dependencia?
Más aún, a los informantes norteamericanos les bastó un solo incidente para catalogar al ejército mexicano de padecer “aversión al riesgo”, ya que, dicen, se negó a actuar en el operativo contra Beltrán Leyva a pesar de que la revista Proceso documentó que el jefe de la zona militar intentó ingresar, hasta en tres ocasiones, a la zona del combate y de que corrió consistentemente el rumor de que ese día habrían de comer en el departamento del sinaloense.
Pero la descalificación norteamericana hacia el ejército mexicano es contundente, usan ese mismo episodio como demostrativo de su conducta reacia “a actuar de manera inteligente y dirigir la operación contra objetivos de alto nivel”.
Es decir, y sin afirmar que tal sea la causa del fracaso de la “guerra” contra el narcotráfico, el informe de los norteamericanos se presta para que la conclusión sea obvia: El Ejército solo encamina sus acciones contra objetivos de poca monta, nunca contra los jefes de los cárteles, lo que nos llevaría a pensar, siguiendo la línea de pensamiento de los norteamericanos, que gracias a la omisión o la colusión de mandos militares las acciones en contra del narcotráfico no han tenido los resultados esperados por toda una sociedad ahíta de paz y seguridad.
Por otro lado, pero no tan lejana la relación, es de tal envergadura la dependencia mexicana en materia de inteligencia que en la caída de Beltrán Leyva, el embajador norteamericano, Carlos Pascual, enfatizó que la operación fue posible gracias a la información proporcionada por la delegación de Estados Unidos sobre la ubicación del capo.
Y si a eso se le agrega la inocultable descoordinación existente entre los funcionarios del gabinete y las dependencias encargadas de la seguridad pública, descoordinación que los funcionarios norteamericanos atribuyen a la rivalidad existente entre ellas, de las que dicen “están a menudo presas de una competencia de suma cero en la que un éxito de un organismo se ve como el fracaso del otro”.
Ante realidad tan apabullante, la administración calderonista solo atina a sostener, vía Alejandro Poiré, vocero del Consejo Nacional de Seguridad que el gobierno no ha perdido el control frente al narco, que hay actividades ordinarias en todo el país, ejemplo de lo cual, dice, es que se censó 99% del territorio; que la estrategia de seguridad ha avanzado “en sus cinco ejes y reporta logros significativos como el debilitamiento de bandas criminales; el reforzamiento de instituciones de seguridad y de justicia, tanto en el ámbito federal como en los estatales, y en la cooperación internacional”.
¿Es necesario decir algo más?
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
Las revelaciones de WikiLeaks de las comunicaciones entre los funcionarios norteamericanos, acerca del gobierno mexicano y el combate al narcotráfico, no solo desnudaron la increíble sumisión de la actual administración federal ante el gobierno de los Estados Unidos, sino también la enorme ineficacia del equipo dirigido por Felipe Calderón en ese aspecto, catalogado por los norteamericanos como el principal de los retos del panista.
La calificación de la guerra de Calderón efectuada por los norteamericanos, es bajísima. Dos son las principales características encontradas por ellos, la severa incoordinación y desconfianza existente entre las dependencias gubernamentales encargadas de la seguridad pública y la falta de un eficiente aparato de inteligencia, lo que ha llevado a los mexicanos, dicen nuestros vecinos, a depender casi absolutamente de las agencias estadounidenses pues, además, los cuerpos de seguridad nacionales no comparten datos por temor a infiltraciones
La estrategia de seguridad del presidente Felipe Calderón carece de un aparato efectivo de inteligencia para producir información de alta calidad y operaciones específicas. La dependencia resume que “el uso que hace México de inteligencia estratégica y táctica es fragmentada ad hoc y dependiente del apoyo de EU”, además de que uno “de los desafíos más importantes es la falta de confianza entre y dentro de las instituciones del gobierno de México… (ya que) la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene unidades de inteligencia que desarrollan información sobre capos del narcotráfico, pero en general no comparten esa información o análisis con las fuerzas desplegadas para la lucha antinarcóticos, como en Ciudad Juárez. Por lo tanto, soldados desplegados en puntos calientes operan virtualmente a ciegas, con la excepción de información anónima”.
Tales aseveraciones tendrían menor importancia si no fuera porque a unos cuantos meses de iniciada la “guerra” de Calderón, quien se desempeñara como primer jefe de las fuerzas federales en Michoacán, el comandante Javier Herrera Valles, denunció que todos los operativos efectuados bajo su conducción, y ordenados por el Secretario de Seguridad Pública Federal, se realizaron sin el conocimiento previo de los objetivos a alcanzar, ni del terreno a desplegarse, ni, mucho menos, las fuerzas con las que se enfrentarían, que nunca les otorgaron el mínimo de elementos de inteligencia, de investigación previa que los llevara a alcanzar los éxitos que mediáticamente sí se difundían.
Desatada la cacería en su contra, Herrera está encarcelado, acusado de cometer delitos contra la salud. No solo él sufre el hostigamiento oficial, un hijo y un hermano, ambos elementos de la misma agrupación, sufren de acosos desmedidos sólo por denunciar en su momento lo mismo que los funcionarios norteamericanos encontraron en la “guerra” de Calderón.
Incisivos, los informes de los estadounidenses ubican a nuestro país lejos de desarrollar un aparato de inteligencia autosuficiente, “a pesar de que la creación de un sistema coherente y operativo es crítica para el éxito en la lucha contra el crimen organizado” y enfatizan en el hecho de “… que muchas de las capturas exitosas de importantes figuras del narco son frecuentemente respaldadas por la asistencia de EU”, eufemismo usado para encubrir que el éxito de numerosos operativos han tenido como base las informaciones de los EU.
En ese recuento destaca, por supuesto, la eliminación de Héctor Beltrán Leyva y el hallazgo de varias narcofosas en distintos lugares del país, incluida Cd. Juárez y la detención de numerosos presuntos narcotraficantes.
Sin olvidar, ni dejar de lado que la ayuda norteamericana tiene pretensiones más allá del combate al narcotráfico, de ahí su clara tendencia a descalificar al ejército mexicano (lo dijimos una semana atrás, por ser reacio a la “modernización”, que para los norteamericanos significa convertirse en una especie de ariete de sus intereses) es de destacar la incongruencia de los informes de sus funcionarios al momento de evaluar la actuación de los dos agrupamientos militares, el de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el de la Marina (Semar) pues en tanto al primero lo ven lento, con una “nula preparación, sufre aversión al riesgo, está dividido y no es una garantía en la lucha contra el crimen organizado”, y falto de capacitación para reunir pruebas que incriminen a sus detenidos.
Así lo afirman en otro despacho, en el que los diplomáticos estadounidenses critican la salida del Ejército a las calles de algunos lugares como Juárez y dan cifras: sólo 2% de los detenidos son llevados a juicio, y sólo 2% de los detenidos en el antiguo Paso del Norte han sido responsabilizados de un crimen. Y luego reconocen que los militares no estaban preparados para patrullar las calles o imponer la ley, ni tienen la autoridad para recoger pruebas y presentarlas ante la judicatura.
En cambio, a la Semar la catalogan como una fuerza que “está bien entrenada, bien equipada y ha mostrado su capacidad para responder con rapidez a las acciones de inteligencia” de los norteamericanos que, según informó Carlos Pascual estos habían situado a “Arturo Beltrán Leyva en un edificio de departamentos localizado en Cuernavaca, donde ABL estaba escondido” y al que una unidad de la Semar le dio muerte, la que, afirma Pascual “fue entrenada intensamente por el Comando Norte hace varios años”.
Pero es justamente la acción más destacada de la Semar, la liquidación de Beltrán Leyva, la que desmiente contundentemente tales argumentos. Ese operativo no fue montado para detenerlo, sino para ejecutarlo, y la sevicia mostrada por sus elementos en el cadáver del narcotraficante ilustra fehacientemente su falta de preparación para acometer la lucha contra el narcotráfico respetando el marco legal vigente.
¿De dónde sacan los norteamericanos que la Marina tiene más preparación que el Ejército para acopiar las pruebas necesarias y enjuiciar a quienes sean detenidos por esta dependencia?
Más aún, a los informantes norteamericanos les bastó un solo incidente para catalogar al ejército mexicano de padecer “aversión al riesgo”, ya que, dicen, se negó a actuar en el operativo contra Beltrán Leyva a pesar de que la revista Proceso documentó que el jefe de la zona militar intentó ingresar, hasta en tres ocasiones, a la zona del combate y de que corrió consistentemente el rumor de que ese día habrían de comer en el departamento del sinaloense.
Pero la descalificación norteamericana hacia el ejército mexicano es contundente, usan ese mismo episodio como demostrativo de su conducta reacia “a actuar de manera inteligente y dirigir la operación contra objetivos de alto nivel”.
Es decir, y sin afirmar que tal sea la causa del fracaso de la “guerra” contra el narcotráfico, el informe de los norteamericanos se presta para que la conclusión sea obvia: El Ejército solo encamina sus acciones contra objetivos de poca monta, nunca contra los jefes de los cárteles, lo que nos llevaría a pensar, siguiendo la línea de pensamiento de los norteamericanos, que gracias a la omisión o la colusión de mandos militares las acciones en contra del narcotráfico no han tenido los resultados esperados por toda una sociedad ahíta de paz y seguridad.
Por otro lado, pero no tan lejana la relación, es de tal envergadura la dependencia mexicana en materia de inteligencia que en la caída de Beltrán Leyva, el embajador norteamericano, Carlos Pascual, enfatizó que la operación fue posible gracias a la información proporcionada por la delegación de Estados Unidos sobre la ubicación del capo.
Y si a eso se le agrega la inocultable descoordinación existente entre los funcionarios del gabinete y las dependencias encargadas de la seguridad pública, descoordinación que los funcionarios norteamericanos atribuyen a la rivalidad existente entre ellas, de las que dicen “están a menudo presas de una competencia de suma cero en la que un éxito de un organismo se ve como el fracaso del otro”.
Ante realidad tan apabullante, la administración calderonista solo atina a sostener, vía Alejandro Poiré, vocero del Consejo Nacional de Seguridad que el gobierno no ha perdido el control frente al narco, que hay actividades ordinarias en todo el país, ejemplo de lo cual, dice, es que se censó 99% del territorio; que la estrategia de seguridad ha avanzado “en sus cinco ejes y reporta logros significativos como el debilitamiento de bandas criminales; el reforzamiento de instituciones de seguridad y de justicia, tanto en el ámbito federal como en los estatales, y en la cooperación internacional”.
¿Es necesario decir algo más?
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Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Apertura impostergable
El Diario, 9 de diciembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
¿Cómo transparentar el ejercicio de la función pública si los actos que debieran ser públicos se le ocultan a la sociedad?
¿Cómo exigirle a una sociedad, tan agraviada como la chihuahuense, que acompañe al gobierno (así, en general) si uno de los principales rubros de la actividad pública, como el de la elaboración y aprobación del presupuesto estatal –y de la ley de ingresos- se le intenta mantener alejada de su discusión?
Quienes integran –y dirigen- a la actual legislatura han dado pie a ocupar sendos lugares de atención preferente de los medios de comunicación, particularmente en lo referente a su relación con éstos, y han debido –aparentemente- recular en asuntos menores como el de la regulación de la actividad de los reporteros en la sala de sesiones.
Ayer mismo, en diversas columnas de medios digitales ocupaban el centro de la atención debido a la información consistente en que cada uno de los legisladores recibiría 3 mil 600 pesos para “transportación”, en vez de la dotación de autos nuevos.
Siendo asuntos importantes los anteriores, y altamente criticable el segundo pues habla de la muy poca sensibilidad política de quienes están ahí precisamente por eso, por ser políticos, el lunes inició una práctica más criticable todavía.
Con la comparecencia del Secretario de Desarrollo Rural, Octavio Legarreta, iniciaron ese día las comparecencias de los secretarios a las comisiones legislativas, con el fin de abundar en información a los diputados, previamente a la discusión y aprobación de la ley de ingresos y presupuesto de egresos del gobierno estatal para el 2011.
La novedad consistió en que dichas comparecencias serán cerradas, solo podrán asistir a ellas los diputados locales y nadie más. Serán eventos cerrados para los medios de comunicación, por lo que ya podemos adelantar que la sociedad chihuahuense no estará informada de ellos, que no podremos estar en condiciones de adentrarnos en las argumentaciones de los integrantes del Poder Ejecutivo para la elaboración del presupuesto, ni nos enteraremos de los argumentos –pobres, ricos, certeros, desatinados, como sean- de los legisladores locales, ni, mucho menos, los chihuahuenses podrán comentar acerca de tales procesos y solo seremos testigos y víctimas o beneficiarios de las buenas artes de tales funcionarios.
Asombra tal disposición en plena época de la transparencia, de la que se ufanan ser los mejores los gobernantes de todos los colores partidarios, pues tal calidad sólo la pueden otorgar los hechos y actitudes así percibidos por la sociedad.
¿Cómo confiar en que los actos de los legisladores locales serán plenamente transparentes si en la discusión del asunto que es el más público de todos, los recursos económicos gubernamentales, que son los de todos los ciudadanos, se actúa de tal manera que solo se da pie a la sustentada sospecha de que se intenta ocultar algo a la sociedad.
Urge transformar la mentalidad de la clase política en un asunto que es toral para el desarrollo democrático de cualquier sociedad, el de hacerles ver que los asuntos públicos, todos, son precisamente públicos porque se trata del manejo de los recursos económicos, humanos, culturales, etc., de toda la sociedad, que nos pertenecen a todos y que, entonces, debieran actuar en consonancia.
Por supuesto que existen algunos que, por su naturaleza, deben permanecer ocultos a la sociedad, –particularmente los referentes a la seguridad pública- pero no se antoja, en el ámbito chihuahuense, que existan demasiados asuntos merecedores de tal clasificación.
¿O será que se pretende continuar con el actual discurso, de querer hacernos creer que las cosas mejorarán –en materia presupuestal- en el 2011?
Vano intento, la absoluta mayoría de los chihuahuenses sabe que no hay demasiadas cosas que nos lleven al optimismo, por el contrario. Y si esa es la percepción generalizada, flaco favor se hacen a sí mismos los gobernantes con intentar ocultar asuntos como el ahora planteado.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
¿Cómo transparentar el ejercicio de la función pública si los actos que debieran ser públicos se le ocultan a la sociedad?
¿Cómo exigirle a una sociedad, tan agraviada como la chihuahuense, que acompañe al gobierno (así, en general) si uno de los principales rubros de la actividad pública, como el de la elaboración y aprobación del presupuesto estatal –y de la ley de ingresos- se le intenta mantener alejada de su discusión?
Quienes integran –y dirigen- a la actual legislatura han dado pie a ocupar sendos lugares de atención preferente de los medios de comunicación, particularmente en lo referente a su relación con éstos, y han debido –aparentemente- recular en asuntos menores como el de la regulación de la actividad de los reporteros en la sala de sesiones.
Ayer mismo, en diversas columnas de medios digitales ocupaban el centro de la atención debido a la información consistente en que cada uno de los legisladores recibiría 3 mil 600 pesos para “transportación”, en vez de la dotación de autos nuevos.
Siendo asuntos importantes los anteriores, y altamente criticable el segundo pues habla de la muy poca sensibilidad política de quienes están ahí precisamente por eso, por ser políticos, el lunes inició una práctica más criticable todavía.
Con la comparecencia del Secretario de Desarrollo Rural, Octavio Legarreta, iniciaron ese día las comparecencias de los secretarios a las comisiones legislativas, con el fin de abundar en información a los diputados, previamente a la discusión y aprobación de la ley de ingresos y presupuesto de egresos del gobierno estatal para el 2011.
La novedad consistió en que dichas comparecencias serán cerradas, solo podrán asistir a ellas los diputados locales y nadie más. Serán eventos cerrados para los medios de comunicación, por lo que ya podemos adelantar que la sociedad chihuahuense no estará informada de ellos, que no podremos estar en condiciones de adentrarnos en las argumentaciones de los integrantes del Poder Ejecutivo para la elaboración del presupuesto, ni nos enteraremos de los argumentos –pobres, ricos, certeros, desatinados, como sean- de los legisladores locales, ni, mucho menos, los chihuahuenses podrán comentar acerca de tales procesos y solo seremos testigos y víctimas o beneficiarios de las buenas artes de tales funcionarios.
Asombra tal disposición en plena época de la transparencia, de la que se ufanan ser los mejores los gobernantes de todos los colores partidarios, pues tal calidad sólo la pueden otorgar los hechos y actitudes así percibidos por la sociedad.
¿Cómo confiar en que los actos de los legisladores locales serán plenamente transparentes si en la discusión del asunto que es el más público de todos, los recursos económicos gubernamentales, que son los de todos los ciudadanos, se actúa de tal manera que solo se da pie a la sustentada sospecha de que se intenta ocultar algo a la sociedad.
Urge transformar la mentalidad de la clase política en un asunto que es toral para el desarrollo democrático de cualquier sociedad, el de hacerles ver que los asuntos públicos, todos, son precisamente públicos porque se trata del manejo de los recursos económicos, humanos, culturales, etc., de toda la sociedad, que nos pertenecen a todos y que, entonces, debieran actuar en consonancia.
