Corcholata que prende lumbre

El Diario, 31 de julio de 2022

 Luis Javier Valero Flores 

¿Cuál fue la razón para que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, lanzara  las estridentes y golpeadoras declaraciones que, al mismo tiempo, de respaldar al alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, le dieron un inesperado y contundente mentís al delegado de la Federación, Juan Carlos Loera, y al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado?

No hay espacio a la duda: “Creo que nosotros tenemos que apoyar con todo a Ciudad Juárez y a un presidente municipal como Cruz… Voy a hablar de política, a mí me hubiera gustado verlo como gobernador de Chihuahua, se la robaron sus compañeros a la mala, pero todavía tiene oportunidad y hay que hacer un gran trabajo”.

¿Qué llevó al encargado de la política interna del país, a pronunciarse de semejante manera, justamente a unos cuantos días de la muy importante elección interna de Morena que se efectúa hoy en la entidad?

¿Fue un mensaje de su jefe, el presidente de la república, porque su visita a la entidad la efectuaba como subordinado de López Obrador? ¿O lo emitió en función de la sorda, álgida disputa del morenaje, en el marco de la elección interna, rumbo a la designación del candidato presidencial?

¿Y en ese sentido intentó, en un solo movimiento, hacer dos jugadas en favor de sus aspiraciones personales, acercar al alcalde juarense y zancadillear a Loera de la Rosa, que hasta el momento no ha emitido mensaje alguno, así sea subrepticiamente, en favor de alguna de las otras corcholatas.

¿O fue el resultado de las pugnas palaciegas, en contra de la Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, funcionaria muy cercana a Loera de la Rosa (aunque se habla de un distanciamiento reciente) y quien llegó sustituyendo al también tabasqueño, Javier May, éste muy cercano al secretario de Gobernación?

¡Híjole!

O aun más ¿Se trata de un episodio paralelo al de las diferencias existentes en el modo en el que se relacionan, cada uno por su cuenta, Juan Carlos Loera de la Rosa y Cruz Pérez Cuéllar, con la gobernadora Maru Campos, quien mantiene una excelente (a juzgar por sus expresiones y las fotos, aunque entre políticos nada de eso es definitivo) con el gobernador tabasqueño con licencia, López Hernández?

Pero sea cualquiera fuere la razón, lo cierto es que Adán Augusto se convirtió en el principal cuestionador del método de elección de dirigentes y candidatos de su partido, impulsado por el presidente López Obrador, el de las encuestas, porque si se trata de calificar que a Cruz Pérez Cuéllar “le robaron a la mala” (como si los robos también fueran a la “buena”) la candidatura, entonces el depositario de su crítica no es más que su paisano, el hospedado en Palacio Nacional.

¿Y entonces?

Por si faltaran más mensajes, tanto el alcalde Pérez Cuéllar, como la diputada federal de Juárez, Andrea Chávez, a juzgar por sus discursos, ya perfilaron sus simpatías, pues ambos le expresaron al secretario que contara con ellos “para apoyar la continuidad de la 4T”.

¿Continuidad? 

Cruz Pérez lo expresó con términos imposibles de interpretar de otra manera: “… estamos listos para darle continuidad con usted al proyecto de la cuarta transformación. Vamos a defender este bastión, y vamos a poner todo nuestro empeño para que de Ciudad Juárez retumbe hasta Tabasco y hasta el centro del país que aquí somos de la Cuarta Transformación”.

Es de no entenderse, a López Hernández AMLO se lo trajo del gobierno de Tabasco para que le “ayudara”, y resulta que, en el caso particular de Chihuahua, la presencia del responsable de Gobernación va en el sentido contrario de ello, a menos, claro está, que el favorito de Palacio, “para darle continuidad a la 4T”, sea el paisano del presidente.

Es que no se le entiende al “paisano”. 

El viernes, luego de sus declaraciones del miércoles, ratificó su dicho. Y más, porque, dijo que lo sucedido “en la designación de un candidato en Chihuahua, es una llamada de atención en la forma en que se desarrollaban antes los procesos de selección en Morena”.

¿O sea, está en contra de las encuestas?

De inmediato, el coordinador de los diputados locales, Cuauhtémoc Estrada, reprobó que “el secretario de Gobernación descalifique los procesos internos de Morena, privilegiando la división por encima de la unidad”.

A sus comentarios se sumaron los del diputado Oscar Castrejón, simpatizante de Juan Carlos Loera, y los realizados por Oscar Leos Mayagoitia, responsable de los programas del Bienestar en Cuauhtémoc.

Éste último afirmó que en “2021, en Cd. Juárez, Cruz obtuvo 213 mil votos y Loera 235 mil. No nos vengan con que Cruz sí hubiera ganado la gubernatura”.

Quizá el más enfático fue el diputado Castrejón quien calificó de  “hipócrita" la declaración de López, además de pedirle que se retractara de sus dichos: “Le exijo nos respete y se abstenga de calumniarnos”.

El problema para el morenismo es que quien vino a agitar las de por sí procelosas aguas de ese partido, fue el segundo de a bordo en el gobierno de la 4T.

Y ahí se encuentra el quid del asunto. 

