Las derrotas judiciales del Gobierno de Chihuahua

El Diario, 28 de diciembre de 2014
Luis Javier Valero Flores
Ha sido, el 2014, un año para el olvido para el Gobierno de Chihuahua, por lo menos en algunos de los aspectos más ligados a la aplicación de la justicia y la transparencia en el ejercicio del presupuesto público.
Lo que sucedió en el pasado reciente, en el que tuvo un notable desempeño el Congreso del Estado, es en sentido absolutamente contrario al desarrollo democrático.
Son de escándalo los casos más relevantes. En varias ocasiones -en una refrescante y esperanzadora novedad- las instancias federales les han otorgado los amparos respectivos a diversos entes (jueces, abogados, empresas, ciudadanos comunes) que han impugnado determinaciones, ya fuera del titular del Poder Ejecutivo, o del Congreso del Estado de Chihuahua.
En todos los casos por violar las leyes, así sean de corte administrativo, en lo que se ha convertido en una persistente práctica, consistente en pasar por encima de los procedimientos establecidos en las leyes para la designación, sobre todo, de funcionarios, ideados para evitar que la voluntad del titular del Poder Ejecutivo fuera la única que  los determinara.
El colmo lo constituye la reciente reforma al Poder Judicial. Desapareció la obligatoriedad de realizar exámenes para poder determinar los conocimientos de quienes aspiraran a ocupar las magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia. Una vez aprobada, se forzó la jubilación de 8 magistrados y luego el Congreso designó a quienes ocuparían las 13 magistraturas vacantes.
Tal designación ha recibido el rechazo de una buena parte de la abogacía de Chihuahua, ilustrado en la presentación de por los menos 5 solicitudes de amparos, cuya resolución es inminente.
En la mayoría de los casos aquí recordados adquirió una especial relevancia el abogado, Maclovio Murillo, quien ha representado a la mayoría de los quejosos que han obtenido el amparo de la justicia federal, en las que han sido unas estruendosas y escandalosas derrotas judiciales del Gobierno de Chihuahua.
No son pocas ni irrelevantes, todo lo contrario.
En enero de 2011 los jueces Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez, Catalina Ochoa Contreras y Rafael Boudib Jurado, que habían conformado el tribunal que concedió la libertad al hasta entonces presunto asesino de Ruby Fraire, interpusieron recursos de amparo en un juzgado federal contra la suspensión laboral sin goce de sueldo que el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) les había impuesto. Su defensor era el abogado Maclovio Murillo.
A fines de diciembre de 2010, luego del asesinato de Maricela Escobedo -madre de Ruby- a las puertas del Palacio de Gobierno, el STJ les notificó de la suspensión. Días después, el Congreso del Estado determinó la “procedencia” para el juicio político en su contra, acción que criticó Murillo como la pretensión de que un Poder quisiera juzgar a otro pues, argumentó, que en caso de haber cometido una falta, los jueces debieron ser sancionados por el Poder al que pertenecen.
Todos los actos legales fueron suspendidos luego que los jueces renunciaran, en un símil de lo ocurrido, tanto con el magistrado Carlos Flores Silva, como los 8 magistrados que recientemente solicitaron su jubilación, en una más que extraña coincidencia.
Todos han renunciado luego, o de haber ganado el litigio, o de haber obtenido los respectivos amparos.
El centro de las designaciones es el de que deben “motivarse y fundarse”, tanto para quienes resultaron designados, como para quienes no lo fueron.
A principios de julio de 2011, el ex magistrado Carlos Flores Silva, quien no había sido ratificado como magistrado de Cuarta Sala Penal del STJE por el Congreso de Chihuahua, anunció que había solicitado el amparo de la justicia federal contra la resolución del Poder Legislativo debido a que “no motivaron ni fundaron” esa negativa, a pesar de que el Poder Judicial había presentado un informe en el que recomendaban la ratificación.
Contra el más elemental conocimiento de la legalidad existente, la mayoría de los diputados votó en contra del dictamen, sin “fundar ni motivar” su determinación.
Maclovio Murillo, otra vez, representaría al agraviado. La Segunda Sala de la SCJN le ordenó al Congreso le ordenó la ratificación de Flores Silva.
La argumentación de la SCJN establecía, otra vez, que tales nombramientos deben darse de manera fundada y motivada pues de esa manera se constituye principalmente en una garantía de la sociedad consistente en que no le quiten buenos juzgadores o no le dejen malos juzgadores.
Poco más de un año después, en marzo de 2012, cinco actuarios destituidos sin razón aparente, ni legal, se ampararon y obtuvieron el amparo en el que solicitaban la inmediata restitución de sus puestos.
Otra vez, lo mismo. Alegaron, y obtuvieron el consentimiento de los jueces federales, en el sentido que el Poder Judicial de Chihuahua no había fundamentado ni motivado su determinación para despedirlos. Murillo los representó.
Se fue la legislatura anterior, liderada por el hoy alcalde juarense, Enrique Serrano, y el arribo de la nueva, ahora dirigida por Rodrigo de la Rosa, ambos del PRI.
Seguiría la tendencia de la anterior.
El juez local especializado en Justicia para Adolescentes, Adrián Morales Hernández, suspendido en noviembre del año 2012 por el entonces presidente del STJ, Javier Ramírez Benítez, obtuvo un amparo, otorgado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa a principios de marzo del presente año, quien ordenó la inmediata restitución del cargo.
La acusación en contra de Morales Hernández era que había dictado “sentencias irregulares”. Se amparó y el juez Octavio Cuenca Zamora le otorgó el amparo.
Nuevamente, el agraviado había sido representado por el abogado Murillo.
Aun faltaba la más escandalosa de las derrotas del gobierno chihuahuense. El abogado Rodolfo Leyva, quien obtuviera el primer lugar en la evaluación para designar a los ocupantes de las dos plazas vacantes de consejeros del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) y no fuera designado, se amparó ante esa determinación del Congreso del Estado, debido a que, y lo demostró, no había fundamentado, ni motivado la designación.
Luego de un accidentado proceso, el Congreso de Chihuahua debió obedecer la determinación del Poder Judicial de la Federación y realizar, nuevamente la elección de los consejeros del Ichitaip. El Congreso eligió, nuevamente, a las mismas.
Luego Murillo defendería a los concesionarios, ante la decisión del gobierno de asumir el control de la ruta troncal del Vive Bus. Nuevamente le ganaría. Tuvieron que negociar.
Vendría luego la reforma judicial. Este episodio ratificó, en dimensiones poco vistas, la plena subordinación al titular del Poder Ejecutivo en una nueva modalidad: Ahora vino signada por todos los partidos políticos acreditados en el Congreso del Estado.
Lo realizado por el Congreso del Estado es de una extrema gravedad. Le permitieron a un muy elevado número de personajes cercanos al titular del Poder Ejecutivo arribar al Poder Judicial, incluida la designación de dos militantes del PAN, Rafael Quintana y Luis Villegas, quienes, al igual que sus ahora colegas emanados directamente de las filas del PRI, no satisfacen los requerimientos constitucionales para acceder a esos cargos.
Días después, el 20 de noviembre se informaría que el juez del fuero común, Hugo Acosta Hernández, promovió un juicio de amparo y su representante sería Murillo Chávez, del mismo modo que en caso del abogado Arturo Ramírez Luque.
Semanas atrás, Juan Antonio Trejo, Juez Primero de Distrito en la entidad, suspendió en definitiva la licitación, convocada por el Gobierno de Chihuahua, para fabricar un millón 237 mil placas y engomados vehiculares. El argumento fue que las bases fueron diseñadas para favorecer a la empresa EDM de México.
En este recuento no se incluye el amparo otorgado a los indígenas de Repechique en contra de la construcción del aeropuerto de Creel, mérito compartido con el gobierno federal, sólo porque se les olvidó consultarlo con los dueños de los terrenos. ¡Pequeña cosa!
¿Cuántas batallas más de este tipo faltan?
Falta ver la resolución de la denuncia presentada por el abogado Jaime García Chávez; esa será la principal de las contiendas judiciales sostenidas por la actual administración.
¿También la perderá?
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Los niños primero

El Diario, 25 de diciembre de 2014
Luis Javier Valero Flores
Probablemente no haya mejor fecha para reflexionar sobre los derechos y situación de los niños que este día. La inmensa mayoría de ellos en México no la pasan bien, es, quizá, nuestra mayor desgracia. Los jóvenes de la siguiente generación representan el estrato que más agresiones ha sufrido en la última década; los caídos en la guerra de los cárteles son, en su inmensa mayoría, jóvenes menores a los 30 años.
Pero lo sufrido por los más pequeños es de proporciones inconmensurables; para una gran cantidad de ellos no habrá una celebración hoy, día en que otros disfrutarán por primera vez los juguetes recibidos en la noche anterior, o descubiertos apenas unas horas atrás.
Eso representa uno de los principales indicadores de la enorme desigualdad económica y social existente en el país, que genera, entre otros factores, la aparición de una cantidad de fenómenos, genéricamente designados como "pérdida de valores", y que ya concretados aparecen como fuente de la delincuencia juvenil a la que las capas conservadoras de la sociedad intentan combatir con la cada vez mayor disminución de la edad penal y el aumento exorbitante de las sanciones penales, incluidas, por supuesto, las medidas punitivas a los infantes, adolescentes y jóvenes.
¡Ah, pero como comportarse severamente ante estos problemas genera simpatías electorales, nuestros legisladores no desean quedarse atrás!
Lo último es que aprobaron una reforma penal con dedicatoria especial para los niños, pues los diputados eliminaron la libertad inmediata para los menores de 12 años que cometan un delito, quienes "ahora deberán ser canalizados por el Ministerio Público a la Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social del Estado". (Nota de Jaime Armendáriz, El Diario, 23/XII/14), en contraposición a lo establecido hasta ahora en la Ley de Justicia Especial para Adolescentes Infractores en el sentido "que los menores de 12 años a quienes se les atribuya la comisión de un delito están exentos de responsabilidad", y que en caso de detención, el menor debía ser puesto en libertad “inmediatamente” y entregado a su padre, madre o representante.
“La Procuraduría deberá realizar acciones de protección y determinar el tratamiento idóneo para las personas menores de 12 años que hayan realizado algún hecho que la ley tipifique como delito”, decreta la reforma a la Ley de Asistencia Social Pública y Privada. (Ibídem).
Sin embargo, pequeña cosa, la Convención sobre los Derechos de los Niños, aprobada el 20 de noviembre de 1989, establece en los artículos 9 y 12 algunos lineamientos en esa materia, no contemplados por la reforma de nuestros ínclitos diputados.
El artículo 9 establece (Fracción 1) que "Los Estados velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño...", pero la fracción 2 acota tal separación al dictar que "se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones".
Más aún, el artículo 12, fracción 2, dicta que "se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional".
Nada de lo anterior se garantiza en la reforma aprobada. A rajatabla se legisla que los menores de 12 años, que hubiesen cometido algún delito deberán ser separados de sus padres.
Veamos, a la luz de esta reforma uno de los casos más conocidos en las esferas políticas, el de los hermanos Salinas de Gortari. Por accidente, por diversión, o por una combinación de ambos factores, lesionaron mortalmente a una trabajadora doméstica, pero eran unos niños. Con la reforma aprobada (claro, sin que los jueces tomaran en cuenta que eran hijos de un secretario de Estado) los hermanos serían separados de sus padres y remitidos a la susodicha Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social del Estado. ¿Sería necesario hacer eso?
Por supuesto que responder tajantemente en cualquier sentido sería un exceso, pero la reforma aprobada tendría que establecer claramente la ruta a seguir en este tipo de casos, poniendo en primer lugar que los padres de los menores tendrían, en todo caso, la prioridad, y que los tratamientos a recibir por los menores siempre serán mejores si se aplican en el entorno familiar, en caso de que se demuestre la existencia de condiciones aceptables en éste.
¡Ah, cómo se añora el verdadero espíritu navideño!