Por supuesto que existen algunos que, por su naturaleza, deben permanecer ocultos a la sociedad, –particularmente los referentes a la seguridad pública- pero no se antoja, en el ámbito chihuahuense, que existan demasiados asuntos merecedores de tal clasificación.
¿O será que se pretende continuar con el actual discurso, de querer hacernos creer que las cosas mejorarán –en materia presupuestal- en el 2011?
Vano intento, la absoluta mayoría de los chihuahuenses sabe que no hay demasiadas cosas que nos lleven al optimismo, por el contrario. Y si esa es la percepción generalizada, flaco favor se hacen a sí mismos los gobernantes con intentar ocultar asuntos como el ahora planteado.
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martes, 7 de diciembre de 2010
Cisma en la cima
Luis Javier Valero Flores
No tiene la estridencia de los conflictos de los perredistas (y en lo general, de las agrupaciones de la izquierda), ni tampoco la solemnidad de las rupturas de los priístas, pero de que algo se fracturó el domingo en la sesión del Consejo Nacional del PAN, ni duda cabe.
La evidencia mayor la constituyó el hecho de que la segunda candidatura más importante para la presidencia nacional no pudo incluir sus propuestas en la composición del nuevo Comité Nacional, emergido luego del triunfo de Gustavo Madero. Roberto Gil Zuarth, surgido como aspirante a la máxima dirigencia partidaria desde lo hondo de la alta burocracia del blanquiazul en el poder, denunció al nuevo presidente de incumplidor de los acuerdos a los que habían llegado el viernes anterior por la noche.
Reunidos en esa ocasión, antes de la elección de la dirigencia nacional, acordaron que al surgir un ganador de la elección en la primera ronda, todos declinarían y se conformaría un comité plural e incluyente.
Pues nada, que Madero, ya ungido presidente no incluyó el número solicitado por Gil, ni el número obligado de mujeres y que se le arma. El ex aspirante retiró sus propuestas y Madero protagonizó su primer desaguisado que, con sus antecedentes en la conducción de la Cámara de Senadores, muy probablemente serán frecuentes. Increpado por la titular del Instituto Nacional de la Mujeres, Rocío García Gaytán, y de la esposa de Felipe Calderón por lo de la “cuota de género”, debió elaborar de nuevo su lista bajo ¡la supervisión de las dos consejeras, listas a que el nuevo dirigente hiciera la tarea
Pero este episodio develó otro aspecto, desconocido para la mayoría de los mexicanos: Que la esposa de Calderón impulsó la candidatura de Madero y su hermana, Luisa María, participó en la campaña de Roberto Gil.
Por si fuera poco, a la sesión del Consejo Nacional se le impidió el acceso a Manuel Espino, ex presidente nacional y ex líder de la organización internacional a la que pertenece el PAN, no hace mucho, ni más ni menos que en el sexenio anterior, en el primer cargo, y sólo hace menos de un año en el segundo.
Y se le impidió entrar porque fue expulsado de su partido por el Comité Estatal de Sonora, entidad en la que ocupó durante algunos años la presidencia, enviado por el Comité Nacional a tratar de superar las divisiones generadas por la no postulación al gobierno estatal, de un viejo militante, Adalberto Rosas.
Las cosas se complican aún más debido a que no se trata, entonces, de cualquier militante, sino de uno que representa a una corriente, de las varias más cargadas a la derecha existentes al interior del panismo y, además, muy identificado con el equipo presidencial de Vicente Fox, quien, al igual que Espino y Jorge Castañeda, ha lanzado durísimas críticas al gobierno de Felipe Calderón.
No obstante, la nueva composición del comité nacional del blanquiazul refleja el indudable avance de las tendencias más conservadoras en ese partido, que de paso debe decirse, en el pasado no se identificaba a Gustavo Madero como integrante de ella.
Pero el ascenso del chihuahuense, y sus primeros discursos no hacen abrigar esperanza alguna de que pudiera establecer la “sana distancia” frente al gobierno de Calderón. Todo lo contrario, se antoja que seguirá en la misma senda de sus inmediatos predecesores, Germán Martínez y César Nava, surgidos del grupo más compacto de los cercanos de aquel.
Tal característica, y la preeminencia del michoacano en las decisiones de su partido, lo ilustra el rumor, insistente en la noche del viernes, consistente en que todos los candidatos (Cecilia Romero, Gustavo Madero, Francisco Ramírez y Blanca Judith Díaz) habían pactado un acuerdo en ir todos juntos en contra de Roberto Gil, al que, de acuerdo con esta versión desconocerían, primero, la inscripción como candidato y luego impedirían el triunfo en la elección...
Casi lo logran, fue necesaria la intervención del Secretario de Gobernación para impedirlo.
Y apenas se levantó como nuevo dirigente nacional, Madero ya surtió al mercado de perlas japonesas (en recuerdo de Nikito Nipongo) y argumentó que oponerse a las alianzas era antidemocrático pues éstas, sostuvo, son “kriptonita para el PRI y denostarlas es una actitud antidemocrática”, y debe ahondarse en ellas para impedir que los “priístas se perpetúen en el poder”, como si la perpetuación del panismo fuera la opción democrática.
No tiene la estridencia de los conflictos de los perredistas (y en lo general, de las agrupaciones de la izquierda), ni tampoco la solemnidad de las rupturas de los priístas, pero de que algo se fracturó el domingo en la sesión del Consejo Nacional del PAN, ni duda cabe.
La evidencia mayor la constituyó el hecho de que la segunda candidatura más importante para la presidencia nacional no pudo incluir sus propuestas en la composición del nuevo Comité Nacional, emergido luego del triunfo de Gustavo Madero. Roberto Gil Zuarth, surgido como aspirante a la máxima dirigencia partidaria desde lo hondo de la alta burocracia del blanquiazul en el poder, denunció al nuevo presidente de incumplidor de los acuerdos a los que habían llegado el viernes anterior por la noche.
Reunidos en esa ocasión, antes de la elección de la dirigencia nacional, acordaron que al surgir un ganador de la elección en la primera ronda, todos declinarían y se conformaría un comité plural e incluyente.
Pues nada, que Madero, ya ungido presidente no incluyó el número solicitado por Gil, ni el número obligado de mujeres y que se le arma. El ex aspirante retiró sus propuestas y Madero protagonizó su primer desaguisado que, con sus antecedentes en la conducción de la Cámara de Senadores, muy probablemente serán frecuentes. Increpado por la titular del Instituto Nacional de la Mujeres, Rocío García Gaytán, y de la esposa de Felipe Calderón por lo de la “cuota de género”, debió elaborar de nuevo su lista bajo ¡la supervisión de las dos consejeras, listas a que el nuevo dirigente hiciera la tarea
Pero este episodio develó otro aspecto, desconocido para la mayoría de los mexicanos: Que la esposa de Calderón impulsó la candidatura de Madero y su hermana, Luisa María, participó en la campaña de Roberto Gil.
Por si fuera poco, a la sesión del Consejo Nacional se le impidió el acceso a Manuel Espino, ex presidente nacional y ex líder de la organización internacional a la que pertenece el PAN, no hace mucho, ni más ni menos que en el sexenio anterior, en el primer cargo, y sólo hace menos de un año en el segundo.
Y se le impidió entrar porque fue expulsado de su partido por el Comité Estatal de Sonora, entidad en la que ocupó durante algunos años la presidencia, enviado por el Comité Nacional a tratar de superar las divisiones generadas por la no postulación al gobierno estatal, de un viejo militante, Adalberto Rosas.
Las cosas se complican aún más debido a que no se trata, entonces, de cualquier militante, sino de uno que representa a una corriente, de las varias más cargadas a la derecha existentes al interior del panismo y, además, muy identificado con el equipo presidencial de Vicente Fox, quien, al igual que Espino y Jorge Castañeda, ha lanzado durísimas críticas al gobierno de Felipe Calderón.
No obstante, la nueva composición del comité nacional del blanquiazul refleja el indudable avance de las tendencias más conservadoras en ese partido, que de paso debe decirse, en el pasado no se identificaba a Gustavo Madero como integrante de ella.
Pero el ascenso del chihuahuense, y sus primeros discursos no hacen abrigar esperanza alguna de que pudiera establecer la “sana distancia” frente al gobierno de Calderón. Todo lo contrario, se antoja que seguirá en la misma senda de sus inmediatos predecesores, Germán Martínez y César Nava, surgidos del grupo más compacto de los cercanos de aquel.
Tal característica, y la preeminencia del michoacano en las decisiones de su partido, lo ilustra el rumor, insistente en la noche del viernes, consistente en que todos los candidatos (Cecilia Romero, Gustavo Madero, Francisco Ramírez y Blanca Judith Díaz) habían pactado un acuerdo en ir todos juntos en contra de Roberto Gil, al que, de acuerdo con esta versión desconocerían, primero, la inscripción como candidato y luego impedirían el triunfo en la elección...
Casi lo logran, fue necesaria la intervención del Secretario de Gobernación para impedirlo.
Y apenas se levantó como nuevo dirigente nacional, Madero ya surtió al mercado de perlas japonesas (en recuerdo de Nikito Nipongo) y argumentó que oponerse a las alianzas era antidemocrático pues éstas, sostuvo, son “kriptonita para el PRI y denostarlas es una actitud antidemocrática”, y debe ahondarse en ellas para impedir que los “priístas se perpetúen en el poder”, como si la perpetuación del panismo fuera la opción democrática.
domingo, 5 de diciembre de 2010
Ineficacia e intervención confirmadas
El Diario, 5 de diciembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Lo que durante años para el común de la gente eran patrañas, alucinaciones y paranoias de la izquierda mundial, con la divulgación de los cables cruzados entre los funcionarios de las embajadas norteamericanas y sus jefes, es ahora verdad casi absoluta: Estados Unidos ejerce el papel de policía mundial y determina, o trata de determinar la política de prácticamente todas las naciones en el mundo.
Que ese sea el papel buscado por los norteamericanos es negativo, pero que existan gobernantes prestos a actuar con sumisión frente a los dictados estadounidenses, o peor aún que actúen como agentes pronorteamericanos frente al resto de las naciones no tiene nombre.
Ahora sabemos que Felipe Calderón se ubica en la última categoría. Pasajes enteros de las comunicaciones entre los funcionarios norteamericanos lo retratan de cuerpo entero: “… Calderón también comentó extensamente sobre acontecimientos políticos en América Latina y el papel de los Estados Unidos. Si bien dijo que los Estados Unidos habían recuperado una estatura significativa en América Latina, asimismo, instó a una mayor participación estadounidense en la política de la región”.
Según este cable, el Director de Inteligencia del gobierno norteamericano, Dennis Blair, habría conversado con Felipe Calderón. El informe completo de esa conversación fue difundido y en él “Calderón destacó que el presidente venezolano Hugo Chávez está activo en todo el mundo, incluyendo México. Calderón dijo que México está tratando de aislar a Venezuela a través del Grupo de Río. Calderón también comentó que él está especialmente preocupado por las relaciones de Venezuela con Irán, y que la embajada iraní en México es muy activa. Calderón destacó que la creciente influencia de Irán en América Latina debe ser motivo de preocupación considerable a los Estados Unidos, y Chávez está haciendo todo posible para ayudar e instigar”.
El panista, según esta información, fue insistente en pedirle al norteamericano en que “La región necesita una presencia visible de Estados Unidos, señaló. Chávez, dijo Calderón, también tendrá la oportunidad de hacerlo en un número de elecciones próximas, especialmente las de Honduras. Lo que es más importante, dijo Calderón, los Estados Unidos deben estar dispuestos a participar en la elección del próximo presidente brasileño. Brasil, dijo, es clave para la contención de Chávez, pero lamentó que el presidente Lula ha sido renuente a hacerlo.
Para concluir, Calderón dijo que existe un vínculo entre Irán, Venezuela, drogas, tráfico de estupefacientes y estado de cuestiones de derecho. (Y que) Estados Unidos debería mirar a América Latina desde una perspectiva interconectada”.
Bastan estos párrafos para ubicar el papel jugado por quien detenta la Presidencia de la República, con argumentos tan falsos como el del párrafo anterior ¿Cómo, en dónde está la creciente influencia de Irán en América? ¿Con base en qué Calderón afirmó que ese país, el dirigido por Hugo Chávez (a quien acusa en otra parte de financiar la campaña de López Obrador en 2006) y el tráfico de drogas forman parten del mismo entramado?
Gravísima la postura de Calderón. Con base en quién sabe qué sustento político (y ético) le solicita a Estados Unidos intervenga más en los procesos electorales de América Central y Sudamérica ¿Acaso no sabe que solicitar eso significa, en función de la dinámica del poder norteamericano, que también lo puede hacer en nuestro país? ¿O eso es lo que está en el fondo?
Habíamos tenido presidentes acusados de ser agentes de la CIA (Echeverría y Díaz Ordaz) pero no habíamos tenido la oportunidad de conocer con precisión las conversaciones sostenidas entre esos y los funcionarios norteamericanos. Da pena y dolor ajenos; enerva la sumisión de quien se ostenta como mandatario de los mexicanos.
El mundo entero se ha convulsionado gracias a las filtraciones proporcionadas por el portal de internet Wikileaks y que resolvió otorgárselas a cinco periódicos.
Importa aclarar el origen de las informaciones. Se trata de los registros de los informes de los funcionarios de las embajadas norteamericanas (incluidos los embajadores) y la correspondencia entre éstos y sus jefes en el gobierno de Estados Unidos.
No se trata, entonces, de versiones de terceros sino de los reportes de funcionarios gubernamentales obligados, de acuerdo con el marco legal de Estados Unidos, a dejar el registro de sus actividades (por esa razón el pueblo norteamericano conoció las grabaciones de las actividades de Richard Nixon en contra del Partido Demócrata y que le costaron la pérdida de la presidencia de la república) por lo que la información filtrada por Wikileaks tiene todos los visos de ser veraz pues según la normatividad allá existente, los actos de los funcionarios gubernamentales deben ser del conocimiento –o estar en posibilidades de que puedan ser– del pueblo norteamericano.
Y si la intervención norteamericana es un hecho incontrastable, el fracaso de la “guerra” de Calderón en contra del crimen organizado, en voz de los norteamericanos adquirió certificado de confirmación.
Más aún, las filtraciones dan a conocer las serias divergencias existentes al interior del gabinete. Un asunto en particular lo retrata nítidamente. Blair dijo que el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, le había informado haber propuesto el establecimiento del estado de excepción (es decir, el cese de las garantías constitucionales) en varios puntos del país, especialmente en Juárez pues esa era, en la visión del militar, una mejor manera de enfrentar la situación en la frontera chihuahuense.
Ese mismo día, en una conversación posterior, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, habría conversado con Blair y le había desmenuzado sus argumentos para oponerse a la declaración del estado de sitio en el antiguo Paso del Norte.
A lo largo de todos los mensajes dados a conocer hasta ayer, son varios los comunes denominadores, en relación con el combate al tráfico de drogas: la descalificación de la “guerra” de Calderón, el enjuiciamiento al Ejército, las pugnas entre las dependencias encargadas de la seguridad pública y el ensalzamiento de la Secretaría de Marina (“cuyos integrantes han sido adiestrados en el Comando Norte” del ejército norteamericano, sostienen con orgullo en sus cables internos).
Quien se lleva la peor parte es el Ejército Mexicano, de él sostienen que tiene una nula preparación, es lento, sufre aversión al riesgo, está dividido y no es una garantía en la lucha contra el crimen organizado. ¡Ahí nomás
Y a propósito del operativo en el que efectivos de la Secretaría de Marina dieron muerte a Arturo Beltrán Leyva, se desviven en elogios a esa dependencia y critican severamente a la Sedena, colocada en “la difícil posición de explicar por qué han sido reacios a actuar de manera inteligente y dirigir la operación contra objetivos de alto nivel. Nuestros servicios transmitieron la información originalmente a la Sedena, que se negó a actuar con rapidez y reflejó una aversión al riesgo que ha costado a la institución una victoria principal contra el narcotráfico”.
En unos cuantos párrafos acabaron con todos los discursos de los políticos mexicanos hacia las fuerzas armadas. No sólo eso, al igual que todos los críticos al gobierno mexicano, opuestos a la utilización del Ejército en el combate al narcotráfico, los gobernantes norteamericanos coinciden en que las fuerzas armadas no están preparadas para afrontar semejante tarea por su “falta de capacitación para reunir pruebas que incriminen a sus detenidos”. ¡Ah pero en cambio, la Secretaría de Marina, dicen, “está bien entrenada, bien equipada y ha mostrado su capacidad para responder con rapidez a las acciones de inteligencia”
Además, tales filtraciones develan las no tan secretas intenciones de los norteamericanos. Al criticar la falta de “modernización” del Ejército Mexicano, cuyos jefes se opusieron a ser los instrumentadores de los recursos procedentes de la Iniciativa Mérida (otorgados por el gobierno norteamericano), en uno de los cables los funcionarios norteamericanos nos explican claramente cuál es su concepto de modernización de las fuerzas armadas mexicanas, a las que “sugiere” impulsar a una “transición modernizadora” consistente en alentar “a los militares mexicanos a participar más activamente en la arena internacional, así como una mayor cooperación en seguridad en Centroamérica y Colombia, y aun con participación limitada en operaciones regionales humanitarias, y posiblemente de mantenimiento de paz; también será clave en ayudar a la transición militar de una mentalidad de ‘proteger la Revolución’ a una fuerza más activa dinámica y flexible”.
