domingo, 29 de enero de 2017

Congruencia, reto del nuevo gobierno

El Diario, 29 de enero de 2017
Luis Javier Valero Flores
Se presentan con tal rapidez los acontecimientos que cualquier percance que impida una inmediata evaluación de los mismos, hace que apenas una semana después parecieran pertenecer al pasado más remoto.
Hacer una evaluación sobre los 100 días del gobierno de Javier Corral estaría -lo está- afectada del modo en que el nuevo grupo gobernante recibió la administración estatal. Así no fuera tan dañada, tal y como la pintaran los responsables de cada dependencia en los primeros días, o que fuera peor a lo que muchos pensábamos antes de las elecciones del 5 de junio, lo cierto es que hay hechos al alcance de la mano para saber que efectivamente el estado de las finanzas del Estado es desastroso.
Puede ser que el déficit presupuestario sea del orden de los 4 mil 500 millones de pesos, o de 7 mil 500 millones, la verdad es que cualquiera de esas dos cantidades -su proporción sobre el total del presupuesto- impacta seriamente, en sentido negativo obviamente, cualquier proyecto de gobierno.
Más, si las posibilidades de recurrir al endeudamiento están reducidas a la posibilidad, solamente, de bursatilizar áreas de ingresos del gobierno del estado, como los remanentes carreteros, o cualquier otro tipo de ingresos económicos.
Entonces, desde el punto de vista de las obras materiales es claro que los balances sobre la obra de gobierno y sus expectativas sobre esta materia deberán esperar, máxime que, por añadidura, deberán rehacer los proyectos elaborados -de haberlos hecho- en la campaña y en el período previo a la toma de posesión.
Más todavía, si a lo anterior le sumamos la disminución del gasto público, como efecto del gasolinazo en el ejercicio del presupuesto estatal y, seguramente también, la devaluación del peso.
Por si fuera poco, una buena cantidad de inversionistas, sobre todo los extranjeros, esperarán el rumbo de los acontecimientos marcados por las políticas del nuevo presidente norteamericano, lo que hace, ya de por sí, posible una disminución del ritmo de crecimiento de la entidad, lo que se traducirá en una reducción de los ingresos fiscales y acaso también del peaje carretero.
Pesan sobre las finanzas estatales un conjunto muy grande de factores que incidirán negativamente, de ahí que el nuevo amanecer no vaya a ser tan placentero como se había pensado.
Y si las expectativas económicas son de esa calidad, entonces el nuevo grupo gobernante deberá desplegar sus mejores armas en el ámbito que mejor pareciera -por los antecedentes- desempeñarse, el de la elaboración de políticas y formas de gobernar.
Si bien no es tarea fácil, dado el deterioro del entramado institucional y social, ese pareciera -o debiera- ser el terreno en el que mejor trabajaría un gobierno emanado de un vasto movimiento popular en rechazo al autoritarismo, al exceso, al derroche, al culto de la personalidad y a la falta de respeto a la división de poderes, a la legalidad y a la constitucionalidad.
Y cosa no menor, quizá la más importante para la sociedad mexicana -o por lo menos para una parte importante de ella-, el de la congruencia política de sus gobernantes.
Podrá Javier Corral no efectuar una vasta obra pública, ni efectuar una profunda transformación política, o de las instituciones, pero sí está obligado a ser el más congruente de los gobernantes chihuahuenses, dados los antecedentes de sus posturas en una buena cantidad de asuntos, precisamente de los que más han dolido a nuestra sociedad.
No tendrá mucho tiempo para ello, el hartazgo social es tan grande, y las posibilidades de reproducirlo rápidamente, tan inmensas, que los márgenes de tolerancia y esta misma se han acortado seriamente.
Como lo mostraron algunas de las encuestas levantadas el año anterior a propósito de las elecciones, en especial la de El Diario de Juárez (Marzo de 2016) el porcentaje de personas que se identifican con los partidos disminuyó sensiblemente y eso empieza a apreciarse en la recepción de la gente, tanto en los actos públicos como en las manifestaciones en las redes sociales y mal harán, en el gobierno, desentenderse de lo que son las primeras señales de descontento y desasosiego en sectores de la población.
Pueden ser solamente hechos menores, dirán algunos, no son transcendentales, dirán otros, podrán no incidir en el total de las finanzas públicas; son hechos promovidos por la oposición, especularán los más y, finalmente, se le atribuirán a la prensa de la que tanto se ha quejado el mandatario, a causa del súbito cambio en la política de la publicidad oficial, -en la que prevalece la discrecionalidad, como antes, pero de distinto modo, tiempos, ritmos y beneficiarios- pero los hechos son reales, con un rasgo común, el de que son de un gran valor subjetivo para una buena parte de la población.
Ahí están las declaraciones del Secretario de Educación, Pablo Cuarón, el mismísimo día de la toma de protesta del nuevo gobierno acerca de las cuotas de inscripción -“son promesas del corazón, no de la razón”, sin que el nuevo gobernador asumiese una postura frente a lo que era, sin duda, una gravísima descalificación a su discurso de toda la campaña. El despido era lo procedente, por el mensaje implícito, el de que Corral prometió cosas a pesar de que sabía que no las cumpliría-; luego, el anuncio del gobernador de que las foto multas continuarían, y eso pegó, directo, en la credibilidad del gobernante.
Por esos primeros días asombró el nombramiento de César Augusto Peniche Espejel como nuevo Fiscal General del Estado y el tardío de los fiscales de cada zona, casi todos ellos con el antecedente de haber ocupado cargos de los primeros niveles en la administración anterior.
Habría que esperar a su actuación, se le dijo a la sociedad, inmersa, ya en una nueva creciente de ejecuciones, por encima de la existente los tres años anteriores, si bien presente en los últimos meses de Duarte.
Si anualizáramos los homicidios ocurridos del 1 de octubre a la fecha, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes rondaría los 47 en el estado, los 50 en Juárez y los 54 en la capital.
Otra vez, problemas de percepción. Pueden no atribuírsele al gobierno del amanecer tales condiciones delictivas, pero en la población persiste la opinión que se debe a ineficacia y falta de voluntad política para enfrentar a las bandas criminales, a lo que contribuyen decisivamente algunos enfrentamientos ocurridos, la mayoría, en los municipios serranos, pero que son reforzados, todos los días, con la aparición de uno o dos, o más, victimados en Juárez y Chihuahua.
Luego, la elevación de las tarifas de los derechos vehiculares, de las tarjetas de circulación; los anuncios de que no se trasladarían al municipio de Chihuahua, ni tránsito, ni las junta municipal de agua, mucho menos el transporte del servicio urbano.
Y este es, en el caso de la capital del estado, uno de sus principales problemas, el de que llegó el nuevo gobierno y para los usuarios no hubo un cambio extraordinario; se mejoraron algunas rutas, cambiaron algunos camiones pero en lo general deben invertir el mismo tiempo que antes para trasladarse y con las mismas deficiencias en el servicio de las rutas alimentadoras.
El balance de los primeros 100 días de la administración de Javier Corral, es, como todos los que se presentan, una mezcla de logros, errores y deficiencias, pero es, sobre todo, la definición del rumbo del nuevo gobierno, al que se le exigirá ser más atento a los reclamos democráticos de los chihuahuenses.
Y no es que se le pueda clasificar de lo contrario, pero de que tiene un mayor compromiso con los reclamos democráticos de la sociedad, es indudable, de ahí que cumplir con la agenda en materia de honestidad y austeridad presupuestaria es, apenas, parte de las cosas que están obligados a realizar.
Preocupa que a pesar de todos los anuncios del enorme despilfarro del gobierno de César Duarte, el ahorro alcanzado en el primer trimestre sólo sea del  orden de los 400 millones de pesos, que llegará en el año a los mil 700 en el año, que significan poco menos del 3% del presupuesto del gobierno estatal, una cantidad infinitamente inferior al exceso neroniano del gobierno de César Duarte descrito, no solamente por los nuevos gobernantes, sino por una gran cantidad de chihuahuenses.
Luego sobrevendrían los episodios de las declaraciones truncas del 3de3 de Alejandro de la Vega, de Gustavo Madero y los incidentes de las sanciones  federales aplicadas al Fiscal Peniche y a la Secretaria de la Función Pública, Stefany Rocío Olmos en las que, nuevamente, los deslices son el rasgo común.
¿Cómo creen que las sanciones federales administrativas no son aplicables en el ámbito estatal? ¿O que la presentación extemporánea de las declaraciones patrimoniales “es una falta leve”, como argüiría la Secretaria Olmos?
Podemos concordar con ambos que, efectivamente, son faltas menores pero en un ámbito distinto, no en el de Chihuahua, en el que el discurso oficial iba en un sentido y la obra gubernamental en el contrario.
Y a eso es a lo que está enfrentado el gobierno del “nuevo amanecer”.
asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

jueves, 26 de enero de 2017

¿Contra Trump ”unidad nacional a toda costa”?