Agravios y contradicciones

El Diario, 21 de diciembre de 2014

Luis Javier Valero Flores

Llegada la era de la imagen, fundamentalmente la de la televisión, algunas de ellas se convirtieron en los catalizadores de los acontecimientos posteriores.

Así ocurrió con la del perredista René Bejarano guardándose el dinero y las ligas que le entregara Carlos Ahumada. También con la del líder del Verde Ecologista, Jorge Emilio González, embolsándose cientos de miles de dólares. ¿Y qué decir de las del terremoto de 1985 en la ciudad de México, o la de las Torres Gemelas cayéndose en Nueva York?

¿O la de Jackie Kennedy intentando rescatar los fragmentos del cráneo de su esposo, John? ¿O la de Luis Donaldo Colosio abatido a tiros en Tijuana en medio de una muchedumbre?

Las consecuencias de cada una de ellas, por supuesto, tuvieron como factor principal las condiciones sociales en que se presentaron y, de acuerdo con éstas, fueron las magnitudes de aquellas.

En esa tesitura se encuentran los habitantes de la casa presidencial y el gobernante chihuahuense, César Duarte. Los acompaña, además, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray.

Podrán, los integrantes del grupo gobernante en Chihuahua, desestimar los efectos del reportaje realizado por el equipo de Denisse Merker, presentado en el programa televisivo “Punto de partida”, en el canal con el más alto rating del país, pero se encuentran en problemas.

Puede darse el caso, además, que la denuncia presentada por Jaime García Chávez en contra del gobernador César Duarte, el Secretario de Hacienda, Jaime Herrera y el presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Carlos Hermosillo, tema central del reportaje transmitido el miércoles anterior, sea desechada en una primera instancia, pero las consecuencias se antojan trágicas para quienes han copado todas las posiciones del poder político en Chihuahua,  casi de manera hegemónica.

Lo son porque las contradicciones en que cayó el gobernador Duarte en las entrevistas televisadas lo hunden en la credibilidad ciudadana, justo a 3 semanas del inicio de las precampañas electorales, rumbo a las elecciones federales de mitad de sexenio, precisamente las que más interesan en Los Pinos (la residencia presidencial).

Que el mandatario chihuahuense dijese que no había leído el contrato -“a lo macho”- para la creación del fideicomiso de su propiedad, por 65 millones de pesos (el escribiente lo asevera porque el Gobernador Duarte nunca negó esa cantidad en el curso de la entrevista), debido a que son infinidad “la cantidad de documentos que firma al día”, es, sencillamente, increíble.

Y que luego afirmara -en presencia de Jaime Herrera- que él no había autorizado la apertura de cuenta alguna del Gobierno de Chihuahua en la institución financiera Unión Progreso, es igualmente increíble; una operación (o la de cientos de operaciones que implicaba el movimiento de una masa de dinero superior a los 80 mil millones de pesos) de esa magnitud es informada, así sea casi de manera burocrática, al primer mandatario de cualquier entidad, máxime, como es el caso, de una financiera que tanta polémica, sabían Herrera y Duarte, podía concitar.

Sin embargo, el 19 de noviembre El Heraldo de Chihuahua publicó una entrevista en la que Duarte afirmó que “"El Gobierno del Estado tiene con todas las instituciones que les presta servicios, convenios en los cuales tiene que tener también reciprocidad, así funcionan también las instituciones financieras. Y esos depósitos, yo cuando supe de esos temas le solicité al Secretario de Hacienda me informara, él me acredita que tiene mejor tasa de las que pueda obtener en cualquier otra institución, por lo tanto no se puede presumir que hubiera ahí algo raro”.

Entonces, sí sabía.

Luego aparecería, en el reportaje de Punto de Partida, el tercer tema polémico de sus declaraciones cuando afirmó que cometería un agravio -“Para los que no tienen, y para los que sí tienen, un reto”- si hiciera pública su declaración patrimonial, como semanas atrás lo hiciera el Presidente Peña Nieto ante el escándalo de la Casa Blanca.

Pero hay declaraciones en sentido contrario. Por lo menos El Diario de Chihuahua (nota de Orlando Chávez Echavarría, 20/XI/14) y el portal Entre líneas (misma fecha) publicaron sus afirmaciones. En ambos medios sostiene que no tiene objeción a hacer pública su declaración patrimonial: 

En El Diario dijo estar “dispuesto a publicar sus bienes patrimoniales y a someterse a cualquier tipo de investigación que se le pretenda hacer, ya que no tiene nada qué ocultar”, además de estar “a disposición de las autoridades, (pues) no tengo nada qué esconder”.

La nota de Jesús López -Entre líneas- así lo asienta: “El gobernador del Estado, César Duarte Jáquez dijo estar en total disposición para emitir de declaración patrimonial, situación similar a la que realizó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. El jefe del Ejecutivo estatal refirió que no tiene nada que esconder y que en su momento y de ser necesario, tomaría dicha acción, la cual destacó muestra la transparencia del mandatario nacional.

‘Es admirable y es una posición que respetamos, yo sin duda estoy abierto para cualquier circunstancia’, comentó el mandatario chihuahuense, al ser cuestionado sobre el controversial tema”.

Y este es el tema de fondo. Llama la atención que en las respuestas a los medios locales manifestara su disposición a publicar su riqueza, pero que ante las cámaras del principal medio de comunicación del país trastabillara y exhibiera al más pobre de los argumentos de los funcionarios públicos reacios a mostrarnos la cuantía de sus bienes, arguyendo que sería “un agravio”, cuando se oponen a demostrarle a la sociedad que guardan congruencia sus emolumentos como funcionarios públicos y la acumulación derivada de ellos y de los bienes heredados.

Acumular esa fortuna no es cualquier cosa. Hasta ahora sólo tenemos su versión que, confrontada con la postura de Enrique Peña Nieto, choca frontalmente y nos llevaría a pensar que éste agravió a más de la mitad de los mexicanos ¿Sólo por publicar el monto y composición de sus bienes, de su riqueza?

Es cuando las contradicciones exhibidas lo igualan con el mismísimo presidente Peña, con la esposa de éste y con el Secretario Videgaray.

Peña Nieto debió incluir las propiedades de su esposa, así lo establece la ley, y al aceptar aquella que recibió una residencia de Televisa, justamente cuando esta empresa sostenía una intensa y muy jugosa relación empresarial con el gobierno del Estado de México, se configuró nítidamente el conflicto de interés del gobernador Peña Nieto, que se agrega al sostenido con Higa, o el empresario Juan José Hinojosa, por la Casa Blanca y la residencia de Videgaray.

¿Y las explicaciones de Videgaray?

Semejantes a las de Duarte. Ahora resulta que el encargado de “Vigilar que los programas de inversión de las dependencias del Ejecutivo y sus organismos auxiliares, se realicen conforme a los objetivos de los planes de desarrollo aprobados”, (Ley de la Administración Pública del Estado de México, Art. 24, Fracción XXII) y de realizar los pagos realizados por ese gobierno, en obras por montos superiores a los 35 mil millones de pesos y cuyo argumento central consiste en que en el momento de firmar el contrato de compra venta de la casa de Malinalco “no era funcionario”.

Pues no, no era, lo había sido para firmar contratos, a nombre del gobierno mexiquense con las empresas de Hinojosa. Pero en el momento que firmó la compra de su casa era, ni más ni menos, el encargado de recibir toda la información y lo concerniente -¡Poca cosa!- a la Secretaría de Hacienda en el equipo de transición del entonces presidente electo, Enrique Peña Nieto.

Son muchas las contradicciones de los funcionarios y más los agravios sufridos por la sociedad a la que están obligados a rendirles cuentas e informarla adecuada y verazmente.

Más allá del rumbo que tome la denuncia penal en su contra, el Gobernador Duarte está obligado a informar puntualmente a la sociedad chihuahuense de los asuntos planteados en el reportaje del equipo de Denisse Merker. Puede argüir lo que desee acerca de las pretensiones, abiertas o soterradas, de quienes lo denuncian y de quienes lo critican, pero hay hechos en los que aparecen muy evidentemente las contradicciones.

El daño político, a su gobierno y a su partido, (y, por supuesto, a la sociedad chihuahuense) ya está hecho, sufre una profunda crisis de credibilidad popular; podrá superarla sólo si asume la decisión de informar con toda transparencia el origen y desarrollo de su fortuna y si acepta que, efectivamente, firmó el fideicomiso de 65 millones de pesos.

Pero si el entorno local le desfavorece, debiera decírsele que en estos asuntos la cuerda, siempre, se rompe por lo más delgado y el Presidente Peña Nieto tiene verdaderos y gravísimos problemas. 

