domingo, 30 de diciembre de 2018

Año histórico, la izquierda gana la presidencia


El Diario, 30 de diciembre de 2018
Luis Javier Valero Flores
Como muy pocas veces, el inicio de un año es tan esperanzador como el del 2019; el triunfo de la izquierda electoral mexicana es la razón principalísima. Andrés Manuel López Obrador la encarna, con amplios merecimientos.
Fue el paso final de un largo proceso de todo un pueblo, protagonista de milenarias luchas, de todo tipo, en las que el signo común, por desgracia, era el de las derrotas, no sólo electorales, que arrojó una impresionante cifra de víctimas, causadas por un régimen de oprobio, responsable directo del más prolongado baño de sangre que pueblo alguno haya sufrido, a consecuencia del crecimiento desmedido de la delincuencia y del crimen organizado, como fruto de la incompetencia, la colusión y la aplicación de una salvaje política económica que depauperó en tiempo récord a la sociedad mexicana.
Ese régimen implantó un sistema económico basado en la obtención de utilidades a toda costa y cambió, para mal, todo el entramado legal y social, construido a lo largo de décadas y que le había permitido al país contar con una pujante economía -no exenta de desigualdades e injusticias, además de un sistema político basado en el autoritarismo y la corrupción- que lo ubicó como uno de los países líderes en el mundo, por sus índices de crecimiento, tanto económico, como social, cuyo agotamiento, en lugar de derivar por la ruta democrática, dio pie al fortalecimiento de las posturas más conservadoras que, por la vía democrática, primero, se mantuvieron en el poder -los sexenios de Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo- y que luego accedieron a la alternancia partidaria.
El beneficiario mayoritario fue el PAN, el que no cambió un ápice la política económica, al contrario, profundizándola, de ahí la inolvidable frase del hoy senador panista, Gustavo Madero, para festejar que Peña Nieto logró -con su ayuda- la aprobación de las reformas estructurales: “Traen el gen panista”.
El fracaso de los panistas en el poder abrió las puertas para dos fenómenos, a cual más de nocivos: El regreso del PRI a la Presidencia de la República y el crecimiento y fortalecimiento del crimen organizado.
No es una exageración afirmar que el primer fenómeno fue consustancial a lo segundo. El priismo regresó a ejercer la presidencia y, no solamente recicló varias de las facetas más negativas, sino que las potenció, en especial en lo referente a la corrupción y la colusión con el crimen organizado.
Nunca un presidente había recibido tan descomunales y veraces señalamientos de la colosal corrupción a su alrededor, no se circunscribieron al episodio de la “casa blanca”, sino a los más gigantescos proyectos de construcción de obras y energía; a la compra de medicamentos jefaturada por distintos mandatarios estatales, todos ligados por el afecto y la corresponsabilidad en la conducción de los asuntos públicos, del grupo de gobernadores que tanto enalteció Peña Nieto y a los que tanto les debía.
A la irresponsable política de Felipe Calderón para combatir al narcotráfico, consistente en apoyar a un grupo criminal, a fin de que eliminara al resto de los existentes (bajo la peregrina idea de que una vez eliminados todos, sería más fácil controlar al sobreviviente), que provocó un inmenso baño de sangre, sufrimiento y dolor, y que catapultó prácticamente todos los índices delictivos, además de que arrojó al abismo el tejido social e institucional del país, le siguió prácticamente la misma política de la seguridad pública, en el gobierno de Peña Nieto.
Sus gobiernos son responsables de una de las peores crisis humanitarias de los tiempos modernos en el mundo, presentada en un lapso tan breve, solo 12 años, tan grave, que supera a la sufrida en Siria: Más de 250 mil personas asesinadas a lo largo de sus sexenios; más de 30 mil desaparecidos; más otras decenas de miles de mexicanos sepultados clandestinamente y cientos de miles de desplazados.
A lo anterior, agréguese la increíble degradación de los cuerpos policiales y las corruptelas en el sistema judicial, además de la producción de un inmenso deterioro del entramado social.
Es una de las sangrías juveniles más grandes que en algún país se haya presentado, porque la inmensa mayoría de las víctimas del apartado anterior eran menores de 30 años, a los que se suman los más de 700 mil jóvenes que intentaron -y lograron- ingresar a los EU.
En medio de todo ello, y como responsable directa, la mayoría de la clase política se beneficiaba de la generalizada corrupción existente en el gobierno y los partidos -y sus élites- gozaban de las inmensas fortunas que por la vía de las prerrogativas oficiales recibían.