¿El presidente dio luz verde para que así se expresara Adán Augusto? ¿Si es así, porqué?

Está peor si no traía anuencia presidencial, porque entonces querrá decir que el presidente no tiene control sobre sus subalternos -aspiracionistas, que lo son- y si no lo tiene en este momento, menos lo tendrá a medida que avance el proceso eleccionario.

Es por el poder y nada más que por el poder, por ello la disputa escalará a niveles imprevistos.

Será así porque prácticamente todos los protagonistas “morenos” han evidenciado un bajo, o nulo respeto por la legalidad vigente y están a un tris de lanzarse en contra de la autoridad electoral, sólo porque ésta aplica, o intentará, aplicar la ley.

Es que desde el presidente, quien ha desdeñado la democracia interna, como práctica cotidiana en la vida partidaria y en la elección de dirigentes y candidatos, trocada por la realización de encuestas, a las que cataloga como el mejor medio por el cual se “pronuncia” la gente, ahora todos los morenos las ensalzan, en una actitud totalmente contraria al desarrollo de la vida y cultura democráticas.

Y es que el comportamiento del funcionario público más allegado al presidente -dando por descontado el factor personal-, por sus funciones y tareas, es francamente indignante ya que en una conducta claramente violatoria de las restricciones que le dictó el INE, presidió “una reunión, un diálogo primero con empresarios, y ahora un encuentro con diferentes sectores”, con asistentes a los que se les “facilitó” la llegada mediante camiones rentados.

Como antes, como en el pasado priista que tan bien conoce, se portó del mismo modo con el que actuaban los presidentes, anunció que “… por cada peso que la regularización de los autos de procedencia extranjera aporte, el Gobierno federal le va a aportar al Ayuntamiento dos pesos más”.

No son los únicos problemas del morenaje, a unas horas de la elección interna. 

Varios fundadores de Morena se quejaron de haber sido excluidos del listado de candidatos a consejeros debido, arguyeron, a su crítica hacia la actual dirigencia, entre ellos quien fue aspirante a la presidencia nacional, Gibrán Ramírez Reyes, y el opositor a Mario Delgado, Alejandro Rojas Díaz Durán, los dos allegados al senador Ricardo Monreal.

Lo contrario ocurrió con la regidora juarense, Ana Estrada, quien no apareció en la primera lista, para luego, el viernes, figurar en ella. De inmediato se especuló que podría ser impulsada a la dirigencia nacional por Pérez Cuéllar, debido a que, por decisión de la dirigencia nacional, el dirigente estatal de Morena deberá ser mujer.

Pero más allá de las indudables y serias repercusiones internas en el morenaje, López Hernández lanzó unas mas que desafortunadas declaraciones sobre lo que ha sido tema central de las preocupaciones de los chihuahuenses, la seguridad pública.

Como ha sido la historia en los últimos casi 20 años, nuestra entidad se ubicó, en 2021, en el cuarto estado con el mayor número de homicidios y también en el cuarto lugar, con la más alta tasa por cada 100 mil habitantes, con 73, solo abajo de Zacatecas con 109, Baja California con 86 y Colima con 82.

La reportera Lucy Sosa posteó en Twitter que en Juárez han asesinado, en diez años, a más de 30 mil personas.

Pues a esta entidad, que debería ser receptora de la mayor atención en esa materia, el secretario de Gobernación vino a espetarnos que “… más allá de los lamentables sucesos de hace aproximadamente un mes (los asesinatos de los curas jesuitas y el guía turístico) y de que ahora estamos enfrentándola de manera conjunta, aunque no es responsabilidad del Gobierno Federal, la asumimos como propia y estamos trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado y los municipios”.

¿Cómo?

Ah! Es que no son iguales, dicen que son distintos,

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Subsidiar a la gran empresa, ruta equivocada

El Diario, 28 de julio de 2022

Luis Javier Valero Flores 

Justamente en momentos en que la economía se recuperaba, luego del confinamiento motivado por la pandemia; en medio de grandes problemas generados por la escasez de mercancías (el gran proveedor mundial, China, no alcanzaba a recuperar los niveles pre-pandemia),  agravados por la guerra Rusia-Ucrania, lo que motivó un encarecimiento de los combustibles, al mismo tiempo en que la entidad iniciaba un nuevo gobierno, el que debía sumar a los problemas anteriores, la enorme deuda pública y el inmenso desbarajuste de las finanzas públicas, el grupo gobernante le apostó a la repetición de las viejas prácticas en el uso de los recursos públicos para favorecer a la empresa privada.

Como en el pasado, la argumentación fue la misma: Le otorgamos estímulos -de distinto tipo- a la gran empresa a fin de que contribuyan con más inversión, lo que traerá aparejada la creación de nuevos empleos.

Hasta antes de la pandemia, Chihuahua se colocó como la entidad lideresa en el país por las tasas más bajas de desocupación, al mismo tiempo que por los niveles salariales nos ubicamos como la entidad con los más bajos.

