(Versión extendida)
Aserto 149-Diciembre 2015
Luis Javier Valero Flores
Noviembre terminó en medio de la incertidumbre para los priistas, y con ellos de una buena parte de la población, no tanto porque a la mayoría de los chihuahuenses les interese de manera directa quien podría ser el candidato del PRI al gobierno estatal, sino porque la carga mediática ejercida ha inundado todos los aspectos de la vida de quienes habitan en el Estado Grande con ese tema.
Ejercido el control sobre el PRI de manera férrea a lo largo de toda su gestión, al Gobernador César Duarte pareciera descomponérsele lo más preciado de la obra (por supuesto, en términos partidistas) de un gobernante, la sucesión.
Entre el jueves 3 y el viernes 4 de diciembre, 8 priistas presentaron sendas licencias o renuncias a sus cargos, sumándose de este modo a Marco Adán Quezada y Oscar Villalobos, como aspirantes a la candidatura del PRI al gobierno estatal.
Así, los alcaldes de Chihuahua y Juárez, Javier Garfio y Enrique Serrano, respectivamente, pidieron licencia a sus cargos de manera indefinida, al igual que las senadoras Lilia Merodio y Graciela Ortiz. A su vez, Héctor Murguía -representante del gobierno de Chihuahua ante la Conago, con sólo dos días en el cargo- y Marcelo González Tachiquín, Secretario de Educación, renunciaron a sus cargos, lo mismo que Víctor Valencia de los Santos, director administrativo del programa Prospera de la Secretaría de Desarrollo Social y Jorge Esteban Sandoval, delegado del Issste en la entidad.
La avalancha de licencias solicitadas, para los funcionarios de elección popular, y de renuncias para los funcionarios designados, además de inédito (por el número) evidencia la seria situación por la que atraviesa el priismo local.
El hecho de que el priismo chihuahuense cuente con 10 aspirantes, sólo puede tener una lectura: Su incapacidad para construir 2 o 3 precandidatos suficientemente fuertes como para que los militantes, o los dirigentes reales de este partido, pudieran optar para designar a su candidato.
Más allá de las obvias buenas o malas relaciones políticas existentes entre todos los aspirantes, se advierten claramente dos grupos entre ellos, y dos, las senadoras, a las que no se les podría encuadrar en alguno de esos acuerpamientos, o que, incluso, a la senadora Graciela Ortiz pudiera ubicársele en las cercanías del también senador Patricio Martínez, quien encabezara en su momento, a su vez, un serio distanciamiento con el ex gobernador Fernando Baeza.
Así, los dos grupos de aspirantes representan a quienes han protagonizado un álgido enfrentamiento a lo largo del sexenio. Por una parte, el de los “delfines” de César Duarte y, por otra, los del ex gobernador José Reyes Baeza.
En el primer grupo se ubican los alcaldes con licencia Javier Garfio y Enrique Serrano y al ex secretario de Educación, Marcelo González Tachiquín. Además, muy recientemente, el ex alcalde juarense Héctor Murguía decidió jugársela con el gobernador Duarte. Se convirtió en el mejor de sus panegiristas.
Enfrente, el ex alcalde Marco Adán Quezada; el ex diputado federal y local, Víctor Valencia, el ex dirigente estatal, Oscar Villalobos y el ex delegado del Issste, Jorge Esteban Sandoval, a quien, por otra parte, no se le ubicaría tan estrechamente en ese grupo como a los otros tres.
A su vez, la senadora Lilia Merodio, si bien sus orígenes, en los primeros niveles de la política local, se encuentran al lado de Murguía, no tiene, aparentemente, un grupo local con la presencia política como la descrita para sus contrincantes.
Y esos son los vínculos locales más aparentes, encontrar la madeja de las relaciones que cada uno de ellos (o sus grupos) tiene en el ámbito nacional, es más complicado.
Los Baeza tienen una relación con el grupo Atlacomulco de mucho tiempo atrás, lo que les ha servido para las posiciones que detentan, la dirección del Issste y la embajada en Costa Rica, en lo que ha influido también, seguramente, la relación de Reyes Baeza con el Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong.
