lunes, 26 de febrero de 2018

¡Pero qué necesidad!


26 de febrero de 2018.
Sin Retorno, Aserto.mx
Luis Javier Valero Flores
Como dice la canción de Juan Gabriel: ¡Pero, qué necesidad!
¿Qué lleva a la actual administración a afrontar belicosamente a los movimientos sociales, dirigentes políticos y funcionarios gubernamentales opositores o simplemente no pertenecientes al grupo gobernante?
¿Será responsabilidad directa del gobernador Javier Corral? ¿O será que, en una temeraria forma de gobernar, los deja en plena libertad y, luego, ya cuando los conflictos escalaron, asumir las riendas?
En cualquiera de las opciones, en ninguna de ellas, alguien, en el gobierno, asume la responsabilidad del control de daños, tan necesario para impedir que los conflictos se perpetúen, o se presenten de nueva cuenta a las semanas o meses.
Así, en cualquiera de los tres conflictos del cierre de la semana anterior, -y uno de ellos, ni siquiera era un conflicto, sino una resolución judicial sobre el proyecto de iluminación de Juárez por el gobierno de Armando Cabada-, el de los productores frijoleros del municipio de Guerrero, que llevaban dos días manifestándose y el de la destitución del Dr. Arturo Limón -articulista de El Diario de Chihuahua, sumamente crítico del gobierno del amanecer- como director de la Universidad Pedagógica -Campus Chihuahua- escalaron a niveles, casi, de ingobernabilidad.
En unas cuantas frases resumió la irrefrenable tendencia a conflictuar las cosas y evidenció su oposición al proyecto “Juárez Iluminado” al expresar que “… Lo que si puede decir es que lo que he pedido siempre es que cualquier proyecto, dé las mayores garantías para un proceso transparente, de participación, de inclusión a distintas empresas, que sean bases claras, no restringidas”, con lo que abre otro flanco ahora aportando un nuevo elemento a la permanente confrontación con el gobierno de Armando Cabada.
¡Pero qué necesidad!
Por otra parte, merced a las protestas posteriores a la detención de los frijoleros y ante la amenaza de que serían tomadas el total de las casetas del estado, en horas de la noche del sábado fueron liberados 21 productores de frijol, detenidos un día antes por participar en una manifestación en la caseta de la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc.
En tanto, ante la destitución de Limón, el conflicto se agravó pues, vista lo endeble de las acusaciones en su contra, personal y alumnado de por lo menos otros ocho campus se sumaron a la protesta y a la exigencia de la destitución de la rectora de la UPN, Victoria Chavira, cuya sobrina, Alejandra, es la encargada de Relaciones Públicas del gobierno estatal, lo que habla bien de la extensa red nepótica en el gobierno!
Ahora está ante la realización de una caravana campesina, en tanto que la comunidad de la UPN se alista a incrementar las protestas.
¡Pero, qué necesidad?!
¡Cuánta incapacidad!
Ya no es solamente apelando a su supuesta vertiente democrática, sino a la mínima capacidad de gobernar, es que debieran repensar su actitud frente a la sociedad chihuahuense. 
Si no lo hacen en virtud de su talante democrático, debieran hacerlo en función de su interés electoral, que no es poco, miren si no es cierto:
Del gabinete y de los líderes de la caravana jefaturada por Corral se irán a la campaña su coordinador de gabinete, Gustavo Madero; el secretario de gobierno, César Jáuregui, el subsecretario de gobierno, Ramón Galindo, la subsecretaria de Hacienda, Patricia Terrazas y la secretaria de Desarrollo Rural, Rocío Reza, además del coordinador de la caravana, Emilio Alvarez Icaza, quien previamente se manejó, por largos meses, como aspirante independiente a la candidatura presidencial; hoy forma parte de la lista plurinominal del PRD.
Es decir, abandonan el gobierno, a menos de dos años de gestión, los responsables políticos del gobierno y el gabinete, además la encargada de la relación con los ayuntamientos. Alvarez Icaza aprovechó para que lo placearan por medio país, con la caravana,
Bueno, pues que se cuiden en esa vertiente:
Sorpresivamente, por lo menos para el de la voz, en la más reciente encuesta de Massive Caller sobre las simpatías electorales en la elección a senador en el estado de Chihuahua, Morena se acercó peligrosamente al ¡PAN!:
Los candidatos del PAN pasaron de más de 32 puntos a 28.8, Morena ascendió por encima de los 20, ahora tiene 22.7 y el PRI bajó a menos del 14%, ahora tiene 13.26.
Así que, la distancia entre panistas y morenistas, que era de más de 16 puntos tres semanas atrás se redujo a 6.1.
Y el otro dato, preocupante para quienes gobiernan, es que creció la desaprobación al gobierno de Javier Corral, ahora, 53 de cada 100 lo reprueban, en tanto que 47 lo aprueban.
Si no les preocupan otras cosas, por lo menos estas sí deberían.
Y claro, cada que hay un motivo para descalificar al actual gobierno, éste nos da una nueva noticia de César Duarte. 
¡Qué bueno que lo haga e incaute esas nuevas propiedades descubiertas, pero la gobernabilidad es más que eso, es actuar en beneficio de la población que gobierna!
Eso es lo que esperábamos. 
No más, pero de ninguna manera, menos.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero; Twitter: /LJValeroF; Facebook: Aserto 

¡Cuántas oportunidades desperdiciadas!

