Desafuero ¿Nueva pifia legislativa?

El Diario, 27 de febrero de 2020 

Luis Javier Valero Flores

Si el día de hoy las fuerzas parlamentarias mayoritarias en el Congreso del Estado llevan al cabo el desafuero del magistrado Jorge Ramírez, habrán cometido el mismo error de sus antecesores en las legislaturas del sexenio de César Duarte y nuevamente pondrán en entredicho al gobierno de Chihuahua, frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lugar en el que terminará el litigio desatado por el grupo gobernante en Chihuahua, dirigido por el gobernador Javier Corral.

Las pifias cometidas en el proceso seguido en contra del magistrado, llevaron a que la Comisión Jurisdiccional, dirigida por la diputada Georgina Bujanda (PAN), llegase a la conclusión de que no había elementos para proceder en el desafuero del magistrado y elaborar un dictamen en ese sentido, que habrá de discutir y aprobar el Pleno del Congreso.

Sorprenden las reacciones, declaraciones y acciones de los gobernantes de Chihuahua en el presente momento. El Congreso, reunido para este tema, está constreñido a aprobar o reprobar el dictamen, no a votar por desaforar o no al magistrado Ramírez.

En caso de que el dictamen no sea aprobado, no quiere decir que, en automático, puedan desaforarlo. Si esto ocurriese, entonces mandatarían a la Comisión a que elaborase, de nueva cuenta, un dictamen y sin la facultad de ordenarle en qué sentido debiera hacer el nuevo.

Si los integrantes de la Comisión Jurisdiccional mostraron una cierta racionalidad jurídica y política, al momento de que Ramírez refutó a dos de ellos -a la diputada Bujanda y al presidente René Frías, porque deberían abstenerse de participar, debido a que tenían conflicto de interés, según el magistrado-, y decidir iniciar el proceso hasta resolver, primero, este problema y responderle a Ramírez y, luego, al no encontrar suficientes motivos para proponer el desafuero al Pleno, elaborar el mencionado dictamen, razones que debieran llevar a la mayoría parlamentaria a desechar la petición de desafuero presentada por el fiscal Peniche.

Pero el Fiscal mostró, además de su terquedad en desaforarlo, la ignorancia -o la soberbia, en caso de conocer las regulaciones existentes en el Poder Legislativo- acerca de los procesos legislativos pues el único procedimiento -legal- es el señalado líneas arriba. 

Hacer lo contrario le acarreará a la administración del Nuevo Amanecer otra sonora y lamentable reprimenda jurídica de la Corte pues en el caso no se trataría solamente de las violaciones al proceso legislativo, sino al debido proceso y a la violación a los derechos del magistrado.

No entender lo anterior, los llevaría a cometer los errores efectuados por el gobierno de César Duarte en diversos casos semejantes, en los que pretendió violentar aspectos como los ahora señalados.

Todo lo anterior no tiene que ver con la posible culpabilidad o inocencia del magistrado Ramírez, en los casos que le señalaron, pues lo que tenemos -y eso es oficial, pues lo informaron y dictaminaron los integrantes de la Comisión Jurisdiccional- es que la Fiscalía no presentó las pruebas y evidencias necesarias como para presumir su culpabilidad.

Y ni modo que se pueda señalar a los integrantes de esa Comisión como  duartistas, ya que se han erigido en la nueva mayoría parlamentaria, que actúa en plena consonancia con el nuevo amanecer de Chihuahua, el que un día sí, y otro también, se pelea con El Diario.

Pero escogió mal al rival o recepcionista de la última diatriba del gobernador Corral. 