A su vez, al calor de la Conago, Duarte ha construido su propia relación con los gobernadores y, de la mano con el senador Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los senadores priistas, han constituido uno de los grupos políticos nacionales más importantes al interior del PRI.
Por otra parte, a la senadora Ortiz se le acredita una muy estrecha relación con el presidente Peña Nieto, en virtud de haber sido la Secretaria de Elecciones del Comité Nacional en 2012.
En tanto, la senadora Merodio es cercana al líder de la federación burócratas federales, también senador del PRI, Joel Ayala Almeida.
La fallida operación duartista
Durante los meses y años previos, prácticamente desde el momento en que Marco Adán Quezada se convirtió el alcalde de la capital, el Gobernador César Duarte delineó una estrategia consistente en obstaculizar a como diera lugar el ascenso político del presidente municipal capitalino y conducir a dos de sus más cercanos como las opciones de la continuidad de su mandato: Enrique Serrano y Javier Garfio, en ese orden, tal y como se podía inferir del tratamiento otorgado a cada uno de ellos.
Mientras por un lado, aprovechando el accidente del Aero Show en octubre de 2013, pretendió hasta encarcelar a Quezada, por otro, intentó imbuir en la sociedad, en las capas dirigentes de la sociedad y en los más altos niveles del gobierno federal, que les convenía la continuidad de su grupo en el gobierno.
El gobernante estatal paseó por todo el estado (literalmente), a sus precandidatos, lo hizo como si viviéramos en un gobierno federal panista, como se hicieron las cosas en el PRI en el período 2000-2012, en el que los gobernadores emanados de ese partido ejercieron casi totalmente el poder en sus entidades y en las estructuras locales priistas.
Pretendió convencer a Peña Nieto que podía conducir el proceso y hasta designar al candidato.
Así, los alcaldes de Juárez y Chihuahua, Enrique Serrano y Javier Garfio, respectivamente, presidieron cuanto acto público era encabezado por el gobernador Duarte, independientemente del lugar en el que se celebrara, o del rubro que fuera, lo mismo en Juárez, que en Chihuahua, en Parral o en la sierra.
A tan selecto grupo, el Gobernador Duarte sumó al ex alcalde juarense, Héctor Murguía, después de nombrarlo Coordinador de Políticas Públicas, puesto que creara el ex gobernador Reyes Baeza para designar al profesor Mario Tarango, renuente a participar en el gabinete del deliciense, luego de terminar su período como diputado local.
Ratificado por el Gobernador Duarte, Tarango desempeñó ese cargo de bajo perfil. No ocurrió así con Murguía, éste le imprimió una exhibición mediática y un protagonismo desusados a grado tal que, en virtud de las secuelas del accidente que sufriera el gobernador Duarte, éste lo designó como su representante en el II Informe de Enrique Serrano. Se robó las cámaras y puso en entredicho la especie de que el actual alcalde juarense fuera el favorito de Duarte.
Luego, para ponerlo a salvo de las restricciones legales, lo designó representante del gobierno de Chihuahua en la Conferencia Nacional del Gobernadores (Conago).
En tanto, luego de múltiples querellas y vericuetos legales, Quezada logró librarse, primero, del intento de inhabilitarlo políticamente por el Congreso del Estado y, luego, de evitar el encarcelamiento, acciones en las que contó, sobre todo la última, la indudable injerencia de la dirigencia nacional del PRI.
A pesar de las preferencias del mandatario, debió aceptar la existencia real, políticamente hablando, de las senadoras Graciela Ortiz y Lilia Merodio como serias aspirantes a la candidatura, y las incluyó en el grupo que se reuniera en la Casa de Gobierno, a convocatoria del entonces delegado del Comité Nacional del PRI, Julián Luzanilla, para enviar el mensaje de que sólo eran esos cinco militantes los aspirantes a su cargo.