Se acrecentarán precisamente en el clímax de la campaña electoral; tanto los derivados de la inseguridad pública, incluido el tema de Ayotzinapa (que conforme pasa el tiempo se agrava más para el gobierno federal), como los derivados de la situación económica en cuyo centro se encuentra el precio del petróleo (que, a propósito, los podría llevar a no poner en vigor prontamente la reforma petrolera), así que el porcentaje de aprobación a su gobierno, rondando ahora en los 38-39 puntos, puede bajar aún más y estará urgido, entonces, de desesperadas maniobras que lo lleven a recuperar márgenes de credibilidad.

Explorarán muchas opciones, ninguna de las que afectaran al grupo Atlacomulco.

Harán todo lo posible por asegurarle a Peña Nieto la mayoría en la Cámara de Diputados en la segunda parte de su mandato. 

Recurrirán a todo, y apelarán a la existencia del “marco de Derecho” existente en el país, ese del cual carecemos; de ahí que el curso de la denuncia presentada por Jaime García Chávez pueda obedecer más a la situación política que al estricto apego a la legalidad vigente, independientemente de lo sustentada, o no, que lo esté.

Y eso es lo lamentable.

Los ejemplos están a la vista; por ahí anda en libertad, ya, Raúl Salinas de Gortari ¿Con cuál pasaporte se identificará, el suyo, o alguno de los falsos?

Escuche, de lunes a viernes a las 6 pm, en Chihuahua, Aserto Radio 102.5FM. 

O por www.antenafm.mx y www.vozenred.com.mx

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Yerros continuos

Editorial, Aserto 137, Diciembre de 2014

Algo está ocurriendo al interior del equipo gobernante de Chihuahua. Pareciera, a momentos, que unos funcionarios están en contra de otros, o que unos tienen unas posturas y algunos de sus compañeros, las opuestas, o simplemente no comparten, ni las preocupaciones, ni las medidas a tomar en determinadas circunstancias.

En el curso de las últimas semanas van creciendo en número los hechos que dan cuenta de lo anterior.

Mención aparte merece el aparente desconocimiento de los límites legales de las acciones gubernamentales y de las reformas a proponer (con el agravante, en nuestra entidad, que las propuestas del Gobernador César Duarte están irremediablemente condenadas a ser aprobadas, dadas las condiciones de plena subordinación, ya no solamente los legisladores locales de su partido, sino los de prácticamente todos, con las excepciones circunstanciales de los integrantes del PAN) como la recientemente aprobada para el Poder Judicial.

Pero inmediatamente antes, el ya famoso episodio protagonizado por el Secretario de Gobierno, Raymundo Romero, al lanzar su muy conocida frase de -Pregúntale a Tachiqín, que denotaba una profunda molestia del segundo de a bordo de Palacio -por lo menos en el papel-; o el episodio protagonizado por el Auditor Superior del Estado, Jesús Manuel Esparza Flores, quien llegó a señalar que “por sus aspiraciones”, nadie podría buscar ser eximido de ser castigado por sus actos, en clarísima referencia al ex alcalde de Chihuahua, Marco Adán Quezada y que culminó apenas unos días atrás cuando el Pleno del Congreso le devolvió a la ASE el informe sobre la Auditoría Especial realizada al Aero Show 2013, en un más que evidente yerro legal.

Pero casi inmediatamente después, la renuncia de la diputada Teporaca Romera a la dirigencia estatal del organismo de mujeres del PRI, por la “misoginia” de su actual dirigencia y simultáneamente la del dirigente municipal del PRI, Fermín Ordóñez, que aún hoy no ha sido aclarada suficientemente.

Con esos antecedentes -a los que debemos sumar el ríspido incidente de la toma de Palacio por los barzonistas- la muy extraña jubilación simultánea de 8 magistrados y el desaseado proceso de elección de los 13 faltantes (para lo cual incluimos en la presente edición dos artículos -publicados en El Diario- con ese tema) en el que designaron a personas que no cumplían los requisitos constitucionales, y que ha llevado a la presentación de diversos amparos, con lo que la constitucionalidad de la ley y la legalidad de las designaciones pasará por la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Aún faltaba el incidente más estridente de tan inexplicables jornadas.

El viernes 21 de noviembre, de manera sorpresiva, corrió el rumor de un muy anticipado término de los cursos escolares en los Colegios de Bachilleres, la Uach y la Uacj “debido a las condiciones climáticas” afirmaría un día después la autoridad educativa de la entidad, el ex director de Pensiones Civiles del Estado, Marcelo González Tachiquín, quien sustituyera, -a unos cuantos días de la presentación deI I Informe de la senadora Graciela Ortiz- a Pablo Espinoza, quien ha sido cercano colaborador de ésta durante muchos años.

Ausente cualquier amenaza climática, el grupo gobernante debió dar una y mil explicaciones, todas carentes de sustento, hasta llegar al extremo de sostener que sólo había sido una “sugerencia”, en medio de una de las más agudas etapas de críticas al gobierno de Duarte, no sólo en las redes sociales.

Y en éstas cundió la versión más socorrida: Lo hicieron para desactivar las protestas de los jóvenes con motivo de la desaparición y asesinato de los normalistas de Ayotzinapa, debido a la irritación provocada en el mandatario estatal la que realizaran en el desfile del 20 de noviembre.

Tales desaciertos vinieron a sumarse al estado de honda indignación en el país y que ha motivado una de las más grandes, extendidas y permanentes manifestaciones de protesta por los sucesos de Iguala, a grado tal que, además de la permanente exigencia porque aparezcan -vivos- los 43 normalistas, empieza a cundir en los sectores más radicalizados la demanda de la renuncia del Presidente Peña Nieto, debido a lo anterior y al descomunal desprestigio alcanzado por la “Casa Blanca”.

Aquí es cuando se evidencia la ausencia de los estadistas, de los hombres que hagan del acto de gobernar la consecuente satisfacción de las demandas sociales.

Las batallas perdidas por el Gobierno de Chihuahua

Aserto 137, Diciembre de 2014

Han sido de escándalo. En varias ocasiones -con una refrescante y esperanzadora novedad, la de que las instancias federales les han otorgado los amparos respectivos- diversos ciudadanos (jueces, abogados, empresas, ciudadanos comunes) han impugnado determinaciones, ya fuera del titular del Poder Ejecutivo, o del Congreso del Estado de Chihuahua. 

En todos los casos por violar las leyes, así sean de corte administrativo, en lo que se ha convertido en una persistente práctica, consistente en pasar por encima de los procedimientos establecidos en las leyes para la designación, sobre todo, de funcionarios cuyos nombramientos deben cursar por toda una ruta, que se pensaba era para evitar que la sola voluntad del titular del Poder Ejecutivo fuera la que  los determinara.

El colmo lo constituye la reciente reforma al Poder Judicial. Desapareció la obligatoriedad de realizar exámenes para poder determinar los conocimientos de quienes aspiraran a ocupar las magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia. Una vez aprobada, se forzó la jubilación de 8 magistrados y luego el Congreso designó a quienes ocuparían las 13 magistraturas vacantes.

Tal designación ha recibido el rechazo de una buena parte de la abogacía de Chihuahua.

En el momento de elaborar la presente edición ya se habían presentado tres solicitudes de amparo y estaban en curso la elaboración de algunas más.

En la mayoría de los casos, un abogado adquirió una especial relevancia, Maclovio Murillo, quien ha representado a la mayoría de los quejosos que han obtenido el amparo de la justicia federal, en las que han sido unas estruendosas y escandalosas derrotas judiciales del Gobierno de Chihuahua, así, en singular, porque es del conocimiento generalizado que quienes dirigen a la mayoría legislativa forman parte del grupo hegemónico en Chihuahua y que actúan prácticamente  como integrantes del equipo gubernamental.

Las derrotas, por tanto, son de todos.

No son pocas ni irrelevantes, todo lo contrario

Luis Javier Valero Flores

En enero de 2011 los jueces Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez, Catalina Ochoa Contreras y Rafael Boudib Jurado, que habían conformado el tribunal que concedió la libertad al hasta entonces presunto de Ruby Fraire interpusieron recursos de amparo en un juzgado federal contra la suspensión laboral sin goce de sueldo que el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) les había impuesto.

Zúñiga Vázquez informó haber contratado los servicios legales del abogado Maclovio Murillo.

A fines de diciembre de 2010, luego del asesinato de Maricela Escobedo -madre de Ruby- a las puertas del Palacio de Gobierno, el Supremo Tribunal de Justicia les notificó de la suspensión.

Días después, el Congreso del Estado determinó la “procedencia” para el juicio político en su contra, acción que criticó Murillo como la pretensión de que un Poder quisiera juzgar a otro pues, argumentó, que en caso de haber cometido una falta, los jueces debieron ser sancionados por el Poder al que pertenecen. 

“En Chihuahua un poder quiere juzgar a otro, utilizando como base criterios políticos y no jurídicos, por lo cual, los jueces de tribunal oral, Catalina Ochoa, Netzahualcóyotl Zúñiga y Rafael Boudib, no acudirán ante el Congreso del Estado, indicó el abogado de los juzgadores, Maclovio Murillo Chávez”. (Nota de Ricardo Espinoza, Norte de Ciudad Juárez, 13/I/11).

Para su defensa, alegó la existencia de tesis jurisprudenciales emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y recordó que el gobernador “declaró en medios que iba darles cárcel a los jueces, que los iba a suspender y fueron suspendidos; que les iba a instaurar juicio político y efectivamente se les instauró, entonces, razón por la cual, ya tenían conocimiento de que iba a aprobarse el juicio político por parte del Congreso estatal”.

Murillo argumentó que el congreso sólo puede investigar cuando se violenten los derechos fundamentales por parte los servidores públicos, situación que no encaja en este caso por haberse emitido una sentencia en el marco de la legalidad, independientemente de su sentido.

Tales posturas le merecieron una andanada de ataques de todo el oficialismo.  El hoy magistrado del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), luego de haberse desempeñado como Secretario General del STJ, en una cuestionada designación pues lo hizo cuando aún no transcurría el año de haber terminado la diputación, Gabriel Sepúlveda Reyes, a la sazón presidente de la Comisión Jurisdiccional del Congreso de Chihuahua, afirmó que el representante legal Maclovio Murillo Chávez y los tres jueces del caso Rubí estaban intentando confundir a la ciudadanía. (Nota de Norte de Ciudad Juárez, 21/II/11).