A la respetada y eficaz reportera de El Diario, Lucy Sosa, le espetó que el gobernador no tenía porqué contestarle, “está obligado, gobernador”, le respondió tranquilamente Lucy, quien, al día siguiente, presentó la demanda en la Comisión Estatal de Derechos Humanos por violaciones a sus derechos de acceso a la información, de libertad de expresión, y por discriminación y abuso de poder.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

En el juicio del “Larry” los datos de la “narcopolítica”

El Diario, 23 de febrero de 2020

Luis Javier Valero Flores

LA GRABACION: 

Miroslava: "No, no, que tampoco chinguen, para qué se hacen tontos, Miroslava Breach es nacida en Chínipas y no va a revelar fuentes de información, así que por favor digan quién es y que me la echen a mí, yo por eso firmé la nota porque yo sí tengo ovarios y porque sabía cómo están las cosas. A mí me han hablado mis tíos y me han dicho que están rezando un novenario por mí, entonces o sea que no jueguen”.

Casio: "Pero déjame aclararte Miros, no me piden que reveles tus fuentes, yo no te lo pediría…"

Miroslava: "No, no, no, es que no hay fuentes o sea cuando yo di el nombre de quien era en Chínipas (Juan Miguel Salazar), simplemente saqué las cosas. Esto fue lo que sucedió así de sencillo, pues qué creen, que estoy tonta, Miroslava Breach conoce Chínipas y cada piedra de ahí y sabe quién es el personaje”.

Casio: "Entiendo, entonces no hay una fuente que alguien te dijo”.

Miroslava: "Claro que no, cuando yo vi la lista del PRI saqué las cosas, me puse a reportear, por eso reporteé en Chínipas, Buenaventura, y saqué una serie de cosas y diles que fue Miroslava y que se avienten su boleto si quieren”.

Casio: "Entonces tú nunca te juntaste con la gente o con el presidente municipal (Hugo Amed Shultz)”.

Miroslava: "Con nadie absolutamente”.

Casio: "Ah ya entiendo, les voy a comentar a ellos”.

Miroslava: "Así diles, a mis tíos les han advertido que se los van a chingar, pues sí, pero si van a chingar a alguien que sea a la reportera, tengo primos, que sepan que fui yo, que nadie más se lo dijo, así de sencillo”.

Casio: "Con esto es más que suficiente, yo me entero de esto. Sí andan muy preocupados de que fue alguien de ahí, el presidente municipal…"

Miroslava: "No, no pues así cántaselas directo”.

Casio: "Está bien, Miros, yo así les comento”.

Miroslava: Así coméntales, diles que lo que ellos no tienen a mí me sobran, porque el silencio es complicidad y eso es lo que ha generado todo este desmadre”.

Casio: "Así se los voy a decir".

El juicio oral seguido a Juan Carlos Moreno Ochoa “Larry” por el asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, dio un inesperado giro con las declaraciones del gobernador Javier Corral, al negar haber tenido conocimiento de las amenazas en contra de la periodista, cosa sostenida  por las hermanas de la periodista, en el curso de las primeras comparecencias de los testigos del proceso.

Ciertamente las declaraciones del mandatario no pueden formar parte del importantísimo proceso judicial, (por el momento), pero el conjunto de las declaraciones de los familiares de Miroslava, los desmentidos del gobernante y el énfasis mostrado por éste, al grado de hacerles señalamientos absolutamente impropios, -“¡Pues mienten! (las hermanas de Miroslava)  con todas sus letras. Porque… han ido en una evolución hacia lo peor”- así como la ratificación del involucramiento de los funcionarios del gobierno y el partido gobernante, en la indebida y violatoria grabación de las conversaciones entre Miroslava y el vocero del PAN en ese momento, le han dado, no sólo al juicio, sino al conjunto del caso, un impresionante giro, que debiera llevar a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) a replantear las investigaciones, así como el de los presuntos responsables y los cómplices de los asesinos.

Además, por si fuera poco, las audiencias han develado nítidamente que el origen, la causa del asesinato de Miroslava sí es, como lo dijera Corral en sus primeras declaraciones posteriores a la tragedia, la narcopolítica.

La ratificación de que el entonces alcalde de Chínipas, Hugo Schultz, le entregó a integrantes de la familia Salazar copia de la conversación telefónica de Piñera y Miroslava, es la prueba más fehaciente de que tenía el conocimiento, si bien no de que fueran integrantes del crimen organizado, sí de que se podía inferir de ello.