Pero eso ocurría en los círculos de confianza del mandatario, enfrente, el grupo político priista quizá más sólido, el de Delicias, encabezado por los Baeza, Fernando y José Reyes, alentaba, primero en su defensa, al ex alcalde Marco Adán Quezada, y luego a Víctor Valencia -alto funcionario de la Sedeso- y a Oscar Villalobos y probablemente a Jorge Esteban Sandoval, delegado del Issste en Chihuahua, quienes expresaron sus aspiraciones hasta muy recientemente.
Todo lo intentó el grupo gobernante, el mandatario ballezano por delante, para evitar a como diera lugar la posibilidad de que Quezada pudiera considerarse en los círculos dirigentes del PRI como un aspirante formal.
Los vencieron los tiempos, la fuerza del grupo Delicias y las ilegalidades con las que pretendieron cortar la carrera política del cuauhtemense. Todo cambió a la llegada de Manlio Fabio Beltrones a la dirigencia nacional priista.
Se sabía de la necesidad de no presentar fracturas ni procesos que enturbiaran la continuidad en el gobierno de Chihuahua, la llegada del sonorense a la dirigencia y el consecuente nombramiento de otro delegado del Comité Nacional en Chihuahua, fueron los signos de que los vientos habían cambiado, de que el delegado anterior, tan obsecuente a la conducción de Duarte que terminó como representante del gobierno en el DF.
Pocas dudas puede haber acerca del mecanismo que utilizará este partido para designar a su candidato (a).
Será el de siempre, el que más confianza le otorga a sus militantes, cuando han tenido la presidencia de la república, a quien la ocupe le dan poderes casi divinos (y, también casi, se los creen).
Peña Nieto ejercerá, como ya lo ha hecho en el vecino Durango, a cabalidad la facultad extraestatutaria que los priistas le otorgan a su presidente de la república: El “dedazo”.
Sin embargo, el hecho de que 10 militantes hayan expresado públicamente sus aspiraciones de convertirse en el candidato del PRI al Gobierno de Chihuahua, es prueba fiel del enorme descontrol partidario con el que llega César Duarte al final de su gobierno.
Los aspirantes de la continuidad
Enrique Serrano y Javier Garfio fueron, desde el principio, partes fundamentales del engranaje del equipo que llegó a gobernar Chihuahua en 2010. En tanto, Serrano se convertía en líder del Congreso (para catapultarlo desde ahí a la alcaldía), Garfio era ungido todopoderoso Secretario de Obras Públicas, habida cuenta de la ambiciosa tarea propuesta de la construcción de obra pública. De ahí saltaría a la alcaldía, listo para asumir la candidatura a la gubernatura, en una especie de Plan B.
Serrano no pudo convertirse en el senador que deseaba Duarte -a causa de los “problemas” de género que obligaron al PRI a postular una mujer en las formulas senatoriales, así llegó Lilia Merodio a la candidatura- pero a cambio lo pudo nombrar suplente del líder petrolero, Carlos Romero Deschamps, y coordinador de la campaña presidencial en Chihuahua de Enrique Peña Nieto ¡Todo ello sin pedir licencia a su cargo de líder congresual!
Instalados como alcaldes, dos de los amigos más cercanos del gobernador, se les impulsó como el haz de precandidatos del grupo gobernante.
Representan, a no dudar, la plena continuidad del gobierno duartista, pero solamente por su origen; pueden no ser, en caso de que alguno lo obtuviera, los gobernantes de la segunda etapa del duartismo pues es muy probable que conformaran equipos gobernantes con muy pocas semejanzas al actual, sin embargo, en caso de que alguno fuera el candidato del PRI, sí cargaría en la campaña electoral con ese factor, el de representar el continuismo del gobierno de Duarte.
¿Qué tanto pesaría tal hecho en el número de votos? Algunos piensan que el rechazo al Gobernador Duarte los alcanzaría y podría ser un factor de riesgo para el PRI; otros, en cambio, le apuestan a que la fortaleza del PRI podría ser suficiente para obtener el triunfo.