Sepúlveda arguyó que el amparo no procedía “porque está bien estipulado en la ley que no se puede otorgar una protección de esa naturaleza contra las resoluciones de los Congresos, en los que se nombra, se ratifica o se suspende a los servidores públicos”.

Pero todos los actos legales fueron suspendidos luego de que los jueces renunciaron, en un símil de lo ocurrido, tanto con el magistrado Carlos Flores Silva, como los 8 magistrados que recientemente solicitaron su jubilación, en una más que extraña coincidencia, luego de la aprobación de diversas reformas al marco legal del Poder Judicial.

Todos han renunciado luego, o de haber ganado el litigio, o de haber obtenido los respectivos amparos, con la más que extraña coincidencia de haber conversado con el titular del Poder Judicial en turno.

Así, enseguida de la renuncia de los jueces, el Congreso de Chihuahua resolvió desechar la celebración del juicio político en su contra solicitada, ni más ni menos que por el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz.

Pero esa determinación no fue aprobada por la fracción del PAN, de la cual uno de sus integrantes, el hoy alcalde de Delicias, Jaime Beltrán del Río, argumentó que “La sanción del juicio político trae como consecuencia la destitución e inhabilitación, por ello resulta sospechoso e inadmisible que se desdeñara de facto analizar el fondo del asunto y estar en posibilidad de inhabilitar a los jueces. La resolución es alejada de la realidad en virtud de que no funda ni motiva”, en lo que fue la primera aparición pública más notoria de una de las argumentaciones mediante la cual la actual legislatura y la precedente se han significado por ser las que más yerros haya cometido en la designación de diversos funcionarios.

Las legislaciones establecen que para hacerlo deben “motivar y fundar” sus determinaciones, tanto para quienes resultaron designados, como para quienes no lo fueron.

El caso del magistrado Flores Silva

Apenas habían transcurrido unos cuantos meses, a principios de julio de 2011, cuando el ex magistrado Carlos Flores Silva, quien no había sido ratificado como magistrado de Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado por el Congreso de Chihuahua, anunció que había solicitado el amparo de la justicia federal contra la resolución del Poder Legislativo debido a que “no motivaron ni fundaron” esa negativa, a pesar de que el Poder Judicial había presentado un informe en el que recomendaban la ratificación debido a los buenos resultados de su gestión, mostrados en la evaluación que había realizado el STJ.

Lo peor es que la Comisión respectiva del Congreso del Estado presentó un dictamen en el mismo sentido que el informe. Contra todos los pronósticos, pero peor aún, en contra del más elemental conocimiento de la legalidad existente, la mayoría de los diputados votó en contra del dictamen, sin “fundar ni motivar” su determinación.

Maclovio Murillo, otra vez, representaría al agraviado y pondría en problemas legales al Congreso de Chihuahua, que mostró, una vez más, su notoria incapacidad jurídica. 

Sería derrotado en toda la línea. 

La Segunda Sala de la SCJN determinó, a final de cuentas que el Congreso había violado el procedimiento y le ordenó la ratificación de Flores Silva, amén del pago de todos los salarios del lapso transcurrido.

En la resolución del 6 de mayo de 2012, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver sobre la facultad de atracción 169/2012, al considerar que se reúnen los requisitos de relevancia y trascendencia jurídica para que el más alto tribunal del país entrara a conocer el fondo del asunto hizo suyos los argumentos de Flores Silva cuando solicitó el amparo: 

“La ratificación o no ratificación, como todos los actos de autoridad de absolutamente todas las autoridades del Estado mexicano, entre las que se encuentran obviamente las de Chihuahua, aunque no quieran, deben estar debida y adecuadamente fundados y motivados como lo exige el artículo 16 de la Constitución Federal… Especialmente, sobre la ratificación o no ratificación de Magistrados Estatales, el artículo 116 de la Carta Magna, y su interpretación jurídica realizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es obligatoria en todo el País, prevén que debe darse de manera fundada y motivada, incluso de forma reforzada, para evitar que los Juzgadores sean separados de su cargo o bien se les conserve como inamovibles, sólo a voluntad o capricho del poder político, pues a toda la sociedad conviene tener Juzgadores que sólo le deban su cargo a la eficiente labor desempeñada. 

Por eso, el deber de fundar y motivar una decisión de ratificación o no ratificación, además de constituirse en una garantía del candidato a ratificar, se constituye principalmente en una garantía de la sociedad que se reduce a que no le quiten buenos juzgadores o no le dejen malos juzgadores, sin razonarse y motivarse el porqué se les separa del cargo o el motivo por el cual se decide dejarlos con el carácter de inamovibles”.

Pero no sin antes que el Congreso de Chihuahua recibiera una amonestación del Poder Judicial de la Federación y lo llamara “contumaz”, a causa de no acatar a tiempo ni con las formas exigidas, la sentencia de la SCJN.

Coincidentemente, Flores Silva, una vez tomada la protesta como magistrado, solicitó su jubilación.

No eran los únicos casos, por desgracia. Poco más de un año después, en marzo de 2012, cinco actuarios destituidos sin razón aparente, ni legal, se ampararon y obtuvieron el amparo en el que solicitaban la inmediata restitución de sus puestos.

Otra vez. Alegaron, y obtuvieron el consentimiento de los jueces federales, en el sentido que el Poder Judicial de Chihuahua no había fundamentado ni motivado su determinación para despedirlos.

Los quejosos argumentaron que se les había removido con “fines de abrir plazas para reacomodos políticos, en vez de existir realmente motivos jurídicos para decretarla”. Nuevamente, el abogado defensor de los afectados, resultó ser el licenciado Maclovio Murillo, quien se convertía, por tanto, en el favorito de los funcionarios del Poder Judicial, cuando éstos sentían vulnerados sus derechos…

Nueva legislatura, peores errores

Se fue la legislatura anterior, liderada por el hoy alcalde juarense, Enrique Serrano, y el arribo de la nueva, ahora dirigida por Rodrigo de la Rosa, ambos del PRI, debido a que este partido obtuvo, por séptima ocasión consecutiva, mayoría en el Congreso, y las cosas en estas materias continuaron y empeoraron.

Lo mismo ocurría en el Poder Judicial. El juez local especializado en Justicia para Adolescentes, Adrián Morales Hernández, suspendido en noviembre del año 2012 por el entonces presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Javier Ramírez Benítez, obtuvo un amparo, otorgado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa a principios de marzo del presente año.

La acusación en contra de Morales Hernández era que había dictado “sentencias irregulares”, el mismo argumento usado en el caso de los tres jueces del tribunal oral. Morales se amparó y el juez Octavio Cuenca Zamora le otorgó el amparo, pero el STJ apeló y fue derrotado, otra vez, en toda la línea, al avalar los magistrados del Tribunal Colegiado la resolución de Cuenca Zamora.

Nuevamente, el agraviado había sido representado por el abogado Murillo.

El STJ fue condenado a reinstalar al juez y a pagarle sus salarios no cubiertos, más de 16 meses después de la ilegal suspensión.

Otra vez, el Gobierno de Chihuahua recibía una condena del Poder Judicial de la Federación, a causa de violar la ley ¡Increíble!

Aun faltaba la más escandalosa de las derrotas del gobierno chihuahuense. El abogado Rodolfo Leyva, quien obtuviera el primer lugar en la evaluación para designar a los ocupantes de las dos plazas vacantes de consejeros del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) y no fuera designado, se amparó ante esa determinación del Congreso del Estado, debido a que, y lo demostró, no había fundamentado, ni motivado la designación, máxime que las seleccionadas habían obtenido, una de ellas, el último lugar en la evaluación y la otra una calificación por debajo del 7, el referente usado por las dos universidades públicas de la entidad para el acceso al estudio de las maestrías.

Luego de un accidentado proceso, el Congreso de Chihuahua debió obedecer la determinación del Poder Judicial de la Federación y realizar, nuevamente la elección de los consejeros del Ichitaip.

A pesar de la impugnación increíblemente el Congreso eligió a las mismas personas, no obstante la creciente ola de repudio existente. El abogado Leyva ha informado que recurriría a la impugnación en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, no está resuelto, por tanto.

La única diferencia, frente a los casos precedentes, es que el abogado Murillo no había representado a Leyva.

Por ello, cuando en medio de un episodio más de la larga saga de la puesta en marcha del sistema de transporte urbano en la ciudad de Chihuahua, el Vive Bus, ante la determinación del gobierno estatal de asumir el control de la ruta troncal y anunciarse que los concesionarios obtendrían los servicios de Murillo para ampararse en contra de esa determinación, los focos de alerta se encenderían en Palacio de Gobierno.

No les falta razón, el juez Octavo Federal de Distrito les otorgó el amparo, que suspendía la requisa en la ruta troncal del Vive Bus a favor de la empresa Coordinadora de Transporte Colectivo (CTC), por un lapso de siete días.

Quedaría pendiente la realización de la audiencia incidental en la que se resolvería la suspensión del acto reclamado.

Las razones para obtener el amparo son altamente ilustrativas del desdén con el que el Gobierno de Chihuahua realiza una buena parte de sus actos. Fue acusado de violar las garantías de previa audiencia, debido proceso, recurso efectivo, y la necesaria fundamentación y motivación de sus actos de gobierno.

El Poder Judicial de la Federación declaró inconstitucional el acuerdo de la requisa del Vive Bus, publicado el 17 de mayo en el Periódico Oficial del Estado.

Pero una vez transcurridos apenas unos cuantos días, los concesionarios, representados por Francisco Lozoya, se desistieron de la demanda, (“fue tomada por así convenir a los concesionarios para favorecer el diálogo y el alcance de acuerdos con el gobierno estatal”) luego de algunas negociaciones con Gobierno del Estado, hecho que le llevó a recibir el señalamiento de “traidor” por muchos de sus compañeros.

El affaire de los magistrados

Vendría luego la reforma judicial, defendida ardorosamente por el líder del grupo parlamentario del PAN, César Jáuregui. Este episodio ratificó, en dimensiones poco vistas, la plena subordinación al titular del Poder Ejecutivo en una nueva modalidad: Ahora vino signada por todos los partidos políticos acreditados en el Congreso del Estado.