No es el momento en abundar en las enormes repercusiones negativas sociales de tal contradicción, pero es un claro referente de lo profundamente equivocada de la política económica aplicada en Chihuahua a lo largo de más de 60 años, es decir, desde la época en la que la empresa maquiladora de exportación se convirtió en la actividad económica más importante del Estado Grande.

Por supuesto que al amparo de tal política el crecimiento, fortalecimiento y protagonismo político de los grupos empresariales y empresarios en lo individual es de una magnitud tal que ha sido imposible para los gobernantes eludirlo.

Sin embargo, a la luz de los resultados, y de las condiciones sociales y económicas del presente año, se hacía casi obligatorio adoptar un cambio de la política económica.

A eso estaba obligado el gobierno de Maru Campos. 

Ha hecho lo contrario, lo mismo de antes y en ello ha encontrado las más severas críticas a su actuación (otra cosa es el de la seguridad pública, que a ella volveremos), especialmente en la decisión de subsidiar en la venta de terrenos de las zonas industriales a muy poderosos corporativos, cuya labor es la de actuar como intermediarios ante las empresas extranjeras que deciden instalarse en Chihuahua, o que han optado por crecer al amparo de grandes y cuestionables acciones de exención -o quitas- de pagos por la adquisición de terrenos, actos en los que el estado ha dejado percibir algunos cientos de millones de pesos.

El esquema es simple: Les vende (mediante la aprobación de la mayoría legislativa en el Congreso del Estado) por debajo del valor -incluso en niveles de verdadero escándalo- los terrenos industriales, a cambio de la promesa de la llegada de inversiones y empleos.

El ejemplo más paradigmático de ello lo constituye el caso de los terrenos ubicados en la zona industrial del sur de Chihuahua, vendidos a precios irrisorios a la empresa American Industries, propiedad del empresario Luis Lara, activo impulsor de la candidatura de la actual gobernadora, y, además, propietario de una empresa que acumula “más de tres millones 983 mil 142 metros cuadrados de reservas territoriales repartidos entre Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, Nuevo León, Coahuila y Durango, además de oficinas corporativas en Ciudad de México y en las ciudades estadounidenses de El Paso y Laredo”. (Nota de Itzel Ramírez, La Verdad de Juárez, 25 de mayo de 2022).

¡Negocio redondo! Lara compra a precios de ganga y los venderá a, entre otros, al gigante Honeywell, a precios del mercado inmobiliario. 

El esquema se ha aprobado para ceder terrenos en la capital, Nuevo Casas Grandes y Matamoros.

Es decir, a precios de intermediarios con apoyo de los gobernantes.

Hacer lo contrario es lo urgente, es impostergable, y aplicar una política que ponga el énfasis en obtener el apoyo de los empresarios de este talante, a los que deberá exigírseles “sacrifiquen” sus elevadas tasas de ganancias.

Si no, seguiremos por el mismo rumbo.

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Vencer la herencia patrimonialista, el reto de Morena

El Diario, 24 de julio de 2022

Luis Javier Valero Flores 

Patrimonialismo, “… un tipo de regla en la que el gobernante no distingue entre patrimonio personal y público y trata los asuntos y recursos del Estado como su asunto personal”: Nathan Quimpo.

Su naturaleza esencial radica en que los bienes o recursos públicos son tratados como propiedad del gobierno y de quienes gobiernan y sus partidos. Es una manera de entender que todos los recursos públicos son manejados y administrados por los gobernantes sin necesidad de rendición de cuentas.

El próximo fin de semana será crucial para el partido gobernante de México, MORENA, pues se celebrarán las asambleas distritales en las que se elegirán a los consejeros-delegados de Morena, que integrarán los Consejos Estatales, el Congreso Nacional y a una parte importante del Consejo Nacional.

Esos días se realizarán las 300 asambleas distritales en todo el país. En Chihuahua se efectuarán el domingo 31, simultáneamente en los 9 distritos electorales federales, cuya cabezas se ubican, 4 en Juárez, 2 en Chihuahua y las de Cuauhtémoc, Delicias y Parral, ahí habrán de elegirse 90 consejeros estatales, quienes, en asamblea estatal posterior (agosto 7), elegirán presidente del Consejo, dirigente y secretarías ejecutivas del Comité Estatal.

 No es una exageración asentar que se juegan el futuro mediato e inmediato. Ya no tendrán tiempo para realizar una nueva elección de dirigentes durante el gobierno de López Obrador, sin duda alguna el factótum de este partido. La siguiente será ya con el tabasqueño como expresidente y bajo el mandato presidencial de otro político.

Luchar contra el patrimonialismo, que parece haber encontrado una inmensa apertura en el partido gobernante de México, será el inconmensurable reto de los morenistas.

No es cualquier cosa hacerlo, máxime si sopesamos que en la conformación actual de MORENA participan muy activamente, y de manera decisiva en muchos puestos de la administración pública federal y estatal, quienes formaron parte de los partidos del antiguo régimen, sobre todo quienes vienen del fundador de ese régimen, el PRI, cuya cultura política, por desgracia, ha permeado en el total de los partidos políticos existentes.