No sólo eso, frente a un pueblo empobrecido, presa de una corrupción sin límites, en continuo proceso de depauperación, víctima de los jefes del crimen organizado, se alzaba una clase gobernante que, sin empacho alguno, se servía con los salarios mejor pagados del planeta. 
Son tan altos que, incluso sin necesidad de acudir a las corruptelas, les daba lo suficiente, no sólo para vivir plácidamente, y que desde el gobierno ls permitía iniciar sus empresas, las que se convertían, también mágicamente, en receptoras de los pequeños, medianos y grandes contratos de compras de bienes y servicios de los gobiernos de los cuales provenían, o ejercían.
Más aún, la percepción ciudadana, de la inutilidad de la clase política, se volvió viral, en especial hacia los diputados y entre éstos, gracias a extendidas campañas irracionales, los diputados “pluris”.
Por ello no sorprendió el triunfo de López Obrador; el hartazgo ciudadano le otorgó a su movimiento los alrededor de 13-14 millones de votos extras -pues su base electoral puede calcularse arbitrariamente en 16-17 millones de votos, que fueron los obtenidos en 2006 o 2012- que le permitieron, casi, sepultar  al resto de los partidos, en casi todas las elecciones, lo mismo en el centro, que en el norte o sur del país.
El electorado le otorgó al liderazgo de López Obrador una cómoda mayoría, en las cámaras del Congreso de la Unión, en más de 20 legislaturas locales, en infinidad de presidencias municipales y en varias gubernaturas, pero los morenistas deberán recordar que esa mayoría obedece a otras causas, no necesariamente a la de la agenda más democrática; que provienen de sectores de la población altamente indignados por las causas mencionadas arriba, pero que en muchos casos están más identificados con las posturas más a la derecha de Morena y que se podrán mover en cualquier sentido del espectro político e ideológico del país.
Algo de eso tiene el reciente resultado de las elecciones extraordinarias a la presidencia municipal de Monterrey, que le permitió al PRI ganarla en lo que auténtico tanque de oxígeno a un partido para el que alejarse del ejercicio del poder público es más que el más tóxico de los venenos.
Indudablemente que la mejor fórmula, para garantizar la continuidad de un programa democrático de gobierno, más allá del gobierno de López Obrador, es que éste ejerza un gobierno exitoso, en el que los tropiezos sean los menos y que lo sean de pequeña monta, que el acompañamiento de quienes reciban el resto de las encomiendas sean del mismo carácter, con una plena ausencia de la comisión de corruptelas y una abrupta disminución -porque será imposible desecharla- de las luchas por el poder.
Y casi se podría asegurar que la mayor parte del éxito lopezobradorista estribará en la conducta de los morenistas y asociados que lleguen al gobierno.
Las siguientes elecciones -locales y federales- serán estrictamente “locales”, en las que los factores de este tipo serán los más importantes y el factor “Peje” contribuirá, pero será eso, contribuyente, y probablemente no el decisivo.
Para desgracia del grupo gobernante en Chihuahua, las próximas elecciones en la entidad, también serán “aldeanas”. Como las del 2016, el principal factor será el del desempeño del gobernante estatal.
Claro, hay que anotar un conjunto grande de factores, las características de los candidatos, la fuerza territorial de los partidos, el éxito o no del gobierno de AMLO, etc. pero el central será el modo en que los chihuahuenses calificarán al gobierno del panista Corral.
Si las elecciones se realizaran en este momento, no saldría bien librado.
Su gobierno es un verdadero desastre, y no sólo por el que le dejó César Duarte; precisamente por la dimensión del caos heredado es que su planteamiento gubernamental debió ser muy distinto a la realizado en los poco más de 2 años de su administración.
La mejor prueba de ello es la recientemente aprobada reestructuración de la deuda -además de la muy criticable forma de obtener la mayoría legislativa necesaria- que, inusitadamente, incluyó la de los bonos carreteros, además de efectuar una reestructuración sobre la realizada, muy pocos meses atrás, de alrededor de los 20 mmdp de la deuda directa.
Fracasado su gobierno en lo administrativo y lo financiero, podría haber iniciado la reforma institucional, que por su talante previo cabría esperar. 
Es una enorme decepción, es copia fiel del más rancio autoritarismo del priismo gobernante, especialmente del ejercido por su inmediato antecesor.
Allegados suyos son la presidente estatal del PAN, el ex presidente (a la vez, coordinador de los diputados locales); el ex coordinador de los legisladores, la mayoría de los legisladores del estado, el auditor superior del estado, el consejero presidente del instituto de transparencia, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, la mayoría de los consejeros de la Judicatura, el senador y los 3 diputados federales.