Lo realizado por el Congreso del Estado es de una extrema gravedad. Le permitieron a un muy elevado número de personajes cercanos al titular del Poder Ejecutivo arribar al Poder Judicial. 

Podrán argüir lo que deseen, el hecho es que en esa tesitura se encuentran los ahora magistrados César Ramírez, ex titular del Registro Civil; Jorge Ramírez, encargado de la implementación (sic) del nuevo sistema de justicia penal y otrora perdedor candidato a la alcaldía de Cuauhtémoc; Gabriel Sepúlveda, ex aspirante a la alcaldía de Parral, ex diputado local; el ex delegado de Profeco, Filiberto Terrazas y Alfredo Fierro Beltrán, de la Barra de Abogados, “con estrechos círculos en Palacio y la UACh” (De los reporteros, El Diario de Juárez, 15/XI/14), por aquello de ser el esposo de la Directora de la Facultad de Contaduría, Liliana Alvarez, ex Secretaria de la Contraloría del Gobierno de Chihuahua y a quien propios y extraños señalan como la favorita de Palacio para acceder a la rectoría de la Uach.

Por su parte, y seguramente por la previsible molestia que generaría al interior del Poder Judicial una conducta distinta, 6 de los elegidos provienen del “interior”, con mayor o menor aprobación de la comunidad jurídica.

Pero lo “inexplicable” fue la designación de dos militantes del PAN, Rafael Quintana y Luis Villegas, quienes, al igual que sus ahora colegas emanados directamente de las filas del PRI, no tienen antecedentes de los establecidos por la Constitución General de la República para acceder a esos cargos,  en lo que es a todas luces la cuota cobrada por el PAN para la aprobación de semejante lista, hecho aprobado implícitamente por el líder estatal de este partido, Mario Vázquez, quien en distintas declaraciones avalaría el proceso de designación, sin externar la menor crítica.

La inconformidad antes las designaciones tiene bases legales porque lo establecido en la Constitución Política de México es clarísimo (Art. 116): “Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”.

Más aún, establece que los magistrados de los estados deberán “Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello”. ¡Ah, po’s la reforma de Chihuahua sólo les exige 5 años de antigüedad! ¡Qué importa!

La elección de los magistrados concluyó una cuestionable etapa previa, la de la designación de Gabriel Sepúlveda como Secretario General (luego de no verse beneficiado con la candidatura a la alcaldía de Parral) a pesar de no contar con un año, al menos, de haber terminado su encargo como diputado local. 

Así lo plantea el texto constitucional: “… No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación”, pues, dice la Ley Orgánica del Poder Judicial de Chihuahua (Art. 72) que el “El Secretario General deberá satisfacer, para su designación, los mismos requisitos que exigen las leyes para ser magistrado, con excepción de la edad mínima, que será de veinticinco años”.

Casi al mismo tiempo, lo que evidenció una total sincronización en la toma de decisiones, el secretario del ayuntamiento de la capital, Fernando Mendoza, fue sustituido por Santiago de la Peña, pero instantes después -por unanimidad- fue designado por el Pleno del STJ como su Secretario General.

¿Cómo podríamos encuadrar las actividades profesionales de Mendoza -más allá de sus capacidades y experiencia en el sector público- dentro de lo señalado por los textos constitucionales? De “antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”, si se ha desempeñado como diputado local, secretario del ayuntamiento y antes de estos dos cargos, como dirigente municipal de su partido; en el gobierno de Patricio Martínez como secretario del Secretario Particular del Gobernador, y luego en distintos cargos en el de Reyes Baeza, lo que denota una intensa carrera política, de ninguna manera ligada a la tarea que hoy le asignaron, reservada para un profundo conocedor de todas las materias del Derecho.

Días después, el 20 de noviembre se informaría que el juez del fuero común, Hugo Acosta Hernández, promovió un juicio de amparo en contra de la designación de los 13 magistrados del STJ.

Su representante legal sería el abogado Maclovio Murillo Chávez quien consideró que en la designación se colisionan e incumplen los parámetros que establecen los artículos 17 y 116 de la Constitución federal, el 8.1 de la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos, así como la jurisprudencia sostenida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos los cuales establecen que para la designación de jueces se deben realizar procedimientos emulares a efecto de nombrar a los candidatos idóneos por medio de concursos que impliquen auténticas evaluaciones de los candidatos, le asigne a cada uno su calificación y el resultado se cruce con la de todos los participantes, para así designar a los mejor calificados.

Murillo aseguró que todas estas bases no las establece la legislación de Chihuahua y por eso es inconstitucional e inconvencional.

Y otra vez, forma parte de los alegatos la inconstitucionalidad del proceso porque nunca se expusieron las razones por las cuales se excluyó a los que no quedaron integrados en las ternas, ni se motivaron las razones por las cuales se eligió a los 39 que conformaron las ternas: “ese fue el primer problema, que nunca dijeron por qué unos sí, por qué otros no”, dijo Murillo Chávez, en un claro “incumplimiento del artículo 16 constitucional, donde se establece el deber de motivación en los actos de autoridad, más tratándose del nombramiento de juzgadores, donde debe haber una motivación reforzada, como lo ha resuelto el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Además, fundamenta la inconstitucionalidad de los nombramientos porque no existen exámenes de oposición, ni calificaciones que ponderen los conocimientos, por lo que no hay garantía de que eligieron a los candidatos más idóneos.

Además, porque la reforma establece una repartición del 50 por ciento para candidatos de “casa” y 50 para “externos”. Es inconstitucional, sostiene el jurista, porque el capítulo 116 de la Constitución Mexicana establece que los concursantes pueden participar en la totalidad de las vacantes, no sólo en el 50.

Otra de las argumentaciones de la solicitud de amparo, es porque La Constitución local y la Ley Orgánica del Poder Judicial (las recientemente reformadas) no establecen procedimiento para asegurar que se va a designar a los más idóneos o aptos; porque no hay reglas objetivas mediante las que se puedan evaluar las capacidades, conocimientos, experiencias, aptitudes, nivel de imparcialidad y autonomía de cada participante.

Murillo asevera de realizar las designaciones con base en estos procedimientos “posibilitó que ex diputados, políticos, ex candidatos, ex secretarios de ayuntamiento, gente que nada tiene que hacer en la justicia, porque la calidad del juzgador no se improvisa, (porque éste) debe ser una persona excelsa en el conocimiento de la ciencia del derecho, debe tener experiencia y conocimientos específicos en la materia que va a juzgar”.

“Ahí ya tienen una idea en cuanto a su probidad, independencia y parcialidad, lo que genera desconfianza en la sociedad y hasta en los inversionistas porque quiero saber qué empresa extranjera quiere invertir en régimen facistoide que resuelve asuntos con criterios políticos y no conforme a la ley”.

Al prevalecer el criterio político en la designación de magistrados, advirtió sobre el riesgo de que si el gobernador diga que se condene a todos porque esa es su política “o a éste no, porque lo conocemos. Tan malo es condenar parejo como absolver parejo a todos, se requiere justicia equitativa, criterios jurídicos. Esto es un agravio a la sociedad chihuahuense y sorprende que en un estado democrático y constitucional (se) decida esto, sólo habla de personas que están en el pasado.”

Un día después, Arturo Ramírez Luque, abogado externo al Poder Judicial, pero con una luenga experiencia en el Poder Judicial Federal, también solicitó el amparo y, como Acosta, Murillo lo representa.

Ramírez Luque se ha desempeñado como Secretario de juzgado interino del Juzgado de Distrito B en Chihuahua de noviembre 2003 al 28 de marzo del 2004, así como secretario de juzgado interino del Juzgado Tercero de Distrito de Chihuahua, secretario de Tribunal interino del Segundo Unitario del Décimo Séptimo Distrito de Chihuahua.

En 2012 fue auxiliar del Procurador General de la República y Fiscal Coordinador Mixto adscrito a la visitaduría general en la PGR en el 2011.

Previamente fue agente del Ministerio Público, asesor del departamento de Gobernación en el Estado de Chihuahua, actuario judicial interino del STJ, secretario proyectista de la primera sala penal, y secretario de tribunal interino del tercer tribunal unitario del décimo séptimo circuito en Chihuahua.

Reclama ser excluido de las designaciones y el no contar con la debida fundamentación de esa determinación.

Además, se presentará un tercer amparo indirecto colectivo promovido por los abogados litigantes Maclovio Murillo Chávez, Marcos Molina Castro y Rafael Alan Granados García.

Pero al tiempo que se conocía de estos amparos, el juez Hugo Acosta, luego de conversar con el Presidente del STJ, José Miguel Salcido, decidió desistirse del amparo interpuesto, no sin recibir un serio extrañamiento público del Lic. Murillo en el que éste sostiene que no se puede defender a quienes no desean defender sus derechos.

Pero antes había sostenido tener “17 años en el Poder Judicial, hay gente que tiene mucho más experiencia que también participó y al final quedaron cinco ex diputados, casi la mitad ocupaba cargos públicos en el momento de ser designados, además están un tío y un sobrino (César Ramírez Franco y Gabriel Sepúlveda Reyes); eso no está permitido por la ley”. (Nota de Patricia Mayorga, El Diario de Juárez, 22/XI/14).

El desistimiento de Acosta se dió en medio de un escándalo, luego de saberse de la existencia de la grabación de una conversación sostenida entre Acosta y Salcido, en la que éste amenazó al prominente del amparo. Ambos negarían, después de su última conversación, la existencia de la grabación y de dichas amenazas.

Pero semanas atrás, justamente al anuncio del replaqueo de vehículos, “obligatorio por ser de exigencia federal”, sostenían las autoridades estatales, una empresa, Talleres Unidos Mexicanos, participante derrotada de la licitación para la fabricación de las placas, anunció que había solicitado el amparo.

Juan Antonio Trejo, Juez Primero de Distrito en la entidad, suspendió en definitiva la licitación de por lo menos 271 millones de pesos, convocada por el Gobierno de Chihuahua para fabricar un millón 237 mil placas y engomados vehiculares, luego de que argumentara que las bases fueron diseñadas para favorecer a la empresa EDM de México.