El Diario, 26 de enero de 2017
Luis Javier Valero Flores
Ni soñados fueron el lugar ni los receptores pasivos del anuncio realizado por el presidente norteamericano, Donald Trump,  acerca de la inminente construcción del muro con México.
En una ceremonia celebrada en el Departamento de Seguridad Nacional, Trump informó que en las negociaciones con México por el TLC la construcción era parte importante y que allí lo pagaríamos.
Ante esa reiterada postura del gobernante norteamericano, la respuesta del Presidente Peña ha sido, permanentemente, que México no lo pagará, en lugar de la tajante negativa a su construcción.
Se ha desatado, desde la clase política, una ofensiva para llamar a los mexicanos a unirnos en torno a nuestro país, como si este, o cualquier otro, estuviera conformado por una sola clase social o forma de pensar; cuando los gobernantes actuales nos llaman a defender el TLC, les deberemos recordar que en base a esto se modificaron varios de los artículos constitucionales, los rectores, para precipitar nuestro ingreso, decían, “al primer mundo”.
Y sí, si entramos, ahora dos prominentes mexicanos, exponentes de aquella forma de pensar -la de liberalizar el comercio exterior mexicano y abrir a nuestro país, ya sin condicionantes, a la inversión extranjera- ocupan sendos cargos en dos de los organismos internacionales más importantes del mundo de las finanzas públicas.
Agustín Carstens despachará en la Gerencia General del Banco Internacional de Pagos. Por otra parte, Angel Gurría Ordóñez es, desde mediados de 2006 Secretario General para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la organización que agrupa a los gobiernos de los países más industrializados del mundo.
Sin embargo, los 20 años de vida del TLC no trajeron a México los resultados que nos dijeron. Es larga la lista del desastre nacional ocasionado por esas negociaciones que nos convirtieron, al país entero, en una gran planta maquiladora, proveedora de petróleo (en ese lapso prácticamente rellenamos los pozos petroleros de EU pues le vendimos el hidrocarburo para su reserva estratégica, algo que estaba prohibido antes del TLCAN); se transformó el carácter  de la propiedad nacional, ejidal y comunal y a los grandes consorcios (de todo tipo) los convertimos en “empresas nacionales”, de ese modo, las empresas mineras instaladas en Chihuahua, por ejemplo, sólo pagan los exiguos impuestos existentes en México y no los que deberían pagar en su país de origen.
Si el modelo aplicado en México no rindió los frutos sociales pregonados para su instrumentación ¿Porqué premiar a algunos de sus más encumbrados funcionarios, como Carstens y Gurría en el ámbito internacional?
¿Cómo compaginar la indudable defensa de los intereses mexicanos frente a una nueva etapa, más agresiva, de la permanente actitud hostil de EU hacia México?
Solamente con un programa nacional, creíble, que pueda unir esfuerzos y voluntades que debería ser el de la “No subordinación”.
Bastan sólo unos cuantos ejemplos de lo que significaría tal postura. 
¿En razón de qué argumentos el gobierno mexicano actúa como la policía fronteriza de EU, desde los primeros metros de territorio nacional en la frontera sur?
Ocurre lo mismo con las drogas no producidas en México. Aquí se despedaza medio país por el tráfico de ellas y allá se trafican; se venden, se compran y se consumen hasta tranquilamente, como parte del patrón de vida de crecientes grupos sociales en los Estados Unidos.
Las aduanas mexicanas están abiertas, de par en par, para todos los insumos de las plantas maquiladoras instaladas en México. Se les trata como mercancías nacionales. En cambio, si allá consiguen mejores precios del aguacate o del tomate, con la mayor tranquilidad del mundo cierran la frontera.
Lo peor nos ocurre con el petróleo y sus derivados. Les vendemos el “oro negro” bien barato; allá lo industrializan y los productos (miles de ellos) nos los venden caros, y no sólo los combustibles. 
En tanto, 7 presidentes de la república, y el actual aplicaron una política de devastación de la industria petrolera.
¿Cómo puede haber “unidad nacional” si existen muy distintas opiniones en el modo de afrontar esta situación?
¿Cómo coincidir con Peña si el ascenso de Trump significa el regreso de Luis Videgaray, el artífice de la actual política económica, aprendida al lado de su maestro, el ex Secretario de Hacienda con Salinas de Gortari, Pedro Aspe, el artífice y uno de los principales beneficiarios de los fideicomisos y del modo en que se detonó el endeudamiento de estados y municipios?

jueves, 19 de enero de 2017

Apretarse, parejos, el cinturón

El Diario, 19 de enero de 2017
Luis Javier Valero Flores
La consejera del Instituto Estatal Electoral, Claudia Arlet Espino le puso muy alta la barda a todos los funcionarios públicos de Chihuahua.
En un inusitado y por demás elogiable gesto les propuso a sus compañeros de ese órgano electoral una serie de medidas para disminuir el gasto, por medio de la presentación de un voto particular en la discusión del ajuste presupuestario, las que, sostuvo, podrían no aliviar “en mayor medida la situación económica del país. Que nuestras aportaciones… son tan solo unas gotas en el mar; pero al final de cuentas, -dijo- el mar se compone de gotas”.
No sólo les propuso la disminución de varias partidas generales, sino, además, una reducción de las dietas de los consejeros, sabedora de que existen razones jurídicas “que lo asignado por mandato legal no debería modificarse en perjuicio retroactivo”.
Y exhortó a los consejeros a enviar un “mensaje de solidaridad con la ciudadanía y disciplina en el gasto”.
Propuso una disminución de las dietas en un 20%; la del sueldo del Secretario Ejecutivo en la misma proporción, suprimir el gasto de gasolina en “cuenta ordinaria”, el de los teléfonos celulares, reducir el 10% del gasto de asesores, restringir el uso de vehículos oficiales e instalar lineamientos de austeridad en el órgano electoral.
Esta propuesta es la más avanzada en el ámbito local, como respuesta del mundo oficial al gasolinazo y a los reclamos populares generados por medida tan salvaje.
Siendo de avanzada, se queda corta en una parte que la absoluta mayoría de la ciudadanía le reclama a la clase política, la de sus elevados ingresos como funcionarios públicos, pues la disminución que les propuso Espino era solamente sobre la dieta (que en realidad se les llama sueldo en el portal del IEE) que para los consejeros era de 18 mil 774 pesos (de acuerdo a lo reportado en ese portal, hasta marzo de 2016, único dato existente de ese año) y no sobre la compensación que era de 75 mil 356 pesos mensuales.
De ese modo, si los sueldos de estos funcionarios se mantuvieran como en marzo del 2016, la disminución propuesta por Espino sería de ¡3 mil 600 pesos!
Y es que, en medio de la batahola nacional en contra del gasolinazo, el Congreso del Estado les aprobó la contratación de seguros de gastos médicos mayores, en lo que en un contrasentido, no sólo de estos funcionarios, sino del de todos los niveles cuando todo un pueblo reclama indignado el precio de los combustibles y los privilegios de los gobernantes.
Frente a eso, el gobernador de Nuevo León se adelantó a todos y aprobó una disminución del 20% de los salarios de los primeros niveles del gobierno de esa entidad.
En contrapartida, los nuevos gobernantes de Chihuahua han respondido con un tibio plan de austeridad, que no afecta los ingresos de los funcionarios y sólo, o disminuye o elimina algunos rubros como el telefonía celular.
De ese modo, el gobernador Javier Corral anunció la venta de diversos terrenos así como la Casa de Gobierno y la oficina alterna del gobernador; de las aeronaves y 500 unidades de “usos no sustantivos del servicio público”. Además, se eliminarán las comidas de los funcionarios, la compra de boletos de aviones, 
A su vez, la alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos, anunció el “congelamiento” de los sueldos de funcionarios de primer nivel, “que han venido ya con una reducción de casi 40 por ciento real en los últimos 10 años”. Es decir, que debemos congratularnos de que no sufrieron aumento.
Como el gobierno estatal, suspenden la telefonía móvil, los vales de gasolina para funcionarios; darán de baja los vehículos más antiguos, “asimismo los autos oficiales quedarán resguardados en horarios no laborables”; no habrá pagos, gastos de representación, comidas o viajes y se suspenden las nuevas contrataciones de personal.
Pero ninguno, ni el gobierno estatal, ni la alcaldía de Chihuahua informaron del monto aproximado del ahorro que alcanzarán con esas medidas.
Y le quedarán debiendo a la sociedad chihuahuense una mayor solidaridad que, contra lo que arguyeran, pasa, necesariamente, por una notoria disminución de sus percepciones salariales, de todas.
Quizá los montos ahorrados no serían importantes para el total de los presupuestos, pero sería, indudablemente, una vívida muestra de su solidaridad hacia sus gobernados.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