Es decir, ejerce control absoluto, en su partido y en los organismos encargados de fiscalizar su ejercicio, además de las atrabiliarias maneras realizadas para designar al auditor, al presidente del órgano de transparencia y al presidente del Tribunal Superior.

jueves, 27 de diciembre de 2018

Sin freno la ultraderecha

El Diario, 27 de diciembre de 2018
Luis Javier Valero Flores
Además de la tragedia que en sí representa el fallecimiento de la pareja gobernante en Puebla, del senador y ex gobernador poblano, Rafael Moreno Valle, y su esposa, la gobernadora, Martha Érika Alonso, en un accidente que de manera natural deberá -y así es en todos los casos, en los que aeronaves sufren este tipo de percances, debido al interés financiero y de todo tipo de los fabricantes y de los usuarios, además del involucramiento de las autoridades aéreas internacionales- ser investigado exhaustivamente, no sólo por las autoridades federales -la recién remodelada PGR, ahora bautizada como FGR-  sino las norteamericanas y las internacionales aéreas.
De ese modo, analizada fríamente la ruta a seguir en tan lamentable accidente, y digámoslo sin ánimo confrontador, para sus familiares, allegados y seguidores, y no así para sus adversarios políticos, la realización de una pulcra investigación sería el mejor de los antídotos a las más lamentables expresiones fundamentalistas desatadas, sobre de parte de las posturas más conservadoras y reaccionarias de la sociedad mexicana.
A esas las alientan acciones como la del periodista Pedro Ferriz de Con, quien sin ningún escrúpulo “subió” a las redes sociales un video tomado a raíz de un accidente acaecido en Ucrania en 2004, al que etiquetó como la evidencia del muy probable atentado, cometido por López Obrador, como causa del accidente del helicóptero en el que viajaban los políticos poblanos.
No había transcurrido ni siquiera una hora y ya corría tal versión.
No están lejos de esas reacciones amplias capas del panismo, y no sólo poblano, que en pleno sepelio de los Moreno Valles-Alonso le gritaron a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el gravísimo calificativo de “asesinos”.
Semejante clima de encono político en entidad llegó a niveles verdaderamente preocupantes. De ninguna manera se le puede atribuir a quienes fueron víctimas de la primitiva forma de gobernar de Rafael Moreno Valle, cuyo arribo a la gubernatura podía sentirse -a pesar del accidentado proceso electoral que le permitió acceder a la gubernatura- como un atenuante del inmenso sufrimiento de la sociedad poblana al que la habían sometido los gobernantes anteriores, todos emanados del PRI.
No fue así, al contrario, el tercero de los Moreno Valles sometió a los poblanos a excesos de todo tipo, al tiempo que usaba los recursos del gobierno estatal para alentar sus pretensiones presidenciales. Al no colmarlas, negoció con Ricardo Anaya que su esposa fuera la candidata al gobierno de Puebla, quien obtuvo su triunfo mediante un inmenso fraude, avalado por los tribunales electorales.
Así, convertidos en gobernadora, ella, y su esposo en senador, éste se erigió en el más natural de los aspirantes de la extrema derecha a la candidatura presidencial del 2024. Su fallecimiento tendrá serias repercusiones al interior del PAN.
Hoy todo es historia y la clase política se apresta a afrontar un proceso electoral extraordinario -que puede realizarse a más tardar en mayo del año entrante- en el que, desde ya, puede ubicarse a la candidatura de Morena como la más viable triunfadora, debido, sobre todo, a que la candidatura del PAN ya no tendrá el respaldo -ilegal- del gobierno de Puebla pues el gobernador interino, que deberá nombrar el Congreso local en los próximo días, con toda seguridad no será panista pues la mayoría legislativa la posee el partido de López Obrador.
De ahí que no sean tan inocentes las acusaciones en contra del gobierno del tabasqueño; deberán ubicarse, por desgracia, ya, en la disputa por el gobierno poblano, dada la importancia -de todo tipo- que generaría el hecho de que Morena se alzara, también, con esa gubernatura.
No es menor el hecho, el partido gobernante poseería las gubernaturas de  Morelos, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco y Puebla, lo que conformaría un polo político en el centro del país inmensamente poderoso, en espera de los próximos procesos electorales para intentar obtener las gubernaturas en juego entre 2019 y 2021.
No será un proceso fácil. Y así lo advirtió López Obrador, quien señaló que las acusaciones provienen de los “grupos neofacistas, que están muy enojados por el triunfo de nuestro movimiento y tratan de mancharnos, tratan de afectarnos, pero no lo van a lograr”.

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La ultraderecha se queda sin su aspirante más fuerte

Luis Javier Valero Flores
Aserto Multimedia, 24 de diciembre de 2018
El accidente en el que murieron, esta tarde, el senador y ex gobernador poblano, Rafael Moreno Valle, y su esposa, la gobernadora, Martha Érika Alonso, además de lo lamentable que resulta su fallecimiento -y las consecuencias políticas y sociales derivadas de tan infausto acontecimiento- tendrá serias repercusiones al interior del partido en el cual militaban ambos cónyuges.
Entre los numerosos “arreglos” realizados en el PAN para que Ricardo Anaya se convirtiera en el candidato presidencial, se encuentra uno: El de la negociación entre el grupo de éste y el del entonces mandatario estatal de Puebla, que en ese entonces era un serio aspirante a la candidatura presidencial del blanquiazul.
Sabedor de que no resultaría triunfador, pero sí del potencial que generaba su precandidatura, los Moreno Valle-Alonso, negociaron sus candidaturas alternas, Rafael la del senado, que le permitiría estar en condiciones de disputar la candidatura para el 2024, además de ubicar a su esposa como la candidata al gobierno de Puebla, desde la que podría maniobrar en esa ruta.
Ante ese panorama, las fuerzas más a la derecha al interior del PAN se reagruparon y empezaron a actuar.
Pero Erika Alonso obtuvo un más que cuestionado triunfo, resultado, no sólo del tsunami lopezobradorista, sino del inmenso rechazo de la sociedad poblana a la dupla, acrecentado por el inmenso cúmulo de irregularidades presentadas en el proceso electoral, muchas de las cuales se le podrían atribuir a la cúpula gobernante.
No obstante el arsenal de evidencias de lo anterior, los tribunales le otorgaron el triunfo a Erika Alonso.
Hoy todo es incertidumbre para el panismo poblano y nacional, las elecciones extraordinarias deberán celebrarse en los próximos meses, en un nuevo entorno totalmente desfavorable al PAN, ya sin el apoyo de la administración estatal, que en julio de este año estaba en manos del blanquiazul, lo que hará aparecer al candidato de Morena como el más viable ganador.