24 de febrero de 2018
Sin Retorno, Aserto.mx
Luis Javier Valero Flores
Sorprende la capacidad del gobernador Javier Corral para desperdiciar oportunidades para -no solamente congraciarse, aunque esa sería una consecuencia positiva- afrontar, junto con los segmentos de la sociedad chihuahuense movilizados, la enorme variedad y complejidad de los problemas que los aquejan.
Y no sólo las desperdicia, las aumenta, pero en el sentido contrario a lo deseable. Preocupa más que, conforme pasan los días (y a lo mejor incentivados por el proceso electoral, eso nunca debemos desestimarlo) aumenta el número de conflictos sociales los que, no falla, crecen hasta el nivel de exigir, en casi todos los casos, la atención del gobernante, la que, para desgracia de todos nosotros, sólo se aprecia hasta el momento en el que los policías estatales son llevados a reprimir las manifestaciones, como la ocurrida apenas el viernes en contra de productores de frijol del municipio de Guerrero, en la caseta de la carretera Cuauhtémoc-Chihuahua.
No hay justificación alguna para esa acción, vamos, ni siquiera se habían entablado las necesarias y lógicas pláticas entre los manifestantes y los funcionarios gubernamentales encargados de operar en tales conflictos.
Prestos a justificar las conductas anómalas de los propios, en el curso de la semana tuvimos oportunidad de apreciar de donde parte la actitud de los funcionarios gubernamentales y de los mandos de los grupos policiacos.
Estallado el conflicto de la Universidad Pedagógica Nacional, Campus Chihuahua, el gobierno de Corral no supo evaluar adecuadamente la profundidad del rechazo a las formas autoritarias de conducir tal institución por la rectora Victoria Chavira.
Molestos por la oposición manifiesta del director de la UPN-Chihuahua, Arturo Limón, a la reforma de la ley de esa institución, que reforzaba el carácter autoritario de sus órganos de gobierno y, además, por el sentido crítico de las colaboraciones periodísticas de Limón, decidieron destituirlo sin siquiera oírlo, ni discutir con él, para que presentara las pruebas en su descargo de las acusaciones, todas de carácter administrativo, alguna de ellas francamente ridículas.
Sorprenden, por añadidura, las formas de la actuación del gobierno del amanecer. Para aprobar la propuesta de Corral, decidieron citar a un período extraordinario al Congreso del Estado para presentar esa iniciativa, a celebrar ¡el 26 de diciembre! y pretendieron se aprobara fast track antes del fin del año, precisamente cuando alumnos y académicos -por naturaleza críticos- estaban de vacaciones.
¡Increíble actitud golpista del gobierno encabezado por quien era, hasta octubre del 2016, el más reconocido parlamentario chihuahuense!
Pero las oportunidades las deja pasar. En la inauguración de la Gaza de Homero-Tecnológico de la ciudad de Chihuahua, Corral se encontró con los estudiantes y maestros de la UPN, encabezados por Limón. 
No hubo voluntad para, siquiera, acercarse a las muchachas, conversar, negociar, pactar, atender de primera mano los reclamos. No lo hizo, el conflicto creció al día siguiente a ocho de las once unidades de la UPN en el estado, justamente cuando la policía estatal se lanzaba salvajemente en contra de los productores de frijol, sin, siquiera, sentarse a discutir, negociar, pactar, acordar, atender sus reclamos que, seguramente, no son artificiales. 
Otra oportunidad desperdiciada.
En cambio, por estos mismos días, el gobierno de Sinaloa acordó con los productores la entrega de diversos apoyos hasta lograr que los frijoleros reciban 16 pesos 80 centavos por kilo de frijol, muy cerca de los 17 pesos solicitados por los productores chihuahuenses.
Pero allá hubo voluntad para tratar de incidir en la problemática de los productores rurales; acá no, se les mandó la policía. Ahora la discusión es alrededor de la liberación de los 26 detenidos por la policía del amanecer.

Debieran recordar que solamente al vaquero del corrido le regalaron una segunda oportunidad.