Muchos años atrás, para referirse al cambio de las tendencias culturales, el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jorge Medina Viedas, afirmó que quienes buscaron afanosamente un cambio en los patrones culturales, por hacer que predominaran otras formas y otros gustos culturales, y no solo la predominancia del “gusto por la música de banda y el cinto pitiado”, fuimos derrotados, dijo; la cultura de la banda, ensalzando los supuestos triunfos de los narcotraficantes y el uso de los cintos pitiados se hizo hegemónica entre los jóvenes sinaloenses.

Así, también en los círculos dirigentes y en una buena parte de la base de Morena, la antigua cultura patrimonialista del priismo se asentó firmemente y puede encontrar una inmejorable oportunidad en los procesos eleccionarios del próximo fin de semana.

El acarreo de votantes, el condicionamiento económico a que voten, el “facilitamiento” a las personas, para que sufraguen en favor de quienes aspiran a formar parte de la élite del morenismo, pueden ser fenómenos generalizados.

Y es que el método aprobado para elegir a sus dirigentes, el del voto de todos los ciudadanos que se acerquen a las mesas de votación, y afiliarse en ese momento, posibilitará todo el acarreo imaginable de votantes. 

Quien “movilice” más personas podrá acceder (o “facilitar” que sus compañeros-amigos-subordinados-) lleguen a ocupar uno de los 10 lugares que por distrito estarán en disputa.

Las tentaciones estarán a la orden del día, sujetas a ese pasado patrimonialista en el que los funcionarios usaban la estructura del gobierno para acceder -o hacer que sus allegados lo hicieran- a los puestos del poder público.

Es que la mayoría de los delegados del gobierno federal no se comportan exclusivamente como funcionarios públicos, (de esos cargos han emergido no pocos candidatos a las gubernaturas estatales de Morena) sino que actúan bajo el impulso del activismo político, ya fuere “en función de la causa” o, como lo es en la mayoría de los casos, por “motivaciones personales”.

Y lo mismo se podrá asentar en el caso de la mayoría de los gobernadores, cuyo pasado se ancla en los partidos del viejo régimen y a quienes las prácticas patrimonialistas no les son ajenas; como ahora lo demuestran, desde la dirigencia nacional, hasta los funcionarios federales  más elevados, provengan de la izquierda o del PRIAN, con absoluto desprecio hacia el marco legal-electoral al que tanto contribuyeron a construir,  como lo han demostrado en los más recientes actos claramente preelectorales.

Asimismo, la evolución de los cuadros dirigentes medios y bases de Morena evidencia el modo en que se ha comportado la correlación entre los que provienen de la izquierda y los que vienen del PRI. El priismo, como cultura política, goza de cabal salud entre cuadros y dirigentes de Morena, pues de ahí proviene la mayoría de los nuevos integrantes, funcionarios públicos y dirigentes.

La izquierda ha sido derrotada en Morena. Si ya había una tendencia prevaleciente en la designación de candidaturas y funcionarios públicos, hoy es una realidad incontrastable.

Esa es una diferencia fundamental entre Morena y el PRD de los orígenes, su inmediato antecesor como partido de izquierda. 

En tanto que en el PRD de los 90’s y la primera década del presente siglo, quienes provenían de la izquierda (de todos sus afluentes, la electoral, la social, la procedente de las guerrillas, la abstencionista) eran la parte mayoritaria del perredismo; en Morena, conforme se acercaba la elección presidencial del 2018 -luego de la elección intermedia del 2015- crecía el número de militantes con antecedentes priistas.

Eso se potenció después de la elección del 2018 con la postulación de un importante número de candidatos a las gubernaturas con prolongadas militancias en el priismo. Hoy es un fenómeno casi general, tanto en el partido, como en el gobierno.

La demagogia, la corrupción, el uso político de la ley, la defraudación electoral, la manipulación, la corrupción y la impunidad están presentes en este partido, aunque sus millones de seguidores no quieran verlo.

A diferencia de la fundación del antecedente del viejo PRI, el Partido Nacional Revolucionario (PNR), Morena no tiene un proceso de institucionalización de la vida partidaria, debido a que su nacimiento fue resultado de la fuerza personal de su fundador, López Obrador, y de él depende, exclusivamente, la viabilidad de lo que ha sido, hasta ahora, el mayor partido de izquierda mexicano, así en el camino haya perdido esa categorización.

Sí, el PNR nació a convocatoria de Plutarco Elías Calles, pero fue el resultado de la conjunción de numerosos liderazgos sociales y militares, que todavía a fines de los 20’s obedecían a un reflujo de la Revolución Mexicana, y de la interacción entre todos ellos (así como la participación decidida del presidente, cualquiera que haya sido) surgió una estructura partidaria más sólida que la de Morena actualmente.

De ahí que lo más probable es que al irse AMLO de la escena política, MORENA sufra divisiones y resquebrajamientos, al grado, incluso,  de desplomarse. Y es que está formado por militantes con ideología diversa y confrontada, además de las consecuencias políticas generadas por la definición de la candidatura presidencial.

A su vez, la competencia entre los grupos locales puede llevar a una agudización de la confrontación interna en Chihuahua. 