domingo, 23 de diciembre de 2018

La traición a los chihuahuenses

El Diario, 23 de diciembre de 2018
Luis Javier Valero Flores
La aprobación de la reestructuración del total de la deuda del gobierno de Chihuahua, realizada por la mayoría calificada del Congreso del Estado, mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados, es una traición al pueblo de Chihuahua.
Y no solo de los diputados  del PAN, PT, PVEM, PRI y PES que aprobaron la reestructuración, sino, también, del gobernador Javier Corral.
Es una traición al electorado que votó por Javier Corral y por los candidatos del PAN en 2016.
Y es una traición de los diputados del Partido del Trabajo, Rubén Aguilar y Amelia Deyanira Ozaeta; de los diputados del Partido Encuentro Social, Misael Máynez, Martha Josefina Lemus Gurrola y Obed Lara, éstos, porque teóricamente forman parte de la coalición conformada para impulsar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, a cuya simpatía electoral deben sus cargos.
Por su parte, no sorprenden los votos de los diputados del blanquiazul, no hubo fisura alguna, no obstante la honda división existente entre ellos, a propósito del relevo gubernamental en 2021.
Tampoco sorprendieron los dos diputados del Movimiento Ciudadano, y los diputados únicos del PVEM y PANAL. Estos son aplaudidores del gobernador del estado, independientemente del origen partidista de éste, son gobiernistas por naturaleza.
Con esta votación, y la emitida en la ley de ingresos del gobierno estatal, en la que, también, votaron a favor los 22 diputados aprobadores de la reestructuración, se pintó diáfana la explicación del porqué los diputados priístas Beatriz Chávez y Jesús Velázquez se deslindaron del grupo parlamentario del PRI, aduciendo las prácticas antidemocráticas del líder estatal, Omar Bazán, en las que, por las evidencias argüidas por numerosos priistas, no les falta razón.
Tenían prisa por ungirse al carromato gubernamental del gobierno del amanecer, casi del mismo modo que el nuevo coordinador del grupo parlamentario del PES, Misael Máynez, a quien ¡horror al crimen! el diputado morenista, Gustavo de la Rosa Hickerson, acusa de recibir una camioneta de lujo “por favores recibidos” -y/o entregados-: 
“El miércoles en la mañana amaneció en su casa una camioneta Denali blanca, blanca hermosa, él no tenía suficiente dinero para comprarla, y el jueves votó a favor de la ley de ingresos también, no sé si la camioneta llegó por el poder de la administración del Congreso, o si llegó de algún amigo o de un lugar, lo cierto es que él no estaba comprando ninguna camioneta antes de la votación”. (Nota de Bernardo Islas, El Diario de Chihuahua, 21 de diciembre de 2018)
Máynez no se fue sólo en esa votación, lo acompañaron los diputados de su partido, Martha Josefina Lemus Gurrola y Obed Lara, con la excepción de la recién destituida, como coordinadora, Marisela Sáenz, la que fue demoledora en sus opiniones: “… con las cosas que están saliendo realmente confirma qué habemos algunos diputados que representamos al pueblo y otros que lo avergüenzan”.
Lo nuevo en este caso es la denuncia de De la Rosa Hickerson y la errática conducta política de Máynez, quien había manifestado previamente su oposición a la reestructuración para, luego, hacer un deshilachado discurso acerca de la “responsabilidad” con la que asumiría la aprobación a  la petición del gobernador Corral.
Hoy forma parte de la picaresca nacional y su flamante camioneta -porque hasta el momento de redactar este artículo no se había deslindado de la contundente denuncia del “Pichú” De la Rosa- se ha convertido en un agravio más para los chihuahuenses.
No es el único legislador local que estrenará vehículo patrocinado por las finanzas públicas, en este caso del Congreso del Estado. También el diputado Obed Lara Chávez de Encuentro Social, Rocío Sarmiento Rufino y Lorenzo Arturo Parga de Movimiento Ciudadano, Bety Chávez del PRI, el “independiente” Jesús Velázquez, así como Alejandro Gloria del Partido Verde y René Frías del PANAL
Casualmente, todos votaron en favor de la reestructuración y de la ley de ingresos impulsadas por el PAN.
¿Por qué razón Javier Corral envió la propuesta de reestructuración de la deuda al Congreso si la ley establece que no está obligado a hacerlo?
Es lo que no han declarado:
Porque el ordenamiento legal -la Ley de Disciplina Financiera de los estados y municipios- dice que en caso de que se eleven el monto del endeudamiento, o de la tasa de interés, o se alargue el período del pago de la deuda, deberá recabarse la aprobación del Poder Legislativo, por votación de mayoría calificada -dos terceras partes de los diputados presentes- y efectivamente eso va a suceder, con toda seguridad se elevará la tasa de interés y ya le aprobaron alargar el plazo de la deuda.