El amparo otorgado, detuvo la fabricación de las placas. Ante ello (y como luego haría el gobierno federal con la licitación de la construcción del tren México-Querétaro) el Gobierno de Chihuahua decidió cancelar el replaqueo, con la diferencia que aquí la cancelación obedeció a una resolución judicial -una vez más - de la que pudiera derivar hasta una demanda de la empresa promovente del amparo exigiendo la indemnización respectiva.

Además, si hubiera margen para la aplicación del Derecho, la resolución del juez Trejo debiera dar pie a una investigación que podría arrojar hasta el fincamiento de responsabilidades penales, pues ¿Cómo fue posible que se “amañara” la licitación, con la consecuente sospecha de la existencia del “moche” respectivo?

¿Cuántas batallas más de este tipo faltan? Y falta ver la resolución de la denuncia presentada por el abogado Jaime García Chávez, esa será la principal de las contiendas judiciales sostenidas por la actual administración ¿También la perderá?

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La deuda que no es deuda

El Diario, 18 de diciembre de 2014

Luis Javier Valero Flores

La mayoría legislativa del Congreso del Estado (PRI, PVEM, PANAL, PRD, PT y MC) aprobó el presupuesto de egresos del Gobierno de Chihuahua para 2015, en el que se incluyó una  nueva emisión de bonos carreteros, hasta por la cantidad de 3 mil millones de pesos.

Contrariamente a las posturas adoptadas por el grupo parlamentario panista de la anterior legislatura, en esta ocasión no solo votaron en contra de la adquisición de esa nueva “obligación” del gobierno local, sino que rechazaron abiertamente lo que catalogaron como un incremento a la deuda adquirida por la administración estatal.

Si tomamos como base el criterio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público -la instancia federal- querrá decir que la deuda de Chihuahua habrá llegado (pesos más, pesos menos) a alrededor de 45 mil millones de pesos (mmdp).

Tal criterio ha sido rechazado, una y otra vez, tanto por el Gobernador César Duarte, como por su Secretario de Hacienda, Jaime Herrera, en lo que a ojos de muchos pareciera ser, sólo, una contradicción semántica.

No lo es.

Aceptemos, para aclarar la discrepancia, el criterio del gobierno estatal. Bien,  el financiamiento adquirido por éste, derivado de los bonos carreteros no es deuda (porque no hay una fila de acreedores exigiendo el pago de ella, sostiene el secretario Herrera), pero el problema estriba en que, ya con la aprobación del nuevo financiamiento de 3 mmdp a 34 años significa que, por la obtención de 18 mmdp (15 mmdp de la emisión anterior y 3 de la actual), el Gobierno de Chihuahua -cualquiera que sea el titular del Poder Ejecutivo- deberá destinar durante 34 años prácticamente la totalidad de los ingresos que tenga por el peaje de las carreteras propias o concesionadas, algo así, otra vez pesos más o menos, a alrededor de mil 800 mdp anuales.

Esto quiere decir que los chihuahuenses -de ahora, y los del futuro hasta aquel año- deberemos desembolsar, por un préstamo de 18 mmdp, la escandalosa cifra de ¡61 mil 200 millones de pesos!

Y no es deuda, simplemente veremos el modo en que miles de viajeros, a lo largo de 3 décadas y media, pagan el peaje y esos ingresos estatales (recursos propios los denomina Hacienda federal) no llegarán a las arcas del Gobierno de Chihuahua.

No es deuda, son compromisos de la administración estatal.

Ahora bien, así ubicado el problema, otro es el de si los recursos obtenidos pueden y deben ser utilizados por la actual administración y si es justificado que en aras de los actuales proyectos gubernamentales se comprometan los recursos   que representan alrededor del 20% del total de los ingresos anuales propios que ahora tiene el gobierno estatal.

Y el otro problema es el manejo transparente de la utilización de ellos. Aquí adquieren pertinencia las preguntas realizadas por la diputada panista, María Eugenia Campos, a los secretarios comparecientes a las sesiones de las comisiones legislativas, consistente en que si sabían cuánto de esos 3 mmdp serían usados por ellos y en qué proyectos.

Ninguno le respondió.

Ahora bien, uno de los argumentos de Jaime Herrera pareciera tener, -a la luz de las previsiones económicas, particularmente el de los precios del petróleo que ayer bajó de los 50 dólares- justificación para tener a la mano esos 3 mmdp. Es decir, para la no tan eventual disminución de las partidas federales.

El problema estriba en el uso de los recursos de los bonos carreteros, pues aduce que la legislación local establece que se pueden usar para inversiones productivas (y en ellas ubica, por ejemplo, el gasto educativo) pero que sólo con calzador podría aceptarse para el pago de salarios, es decir, para el gasto corriente.

Si sólo fueran los mencionados los aspectos de la polémica acerca de la deuda, fueran bastantes, a ellos debemos agregarles los derivados de la lucha político-electoral y más allá.

Es notoria el cambio de postura política de la bancada del PAN (Bajo la misma dirigencia estatal, la de Mario Vázquez) pues ahora pasaron al de la oposición real, sin que se pueda apreciar nítidamente si obedece a una distinta recepción de este problema o si obedece a la inminencia del proceso electoral, que para efectos prácticos es uno solo de aquí a mediados del 2016 pues si bien el vecino será el proceso federal, una vez terminado éste el clima político estará marcado por la inminencia del local, con todos los ingredientes de la actual situación estatal.

Igualmente, a la vista de los hechos, salta otra pregunta ¿Qué tanto habrá influido, en la postura de los diputados del PAN, de la anterior legislatura, la participación del entonces diputado y ahora presidente municipal de Delicias, Jaime Beltrán del Río, en la participación de Unión Progreso?

¿Y de los demás partidos qué podemos decir?

Lo mejor, haciéndoles una gran concesión, es que forman parte de la “coalición gubernamental”, sin formar parte del gobierno y que sólo aportan sus votos y presencia, acompañando en todos sus actos a la actual administración estatal, confirmando en los hechos que, por lo menos desde el punto de vista parlamentario, en Chihuahua sólo existe la oposición de derecha, la del PAN, a veces muy débilmente perfilada, como lo hemos comentado reiteradamente.

ANUNCIO ESPERANZADOR.- El de los presidentes norteamericano y cubano, Barak Obama y Raúl Castro, en el que plantean el inicio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales entre sus países, después de la realización de la primera conversación telefónica entre mandatarios de ambas naciones después de ¡53 años!

Escuche, de lunes a viernes a las 6 pm, en Chihuahua, Aserto Radio 102.5FM. O por www.antenafm.mx y www.vozenred.com.mx

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¿Coincidencias?

El Diario, 14 de diciembre de 2014

Luis Javier Valero Flores

¿Por qué será que en algunos de los más emblemáticos asesinatos aparecen, una y otra vez, las más extrañas coincidencias? ¿Y que luego éstas se encadenen? 

Tal ocurre en todo lo relacionado con el homicidio de Armando Rodríguez Carreón (El Choco), -reportero asignado a la fuente policiaca de El Diario de Juárez durante muchos años-, crimen que a seis años de ocurrido (13 de noviembre de 2008) aún no se esclarece.

Son muchas las coincidencias, muchas las dilaciones, y varios los asesinatos -o decesos- de personas relacionadas con el caso.

Violenta e inopinadamente, el viernes 5 de diciembre anterior, un grupo de policías estatales, armados como si acudieran a un muy peligroso operativo, portando armas largas, irrumpió en el sepelio de Julio Gómez Castañeda, apodado “El Junior”. 

Sin orden de aprehensión, prácticamente secuestraron al hijo del occiso. Ante el justificado enojo de los asistentes y su activa oposición, en especial de la madre del hijo, la viuda que lloraba a su marido, los policías dispararon sus armas (probablemente al aire, aunque nadie lo asegura) y se llevaron violentamente al joven quien, además, es ciudadano estadounidense.

“Él no fue detenido, sólo declaró y se le dejó en libertad”, aseguró el portavoz de la Fiscalía, Arturo Sandoval Figón.

¿Quién tenía tanta prisa por llevárselo? ¿Porqué recurrir a tan extrema acción si sólo se trataba de una orden de presentación en el curso de la investigación de la muerte de su padre? ¿Por qué no se esperaron al término del sepelio?

Por pura coincidencia, el occiso se había “suicidado” en uno de los penales chihuahuenses certificados, acusado de ser el jefe de una banda de extorsionadores en Juárez, y había sido señalado, -otra coincidencia- años atrás, en varias declaraciones de otros detenidos, de ser el autor material del asesinato de Armando Rodríguez.

¿No son muchas coincidencias estos hechos? ¿Acaso se intenta impedir se sepa el nombre (s) de los verdaderos autores intelectuales del homicidio del Choco?

Gómez fue señalado por el ex policía municipal Hugo Valenzuela Castañeda, de ser el asesino del Choco. Dió dos características difíciles de olvidar respecto de Gómez: La ausencia de la oreja izquierda y las cicatrices causadas por el acné.

Coincidentemente, “fue asesinado el 8 de julio de 2010 en el interior de su celda en el Cereso Estatal, donde estaba preso por robo de vehículo; el crimen fue cometido casi un mes después de que declaró contra El Diego”.

Otra coincidencia. Nadie reportó la ausencia de la oreja izquierda de Gómez al momento en que fue detenido, característica tan destacada que serviría para investigar si en algunos otros hechos criminales aparecía tal descripción. No, sólo se supo de ello hasta que se “suicidó” en el interior de una celda de uno de los penales “certificados” que tenemos en la entidad.

Y a pesar tener ese señalamiento, cuando fue detenido recientemente por el delito de extorsión, ninguna autoridad lo ubicó como el presunto asesino del Choco.

El fiscal general, Jorge González Nicolás, al ser interrogado sobre el caso, a pesar de haberse desempeñado largo tramo como Coordinador de la Defensoría Pública y luego como Fiscal General de la Zona Norte, dijo no tener esa información “conmigo”, ni recordar las características señaladas atrás. (Nota del Staff, El Diario, 5/XII/14).

Y esas declaraciones son alrededor de, sin duda, el crimen más lamentable que el gremio periodístico chihuahuense haya -hayamos- sufrido en los últimos 6 años; no porque los otros ocurridos tengan menor importancia, sino porque este derivó del ejercicio periodístico sin duda alguna.

Durante el velorio de Gómez los reporteros recogieron varios testimonios de amigos y familiares del occiso, ninguno pudo afirmar que tuviese motivos para suicidarse.