Más. Las afirmaciones de la periodista, a amigos y familiares, así como del mismo gobernador (y en ese sentido hay declaraciones y testimonios de que, por lo menos en la fase de gobernador electo, Miroslava le comunicó a Corral de las amenazas en su contra) le imprimen al caso una nueva veta, por demás inquietante.

Pero, además, resulta que familiares de la periodista, residentes del municipio -según declaraciones de ella a muchas personas, y en la grabación- habían sido hostigados por Los Salazares, molestos por las publicaciones de la también originaria de Chínipas.

Quitemos los nombres de los protagonistas, así como el de los lugares: 

En una entidad, el alcalde de un alejado municipio recibe las quejas de integrantes de una familia, señalada públicamente como parte del crimen organizado, de ser quien le proveía información a una afamada periodista originaria del pueblo e integrante de una extensa familia del lugar. 

Las quejas subieron de tono. El alcalde, asustado, busca a los dirigentes de su partido. El encargado de la presidencia estatal le aconseja que vaya a las autoridades; el alcalde lo descarta pues teme que empeore el asunto, pide que le ayuden a tener una prueba de que él no es la fuente de información. 

El dirigente se acuerda que su vocero es amigo de la periodista y le pide -según sus declaraciones- que ¡haga un boletín de prensa!, pero el vocero les dice que puede hablar con la periodista y obtener de ella la declaración de que el alcalde no es la fuente de información.

¿Se pusieron de acuerdo en ese momento, o al vocero se le ocurrió posteriormente, grabar una conversación en la que éste orientara la conversación a fin de que quedara expresamente grabado que la periodista “exculpaba” al alcalde de ser la fuente información?

Logran su propósito. Le entregan la grabación a los presuntos criminales. A los meses matan a la periodista. En la escena del crimen “siembran” una cartulina en la que se adjudica el crimen a uno de los jefes criminales del momento y la región, al que el gobernante del mismo partido del alcalde le amenazó con apresarlo en 72 horas.

Se inician las investigaciones, los familiares exigen acceder al expediente. Se lo niegan, insisten, le piden al gobernador interceda. Nada pasa. Los familiares logran el amparo de la justicia federal, sólo así les permiten acceder a una versión parcial del expediente; piden que la PGR atraiga el caso, el gobernador se niega; insisten, aumenta la presión nacional e internacional. 

Finalmente, la instancia federal se hace cargo; la local hace de todo para no entregar toda la investigación.

En tanto, asesinan a un ex maestro de karate, criador de gallos. La Fiscalía lo acusa de ser el asesino de Miroslava pues junto a su cadáver encontró el arma usada. Los hermanos del gallero salen en su defensa, son destacados profesionistas egresados de las más calificadas universidades de EU y acusan a las autoridades de querer hacer de su hermano un chivo expiatorio.

Peor, los que hicieron posible la grabación y la entrega a los presuntos criminales se desempeñan en muy altos cargos del gobierno estatal y del partido gobernante. Uno de ellos atiende la oficina más cercana del gobernador, es su secretario. En el juicio afirma que no conoció las grabaciones y el juez acepta esta declaración como hecho firme, lo descarta como testigo.

Ninguna autoridad investigadora, local o federal, le da seguimiento a estos que podrían ser los hechos que llevaran al esclarecimiento del asesinato y de los posibles cómplices. Varios señalan a la familia presuntamente criminal; ésta mantiene relación con funcionarios gubernamentales; los reportajes de la periodista señalan expresamente a integrantes de esa familia, pero nadie busca explorar la relación del alcalde con esa familia, ni la explicación a la decisión del gobernante de mantenerlos en tan encumbradas posiciones de gobierno.