No es novedoso asentar que los proyectos políticos de los dos principales liderazgos -el de Cruz Pérez Cuéllar, el alcalde juarense, y el de Juan Carlos Loera, el delegado federal- encontrarán una inmejorable oportunidad en la elección del próximo domingo para acentuar sus crecientes e inocultables diferencias.

Una vez superada la etapa distrital, si lo hicieran, la dirigencia estatal podría definirse, el domingo 7 de agosto, entre Omar Holguín, presidente del consejo estatal de Morena, impulsado por el alcalde juarense; José Sarmiento, (a quien, se le ubica como allegado a la Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, hasta ahora cercana a Loera), a quien se le achaca ser el principal referente político del exdiputado federal, Ulises García Soto; el regidor de Chihuahua, Eliel García; el exdiputado local, Miguel Ángel Colunga Martínez, ligado al ex presidente estatal y ex secretario de Desarrollo Social de Javier Corral y hoy Jefe de asesores de los diputados locales morenistas, Víctor Quintana; Juan Pablo Delgado, delegado del Trabajo en el estado; Zyanya Sandoval, vocera de los diputados locales de  la pasada legislatura y Elena Rojo Almaraz, antigua militante e integrante de la dirigencia estatal del PRD.

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Caro Quintero, retrato de un régimen

El Diario, 21 de julio de 2022

Luis Javier Valero Flores 

La detención del que ahora denominan jefe del cartel de Caborca es el vívido retrato de un sistema político, que ha regido al país durante los últimos 70 años.

Ahora, la crisis de inseguridad, probablemente, es peor porque ya se eliminaron todas las instancias en el combate al crimen organizado, solamente nos quedan las fuerzas armadas, en contraposición al pasado reciente, en el que existían las policías federales.

Rafael Caro Quintero fue la síntesis de los narcotraficantes de la década de los ochentas; en su corte militaron toda suerte de empresarios, políticos, narcotraficantes, periodistas y la mayoría de quienes gozaron de los privilegios de ser parte de la élite gobernante y empresarial de Jalisco, pero no solamente.

En lo que fue su principal propiedad, o quizá por la que mayor renombre recibió, la del campo Búfalo, -ubicado en el sur de Chihuahua, en el municipio de Allende- por la dimensión del plantío (el número de trabajadores, el volumen de la producción, etc.) el modo de operación, por la impunidad, la colusión de funcionarios de los distintos niveles, la implicación hasta de agencias del gobierno norteamericano, se convirtió en el ejemplo emblemático del apretado entramado existente entre la élite gobernante y los jefes del narcotráfico en la década de los 80’s.

Ese modelo hizo crisis con la detención, desaparición, secuestro y posterior asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar y que culminara con la peliculesca persecución y detención de Caro Quintero y su pareja sentimental entonces, la sobrina del ex gobernador de Jalisco, Guillermo Cosío Vidaurri, prominente integrante de la cúpula gobernante del México de ese entonces.

Pero la producción de marihuana en el desierto chihuahuense entró a los anales de los récords, por la cantidad de hectáreas en producción, por las toneladas de marihuana cultivada y la de hombres trabajando en condiciones de semi esclavitud, todo al amparo y vista de las autoridades estatales y federales y con la probable participación de hasta quienes fueron altos jefes militares del ejército mexicano.

Y, por lo que ahora se sabe, las operaciones de Caro Quintero en México formaron parte del entramado internacional organizado por el gobierno norteamericano, que implicaba el trasiego de armas a Irán, cuyos recursos se aplicaban al mercado de drogas en América del Norte y financiar con ello a los guerrilleros antigubernamentales de Nicaragua, que recientemente pasaba por el triunfo del Ejército Sandinista de Liberación Nacional (EZLN), alcanzada a través de una sangrienta y memorable guerra, en contra de los designios del gobierno norteamericano, entonces dirigido por Ronald Reagan.

Todo lo anterior a ciencia y paciencia de los órganos gubernamentales mexicanos, uno de cuyos integrantes, quizá el jefe de los organismos de inteligencia, de seguridad pública y encargado de la política interior del país (porque eso se usaba en el México de los 80’s, de cuando el PRI era el partido “casi único”, del régimen existente entonces, (y que no parece haberse ido) era el Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, hoy Director de la CFE y puntal del gobierno de López Obrador.

La liberación de Caro, en 2013, y la inmediata exigencia de EU para reaprehenderlo, forman parte de los inexplicables hechos que acompañaron al jefe criminal que formó parte del “jet set” tapatío y cuyos regalos -los lujosos automóviles Ford Grand Marquis- fueron de escándalo.

Todo cambió y ahora su detención forma parte de la marejada de especulaciones acerca de las relaciones del poder en México con el narcotráfico, partiendo de un hecho, incontrovertible, el de que durante casi una década Caro Quintero evadió a los organismos policiacos y militares.

Pero, además, pasa por otro hecho igualmente controvertible y desesperanzador, el de que Caro Quintero está acusado de cometer delitos en nuestro país, pero son las autoridades judiciales norteamericanas las que reclaman sea aprehendido y juzgado en Estados Unidos ¿Por qué? ¿Acaso ya existe la extraterritorialidad de los delitos?

Es decir, que los delitos cometidos en México ¿Los castigan en el vecino país?

No puede ser.