domingo, 25 de febrero de 2018

Regresión, se acabó el laicismo

El Diario, 25 de febrero de 2018
Luis Javier Valero Flores
Los signos de la regresión, hasta épocas semejantes a las de casi siglo y medio atrás -en materia de la separación del Estado y las iglesias- y de por lo menos tres décadas atrás en materia política y del tratamiento de los conflictos sociales, en medio de una profunda degradación institucional, y de la vida pública, que abarca, pero por supuesto y en primer lugar, a las contiendas político-electorales, es el rasgo central de lo que hoy vivimos los chihuahuenses, y en general los mexicanos.
El uso patrimonialista de las creencias religiosas, para usos electorales, no es reciente, había sufrido una oleada restrictiva en una buena parte del siglo anterior, pero desde fines y a principios -especialmente desde la consolidación de la alternancia partidaria en el gobierno- una buena cantidad de gobernantes, inicialmente los emergidos del PAN, fueron incorporando a la difusión de sus actividades y querencias sus creencias religiosas, en el afán, obviamente, de manipular a la opinión pública y acrecentar las simpatías a su persona.
Luego, ya en los presentes años del siglo XXI esa tendencia se ha consolidado, a la par, paradójicamente, del crecimiento de las simpatías societarias de las posturas, en algunos de los asuntos a los que más se oponen las iglesias, especialmente la católica, como el aborto, el matrimonio de los homosexuales, la eutanasia y la adopción de infantes por matrimonios homosexuales.
No son los únicos temas en los que, casi de manera salvaje, han desatado sus baterías contra las minorías sexuales, también las han enderezado en contra del uso de la pastilla de “un día después”, del condón, y a favor de la incorporación de la educación religiosa en las escuelas públicas y, sobre todo, en la participación creciente de la jerarquía eclesiástica en los asuntos de gobierno.
Además, y no es cosa menor, de mantener un constante impulso a la educación privada, para lo cual, gobernantes priistas y panistas, casi por igual, han usado los recursos públicos para favorecer esta tendencia.
Actos centrales de tales prácticas y tendencias, son las frecuentes “consagraciones” de tal gobierno, entidad, municipio, etc, al sagrado corazón de Jesús, a la virgen María, o las constantes alusiones de los gobernantes y dirigentes partidistas a sus dioses, además de las bendiciones que reparten, casi  al mismo ritmo que los ministros religiosos.
No fue el único acto en esa orientación, aún resuenan las frases laudatorias del acto de consagración de Chihuahua al Sagrado Corazón de Jesús, con la presencia de toda la jerarquía eclesiástica de Chihuahua que acudía, exultante, a “acompañar” al gobernante que tan bien los complacía.
Tan largo recuento tiene como objeto ubicar la preocupante resolución del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en el caso en el que Rodolfo Leyva, Consejero del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) solicitó un amparo de la justicia federal en contra del nombramiento del sacerdote católico, Javier Avila (El Pato, por demás descontada su destacada participación en la defensa de las minorías étnicas de la sierra chihuahuense, además de ser uno de los fundadores de la primera organización no gubernamental derecho humanista en el país -Cosyddhac-) en la Comisión de Atención a las Víctimas de la violencia en la entidad.
El alegato de Leyva es simple, un ministro religioso está impedido a participar en el gobierno y Avila fue nombrado integrante de una comisión que ejercerá recursos públicos -de alrededor de los 100 millones de pesos-. Su nombramiento fue realizado por el Congreso del estado, con lo que desde este punto de vista, independientemente de no recibir salario (aunque por ley estaría obligado a hacerlo) sí entra en la clasificación de funcionario público.
Pero, de acuerdo con la ley, está impedido. 
Bien, pues ahora, según el criterio de los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, eso no priva en el caso del “Pato” Avila.
Esa resolución es de alcances inimaginados: Le abre la puerta a la participación de los religiosos en la función pública, con lo que hace añicos la centenaria separación de las iglesias y el Estado y, con ello, ofrecerle un inesperado apoyo a todas las posturas de la Iglesia Católica en los temas referidos arriba y a la exigencia de participar más decididamente en los asuntos públicos.
No es lo único preocupante. Los magistrados acordaron, además, dado el reiterado protagonismo de Leyva, correrle traslado al Consejo de la Judicatura Federal y al del estado de Chihuahua, así como al Ichitaip: “Debe darse vista al Consejo de la Judicatura Federal, en relación con la conducta reiterada del quejoso, quien además es un servidor público, tendente a denostar a los magistrados de este órgano jurisdiccional y con ello afectar su independencia y poner en duda su imparcialidad”.
De igual manera, y “por ser Rodolfo Leyva comisionado del Ichitaip”, se instruyó dar vista a la Secretaría Ejecutiva del instituto para que instaure los efectos legales correspondientes de los hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones a le Ley, según lo establece la Fracción XX del Artículo 12 del reglamento interior.
De esta manera, los magistrados Marta Olivia Tello Acuña, José Martín Hernández Simental y José Raymundo Cornejo Olvera, no solo se erigieron en los mejores defensores de la intromisión de los religiosos en los asuntos públicos, sino que, además, están haciendo un peligrosísimo llamado a reprimir a los ciudadanos que, haciendo uso de sus derechos, recurren ¡Al uso de la ley y los instrumentos legales existentes para hacer valer sus derechos! solo porque Leyva los recusó y pidió se eximieran de analizar los asuntos planteados por él ya que, adujo, no estaban dotados de imparcialidad para ver los asuntos en los que Leyva participa.
Además, el hecho de pedir la participación de las Judicaturas federal y estatal y a los ministerios públicos, federal y del orden común, envía el mensaje de que, hasta le podrían fincar cargos penales. Por si fuera poco, al enviar el caso al Ichitaip, abre la posibilidad para que en este organismo se de rienda suelta a los afanes revanchistas de la actual administración e intenten retirarlo del cargo de consejero del órgano garante del derecho al acceso a la información pública.
Todo lo anterior, incluida la resolución del Tribunal Colegiado, a pesar de las conclusiones de la la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez de la UNAM -un organismo altamente apreciado por sus alcances académicos- que resolvió que la designación de Avila vulnera la laicidad del Estado mexicano “y pone en tela de juicio la imparcialidad que ha de caracterizar los servidores públicos en su labor de promoción y defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos”. (Nota de David Piñón, 20/II/18).
En una opinión “amicus curiae” -“amigos de la corte”- los catedráticos e investigadores Rodolfo Vázquez Cardoso, Roberto Blancarte y Pauline Capdevielle, concluyen acerca del asunto ahora analizado.
Los catedráticos, muy respetados en los círculos judiciales y académicos, concluyen: “Es importante entender que estos tres principios guardan una estrecha relación entre sí: La autonomía entre el Estado y las instituciones religiosas es la condición necesaria para que se garantice una robusta libertad de conciencia y la igualdad de todas las personas”.
Por ello, concluye que el nombramiento del sacerdote Ávila Aguirre constituye una violación a la Constitución federal y a las leyes que de ella derivan, pues tanto las disposiciones legales como constitucionales son claras en señalar la prohibición para los ministros del culto de ocupar un cargo público.
Bueno, pues la nota la ofreció el candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, quien, en el acto en el que recibió la candidatura del evangélico Partido Encuentro Social, para congraciarse con el auditorio, no sólo propuso la creación de una Constitución “moral”, sino que en los hechos convalidó la existencia de un partido religioso al hacer uso de frases, tanto bíblicas, como de corte religioso, en contravención a todos los postulados juaristas que, a pesar de profesar la fe católica fueron, no solamente escrupulosos, sino puntillosos en elaborar todo un armazón jurídico que preservara la laicidad del Estado mexicano.
Eran otros tiempos.
GOBIERNO ABIERTO.- Paradojas del amanecer. En tanto que en el interior de Palacio de Gobierno se desarrollaba un acto en el que se presumía ser un gobierno “abierto” e “incluyente”, los policías estatales reprimían y encarcelaban a productores de frijol que exigían cumplimiento a acuerdos tomados un año atrás. 
Un día antes, a pesar del escalamiento del conflicto de la UPN, el gobernador Corral acusó a las maestras-alumnas de esa institución de ser manipuladas y no fue capaz, a pesar de tenerlas a unos pasos de distancia, de conversar con ellas y abrir el necesario diálogo que abriría cualquier gobierno de corte democrático.

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jueves, 22 de febrero de 2018

¿Cuánta democracia aguantan?