La descripción de los hechos se ajusta a la realidad que hoy tenemos, que forman parte de los hechos históricos que nadie ha refutado, al contrario de los cargos realizados al “Larry”, cuya responsabilidad deberá demostrar la Feadle, y, además, debería incidir en esta línea de investigación para descartar el posible involucramiento de los funcionarios que hasta ahora han aceptado su participación en los términos hasta aquí descritos y, eventualmente, encontrar una de las razones de la afirmación del gobernador Corral, de que el asesinato de Miroslava debía ubicarse en los crímenes de la “narcopolítica”.

Descartemos de ese aspecto la persistente negativa de la administración estatal del nuevo amanecer a compartir con la familia el expediente del caso, por las evidentes pifias cometidas en la investigación, pero el hecho de que una autoridad municipal tuviese el tipo de relación como la que han descrito, por sus propias declaraciones, con familiares de personas procesadas y sentenciadas por delitos del orden del crimen organizado, de los hechos relacionados con las conversaciones telefónicas, y su estrecha relación con los reportajes de la periodista, debieron llamar la atención de las autoridades investigadoras -en primer lugar de las locales- y de las federales subsecuentemente.

¿Por qué no se hizo? ¿O por lo menos por qué no se ha mencionado públicamente, si es que se hicieron?

Hay otra veta. La de la insistencia en señalar a Arturo Quintana, “El 80”,  como el autor del asesinato de Miroslava a través de sendos mensajes dejados en cartulinas, la primera en el lugar del crimen, que una foto del portal “Tiempo” la desacredita pues un dron de la empresa la tomó instantes después del asesinato, en la que no estaba el mensaje, que después la fiscalía y sus peritos afirmaran que lo encontraron ahí. Y el segundo, dejado a un lado de Gabriel Ochoa.

¿Quienes los pusieron?

Por otro lado, si se aceptara la declaración del gobernador Corral, de no haber recibido información alguna de las amenazas en contra de Miroslava, quienes lo conocen saben de la fijación del mandatario por los detalles, hasta los más nimios.

¿Será posible aceptar que su Secretario Particular, José Luévano, presidente partidario en funciones, cuando llegó el alcalde de Chínipas con sus temores y peticiones, no le haya comentado acerca de ese episodio, más cuando los reportajes de Miroslava echaron por tierra la candidatura de la suegra del “80” y de la hostil actitud de los Salazar hacia el alcalde y la reportera?

Difícil, muy difícil de creer que no se lo comentara en los largos meses de la transición, justamente cuando el nuevo gobernante de Chihuahua hacía el estridente anuncio de concederle al “80” sólo “72 horas” para salir de Chihuahua, en los momentos de la euforia del triunfo.

¿No encontró un momento el secretario Luévano, para informarle al gobernador electo -y luego, constitucional- que una de las periodistas más destacadas de la entidad, cercana del gobernador, había recibido las quejas relatadas anteriormente, de lo que se podía inferir (y no se necesitan muchas luces para llegar a esa conclusión) que corría riesgos?

Más aún, al conocerse de estos hechos, el gobernador decidió no sólo no separar de sus cargos a los señalados en esta parte de la historia, sino, a uno, dejarlo en una de las principales responsabilidades de la administración estatal, ni más ni menos que la secretaría particular del gobernador, a otro en el manejo de la prensa en el Congreso del Estado -y luego en la asesoría del líder parlamentario- y al tercero como responsable de varias tareas de educación en la zona serrana y sin que se les señalara, por lo menos, de presuntos encubridores -porque tuvieron en sus manos la información de hechos relacionados directamente con el asesinato, si se acepta que El Larry es el autor intelectual- pues ellos les facilitaron la información -que confirmaba la fuente de la información publicada- que ubicaba a la periodista como única autora de los reportajes.

¿Qué mensaje recibirían los Salazares con las designaciones gubernamentales de sus informantes?