No hay otra explicación ¿Quién pretende, racionalmente, renegociar su deuda a tasas más bajas justamente en la época en la que éstas han sufrido -y sufrirán- un sensible crecimiento?
Pues claro que se elevarán las tasas a renegociar, ¡ah pero a partir de las dos próximas administraciones, en la nuestra -o las nuestras-, no!
¡Bonita cosa!
Y eso no lo publicitan, no hacen alharaca alguna, pero no lo pueden ocultar, hasta en el comunicado oficial del Gobierno de Chihuahua, del jueves pasado, lo revelan, sin querer, al sostener que “con la reestructura (sic) recién aprobada, el Gobierno del Estado estará en posibilidades de alcanzar ahorros en el gasto asignado a pago de intereses, lo cual beneficiará tanto a la actual, como a las próximas dos administraciones”.
Sí, ya lo adivinaron, se trata de la versión “amanecida” del hágase la voluntad del señor…
Están pretendiendo que el sucesor de Javier Corral (y piensa que puede ser de su partido), y acaso el siguiente deban pagar cantidades menores por el servicio de la deuda ¡Eso es hacer política de amplísimos alcances prospectivos!
Que mis sucesores tengan algo de dinero para, como lo dice el mismo comunicado, acceder a recursos que puedan destinarse a inversión en infraestructura” pues la crítica a su gobierno crece con los días, por variadas razones pero una fundamental, la falta de obras.
De este modo pretende Javier Corral subsanar tal déficit, en lugar de afrontar una verdadera lucha administrativa -y política- en contra del derroche gubernamental existente en su gobierno, que no alcanza, ni de lejos, el de César Duarte, pero que no deja de ser insultante y oneroso en grado extremo.
No debemos ir muy lejos por las pruebas, el hecho de que haya diputados a los que se les asignan vehículos oficiales -y en este sentido deberá deslindarse el coordinador de los diputados de Morena, Miguel Colunga, a quien señalan constantemente de disfrutar de un vehículo recientemente adquirido y, peor aún, a una empresa propiedad de uno de los principales impulsores de Morena en Chihuahua, Pablo Leos, quien tampoco se ha deslindado de tal señalamiento- existentes previamente, o peor, recién adquiridos, va en sentido estrictamente contrario a lo que hoy exige una ciudadanía cada vez más consciente de su papel y, por lo tanto, más exigente de la necesaria austeridad en el gobierno.
Ahora bien ¿Cómo puede explicar el gobierno de Corral la pretensión de nuevamente negociar la reestructuración de la deuda directa si unos cuantos meses atrás lo hizo por un monto de 20 mil millones de pesos (mmdp) y ahora los incluye nuevamente?
La única explicación viable es que esa renegociación fue un fracaso y ahora, unos cuantos meses después, con las tasas de interés a la alza, pretende obtener unas más bajas.
Eso sólo se puede obtener si se alarga el plazo de plago -para que los acreedores eleven sus utilidades-, con lo cual la deuda crecerá de manera sensible y que la baja de intereses sólo se haga en el curso de los próximos años. 
Inaceptable.
Por otro lado, por ninguna parte aparecen las explicaciones del monto que se pretende ahorrar, ni del destino de esos ahorros, ni, tampoco, de las negociaciones con los representantes de los  tenedores de los bonos carreteros, cuya reestructuración, si se da, tropezará con incontables obstáculos, a menos que el gobierno del amanecer les ofrezca pingües ganancias.
Otras cosas eran las que ofrecía el entonces candidato panista al gobierno del Estado Grande: “Corral tiene como principal reto ‘rescatar’ el estado de la deuda por 43 mil millones de pesos, además presentará una iniciativa para elaborar una nueva constitución. Con César Duarte la deuda creció un 240 por ciento, lástima que no está Serrano (el candidato del PRI) porque es cómplice, pues como diputado apoyó esa deuda’, la cual –aseguró- se combatirá con austeridad”. (El Heraldo de Chihuahua, 22  de abril de 2016).
O cuando sostenía que tenía “como principal reto ‘rescatar’ el estado de la deuda por 43 mil millones de pesos”. (Nota de Norma Ponce, Milenio Diario, 18 de mayo de 2016).
¡Cuán lejos quedaron las propuestas de campaña! Como la de efectuar una auditoría “a fondo, con despachos especializados para determinar a dónde fueron a dar los recursos que obtuvo el Gobierno de César Duarte de las autorizaciones de crédito que le otorgó el Congreso del Estado”. (Nota de El Norte de Ciudad Juárez, 17 de abril de 2016).
¡Ah, es que eran los tiempos de “las promesas del corazón, no de la razón”!