lunes, 16 de enero de 2017

De “panzazo” aprueba Cabada

Luis Javier Valero Flores
MegaRadio 860, Juárez 
Lo dicho, la era del predominio de las redes sociales impone ritmos vertiginosos en la evaluación que los ciudadanos efectúan a los gobernantes, pues más rápidamente pueden recogerse y transmitirse, en proporciones geométricas, las calificaciones que la sociedad hace sobre la gestión de los gobernantes. 
Lo que ahora comentamos es una evidencia del hartazgo de la mayoría hacia la clase política en general, refleja los gravísimos problemas -sobre todo económicos- por los que atraviesan; muestra la baja tolerancia que la mayor parte de la gente está dispuesta a concederles a los gobernantes y el escaso tiempo que les otorga para la obtención de resultados.
Algo de todo lo anterior reflejan los resultados de la encuesta publicada el día de hoy por El Diario, en la que la gestión del alcalde Armando Cabada obtuvo una calificación aprobatoria, pero apenas por encima del mínimo para aprobar, con un 6.11, a diferencia de la obtenida por el gobernador Corral, cuya gestión fue reprobada al obtener el 5.25.
Sin embargo, casi 7 de cada 10 juarenses (64.8%) aprobaron la gestión municipal del presidente independiente, en la encuesta realizada por agencia GANTT Marketing, Investigación y Estrategia, contratada por el periódico.
De ese total de los que la aprobaron, 55% dijo estar de acuerdo con la forma de gobernar y 9.8% “totalmente” de acuerdo.
A su vez, un 25.5 por ciento manifestó estar “en desacuerdo” y un 8.5 por ciento “totalmente en desacuerdo”, lo que suma un 34 por ciento de personas que desaprueban al acalde.
Cifras notoriamente distintas a las obtenidas por el gobernador Corral, quien sería reprobado por los juarenses, en una encuesta también realizada por la misma empresa, en la que casi 6 de cada 10 lo reprobaron y un poco más de 4 de cada 10 lo aprobaron en el mismo período, esto es, al cumplir los primeros 100 días de sus respectivos gobiernos.
La calificación obtenida por el alcalde Cabada, es superior por apenas 15 centésimas a la que recibió su antecesor Enrique Serrano Escobar, quien en el mismo período de gobierno fue evaluado con un 5.96, contra un 7.32 alcanzado por Héctor Murguía en la segunda ocasión que llegó al mismo cargo, en el año 2010.
Y ahí es donde puede ubicarse la diferencia entre haber sido postulado por un partido político o no, pues a quienes emergen de éstos, los militantes les califican con mayores márgenes de tolerancia, más allá de lo positiva que sea o no la gestión del gobernante evaluado, sólo por el hecho de ser parte del mismo partido político.
Como en todos los casos, la encuesta de la que hoy hablamos puede ser cuestionada, como ha ocurrido con la mayoría de las realizadas en el país en la última década, por las graves deformaciones que contienen, especialmente las realizadas para medir las preferencias electorales, ésta puede ser sometida a la evaluación, lo que sí puede sostenerse es que refleja de manera más o menos cercana a lo que se percibe en la sociedad juarense.
Y es que, a diferencia del pasado inmediato, las expectativas creadas por los nuevos gobernantes, y en este caso por el carácter “independiente” de la candidatura de Armando Cabada, en la que por ese solo hecho una buena parte de los ciudadanos creyó que se podrán esperar mejores, o más espectaculares resultados que los obtenidos por militantes de los partidos políticos, pueden resultar más grandes que lo que la realidad política y económica permite.
Ese puede ser el caso de lo que hoy comentamos.

Pretensión última: Desaparecer el fuero militar

Pretensión última: Desaparecer el fuero militar
Editorial, Aserto 161, diciembre 2016
La pretensión de desaparecer el fuero militar, bajo el pretexto de otorgarle a las fuerzas armadas la “seguridad” para que puedan desempeñar eficazmente sus labores en el combate a la delincuencia, es inaceptable.
Recientemente, la Suprema Corte de Justicia, luego de un muy prolongado litigio, ha ordenado atenerse al espíritu original de la Constitución, esto es, que cuando elementos militares se vean involucrados en hechos criminales y se vean afectados ciudadanos civiles, la investigación y la sanción corresponderán a la autoridad civil. 
La intención de convertir al ejército en una fuerza policíaca, además de ser el reconocimiento de las autoridades civiles de su fracaso en la preservación de la seguridad pública en el país, es prueba evidente de su carencia de una adecuada política gubernamental para combatir al tráfico de drogas.
Pero, por otro lado, intentar convertir a las fuerzas armadas en agrupamientos policíacos -lo cual ya ha ocurrido en diversos momentos, de manera parcial- no ha arrojado los resultados que se arguye han obtenido los cuerpos militares.
El fracaso gubernamental en el combate al tráfico de drogas es de todo el Estado, no es exclusivo de las fuerzas policíacas, en ese combate han fracasado, también, las fuerzas armadas pues los resultados, a lo largo de más de una década, son desconsoladores: Ni el tráfico de drogas ha disminuido, ni se ha elevado de manera inusitada el precio de las drogas en las calles de las ciudades norteamericanas -lo que implica que la oferta no ha bajado-; ni la ola homicida ha amainado en todo el país, pues el número de ejecuciones ya rebasa las cifras del sexenio anterior.
Todo lo anterior a pesar de que se encuentran encarcelados, o desaparecidos, los jefes de los principales grupos criminales, cuyas estructuras operativas y financieras siguen intactas.
En cualquier otra nación del mundo en la que se hubiese desactivado -por cualquier vía- a tales porcentajes de los jefes criminales y desarticulado las estructuras criminales se habrían presentado considerables disminuciones en la incidencia delictiva. No ocurre así en México a pesar del involucramiento de las fuerzas armadas y de la participación de todas las policías en ello.
Más aún, la degradación del entramado social es terrible, es de tal magnitud que ya existen regiones del país en las que el daño pareciera irreversible. Cosa semejante ocurre con la mayor parte de las policías municipales y estatales, además del poder judicial, en los dos ámbitos, el federal y el estatal.
Por si fuera poco, el involucramiento de las fuerzas armadas ha arrojado uno de los resultados más lamentables, el de que crecientemente aparecen, algunos de sus elementos y mandos, en más hechos ilegales, que han llegado hasta su participación en masacres que han cimbrado al país y a la comunidad internacional.
Un aspecto esencial de la reforma buscada, tanto por el Presidente Peña, como por el General Cienfuegos, Secretario de la Defensa Nacional, estriba en el cambio de los requerimientos legales para la suspensión de las garantías constitucionales. Pretenden desaparecer la obligación de someter al Congreso de la Unión la aprobación de la suspensión y la delimitación precisa del tiempo de suspensión. Desean que ese “trámite” sea sustituido por el criterio de los jefes militares, los que le informarían al Secretario de Gobernación de tales características de la participación militar.
La intención es total, proponen que los cuerpos militares también posean las facultades hasta hoy restringidas al Ministerio Público, es decir, a la autoridad civil.
No es difícil conjeturar que podríamos enfrentarnos a verdaderos retos de la militarización de amplias zonas geográficas y, también, de la sociedad toda.