El Diario, 22 de febrero de 2018
Luis Javier Valero Flores
¿Cuánta democracia aguantan los políticos mexicanos? 
No se trata de plantear este tema solamente a quienes hoy dirigen la administración estatal en Chihuahua, es un asunto del total de la clase política. 
La respuesta es contundentemente contraria a los deseos de la sociedad, o de una parte mayoritaria de ella, la que generalmente participa en los procesos electorales -normalmente más de la mitad, cercana al 60% en elecciones de gobernador y un poquito más en elecciones presidenciales- que discute, se informa, opina predominantemente en las redes sociales, más otra parte, inmersa en la problemática social y que, sumados a otros segmentos han ido conformando una extensa red de ciudadanos cada vez más interesados en la “cosa pública”, los que, paradójicamente, se desencantan a pasos agigantados del mundo de la política, pero la partidista y la que tiene que ver, casi exclusivamente, en la lucha político-electoral y que, obviamente, se informa acerca de las actividades de los partidos políticos.
Los políticos mexicanos no aguantan nada de democracia. 
Para evidencias de ello démosle un repaso a las elecciones de los candidatos a los puestos de elección popular en el país, de todos los partidos, pero de absolutamente todos ¡Cero democracia!
Al contrario, en todos ellos la mejor prueba son el creciente número de políticos “chapulines”; son tantos, que parecen palomitas -las usadas preferentemente para comer en el cine- en la parte final de la cocción.
Tan extensa aproximación al tema tiene un indignante episodio. 
No sólo por el afecto al Dr. Arturo Limón, sino por el reconocimiento realizado, no por el escribiente, sino por la comunidad de la Universidad Pedagógica del Estado de Chihuahua (UPNECh), delegación Chihuahua (capital) cuya mayoría de académicos, trabajadores administrativos y alumnos le hicieron a principios del año pasado al elegirlo, por mayoría, director de esa dependencia, en un ejercicio inédito, pletórico de enseñanzas de carácter democrático y cívico al resto de la sociedad chihuahuense y, especialmente, a su clase política.
Maestro de más de tres décadas, Limón, sin dejar de lado su espacio periodístico en el que, a menudo, es crítico ríspido del nuevo gobierno, trató de hacer valer el espíritu de la legislación que le permitió llegar a esa posición, es decir, impulsar, alentar la participación colectiva de la comunidad por él dirigida en los procesos de enseñanza-aprendizaje de quienes son los maestros titulados en busca de post grados en su materia, la enseñanza.
Parte fundamental de tal gestión es la de imbuir una cultura democrática en los maestros para que éstos, de manera natural, y como está contemplado en la legislación mexicana, la educación esté impregnada de esa cultura.
Todo lo anterior choca frontalmente con las concepciones de quienes hoy dirigen la educación en Chihuahua, interesados en la promoción de la educación privada y en la perpetuación de las formas y métodos autoritarios para educar, para gobernar, para relacionarse en la sociedad.
Pero no es lo único, tienen un verdadero problema con las normas legales y el respeto a los derechos de la gente, particularmente con la que tienen diferencias o pretenden hacer a un lado.
En el caso del Dr. Limón estuvo peor el asunto. El viernes anterior -día 16 de febrero-  en una reunión de la Junta Directiva se nombró al Director de la Unidad Chihuahua, de la que era titular Limón, pero a éste se le notifica ¡Hasta el lunes 19 de su remoción, cuando ya había nombramiento para otro!
Pero a Limón no se le había notificado, no solo de su remoción, sino de las razones de su destitución, las cuales solo hicieron públicas hasta el miércoles 21 de febrero, luego de que las protestas crecieron en varios de las unidades y que la petición había escalado a la exigencia de la renuncia de la rectora Victoria Chavira.
Y es esta funcionaria la que revela la esencia del diferendo: “Fue un error permitir que los estudiantes votaran” para elegir al Director. 
Está fuera de la ley, dijo el miércoles.
Pues se tardó poquito, más de un año, para impugnar tal hecho, tan contrario a las concepciones, modos y ritmos de quienes ahora gobiernan Chihuahua y que ahora llega al extremo de calumniar para justificar la destitución, que no se ha hecho efectiva por la oposición de la mayoría de la comunidad de la UPN.
La desgracia es que los gobernantes de Chihuahua no son los únicos.

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lunes, 19 de febrero de 2018

Sistema anticorrupción a modo

19 de febrero, de 2018
Sin retorno, Aserto.mx
Luis Javier Valero Flores
Si en el ámbito local no se hubiese creado la legislación estatal  para dar origen Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y se hubiese aplicado la normatividad federal, con muchas probabilidades la mayoría de quienes hoy integran  Comité Ciudadano del SEA no formarían parte del mismo.
Más aún. Si para la integración de ese mismo comité hubiese prevalecido un ánimo ciudadanizado, ninguno sería parte de ese Comité, parte esencial de la apuesta del gobierno del amanecer para combatir la corrupción.
¿Pero cómo la van a combatir si desde el nacimiento de los vigiladores del ejercicio gubernamental accedieron a ese cargo merced a la decisión de nombrar a quienes fueran más asequibles al grupo gobernante?
Para empezar, y sin entrar en el problema de uno de los nombrados, el ingeniero Joaquín Treviño, de acuerdo con la norma federal, tres de los cinco integrantes del Comité Anticorrupción incumplirían los requisitos: Uno, por no contar con 35 años, René Moreno Medina; otro, su presidente, José Enríquez Tamez, por ser militante del PAN y no haberse separado de ese partido -o cualquier otro- 4 años antes de su designación en el SEA y otro, Joaquín Gilberto Treviño, por incurrir en un conflicto de interés al pertenecer a la Cámara Nacional de la Industria (CMIC) y haber sido nombrado por integrantes (dos, la vicepresidenta y una consejera) de ese organismo.
Debieron haberse excusado de participar, uno, o las otras.
¿Cómo buscar un lugar en ese organismo si para acceder ya se está cometiendo una violación legal?
Luego, las restantes dos integrantes del Comité Ciudadano, Ana Isabel Terrazas Cerros y Liliana Ochoa Ortega, por estar claramente ligadas al PAN, a sus gobernantes. 
“… Ana Isabel Terrazas Cerros y Liliana Ochoa Ortega, cubren los requisitos marcados por la Ley General, aunque según sus currículums entregados a la Comisión de Selección, una es actualmente empleada de la Sindicatura de Cuauhtémoc en una administración de Acción Nacional y la otra funge como consultora de la Comisión de Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados desde el año 2016, cuando dicho organismo era encabezada por Gustavo Madero, hoy aspirante al Senado de la República”. (Nota de David Piñón, El Heraldo de Chihuahua, 18/II/18).
Sorprende, además, que en el Comité Seleccionador -designado por la mayoría panista en el Congreso del Estado- hayan encontrado lugar dos integrantes del organismo empresarial del cual más socios serán objeto de la revisión del organismo anticorrupción, la CMIC.
Por otra parte ¿Porqué razón ninguna instancia oficial, la Conapred, La Junta de Coordinación Política del Congreso, el gobierno estatal, la CEDH, alguien ha pedido la separación del cargo, o la petición para que no tome protesta el Ing. Joaquín Treviño, en virtud de las flagrantes violaciones legales cometidas en el transcurso de su presentación de la Comisión Seleccionadora, homofóbicas, discriminatorias y desconocedoras del marco legal?
Además ¿Qué esperan los integrantes de esa comisión que seleccionó a los del SEA para renunciar? Las expresiones ahora criticadas a Treviño se hicieron ante ellos y a pesar de todo lo eligieron.
De ese modo, lo tantas veces presumido, anticipado en la campaña electoral que no habría triquiñuelas, que se acabarían las maniobras para colocar en los puestos estratégicos a los propios para que les cuidaran las espaldas, quedó hecho añicos: El Comité Ciudadano del SEA es un organismo integrado por panistas y, además, cuestionado desde su origen.