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Arias consultores: Desaprueba a Corral el 81%

Aserto Multimedia, 22 de diciembre de 2018
Luis Javier Valero Flores
La encuesta realizada por la empresa Arias Consultores, que arrojó una desalentadora -para el grupo gobernante- evaluación que sobre el desempeño del gobernador Javier Corral hacen los chihuahuenses vino a confirmar lo que es una creciente percepción en la sociedad chihuahuense y que de alguna manera fue evidenciada por los resultados de las elecciones efectuadas el 1o. de julio.
Dicha evaluación se hizo al total de los gobernadores y lanzó al mandatario chihuahuense el lugar 27o. del país, con una calificación del 18.1%.
La evaluación incluyó la calificación que le otorgan los inversionistas, entre los cuales Corral obtuvo “una opinión favorable en el 12.1 por ciento, colocando a la administración estatal en el puesto 30”. (Nota de Orlando Chávez, El Diario de Chihuahua, 22 de diciembre de 2018).
Ni siquiera en el combate a la corrupción Javier Corral salió bien evaluado pues sólo obtuvo el “13% de opiniones positivas lo que lo sitúa en el puesto 21, aún por debajo de la media nacional”.
¿Es una encuesta que debe desdeñarse desde el gobierno de Chihuahua? ¿Es fruto de una ofensiva política que intenta descalificar al gobernante local? ¿O sólo refleja el estado de ánimo de la mayoría de los chihuahuenses hacia el mandatario?
Una cosa deberán tomar en cuenta los ocupantes de Palacio de Gobierno -y sus apologistas-: La historia reciente de esta empresa, la del pasado proceso electoral la ubica como la más certera en las encuestas presidenciales del 2018.
Incluso, y es un aspecto más a resaltar, es el de que fue el primero -y durante muchas semanas el único- que reportó preferencias electorales muy cercanas a la votación alcanzada finalmente por el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador.
Tales resultados motivaron que Arias Consultores recibiera infinidad de críticas, pues no solamente en las preferencias electorales a la presidencia de la República fue certera en sus resultados, sino, también, en el resto de las elecciones, las de diputados, senadores y las locales de 22 entidades.
Con esas calificaciones iniciará el gobierno de Chihuahua el 2019.

jueves, 20 de diciembre de 2018

Insensibles y “jineteadores”