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Feminicidio: La 4T incapaz

El Diario, 20 de febrero de 2020

Luis Javier Valero Flores

De los numerosos textos circulando en las redes sociales, el siguiente adquiere un carácter emblemático, porque sintetiza, en nuestra visión, una buena parte de los problemas que dan origen al feminicidio, como tragedia general, y al asesinato de niñas como Fátima, como tragedias particulares:

“El caso de Fátima es un enorme ejemplo de todas las esferas de violencia y opresiones de este asqueroso sistema. A Fátima la ultimaron por una red de tráfico de órganos que opera impunemente en nuestro país (Era la versión extraoficial en su momento). 

La mataron por ser niña, por ser vulnerable. Pero también la mataron las normas de las instituciones educativas públicas que sacan a las y los niños de la escuela al terminar el horario escolar (Cosa que ocurre con mayor frecuencia de la que se piensa en el estado de Chihuahua). 

La mató la incompatibilidad de horarios con la extensa jornada laboral que no contempla ni comprende la maternidad en sus cuadrados estatutos en medio de la precariedad. 

La mató la inseguridad en la que vivimos.

La mató la indiferencia de quienes la vieron y la supieron sola y no hicieron nada por acompañarla.

La mató esa falta de red de apoyo que es fundamental en la crianza. Hoy sólo se buscan culpables y todos señalamos para todos lados cuando lo único cierto es que le arrebataron su vida a una niña y le arrancaron su hija a una madre…”.

No solo el presidente López Obrador quedó exhibido ante la magnitud del asesinato de la niña Fátima, por su manifiesta incapacidad para conceptualizar el tema del feminicidio y para afrontar la aguda degradación social, temas a los que, dijo, habría de solucionárseles mediante la “moralización” de la sociedad y de la “purificación" del poder público, sin que atinara a esbozar, siquiera, la menor estrategia gubernamental para abordar lo que es una verdadera alerta nacional.

Vamos, en el colmo de la desesperación y de la improvisación, los legisladores federales adoptaron la estrategia propia de la derecha de todo el mundo, la que, en lugar de revisar las causas de un problema social, y enfrentarlas, elevan la severidad de las sanciones.

Así, en medio del clamor nacional desatado por el hallazgo del cadáver de la niña de Tulyehualco, a los legisladores de Morena sólo se les ocurrió cambiar una ley y emitir, al igual que el resto de las fuerzas políticas acreditadas en la Cámara de Diputados, un insípido discurso en el que los lugares comunes fue la nota principal.

De ese modo, los diputados federales aprobaron una reforma que eleva a 65 años el delito de feminicidio y el presidente López Obrador afirmó que su gobierno está haciendo lo que le corresponde para prevenir que continúe esta tragedia.

Es irrefrenable la pregunta ¿Qué están haciendo los gobernantes de la 4T para transformar la aguda realidad por la que pasan decenas de millones de mujeres pobres en el país?

¿Dónde están las apabullantes campañas publicitarias para combatir al machismo y privilegiar el enfoque de género en la sociedad?

¿Dónde, en la currícula escolar, el acentuamiento en el respeto a las mujeres y en la asimilación de que deben gozar de las mismas oportunidades que los varones?

¿Dónde los vastos programas gubernamentales enfocados a paliar -por lo menos- el millonario abandono de decenas de millones de niños?

¿En dónde la urgentísima operación gubernamental orientada a capacitar, entrenar y, claro, contratar a las decenas de miles de agentes del ministerio público que deban atender las numerosas denuncias de violencia doméstica y acoso y ataques sexuales?

Si el presidente cree que con la difusión de la cartilla moral impulsada por su gobierno y la aprobación, cuanto antes, de la Constitución Moral, es suficiente para enfrentar lo que ahora analizamos, y si ninguna dependencia de su gobierno tiene la capacidad para iniciar las ingentes tareas que el Estado debe realizar, estamos perdidos pues lo que ahora tenemos es una verdadera emergencia humanitaria.

Es una increíble falla acusar al neoliberalismo de la existencia del feminicidio ¿Antes no había este tipo de crímenes? ¿Entonces, en el período del “desarrollo estabilizador”, es decir, el del partido único, no había feminicidios?