¡Valiente transparencia, la del amanecer en Chihuahua!

domingo, 18 de febrero de 2018

Sin respeto al marco legal

El Diario, 18 de febrero de 2018
Luis Javier Valero Flores
¿Qué ocurre al interior del grupo gobernante? ¿Por qué razón existen, por todas partes, evidencias del desaseo jurídico -y del no menos desaseo político- del quehacer de los gobernantes chihuahuenses? ¿En dónde perdieron el rumbo acerca de las transformaciones democráticas que estaban obligados a realizar?
¿Cuáles son las explicaciones para que un grupo tan avezado en materia política -entre los cuales hay gente que se suponía tan calificada en materia jurídica, como el todavía Secretario General de Gobierno, César Jáuregui Robles, ex integrante del Consejo de la Judicatura federal- tomara resoluciones tan alejadas de las normas jurídicas, tanto, que en los primeros escarceos serían abatidas por los jueces y magistrados federales?
Sorprende que no previeran que sus determinaciones, las concernientes  a los litigios penales y administrativos, serían combatidas sin denuedo por el Poder Judicial de la Federación; que no hubiesen desarrollado una estrategia en la que uno de los principales ejes pasaba por la pulcritud jurídica de sus hechos.
En la semana fueron vapuleados, no solamente por los magistrados federales, también por las determinaciones tomadas en lo que presumían como joya de la actual administración: La integración de los órganos del Sistema Estatal Anticorrupción.
Más aún, a juzgar por las evidencias, no elaboraron una especie de ruta crítica de lo que no debieran hacer en el ejercicio gubernamental ¿O los rebasaron las ansias del poder? ¿El ejercicio del poder los transformó?
Si tres años atrás nos hubieran dicho que en el gobierno de Javier Corral se separarían de sus cargos a integrantes del Tribunal Superior de Justicia sin otorgarles el ejercicio de sus derechos, de audiencia, de respeto al debido proceso y al de la autonomía judicial, no lo hubiéramos creído.
Si nos hubieran pronosticado que para integrar a los órganos de dirección del sistema estatal anticorrupción (SEA) habrían quitado -al contrario de lo sucedido en el ámbito federal- el candado de la militancia partidaria, no lo hubiéramos creído.
Esto último ocurrió en la elaboración y aprobación de la ley estatal que da origen a la versión local del SEA, lo que dio pie a que un militante del PAN sea hoy el presidente del SEA ¡Increíble!
Pongamos las cosas en el mundo bizarro, es decir, al revés, imaginemos por un momento que en Chihuahua hubiese ganado la elección el priista Enrique Serrano y que el Comité Ciudadano hubiese elegido a un militante del PRI para presidir el SEA ¿Qué hubiese pasado? ¿Cómo hubiesen sido las reacciones de la oposición política, la del PAN, y la de los activistas sociales (los que ahora son funcionarios de gobierno)?
Era imposible de aceptar ¡Cómo va a ser posible que un priista sea quien dirija el organismo encargado de vigilar que no haya corrupción en Chihuahua sin que “la sociedad civil organizada proteste”!
Bueno, pues de ese tamaño son las cosas que efectúa el nuevo grupo gobernante, el mismo que, casi, ha consumido el 40% de su gestión.
Los panistas habían sido los más fuertes impulsores de la creación del sistema civil de carrera -para evitar el “reparto” de empleos conforme a la militancia política de los nuevos gobernantes-. Se les olvidó. Crearon y aprobaron una ley para quitarle requisitos académicos a los aspirantes a ocupar cargos administrativos en el Congreso del Estado para darle cabida a uno de los suyos.
También, habían sido los más decididos impulsores de la “ciudadanización”  de los organismos vigilantes de la función pública y en la legislación local del SEA quitaron el requisito de NO haber sido miembro de un partido político.
¿Y qué pasó? Pues ya lo saben, nombraron a un panista como presidente! A José Antonio Enríquez Tamez, militante del PAN desde 1985.
Por otra parte, algo ocurre en la relación de los nuevos gobernantes y un organismo empresarial, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
¿Cómo es posible que el organismo empresarial en el que más integrantes podrían ser tema-objetivo del SEA participe en la elaboración de propuestas de integrantes, tanto del Comité Seleccionador, como de los comisionados “ciudadanos” del SEA?
Aclarémoslo ¿Porqué tanto interés del organismo aglutinador de los constructores en formar parte del organismo anticorrupción? ¿Acaso no debiera eximirse, por el conflicto de interés de muchos de sus miembros, que podrían ser beneficiarios, y lo son, de los contratos con el gobierno?