domingo, 15 de enero de 2017

Precipitada evaluación

Precipitada evaluación
El Diario, 15 de enero de 2017
Luis Javier Valero Flores
En lo que es una tendencia, o una práctica, nacida quien sabe en dónde, los gobiernos que recién inician sus mandatos se ponen como meta -totalmente arbitraria- exponer los logros de los primeros 100 días de su ejercicio en el poder.
Del mismo modo, una parte de la ciudadanía y prácticamente la totalidad de los medios de comunicación efectúan un primer balance de lo realizado por los nuevos gobernantes en ese lapso.
Sin embargo, hacerlo en la mayor parte de las entidades mexicanas implica atravesar por un severo problema -más allá de la arbitrariedad del lapso, extremadamente breve, dadas las características propias de los gobiernos locales- el de que los nuevos gobernantes ascienden al poder cuando aún no finaliza el año fiscal y el primero de su mandato lo deberán hacer bajo la estructura, diseño, modalidades, vicios y cualidades del presupuesto elaborado prácticamente en su totalidad por la administración saliente, además de que todos los mandos y buena parte de la estructura de las dependencias obedecen al gobierno anterior, aspecto que se agudiza cuando llega una alternancia partidaria.
Los recién llegados, con dificultades, -a menos, claro está, que algunos de los nuevos funcionarios hubiesen tomado posesión de sus cargos antes del cambio formal de poderes y de que la saliente les hubiese permitido el acceso a la información y a la posibilidad de efectuar cambios previos en el presupuesto del primer año en que ejercerán sus cargos- tienen tiempo de efectuar un diagnóstico de las condiciones en que reciben sus dependencias, realizar los cambios de mandos superiores y abordar algunos aspectos del presupuesto del siguiente año. 
A lo anterior deberá agregársele que la mayor parte de las entidades estatales -también muchos municipios, aunque en menor proporción- atraviesan por un severo endeudamiento, el que se ubica en el orden de los más de 530 mil millones de pesos -entre estados y municipios-, en los cuales Chihuahua se ubica, por el monto, en el tercer lugar nacional, y por el porcentaje del PIB, en primer lugar, lo que coloca a los nuevos gobernantes, más allá de sus intenciones, en condiciones desventajosas para ofrecer a sus gobernados buenas calificaciones, en lo referente a obras, nuevos proyectos y satisfacción de los requerimientos y demandas de la sociedad.
De ahí que esperar resultados espectaculares al cumplir los tres primeros meses y unos días del nuevo gobierno es materialmente imposible y más, desde la óptica de los nuevos gobernantes, los que, a pesar de todo, se enfrascan en estos ejercicios. Cosa que hará Corral el próximo jueves, no obstante haber recibido la administración en la peor debacle financiera y administrativa que tengamos memoria los chihuahuenses.
Pues bien, justo al cumplir los primeros 100 días de gobierno, El Diario publicó una encuesta realizada entre habitantes de Juárez, en la cual el gobernador Javier Corral Jurado fue calificado con un 5.25.
Según la agencia GANTT Marketing, Investigación y Estrategia, responsable de la realización de la encuesta, el 55.6 por ciento de los habitantes de Ciudad Juárez está en desacuerdo con la forma de gobernar del titular del Poder Ejecutivo de Chihuahua.
Las opiniones están polarizadas. Un 39.8% está en desacuerdo con la forma de gobernar del panista, en tanto que el 39% está de acuerdo. La diferencia la hacen los extremos. Un 15.8% de los encuestados está “en total desacuerdo” mientras que un 4.5% está “totalmente de acuerdo”. Así, 55.6 está en desacuerdo y un 43.5% lo aprueba.
Esto revela una tendencia ligeramente mayor a quienes desaprueban al gobierno, pero finalmente un resultado que refleja la polarización de las opiniones de los habitantes del antiguo Paso del Norte y que evidencia, además, cuán diferente son las condiciones políticas prevalecientes en Juárez respecto del resto del estado, pues deberá tomarse en cuenta que en las elecciones del pasado 5 de junio, en Juárez, Corral superó al candidato priista, Enrique Serrano, por apenas 4 mil votos al obtener 136 mil 106 votos,  por los 132 mil 442 emitidos a favor del candidato del PRI, Enrique Serrano.
Además, no pueden desestimarse, al momento de efectuar las evaluaciones, que el candidato independiente, José Luis  Chacho Barraza, obtuvo 100 mil 981  votos, es decir, que la votación, para gobernador, fue de tercios y que el candidato independiente a la alcaldía, Armando Cabada, obtuvo 200 mil votos, de tal modo que, seguramente, la confrontación Cabada-Corral, a propósito de la designación de Jorge González Nicolás como Secretario de Seguridad Pública, debió contribuir a las bajas calificaciones de Javier Corral en esta que es la primera evaluación pública de su gobierno.
Otro aspecto que debe haber influido, seguramente será el tema de la inseguridad o, mejor dicho, la percepción ciudadana sobre la seguridad pública, derivada de muchos aspectos, pero entre los que juega un papel importante el de los homicidios, especialmente las ejecuciones, las que tuvieron un súbito crecimiento -respecto de los tres años precedentes, 2013, 2014 y 2015- en la parte final del gobierno duartista y los primeros meses del actual.
Así, a partir del 1 de octubre, coincidentemente tres días antes de la toma de protesta del nuevo gobierno, el portal digital laopción.com, de la ciudad de Chihuahua, reinició el “ejecutómetro”, que da cuenta de los homicidios cometidos en la entidad a partir de los reportes de la FG de Chihuahua y de los periodísticos, y deslindó los cometidos en las dos principales ciudades del estado. 
De esa fecha y hasta el 14 de enero (hasta mediodía), el número de homicidios en la entidad es de 438, en tanto que los cometidos en Juárez es de 191, por 129 de la ciudad de Chihuahua.
De ese modo, si los proyectáramos al año, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, en lo que va del gobierno de Javier Corral en el estado, es de  41.89; en tanto en Juárez asciende a 46.97 y en la ciudad de Chihuahua a 49.35.
Esas cifras, de mantenerse, se ubicarían como las más altas desde el 2013 y se convertirán en un factor que, al momento de evaluar a la nueva administración, contará de manera muy importante.
Tema central en la evaluación que hacen los ciudadanos, más allá de los plazos arbitrarios para hacerla, es la enorme exigencia por ver tras las rejas al ex gobernador César Duarte, reclamo que en muchas personas llega a ser casi obsesivo, al grado de catalogar al nuevo gobernante casi como cómplice del anterior o, por lo menos, prohijador de la impunidad, en virtud de que, sostienen muchos ciudadanos, los delitos cometidos por el ex mandatario son tantos y tan graves que ya debería estar en la cárcel, lo que es, a todas luces, una exageración pues seguramente armar una buena acusación, que no pueda ser desechada por los jueces, especialmente los federales pues hasta allá irán las demandas en contra del ballezano, requiere más tiempo del que el ciudadano está dispuesto a concederle a los nuevos gobernantes.
Y este es un aspecto a tomar en cuenta. El llamado “bono democrático”, concedido a los nuevos gobernantes, que es, en síntesis, una especie de tregua a fin de que los nuevos gobernantes puedan iniciar su tarea en las mejores condiciones y que ahora, en virtud de la existencia de las redes sociales, se ha acortado enormemente.
El gobernador Corral pareciera ser uno de los primeros “beneficiarios” de tal fenómeno pues el número de ciudadanos que empiezan a cuestionarlo por diversos aspectos de su gobierno crece a niveles preocupantes.
Un aspecto que deberán tomar en cuenta los gobernantes a la hora de las evaluaciones de los 100 días, es la creciente molestia a causa de los aumentos en la Revalidación Vehicular, en una entidad que sólo es superada por la Ciudad de México en el número de vehículos por habitante y en el que la mayoría de los automotores pertenecen a las capas medias y medias bajas, cuyos ingresos se han visto mermados seriamente en los últimos años, los mismos que esperaban verse beneficiados de la disminución de las cuotas escolares, un tema tan mal abordado y peor resuelto por los funcionarios del amanecer.
Más contundente es la evaluación realizada por el PRI. El dirigente estatal, Guillermo Dowell, calificó al gobierno de Corral como uno “alejado de la gente”.
Dowell realizó un increíble diagnóstico de las razones por las que votaron los chihuahuenses, las que, por tanto, serían las cosas que la gente detectó como existentes en la administración de Duarte. El presidente priista dijo que ”La gente votó por el respeto a la división de poderes, limpieza, transparencia y por menos deuda”.
Todo ello enmedio de una indudable crisis financiera, agravada por los incipientes nubarrones a causa de la llegada de Donald Trump a la presidencia de los EU, hecho que repercutirá seriamente en nuestra entidad.
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jueves, 12 de enero de 2017