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Pasan los años, y lo mismo… no, ahora peor

El Diario, 17 de julio de 2022

Luis Javier Valero Flores 

Igual que antes, frente el creciente y alarmante crecimiento de episodios sangrientos, las autoridades de los tres niveles de gobierno reaccionan casi automáticamente incrementando el número de elementos -lo que está bien- para elevar los patrullajes -lo que podría estar bien- para desalentar -según ellos- las actividades de los criminales -lo que también está bien- , pero ¿Y luego?

¡Ah, po’s las unidades (vehículos, elementos, armas, mandos, recursos, etc.) se van y de vuelta a lo mismo!

Ahora estamos peor, quizá, aunque, como en todo, no deja de ser una percepción que, posteriormente, con el cotejo de las cifras y los índices, descubrimos que desgraciadamente, la percepción empata con la realidad.

Y esa realidad en Chihuahua es tétricamente devastadora. Hoy es peor porque los grupos criminales se han empoderado aún más.

Al gran número de eventos homicidas ocurridos en los primeros meses del año, debemos agregar el número de masacres, además de los más emblemáticos: El asesinato de los sacerdotes jesuitas y el guía turístico; el de la doctora en San Juanito; el descubrimiento de fosas clandestinas en la sierra; la detección de numerosos vehículos robados, algunos de ellos con reporte de varios años, etc.

Y las cerezas en el pastel:

La detención de Rafael Caro Quintero y el escandaloso y ríspido intercambio de declaraciones entre la gobernadora Maru Campos y el alcalde capitalino, Marco Bonilla, en el que cada uno quiso evadir sus respectivas responsabilidades, pero en la que principal recae, como es obvio, sobre la mandataria estatal, además de la correspondiente al gobierno de la república.

Anotemos que el crecimiento de los hechos homicidas se ha dado en medio de la realización frecuente de las mesas de seguridad, con la participación de las autoridades de los tres niveles y de los jefes civiles y militares de las distintas corporaciones.

Además, justamente cuando en La Tarahumara está desplegado un operativo de seguridad, seguramente el más importante y numeroso de las últimas décadas, acaeció el asesinato de la doctora Masiel Mexía Medina en San Juanito, hecho que de por sí es deplorable, pero aún peor fue que mientras las autoridades “se abocaban” a “investigar y esclarecer” el asesinato, manos criminales detuvieron al presunto responsable, lo golpearon y lo ataron a un poste, acompañado de un devastador y amenazante mensaje: “Esto te pasó por haber matado a la doctora y violado una muchacha”.

Terrible el mensaje, no sólo para los chihuahuenses, sino, especialmente a los gobernantes locales y federales.

-Miren, aquí, en esta parte del país, los que gobernamos y mandamos somos nosotros; aquí se aplica nuestra ley y aquí nosotros  sí sabemos quienes cometen crímenes que no ordenamos.

¿Cuántos elementos federales y estatales se encuentran en la zona buscando a El Chueco?

De ahí lo devastador y desesperanzador del mensaje.

Pero esos hechos hicieron que se refrescara lo que es una más que inquietante realidad: En San Juanito, quizá la segunda población con más habitantes en La Tarahumara, no cuenta con policías municipales; la presencia de poliestatales es prácticamente testimonial y el cuartel militar más cercano se encuentra en Cuauhtémoc, a mas de dos horas de camino.

¿Y entonces?

En la práctica su población -y la de casi toda la de la sierra- se encuentra en las mismas condiciones en las que se encontraba en 2008, cuando un comando asesinó a 13 personas en Creel y las autoridades estatales se negaran a prestar auxilio.

Por eso se deplora que se hagan las mismas cosas, que han mostrado hasta la saciedad su inutilidad, porque no van acompañadas de un sinnúmero de acciones y programas que afronten en las dos vertientes la crisis de inseguridad: Primero, la del ataque a las causas sociales, que es, necesariamente, a mediano y largo plazo, pero que debe ser de manera integral, con un modelo de desarrollo social, más allá de las políticas asistencialistas; y, segundo, la del enfrentamiento a los criminales, lo que no implica, necesariamente, como intenta hacernos creer el presidente, la política de la aniquilación, sino la de aplicar la ley, para procurar y aplicar la justicia.

Pero ni una ni otra cosa se hacen.

Los hechos lo demuestran palmaria y dolorosamente en las últimas semanas. 

Ante el crecimiento en el número de homicidios en la capital del estado, las autoridades anunciaron la llegada del primer grupo de 400 militares a la ciudad, quienes se integrarán “a las labores de patrullaje con las células mixtas”.

Son de escándalo las acciones. De repente, ayer, a las puertas de algunas unidades deportivas se apostaron camiones llenos de soldados.

¿Po’s qué hacen? ¿Qué labor de inteligencia desarrollan? ¿A qué grupos criminales desalientan?

¿Porqué no mejor capacitar a ese personal a fin de que se conviertan en policías, lo que implica hacer a un lado su formación militar y formarlos como los elementos de la policía que necesita el país?

Y es que sus comunicados dan cuenta revelan nítidamente la incapacidad para comprender la violencia que enfrentamos.