Sin embargo, “De manera extraoficial se conoció que dos días antes de su fallecimiento fue amenazado de muerte”. (Ibídem).

“Elementos de la Policía Ministerial Investigadora irrumpieron en el cementerio Jardines del Recuerdo durante el servicio funerario del supuesto líder de una banda de extorsionadores, José Julio Gómez Castañeda y arrestaron a su hijo, un estadounidense identificado como Eduardo Gómez, además de causar terror entre los familiares. Asistentes al sepelio grabaron discretamente la intrusión con un teléfono celular y la difundieron”. (Ibídem).

“El reo que presuntamente se suicidó el martes pasado en el Cereso Estatal 3, José Julio Gómez Castañeda, apodado “El Junior”, sujeto a proceso penal por el delito de extorsión, fue identificado como el autor material del crimen del periodista Armando Rodríguez Carreón, informó en forma extraoficial personal de la Fiscalía General del Estado (FGE). Pese a que el supuesto líder de una banda de extorsionadores estuvo detenido desde el 15 de junio de 2013, ni la Fiscalía estatal ni la de Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) ejercitaron acción penal en su contra, aun y cuando era señalado por tres testigos como el presunto homicida de “El Choco” en la carpeta de investigación 28882/08-2104.

Entre los testimonios que lo incriminaban destaca el de Juan Alfredo Soto Arias, apodado “El Arnold”, y quien identifica a “Julio Gómez” o “Julio Torres” como la persona que disparó contra Armando, ya que él declaró haber presenciado el crimen. Oficialmente el Ministerio Público Federal no determina que Gómez Castañeda fuera el homicida de Armando Rodríguez Carreón y tendrán que agotar diversas diligencias para llegar a esta conclusión. El caso sigue abierto”. (Nota de Luz del Carmen Sosa, El Diario, 03 Diciembre 2014).

Otra “coincidencia. En 2013, “Laura Borbolla Moreno, titular de la FEADLE, declaró a El Diario que “Julio Gómez”, señalado como el asesino material del periodista Armando Rodríguez, había muerto (El Diario, 13 de noviembre 2013) aún y cuando carecía de un certificado de defunción que avalara el fallecimiento del supuesto homicida. Ayer la titular de la FEADLE, dijo vía telefónica a El Diario, que como resultado de las propias investigaciones realizadas y las entrevistas hechas a varios implicados, tuvieron conocimiento de la ubicación de Gómez Castañeda a través de Plataforma México”. (Ibídem).

Con ese antecedente, el Ministerio Público Federal “solicitó hace 15 días una entrevista con el interno del Cereso Estatal 3 para declararlo en torno al homicidio del periodista. Gómez Castañeda de inicio accedió al interrogatorio, sin embargo, luego cambió de parecer y se negó a salir de su celda y ahora tuvieron conocimiento de que se suicidó, dijo la fiscal”. (Ibídem).

Los señalamientos en contra de Julio Gómez, contenidos en las actas ministeriales, cuya autoría es de Hugo Valenzuela Castañeda fueron citados textualmente en la nota citada: “Al periodista al que le decían El Choco lo mandó a matar “El 11” o Evaristo Rodríguez, cuñado de El Diego. El motivo de la muerte de El Choco fue por hacer muchas notas periodísticas en contra de La Línea…. El que materialmente mató a El Choco fue un individuo que le dicen El 6 o El Junior (Julio Gómez). En este homicidio participó El Arnold” o El 7 en calidad de ‘halcón’ quien es amigo del Junior y a quien le falta la oreja izquierda. El Junior también habla por teléfono para extorsionar a los dueños de los comercios… El Junior se llama Julio y yo lo tengo en mi agenda con el contacto de Preciado”. (Ibídem).

Nada ocurrió en el pasado para esclarecer el asesinato de Armando Rodríguez y todo apunta a que eso continuará, en una larguísima secuencia de coincidencias que llevará a que uno de los asesinatos que más estremeciera a la sociedad juarense, y que más impactara a un muy grande conjunto de medios de comunicación, en el país y en el extranjero, permanezca impune, como la mayoría de los homicidios ocurridos en el período del 2008 al 2011…

Y siguen…

LAS FALACIAS DE LA TARIFA DEL VIVE BUS EN CHIHUAHUA.- Y por extensión al transporte urbano en toda la entidad. Las autoridades gubernamentales, para eludir las manifestaciones de los choferes y concesionarios ligados a la CTM, argumentaron que la fijación de las tarifas de las rutas alimentadoras quedaría al arbitrio del Consejo Consultivo de Transporte y que las de la ruta troncal al del Gobierno del Estado.

La ley establece la composición del mentado Consejo. 

Lo integran 27 personas, de ellos, 12 son funcionarios de alguna dependencia del Gobierno del Estado, a los que deberemos sumarle al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Chihuahua, Rodrigo de la Rosa, es decir, son 13, cuyo jefe, burocráticamente hablando, es el Gobernador del Estado.

Luego, los dirigentes de las secciones sindicales del magisterio, dos votos más para el gobierno. Enseguida, el súmmum, “hasta 3 representantes de las organizaciones de transportistas” ¡elegidos por el secretario!. Tres más, lo que hace un total de 18 a favor del gobierno; y el rector de la Uach, que no ha tenido indicio de votar en sentido adverso al gobierno, al contrario. 

Total, de 27 miembros, el gobierno tiene 19 votos seguros ¡Ah, y dos diputados más, elegidos por el Congreso; de los cuales por lo menos uno votará con la mayoría!

¿Cuál consulta ciudadana si los restantes cinco son dirigentes de organismos empresariales?

¿Para qué se miente tan descaradamente? ¿Porqué no decir, simple y sencillamente que no habrá aumento en las tarifas o que permitirán a los concesionarios, una vez más, elevar las tarifas? ¿A quién convencerán, en caso de aumentarlas -lo que sería catastrófico para los usuarios y también para el gobierno, puesto que se asumen como elementos activísimos de su partido, el PRI, justamente en el momento que se inicia el proceso electoral- diciendo que el “gobierno no elevó las tarifas de la ruta troncal y que el Consejo Consultivo decidió elevar las de las rutas alimentadoras”?

Escuche, de lunes a viernes a las 6 pm, en Chihuahua, Aserto Radio 102.5FM. O por www.antenafm.mx y www.vozenred.com.mx

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De tránsitos y transporte

El Diario, 11 de diciembre de 2014

Luis Javier Valero Flores

¿Qué hacer en diciembre con las posadas y el tráfico vehicular?

Restauranteros, propietarios de antros, centros de espectáculos y empresarios de los negocios afines, amén de, por supuesto, los vendedores, fabricantes y distribuidores de bebidas alcohólicas, presionan y obtienen de la autoridad la tan ansiada ampliación en la venta de bebidas alcohólicas, hasta por dos horas más.

A su vez, la misma autoridad, en el caso de Juárez, y una distinta, la estatal, en el caso de Chihuahua, dan luz verde a los operativos de control de los conductores ebrios y se llega el caso de hasta plantear la puesta en vigor del encarcelamiento pasajero de quienes fueren detenidos con altos niveles de ingesta de alcohol.

Al mismo tiempo, los taxistas se dan vuelo en esta época. Como prestadores de un servicio sin control alguno se despachan con la cuchara mayor al grito de que ahí viene la Navidad.

¡Mano dura contra los ebrios, claman los gobernantes al tiempo que a los concesionarios les amplían los períodos de venta y, además, en la práctica, dejan por la libre a los agentes de tránsito que, al igual que los taxistas, en la temporada se llevan su “Navidad”, a costa de los usuarios de las dos urbes mayores que, ya sea por ser poseedores de algún vehículo, o por no serlo, son “clientes cautivos” de las mafias del transporte urbano!

Sí, porque el servicio de transporte de taxis está concesionado a los mismos grupos “sindicales” del transporte urbano de pasajeros (el de los camiones) y aquí aún peor pues las tarifas brillan por su ausencia, a pesar de que desde el gobierno de Reyes Baeza se anunció la instalación de taxímetros con el fin de eliminar el caos existente en las tarifas por este servicio, evidenciado de manera mayúscula en los paros realizados recientemente por los concesionarios o por los choferes, cuando elevaron los cobros salvajemente, en tanto en Juárez por trayectos ínfimos los taxistas cobran por lo menos 100 pesos.

La irracionalidad existente en el servicio de taxis en el antiguo Paso del Norte lo ilustra palmariamente el hecho de que la totalidad de las unidades que lo prestan tienen una antigüedad superior a los 10-15 años y son automóviles de ¡8 cilindros!

Así, si el viaje supera las 15 cuadras la tarifa sube, por lo menos, 50% ¿Y quién pone orden a esto?

Acertó, nadie.

Igual sucede en la capital ¿Por qué no impulsar la instalación de taxímetros e imponerles a los prestadores del servicio las necesarias condiciones para que lo hagan del mejor modo posible?

Pues porque se oponen los mismos que han controlado el transporte urbano en el estado de Chihuahua.

En tanto, en Chihuahua capital las cúpulas sindicales ponen en jaque al gobierno estatal, al grado de casi orillarlo (si no se lo impide la decisión popular) a aprobar un esquema diferenciado de tarifas, que de hacerlo echará abajo el proyecto del Vive Bus, consistente en que la tarifa de 6 pesos se mantenga en la ruta troncal y aprobará, en los hechos, un aumento en las rutas alimentadoras (las que soportan el mayor número de usuarios diariamente), sin que se documenten, en ninguno de los dos casos, las razones para mantener la tarifa o para elevarla.

Peor, si aprueban tal adefesio, deberán desaparecer el esquema vigente (que no sabemos, hasta la fecha, si funcionó o no) del pago de 6 pesos en el primer viaje, 2 en el segundo y 0 en el tercero.

Pero, ya sea el servicio de camiones, o el de taxis, una cosa es indispensable: Que el gobierno estatal ponga distancia de las dirigencias sindicales, en primer lugar y preponderantemente, de la CTM y su líder, Doroteo Zapata, al que una mayoría de representantes de la CTC han denunciado en sendos desplegados el día de ayer.

¿Que lo anterior no tiene relación con el elevado número de conductores ebrios presentes en estas épocas? Algunos podrían sostener que no, pero el servicio de taxis debería ser de tal modo que apareciera como la opción deseable para quienes desearan disfrutar de las fiestas navideñas y de la ampliación de los horarios.