Peor, dos miembros de la dirigencia de la CMIC forman parte de ese organismo seleccionador y no se eximieron de participar en la designación de los comisionados, en especial de Joaquín Treviño, integrante del organismo y ahora criticado miembro del SEA, no sólo por sus expresiones homofóbicas y discriminatorias, sino por la supina ignorancia mostrada en la presentación realizada ante los seleccionadores.
Más aún, la calidad de los integrantes de ese comité seleccionador -por supuesto no de todos, pero sí del organismo en su conjunto- queda en un gravísimo entredicho pues las expresiones homofóbicas e ignorantes de Treviño fueron realizadas ante ellos, en el proceso de selección, y ¡a pesar de ello lo eligieron!
¡Increíble!
La ignorancia de Treviño sobre el marco jurídico existente -algo a lo que está obligado a conocer, si aspiraba a formar parte del SEA ¡Imagínense, ser miembro del organismo encargado de evitar y castigar la corrupción en Chihuahua!- es tal que en su disculpa llega a decir “Si mi expresión resultó ofensiva”. ¡No sabe que cometió una falta a la ley, todavía lo dijo en el supuesto de que hubiese ofendido a alguien!
Pero lo anterior pudiera ser el pecado menor de quienes gobiernan. 
El asunto de los magistrados Gabriel Sepúlveda y Jorge Ramírez los retrata de cuerpo entero. Ambos episodios forman parte de un defecto mayor, el mismo que tanto criticaron en su principal adversario, el del patrimonialismo.
Incapaces de leer adecuadamente las voluntades populares, creyeron que los chihuahuenses los eligieron a ellos para formar el gobierno. Se equivocan, fue el más extendido rechazo a un partido y a un gobernante -César Duarte y el PRI- lo que los llevó al gobierno. No han asimilado tal hecho.
Ahora bien, pues claro que los magistrados Sepúlveda y Ramírez llegaron a ese cargo por la decisión del gobernador César Duarte, en lo que fue una jugada concertada con el PAN, para cambiar a 13 magistrados del Tribunal Superior de Justicia y en la que al PAN le “tocaron” dos magistrados. 
Unos cuantos años antes de estos hechos, Sepúlveda incumplió los requisitos para acceder a la Secretaría del Supremo Tribunal de Justicia (TSJ) -no había transcurrido aún un año de la terminación de su gestión como diputado y ya ocupaba la segunda posición más importante del TSJ-. No importaba, era un deseo del gobernador y se cumplió, no importaba el respeto al marco jurídico. De ahí ascendió a la magistratura, gracias a que había ocupado la Secretaría.
Ramírez, igualmente, no cumplía con los perfiles. Llegó porque el mandatario así lo resolvió. Luego, Sepúlveda sustituyó a José Miguel Salcido en un truculento episodio de salvaje violación a la división de poderes en Chihuahua. Como ahora.
Bueno, si el gobierno del “amanecer” quería desarticular tales redes de poder, estaba obligado a hacerlo mediante un escrupuloso respeto a la ley, a la división de poderes y al marco constitucional. 
Hicieron todo lo contrario y le abrieron todas las puertas para que los magistrados defenestrados regresaran, no solamente por la puerta grande, sino enarbolando la defensa de las instituciones y del estado de derecho, sólo porque al momento de separarlos de sus cargos les violaron el derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia, y la garantía constitucional de la inamovilidad judicial -es decir, la certeza de que los magistrados no serían removidos al capricho de alguien, menos si ese alguien es el titular del Poder Ejecutivo, como mecanismo central de la defensa de la división de poderes-.
Vistas así las cosas, uno se preguntaría cuáles fueron las razones para, por ejemplo, no notificarles personalmente a los magistrados que estaban suspendidos, con lo que abrían toda la puerta para que tal hecho fuera usado como mecanismo para argumentar la violación a sus derechos.
¿Cómo explicar que los magistrados integrantes del Consejo de la Judicatura violaran tan flagrante y tan torpemente la ley?
¿Cómo explicarnos que decidieran sancionar a dos magistrados sin siquiera escucharlos en su defensa, en la exposición de sus argumentos y exhibición de pruebas, como parte esencial del debido proceso legal y para evitar un posterior descalabro jurídico como el que ahora arrostran?
¿Cómo explicarnos que el grupo gobernante, tan ducho en la defensa de los derechos humanos -durante años- no actuara con la diligencia, la prestancia y la plena observancia a los derechos de quienes pretendían expulsar al Poder Judicial, precisamente para evitar que pudieran escabullirse?
Otra vez ¡Increíble!
Bueno, pues no solamente el grupo gobernante tiene un problema, también la sociedad chihuahuense: La pérdida del rumbo de quienes ascendieron al poder en octubre del 2016; los imaginábamos distintos, integrantes del mundo de la democracia.
Nos equivocamos.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