La urgencia de legislar


Sobre publicidad gubernamental
La urgencia de legislar
Aserto No. 161, Diciembre de 2016
Luis Javier Valero Flores
A raíz del desmedido gasto en publicidad realizado por el gobierno de César Duarte, innumerables voces, tanto en la localidad, como fuera de Chihuahua  llamaron a detener tal exceso.
Si antes intuíamos que estábamos frente a una inmensa red de corruptelas, las revelaciones realizadas por el nuevo grupo gobernante nos pueden llevar a la conclusión de que estuvimos frente a una impresionante maquinación, en la que el objetivo central era el aprovecharse de las finanzas estatales (y en muchos casos, también las municipales) en beneficio propio, además del desmesurado propósito  de César Duarte de alcanzar la candidatura presidencial.
Para ello no escatimó gasto alguno. Así, el presupuesto del gobierno estatal se puso al servicio de esos dos objetivos. Prácticamente no hay área de la administración estatal que no haya sufrido los estragos de tales acciones, presididas por el abuso del crédito del gobierno del estado, hasta llevar al agotamiento la capacidad crediticia de la administración estatal, de cuya dimensión damos cuenta en esta misma edición, por medio de un reportaje publicado por el portal digital www.sinembargo.mx.
Pero todo lo anterior sólo podía intentarse si la mayoría de los medios de comunicación se prestaban, de una ú otra manera, a tales pretensiones. Para ello era necesario usar la “mano suave”, es decir, la del dispendio en los medios, en la que la discrecionalidad fue el rasgo central y el control se ejerció a través del uso del presupuesto público.
No hubo criterio mensurable en la asignación de recursos a los medios de comunicación, y a una extensa red de comunicadores, en la que el rasgo central fue la inexistencia de los servicios prestados por los medios, que justificaran las enormes sumas entregadas.
No tuvieron relación, las sumas de dinero, con el número de spots transmitidos, ni con el de las planas publicadas, ni con los anuncios expuestos en los portales, menos aún con las características de los programas
Parte esencial de esa política fue el hecho de que, para encubrir las sumas entregadas a los medios de comunicación, que mejor sirvieron de correas de transmisión a los propósitos de César Duarte, se usaron nombres de distintas empresas; además, distintas dependencias gubernamentales y niveles de gobierno aplicaron la misma política, de tal modo que la lista de medios y periodistas que recibían recursos sin justificación (es decir, por el número de spots, planas, banners, etc. publicados) se repetía en muchas dependencias.
La exageración era que el mismísimo gobernante se encargaba de “palomear” la lista de los medios y las cantidades a recibir, incluidos los organismos descentralizados y los organismos autónomos.
Las cantidades asignadas no tenían relación, ni con las audiencias, ni con el rating, ni con el número de lectores, ni con las visitas a los distintos portales digitales; tampoco con el número de spots radiofónicos o televisivos trasmitidos, ni con el valor de las inserciones en los medios impresos.
La discrecionalidad a su máxima expresión.
La administración anterior siguió al pie de la letra la conceptualización de José López Portillo acerca de la relación del gobierno con los medios de comunicación y el uso de los recursos públicos en la publicidad gubernamental. Al igual que el resto del presupuesto, se gasta en función de las filias y las fobias del gobernante en turno y en el ejercicio, si se gasta más desmedidamente, en esa proporción la corrupción crece pues más funcionarios, con capacidad de decisión en ese rubro, se involucran en tales acciones.
Así, desde Palacio de Gobierno partían los rumores que intentaban crear la percepción que Duarte pronto se iría al gobierno federal, en una posición clave, que, no lo decían en público, solamente a soto voce los cercanos al gobernante, le permitiera aspirar a “la grande”. Una y otra vez, machaconamente, hicieron creer a los chihuahuenses que Duarte se iría a las secretarías de Gobernación, a la Sagarpa, al PRI, donde fuera, pero en los primeros círculos del poder, y si para satisfacer tales apetitos era necesario gastarse el dinero del gobierno de Chihuahua en los medios, adelante!
Los excesos fueron el rasgo fundamental. Por un descuido, Aserto recibió en varias ocasiones los mensajes de los correos electrónicos que la Coordinación de Comunicación Social enviaba a las jefaturas de información y titulares de los principales noticieros radiofónicos de la entidad. Contenían el texto de las noticias que se transmitirían al día siguiente, a tal grado que incluían las partes de los audios que debían usarse, como si fueran redactados por los jefes de información de los medios. No querían descuidos.
Lo hicieron del mismo modo que lo hacen absolutamente todos los gobiernos, sólo que en el caso del gobierno de Duarte fue la exageración.
Hay una veta mayor, la del cúmulo de portales digitales “fantasmas” cuyos propietarios firmaron milenarios convenios y que recibían los recursos pactados en ellos. Era la simulación total.
El signo es el mismo, se parte de la idea que el gobernante le hace “un favor” al medio -por supuesto, económico- a cambio de la cesión de la línea editorial del medio y no del hecho de que los usuarios del medio de comunicación tienen derecho al acceso a la información pública -que eso son en parte los mensajes de la publicidad gubernamental-, que forma parte de la libertad de expresión el que todos los medios de comunicación deben publicar, transmitir o exhibir la publicidad gubernamental y que el presupuesto asignado a esa actividad deberá sujetarse, como el resto, a reglas más precisas en su asignación.
Además, no se asimila el hecho que las empresas de los medios de comunicación no son como cualquier otra empresa, éstas tienen -o debieran tener- un sentido profundamente social y con plenas evidencias de su compromiso con el ejercicio, en la más absoluta libertad, de los derechos de los ciudadanos.
El gobierno de Javier Corral tiene un serio compromiso en esta parte de la función pública, por varias razones, en primer lugar por el extendido apoyo recibido para llegar a esa posición, -fruto del enorme rechazo popular al gobierno de César Duarte y a su grupo político y que la ciudadanía lo hizo extensivo a prácticamente todo su partido-; además, por los antecedentes personales del gobernante en esta materia y sus muchas expresiones en favor del término de tan nefasta práctica gubernamental.
Tiene casi todo a su favor pues el PAN puede construir una mayoría legislativa que permita aprobar una legislación democrática, que recoja las opiniones de vastos sectores de la opinión pública, mediante una discusión razonada acerca de cual debe ser la política gubernamental en materia de publicidad y no solamente de la difusión de la obra del gobernante en turno.
Dio un paso en firme al publicar los pagos efectuados por la administración de Duarte, así como publicar los montos de los convenios de los medios con su gobierno, sin embargo, la lista exhibida adoleció de varias fallas, derivadas de no “cruzar” la información que poseían -los supuestos pagos realizados y los convenios firmados- con la de las transferencias electrónicas efectuadas por Hacienda.
Además, no bastaba publicar la lista de medios y montos sino que debió acompañarla de la debida ponderación, es decir, si por lo menos las cantidades gastadas tenían como objeto la publicación de planas y transmisión de spots, o exhibición de anuncios en los portales -banners- o, si por el contrario, eran las “igualas” que compraban líneas editoriales.
Días después de publicada la lista en la página www.amanecechihuahua.gob.mx por el gobierno de Corral y para subsanar algunos de los errores, le agregaron la leyenda, en la sección de “Convenios”: “No necesariamente se ejercieron en su totalidad”.
Es muy claro que deberán existir las empresas privadas en el negocio de los medios de comunicación, no podría ser de otra manera; lo contrario podría dar pie a la existencia, exclusivamente, de los medios estatales o gubernamentales. En el presupuesto público deberá aplicarse la partida de la publicidad gubernamental, bajo reglas definidas, con la tutela de organismos ciudadanizados que permitan vigilar, fiscalizar, tanto la aplicación de los criterios, como de los recursos utilizados por la autoridad.
El meollo de la necesaria reforma lo constituyen varios aspectos, el principal, por supuesto, es el de la asignación de recursos, en el que debe desaparecer la tónica prevaleciente de que los favorecidos de hoy serán los castigados del mañana, si llega otra fuerza política al nivel de gobierno que está asignando el dinero, o al revés.
En ello deberá tener sumo cuidado la nueva administración. Asimismo, los mecanismos de asignación deberán erradicar el intermediarismo, los responsables de la asignación de recursos deberán ser los organismos gubernamentales  y deberán hacerlo de tal manera que los costos de los servicios prestados por los medios de comunicación (spots, inserciones en medios impresos, banners en los medios digitales y contratación de otros espacios publicitarios) estén estrictamente regulados, reglas que deberán contener, además, criterios diferenciados, merced  a las características del medio en cuestión y de los segmentos de población a los que llega.
Pueden aplicarse distintos criterios, por ejemplo, en la cotización de los anuncios insertados en los medios digitales, por el grado de penetración, por los “likes” que reciba cada uno de ellos, de tal manera que exista una tabla diferenciada de precios.
Del mismo modo, y quizá con menor amplitud que en los medios digitales, las estaciones de radio y televisión debieran tener cotizaciones, con cierta amplitud de rangos, para que así se pudiera tener certeza de las cantidades asignadas a cada medio de comunicación, tomando en cuenta el grado de penetración.
En suma, es muy claro que estamos frente un muy complejo asunto, vital para la concreción de la transición democrática y en la que las distintas visiones sobre la espinosa relación gobierno-medios deberá transformarse en función de los intereses de la sociedad.

miércoles, 11 de enero de 2017

Encerrona y burla

El Diario, 12 de enero de 2017
Luis Javier Valero Flores
Fue de tal magnitud el ramalazo propinado por el Presidente Peña Nieto al país, con la firma del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, celebrado el lunes anterior, que opacó y originó que pasara desapercibido una grosería -no sólo políticamente, también desde el punto de vista de las relaciones personales, más allá de si ejercen funciones públicas o no- realizada por el presidente a los gobernadores que intentaron elevar su protesta y/o rechazo al gasolinazo.
El mencionado acuerdo, casi de manera inmediata rechazado por la principal agrupación patronal, la Coparmex, por ¡pequeñas cosas! Ni más ni menos que por dárselos a conocer apenas ¡Dos horas antes de la firma!
Así, salvo alguna excepción, el mentado acuerdo fue, simplemente, la firma de un memorándum de funcionarios gubernamentales -subordinados del presidente- y los líderes sindicales… del PRI, el partido político del presidente.
Y si era un acuerdo ¿Porqué no invitar, no sólo a su firma, sino a su discusión, a los dirigentes de los partidos, a los gobernadores -especialmente aquellos en los que las protestas adquirieron niveles mayores-, a los dirigentes de los grupos empresariales, o sindicales más allá de los oficialistas, etc?
Aún más, a los dirigentes de las agrupaciones de propietarios de mercados, supermercados, de productores agropecuarios, de transportistas más allá, también, de los plenamente identificados con el partido gobernante, y otro etc.
Ahí ubicamos el otro aspecto de los deleznables actos cometidos por el presidente Peña en ese inicio de semana.
Si en la mayoría de las entidades las acciones de rechazo y de ira popular adquirieron proporciones preocupantes y estaba en puerta una reunión de los gobernadores, en su agrupación, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) ¿Porqué no sentarse con ellos y discutir las alternativas, viables desde su punto de vista?
No sólo no hizo lo anterior; fue peor, aprovechando que la convocatoria de la Conago no era al pleno de los mandatarios, sino solamente a los integrantes de las comisiones de Hacienda y Energía, -a los que se sumaron los gobernadores de Morelos, Graco Ramírez, Nuevo León, Jaime Rodriguez y Javier Corral de Chihuahua- les envió al Secretario de Hacienda ¡apenas unos minutos antes del anuncio del Acuerdo y sin invitarlos, siquiera, a conocerlo, pues los mandatarios lo conocieron hasta que salieron de la reunión y a través de los medios de comunicación!
Así, a los defectos, errores, irregularidades y equivocaciones del presidente Peña Nieto, le podemos agregar la mala voluntad política para con quienes comparte parte de las responsabilidades de la administración pública en el país.
Aún más, al desconocer la injerencia de los legisladores del Congreso de la Union, los margina de la toma de decisiones que fueron compartidas en su momento, cuando Peña Nieto propuso una Ley de Ingresos y los legisladores se la aprobaron, sin siquiera admitir la posibilidad de discutir salidas a tan grave situación por la que atraviesa el país.
Y, por otra parte, al desestimar la participación de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), deja fuera del Acuerdo a los empresarios que mantienen en nómina al 36% de los asalariados del país.
¿Cómo puede, cualquier gobernante, medianamente racional, dejarlos fuera, máxime si sabe que las simpatías políticas de la mayoría de estos empresarios están, o en el PAN, o en las candidaturas independientes y, por tanto, es un sector al que, necesariamente, se le debe tomar en cuenta para cualquier acuerdo nacional, si se quiere avanzar en la solución de los problemas.
Ahora lo sabemos, Peña Nieto, no.
POSTRE.- El Gobernador de Nuevo León, El Bronco Jaime Rodríguez, anunció la disminución del 20% de los salarios de los funcionarios del primer nivel, así como una rebaja del 50% de los aguinaldos de esos funcionarios. Se ahorrarán 250 millones de pesos al año.
¿Po’s cuánto ganaban los angelitos?
asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