Mega Radio 860, Juárez, 17 de diciembre de 2018
Luis Javier Valero Flores
En tanto decenas de trabajadores del sector salud protestan, hasta en la caseta de la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc, debido a que no les han pagado el bono navideño, como parte de las prestaciones a que tienen derecho; los diputados locales, con ingresos superiores a los 100 mil pesos, recibirán un bono “de productividad” por mil 700 pesos.
Y lo recibirán, independientemente del número de inasistencias que hayan tenido a lo largo de los últimos tres meses.
¿En razón de qué existe un bono de productividad para los diputados locales? ¿Cuáles son los parámetros con los que se mide su rendimiento laboral? ¿Existen? ¿Cuál es la autoridad que puede calificar el desempeño de un legislador?
¿Se imaginan al Secretario Administrativo del Congreso -en teoría subordinado de los diputados- evaluándolos, los que, por otra parte, también teóricamente, son los representantes del pueblo de Chihuahua?
No, nadie, ninguna autoridad administrativa tiene facultades para hacerlo. Por una razón, porque entonces esa autoridad podría ejercer el control, a través de las prebendas económicas, sobre los diputados.
¿Entonces, porque reciben ese bono? ¡Ah, po’s porque pueden! Porque se trata de recibir dinero, sin importar el origen, ni la explicación racional; porque forma parte de los inmensos y desconocidos privilegios que gozan quienes llegan a esas posiciones.
¿Ha renunciado algún legislador a tal prebenda, propia de los trabajadores de base, creada precisamente para compensar sus bajos salarios y que, inexplicablemente, se les extiende a los diputados?
En tanto, los trabajadores del sector salud debieron recurrir a la toma de la caseta de Cuauhtémoc para hacerse oír por la autoridad estatal, con el fin de que les sea entregado el bono navideño.
Existe un agravante, cometida por el gobierno estatal: Resulta que para una parte de esos trabajadores, el bono tiene origen en los recursos federales, es decir, que los recursos empleados para ello están etiquetados, que el gobierno federal sí se los entregó al gobierno estatal y éste, no hay otra explicación, los ¡“jineteó”!
Y ese sí que es un enorme problema para el gobierno estatal pues en la revisión de la cuenta pública, realizada por la Auditoría Superior de la Federación, le pueden fincar cargos, hasta penales, a los funcionarios del estado que realizaron tan ilegal transferencia.
Enerva la insensibilidad de los gobernantes locales. A más de 8 mil trabajadores no les han entregado ¡los vales de despensa!, que para éstos son absolutamente indispensables; además, tampoco les han entregado el bono sexenal, ni el bono navideño que es una de las prestaciones más esperadas por ellos pues ronda en los 12 mil pesos.
Basta con escudriñar un poquito y brotan las irregularidades. 
Una parte de los trabajadores del Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal), acudió a trabajar con ropa casual, en protesta por la falta de uniformes que desde hace más de dos años no se les han renovado.
Ante las protestas, el sábado, el Secretario de Salud, Jesús Enrique Grajeda, afirmó que serían entregados “a la brevedad”. 
¿Y si no hubieran protestado los pocos trabajadores que lo hicieron, incluso en contra de sus dirigentes sindicales?
¿Porqué deben recurrir a estas acciones los empleados a fin de que les entreguen las prestaciones a que tienen derecho?
Más aún ¿Con qué derecho pueden, las autoridades estatales, “jinetear” un dinero que le pertenece a los trabajadores?
¡Ah, pero eso sí, el dirigente sindical, Pablo Serna, salió a informar a sus representados “que los vales se les entregarán en su totalidad, pero que no será posible antes del 24 de diciembre”!
En tanto, háganle como quieran.
¡Cuánta insensibilidad!
Por desgracia, así cerramos el año, ojalá la Cuarta Transformación sirva para cambiar estas cosas y otras muchas más.
Así lo esperamos; por ello, les deseo lo mejor para el próximo año, 2019, y que disfruten estas fiestas navideñas y de fin de año.
Muchas gracias, buen día.

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Bonos “jineteados”

El Diario, 20 de diciembre de 2018
Luis Javier Valero Flores
En medio de las protestas de decenas de trabajadores del sector salud que abarcaron, el miércoles, diversas oficinas en el estado y hasta en la caseta de la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc, el Congreso del Estado aprobó la reestructuración de la deuda estatal -por 48 mil millones de pesos-, tema que abordaremos el próximo domingo.
Las protestas e inconformidad de los estos trabajadores ha develado un sinfín de aspectos, pletóricos de irregularidades y evidencias de la absoluta ineficacia de las autoridades hacendarias del estado, además de la posibilidad de que el ejercicio de los recursos federales, destinados a salud, precisamente por el no pago de los bonos navideños de los trabajadores, se les finquen responsabilidades penales y administrativas a los funcionarios que resolvieron destinar a otro destino los recursos federales, origen de los bonos sexenales y navideños no pagados.
A medidas tan extremas debieron recurrir los trabajadores del sector salud para hacerse oír por la autoridad estatal, con el fin de que les fuera entregado el bono navideño.
Existe un agravante, cometida por el gobierno estatal: Resulta que para una parte de esos trabajadores, el bono tiene origen en los recursos federales, es decir, que los recursos empleados para ello están etiquetados, que el gobierno federal sí se los entregó al gobierno estatal y éste, no hay otra explicación, los ¡“jineteó”!
Y ese sí que es un enorme problema para el gobierno estatal pues en la revisión de la cuenta pública, a realizar por la Auditoría Superior de la Federación, le pueden fincar cargos, hasta penales, a los funcionarios del estado que realizaron tan ilegal transferencia.
Y el gobernador Corral aduce que para efectuar esos pagos, deberán tener -así lo dijo- “suficiencia presupuestaria”, como si los ingresos de los trabajadores pudieran estar sujetos a las eventualidades del manejo de las finanzas públicas.
Ante las protestas frente a Palacio y la exigencia de ser recibidos por el gobernador, los funcionarios estatales arguyeron que se encontraba en Juárez. Y efectivamente sí estaba en esta ciudad, en donde anunció lo de la “suficiencia”, al tiempo que les pidió a los empleados “ser comprensivos y no perjudicar el servicio ni a los pacientes”, pues pagarles significaría erogar 150 millones de pesos, que sólo los podría pagar en ¡abonos el próximo año!
Enerva la insensibilidad de los gobernantes locales. A más de 8 mil trabajadores no les han entregado ¡los vales de despensa!, que para éstos son absolutamente indispensables; además, tampoco les han entregado el bono sexenal; ni el bono navideño, que es una de las prestaciones más esperadas por ellos pues ronda en los 12 mil pesos.
¡Ah, y además, para prevenir, como si los manifestantes fueran cualquier grupo de “subversivos”, enviaron a los granaderos y una tanqueta de la Policía Estatal para evitar desaguisados!
¿Porqué no mandan a los funcionarios de Hacienda que debieron prever esta situación, desde hace meses, pues ya sabían que no tendrían los suficientes recursos para solventar estos gastos, y que la posibilidad de recursos federales extras, contingentes, estaba muy lejana?
¿Porqué no recurrieron a un préstamo de corto plazo, gestionado desde semanas atrás, para que se concretara en las fechas adecuadas, a fin de ahorrarle a los trabajadores las incomodidades de no recibir tales ingresos, absolutamente necesarios para el fin del año de miles de familias?
Y no es lo único. Una parte de los trabajadores del Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal), acudió a trabajar con ropa casual, en protesta por la falta de uniformes que desde hace más de dos años no se les han renovado.
Ante las protestas, el sábado, el Secretario de Salud, Jesús Enrique Grajeda, afirmó que serían entregados “a la brevedad”. 
¿Y si no hubieran protestado los pocos trabajadores que lo hicieron, incluso en contra de sus dirigentes sindicales?
¿Porqué deben recurrir a estas acciones los empleados a fin de que les entreguen las prestaciones a que tienen derecho?
Más aún ¿Con qué derecho pueden, las autoridades estatales, “jinetear” un dinero que le pertenece a los trabajadores?
¡Peor, el dirigente sindical, Pablo Serna, a lo largo de todo el conflicto, ha defendido a la autoridad, en lugar de asumirse como el dirigente de los trabajadores!
¡Cuánta insensibilidad!