Miren: “Con estas acciones el Ejército Mexicano coadyuva con las actividades en materia de seguridad pública en beneficio de la población de Chihuahua, ya que últimamente los índices de delincuencia han ido en aumento, por lo que sirve también como medio disuasivo”.

Cosa semejante a la dicha por la gobernadora, Maru Campos: “… fortalecer las estrategias en la ciudad de Chihuahua para contener el alza de homicidios dolosos…”.

En ese mismo evento, como hacía tiempo no veíamos, la gobernadora lanzó una desusada crítica al alcalde Marco Bonilla, a quien señaló que ahora no se hace lo que hicieron ella y el ahora Secretario de Seguridad Pública, es decir, “blindar” al municipio para que no sufrieran el “efecto cucaracha”.

Ante lo cual, Bonilla afirmó que la violencia está generalizada en todo el país, “en Ciudad Juárez, la Sierra Tarahumara y también en la capital, pero es de vital importancia la coordinación entre corporaciones. Este tipo de delitos les compete propiamente al Gobierno Federal”.

Más allá de los dimes y diretes entre los gobernantes, lo cierto es que urge la actuación de la autoridad federal, la que debiera ser la cabeza del plan para enfrentar la inseguridad prevaleciente, al que acompañaran las autoridades locales. 

No puede ser de otra manera, no sólo por los visos de su incapacidad para hacerlo, sino, fundamentalmente, a que enfrentan a dos de los grupos criminales más importantes del país y que han llevado a Chihuahua a mantenerse, durante ya cerca de dos décadas, en los primeros lugares de homicidios -y ahora también de masacres- sin que se haya puesto en vigor un plan de mediano y largo plazo para enfrentar tal situación.

Las críticas palidecen ante la cruel realidad: “Este año se han perpetrado en Chihuahua, gobernado por la panista María Eugenia Campos Galván, al menos 12 masacres en las que han perecido 48 personas, cifra que incluye los recientes asesinatos de dos sacerdotes jesuitas y un civil. Durante 2022 se ha dado muerte en la entidad, con armas de fuego a 717 individuos, entre ellos más de 30 menores de edad, incluso bebés. Asimismo, han sido asesinadas 462 personas sólo en Ciudad Juárez y al menos 70 de esos homicidios fueron de mujeres”. (Nota de Rubén Villalpando, La Jornada, 27/VI/22).

Varias de las masacres ocurridas en las últimas semanas develan la ausencia total, primero, de la coordinación entre las entidades policiacas y las fiscalías, así como del uso de la inteligencia estratégica en el combate al crimen organizado y, segundo, el extendido manto de impunidad existente hacia los criminales.

A principios de mayo, fueron asesinados seis integrantes de una familia, uno de los cuales recién salía de una audiencia en el Poder Judicial Federal, por delitos contra la salud y posesión de armas de fuego.

Los asesinos estaban al tanto de la información. Y actuaron. 

¿Hay resultados de las investigaciones? No han informado nada.

A mediados de febrero, también en Juárez, en dos episodios ligados, fueron asesinadas 9 personas, que velaban a uno de sus familiares, asesinado en ¡el penal de Chihuahua!

Hay un tercer episodio semejante con dos grupos de jóvenes -entre ellos algunos adolescentes- a quienes la policía municipal de Chihuahua detuvo en poder de armas de alto calibre. Los entregaron a la FGR en la capital. Un grupo fue liberado y en la carretera, rumbo a Juárez, fueron atacados a tiros.

Darle seguimiento a los contactos de los implicados, conocer el origen de sus ingresos, hacer el peritaje de sus teléfonos, etc. por supuesto que revelaría una inmensa cantidad de datos que podría llevar al develamiento del entramado de estos grupos.

Lo mismo aplicaría en el caso del Chueco, en el que han sido detenidas un importante número de personas, a las que las autoridades han etiquetado como sus cómplices en la comisión de algunos delitos -lo que deberá ser demostrado en los procesos- y que igualmente nos debiera llevar al conocimiento pleno de la organización criminal a la que pertenecen.

Aparentemente, nadie investiga el financiamiento de los grupos criminales. No hay, hasta la fecha, reporte alguno de la autoridad, ya sea federal o estatal, que informe de las empresas, de los mecanismos financieros y bancarios de los grupos criminales asentados en pequeñas comunidades de la sierra o poblados rurales en general.

Esta es la realidad que nos golpea:

Al igual que el poblado de San Juanito, once municipios serranos más se encuentran sin policía municipal.

CARO QUINTERO.- Sólo algunas reflexiones sobre su detención. ¿Se plegará el gobierno mexicano al de EU? Los norteamericanos lo requieren por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, pero el famoso narcotraficante fue acusado, procesado y sentenciado por ese delito ¿Lo juzgarán dos veces por ello?

Además ¿Qué relevancia tiene Caro Quintero en el mapa criminal de México, aunque recientes reportes lo ubican como aliado del Cártel de Juárez? ¿Porqué no detienen a los “Chapitos” que ya se les subieron hasta las barbas en la CdMx? ¿Porqué no han detenido a Ovidio? ¿Acaso que ordenara la suspensión de las balaceras y el hostigamiento a los policías y militares en el “culiacanazo” no fueron actos delictivos, que lo ubicaron como el jefe de decenas, acaso cientos de criminales, y que es, presumiblemente, uno de los jefes de El Chueco?