Y si de verdad se piensa en desalentar tan letal combinación, entonces la mejor opción será la de la detención “administrativa” de 24-36 horas, sin el pago de multa alguna ¿Porque se trata de bajar el número de conductores ebrios, y de ninguna manera elevar la recaudación por concepto de aplicación de multas, verdad?

Para constatar la eficacia de tales operativos no hace falta que funcionario público alguno deba viajar al extranjero, bastará con darse una vuelta a la capital mexicana para llegar a la conclusión de que esa detención está cumpliendo con los propósitos buscados.

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Unión Ciudadana, momento de quiebre

El Diario, 7 de diciembre de 2014

Luis Javier Valero Flores

Con la denuncia realizada por el abogado y activista Jaime García Chávez -en contra del Gobernador César Duarte, el Secretario de Hacienda, Jaime Herrera y el Presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Carlos Hermosillo- como catalizador, el pasado 28 de noviembre se creó el Movimiento Unión Ciudadana, en una abigarrada amalgama de personajes de la vida social y política de Chihuahua.

Bajo la pretensión de presentarla como un esfuerzo ciudadano en contra de la actual administración estatal -por las múltiples evidencias de corrupción, expresaron los oradores del acto fundacional-, innumerables protagonistas de diversas luchas políticas y de muy variadas responsabilidades públicas, con la participación de otros muchos ciudadanos sin militancia política, presente o pasada, emplazaron al Gobernador Duarte a retirarse del cargo a más tardar el 15 de enero del próximo año.

Ello, con el afán de que permita la realización imparcial de la investigación sobre la denuncia presentada.

Que tal evento se presente está muy lejos de la capacidad de los chihuahuenses; si acaso se diera, obedecería a la conjunción de muchos otros factores, ninguno relacionado con las evidencias de la existencia de un régimen democrático consolidado.

Lo que ahora ha aceptado el mandatario es que, “de ser necesario”, daría a conocer su declaración patrimonial y que ha obtenido una importante fortuna, alcanzada por fuera de la administración pública, derivada de sus actividades como ganadero, vendedor de autos y constructor, de ninguna manera fruto de actividades ilícitas y que no ha adquirido acción alguna de Unión Progreso, “porque ni banco es”.

Ratificada la denuncia -“se habían tardado”, diría Duarte-, el jueves anterior García Chávez informó haber recibido notificación que la denuncia “la atrajo directamente la oficina del procurador general, Jesús Murillo Karam, concretamente para realizar la indagatoria en aspectos técnicos referentes a la Unidad de Inteligencia Financiera”.

No sin el sobresalto producido por un grupo de saboteadores (que al día siguiente intentarían hacer lo mismo en una de las marchas celebradas con motivo de los acontecimientos de Iguala), luego identificados como integrantes de “Antorcha Ciudadana”, en el acto de Unión Ciudadana, con el Auditorio Municipal abarrotado, harían uso de la palabra quienes los organizadores resolvieron son los más destacados.

Así lo harían Víctor Quintana, líder estatal de Morena (quien acudió, igual que el Secretario General del Comité Estatal, Juan Chávez, en calidad de “ciudadano”), el senador Javier Corral, el ex gobernador Francisco Barrio y Jaime García Chávez, en un acto en el que la presencia de una gran cantidad de militantes, dirigentes y funcionarios públicos del blanquiazul era numerosa.

Una característica une a los panistas que acudieron al evento, prácticamente todos son opositores a la actual dirigencia estatal de su partido, evidentemente fracturado y cuyas evidencias aumentaron con la ausencia del dirigente estatal, Mario Vázquez, y del Coordinador Parlamentario local, César Jáuregui, al II Informe de Javier Corral, realizado ayer.

En el acto de Unión Ciudadana también se resaltó la presencia de muchos ex militantes del PRD, y de no pocos de los miembros e integrantes de la dirigencia estatal de Morena.

 Se destaca lo anterior porque, unos más, otros menos, y por diversas razones, han participado en distintas luchas ciudadanas de los últimos tiempos,  (como es el caso del principal animador de la nueva agrupación, Jaime García Chávez, renunciante hace meses del PRD) con la excepción del senador Corral, que en la parte final del gobierno de Felipe Calderón muy frecuentemente era requerido por el coordinador de su grupo en la Cámara de Diputados para que enfrentara las críticas y ataques de la oposición de entonces, el PRI y el PRD, pero que en los meses recientes se ha convertido en un crítico sostenido de las actuales dirigencias estatal y nacional del PAN.

Aspecto que, curiosamente, puso de especial relieve en su informe al destacar que en porcentaje muy alto votó junto con el resto de sus compañeros senadores, pero que en márgenes muy cercanos al 20% votó diferenciadamente  a su grupo parlamentario, especialmente en algunas de las reformas más cuestionadas por la sociedad.

Por eso sorprendió que decidieran incluir al ex gobernador Barrio, ex Secretario de la Función Pública con Vicente Fox y Coordinador del Grupo Parlamentario de los diputados federales en el gobierno de Felipe Calderón, y sobre todo que éste hiciera un discurso crítico acerca de la corrupción gubernamental en Chihuahua, cuando fue el encargado de combatirla y cuyos resultados dieron pie para que se le ridiculizara debido a su promesa de “pescar tiburones” de la corrupción y al final, decían sus detractores, ni “charales” había pescado.

¿Cómo hablar de la corrupción en los puestos de gobierno, si fue el gobernador de la “nómina confidencial”, escondida de tal manera que sólo una acuciosa investigación periodística la mostró a la sociedad chihuahuense?

¿O la millonada entregada a los funcionarios del primer nivel, al término de su mandato, sólo porque salían del gobierno, también escondida a una sociedad que había esperado, anhelante, que su gobierno fuera radicalmente distinto a los gobiernos emanados del PRI?

¿Y las muertas de Juárez? ¿Cómo no recordar eso -y a lo mejor ello sea malo, el recordar- y que ahora, fuera del gobierno, es un férreo perseguidor de las corruptelas de la actual administración?

Hartos de la clase política, muchos mexicanos -los chihuahuenses por extensión- ansían encontrar en esfuerzos como el de Unión Ciudadana (UC) un espacio para poner límites a los excesos de la autoridad, al uso indebido de los recursos públicos y que estas agrupaciones no se conviertan en meros instrumentos electorales, como los priistas insisten en ubicar a UC, en el intento de desacreditar la denuncia de los supuestos o reales casos de corrupción de la administración estatal que, afortunadamente, deberán dilucidar las autoridades prejudiciales y judiciales federales, instancias a las que deberá acudir, también, el gobernador Duarte, en un ejercicio del cual la única triunfadora será la sociedad chihuahuense pues el gobernante podrá demostrar que, efectivamente, es inocente del cargo de enriquecimiento ilícito, es decir, que los montos económicos usados para la creación de un fideicomiso -cuya existencia ya admitió en declaraciones públicas- tienen una génesis legal.

Abatidos sobre nosotros los tiempos electorales, a su vez, los principales animadores de la Unión Ciudadana deberán demostrarnos que no pesaba en su ánimo al darle origen y al participar en ella, la pretensión de buscar nuevos espacios electorales.

Por desgracia, para él, esto será determinante para Javier Corral, quien es acusado de realizar éstas y otras acciones sólo con el afán de alcanzar, nuevamente, la candidatura de su partido al gobierno estatal.

Nadie podrá desconocer el derecho legítimo del senador y sus simpatizantes de buscar tal posición, lo que sentaría un sano precedente sería que se hiciera a un lado (así sea momentáneamente) de la Unión Ciudadana, en caso de ser cierta tal pretensión, lo que acarrearía que otros actores, en busca de otras posiciones, siguieran esa actitud, lo que generaría un más sano ambiente para el desenvolvimiento de la naciente agrupación.

Y es que ésta nace en un más que difícil momento para el partido gobernante en Chihuahua. 

Al evidente rechazo a la actual administración estatal, por un cada vez mayor número de ciudadanos, entre los cuales, por supuesto, se encuentran los electores (llamémosles cautivos) del PAN en Chihuahua y los de la izquierda (no olvidar que López Obrador obtuvo más de 300 mil votos en la pasada elección presidencial) se suman otros factores y hechos; uno de ellos, el transporte urbano, central en la ciudad de Chihuahua pues los usuarios de éste rondan el 20% de la población y al que se le ha agredido permanentemente durante más de un año, sin que se le ofreciera solución al gravísimo problema del transporte de cerca de 200 mil personas al día.

Resuelta la controversia de la ruta troncal, sin que se resolviera la verdadera problemática, la de las rutas alimentadoras, en manos de las mismas manos de siempre, es decir, las cúpulas sindicales de la CTM, han puesto, nuevamente, contra la pared al gobierno de César Duarte, amenazándolo con parar si la tarifa no sube a 10.50 pesos.

En tanto, la inconformidad contra el gobierno crece en los sectores más desfavorecidos y se aúna a la de las capas medias, más inmersas en asuntos como el de la denuncia penal en contra del gobernador y la discusión acerca de la deuda pública de Chihuahua.

En verdad es un mal momento para quienes llegaron con muy elevados niveles de aceptación y que les hayan llegados los tiempos que más les importan (acaso los únicos), los electorales.

DE AUDITORES Y COMPADRES.- Fuera de sí, el Auditor Superior del Estado, Jesús Manuel Esparza Flores, le reclamó al diputado panista, en su oficina, Rogelio Loya, que éste, al momento de argumentar el rechazo de la diputación blanquiazul a la revisión de la cuenta pública del Gobierno del Estado, le hubiese llamado “compadre y amigo de la infancia del Gobernador”.

Esparza lo invitaba a viajar a Parral para demostrarle que no se conocieron en la infancia.

Bueno, no, pero hay otros momentos. Esparza fue el responsable administrativo de la Cámara de Diputados cuando Duarte fue presidente de la Mesa Directiva y en la campaña del 2010 fue el responsable de finanzas de ella.

En campaña era el encargado de los dineros y, ya en el gobierno, el de fiscalizar el ejercicio del presupuesto. 

Pero Esparza fue elegido prácticamente por unanimidad; en su momento, el Coordinador de los diputados panistas, Héctor Ortiz, dijo que por lo menos tenía una ventaja, “ser muy cercano al gobernador”.

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