Todos concordamos. Sí, estamos frente a una sociedad individualista, desmoralizante, con una aguda pérdida de valores cívicos y una profunda degradación social, fenómenos que deben afrontarse desde otra perspectiva y con la construcción de un Estado capaz de suplir las deficiencias o las carencias al interior de las familias (por ejemplo, el de la necesaria construcción de la infraestructura, necesaria para atender a los hijos de los padres trabajadores, especialmente de los más humildes), etc.

Tareas de tan largo plazo deben ir acompañadas de una profunda reestructuración, pero ya, de las instituciones encargadas de la procuración de justicia y las responsables del bienestar social.

No enlistar -y, sobre todo, hacer- lo necesario en esto último ha mostrado al presidente López Obrador rebasado por estos fenómenos, ante los cuales solo atina a hacer elucubraciones que lo muestran desconocedor del tema y, lo peor, sin la necesaria visión para afrontar los aspectos más simples e inmediatos que pudieran hacer que disminuyera, pero ya, la tragedia social que vivimos.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Riña gasolinera, Corral con de la Vega

El Diario, 16 de febrero de 2020

Luis Javier Valero Flores

El más reciente conflicto gasolinero involucra a tres de las familias más poderosas, no sólo de Juárez, sino del estado. Disputan el mercado de gasolinas de la urbe mayor chihuahuense, de un poco más de mil millones de pesos al mes, las familias de la Vega, Zaragoza y Fuentes.

Para impedir el crecimiento del grupo Arco -propiedad de la familia de la Vega- sus competidores pretendieron usar el derogado reglamento municipal, que normaba la instalación y funcionamiento de las estaciones de servicio. 

Arco usó todos sus recursos para que el cabildo lo derogara y empezara a aplicarse la nueva legislación federal, que le quita a estados y municipios todas las regulaciones en materia de traslado, almacenamiento y venta de combustibles, así como lo relativo a las normas de seguridad y ambientales.

En todo ello ha jugado un papel fundamental la muy poderosa empresaria Alejandra de la Vega, Secretaria de Innovación Económica del gobierno de Javier Corral quien, a pesar de desempeñarse como funcionaria pública, no ha dejado de lado su participación en las empresas de la familia.

Quizá no podrán acreditarse sólidamente sus acciones, pero el hecho de estar al tanto de las acciones del gobierno estatal, de las relaciones con el federal, con los empresarios interesados en la inversión en Chihuahua y en un sinfín de asuntos que le otorgan información privilegiada acreditan fehacientemente la indudable existencia de un conflicto de interés entre la esfera privada y la pública en la que se desenvuelve la funcionaria más cercana al mandatario estatal.

Además, el indudable, inexplicable e irregular apoyo del gobernador Corral a la empresa futbolera de Alejandra de la Vega, es la prueba mayor de tal conflicto.

¿Por qué la designó Secretaria de Innovación Económica del gobierno del “Nuevo Amanecer”?

Alejandra es una muy poderosa empresaria del ramo cervecero, casi monopólico de ese giro comercial en Juárez; esposada, además, con el quinto empresario petrolero más rico de Texas y número mil 349 más rico del planeta, según Forbes.

Por supuesto que el conflicto de interés aparecería, tarde o temprano, pues la familia de La Vega -una de las más poderosas de Juárez- incrementaría grandemente sus inversiones en el ramo petrolífero gracias a dos factores: El primero, por supuesto, el matrimonio  de Alejandra con Paul Foster; y, segundo, la reforma energética de Peña Nieto, que liberó el mercado gasolinero, lo que les posibilitó comprarse su propia gasolina.