Es decir, que se conviertan en uno de los brazos ejecutores de la política norteamericana en nuestro continente, así como los ejércitos de Inglaterra y España (en tiempos de Aznar) lo fueron en Irak.
¡Ah, y que abandonen cualquier discursito de ser los defensores de la Revolución Mexicana
Y todavía falta el análisis de lo relacionado con el combate al narcotráfico.
Luis Javier Valero Flores
Lo que durante años para el común de la gente eran patrañas, alucinaciones y paranoias de la izquierda mundial, con la divulgación de los cables cruzados entre los funcionarios de las embajadas norteamericanas y sus jefes, es ahora verdad casi absoluta: Estados Unidos ejerce el papel de policía mundial y determina, o trata de determinar la política de prácticamente todas las naciones en el mundo.
Que ese sea el papel buscado por los norteamericanos es negativo, pero que existan gobernantes prestos a actuar con sumisión frente a los dictados estadounidenses, o peor aún que actúen como agentes pronorteamericanos frente al resto de las naciones no tiene nombre.
Ahora sabemos que Felipe Calderón se ubica en la última categoría. Pasajes enteros de las comunicaciones entre los funcionarios norteamericanos lo retratan de cuerpo entero: “… Calderón también comentó extensamente sobre acontecimientos políticos en América Latina y el papel de los Estados Unidos. Si bien dijo que los Estados Unidos habían recuperado una estatura significativa en América Latina, asimismo, instó a una mayor participación estadounidense en la política de la región”.
Según este cable, el Director de Inteligencia del gobierno norteamericano, Dennis Blair, habría conversado con Felipe Calderón. El informe completo de esa conversación fue difundido y en él “Calderón destacó que el presidente venezolano Hugo Chávez está activo en todo el mundo, incluyendo México. Calderón dijo que México está tratando de aislar a Venezuela a través del Grupo de Río. Calderón también comentó que él está especialmente preocupado por las relaciones de Venezuela con Irán, y que la embajada iraní en México es muy activa. Calderón destacó que la creciente influencia de Irán en América Latina debe ser motivo de preocupación considerable a los Estados Unidos, y Chávez está haciendo todo posible para ayudar e instigar”.
El panista, según esta información, fue insistente en pedirle al norteamericano en que “La región necesita una presencia visible de Estados Unidos, señaló. Chávez, dijo Calderón, también tendrá la oportunidad de hacerlo en un número de elecciones próximas, especialmente las de Honduras. Lo que es más importante, dijo Calderón, los Estados Unidos deben estar dispuestos a participar en la elección del próximo presidente brasileño. Brasil, dijo, es clave para la contención de Chávez, pero lamentó que el presidente Lula ha sido renuente a hacerlo.
Para concluir, Calderón dijo que existe un vínculo entre Irán, Venezuela, drogas, tráfico de estupefacientes y estado de cuestiones de derecho. (Y que) Estados Unidos debería mirar a América Latina desde una perspectiva interconectada”.
Bastan estos párrafos para ubicar el papel jugado por quien detenta la Presidencia de la República, con argumentos tan falsos como el del párrafo anterior ¿Cómo, en dónde está la creciente influencia de Irán en América? ¿Con base en qué Calderón afirmó que ese país, el dirigido por Hugo Chávez (a quien acusa en otra parte de financiar la campaña de López Obrador en 2006) y el tráfico de drogas forman parten del mismo entramado?
Gravísima la postura de Calderón. Con base en quién sabe qué sustento político (y ético) le solicita a Estados Unidos intervenga más en los procesos electorales de América Central y Sudamérica ¿Acaso no sabe que solicitar eso significa, en función de la dinámica del poder norteamericano, que también lo puede hacer en nuestro país? ¿O eso es lo que está en el fondo?
Habíamos tenido presidentes acusados de ser agentes de la CIA (Echeverría y Díaz Ordaz) pero no habíamos tenido la oportunidad de conocer con precisión las conversaciones sostenidas entre esos y los funcionarios norteamericanos. Da pena y dolor ajenos; enerva la sumisión de quien se ostenta como mandatario de los mexicanos.
El mundo entero se ha convulsionado gracias a las filtraciones proporcionadas por el portal de internet Wikileaks y que resolvió otorgárselas a cinco periódicos.
Importa aclarar el origen de las informaciones. Se trata de los registros de los informes de los funcionarios de las embajadas norteamericanas (incluidos los embajadores) y la correspondencia entre éstos y sus jefes en el gobierno de Estados Unidos.
No se trata, entonces, de versiones de terceros sino de los reportes de funcionarios gubernamentales obligados, de acuerdo con el marco legal de Estados Unidos, a dejar el registro de sus actividades (por esa razón el pueblo norteamericano conoció las grabaciones de las actividades de Richard Nixon en contra del Partido Demócrata y que le costaron la pérdida de la presidencia de la república) por lo que la información filtrada por Wikileaks tiene todos los visos de ser veraz pues según la normatividad allá existente, los actos de los funcionarios gubernamentales deben ser del conocimiento –o estar en posibilidades de que puedan ser– del pueblo norteamericano.
Y si la intervención norteamericana es un hecho incontrastable, el fracaso de la “guerra” de Calderón en contra del crimen organizado, en voz de los norteamericanos adquirió certificado de confirmación.
Más aún, las filtraciones dan a conocer las serias divergencias existentes al interior del gabinete. Un asunto en particular lo retrata nítidamente. Blair dijo que el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, le había informado haber propuesto el establecimiento del estado de excepción (es decir, el cese de las garantías constitucionales) en varios puntos del país, especialmente en Juárez pues esa era, en la visión del militar, una mejor manera de enfrentar la situación en la frontera chihuahuense.
Ese mismo día, en una conversación posterior, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, habría conversado con Blair y le había desmenuzado sus argumentos para oponerse a la declaración del estado de sitio en el antiguo Paso del Norte.
A lo largo de todos los mensajes dados a conocer hasta ayer, son varios los comunes denominadores, en relación con el combate al tráfico de drogas: la descalificación de la “guerra” de Calderón, el enjuiciamiento al Ejército, las pugnas entre las dependencias encargadas de la seguridad pública y el ensalzamiento de la Secretaría de Marina (“cuyos integrantes han sido adiestrados en el Comando Norte” del ejército norteamericano, sostienen con orgullo en sus cables internos).
Quien se lleva la peor parte es el Ejército Mexicano, de él sostienen que tiene una nula preparación, es lento, sufre aversión al riesgo, está dividido y no es una garantía en la lucha contra el crimen organizado. ¡Ahí nomás
Y a propósito del operativo en el que efectivos de la Secretaría de Marina dieron muerte a Arturo Beltrán Leyva, se desviven en elogios a esa dependencia y critican severamente a la Sedena, colocada en “la difícil posición de explicar por qué han sido reacios a actuar de manera inteligente y dirigir la operación contra objetivos de alto nivel. Nuestros servicios transmitieron la información originalmente a la Sedena, que se negó a actuar con rapidez y reflejó una aversión al riesgo que ha costado a la institución una victoria principal contra el narcotráfico”.
En unos cuantos párrafos acabaron con todos los discursos de los políticos mexicanos hacia las fuerzas armadas. No sólo eso, al igual que todos los críticos al gobierno mexicano, opuestos a la utilización del Ejército en el combate al narcotráfico, los gobernantes norteamericanos coinciden en que las fuerzas armadas no están preparadas para afrontar semejante tarea por su “falta de capacitación para reunir pruebas que incriminen a sus detenidos”. ¡Ah pero en cambio, la Secretaría de Marina, dicen, “está bien entrenada, bien equipada y ha mostrado su capacidad para responder con rapidez a las acciones de inteligencia”
Además, tales filtraciones develan las no tan secretas intenciones de los norteamericanos. Al criticar la falta de “modernización” del Ejército Mexicano, cuyos jefes se opusieron a ser los instrumentadores de los recursos procedentes de la Iniciativa Mérida (otorgados por el gobierno norteamericano), en uno de los cables los funcionarios norteamericanos nos explican claramente cuál es su concepto de modernización de las fuerzas armadas mexicanas, a las que “sugiere” impulsar a una “transición modernizadora” consistente en alentar “a los militares mexicanos a participar más activamente en la arena internacional, así como una mayor cooperación en seguridad en Centroamérica y Colombia, y aun con participación limitada en operaciones regionales humanitarias, y posiblemente de mantenimiento de paz; también será clave en ayudar a la transición militar de una mentalidad de ‘proteger la Revolución’ a una fuerza más activa dinámica y flexible”.
Es decir, que se conviertan en uno de los brazos ejecutores de la política norteamericana en nuestro continente, así como los ejércitos de Inglaterra y España (en tiempos de Aznar) lo fueron en Irak.
¡Ah, y que abandonen cualquier discursito de ser los defensores de la Revolución Mexicana
Y todavía falta el análisis de lo relacionado con el combate al narcotráfico.
jueves, 2 de diciembre de 2010
Arraigo a la carta
El Diario, 2 de diciembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Los peores presagios se cumplieron. El 24 del mes anterior, en un aparatoso e inesperado operativo, la Policía Federal (PF) detuvo en la ciudad de Chihuahua a cuatro mandos de la Policía Municipal, tanto que hasta el día siguiente se informó de sus nombres.
Así, Víctor Javier Hernández Leyva, Gil Noé Estrada Martínez, Jonathan Manjarrez, Héctor Daniel de Luna Chávez y al jefe de mecánicos Antonio Gerardo Ortega Legarreta fueron aprehendidos, acusados de la presunta comisión de delitos del crimen organizado, en general, y en particular, de formar parte del comando que secuestró y asesinó al abogado Mario González Rodríguez, hermano de la ex procuradora Patricia González y, por tanto, formar parte del Cártel de Sinaloa.
Pero con todo y lo escenográfico de su detención, de la certidumbre de las acusaciones interpuestas por la PGR pues, se supone, ninguna autoridad se atrevería a llevar al cabo tales operaciones en contra del agrupamiento policiaco de la que puede ser la segunda ciudad más violenta del país –Chihuahua capital– ahora resulta que en lugar de girárseles sendas órdenes de aprehensión, los polimunicipales recibieron una orden de arraigo ¡Por cuarenta días Con toda seguridad para que la autoridad policiaca federal investigue a ver si tales elementos cometieron algún delito.
Y si no es suficiente ese lapso ¡Ah pues a solicitar otro igual Y si después de ese tiempo no encuentran nada, entonces, como les sucedió a los funcionarios michoacanos, fincarles algún cargo que les permita (a las autoridades federales) enviarlos a la cárcel para que un año después, amparos y juicios mediante, sean liberados y, como es costumbre, ni siquiera pedirles una disculpa, ya no a los detenidos, sino a la sociedad chihuahuense.
Todo lo anterior no implica, de ninguna manera, que el escribiente pudiera alegar la inocencia o la culpabilidad de los arraigados, eso deberá determinarlo el Poder Judicial, pero lo que es merecedor de la crítica de hoy son los elevados grados de ineficiencia de la PGR y la PF, y su acendrada tendencia a tratar de fabricar los mejores escenarios en la “lucha” del gobierno federal en contra el crimen organizado.
Además, y así lo escribíamos apenas la semana anterior, “Que los agrupamientos policiacos detengan a un ciudadano y no informen de las razones, ni de la mecánica del operativo puede resultar razonable, pero que las policías federales sitien, ingresen (aunque esto último no parece ser el caso, por lo menos hasta ahora) y detengan a policías, y especialmente a jefes de la policía municipal y no informen acerca de ello, agrede severamente la credibilidad ciudadana en las policías y anula las pocas esperanzas de que la actual tragedia vivida por los chihuahuenses, termine prontamente.
Un aspecto del operativo preocupa enormemente, el de que el alcalde de la capital, el priísta Marco Adán Quezada, se informara del operativo a través de los medios de comunicación”.
Y si todo lo anterior es altamente preocupante, el hecho de que la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la PGR, como parece ser el caso, sólo tengan como sustento el que fueron mencionados por Mario González en el ya muy famoso video que fue obligado a grabar.
El mensaje que envían las dependencias encargadas de hacer que se cumpla con la ley es espeluznante: Si tales operativos se efectuaron en contra de jefes policiacos, detenidos sin orden de aprehensión, sin cumplir con el requisito de la flagrancia ¿Qué puede esperar el ciudadano común y corriente?
Pues sólo que a mitad de la noche, sin orden de cateo, ni de aprehensión sea sorprendido en su domicilio, detenido, y luego, como no cuentan con las suficientes evidencias para incriminarlo, solicitar una orden de arraigo, con lo que se viola, ese sí flagrantemente, el principio constitucional de la presunción de inocencia de cualquier ciudadano mexicano.
Sobran los ejemplos del fracaso de las autoridades federales y el abuso cometido por ellas en el uso de la figura del arraigo judicial, no ha servido para, así sea solo atenuar la ola criminal, lo peor es que ahora los procuradores estatales están solicitando que esa figura se extienda a los delitos del orden común.
Al rato van a pedir la legalización de la tortura –claro, en condiciones particulares, como lo explicó el presidente norteamericano, George Bush– para encontrar las evidencias que permitan incriminar a los detenidos bajo arraigo.
Luis Javier Valero Flores
Los peores presagios se cumplieron. El 24 del mes anterior, en un aparatoso e inesperado operativo, la Policía Federal (PF) detuvo en la ciudad de Chihuahua a cuatro mandos de la Policía Municipal, tanto que hasta el día siguiente se informó de sus nombres.
Así, Víctor Javier Hernández Leyva, Gil Noé Estrada Martínez, Jonathan Manjarrez, Héctor Daniel de Luna Chávez y al jefe de mecánicos Antonio Gerardo Ortega Legarreta fueron aprehendidos, acusados de la presunta comisión de delitos del crimen organizado, en general, y en particular, de formar parte del comando que secuestró y asesinó al abogado Mario González Rodríguez, hermano de la ex procuradora Patricia González y, por tanto, formar parte del Cártel de Sinaloa.
Pero con todo y lo escenográfico de su detención, de la certidumbre de las acusaciones interpuestas por la PGR pues, se supone, ninguna autoridad se atrevería a llevar al cabo tales operaciones en contra del agrupamiento policiaco de la que puede ser la segunda ciudad más violenta del país –Chihuahua capital– ahora resulta que en lugar de girárseles sendas órdenes de aprehensión, los polimunicipales recibieron una orden de arraigo ¡Por cuarenta días Con toda seguridad para que la autoridad policiaca federal investigue a ver si tales elementos cometieron algún delito.
Y si no es suficiente ese lapso ¡Ah pues a solicitar otro igual Y si después de ese tiempo no encuentran nada, entonces, como les sucedió a los funcionarios michoacanos, fincarles algún cargo que les permita (a las autoridades federales) enviarlos a la cárcel para que un año después, amparos y juicios mediante, sean liberados y, como es costumbre, ni siquiera pedirles una disculpa, ya no a los detenidos, sino a la sociedad chihuahuense.
Todo lo anterior no implica, de ninguna manera, que el escribiente pudiera alegar la inocencia o la culpabilidad de los arraigados, eso deberá determinarlo el Poder Judicial, pero lo que es merecedor de la crítica de hoy son los elevados grados de ineficiencia de la PGR y la PF, y su acendrada tendencia a tratar de fabricar los mejores escenarios en la “lucha” del gobierno federal en contra el crimen organizado.
Además, y así lo escribíamos apenas la semana anterior, “Que los agrupamientos policiacos detengan a un ciudadano y no informen de las razones, ni de la mecánica del operativo puede resultar razonable, pero que las policías federales sitien, ingresen (aunque esto último no parece ser el caso, por lo menos hasta ahora) y detengan a policías, y especialmente a jefes de la policía municipal y no informen acerca de ello, agrede severamente la credibilidad ciudadana en las policías y anula las pocas esperanzas de que la actual tragedia vivida por los chihuahuenses, termine prontamente.
Un aspecto del operativo preocupa enormemente, el de que el alcalde de la capital, el priísta Marco Adán Quezada, se informara del operativo a través de los medios de comunicación”.
Y si todo lo anterior es altamente preocupante, el hecho de que la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la PGR, como parece ser el caso, sólo tengan como sustento el que fueron mencionados por Mario González en el ya muy famoso video que fue obligado a grabar.
El mensaje que envían las dependencias encargadas de hacer que se cumpla con la ley es espeluznante: Si tales operativos se efectuaron en contra de jefes policiacos, detenidos sin orden de aprehensión, sin cumplir con el requisito de la flagrancia ¿Qué puede esperar el ciudadano común y corriente?
Pues sólo que a mitad de la noche, sin orden de cateo, ni de aprehensión sea sorprendido en su domicilio, detenido, y luego, como no cuentan con las suficientes evidencias para incriminarlo, solicitar una orden de arraigo, con lo que se viola, ese sí flagrantemente, el principio constitucional de la presunción de inocencia de cualquier ciudadano mexicano.
Sobran los ejemplos del fracaso de las autoridades federales y el abuso cometido por ellas en el uso de la figura del arraigo judicial, no ha servido para, así sea solo atenuar la ola criminal, lo peor es que ahora los procuradores estatales están solicitando que esa figura se extienda a los delitos del orden común.
Al rato van a pedir la legalización de la tortura –claro, en condiciones particulares, como lo explicó el presidente norteamericano, George Bush– para encontrar las evidencias que permitan incriminar a los detenidos bajo arraigo.