Más aún, de ser cierta la información dada a conocer por Murguía, -se rompió el pacto, habíamos acordado no pedir licencias sino hasta la emisión de la convocatoria- le imprime más agravios al proceso, porque ¿Cómo podían dejar de pedir licencia, en virtud de la norma constitucional, para quienes es más que evidente, y más dudosa -concediendo que hubiese algunos resquicios legales que les permitiesen a los alcaldes no solicitar licencia- para otros, pero que evidentemente los que aspiraran deberían separarse de sus cargos?
¿O quiere decir que al Teto Murguía le dijeron que era el único que sería apartado de un cargo “con atribuciones de mando”, para ser ungido como candidato? Porque, de ser cierta esta especie, entonces Garfio y Serrano estarían descartados, desde la óptica y preferencias de César Duarte y éste se habría decantado por el juarense.
¿Resiste el análisis tal especulación? No, lo ocurrido en Durango abona a la idea que lo harán con la mejor de las ortodoxas del PRI. En cuanto el Comité Nacional emita la convocatoria para elegir a su candidato, a los pocos momentos, el órgano dirigente informará que fulano o fulana ha recibido el “beneplácito” de los sectores y las estructuras del PRI para ser el abanderado en las próximas elecciones.
Eso hicieron en Durango y ahora el PRI goza de una “estrechísima” unidad, luego de que el ex gobernador Ismael Hernández Deras y el actual, Jorge Herrera Caldera, protagonizaran un enfrentamiento semejante al de sus compañeros de Chihuahua.
¿Quién será el candidato que le opondrán a sus adversarios? Seguramente el que cuente con dos características muy por encima de sus compañeros: Quien tenga las mejores relaciones con el Presidente Peña Nieto y, además, supere claramente a los demás en las encuestas realizadas por la presidencia de la república que, por supuesto, no son las efectuadas al gusto de los aspirantes, tal y como hemos sido abrumados en las últimas semanas.
En eso no se equivocan los dirigentes del priismo, para designar a sus candidatos lo hacen con base en encuestas realizadas que retratan fielmente las preferencias de los votantes.
Seguramente, y probablemente en mayor medida que en otras ocasiones, en esta contará especialmente el grado de rechazo de los aspirantes en el electorado, habida cuenta de la participación de los alcaldes de las dos principales urbes de la entidad, Serrano y Garfio, quienes tuvieron a lo largo de sus administraciones serios cuestionamientos, el primero, por las obras del Plan Municipal de Urbanización (PMU) que mantuvo, durante meses, en vilo la vialidad juarense, amén de otros conflictos menores y que en el caso del alcalde capitalino, Garfio, quizá la crítica central que se le achacará será la de no haber pagado la indemnización a las víctimas de los Aero Show.
Además de los anteriores, seguramente que a los dos ex alcaldes -Murguía y Quezada- se les medirá puntualmente este aspecto, el del grado de rechazo, al primero por varios hechos que motivaron serios cuestionamientos sociales y a Quezada fundamentalmente lo del accidente del Aero Show. Si los porcentajes de rechazo fueran menores crecerían seriamente sus posibilidades.
Sin embargo, un factor que aún no se mide fue el hecho de que al sufrir tal hostigamiento, las simpatías por Marco Adán Quezada crecieron y lo hicieron aparecer como una de las víctimas del Gobernador Duarte, hecho que molestó a no pocos priistas y le hizo crecer en las simpatías del electorado, durante algunas semanas apareció como el líder opositor al ballezano que muchos sectores de la población aspiraban a contar, qué tanto crecieron tales percepciones seguramente que será uno de los factores que contarán en la decisión final.
Por último, y no menos importante, es que a partir del anuncio de la visita del presidente nacional priista, Manlio Fabio Beltrones, ya ninguno de los aspirantes habló de la posibilidad de efectuar una consulta a la militancia y, por los antecedentes, seguramente será un mecanismo que el PRI del siglo XXI habrá enterrado, por lo menos en las elecciones de este año.
Será el mismo partido que tantas críticas despertó por su peculiar mecanismo de elección de sus candidatos: El "dedazo".