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domingo, 16 de diciembre de 2018

Deuda, seguridad, presupuesto. Corral deberá coordinarse

El Diario, 16 de diciembre de 2018
Luis Javier Valero Flores
O se coordinan, o se coordinan. Expuesta de esa manera la necesidad existente entre los dos niveles de gobierno -estatal y federal- pareciera que la responsabilidad recayera por igual. 
No es así.
El gobernador Javier Corral deberá entender que los cambios políticos presentados en el país y en la entidad son de reales; que sus aliados -los del PRD- y sus compañeros del PAN, ya no cuentan con la fuerza suficiente como para imponer, ni su agenda, ni sus objetivos y metas y que está obligado a negociar con Morena, con sus representantes federales y con las fuerzas locales.
Y deberá hacer algo a lo que no está acostumbrado: A aceptar que le pueden imponer condiciones no atractivas y a que le pueden otorgar algunas positivas, para él y para su gobierno.
Los tiempos de la reyerta política quedaron atrás para el mandatario chihuahuense, por lo menos mientras está a cargo de la administración estatal; ahora su papel es ése, el de administrador de la hacienda estatal, de una de las entidades que más problemas -de todo tipo- posee en el país.
A su vez, las distintas fuerzas políticas locales están obligadas a adecuar sus actuaciones a esta nueva realidad. 
Pareciera que están ancladas en el pasado.
El gobernador Corral -creyendo que tiene mayoría calificada en el Congreso- ha propuesto una reestructuración del total de la deuda, sin antes conversar con el total de los representaciones parlamentarias y políticas para convencerlas de su punto de vista.
Morena amenaza con la toma de la tribuna si se pretendiera aprobar tal reestructuración, sin percatarse que puede construir la minoría suficiente como para impedir tal hecho y que, además, cuenta con la mayoría en la Cámara de Diputados que puede obligar al gobierno de Chihuahua a reconsiderar su postura, además de que la Secretaría de Hacienda (federal) es la instancia que, finalmente, aprobaría una reestructuración de esa magnitud, la que comprometería el total de las participaciones federales y de los ingresos por peaje carretero ¡Por los próximos 35 años!
Además, la fracción parlamentaria de Morena está más que obligada a actuar de la manera más transparente posible y a convocar a que un asunto como éste sea discutido, no sólo de frente a la sociedad, sino invitándola a participar.
El PRI, por su parte, inmerso en el autismo político, como si no fuera autor del desastre financiero del estado, le reclama a Javier Corral el que no realice obras, que no tenga recursos para afrontar el pago de aguinaldos y prestaciones  de los trabajadores al servicio del estado, debido, dice, a “la pésima planeación y administración de las finanzas estatales”, cosa en la que se puede coincidir, pero no totalmente, debido al monto de la deuda que los gobernantes priistas, encabezados por César Duarte, le heredaron a los chihuahuenses.
Y tendrá que reflexionar sobre lo anterior, porque los funcionarios del gobierno de Peña Nieto, sabedores del desastre financiero en que su compañero de partido, Duarte, provocaría en Chihuahua, le aprobaron cuanta solicitud les presentó de nuevos empréstitos y/o reestructuraciones de la deuda, además de otorgarle la concesión de diversos tramos carreteros -hasta por 30 años- para que Duarte bursatilizara los ingresos generados por el peaje.
No sólo eso, Peña Nieto autorizó -un año tras otro- la entrega discrecional de los recursos del ramo 23 -los dirigidos a solventar problemas financieros de las entidades- a los gobiernos más endeudados, o a los más cercanos a sus afectos políticos, esos que Corral exigió le fueran entregados del mismo modo que a Duarte y que ahora se han terminado, de acuerdo con las directrices del gobierno de López Obrador.
Una cosa sí debe rechazarse: La negativa del gobierno de Corral a realizar una drástica disminución del presupuesto dirigido a los salarios de los funcionarios de los primeros niveles.
En lugar de eso, como si tuviese un presupuesto superavitario, propone elevarse el salario, y lo anuncia justamente cuando una buena cantidad de los trabajadores del gobierno estatal afrontan la incertidumbre acerca de sus quincenas y aguinaldos.
Ahora bien ¿Qué pretende Javier Corral con la reestructuración del total de la deuda, al incluir los bonos carreteros?
Parece clara la intención: Obtener algunos cientos de millones de pesos mediante el alargamiento del plazo de la deuda, que le servirían para iniciar algunos proyectos de obras -ante la creciente crítica desatada por la ausencia de ella en el actual gobierno-, de cara a las próximas elecciones, que le permita aparecer como un gobernador exitoso, con posibilidades de ser candidato presidencial en 2024.
Pero el costo es muy alto.
En primer lugar ¿Cómo justificar la reestructuración de la deuda carretera?
Imposible, debido a que esa deuda se paga con los ingresos del peaje carretero, comprometidos en su totalidad, salvo el incremento en los ingresos, generados por el aumento del número de vehículos, fruto del crecimiento económico normal, que le puede aportar a las finanzas estatales alrededor de 100 millones de pesos anuales, si se calcula un incremento del 5% del flujo vehicular.
Y si no afecta mayormente a los ingresos estatales ¿Entonces para qué reestructurarla? ¿Porqué no, en lugar de ello, buscar una nueva bursatilización de los excedentes que, convenimos, sería una nueva deuda, pero la única que tendría alguna viabilidad de ser aprobada, siempre y cuando el presupuesto del gobierno del estado para el 2019 contemplara mecanismos claros, diáfanos, de plena austeridad?
Luego ¿Cómo se atreven a plantear una nueva reestructuración si la recién concluida es un verdadero desastre, justamente cuando los incrementos a las tasas de interés convertirán a las deudas en casi impagables, a menos que, insistimos, realicen un drástico corte presupuestario?
Al insistir en que la discusión de tal asunto debiese pasar por el análisis de la sociedad y sus distintos agrupamientos, de frente a ellos, e impedir que se convierta en un mecanismo de coerción política de las fuerzas parlamentarias, es en donde la responsabilidad de los legisladores de Morena se catapulta, lo que les impediría actuar como en el pasado, y negociar temas tan trascendentales, de espaldas al conjunto del Congreso y a la sociedad e, incluso, a los órganos de gobierno del Congreso del Estado, justamente cuando se debaten las cuentas públicas más importantes de la entidad, en las que, presumiblemente, se han  encontrado serias irregularidades que, de no transparentar el contenido de las revisiones y su discusión, originará que crezca la percepción que estamos frente a una nueva etapa de negociación, “en lo oscurito”, de la aprobación del ejercicio irregular del presupuesto público.
Y si en lo financiero, el gobierno de Javier Corral está obligado a discutir con las fuerzas políticas, y aceptar modificaciones mayores a sus pretensiones presupuestarias, en el tema de seguridad pública deberá actuar con la responsabilidad que no lo ha hecho en este aspecto.
¿Cuál razón, válida, se puede esgrimir para no participar decididamente en las reuniones diarias de las mesas de coordinación realizadas en los principales municipios de la entidad, los más atosigados por la violencia, con la participación de los otros niveles de gobierno y destacadamente, en el ámbito chihuahuense, de los mandos de la policía federal y los militares?
¿Puede ser razón suficiente su rechazo a la participación de los representantes del delegado federal -el llamado superdelegado- como secretarios técnicos de las mesas, cosa que muy bien podrían haber subsanado y hacer que apareciera, por primera vez a lo largo de muchos meses, la debida coordinación en materia de seguridad de los agrupamientos federales y estatales?
Tal reclamo es mayor debido a los acontecimientos de los últimos días, en los que, primero en Cuauhtémoc, el alcalde, emanado de Morena, Carlos Tena, exigió la salida de los policías estatales, a quienes acusó de estar coludidos con los grupos criminales, lo que dió pie a una ríspida confrontación con el Comisionado de Seguridad, Oscar Aparicio; y luego, que el alcalde de Madera, Jaime Torres, de procedencia panista, exigiera la salida de los policías federales, por las mismas razones expuestas por su homólogo cuauhtemense.
Con estos dos casos, sería suficiente para ilustrar la gravedad de la crisis de seguridad pública existente en la entidad, la que, además, contiene ingredientes verdaderamente alarmantes, como lo es el hecho de la seria ofensiva de los grupos criminales, lanzada en contra de las corporaciones estatales, la que ha causado -hasta fines de noviembre- 75 elementos caídos a manos de los criminales, sin contar los más de 4 mil 500 homicidios ocurridos en el gobierno de Javier Corral y los 138 feminicidios en el presente año, hasta el mes de septiembre (Nota de El Puntero, 23/XI/18).
¿Serán suficientes argumentos para obligarlos a coordinarse?
Lo que sí es seguro, es que el gobernador Corral está obligado a replantearse toda su actuación; está sumido en una verdadera crisis de credibilidad, no obstante que Mitofsky lo ubique como un probable aspirante a la presidencia en 2024.
Es el panista más adelantado de esa encuesta ¿Qué tan profunda será la crisis del PAN?

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