Sorpresas en ayuntamiento de Chihuahua
Editorial Aserto No. 88, noviembre de 2010
Ninguna de ellas servirá para elevar los decaídos ánimos ciudadanos, ni para aumentar la credibilidad en los funcionarios públicos y, en general, para la clase política. A pesar de las reiteradas menciones efectuadas por el actual alcalde, Marco Adán Quezada, de origen priista, acerca de la salud financiera del municipio de la capital del estado, ahora sabemos, por boca de los funcionarios encargados de las finanzas municipales, que la situación financiera del ayuntamiento se encuentra en condiciones verdaderamente difíciles, pero al fin y al cabo superables.
La otra sorpresa tampoco es agradable. Al anunciar la reducción de los salarios del primer nivel de los funcionarios municipales, nos encontramos que el salario de los presidentes municipales de Chihuahua, por lo menos los dos últimos, de extracción panista, ascendía a poco más de 140 mil pesos mensuales, sin duda, de los más altos del país, por encima, incluso, del devengado por el Jefe de Gobierno del DF, (quien obtiene 72 mil 852 pesos netos al mes, cifra tomada de la página de la jefatura de gobierno, que publica los montos y nombres de los funcionarios, sin necesidad de solicitar dicha información) y que gracias a la anunciada reducción se ubicará en alrededor del 113 mil pesos mensuales.
Si bien el endeudamiento del ayuntamiento capitalino no fue tan sorpresivo, los mensajes efectuados por los nuevos gobernantes municipales sí hicieron que se llegara a la conclusión más o menos generalizada que tal cosa era cierta, sin embargo, las sorpresas ocurrieron inmediatamente al día siguiente de tomar posesión, cuando el alcalde Quezada anunció que sólo se encontraban patrullando la ciudad poco más de 300 efectivos de la policía municipal y que, en labores administrativas, se encontraban elementos sin los méritos suficientes para encontrarse laborando en esas condiciones, en lugar de efectuar las tareas propias de la policía.
Un día después, otra sorpresa, la del anuncio del despido de más de 500 empleados del municipio, debido, entre otros factores, a lo abultado de la nómina existentes y a la necesidad de disminuir el gasto corriente del ayuntamiento, elevado a tal grado que en dependencias como el Consejo Urbano Municipal hacía meses no se iniciaban nuevos trabajos de pavimentación por no contar con recursos económicos.
No lo plantearon así los nuevos ocupantes del palacio municipal pero se advierte el afán de sus antecesores por utilizar los recursos a su alcance en tareas de proselitismo electoral, para lo cual ubicaron a muchos de sus operadores políticos en puestos de gobierno.
Aún falta saber si las liquidaciones de personal, efectuadas poco antes del término de la pasada administración, se hicieron con base en la ley y no, como es posible se hiciesen, para beneficiar a quienes, por ley, estaban obligados a renunciar ante el relevo de administración.
Más controversial es el otro asunto, el de los salarios, en el que los políticos de todos los partidos desbarran, mienten, ocultan, soslayan e intentan aparentar su ignorancia respecto del salario devengado.
Tales conductas son originadas por una sola razón, lo elevado de los mismos, por encima de los de sus homólogos de prácticamente toda América Latina, de una buena parte de Europa, colocados entre los más altos del planeta y con muy poca correlación con la eficiencia y efectividad de su encargo.
El origen del salario de los funcionarios municipales de Chihuahua capital se encuentra en que al total de los ingresos le sumaban el pago de un bono de “productividad”, que en todos los casos era de 100% y cuyo monto era exactamente al del total de sus ingresos. Ahora, con la nueva medida, a pesar de la anunciada reducción, esos ingresos irregulares se legalizan. Sí, pero no se legitiman ante la sociedad.
¡Vaya sorpresas!
Ninguna de ellas servirá para elevar los decaídos ánimos ciudadanos, ni para aumentar la credibilidad en los funcionarios públicos y, en general, para la clase política. A pesar de las reiteradas menciones efectuadas por el actual alcalde, Marco Adán Quezada, de origen priista, acerca de la salud financiera del municipio de la capital del estado, ahora sabemos, por boca de los funcionarios encargados de las finanzas municipales, que la situación financiera del ayuntamiento se encuentra en condiciones verdaderamente difíciles, pero al fin y al cabo superables.
La otra sorpresa tampoco es agradable. Al anunciar la reducción de los salarios del primer nivel de los funcionarios municipales, nos encontramos que el salario de los presidentes municipales de Chihuahua, por lo menos los dos últimos, de extracción panista, ascendía a poco más de 140 mil pesos mensuales, sin duda, de los más altos del país, por encima, incluso, del devengado por el Jefe de Gobierno del DF, (quien obtiene 72 mil 852 pesos netos al mes, cifra tomada de la página de la jefatura de gobierno, que publica los montos y nombres de los funcionarios, sin necesidad de solicitar dicha información) y que gracias a la anunciada reducción se ubicará en alrededor del 113 mil pesos mensuales.
Si bien el endeudamiento del ayuntamiento capitalino no fue tan sorpresivo, los mensajes efectuados por los nuevos gobernantes municipales sí hicieron que se llegara a la conclusión más o menos generalizada que tal cosa era cierta, sin embargo, las sorpresas ocurrieron inmediatamente al día siguiente de tomar posesión, cuando el alcalde Quezada anunció que sólo se encontraban patrullando la ciudad poco más de 300 efectivos de la policía municipal y que, en labores administrativas, se encontraban elementos sin los méritos suficientes para encontrarse laborando en esas condiciones, en lugar de efectuar las tareas propias de la policía.
Un día después, otra sorpresa, la del anuncio del despido de más de 500 empleados del municipio, debido, entre otros factores, a lo abultado de la nómina existentes y a la necesidad de disminuir el gasto corriente del ayuntamiento, elevado a tal grado que en dependencias como el Consejo Urbano Municipal hacía meses no se iniciaban nuevos trabajos de pavimentación por no contar con recursos económicos.
No lo plantearon así los nuevos ocupantes del palacio municipal pero se advierte el afán de sus antecesores por utilizar los recursos a su alcance en tareas de proselitismo electoral, para lo cual ubicaron a muchos de sus operadores políticos en puestos de gobierno.
Aún falta saber si las liquidaciones de personal, efectuadas poco antes del término de la pasada administración, se hicieron con base en la ley y no, como es posible se hiciesen, para beneficiar a quienes, por ley, estaban obligados a renunciar ante el relevo de administración.
Más controversial es el otro asunto, el de los salarios, en el que los políticos de todos los partidos desbarran, mienten, ocultan, soslayan e intentan aparentar su ignorancia respecto del salario devengado.
Tales conductas son originadas por una sola razón, lo elevado de los mismos, por encima de los de sus homólogos de prácticamente toda América Latina, de una buena parte de Europa, colocados entre los más altos del planeta y con muy poca correlación con la eficiencia y efectividad de su encargo.
El origen del salario de los funcionarios municipales de Chihuahua capital se encuentra en que al total de los ingresos le sumaban el pago de un bono de “productividad”, que en todos los casos era de 100% y cuyo monto era exactamente al del total de sus ingresos. Ahora, con la nueva medida, a pesar de la anunciada reducción, esos ingresos irregulares se legalizan. Sí, pero no se legitiman ante la sociedad.
¡Vaya sorpresas!
martes, 30 de noviembre de 2010
Navidad adelantada en Chihuahua
El Diario, 30 de noviembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Lo volvieron a hacer, igual que lo hicieron doce años atrás los principales funcionarios de la primera administración estatal panista en Chihuahua, sus antecesores, los salientes funcionarios del gobierno municipal del trienio anterior en la capital del estado, encabezado por Carlos Borruel y Álvaro Madero, se sirvieron con la cuchara grande.
Si en 1998 los 17 más altos funcionarios del gobierno estatal encabezado por Francisco Barrio se indemnizaron por un total de poco más de 17 millones de pesos, ahora, los funcionarios municipales capitalinos recibieron en conjunto más de 23 millones de pesos en bonos de liquidación.
Los indicios de tal desmesurado acto ya se tenían, incluso el Secretario del Ayuntamiento, Eloy García Tarín, en entrevista concedida a Aserto-Radio semanas atrás, hablaba que una parte del adeudo del gobierno encabezado por Álvaro Madero, encontrado por la nueva administración municipal, emanada del PRI, consistía en un anticipo otorgado por el gobierno de Reyes Baeza por la cantidad de 9 millones de pesos y dejó en el aire la sospecha el objeto de tal anticipo, no sin antes dejar en claro que se había otorgado en agosto pasado. Todo lo reveló con una más que enigmática sonrisa.
Ahora, gracias a una investigación periodística podemos saber más de dichas maniobras financieras. El domingo, el otro matutino de la ciudad de Chihuahua informó que, tras solicitar la información a la unidad de Transparencia del municipio del mismo nombre, se reveló que el gobierno emanado del PAN había gastado casi 23 millones 400 mil pesos “para liquidar a funcionarios de primer y segundo nivel, como son directores y subdirectores, así como jefes de departamento, que están considerados como personal de confianza, por lo que sus cargos son renunciables sin derecho a indemnización”.
Semanas atrás, antes del término de su gestión, el empresario Madero, hermano del senador aspirante a la dirigencia nacional de su partido, había negado que se hubiesen otorgado tales prebendas.
La lista agobia, y por los montos, enerva, la frase de servirse con la cucharada grande es pusilánime frente a lo realizado por quienes, hasta el último de los días de su gestión pregonaron a los cuatro vientos de formar parte de la administración más transparente del país.
En esa lista se encuentra hasta el recién elegido dirigente municipal, Miguel Latorre, quien a principios de noviembre, al cuestionar la veracidad del anuncio efectuado por el presidente municipal, Marco Adán Quezada, acerca de la disminución de su salario, dijo que “Los ciudadanos deben conocer el ingreso real y total de cada uno de los servidores públicos. Así tendremos la certeza de que realmente habrá un eficiente manejo del erario”.
Bueno, entre otras cosas, el reporte periodístico dice: “El informe obtenido a través de la Unidad de Información y Transparencia, entre otras cosas, revela que Verónica Estela Rudolfo, subdirectora de la Oficialía Mayor, fue liquidada con 263 mil 462 pesos; Jaime Isaac Calderón Trevizo, subdirector en Atención Ciudadana, recibió 119 mil 958 pesos. Alfonso Moreno Cossío, subdirector en Aseo Urbano, fue liquidado con 139 mil 776 pesos. Otro subdirector quién también recibió liquidación en Atención Ciudadana, fue Miguel Francisco Latorre con 120 mil 233 pesos. También aparece, entre otros, el caso del director general de Aseo Urbano, Ignacio Federico Muruato, con 179 mil 850 pesos… En Seguridad Pública llama la atención el caso de dos jefes de departamento: Gilberto Loya Chávez, quien recibió de liquidación 287 mil 679 pesos y Salvador Aristi Lara (regidor panista en la administración de Juan Blanco 2004-2007), con 230 mil 963 pesos”.
“En la lista de liquidación aparecen dos hermanos del ex alcalde Carlos Borruel Baquera: María Guadalupe Borruel Baquera, jefa de departamento en Atención Ciudadana, a quien se le pagó 180 mil 188 pesos y Raúl Armando Borruel Baquera, inspector de Gobernación, dependiente de la Tesorería Municipal, a quién le pagaron 97 mil 636 pesos”.
Ahí están los hechos ¿Encontrarán algo, luego, la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado y, acaso más importante, sancionarán a alguien por hechos a todas luces ilegales?
Luis Javier Valero Flores
Lo volvieron a hacer, igual que lo hicieron doce años atrás los principales funcionarios de la primera administración estatal panista en Chihuahua, sus antecesores, los salientes funcionarios del gobierno municipal del trienio anterior en la capital del estado, encabezado por Carlos Borruel y Álvaro Madero, se sirvieron con la cuchara grande.
Si en 1998 los 17 más altos funcionarios del gobierno estatal encabezado por Francisco Barrio se indemnizaron por un total de poco más de 17 millones de pesos, ahora, los funcionarios municipales capitalinos recibieron en conjunto más de 23 millones de pesos en bonos de liquidación.
Los indicios de tal desmesurado acto ya se tenían, incluso el Secretario del Ayuntamiento, Eloy García Tarín, en entrevista concedida a Aserto-Radio semanas atrás, hablaba que una parte del adeudo del gobierno encabezado por Álvaro Madero, encontrado por la nueva administración municipal, emanada del PRI, consistía en un anticipo otorgado por el gobierno de Reyes Baeza por la cantidad de 9 millones de pesos y dejó en el aire la sospecha el objeto de tal anticipo, no sin antes dejar en claro que se había otorgado en agosto pasado. Todo lo reveló con una más que enigmática sonrisa.
Ahora, gracias a una investigación periodística podemos saber más de dichas maniobras financieras. El domingo, el otro matutino de la ciudad de Chihuahua informó que, tras solicitar la información a la unidad de Transparencia del municipio del mismo nombre, se reveló que el gobierno emanado del PAN había gastado casi 23 millones 400 mil pesos “para liquidar a funcionarios de primer y segundo nivel, como son directores y subdirectores, así como jefes de departamento, que están considerados como personal de confianza, por lo que sus cargos son renunciables sin derecho a indemnización”.
Semanas atrás, antes del término de su gestión, el empresario Madero, hermano del senador aspirante a la dirigencia nacional de su partido, había negado que se hubiesen otorgado tales prebendas.
La lista agobia, y por los montos, enerva, la frase de servirse con la cucharada grande es pusilánime frente a lo realizado por quienes, hasta el último de los días de su gestión pregonaron a los cuatro vientos de formar parte de la administración más transparente del país.
En esa lista se encuentra hasta el recién elegido dirigente municipal, Miguel Latorre, quien a principios de noviembre, al cuestionar la veracidad del anuncio efectuado por el presidente municipal, Marco Adán Quezada, acerca de la disminución de su salario, dijo que “Los ciudadanos deben conocer el ingreso real y total de cada uno de los servidores públicos. Así tendremos la certeza de que realmente habrá un eficiente manejo del erario”.
Bueno, entre otras cosas, el reporte periodístico dice: “El informe obtenido a través de la Unidad de Información y Transparencia, entre otras cosas, revela que Verónica Estela Rudolfo, subdirectora de la Oficialía Mayor, fue liquidada con 263 mil 462 pesos; Jaime Isaac Calderón Trevizo, subdirector en Atención Ciudadana, recibió 119 mil 958 pesos. Alfonso Moreno Cossío, subdirector en Aseo Urbano, fue liquidado con 139 mil 776 pesos. Otro subdirector quién también recibió liquidación en Atención Ciudadana, fue Miguel Francisco Latorre con 120 mil 233 pesos. También aparece, entre otros, el caso del director general de Aseo Urbano, Ignacio Federico Muruato, con 179 mil 850 pesos… En Seguridad Pública llama la atención el caso de dos jefes de departamento: Gilberto Loya Chávez, quien recibió de liquidación 287 mil 679 pesos y Salvador Aristi Lara (regidor panista en la administración de Juan Blanco 2004-2007), con 230 mil 963 pesos”.
“En la lista de liquidación aparecen dos hermanos del ex alcalde Carlos Borruel Baquera: María Guadalupe Borruel Baquera, jefa de departamento en Atención Ciudadana, a quien se le pagó 180 mil 188 pesos y Raúl Armando Borruel Baquera, inspector de Gobernación, dependiente de la Tesorería Municipal, a quién le pagaron 97 mil 636 pesos”.
Ahí están los hechos ¿Encontrarán algo, luego, la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado y, acaso más importante, sancionarán a alguien por hechos a todas luces ilegales?
domingo, 28 de noviembre de 2010
De bodas y aniversarios
El Diario, 28 de noviembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Pareciera título de la sección de sociales, y aunque la mitad del mismo debiera circunscribirse a ella, sus protagonistas han resuelto que no sea así. ¿Y cómo va a ser un evento de la sociedad toluqueña, si el novio resolvió que la fiesta se realizara en la casa de Gobierno del Estado de México? (O sea que los contribuyentes mexiquenses hasta la boda pagan).
Pues sí, ese es uno de los temas, la multiaclamada y escenográfica boda del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto y la actriz de Televisa Angélica Rivera, y el otro, la celebración del 4º aniversario del gobierno de Felipe Calderón y el 10º de gobiernos panistas que éstos se aprestan a realizar el día de hoy.
Unos y otros, faltos de la necesaria autocontención, celebran sus fiestas como si el país entero estuviera ansioso de apapacharlos en virtud de las numerosas y positivas cosas que su tránsito por la función pública hubiese dejado.
México enfrenta momentos particularmente difíciles. Nunca en la historia nacional se había presentado una crisis de seguridad pública de las dimensiones de la actual. Habíamos tenido, sí, agudos enfrentamientos armados, guerras civiles, asonadas, rebeliones, y hasta dos revoluciones –la de independencia y la del siglo pasado– oleadas de incremento de la actividad delictiva, pero incluso en los momentos más álgidos producidos por las bandas criminales no se había puesto tan en riesgo al total de las instituciones como en el momento presente.
Hoy, las bandas criminales tienen en jaque al Estado mexicano, por lo menos en la mitad de las entidades y la agenda dictada por los jefes de los cárteles en la guerra que libran, marca todos los aspectos de la vida nacional.