sábado, 7 de enero de 2017

Claroscuros gasolineros

El Diario, 8 de enero de 2017
Luis Javier Valero Flores
No podía ser de otra manera. La inédita reunión convocada por el gobernador Javier Corral, realizada el viernes anterior, sólo podía originarse a partir de las numerosas manifestaciones, tomas de carreteras, de casetas de peaje, de oficinas recaudadoras de rentas y presidencias municipales efectuadas desde principios de la semana -las que aún persisten, aunque disminuidas en número y participantes y en las que ha aparecido el grito de rechazo, no sólo a Peña Nieto, sino también al gobernador Corral- en oposición al salvaje aumento a los combustibles.
Ciertamente, fue aprobado por el Congreso de la Unión en la Ley de Ingresos, pero cuya autoría y ahora defensa a ultranza, le corresponde al Presidente Peña Nieto y su equipo.
Si las manifestaciones de rechazo se hubiesen circunscrito a las efectuadas anteriormente, consistentes en reunirse en un lugar, pocos, muchos y, en algunas ocasiones, otros más; marchar y culminar la jornada de protesta en un mitin en alguna plaza pública, probablemente nada hubiese pasado.
De que hay un ánimo explosivo en la sociedad mexicana dan fé los numerosos incidentes violentos ocurridos en la mayor parte del país; en Chihuahua, entidad que alcanzó una de las mayores y más sostenidas manifestaciones de todo el país, a pesar de todo, no se presentaron incidentes mayores, fueron, dentro de lo que cabe, pacíficas las protestas de numerosos chihuahuenses, y no solamente los agrupados en organizaciones tradicionalmente movilizadoras y compuestas por activistas sociales.
En los plantones, en las guardias en las casetas, en los muy extendidos claxonazos se advertía el hartazgo ante una medida, no sólo antipopular, sino mentirosa.
La prolongada jornada de protestas en Chihuahua dejó tras de sí numerosos episodios lamentables y otros muy memorables.
Pero, además, hizo posible la reunión del viernes, en la que participaron los 3 senadores priistas -Lilia Merodio, Graciela Ortiz y Patricio Martínez- así como el coordinador de los diputados federales de ese partido, Alejandro Domínguez, - con la notabilísima ausencia de la fracción parlamentaria priista en el Congreso de Chihuahua- y representantes de las agrupaciones sociales, así como de las cámaras empresariales, de la poderosa asociación de maquiladores y agrupaciones de productores, expendedores de gasolina, de transportistas, así como de la representación oficial del Congreso local, y le otorgó al mandatario estatal la certidumbre de presentarse a la reunión de la Conago, mañana, con el apoyo de prácticamente la totalidad de las fuerzas políticas, sociales y empresariales de Chihuahua con una sola postura -con matices, según fuera el sector-, la de que debe ser bajado, de inmediato, el precio de los combustibles.
Probablemente ningún otro gobernador podrá presentarse con tal fuerza, la emanada de las protestas que en todos los sentidos, en todas las variantes, fueron emitidas por todos los sectores de la sociedad chihuahuense.
Podría pensarse que tal hecho no será desestimado por el gobierno federal, pero las reacciones de Peña Nieto apuntan al sentido contrario. Será para mal, las protestas en el país alcanzaron una masiva extensión y variedad, la que no fue recogida plenamente por los tradicionales medios de comunicación.
Sin embargo, la profundidad del rechazo fue tal que numerosas zonas de la zona metropolitana de la ciudad de México estuvieron prácticamente incomunicadas; en la totalidad de las ciudades veracruzanas se presentaron infinidad de actos vandálicos; en todas las capitales de los estados las protestas fueron mayores y en una región en la que se pensaba que por su posibilidad de adquirir los combustibles a precios norteamericanos, Juárez, se han presentado crecientes manifestaciones de rechazo, bajo un grito que parece extenderse: ¡Fuera Peña Nieto!
Pero no todos se sintieron representados en la reunión convocada por Corral. Algunos segmentos de la izquierda social chihuahuense expresaron su inconformidad por el modo en que, ahora podemos concluir, a juzgar por los hechos ocurridos, fueron terminadas las protestas en las casetas y las carreteras de Chihuahua, en las que participaron mayoritariamente productores del campo, especialmente integrantes de El Barzón.
Corral hizo buenos los pronósticos de quienes aventuraron, luego de su tardía aparición en el conflicto, -cuando cursaba el tercer día y los bloqueos abarcaban a la casi totalidad de la red carretera- que usaría la fuerza pública para desalojar a los manifestantes. Lo hizo, quizá de manera pactada, o presionando a los liderazgos barzonistas para que aceptaran un desalojo pacífico y enfilar, todos, las baterías a la inminente reunión de los gobernadores, en la que se espera la asistencia de Peña Nieto.
Por ello sorprendió el insólito silencio de los líderes barzonistas, luego de los desalojos y hasta el desaguisado declarativo del Secretario de Desarrollo Rural, Rubén Chávez Villagrán, del que se podía deducir que habían pactado los líderes agropecuarios en función de la satisfacción, no de prebendas solicitadas de manera reciente, sino del cumplimiento de diversos apoyos al campo, aprobados un año y meses atrás y que daría pie a los ataques al gobierno de Corral por contener en el gabinete a Lucha Castro, integrante de la dirigencia barzonista, y a Víctor Quintana, ex dirigente del Frente Democrático Campesino.
De ahí las posturas de Heraclio Rodríguez y de Gabino Gómez en la “cumbre” del viernes, en la que adujeron “no arrepentirse” de las acciones realizadas, las que originaron, sostendría Rodríguez, tan insólita reunión, pero que, por otro lado, darían pie a que otros sectores, los ligados al priismo, enderezaran las baterías en contra de Corral por, dicen, promover y defender las movilizaciones realizadas.
Lo cierto es que existe un muy sustentado enojo popular, ante el cual la clase política, en lo general, se mantiene muy distante; con excepciones, entre las cuales habría de destacarse la del ex gobernador chihuahuense, Patricio Martínez, quien manifestó su oposición a la medida y le pidió al dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, la reconsiderara.
Una sugerencia habría de aceptar el ahora senador, la de que esa petición la enderezara al presidente de la Cámara de Senadores y de que le sumara la petición -ante la cual se podrían sumar los senadores de todos los partidos que así lo consideraran- de la celebración de un período extraordinario de sesiones, a fin de discutir la derogación del decreto que contiene el gasolinazo.
Las senadoras Lilia Merodio y Graciela Ortiz, con matices, sin exponer claramente su rechazo al gasolinazo, pero tampoco desligándose de lo aprobado en las cámaras, intentaron que se presentara una propuesta “responsable” y de alguna manera, al contrario del ex gobernador, avalaron la esencia de los argumentos del grupo gobernante, expuestos por Peña Nieto en el malhadado mensaje de “Año Nuevo”.
Mintió.
El precio de la gasolina en México no está determinado por el precio internacional, sino por la aplicación de dos impuestos, el IVA y el IEPS (Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, sobre el cual no se aplica el primero, de manera tramposa), diseñado para encubrir la millonaria ilusión fiscal y para compensar lo que por otras vías debería recaudar el gobierno federal, y en tiempos de la reforma energética y de la drástica caída de los precios del petróleo, para suplir los ingresos fiscales perdidos a causa de ambos factores.
Populista al extremo, Peña Nieto intentó tocar las fibras más sensibles de los mexicanos al sostener que la elevación del precio de las gasolinas no afectaba a los más pobres, que éstos compraban la parte menor de los combustibles, que en realidad se subsidiaba a los más ricos, que si se dejaran de recibir esos recursos se dejaría de atender al Seguro Popular, etc.
Mintió.
De los casi 16 pesos del precio final del litro de gasolina -con variantes geográficas- casi 6 son del IEPS; el costo de producción o el de compra ronda los 8 pesos, al que le suman otro factor que no se entiende bien a bien el porqué de sumárselo, el del precio del barril del petróleo (¿Qué acaso no viene indexado, ya, al costo de producción de la gasolina; si aquel sube, éste, obviamente, subiría?).
Fijar ese factor devela claramente la base del precio final, la dependencia de las finanzas federales al precio del barril de petróleo; de este modo, el consumidor paga doblemente el alza -y debiera pagar, también, la baja- del precio del petróleo, es decir, en este último rubro y en el de las gasolinas ¿Porqué?
De ahí la pregunta, obvia: ¿Porqué el precio de la gasolina no contiene, exclusivamente, el costo de producción, el del transporte, el IVA, el de la venta y la utilidad del vendedor final, tal y como lo hacen en otros países, pocos, por cierto?
Más sencillo, coincidiendo con Patricio ¿Porqué mejor no compramos la gasolina en Texas, casi 6 pesos más barata en estos momentos que la que nos vende Pemex? ¿Y porqué no hacer lo mismo con el diesel y la energía eléctrica?
¿Porqué no hacerlo, porque le quitarían a Chihuahua la parte correspondiente a lo poquito que le toca del IEPS?
Eso lo podría compensar el crecimiento económico de la entidad si se abarataran los precios de los combustibles pues los productores locales enfrentarían en mejores condiciones a sus competidores, nacionales y extranjeros.
Y, además, tendrían más argumentos, sustentados, quienes, como Javier Corral, sostienen que llegó la hora de discutir el pacto fiscal, de acabar con la pésima distribución de lo recaudado.
asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

jueves, 5 de enero de 2017

¡Tamaña insensibilidad!