¡Ah, no, mejor detener a quien es, ya, un senecto y hasta, probablemente, si es que es un jefe narco, una pieza menor en ese tablero!

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Fuente de citas hemerográficas recientes: Información Procesada (INPRO)

Con Biden, sin brújula: AMLO propone subsidiemos gasolina a EU

El Diario, 14 de julio de 2022

Luis Javier Valero Flores 

No debe desconocer el presidente los serios quebrantos económicos sufridos por el país a causa  del aumento de los precios internacionales del petróleo.

Contrariamente a la percepción popular más extendida, esos incrementos no se traducen en un aumento en los ingresos gubernamentales, por el contrario, si bien ingresan al país más divisas por esos precios, lo cierto es que, al aumentar el de los combustibles derivados del petróleo, nuestro país sale perdiendo por el diferencial que debemos pagar por ellos.

El cálculo -si no se incrementan más los precios petroleros- es que el gobierno de México deberá erogar poco más de 300 mil millones de pesos por ello en el presente año.

Pero no solamente eso. 

Al “subsidiar” el precio de las gasolinas, el gobierno federal “pierde” esas cantidades y, además, al disminuir sus ingresos por esa vía las finanzas de los estados y municipios también lo resienten al disminuir el monto de las participaciones federales hacia ellos, debido a que el gobierno “renuncia” al cobro del IEPS de las gasolinas, en virtud de que ese es el “subsidio” de las gasolinas.

Esa decisión del gobierno de López Obrador tiene, sin embargo, un efecto benéfico (aunque se encubra parcialmente): Que el efecto del incremento de los combustibles no se traslada al conjunto de la población, de manera directa, con lo que evita el aumento de la inflación.

De ese modo, diversos analistas económicos calculan que de no subsidiar las gasolinas, la inflación rondaría por encima del 10% anual, en lugar del casi 8% (7.61% de la actualidad) debido a que la gasolina estaría en niveles de los 35 pesos por litro de la regular (la comúnmente conocida como “verde”).

Esos son los hechos concretos. Cualquier otro alegato en el sentido de que el gobierno está manteniendo una inflación menor a la de EU es una soberana mentira.

Pero el extremo llegó el martes en la visita del presidente López Obrador cuando le propuso al presidente Biden el aumento de la producción de las gasolinas en la región norte de México, para que los norteamericanos del sur de EU puedan comprar gasolina en México, “más barata”, como mecanismo auxiliar, hacia EU, en el combate a la inflación ¡En Estados Unidos!

Sin ambages, López Obrador propuso que ¡Le subsidiemos la gasolina a los norteamericanos en mayor proporción que ahora lo hacemos!

¿Cómo es eso?

Po’s seguramente el presidente pretende que los paseños -y de otras localidades del sur norteamericano- abarroten las gasolineras de Juárez (y de las ciudades fronterizas mexicanas) para que ¡compren gasolina barata!

Ahora sí que es de no entenderse.

Al cúmulo de calamidades caídas sobre nuestras poblaciones, entre las que se encuentra la disminución de las aportaciones federales a los municipios (que a mayor población, mayor es la severidad del quebranto), ahora deberemos sumarle ese subsidio hacia los conductores de los EU, cuando debiera ser al contrario.

Porque eso no es lo que ha planteado el presidente (bueno, ninguno), es decir, que los acuerdos comerciales con EU deben plantearse en términos de desigualdad plena, en virtud de la desigualdad existente entre ambos países y que, por tanto, por ejemplo, el subsidio al consumo de gasolinas, debiera ser al revés: Que EU, uno de los mayores productores de gasolina, nos la vendiera a un menor precio.

Con medidas tan prácticas como esa, los encuentros presidenciales dejarían de ser meros encuentros protocolarios en los que en la mayoría de las ocasiones no dejan de ser un episodio más de discursos y todas las cosas que los analistas, periodistas y políticos especulan sobre los que dijeron, no dijeron, o quisieron decir con tal o cual frase (que, por supuesto, también cuentan) y así dejaríamos de evaluar como lo importante, lo destacable (que hacen los actuales gobernantes, y también los pasados) las frases amistosas entre los presidentes y sus respectivas esposas, como si eso fuera importante y trascendente entre personas que solo se verán no más de 10 veces en la vida.

¡Ah, pero es que hicieron una excelente relación, de amistad, respeto y cariño, que reflejan la existente entre nuestros pueblos!

Así, ciudades como Juárez, además de disminuirles las aportaciones federales, ahora deberán afrontar una mayor disminución de sus ingresos, debido a que el gobierno federal disminuirá sus ingresos porque el IEPS de las gasolinas bajará, y si se acepta la propuesta lopezobradorista, a los sectores subsidiados por ello deberemos sumar no pocos norteamericanos que vendrán a comprar gasolina “barata”.

Que ellos nos venden cara.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Fuente de citas hemerográficas recientes: Información Procesada (INPRO)