El fracaso de la estrategia gubernamental en contra del crimen organizado es total. Hoy, las áreas de influencia de las bandas criminales son incomensurablemente mayores a las de hace 4 años, la corrupción y la impunidad crecieron geométricamente y los índices delictivos, prácticamente en todos los aspectos, son peores. Ya no citemos la cifra de muertos de estas guerras, superan todo lo imaginado.
Pero si hubiese más cosas que lamentar, más dolorosas que la muerte de decenas de miles de mexicanos, lanzados a las actividades delictivas –quizá la mayor parte de ellos a causa de no tener a la vista ningún proyecto de vida viable, que les significara más educación, alimentos, vivienda, recreación, seguridad en el futuro y con una sociedad orientada al individualismo, a la obtención de dineros fácilmente y con patrones culturales prácticamente de la edad media– insistimos, en estas guerras, quizá lo que más duele ver es el agudo proceso de degradación social e institucional sufrido, probablemente ése sea el peor saldo de la crisis por la que atravesamos.
En ese entorno avistamos ya las elecciones presidenciales del 2012. Todas las acciones de nuestros políticos están enmarcadas en ellas, por desgracia no en los mejores términos, pues atraviesan por uno de los peores momentos en cuanto a credibilidad entre la ciudadanía. Lógico, la modernización democrática del país –que existe, a pesar de todo, no podemos negar los avances en materia electoral– no ha traído para la absoluta mayoría de la población mejoría económica personal.
No sólo estamos peor económicamente sino que crece la percepción popular en ese sentido, así, según la encuesta de octubre de la empresa Consulta Mitofsky, en cuanto a la percepción sobre la economía, 83% dice que está peor y solo el 12.8 afirma estar mejor que el año anterior.
Peor, Calderón es calificado por los ciudadanos con un 53%, y solamente el 54% de los ciudadanos aprueba su gestión gubernamental.
Algunos plantean que ha fallado el modelo económico, todo lo contrario, no estaba concebido para resolver los problemas sociales, ni acabar con la desigualdad social, ni con la injusta distribución de la riqueza. Se planteó como un modelo que de manera automática, al dejarle todo a las fuerzas del mercado, éstas regularían aspectos como los señalados. El mundo entero exhibe los efectos de tal orientación económica.
Incapaces de reconocer su fracaso gubernamental, los panistas se aferran a presumir que las cifras macroeconómicas demuestran la eficacia de su forma de gobernar y se niegan a aceptar la enorme tragedia que sus gobiernos han producido. En lo que va de la década más de siete millones de mexicanos emigraron y millones son hoy desempleados, amén del crecimiento de la pobreza y la pobreza extrema. El país hace agua, literalmente.
En contraposición a tal situación, los privilegios de la alta burocracia y la concentración de la riqueza se convirtieron en asuntos cotidianos que, no por serlo, son aceptados por una población harta de tan malos y tan caros gobiernos.
Y si el modelo económico está agotado, el político no lo está menos.
Por todos lados aparecen las evidencias de que el viejo presidencialismo tocó a su fin en México. No se puede gobernar con el actual modelo, ni con el marco legal vigente. Vivimos un presidencialismo bizarro en el que quien obtiene la mayoría de los votos en la elección presidencial se encuentra imposibilitado de gobernar pues no tiene la mayoría en el Poder Legislativo, el sistema no estaba concebido para que el Congreso de la Unión, o las legislaturas locales, se opusieran a las disposiciones del presidente o los gobernadores.
A enterrar el viejo modelo político, la mayoría de los electores en el 2000, acudieron gozosos a acompañar a Fox en sus peroratas. Nada de eso es realidad ahora, muchos de los cuadros políticos y técnicos del priismo se hicieron cargo de áreas sustantivas de la conducción del país y la vieja columna vertebral del sistema, no sólo se mantuvo sino que se le dio respiración artificial.
Para el PAN en el gobierno las cosas no están mejores. Muy pronto olvidaron la consigna zedillista de instalar una sana distancia entre el gobierno y el partido. Felipe Calderón nos ha hecho recordar mucho a Salinas de Gortari. Ahora, desde la presidencia de la república se impone a los presidentes nacionales. No puede ser de otra manera, más del 70% del Consejo Nacional del blanquiazul son funcionarios de la administración federal y las derrotas electorales, especialmente la del súper domingo del 4 de julio pasado –se realizaron trece elecciones de gobernadores– los desmadejó aún más que las federales.
Y la “guerra” de Calderón contra el crimen organizado les ha significado un pesado lastre, tanto que el 83% de la ciudadanía piensa que la seguridad es peor a la de un año atrás.
Es tan grave la crisis del PAN que ahora mismo no aparece ninguno de los destacados calderonistas cerca de los punteros en las encuestas, el más adelantado es el actual senador Santiago Creel a quien destaparán el día de hoy.
Pero si eso hacían los gobiernos del “cambio”, el viejo PRI supo amoldarse a los nuevos tiempos, lo pudo hacer porque conservó amplísimas zonas de poder, en particular la mayoría de los gobiernos estatales y desde ahí empezó a tejer el nuevo régimen y el regreso al Palacio Nacional.
¿Lo hace en función de los ejes de la modernidad democrática? Diríamos que sólo a veces y sólo algunos; en lo general permea la herencia patrimonialista, el viejo control electoral, el uso de nuevas formas de alienamiento a la población, con ejemplos tan desmesurados como los de los gobernadores de Puebla, Mario Marín, y el de Oaxaca, Ulises Ruiz. Y no son los únicos, por desgracia.
Y precisamente uno de los poderes fácticos, que ya lo era antes del 2000, pero que ahora se ha erigido en poder casi indispensable, pretende arrebatarle, no sólo al PRI la posibilidad de elegir candidato sino al país entero la libertad de designar al presidente de la república. Sí, Don Enrique Peña Nieto es fruto no solamente de la televisión, sino del viejísimo aparato político –la nomenklatura le definió Carlos Salinas de Gortari– que ahora intenta con los mismos métodos, ahora renovados y modernizados, convertirse en el primer mandatario de la nación.
¿Lo hace bajo los métodos de una democracia desarrollada, o acaso sin hacer uso de los viejos artilugios, es decir, el uso del patrimonio público para promoverse?
La respuesta es obvia, es hasta ofensiva la manera en que se pretende “venderlo” como el estandarte del priismo democrático.
Pero aún faltan largos diez meses para que se resuelvan las candidaturas, en tanto, alegrémonos, tenemos fiestas de las cuales debemos enorgullecernos hasta la médula, Peña Nieto y su gaviota ya se casaron, en una ridícula parodia de las bodas de la realeza europea, y el PAN celebra que los sexenios de Fox y Calderón serán recordados, dijo el líder panista del DF, al mismo nivel que los gobiernos de ¡Madero y Juárez
Ahí nomás…
Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
Pareciera título de la sección de sociales, y aunque la mitad del mismo debiera circunscribirse a ella, sus protagonistas han resuelto que no sea así. ¿Y cómo va a ser un evento de la sociedad toluqueña, si el novio resolvió que la fiesta se realizara en la casa de Gobierno del Estado de México? (O sea que los contribuyentes mexiquenses hasta la boda pagan).
Pues sí, ese es uno de los temas, la multiaclamada y escenográfica boda del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto y la actriz de Televisa Angélica Rivera, y el otro, la celebración del 4º aniversario del gobierno de Felipe Calderón y el 10º de gobiernos panistas que éstos se aprestan a realizar el día de hoy.
Unos y otros, faltos de la necesaria autocontención, celebran sus fiestas como si el país entero estuviera ansioso de apapacharlos en virtud de las numerosas y positivas cosas que su tránsito por la función pública hubiese dejado.
México enfrenta momentos particularmente difíciles. Nunca en la historia nacional se había presentado una crisis de seguridad pública de las dimensiones de la actual. Habíamos tenido, sí, agudos enfrentamientos armados, guerras civiles, asonadas, rebeliones, y hasta dos revoluciones –la de independencia y la del siglo pasado– oleadas de incremento de la actividad delictiva, pero incluso en los momentos más álgidos producidos por las bandas criminales no se había puesto tan en riesgo al total de las instituciones como en el momento presente.
Hoy, las bandas criminales tienen en jaque al Estado mexicano, por lo menos en la mitad de las entidades y la agenda dictada por los jefes de los cárteles en la guerra que libran, marca todos los aspectos de la vida nacional.
El fracaso de la estrategia gubernamental en contra del crimen organizado es total. Hoy, las áreas de influencia de las bandas criminales son incomensurablemente mayores a las de hace 4 años, la corrupción y la impunidad crecieron geométricamente y los índices delictivos, prácticamente en todos los aspectos, son peores. Ya no citemos la cifra de muertos de estas guerras, superan todo lo imaginado.
Pero si hubiese más cosas que lamentar, más dolorosas que la muerte de decenas de miles de mexicanos, lanzados a las actividades delictivas –quizá la mayor parte de ellos a causa de no tener a la vista ningún proyecto de vida viable, que les significara más educación, alimentos, vivienda, recreación, seguridad en el futuro y con una sociedad orientada al individualismo, a la obtención de dineros fácilmente y con patrones culturales prácticamente de la edad media– insistimos, en estas guerras, quizá lo que más duele ver es el agudo proceso de degradación social e institucional sufrido, probablemente ése sea el peor saldo de la crisis por la que atravesamos.
En ese entorno avistamos ya las elecciones presidenciales del 2012. Todas las acciones de nuestros políticos están enmarcadas en ellas, por desgracia no en los mejores términos, pues atraviesan por uno de los peores momentos en cuanto a credibilidad entre la ciudadanía. Lógico, la modernización democrática del país –que existe, a pesar de todo, no podemos negar los avances en materia electoral– no ha traído para la absoluta mayoría de la población mejoría económica personal.
No sólo estamos peor económicamente sino que crece la percepción popular en ese sentido, así, según la encuesta de octubre de la empresa Consulta Mitofsky, en cuanto a la percepción sobre la economía, 83% dice que está peor y solo el 12.8 afirma estar mejor que el año anterior.
Peor, Calderón es calificado por los ciudadanos con un 53%, y solamente el 54% de los ciudadanos aprueba su gestión gubernamental.
Algunos plantean que ha fallado el modelo económico, todo lo contrario, no estaba concebido para resolver los problemas sociales, ni acabar con la desigualdad social, ni con la injusta distribución de la riqueza. Se planteó como un modelo que de manera automática, al dejarle todo a las fuerzas del mercado, éstas regularían aspectos como los señalados. El mundo entero exhibe los efectos de tal orientación económica.
Incapaces de reconocer su fracaso gubernamental, los panistas se aferran a presumir que las cifras macroeconómicas demuestran la eficacia de su forma de gobernar y se niegan a aceptar la enorme tragedia que sus gobiernos han producido. En lo que va de la década más de siete millones de mexicanos emigraron y millones son hoy desempleados, amén del crecimiento de la pobreza y la pobreza extrema. El país hace agua, literalmente.
En contraposición a tal situación, los privilegios de la alta burocracia y la concentración de la riqueza se convirtieron en asuntos cotidianos que, no por serlo, son aceptados por una población harta de tan malos y tan caros gobiernos.
Y si el modelo económico está agotado, el político no lo está menos.
Por todos lados aparecen las evidencias de que el viejo presidencialismo tocó a su fin en México. No se puede gobernar con el actual modelo, ni con el marco legal vigente. Vivimos un presidencialismo bizarro en el que quien obtiene la mayoría de los votos en la elección presidencial se encuentra imposibilitado de gobernar pues no tiene la mayoría en el Poder Legislativo, el sistema no estaba concebido para que el Congreso de la Unión, o las legislaturas locales, se opusieran a las disposiciones del presidente o los gobernadores.
A enterrar el viejo modelo político, la mayoría de los electores en el 2000, acudieron gozosos a acompañar a Fox en sus peroratas. Nada de eso es realidad ahora, muchos de los cuadros políticos y técnicos del priismo se hicieron cargo de áreas sustantivas de la conducción del país y la vieja columna vertebral del sistema, no sólo se mantuvo sino que se le dio respiración artificial.
Para el PAN en el gobierno las cosas no están mejores. Muy pronto olvidaron la consigna zedillista de instalar una sana distancia entre el gobierno y el partido. Felipe Calderón nos ha hecho recordar mucho a Salinas de Gortari. Ahora, desde la presidencia de la república se impone a los presidentes nacionales. No puede ser de otra manera, más del 70% del Consejo Nacional del blanquiazul son funcionarios de la administración federal y las derrotas electorales, especialmente la del súper domingo del 4 de julio pasado –se realizaron trece elecciones de gobernadores– los desmadejó aún más que las federales.
Y la “guerra” de Calderón contra el crimen organizado les ha significado un pesado lastre, tanto que el 83% de la ciudadanía piensa que la seguridad es peor a la de un año atrás.
Es tan grave la crisis del PAN que ahora mismo no aparece ninguno de los destacados calderonistas cerca de los punteros en las encuestas, el más adelantado es el actual senador Santiago Creel a quien destaparán el día de hoy.
Pero si eso hacían los gobiernos del “cambio”, el viejo PRI supo amoldarse a los nuevos tiempos, lo pudo hacer porque conservó amplísimas zonas de poder, en particular la mayoría de los gobiernos estatales y desde ahí empezó a tejer el nuevo régimen y el regreso al Palacio Nacional.
¿Lo hace en función de los ejes de la modernidad democrática? Diríamos que sólo a veces y sólo algunos; en lo general permea la herencia patrimonialista, el viejo control electoral, el uso de nuevas formas de alienamiento a la población, con ejemplos tan desmesurados como los de los gobernadores de Puebla, Mario Marín, y el de Oaxaca, Ulises Ruiz. Y no son los únicos, por desgracia.
Y precisamente uno de los poderes fácticos, que ya lo era antes del 2000, pero que ahora se ha erigido en poder casi indispensable, pretende arrebatarle, no sólo al PRI la posibilidad de elegir candidato sino al país entero la libertad de designar al presidente de la república. Sí, Don Enrique Peña Nieto es fruto no solamente de la televisión, sino del viejísimo aparato político –la nomenklatura le definió Carlos Salinas de Gortari– que ahora intenta con los mismos métodos, ahora renovados y modernizados, convertirse en el primer mandatario de la nación.
¿Lo hace bajo los métodos de una democracia desarrollada, o acaso sin hacer uso de los viejos artilugios, es decir, el uso del patrimonio público para promoverse?
La respuesta es obvia, es hasta ofensiva la manera en que se pretende “venderlo” como el estandarte del priismo democrático.
Pero aún faltan largos diez meses para que se resuelvan las candidaturas, en tanto, alegrémonos, tenemos fiestas de las cuales debemos enorgullecernos hasta la médula, Peña Nieto y su gaviota ya se casaron, en una ridícula parodia de las bodas de la realeza europea, y el PAN celebra que los sexenios de Fox y Calderón serán recordados, dijo el líder panista del DF, al mismo nivel que los gobiernos de ¡Madero y Juárez
Ahí nomás…
Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
jueves, 25 de noviembre de 2010
¿Chihuahuanazo?
El Diario, 25 de noviembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
La detención de por lo menos cuatro mandos operativos de la policía municipal de la capital del estado reveló infinidad de cosas, ninguna de ellas agradable, ilustra infinidad de aspectos negativos de la guerra de Calderón en contra del crimen organizado, la falta de coordinación entre las distintas esferas de gobierno, la desconfianza entre ellas, el nulo respeto al marco legal, la aguda infiltración de la delincuencia en los aparatos policiales y el débil entramado institucional existente en el país.
Por si fuera poco, sólo falta que la PGR anuncie que solicitó a los jueces federales sendas órdenes, no de aprehensión, sino de arraigo en contra de los policías detenidos.
Importa detenerse en esto, que parecería ser una minucia y que no lo es, en absoluto.
Que los agrupamientos policiacos detengan a un ciudadano y no informen de las razones, ni de la mecánica del operativo puede resultar razonable, pero que las policías federales sitien, ingresen (aunque esto último no parece ser el caso, por lo menos hasta ahora) y detengan a policías, y especialmente a jefes de la policía municipal y no informen acerca de ello, agrede severamente la credibilidad ciudadana en las policías y anula las pocas esperanzas de que la actual tragedia vivida por los chihuahuenses, termine prontamente.
Un aspecto del operativo preocupa enormemente, el de que el alcalde de la capital, el priísta Marco Adán Quezada, se informara del operativo a través de los medios de comunicación y que, a partir de ello, declarara que esperaría los detalles de la operación policiaca para adoptar una postura y manifestó su aspiración a “que la corporación sea transparente y abierta para ser revisada en cualquier momento”.
Y que afirmara que “Primeramente debo conocer las causas, para no entrar en el terreno de las especulaciones, hasta el momento no conocemos más que lo que los medios han dado a conocer”, para, enseguida, darnos cuenta de algo que creímos superado a partir de la instalación de las nuevas administraciones estatal y municipal: “Las relaciones hasta este momento han sido cordiales y estrechas, particularmente con Gobierno del Estado y con la Federal hemos tenido algunos inconvenientes como éste tipo de arrestos debido a la falta de comunicación”.