jueves, 15 de febrero de 2018

I Informe, la controversia

Luis Javier Valero Flores

Aserto 172, febrero 2018
Inmerso en la confrontación con el gobierno federal, Javier Corral entregó su I Informe de Gobierno al Congreso del Estado en una breve interrupción de su presencia en la Caravana por la Dignidad, para luego efectuar lo que sus más inmediatos antecesores hicieran a lo largo de los últimos 25 años: Convocar a una fiesta en la que sería el único orador, rodeado de los suyos (y algunos no tanto, aunque obligados al silencio), en lo que ha sido una parodia de la antigua parafernalia con motivo de los informes presidenciales.
Así, Corral dejó ir la primera oportunidad -de las cinco a las que tiene derecho- para, después de proponer el cambio de formato del informe, inaugurar una auténtica etapa de fortalecimiento democrático, mediante la modificación de la presentación del informe, dar pie a un auténtico debate parlamentario y, con ello, propinarle serios golpes al presidencialismo y al culto de la personalidad en Chihuahua.
Nunca un gobernante chihuahuense había recibido la administración estatal en medio de tan profundas contradicciones: Por una parte, el de haber sido depositario de tan extendido respaldo ciudadano para derrotar al partido gobernante, el PRI, y, por otra, la de recibir un gobierno en tan malas condiciones económicas y financieras y con tan elevada degradación administrativa, imbuido hasta las cachas de las corruptelas cometidas por el equipo de su antecesor.
El llamado bono democrático -el tiempo que la sociedad le otorga a los nuevos gobernantes para la transición y no evaluarlos tan drásticamente en virtud de las condiciones con las que acceden al gobierno- se sabía, no sería, ni tan prolongado, ni tan condescendiente, la chihuahuense era una sociedad agraviada seriamente por la administración de César Duarte, a la que se le reconocía -y no era cosa menor- la disminución de los niveles de violencia criminal, pero que a mediados del 2015 daba visos de haber reiniciado.
Sabíamos, los chihuahuenses, que no sería fácil el reinicio exitoso de una administración estatal pletórica de nuevas obras, las arcas estatales estaban, no solo vacías, sino agotadas, la deuda -por más de 50 mil millones de pesos (mmdp), entre la deuda directa y la de los fideicomisos- estaba al tope de las capacidades del gobierno de Chihuahua y el servicio de la misma -abono a capital e intereses y comisiones- consumía parte importante de los recursos del presupuesto.
Por si fuera poco, y esa fue la otra fuente del elevado endeudamiento del gobierno de Duarte, -no sólo fue la corrupción y la abultada nómina de los primeros niveles de la burocracia estatal- fue el elevado gasto corriente, por encima de los ingresos propios, lo que llevó a un presupuesto deficitario del orden de los 5-6 mmdp anuales.
Frente a tal realidad, se esperaba, entonces, que el gobernador Corral aportara a su administración el extendido bagaje democrático del que hizo gala en los últimos años de su carrera parlamentaria, especialmente en lo referente a los derechos humanos, la reforma energética, el fortalecimiento del estado de derecho, del impulso al establecimiento de reglas sobre el ejercicio del presupuesto gubernamental en medios de comunicación y, precisamente, en esta área, la de las comunicaciones, en las que descolló por el contenido democrático de sus posturas.
Falló.
Fiel a la inercia de su gobierno, fortaleció la impresión de que la suya es una administración repetidora de las peores prácticas autoritarias de los gobernantes emanados del PRI, a pesar de los rasgos en sentido contrario, ocasionales, circunstanciales, presentados en los 16 meses de su gobierno.
Sabedor de las intrincadas redes construidas por el gobierno duartista, para mantenerse en el poder, y de la necesidad de desactivarlas mediante el uso de herramientas democráticas, en la práctica cometió todos los excesos, en ese sentido, del gobierno de César Duarte: 
Hizo pedazos la división de poderes, como Duarte, pues impuso sus criterios de quienes debían quedar al frente del Poder Judicial y logró deponer arbitrariamente a los magistrados que Duarte había, a su vez, impuesto de mala manera; en la integración del Consejo de la Judicatura impuso a Luz Estela Castro, quien no cumplía con uno de los requisitos para formar parte del organismo; bajo su conducción fue removido de la coordinación del grupo parlamentario del PAN al diputado Miguel La Torre; impuso sus criterios en la elección de rector de la Uach; lo mismo en la Auditoría Superior del Estado; desbancó arteramente al Consejero Presidente del Instituto Chihuahuense de la Transparencia, Rodolfo Leyva; asumió la conducción de las policías municipales de ocho municipios, sin tomar en cuenta a los alcaldes, en una clara intromisión a la autonomía de los municipios, y la inseguridad se disparó, especialmente en el área de Cuauhtémoc.
Además, al nombrar al sacerdote Javier Avila como integrante de la Comisión de Atención a Víctimas, incurrió en una franca violación al principio de la separación Iglesias-Estado. 
Casi inmovilizado por el enorme peso de la deuda heredada de la administración de César Duarte, el gobierno de Javier Corral abatió los niveles de la inversión en obra pública, reestructuró la deuda directa (por un monto superior a los 20 mmdp); ahorró mil 700 millones de pesos en el gasto corriente; elevó el endeudamiento en alrededor de 7 mmdp más -dos mil de los cuales son de un préstamo a corto plazo que no compromete aún más las participaciones federales- y debió enfrentar la pesada transición de la administración de Duarte con la propia, luego de hallar inmensos problemas burocráticos, además de los endeudamientos señalados y los procesos de adquisiciones y adjudicaciones de obras totalmente rebasados por la corrupción.