El Diario, 5 de enero de 2017
Luis Javier Valero Flores
Casi incendiado medio país a causa de las protestas con motivo del salvaje aumento a los precios de los combustibles -y de la energía eléctrica, aunque en este caso menor-, el presidente Peña Nieto lo declaró “inevitable”, a pesar del extendido rechazo popular, mayor al que la mayoría de los medios de comunicación “tradicionales” han informado y del cual las redes sociales han dado cuenta.
De un presupuesto de casi 4.9 billones de pesos, Peña Nieto le achacó a los 270 mil millones de pesos que percibirían por la vía del IEPS -motivo del incremento, ya que asciende a casi 6 pesos por litro- la preservación de la “estabilidad económica del país” en su mensaje del día de ayer.
En un entorno de disminución de los precios internacionales adujo que el aumento se “desprende del incremento internacional en el precio de los hidrocarburos”.
¿Cómo interpretar la “molestia y el enojo” de un presidente si estos sentimientos no se traducen en políticas públicas que colmen la ira popular?
Y en lugar de comprender a la sociedad, le pidió a ésta la comprensión necesaria pues las consecuencias serían “aún más dolorosas para el país”, con lo que, en lugar de atenuar el encono, lo incrementará y posibilitará que en los próximos días las acciones de rechazo se escalen y aumente el número de personas que se sumarán a lo que es visto, ya, como una burla al pueblo de México.
No anunció acciones represoras, pero fue enfático al afirmar que “el gobierno no permitirá que haya quienes, al amparo de esta inconformidad, pretendan cometer tropelías”.
Con una diferencia de horas, el mandatario estatal, Javier Corral, había emitido su propio pronunciamiento en el que, básicamente, le pidió a los manifestantes “no afectar a terceros” y a desalojar las alcaldías, las instalaciones de Pemex, las casetas de peaje, las oficinas de recaudación de rentas y las carreteras, “para no caer en desabasto de gasolinas en la ciudad y en el aeropuerto y el libre tránsito en las carreteras”, cosa que, a diferencia del ámbito nacional, se atajó, al firmar con las organizaciones promotoras de las acciones en Chihuahua, un convenio para que éstas permitan el acceso a la ciudad de los trailers que las transportan.
Corral fue preciso al sostener que impedirían las manifestaciones violentas, o las que “afectaran a terceros”, fórmula mágica que ha servido, tanto para reprimir, como para simular que se efectúan acciones represivas, pero que, hasta el momento de la elaboración de estas notas, no se tenían antecedentes, al contrario, la presencia de los policías antimotines ha sido eso, precisamente, presencia, pues lo han hecho desarmados y sin equipo, cosa que, aparentemente, puede ser distinto en las instalaciones de Pemex de la ciudad de Chihuahua, a las que, se supone, han ingresado armas para proveer a los elementos que debieran custodiar y que se comprende debido a que son del interés de la seguridad nacional.
Por todo lo anterior, sorprende que, tanto en varios medios de comunicación, como en las redes sociales -por supuesto, no todos los emisores- se sostuviera, y hasta corriera el rumor por los medios “normales”, de que Corral desalojaría a los manifestantes.
En ese tenor es que debería ubicarse el gesto del panista que, al momento de la lectura del posicionamiento (ciertamente tardío), atrajo a Víctor Quintana, Secretario de Desarrollo Social, mediante un leve “jalón” de brazo. Atentos como son, los dos, a las señales políticas, enviaron una muy importante a los liderazgos sociales, la de que el mejor representante del activismo social chihuahuense en su gobierno estaba cercano a él.
Por ello no había sustento, nuevamente, en los rumores aparecidos ayer por la mañana, en el sentido de que tanto Quintana, como Lucha Castro (Asesora de Corral), y Martín Solís, Director de Fomento Agropecuario, y hasta antes de la toma de posesión de Corral, el más visible liderazgo de El Barzón chihuahuense, habían renunciado al gobierno, de lo cual no hay dudas que sucediera si las acciones represivas fueran desatadas por la administración de Javier Corral.
Así, el futuro inmediato está cargado de una tremenda incertidumbre, la que podría resolverse si, como se advierte, el rechazo ha crecido y obligará a Peña Nieto a recular.
En medio de todo esto, a Peña Nieto se le ocurre nombrar a Luis Videgaray como Secretario de Relaciones Exteriores ¡Increíble!
¡Y como mejor argumento aduce que con él habrá mejores relaciones con EU. Sí, con Trump, y éste, todos los días, presiona para que las plantas fabriles regresen a su país!
asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

domingo, 1 de enero de 2017

Una necesaria aclaración

Aserto.mx
1 de enero de 2016 
La revista Proceso del 24 de diciembre publicó un reportaje sobre el derroche en gastos de publicidad realizado por el gobierno de César Duarte, en ese trabajo, para ejemplificar el pago a la prensa controlada a que hace mención el gobernador Javier Corral, se menciona al suscrito.
Una semana más tarde, el 1 de enero, Proceso publicó nuestra aclaración.
Estos son los párrafos del reportaje:
"... Por el mismo rubro se le entregaron 8 millones a Imprenta Siglo XXI; 17 millones a Intermedia de Juárez, S.A., y 23 millones 200 mil pesos a Publicidad y Mercadotecnia Creativa. 
En la lista de 'prensa' aparecen periódicos, compañías impresoras y periodistas en lo individual. Lo mismo sucede en los rubros de 'radio' y 'televisión'. En 2012, a Rocío Aidée Martell Moreno se le pagaron 1 millón 991 mil pesos y a Luis Javier Valero Flores 1 millón 200 mil, cifra superior al de los convenios incluso con periódicos nacionales. 
En radio, ese mismo año Rosa Estela Vázquez Arzola cobró al gobierno del estado 1 millón 392 mil pesos; Verónica Guadalupe Torres Reza, 1 millón 392 mil, y José Antonio Tirado Cruz, 5 millones 583 mil pesos, montos superiores a los pagados a varias estaciones...".
A continuación, el texto de la aclaración: 

"Chihuahua, Chih., 27 de diciembre de 2016.
Señor Director:
En el trabajo del reportero Jenaro Villamil, "Más de 3 mil 500 millones, el derroche de César Duarte en publicidad oficial", (Proceso No. 2095, 25/XII/16) se hace mención de un pago del gobierno de Chihuahua al suscrito, en el año 2012, por un monto de "1 millón 200 mil, cifra superior al de los convenios incluso con periódicos nacionales", a partir de información publicada por el gobierno de Chihuahua, encabezado por Javier Corral, en el sitio www.amanecerchihuahua.gob.mx.
Tanto lo sostenido por el reportero, como las cifras mencionadas son  correctas, salvo que la información no hace mención que, en el caso del suscrito, ese pago -y los recibidos a lo largo de 13 años de existencia de la revista "Aserto, la Revista de Chihuahua" y de la transmisión diaria del programa "Aserto-Radio" (en Antena 102.5 FM, de Antena GRD Multimedia, de la ciudad de Chihuahua) desde hace 6 años 4 meses- corresponden a la publicación mensual de 4 inserciones de publicidad en la revista y la transmisión, también mensual, de 90 spots en el programa de radio, así como la venta de 200 revistas mensuales al gobierno de Chihuahua.
Asimismo, la publicación de los pagos por publicidad gubernamental -cosa que aplaudimos- no hace distinción entre las escasas empresas que intentamos hacer un periodismo profesional en ese sexenio y el resto.
Además, bastaba con hacer una mínima revisión a lo publicado por los distintos medios y periodistas en aquel sexenio para hacer una diferenciación entre quienes intentamos hacer periodismo y los que hicieron negocios.
Nosotros convenimos con el gobierno de Chihuahua la venta de espacios publicitarios en nuestros medios, únicamente, de ninguna manera las portadas de la revista, ni el pago de entrevistas, ni, por supuesto, la línea editorial.
Hechos, todos, que cualquier lector puede consultar, por lo menos las publicadas en 2016 (año en que, por cierto, el gobierno de Duarte no le pagó a esta empresa lo publicado y transmitido a causa, precisamente, de la línea editorial sostenida a lo largo del sexenio) en el sitio www.aserto.mx o las de ese período gubernamental en el blog del suscrito (luisjaviervalero.blogspot.mx).
Por lo demás, tanto en lo publicado por Villamil, como lo sostenido por el gobernador Corral, expresamos nuestras plenas coincidencias. Uno de los resortes absolutamente necesarios para concretar la larga transición democrática es la de la impostergable legislación en materia de publicidad gubernamental, que haga posible su regulación para evitar el uso faccioso de los erarios.
Mantener esa postura, y la exigencia a los gobernantes de que el acceso a la publicidad gubernamental forma parte del derecho de los chihuahuenses a la información pública y la libertad de expresión de los lectores y radioescuchas, dió pie al continuo hostigamiento para forzar a la desaparición de ambos medios de comunicación, de tal modo, que obligó a efectuar la impresión de la revista fuera del estado de Chihuahua.
Le agradezco su atención y la publicación de las precisiones anteriores.