De ninguna manera se puede esperar que haya una conducta permisiva de parte del alcalde, o que vaya solapar la supuesta conducta delictiva de algunos de los jefes de la polimunicipal, pero que el jefe de la seguridad preventiva en la ciudad, del agrupamiento policiaco y responsable –en primera instancia– de la seguridad pública en el municipio ignorara la puesta en marcha de un operativo de tales dimensiones, denota la absoluta falta de coordinación entre las autoridades federales y las locales.
Más aún, que las deficiencias informativas de las instancias federales adquieran las magnitudes alcanzadas por los hechos de ayer, muestra cuán poca importancia y respeto les merecen las inquietudes de una sociedad, como ninguna, golpeada por la ola delictiva.
Lo anterior, en lugar de alentar a los ciudadanos acerca de la contundencia de los golpes propinados a la delincuencia, genera mayor incertidumbre y más desasosiego pues la pregunta natural –a casi tres años de la permanencia masiva de las fuerzas federales en la entidad– es la de si esto le hacen a los agrupamientos policiacos y sus jefes, y ni les informan ¿qué podemos esperar los ciudadanos comunes y corrientes?
Y si las acusaciones –o supuestas, no lo sabemos– resultan ser ciertas, el panorama es peor, pues a los detenidos, según las informaciones extraoficiales otorgadas a la prensa, se les vincula con el secuestro y asesinato de Mario González Rodríguez, el hermano de la ex procuradora, y si esto es así, significaría que la infiltración del Cártel de Sinaloa en las agrupaciones policiacas es al más alto nivel.
Para temblar.
Lo peor será que les extiendan solamente órdenes de arraigo –por no contar con suficientes elementos que los inculpen– y al cabo de unos meses se les libere, con lo que quedaría en pie la especulación que lo de ahora es un chihuahuanazo.
¡Híjole!
Luis Javier Valero Flores
La detención de por lo menos cuatro mandos operativos de la policía municipal de la capital del estado reveló infinidad de cosas, ninguna de ellas agradable, ilustra infinidad de aspectos negativos de la guerra de Calderón en contra del crimen organizado, la falta de coordinación entre las distintas esferas de gobierno, la desconfianza entre ellas, el nulo respeto al marco legal, la aguda infiltración de la delincuencia en los aparatos policiales y el débil entramado institucional existente en el país.
Por si fuera poco, sólo falta que la PGR anuncie que solicitó a los jueces federales sendas órdenes, no de aprehensión, sino de arraigo en contra de los policías detenidos.
Importa detenerse en esto, que parecería ser una minucia y que no lo es, en absoluto.
Que los agrupamientos policiacos detengan a un ciudadano y no informen de las razones, ni de la mecánica del operativo puede resultar razonable, pero que las policías federales sitien, ingresen (aunque esto último no parece ser el caso, por lo menos hasta ahora) y detengan a policías, y especialmente a jefes de la policía municipal y no informen acerca de ello, agrede severamente la credibilidad ciudadana en las policías y anula las pocas esperanzas de que la actual tragedia vivida por los chihuahuenses, termine prontamente.
Un aspecto del operativo preocupa enormemente, el de que el alcalde de la capital, el priísta Marco Adán Quezada, se informara del operativo a través de los medios de comunicación y que, a partir de ello, declarara que esperaría los detalles de la operación policiaca para adoptar una postura y manifestó su aspiración a “que la corporación sea transparente y abierta para ser revisada en cualquier momento”.
Y que afirmara que “Primeramente debo conocer las causas, para no entrar en el terreno de las especulaciones, hasta el momento no conocemos más que lo que los medios han dado a conocer”, para, enseguida, darnos cuenta de algo que creímos superado a partir de la instalación de las nuevas administraciones estatal y municipal: “Las relaciones hasta este momento han sido cordiales y estrechas, particularmente con Gobierno del Estado y con la Federal hemos tenido algunos inconvenientes como éste tipo de arrestos debido a la falta de comunicación”.
De ninguna manera se puede esperar que haya una conducta permisiva de parte del alcalde, o que vaya solapar la supuesta conducta delictiva de algunos de los jefes de la polimunicipal, pero que el jefe de la seguridad preventiva en la ciudad, del agrupamiento policiaco y responsable –en primera instancia– de la seguridad pública en el municipio ignorara la puesta en marcha de un operativo de tales dimensiones, denota la absoluta falta de coordinación entre las autoridades federales y las locales.
Más aún, que las deficiencias informativas de las instancias federales adquieran las magnitudes alcanzadas por los hechos de ayer, muestra cuán poca importancia y respeto les merecen las inquietudes de una sociedad, como ninguna, golpeada por la ola delictiva.
Lo anterior, en lugar de alentar a los ciudadanos acerca de la contundencia de los golpes propinados a la delincuencia, genera mayor incertidumbre y más desasosiego pues la pregunta natural –a casi tres años de la permanencia masiva de las fuerzas federales en la entidad– es la de si esto le hacen a los agrupamientos policiacos y sus jefes, y ni les informan ¿qué podemos esperar los ciudadanos comunes y corrientes?
Y si las acusaciones –o supuestas, no lo sabemos– resultan ser ciertas, el panorama es peor, pues a los detenidos, según las informaciones extraoficiales otorgadas a la prensa, se les vincula con el secuestro y asesinato de Mario González Rodríguez, el hermano de la ex procuradora, y si esto es así, significaría que la infiltración del Cártel de Sinaloa en las agrupaciones policiacas es al más alto nivel.
Para temblar.
Lo peor será que les extiendan solamente órdenes de arraigo –por no contar con suficientes elementos que los inculpen– y al cabo de unos meses se les libere, con lo que quedaría en pie la especulación que lo de ahora es un chihuahuanazo.
¡Híjole!
martes, 23 de noviembre de 2010
Un veto apreciado
El Diario, 23 de noviembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
La transparencia en la gestión gubernamental ha dejado de ser un tema más en la agenda pública para convertirse, sin duda alguna, en una necesidad apremiante para garantizar el desarrollo económico y democrático del país y de nuestra entidad”, afirmó el consejero presidente del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información a la Pública (Ichitaip), Enrique Medina Reyes, en la inauguración de las Jornadas de Transparencia 2010 organizadas por ese instituto.
Tales palabras fueron precedidas por un hecho inusitado en la historia reciente de la entidad: El gobernador César Duarte realizó más de 30 observaciones a las reformas, aprobadas a la Ley de Transparencia por la legislatura anterior en los últimos momentos de esa gestión.
En términos cristianos quiere decir que el titular del Poder Ejecutivo en el estado no está de acuerdo en esas reformas y las vetó. Para superar ese veto, (observaciones) el Poder Legislativo tendría que aprobarlas por la mayoría calificada de dos tercios de los diputados presentes en la sesión y a continuación enviarlas de nueva cuenta al gobernador, quien estaría obligado a publicarlas sin más trámite.
Importa detenerse en la truculenta historia de tales reformas, porque ejemplifica la sorda lucha palaciega de fines del sexenio anterior. Rotos los canales de información entre el gobernante Reyes Baeza y el líder de los diputados locales priístas, Fernando Rodríguez Moreno, Baeza anunció a unas cuantas horas del término de su gestión que no las publicaría, por lo que el asunto debería ser resuelto por la actual administración estatal.
La negativa a la publicación obedecía no solamente, diría en su momento el ex gobernante, a no haber sido el autor de las propuestas, sino a que contravenía el espíritu que lo había animado a proponer, al inicio de su gobierno, la ley de transparencia. A su vez, los diputados integrantes de la Comisión de Transparencia informaron que no habían sido informados de esas propuestas, que no habían pasado por esa dependencia legislativa.
De ese modo, la autoría, no sólo de la redacción de las reformas, sino, también, de la instrumentación, pasó al terreno del coordinador legislativo Rodríguez Moreno y a la presidencia del Ichitaip, pues dos de los consejeros, Claudia Alonso y Fernando Bencomo, informaron que las propuestas no habían sido discutidas en el Ichitaip, más preocupante aún porque, esencialmente, contenían una orientación para otorgarle mayores facultades al presidente del órgano encargado de preservar el derecho al acceso a la información pública, el mismo que ahora nos endilga sendos discursos, totalmente alejados de las pretensiones que el mismísimo gobernador del Estado califica de regresivas.
De ahí que se reciba con beneplácito la acción del gobernante y la propuesta del presidente de la mesa directiva del Congreso, Enrique Serrano, de abrir un espacio para la discusión acerca de las reformas necesarias en materia de transparencia y dar un salto en esa materia.
Pero los antecedentes en ese sentido no dan espacio al optimismo, cada que se ha anunciado la realización de tales ejercicios –por supuesto, en los años previos– se culmina con la aprobación de reformas regresivas, que no toman en cuenta la opinión de la mayor parte de los sectores sociales más vivamente interesados en el avance democrático de la entidad en temas como el de hoy.
Sin embargo, el veto del gobernador Duarte da pie a la esperanza.
Ojalá así sea.
Luis Javier Valero Flores
La transparencia en la gestión gubernamental ha dejado de ser un tema más en la agenda pública para convertirse, sin duda alguna, en una necesidad apremiante para garantizar el desarrollo económico y democrático del país y de nuestra entidad”, afirmó el consejero presidente del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información a la Pública (Ichitaip), Enrique Medina Reyes, en la inauguración de las Jornadas de Transparencia 2010 organizadas por ese instituto.
Tales palabras fueron precedidas por un hecho inusitado en la historia reciente de la entidad: El gobernador César Duarte realizó más de 30 observaciones a las reformas, aprobadas a la Ley de Transparencia por la legislatura anterior en los últimos momentos de esa gestión.
En términos cristianos quiere decir que el titular del Poder Ejecutivo en el estado no está de acuerdo en esas reformas y las vetó. Para superar ese veto, (observaciones) el Poder Legislativo tendría que aprobarlas por la mayoría calificada de dos tercios de los diputados presentes en la sesión y a continuación enviarlas de nueva cuenta al gobernador, quien estaría obligado a publicarlas sin más trámite.
Importa detenerse en la truculenta historia de tales reformas, porque ejemplifica la sorda lucha palaciega de fines del sexenio anterior. Rotos los canales de información entre el gobernante Reyes Baeza y el líder de los diputados locales priístas, Fernando Rodríguez Moreno, Baeza anunció a unas cuantas horas del término de su gestión que no las publicaría, por lo que el asunto debería ser resuelto por la actual administración estatal.
La negativa a la publicación obedecía no solamente, diría en su momento el ex gobernante, a no haber sido el autor de las propuestas, sino a que contravenía el espíritu que lo había animado a proponer, al inicio de su gobierno, la ley de transparencia. A su vez, los diputados integrantes de la Comisión de Transparencia informaron que no habían sido informados de esas propuestas, que no habían pasado por esa dependencia legislativa.
De ese modo, la autoría, no sólo de la redacción de las reformas, sino, también, de la instrumentación, pasó al terreno del coordinador legislativo Rodríguez Moreno y a la presidencia del Ichitaip, pues dos de los consejeros, Claudia Alonso y Fernando Bencomo, informaron que las propuestas no habían sido discutidas en el Ichitaip, más preocupante aún porque, esencialmente, contenían una orientación para otorgarle mayores facultades al presidente del órgano encargado de preservar el derecho al acceso a la información pública, el mismo que ahora nos endilga sendos discursos, totalmente alejados de las pretensiones que el mismísimo gobernador del Estado califica de regresivas.
De ahí que se reciba con beneplácito la acción del gobernante y la propuesta del presidente de la mesa directiva del Congreso, Enrique Serrano, de abrir un espacio para la discusión acerca de las reformas necesarias en materia de transparencia y dar un salto en esa materia.
Pero los antecedentes en ese sentido no dan espacio al optimismo, cada que se ha anunciado la realización de tales ejercicios –por supuesto, en los años previos– se culmina con la aprobación de reformas regresivas, que no toman en cuenta la opinión de la mayor parte de los sectores sociales más vivamente interesados en el avance democrático de la entidad en temas como el de hoy.
Sin embargo, el veto del gobernador Duarte da pie a la esperanza.
Ojalá así sea.
jueves, 18 de noviembre de 2010
Tumbos en el transporte público
El Diario, 18 de noviembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
La imagen es deprimente, muestra palmariamente la ineficiencia de una buena parte de la clase gobernante, se trata de decenas de trabajadores desmantelando las obras que darían paso al transporte semimasivo en Juárez. Por si fuera poca la confusión, en tanto la administración municipal juarense se dedica, con todos sus esfuerzos, a destruir cualquier vestigio del proyecto de transporte público urbano del gobierno de Reyes Ferriz, el gobernador César Duarte afirma que no se puede desechar el “semimasivo”. En tanto, las dos principales urbes chihuahuenses sufren ante la falta de un servicio de transporte urbano eficiente.
Y no se trata solamente del transporte masivo, sino, también, del servicio de taxis. Por todos lados se habla de la “modernidad” de nuestras ciudades mayores, pero esta no aparece por ningún lado; al contrario, este servicio, que es uno de los que mejor denotan el desarrollo de las ciudades, es una clara muestra del enorme atraso de Juárez y Chihuahua.
Las urbes modernas, las del mundo desarrollado, cuentan con un transporte público eficiente, barato y que, además, en la mayor parte de los casos se trata de verdaderos prodigios de la tecnología moderna. En ellas, los esfuerzos de sus gobiernos se enfocan a desalentar el uso de vehículos privados. Por distintas y variadas razones, la mayor parte de las cuales tienen que ver con el mejoramiento del medio ambiente.
Además, casi como si fuera una regla, las ciudades con los peores servicios de transporte público deben padecerlo, debido, entre otras razones, a la existencia de fortísimos grupos político-económicos, propietarios de grandes cantidades de unidades de transporte y que, por pura coincidencia, también son destacados soportes de las fuerzas políticas hegemónicas en esas urbes.
Chihuahua parece no ser la excepción a tales características; durante años los grupos gobernantes han oscilado entre poner en marcha una reforma al transporte público urbano y la necesidad política de contar con el respaldo de los dueños de los grupos de propietarios y beneficiarios de las concesiones de dicho servicio.
Ahí podemos ubicar la principal de las explicaciones a la falta de un servicio eficiente, rápido, más barato y acorde a las necesidades de urbes como Juárez y Chihuahua, las que son de las ciudades con el mayor índice de vehículos por habitante en el país. Las consecuencias ya las sufrimos más de la mitad de la población, pues, según distintas fuentes médicas, ese porcentaje de la población padece de problemas alérgicos, producidos por la gran cantidad de alergenos naturales existentes en el semidesierto chihuahuense, a los que se suman los producidos por la actividad humana, preponderantemente las derivadas del consumo de combustibles por los vehículos automotores.
Y si el asunto de los autobuses de transporte público atraviesa por graves retrocesos y deficiencias, denunciadas por casi todos los sectores de la sociedad, el de los taxis no tiene menor importancia.
El gobierno estatal anterior se comprometió a que durante su período se resolvería tan importante medio de transporte. Nada pasó, los dirigentes de las principales agrupaciones de propietarios de esos vehículos mandan en las calles de las ciudades de Chihuahua sin que nadie les ponga un hasta aquí en los excesivos cobros por sus servicios.
Eso es lo que subyace en el fondo, la disputa entre los clanes del transporte y las presiones ejercidas sobre los gobernantes. En tales asuntos nada tienen que ver los intereses de los ciudadanos ni la salud de éstos.
En tanto, sigue el eterno cuento de –suban el piano, bajen el piano, suban….
Luis Javier Valero Flores
La imagen es deprimente, muestra palmariamente la ineficiencia de una buena parte de la clase gobernante, se trata de decenas de trabajadores desmantelando las obras que darían paso al transporte semimasivo en Juárez. Por si fuera poca la confusión, en tanto la administración municipal juarense se dedica, con todos sus esfuerzos, a destruir cualquier vestigio del proyecto de transporte público urbano del gobierno de Reyes Ferriz, el gobernador César Duarte afirma que no se puede desechar el “semimasivo”. En tanto, las dos principales urbes chihuahuenses sufren ante la falta de un servicio de transporte urbano eficiente.
Y no se trata solamente del transporte masivo, sino, también, del servicio de taxis. Por todos lados se habla de la “modernidad” de nuestras ciudades mayores, pero esta no aparece por ningún lado; al contrario, este servicio, que es uno de los que mejor denotan el desarrollo de las ciudades, es una clara muestra del enorme atraso de Juárez y Chihuahua.
Las urbes modernas, las del mundo desarrollado, cuentan con un transporte público eficiente, barato y que, además, en la mayor parte de los casos se trata de verdaderos prodigios de la tecnología moderna. En ellas, los esfuerzos de sus gobiernos se enfocan a desalentar el uso de vehículos privados. Por distintas y variadas razones, la mayor parte de las cuales tienen que ver con el mejoramiento del medio ambiente.
Además, casi como si fuera una regla, las ciudades con los peores servicios de transporte público deben padecerlo, debido, entre otras razones, a la existencia de fortísimos grupos político-económicos, propietarios de grandes cantidades de unidades de transporte y que, por pura coincidencia, también son destacados soportes de las fuerzas políticas hegemónicas en esas urbes.
Chihuahua parece no ser la excepción a tales características; durante años los grupos gobernantes han oscilado entre poner en marcha una reforma al transporte público urbano y la necesidad política de contar con el respaldo de los dueños de los grupos de propietarios y beneficiarios de las concesiones de dicho servicio.