El principio
Entre muy escasos aciertos, su administración se debatió, desde los primeros días, en los escándalos generados por la irrupción masiva de militantes del PAN y parientes de los funcionarios del nuevo gobierno y, destacadamente, por la declaración de Pablo Cuarón, recién designado Secretario de Educación, quien descalificó, no solamente a su jefe, el gobernador Corral, sino al total de los políticos, al aseverar que “las promesas (de campaña) son del corazón, no de la razón”.
Esa declaración y la realizada por el nuevo mandatario -sobre la reanudación de las fotomultas en la ciudad de Chihuahua, asunto que había concitado la más grande oposición al gobernador Duarte-, amén de las informaciones que hablaban de un preocupante desaseo en la adjudicación de diversas obras y servicios, especialmente en la compra de un soft ware para la Secretaría de Hacienda y de algunos materiales y servicios contratados por Comunicación Social.
Todo eso ocurría justamente cuando las repercusiones, generadas por la publicación de los contratos y convenios de publicidad del sexenio anterior, aún no terminaban de producir el impacto buscado por el nuevo gobierno y que lo hicieron ver, ante muchos chihuahuenses, como un gobernante muy parecido al que tanto se había repudiado.
Pocas semanas después, el aumento de las tarifas de los derechos vehiculares, y de algunos rubros menores, como el cobro de las tarjetas de circulación, le generó al gobierno del amanecer su primera protesta social -aunque los choferes del transporte urbano ya habían protagonizado una inicial- de carácter más prolongado -y que persiste hasta los primeros meses del 2018, la del “Retén Ciudadano”, empeñado en abatir los costos de tal tarifa.
El otro rasgo lamentable de tan desastroso inicio de la administración fue la llegada de una pléyade de nuevos funcionarios y empleados a los segundos y terceros niveles que tenían como factor común el de ser familiares de alguno de los funcionarios del primer nivel.
El coordinador del gabinete, Gustavo Madero, el Secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, el sub Secretario de Gobierno, Ramón Galindo, el Secretario de Gobierno, César Jáuregui Robles, entre otros, y el mismo Javier Corral debieron emplear parte de su tiempo en justificar el nombramiento de sus parientes en los puestos públicos.
El colmo fue cuando el gobernador debió justificar el nombramiento de la esposa de Madero y “explicar” que el ex dirigente nacional del PAN no la había nombrado “lo hice yo y, entonces, eso no es nepotismo”.
La llegada de tantos militantes del PAN y de allegados a la función pública fue de escándalo ¿Cómo explicar que de improviso tantas personas quisieran acceder a la función pública, sin más antecedentes y en la mayoría de los casos sin llenar los perfiles para ello? Parecía el asalto del panismo a la función pública.
En esos primeros meses el desencanto fue la impresión generalizada.
El colmo, al final del 2016, fue la increíble postura del Secretario de Salud, Ernesto Avila, al recibir de manera indebida un bono “por desempeño” de 100 mil pesos, que de acuerdo a la normatividad le correspondía a quien ocupara ese cargo -por supuesto, luego de estar ahí por algún tiempo, no los escasos dos meses de Avila- y que, para justificar su aceptación (y la de un conjunto de más de 10 nuevos funcionarios, ninguno merecedor del bono) adujo cínica o ingenuamente: “Me dejé llevar, así me lo aconsejaron”.
Así, aunque no formara parte de los asuntos más importantes de la administración, pero sí del modo en que los nuevos gobernantes debían conducirse, con honestidad y congruencia, dos frases de los integrantes del gabinete lo retrataron: La de las promesas del corazón, de Pablo Cuarón -el Secretario de Educación- y de me dejé llevar.
Tal impresión no ha amainado, aunque ahora pareciera encaminarse a una percepción más favorable, luego de la realización y conclusiones de la “Caravana por la Dignidad”, la que le sirvió a Corral para desnudar las corruptelas del régimen y los mecanismos para el financiamiento de la operación electoral del PRI, a partir de la investigación y la detención de Alejandro Gutiérrez, ex Secretario General Adjunto del Comité Nacional de su partido, en la gestión de Manlio Fabio Beltrones, que pudo llevarlos a encontrar los posibles vínculos de tales personajes con el presidente Peña Nieto.
La consecución de un acuerdo entre el gobernante chihuahuense y el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, -destacado integrante del grupo Atlacomulco- impidió que la develación llegara a mayores.
El acuerdo contiene la aceptación del gobierno federal mediante la cual el de Chihuahua participará como coadyuvante del federal en el proceso de extradición de César Duarte; además de que el federal le entregaría 900 millones de pesos de los convenios no liquidados en el fin del año 2017. El gobierno de Peña obtendría a cambio el traslado de Gutiérrez al penal federal de Juárez, así como la promesa de Javier Corral de no controvertir la constitucionalidad de los convenios materia del diferendo.
Pero la percepción de esos afanes federalistas pronto quedarán superados con la decisión del grupo gobernante de impulsar a las candidaturas a varios de los integrantes del gabinete -y/o conexos, pero estrechamente ligados al mandatario estatal-, entre los cuales se encuentran Gustavo Madero, Coordinador del Gabinete; Rocío Reza, Secretaria de Desarrollo Municipal; Mario Mata, presidente de la Junta Municipal de Agua de Chihuahua; Ramón Galindo, Sub Secretario de Gobierno, Zona Norte; Miguel Riggs, Síndico de la capital; Georgina Bujanda, Secretaria de la Comisión Estatal de Seguridad Pública y, hasta el cierre de la presente edición, se rumoraba la posibilidad de que César Jáuregui Robles, Secretario de Gobierno, accediera a una candidatura -él sostuvo en una entrevista que le gustaría “el senado”- que en el ámbito local se aseguraba a una diputación en el Congreso de Chihuahua, aunque no debiera descartarse un buen lugar en la lista de candidatos del PAN al senado.
Y es este aspecto, el de su activa participación en el proceso electoral del 2018, el que mayores críticas le ha deparado, las que  incluyeron la realización de la “Caravana por la dignidad”.
Al convocar a la celebración del “Encuentro Chihuahua: Problemas contemporáneos de México”, realizado en agosto del 2017, Corral, en la práctica, fue el impulsor de la creación de la alianza del PAN con el PRD y Movimiento Ciudadano (MC), para lo cual no tuvo empacho en usar los recursos públicos para hacerlo.
Al igual que su antecesor, los escándalos alrededor de las licitaciones y las adjudicaciones de compras en el sector salud, forman parte de los actos más criticados de la administración del amanecer, que opacaron a lo largo de la actual administración las detenciones y el sometimiento a juicio de más de una decena de colaboradores del ex gobernador César Duarte, aspecto que lo ha llevado a ocupar uno de los principales sitios en la opinión pública nacional pues son, sin duda, hechos notables en el combate a la corrupción gubernamental.
Como sus antecesores, en los actos públicos realizados con motivo de la presentación de los informes de gobierno, todo es positivo, los logros de la administración “superan lo realizado hasta ahora en Chihuahua”, pero solamente la confrontación de las cifras y logros, con lo realmente existente, nos podría dar una idea de los verdaderos éxitos de la administración encabezada por Javier Corral.
La impresión mayoritaria es que ha quedado a deber. Así lo dice la más reciente encuesta de la empresa Massive Caller a la “aprobación” del gobernador Corral: La encuesta, realizada a principios de año, el 7 de enero, arrojó que la evaluación sobre el trabajo del gobernador Javier Corral está polarizada. 

En tanto que casi la mitad -46.94%- lo califican de excelente o bueno, el 23.98% le dan una calificación de Regular y 29.08% lo califican de muy malo y malo.