Luis Javier Valero Flores



2016, el año de la encrucijada

El Diario, 1 de enero de 2017
Luis Javier Valero Flores
Nunca, como en el año recién terminado, la clase política había sido tan cuestionada, toda; las redes sociales se convirtieron en el mejor vehículo para difundir, para fortuna nuestra, nítidamente sus defectos, errores, incapacidades, su voracidad sin límites, sus incongruencias y su enorme ineficacia para gobernar.
Si hubiese parámetros confiables para medir su desempeño al frente del gobierno, como los aplicados en una buena parte de los conglomerados internacionales, y relacionarlos con sus niveles salariales, seguramente que el despido sería la principal recomendación. No pasan los exámenes de confianza de la sociedad.
Ese, por desventura, sería el principal balance que podríamos efectuar del 2016.
También, el de la casi infinita capacidad de los mexicanos para regenerar -y de construir- la esperanza, para soñar que las cosas mejorarán, algún día, pero que sucederá, pueden ser otras de las personales recapitulaciones; que nos sobrepondremos a lo realizado por la actual clase política; que seremos capaces de construir, así, de elaborar, diseñar y construir, una nueva capa gobernante, capaz de emular las mejores y más extendidas cualidades de la sociedad mexicana.
Los gobernantes de hoy -claro está, con sus muy puntuales excepciones, que lo son, no en todos los momentos ni en todos los aspectos de la difícil tarea de gobernar- no merecen al pueblo que gobiernan.
Esa es la frase correcta, de ninguna manera la otra, la de que nos merecemos los gobernantes que tenemos; no, es al revés.
Si no, vean cómo defienden sus millonarios ingresos, cómo le impiden a los mexicanos de a pie acceder a los puestos de gobierno, cómo se gastan los recursos generados por todos; los cuantiosos y numerosos privilegios que incluyen ¡Hasta vales para comida, como si sus ingresos fueran insuficientes y debiéramos “ayudarles” a complementar sus requerimientos mínimos para vivir!
Cómo, en medio de una creciente ola de inconformidad, por el aumento a los combustibles, los diputados federales se reparten “discrecionalmente” otro bono navideño por más de 100 mil pesos; de qué modo los coordinadores  y directivos parlamentarios defienden los niveles salariales de sus representados, en todos los congresos estatales.
Y de manera, hasta insultante, cómo se justifican, al momento de llegar al gobierno, luego de ser oposición, para no realizar lo prometido en las campañas electorales.
Por si fuera poco, en el caso de los priistas, la absoluta mayoría de sus gobernantes estatales culminaron sus gestiones en medio de un alud de corruptelas, conocidas y toleradas por prácticamente todos sus militantes y dirigentes de “medio pelo” pa’ arriba, porque para muchos su dependencia económica era vital, mayor a la de sus convicciones políticas o de su vocación “de servicio”.
Y si la red de corrupción -por lo menos, afectado gravemente de un serio “conflicto de interés- la encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, pocas posibilidades tiene el PRI de mantenerse mucho tiempo como la fuerza hegemónica en el país y en Chihuahua.
¿Cómo explicarle racionalmente a los mexicanos que el suministrador de los viajes aéreos de Peña Nieto en la campaña electoral era, al mismo tiempo, el principal receptor de las principales obras del gobierno del Estado de México cuando el mandatario era el hoy presidente? ¿Cómo justificar que luego apareciera como el “vendedor” de la casa blanca de la familia Peña-Rivera?
Del mismo modo ¿Cómo compaginar la lucha de Peña Nieto en contra de la corrupción si el fue uno de los impulsores de prácticamente todos los gobernadores señalados -y acusados penalmente- como corruptos, o por lo menos responsables de graves irregularidades en el manejo de los recursos públicos, especialmente los federales bajo su custodia y administración, entre ellos especialmente lo referente a la deuda pública, legalmente bajo la fiscalización de la Secretaría de Hacienda y políticamente bajo la vigilancia y conocimiento del presidente Peña Nieto?
Por ello es que el 2016 fue el año de la encrucijada, por lo menos en Chihuahua para el escribiente -y quizá no nos falte razón en el resto de las entidades en las que candidatos postulados por el PAN obtuvieron el triunfo- pues ante un panorama tan ventajoso, política y electoralmente, los candidatos blanquiazules, y especialmente Javier Corral -que probablemente haya sido el revulsivo necesario para doblegar al PRI- tuvieron a su alcance una muy cómoda victoria, gracias a que recuperaron a buena parte de sus electores y se agenciaron la simpatía o, más bien, los candidatos del PRI se ganaron a pulso el rechazo de otra parte muy importante del electorado priista, y hasta de militantes de ese partido.
Pero su dilema apenas inicia, a pesar de que su gestión transita por su tercer mes, y en el que las cuentas no son tan positivas, frente a segmentos de la sociedad que votaron por una serie de aspectos más particulares que los del rechazo general al anterior grupo gobernante, aunque, por otra parte -no podía ser de otra manera- existen indudables hechos positivos en esos casi 90 días del gobierno del amanecer.
Enfrentados a una crisis financiera de proporciones mayores a la informada por los anteriores gobernantes, especialmente el Secretario de Hacienda, Jaime Herrera, pues no se trataba solamente del déficit presupuestario, sino de las incontables y millonarias deudas, que incluyen, sí, a proveedores, pero también a dependencias de gobierno, tanto estatal como federal, además de adeudos a trabajadores y maestros de distintos niveles de educación, los nuevos gobernantes  han recurrido al aumento de algunos impuestos y derechos, a los que se habían opuesto cuando eran la principal fuerza de oposición en la entidad, entre las cuales ocupan un lugar preponderante los cobros de las fotomultas.
Por congruencia, -por poquita, ni siquiera mucha- están obligados a condonarlas, porque su partido, el mismo que los postuló, y no pueden alegar que fue una ú otra instancia, fue el que promovió y solicitó el amparo de la justicia federal para oponerse a ellas, por inconstitucionales y por tener un “afán recaudatorio”.
Y no se trata de justificar el exceso de velocidad de quienes incurrieron en esa irregularidad.
Lo peor son las justificaciones usadas, semejantes a las empleadas por sus antecesores.
Materia económica para demostrarle a los chihuahuenses que llegaron al gobierno con una actitud distinta a la de los predecesores hay más que suficiente.
Por ejemplo, la disminución a la mitad de los salarios de los funcionarios de los 3 primeros niveles, incluidos magistrados, magistrados electorales, consejeros electorales, los del Ichitaip, de la CEDH, de la Junta de Aguas; los presidentes municipales de las 6-8 más importantes ciudades; los regidores de esas mismas ciudades.
La desaparición -o si quieren, la renuncia- de las prebendas de los diputados, como la de ganar 40 días de aguinaldo para disminuirlo a 20, las “ayudas” parlamentarias, los vales de gasolina o para la despensa; los ingresos extras de los presidentes de las comisiones, etc.
Por otra parte, lo peor es que actúen, con las instancias de gobierno, como los anteriores; empiezan a aparecer los reportes acerca de la inveterada costumbre de promover en numerosos puestos de trabajo a quienes demuestran militancia partidaria y ya no solamente en los puestos de mando, lo cual es totalmente justificado.
Igualmente, y esta era la oportunidad de oro, -porque ahora los panistas son los gobernantes en el estado, en la capital del estado y en casi todos los municipios mayores, además del Congreso del Estado- la vieja consigna electoral de devolverle a los municipios la dirección de tránsito, así como el de la administración del agua, se ha desechado, por lo menos hasta ahora, y sin que se conozca la intención, de, por lo menos, elaborar un diagnóstico y una ruta crítica para la entrega de tales direcciones a los municipios y avanzar en el desarrollo de la gestión administrativa de ellos.
Si hubiera una materia que debieran aprobar quienes ahora gobiernan, sin duda alguna, será la congruencia política, no tienen mucho tiempo para demostrarlo, si acaso el año que inicia bajo condiciones extremadamente preocupantes pues las movilizaciones, generadas por la elevada irritación popular por el incremento a los precios de los combustibles los llevarán a enfrentarlas, ahora desde el lado de quienes gobiernan.
Obligados están a dejar de lado la triste experiencia de haber ordenado la presencia de policías antimotines en el interior del Salón de Sesiones del Congreso del Estado, cuando las organizaciones campesinas decidieron protestar por las evidentes fallas del presupuesto estatal. Y si las movilizaciones adquieren proporciones mayores, deberán mostrarnos la cara de mesurados y comprensivos gobernantes.
Eso esperamos, y eso merecemos los chihuahuenses en el 2017, y en los años venideros también.
¡Feliz Año Nuevo a todos!
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