Ahí podemos ubicar la principal de las explicaciones a la falta de un servicio eficiente, rápido, más barato y acorde a las necesidades de urbes como Juárez y Chihuahua, las que son de las ciudades con el mayor índice de vehículos por habitante en el país. Las consecuencias ya las sufrimos más de la mitad de la población, pues, según distintas fuentes médicas, ese porcentaje de la población padece de problemas alérgicos, producidos por la gran cantidad de alergenos naturales existentes en el semidesierto chihuahuense, a los que se suman los producidos por la actividad humana, preponderantemente las derivadas del consumo de combustibles por los vehículos automotores.
Y si el asunto de los autobuses de transporte público atraviesa por graves retrocesos y deficiencias, denunciadas por casi todos los sectores de la sociedad, el de los taxis no tiene menor importancia.
El gobierno estatal anterior se comprometió a que durante su período se resolvería tan importante medio de transporte. Nada pasó, los dirigentes de las principales agrupaciones de propietarios de esos vehículos mandan en las calles de las ciudades de Chihuahua sin que nadie les ponga un hasta aquí en los excesivos cobros por sus servicios.
Eso es lo que subyace en el fondo, la disputa entre los clanes del transporte y las presiones ejercidas sobre los gobernantes. En tales asuntos nada tienen que ver los intereses de los ciudadanos ni la salud de éstos.
En tanto, sigue el eterno cuento de –suban el piano, bajen el piano, suban….
martes, 16 de noviembre de 2010
Fiscalizar a las policías
El Diario, 16 de noviembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Pasan los días, los meses, ahora también los años y la anunciada –y necesaria– depuración de las policías locales no asoma por ningún lado. Tal requisito, se dijo, era el indicado para que los agrupamientos federales dejasen de asumir las tareas propias de las policías municipales, especialmente en Juárez y Chihuahua.
Hoy, las evidencias de las fallas de los mecanismos para dotarnos de policías confiables aparecen por doquier, por desgracia, con mayor frecuencia, a pesar de la creciente participación de los mandos militares en la preparación de los nuevos policías y en la aplicación de los exámenes de confianza.
Al mismo tiempo, la designación de consejos ciudadanos en distintas dependencias, incluida la de la seguridad pública, han mostrado muy rápidamente su inoperancia debido, sobre todo, a que las opiniones de los ciudadanos son simplemente “consejos” que las autoridades pueden, o no, tomar en cuenta, amén de que en muy pocos casos los ciudadanos designados conocen con profundidad los temas y dinámicas de las dependencias a las cuales son invitados a participar.
En todos los órdenes de la vida social aparecen los signos de la necesidad de pasar a una etapa superior de la vida ciudadana, la que podría ser, al fin y al cabo es sólo una opinión, la de pasar a la conformación de comités ciudadanos que tengan capacidad decisoria y no solamente consultiva para que una mayor cantidad de decisiones pasen por el filtro de quienes son, a final de cuentas, el destino final de las actividades gubernamentales.
Algo así deberíamos experimentar en lo concerniente a la actividad de los cuerpos policiacos, necesitamos de órganos eficientes en la vigilancia y monitoreo de los encargados de la seguridad pública, tanto para certificar la necesaria probidad de quienes pasan a formar parte de los mismos, como del seguimiento de los ingresos económicos y tren de vida de los integrantes de los cuerpos policiacos, seguramente que ahí se encontrarán verdaderas sorpresas y no pocas justificaciones a los elevados índices de corrupción al interior de aquellos.
Pero también necesitamos discutir acerca de la creación de un cuerpo policiaco especializado en el combate al tráfico de drogas, cuyas principales cualidades sean las de conformarse con individuos con una elevada preparación, dotados de todos los instrumentos necesarios para las actividades llamadas de “inteligencia” y muy bien remunerados, por encima de los 9 mil pesos para el de base y de 12 mil pesos para los jefes de la Policía Única, propuesta por el Secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.
La creación de un cuerpo policial y de inteligencia especializado en el tráfico de drogas es de extrema necesidad, los hechos de los últimos tres años lo demuestran, sobre todo a partir del inicio de las actividades de la Operación México pues Felipe Calderón, al usar al Ejército que no le son propias a este agrupamiento “quemó” las etapas a aplicar en este combate, muchas voces lo dijeron –Si el Ejército falla ¿A quién acudiremos? Y la descalificación a quienes nos oponíamos a esa medida fue la respuesta gubernamental, hoy comprobamos con dolor la gravísima equivocación cometida por Felipe Calderón.
En lugar de preparar a los agrupamientos policíacos y prejudiciales para lanzar una ofensiva –como la que él concibió– los lanzó a una riesgosa aventura que el país entero llora pues, como lo señaló el primer comandante de la Policía Federal Preventiva (PFP) de la Operación México, lanzada en Michoacán, Javier Herrera Valles, los operativos no tenían objetivos precisos, ni los integrantes de los operativos tenían conocimiento, ni del terreno, ni de los alcances de la operación en la que participaban ni, además, se sabía de la fuerza del enemigo.
Tal impreparación, afirmó Valles en repetidas ocasiones, fue la causa del fallecimiento de numerosos integrantes de la PFP, la mayoría de los cuales no tenían la preparación necesaria para ese tipo de actividades contra criminales.
Al país le urge empezar la discusión de la aplicación de nuevas estrategias, de nuevas medidas para mantener sanas las agrupaciones policiacas, nunca es demasiado tarde –ya lo es, sin duda, para decenas de miles de mexicanos– para empujar hacia una necesaria modificación de toda la estrategia gubernamental en el combate al tráfico de drogas.
RADIO.- Por si no nos ha escuchado, puede seguir las transmisiones de Aserto-Radio todos los días a las 6 de la tarde en la dirección www.antena760.com.mx
Luis Javier Valero Flores
Pasan los días, los meses, ahora también los años y la anunciada –y necesaria– depuración de las policías locales no asoma por ningún lado. Tal requisito, se dijo, era el indicado para que los agrupamientos federales dejasen de asumir las tareas propias de las policías municipales, especialmente en Juárez y Chihuahua.
Hoy, las evidencias de las fallas de los mecanismos para dotarnos de policías confiables aparecen por doquier, por desgracia, con mayor frecuencia, a pesar de la creciente participación de los mandos militares en la preparación de los nuevos policías y en la aplicación de los exámenes de confianza.
Al mismo tiempo, la designación de consejos ciudadanos en distintas dependencias, incluida la de la seguridad pública, han mostrado muy rápidamente su inoperancia debido, sobre todo, a que las opiniones de los ciudadanos son simplemente “consejos” que las autoridades pueden, o no, tomar en cuenta, amén de que en muy pocos casos los ciudadanos designados conocen con profundidad los temas y dinámicas de las dependencias a las cuales son invitados a participar.
En todos los órdenes de la vida social aparecen los signos de la necesidad de pasar a una etapa superior de la vida ciudadana, la que podría ser, al fin y al cabo es sólo una opinión, la de pasar a la conformación de comités ciudadanos que tengan capacidad decisoria y no solamente consultiva para que una mayor cantidad de decisiones pasen por el filtro de quienes son, a final de cuentas, el destino final de las actividades gubernamentales.
Algo así deberíamos experimentar en lo concerniente a la actividad de los cuerpos policiacos, necesitamos de órganos eficientes en la vigilancia y monitoreo de los encargados de la seguridad pública, tanto para certificar la necesaria probidad de quienes pasan a formar parte de los mismos, como del seguimiento de los ingresos económicos y tren de vida de los integrantes de los cuerpos policiacos, seguramente que ahí se encontrarán verdaderas sorpresas y no pocas justificaciones a los elevados índices de corrupción al interior de aquellos.
Pero también necesitamos discutir acerca de la creación de un cuerpo policiaco especializado en el combate al tráfico de drogas, cuyas principales cualidades sean las de conformarse con individuos con una elevada preparación, dotados de todos los instrumentos necesarios para las actividades llamadas de “inteligencia” y muy bien remunerados, por encima de los 9 mil pesos para el de base y de 12 mil pesos para los jefes de la Policía Única, propuesta por el Secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.
La creación de un cuerpo policial y de inteligencia especializado en el tráfico de drogas es de extrema necesidad, los hechos de los últimos tres años lo demuestran, sobre todo a partir del inicio de las actividades de la Operación México pues Felipe Calderón, al usar al Ejército que no le son propias a este agrupamiento “quemó” las etapas a aplicar en este combate, muchas voces lo dijeron –Si el Ejército falla ¿A quién acudiremos? Y la descalificación a quienes nos oponíamos a esa medida fue la respuesta gubernamental, hoy comprobamos con dolor la gravísima equivocación cometida por Felipe Calderón.
En lugar de preparar a los agrupamientos policíacos y prejudiciales para lanzar una ofensiva –como la que él concibió– los lanzó a una riesgosa aventura que el país entero llora pues, como lo señaló el primer comandante de la Policía Federal Preventiva (PFP) de la Operación México, lanzada en Michoacán, Javier Herrera Valles, los operativos no tenían objetivos precisos, ni los integrantes de los operativos tenían conocimiento, ni del terreno, ni de los alcances de la operación en la que participaban ni, además, se sabía de la fuerza del enemigo.
Tal impreparación, afirmó Valles en repetidas ocasiones, fue la causa del fallecimiento de numerosos integrantes de la PFP, la mayoría de los cuales no tenían la preparación necesaria para ese tipo de actividades contra criminales.
Al país le urge empezar la discusión de la aplicación de nuevas estrategias, de nuevas medidas para mantener sanas las agrupaciones policiacas, nunca es demasiado tarde –ya lo es, sin duda, para decenas de miles de mexicanos– para empujar hacia una necesaria modificación de toda la estrategia gubernamental en el combate al tráfico de drogas.
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lunes, 15 de noviembre de 2010
Deudas municipales, rampante corrupción
El Diario, 14 de noviembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Con un abrazo solidario a Roberto Márquez. Su padre se nos adelantó.
Quizá solo sea un problema de percepción –agigantado por los acontecimientos que acongojan a los chihuahuenses–, o tal vez a que ahora se informa más que en el pasado, lo cierto es que el relevo de los gobiernos municipales en esta ocasión resultó ser todo un compendio de mentiras, crecimiento de nóminas, desaparición de dinero, sospecha de malos manejos y deudas inexplicables.
Destacan, obviamente, las irregularidades presentadas en Juárez y Chihuahua, pero que sólo son ejemplo de lo sucedido en numerosísimas alcaldías en la entidad.
Muchos ciudadanos, casi de manera ingenua, alcanzan a plantear, ante la dimensión del problema, que entonces de nada sirvió el proceso de entrega-recepción en cada una de ellas, pues se parte de la suposición que en esos actos todos los protagonistas actúan de buena fe y apegados a los hechos ciertos, que nadie miente, que se entrega toda la información, que nada se oculta… ¡¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano?
Si tales fenómenos ocurrieran en tiempos “normales”, la sanción moral, la ciudadana, sería menor, pero en los actuales, cuando todas las fuerzas políticas se han ufanado a lo largo de los últimos tres años de empeñar todos sus esfuerzos, capacidad e inteligencia en combatir al crimen, son inaceptables hechos como el de las faltantes patrullas municipales en Juárez, o que los policías municipales no contaran con su plaza “base”; o que solamente 300 polimunicipales patrullaran la ciudad de Chihuahua.
Y cuando esperábamos que en tiempos de crisis como la actual, los gobernantes actuaran con más transparencia, con más honestidad, resulta que nos encontramos con más reportes y evidencias de muy malos manejos que hacen presumir la existencia de ilegalidades, y por encima de todo ello el abultado crecimiento de las nóminas, en número y en el volumen de los salarios de los principales funcionarios.
Las historias concretas indignan. A dos meses del cierre de la administración, el anterior tesorero municipal juarense, Alfredo Urías Cantú, reconoció que no se podría liquidar a todos los proveedores y aconsejó a sus sucesores recurrir a las instituciones financieras para cubrir los pasivos que recibirían.
Todo se debía, a la empresa encargada de recolectar la basura se le adeudaban más de 40 millones de pesos-. Del mismo modo, durante varios días el servicio telefónico le fue suspendido a la alcaldía.
El colmo, el coordinador de los regidores del PRI, Leopoldo Canizales Sáenz, demandó al municipio por la presunta falsificación de documento público, al asegurar que se falseó su firma en el estado financiero del Gobierno local de diciembre de 2009, publicado el 30 de enero en medios locales.
Las causas. A pesar del recorte de personal, del 10 por ciento de la nómina total del Ayuntamiento, el gasto corriente de la administración municipal de José Reyes Ferriz aumentó casi 400 millones de pesos, que pasó de los 2 mil 100 millones de pesos al término del ejercicio 2007 (el último año de la administración de Héctor Murguía Lardizábal) a los 2 mil 490 millones de pesos el año pasado; y en las “transferencias no etiquetadas”, es decir, la inversión que no está contemplada en los planes presupuestales y que aumentó en dos años, de 354 millones de pesos a 623 millones.
Otro factor fue la caída en la recaudación de ingresos propios, lo que obligó a la contratación de dos préstamos, uno por 250 millones de pesos y otro por 300 millones, éste para el proyecto del transporte semimasivo. Además, la deuda directa se disparó a 483 millones de pesos el año pasado.
Es increíble lo realizado, el ex alcalde José Reyes Ferriz dejó un adeudo de 43 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda por concepto de retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los trabajadores del municipio pues desde abril dejó de pagar dicho impuesto. Faltan 125 celulares Nextel, sobregiros en 26 cuentas bancarias por 42 millones de pesos; 7 mil 432 artículos faltantes con valor de $22 millones de pesos, incluidos 75 vehículos; y dejó en caja apenas 900 mil pesos para cerrar las actividades del año.
No tiene nombre, de las 551 patrullas con que cuenta la Policía Municipal ¡Unicamente 130 están funcionando
¡Ah, pero eso sí, existen informaciones extraoficiales que dan cuenta de la entrega de liquidaciones a funcionarios municipales y regidores, por un monto de 2 millones 200 mil pesos
Total, el adeudo ronda los mil 400 millones de pesos –equivalente al 45% de su ingreso anual– que el Congreso deberá investigar ¿Lo hará, llegará hasta las últimas consecuencias?
Y en Chihuahua, ¡vaya que también hizo aire, y del bueno Ya en enero de este año, Jorge Arizpe, regidor del PRI, reprobó que el ex alcalde Carlos Borruel se llevara a más de la mitad del gabinete de la presidencia municipal para concretar su ambición de ser gobernador y aseguró que Borruel Baquera dejó malogradas las finanzas públicas, deficiencias en los servicios a parques y jardines, alumbrado público y seguridad.
A los meses, se empezó a filtrar la información de la existencia de una deuda en el municipio de Chihuahua. Nada de eso existía, adujo en su momento el ex alcalde, quien se fue lejos: “… encabezamos una administración transparente, la más transparente del país y sin deuda pública”.
Pero en agosto estallaba el escándalo. En la primera decena de ese mes se supo que el DIF Municipal de Chihuahua incrementó su deuda en un 196%, al pasar de 624 mil pesos en pasivos en el 2008 a 1 millón 848 mil pesos en el 2009. Fenómeno originado por el increíble aumento del gasto corriente –¡Ooootra vez, el problema de los salarios que tanto persigue a los gobernantes panistas – pues ese renglón requirió más de 17 millones 600 mil pesos, de los 23 millones 650 mil asignados para el total de sus operaciones en 2010.
Pero aún faltaba lo peor, contrariamente a lo sostenido por quienes ocuparon la alcaldía en la parte final de la administración, Carlos Borruel y Álvaro Madero, durante todos estos meses, particularmente cuando se celebraba la campaña electoral, tema en el que convencieron al actual alcalde, Marco Adán Quezada, acerca de la increíble salud financiera del ayuntamiento de la capital no es tal. El nuevo tesorero, Ildefonso Sepúlveda, informó que la deuda asciende a 172 millones de pesos, además de otros 44 millones que se definirán en una auditoría que tiene en curso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Ya encarrerados, dieron a conocer que la nómina del Municipio, en número de trabajadores, era del doble de la existente en 2004, justamente cuando el panista Juan Blanco asumía la alcaldía al recibirla del priísta Alejandro Cano.
Y al igual que en Juárez, sólo encontraron en caja una pequeña cantidad, 1 millón 590 mil pesos en caja y bancos, exclusivamente, y 157 millones 230 mil pesos en fondos “etiquetados” para distintas obras, cantidad, ésta última, que los dirigentes panistas han insistido en hacerla pasar como recursos que se pueden emplear en el gasto corriente.
Asunto que requerirá un abordaje posterior es el de los salarios de los funcionarios municipales de primer nivel. Los nuevos gobernantes aseguraron que el total de ingresos mensuales de los alcaldes Borruel y Madero ascendía a 142 mil pesos y que al ordenar una disminución del 20%, Quezada percibirá 113 mil.
Contra la difusión de esa información se lanzaron los dirigentes municipal y estatal del PAN, Miguel Francisco La Torre Sáenz, y Cruz Pérez Cuéllar, respectivamente, y extrañamente los responsables de las finanzas del ayuntamiento 2007-2010, no han ofrecido sus versiones, pero no queremos politizar el asunto de la deuda, dice La Torre, sin parar mientes que en todo caso deberían ser quienes ocuparon el cargo de tesorero municipal quienes deberían explicarnos el diferendo.
¿Por qué no aparecen los ex alcaldes, los ex tesoreros? ¿Por qué deben ser los dirigentes partidarios, no deberían estos estar reclamando una seria investigación en lugar de asegurar cosas que, probablemente, no tienen la información completa?
Y con lo de Juárez, ¿tendremos la posibilidad de que, al revisar las cuentas no se oculten las inocultables corruptelas?
Veremos…
RADIO.- Por si no nos ha escuchado, puede seguir las transmisiones de Aserto-Radio todos los días a las 6 de la tarde en la dirección www.antena760.com.mx
Luis Javier Valero Flores
Con un abrazo solidario a Roberto Márquez. Su padre se nos adelantó.
Quizá solo sea un problema de percepción –agigantado por los acontecimientos que acongojan a los chihuahuenses–, o tal vez a que ahora se informa más que en el pasado, lo cierto es que el relevo de los gobiernos municipales en esta ocasión resultó ser todo un compendio de mentiras, crecimiento de nóminas, desaparición de dinero, sospecha de malos manejos y deudas inexplicables.
Destacan, obviamente, las irregularidades presentadas en Juárez y Chihuahua, pero que sólo son ejemplo de lo sucedido en numerosísimas alcaldías en la entidad.
Muchos ciudadanos, casi de manera ingenua, alcanzan a plantear, ante la dimensión del problema, que entonces de nada sirvió el proceso de entrega-recepción en cada una de ellas, pues se parte de la suposición que en esos actos todos los protagonistas actúan de buena fe y apegados a los hechos ciertos, que nadie miente, que se entrega toda la información, que nada se oculta… ¡¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano?
Si tales fenómenos ocurrieran en tiempos “normales”, la sanción moral, la ciudadana, sería menor, pero en los actuales, cuando todas las fuerzas políticas se han ufanado a lo largo de los últimos tres años de empeñar todos sus esfuerzos, capacidad e inteligencia en combatir al crimen, son inaceptables hechos como el de las faltantes patrullas municipales en Juárez, o que los policías municipales no contaran con su plaza “base”; o que solamente 300 polimunicipales patrullaran la ciudad de Chihuahua.
Y cuando esperábamos que en tiempos de crisis como la actual, los gobernantes actuaran con más transparencia, con más honestidad, resulta que nos encontramos con más reportes y evidencias de muy malos manejos que hacen presumir la existencia de ilegalidades, y por encima de todo ello el abultado crecimiento de las nóminas, en número y en el volumen de los salarios de los principales funcionarios.
Las historias concretas indignan. A dos meses del cierre de la administración, el anterior tesorero municipal juarense, Alfredo Urías Cantú, reconoció que no se podría liquidar a todos los proveedores y aconsejó a sus sucesores recurrir a las instituciones financieras para cubrir los pasivos que recibirían.
Todo se debía, a la empresa encargada de recolectar la basura se le adeudaban más de 40 millones de pesos-. Del mismo modo, durante varios días el servicio telefónico le fue suspendido a la alcaldía.
El colmo, el coordinador de los regidores del PRI, Leopoldo Canizales Sáenz, demandó al municipio por la presunta falsificación de documento público, al asegurar que se falseó su firma en el estado financiero del Gobierno local de diciembre de 2009, publicado el 30 de enero en medios locales.
Las causas. A pesar del recorte de personal, del 10 por ciento de la nómina total del Ayuntamiento, el gasto corriente de la administración municipal de José Reyes Ferriz aumentó casi 400 millones de pesos, que pasó de los 2 mil 100 millones de pesos al término del ejercicio 2007 (el último año de la administración de Héctor Murguía Lardizábal) a los 2 mil 490 millones de pesos el año pasado; y en las “transferencias no etiquetadas”, es decir, la inversión que no está contemplada en los planes presupuestales y que aumentó en dos años, de 354 millones de pesos a 623 millones.
Otro factor fue la caída en la recaudación de ingresos propios, lo que obligó a la contratación de dos préstamos, uno por 250 millones de pesos y otro por 300 millones, éste para el proyecto del transporte semimasivo. Además, la deuda directa se disparó a 483 millones de pesos el año pasado.
Es increíble lo realizado, el ex alcalde José Reyes Ferriz dejó un adeudo de 43 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda por concepto de retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los trabajadores del municipio pues desde abril dejó de pagar dicho impuesto. Faltan 125 celulares Nextel, sobregiros en 26 cuentas bancarias por 42 millones de pesos; 7 mil 432 artículos faltantes con valor de $22 millones de pesos, incluidos 75 vehículos; y dejó en caja apenas 900 mil pesos para cerrar las actividades del año.
No tiene nombre, de las 551 patrullas con que cuenta la Policía Municipal ¡Unicamente 130 están funcionando
¡Ah, pero eso sí, existen informaciones extraoficiales que dan cuenta de la entrega de liquidaciones a funcionarios municipales y regidores, por un monto de 2 millones 200 mil pesos
Total, el adeudo ronda los mil 400 millones de pesos –equivalente al 45% de su ingreso anual– que el Congreso deberá investigar ¿Lo hará, llegará hasta las últimas consecuencias?
Y en Chihuahua, ¡vaya que también hizo aire, y del bueno Ya en enero de este año, Jorge Arizpe, regidor del PRI, reprobó que el ex alcalde Carlos Borruel se llevara a más de la mitad del gabinete de la presidencia municipal para concretar su ambición de ser gobernador y aseguró que Borruel Baquera dejó malogradas las finanzas públicas, deficiencias en los servicios a parques y jardines, alumbrado público y seguridad.
A los meses, se empezó a filtrar la información de la existencia de una deuda en el municipio de Chihuahua. Nada de eso existía, adujo en su momento el ex alcalde, quien se fue lejos: “… encabezamos una administración transparente, la más transparente del país y sin deuda pública”.
Pero en agosto estallaba el escándalo. En la primera decena de ese mes se supo que el DIF Municipal de Chihuahua incrementó su deuda en un 196%, al pasar de 624 mil pesos en pasivos en el 2008 a 1 millón 848 mil pesos en el 2009. Fenómeno originado por el increíble aumento del gasto corriente –¡Ooootra vez, el problema de los salarios que tanto persigue a los gobernantes panistas – pues ese renglón requirió más de 17 millones 600 mil pesos, de los 23 millones 650 mil asignados para el total de sus operaciones en 2010.
Pero aún faltaba lo peor, contrariamente a lo sostenido por quienes ocuparon la alcaldía en la parte final de la administración, Carlos Borruel y Álvaro Madero, durante todos estos meses, particularmente cuando se celebraba la campaña electoral, tema en el que convencieron al actual alcalde, Marco Adán Quezada, acerca de la increíble salud financiera del ayuntamiento de la capital no es tal. El nuevo tesorero, Ildefonso Sepúlveda, informó que la deuda asciende a 172 millones de pesos, además de otros 44 millones que se definirán en una auditoría que tiene en curso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Ya encarrerados, dieron a conocer que la nómina del Municipio, en número de trabajadores, era del doble de la existente en 2004, justamente cuando el panista Juan Blanco asumía la alcaldía al recibirla del priísta Alejandro Cano.
Y al igual que en Juárez, sólo encontraron en caja una pequeña cantidad, 1 millón 590 mil pesos en caja y bancos, exclusivamente, y 157 millones 230 mil pesos en fondos “etiquetados” para distintas obras, cantidad, ésta última, que los dirigentes panistas han insistido en hacerla pasar como recursos que se pueden emplear en el gasto corriente.
Asunto que requerirá un abordaje posterior es el de los salarios de los funcionarios municipales de primer nivel. Los nuevos gobernantes aseguraron que el total de ingresos mensuales de los alcaldes Borruel y Madero ascendía a 142 mil pesos y que al ordenar una disminución del 20%, Quezada percibirá 113 mil.
Contra la difusión de esa información se lanzaron los dirigentes municipal y estatal del PAN, Miguel Francisco La Torre Sáenz, y Cruz Pérez Cuéllar, respectivamente, y extrañamente los responsables de las finanzas del ayuntamiento 2007-2010, no han ofrecido sus versiones, pero no queremos politizar el asunto de la deuda, dice La Torre, sin parar mientes que en todo caso deberían ser quienes ocuparon el cargo de tesorero municipal quienes deberían explicarnos el diferendo.
¿Por qué no aparecen los ex alcaldes, los ex tesoreros? ¿Por qué deben ser los dirigentes partidarios, no deberían estos estar reclamando una seria investigación en lugar de asegurar cosas que, probablemente, no tienen la información completa?
Y con lo de Juárez, ¿tendremos la posibilidad de que, al revisar las cuentas no se oculten las inocultables corruptelas?
Veremos…
RADIO.- Por si no nos ha escuchado, puede seguir las transmisiones de Aserto-Radio todos los días a las 6 de la tarde en la dirección www.antena760.com.mx
sábado, 13 de noviembre de 2010
Educación y política
El Diario, 11 de noviembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Imposible dejar pasar un asunto aparentemente intrascendente en la avalancha de nombramientos realizados en Gobierno del Estado, pero el que se trae a colación ahora está íntimamente ligado a algo de lo que ahora todos nos quejamos y que por casualidad forma parte esencial de los discursos de la clase política, enfrentada inesperadamente a la peor ola sangrienta de los últimos 100 años.
Prácticamente no hay discurso de los integrantes de la capa gobernante en la que no se haga mención de la necesidad de “recuperar los valores”, que vivimos una “crisis de valores” y que los jóvenes ya “no respetan”, ni hacen caso de consejos, regaños y demás medidas aplicadas por los adultos para “encausarlos”.
En esta problemática, cada fuerza política ha adoptado medidas, poses y conductas congruentes con sus ejes ideológicos (que, contra lo dicho por muchos, éstas existen a pesar de todo). Así, la derecha hecha gobierno enfila sus esfuerzos en enfatizar en la preservación de los “valores de la familia”, es tanta su persistencia que llegan a organizar “congresos de la familia” –con recursos públicos- estatales, municipales y nacionales.
Más aún, acordes con las tendencias prevalecientes, han dejado de lado la necesaria conducta laica en la conducción de los asuntos públicos, de tal manera que no es raro ahora escuchar a los gobernantes culminar sus discursos con bendiciones, propias de quienes practican algún culto religioso.
Y si bien todos podemos educar a nuestros hijos en las prácticas y creencias religiosas que mejor se nos acomoden, las autoridades educativas deberán preservar, mantener y promover los valores cívicos, esos que nos permiten mantener la necesaria cohesión social para desarrollarnos individual y colectivamente, pero hete aquí que el martes, entre la lluvia de nombramientos del Gobierno del Estado se anunciaron los de los directores de los planteles del Colegio de Bachilleres.
Cualquier ciudadano medianamente informado de la lucha electoral podrá entender que al triunfar en los comicios, la fuerza o fuerzas políticas convertidas en gobierno por decisión de la mayoría de los ciudadanos, estaría en condiciones de llevar a sus mejores representantes a la estructura gubernamental y desarrollar ahí las mejores de sus capacidades en beneficio de sus conciudadanos.
Pero cabría esperar que los designados lo fuesen por sus capacidades y cualidades necesarias para el mejor desempeño en el puesto alcanzado. César Duarte lo expresó bien al informarle a los chihuahuenses cuales serían los ejes rectores en el nombramiento de funcionarios. Dijo: Los familiares a la casa, los amigos en el corazón y los mejores al gobierno.
Muchos pensamos que era un exceso, ningún político triunfador podría desprenderse totalmente de quienes lo acompañaron en la aventura electoral y de quienes conforman su equipo de trabajo, pero entre las sorpresas del martes, las descollantes las constituyeron los nombramientos de los directores de los planteles del Colegio de Bachilleres, fue un auténtico reparto de cuotas políticas, sin miramiento alguno por las reglas más elementales de la designación en un área tan sensible como lo es la principal institución educativa en el estado a nivel de educación media superior.
Entre quienes recibieron tal nombramiento se encuentran quienes no tienen experiencia alguna en la enseñanza y quizá su único mérito sea el de ser avezados activistas políticos.
Ahora estamos frente a la multiplicación de los activistas, para nadie es un secreto que en la administración anterior la estructura del Colegio de Bachilleres sirvió como instrumento político, que a los alumnos (sobre todo en la capital del estado) se les usó como simples peones de jornadas políticas. No hay que ir muy lejos en los ejemplos, baste usar el del día de la toma de posesión de César Duarte en que a miles de jóvenes se les trasladó a la Plaza del Angel (incluso sin permiso, ni aviso a los padres de familia) para que ocuparan las sillas en tanto llegaban los invitados al evento.
O las carreras “multitudinarias” en las que se rompen “récords” de participación, gracias a que se les obliga a los bachilleres a participar; o las llamadas efectuadas desde las instalaciones escolares del CdeB para convocar a actos partidarios; o la coerción ejercida en los maestros para que acudieran a eventos de la CNOP.
¿En qué valores creen que los jóvenes se estarán recreando con tales conductas? ¿Qué creen que pensarán los educandos al ver que a alguien le basta con efectuar tareas políticas para alcanzar direcciones académicas en los planteles que son la antesala de la educación superior?
Y luego nos quejamos de la falta de valores.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
Imposible dejar pasar un asunto aparentemente intrascendente en la avalancha de nombramientos realizados en Gobierno del Estado, pero el que se trae a colación ahora está íntimamente ligado a algo de lo que ahora todos nos quejamos y que por casualidad forma parte esencial de los discursos de la clase política, enfrentada inesperadamente a la peor ola sangrienta de los últimos 100 años.
Prácticamente no hay discurso de los integrantes de la capa gobernante en la que no se haga mención de la necesidad de “recuperar los valores”, que vivimos una “crisis de valores” y que los jóvenes ya “no respetan”, ni hacen caso de consejos, regaños y demás medidas aplicadas por los adultos para “encausarlos”.
En esta problemática, cada fuerza política ha adoptado medidas, poses y conductas congruentes con sus ejes ideológicos (que, contra lo dicho por muchos, éstas existen a pesar de todo). Así, la derecha hecha gobierno enfila sus esfuerzos en enfatizar en la preservación de los “valores de la familia”, es tanta su persistencia que llegan a organizar “congresos de la familia” –con recursos públicos- estatales, municipales y nacionales.
Más aún, acordes con las tendencias prevalecientes, han dejado de lado la necesaria conducta laica en la conducción de los asuntos públicos, de tal manera que no es raro ahora escuchar a los gobernantes culminar sus discursos con bendiciones, propias de quienes practican algún culto religioso.
Y si bien todos podemos educar a nuestros hijos en las prácticas y creencias religiosas que mejor se nos acomoden, las autoridades educativas deberán preservar, mantener y promover los valores cívicos, esos que nos permiten mantener la necesaria cohesión social para desarrollarnos individual y colectivamente, pero hete aquí que el martes, entre la lluvia de nombramientos del Gobierno del Estado se anunciaron los de los directores de los planteles del Colegio de Bachilleres.
Cualquier ciudadano medianamente informado de la lucha electoral podrá entender que al triunfar en los comicios, la fuerza o fuerzas políticas convertidas en gobierno por decisión de la mayoría de los ciudadanos, estaría en condiciones de llevar a sus mejores representantes a la estructura gubernamental y desarrollar ahí las mejores de sus capacidades en beneficio de sus conciudadanos.
Pero cabría esperar que los designados lo fuesen por sus capacidades y cualidades necesarias para el mejor desempeño en el puesto alcanzado. César Duarte lo expresó bien al informarle a los chihuahuenses cuales serían los ejes rectores en el nombramiento de funcionarios. Dijo: Los familiares a la casa, los amigos en el corazón y los mejores al gobierno.
Muchos pensamos que era un exceso, ningún político triunfador podría desprenderse totalmente de quienes lo acompañaron en la aventura electoral y de quienes conforman su equipo de trabajo, pero entre las sorpresas del martes, las descollantes las constituyeron los nombramientos de los directores de los planteles del Colegio de Bachilleres, fue un auténtico reparto de cuotas políticas, sin miramiento alguno por las reglas más elementales de la designación en un área tan sensible como lo es la principal institución educativa en el estado a nivel de educación media superior.
Entre quienes recibieron tal nombramiento se encuentran quienes no tienen experiencia alguna en la enseñanza y quizá su único mérito sea el de ser avezados activistas políticos.
Ahora estamos frente a la multiplicación de los activistas, para nadie es un secreto que en la administración anterior la estructura del Colegio de Bachilleres sirvió como instrumento político, que a los alumnos (sobre todo en la capital del estado) se les usó como simples peones de jornadas políticas. No hay que ir muy lejos en los ejemplos, baste usar el del día de la toma de posesión de César Duarte en que a miles de jóvenes se les trasladó a la Plaza del Angel (incluso sin permiso, ni aviso a los padres de familia) para que ocuparan las sillas en tanto llegaban los invitados al evento.
O las carreras “multitudinarias” en las que se rompen “récords” de participación, gracias a que se les obliga a los bachilleres a participar; o las llamadas efectuadas desde las instalaciones escolares del CdeB para convocar a actos partidarios; o la coerción ejercida en los maestros para que acudieran a eventos de la CNOP.
¿En qué valores creen que los jóvenes se estarán recreando con tales conductas? ¿Qué creen que pensarán los educandos al ver que a alguien le basta con efectuar tareas políticas para alcanzar direcciones académicas en los planteles que son la antesala de la educación superior?
Y luego nos quejamos de la falta de valores.
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