Al mismo tiempo, si bien no hay evidencia de que las gestiones de la Secretaria Alejandra de la Vega sirvieran para favorecer a las empresas del matrimonio Foster-de la Vega, lo cierto es que la frecuente aparición del petrolero texano en las fotos de los empresarios y gobernantes, al término de sus reuniones con la representante del gobierno de Chihuahua, ilustra que  aprovecha tan importantes reuniones, con destacados protagonistas financieros, empresarios y gubernamentales de los países a los que ha viajado -a veces encabezando las delegaciones chihuahuenses y otras acompañando al gobernador Corral- para el establecimiento de relaciones empresariales. (Fotos del reportaje de Gabriela Minjáres/Rocío Gallegos/Itzel Ramírez, La Verdad, 7/II/20).

Hay otro aspecto criticable, que evidencia aún más la clara actitud favoritista del gobernador Corral hacia la pareja empresarial: El anuncio, efectuado muchos meses atrás, de que el gobierno de Chihuahua participaría decisivamente en la obtención de un financiamiento público-privado para la construcción del estadio de futbol del equipo Bravos, propiedad de la empresaria-funcionaria del amanecido gobierno de Chihuahua, y que, de hacerlo, engrosaría el monto de la deuda del gobierno estatal.

Ni César Duarte se atrevió a tanto. 

Y eso que el ballezano se atrevió a nombrar al cuñado de Alejandra, Alvaro Navarro, esposo de Guadalupe de la Vega, Secretario de Economía, unos cuantos meses antes de que Alejandra fuese designada Presidente de la Mesa de Seguridad Pública de Juárez.

Luego, al pasar Alejandra al gobierno de Javier Corral, Alvaro Navarro se desempeñaría como Vicepresidente deportivo del equipo Bravos de futbol profesional de la Liga Mx de Primera División, el del estadio, y Guadalupe se pondría al frente del grupo.

Era cuestión de tiempo para que aparecieran las evidencias de los conflictos de interés con la participación de Alejandra de la Vega en el equipo gubernamental de Javier Corral, el mencionado reportaje develó algunos de los detalles, los que luego serían enfatizados por los señalamientos de sus adversarios comerciales.

Ganada la ventaja por la familia De la Vega-Foster a los otros grupos, merced a que obtienen a más bajo precio los combustibles, decidieron abrir más estaciones de servicio, aprovechando la nueva legislación generada a partir de la reforma energética, la que le adjudicó a dos dependencias federales la aplicación de la normatividad en materia de construcción, apertura, funcionamiento y cumplimiento de las normas de seguridad y ambientales de las gasolineras.

Quedaron fuera de estas funciones los estados y municipios, lo que llevó a que los competidores de Arco buscaran el amparo de la justicia federal, apoyándose en la vieja normatividad, que le daba a los municipios la elaboración y aplicación de las normas para las estaciones de gasolina.

De ese modo, el reglamento municipal -derogado apenas a mitad de semana- que señalaba que la distancia mínima entre una gasolinera y otra debería oscilar entre mil 200 y mil 500 metros, base de los amparos de los otros empresarios, quedó superado, además, por otras resoluciones judiciales que le permitieron al cabildo derogarlo.

Así, la nueva normatividad favorece a los De la Vega-Foster pues desde 2015, al crearse la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con autonomía técnica y de gestión, se le dieron las facultades de la aplicación y vigilancia de todos los aspectos de la seguridad de la comunidad y del medio ambiente, mientras que todo lo relacionado con los permisos, previo el cumplimiento de ciertos requisitos legales, le corresponde a la Comisión Reguladora de Energía (CRE). 

La nueva regulación de la ASEA es acorde, sostienen los estudiosos de las nuevas normas, “con las mejores prácticas nacionales e internacionales”, pues “pretende establecer principios de administración del riesgo que sean dinámicos, en lugar de recurrir a los modelos precautorios y prescriptivos del siglo pasado, incluyendo el abandono de las distancias mínimas (entre las estaciones de servicio) para sustituirlo por estudios de riesgo y adopción de medidas de control adecuadas al contexto específico de cada una de las gasolineras”. (Alfredo Arellano Moyao, 2/VI/18. https://alfredoorellana.mx/2018/06/02/existen-distancias-minimas-entre-gasolineras/).

Este especialista -y el escribiente encontró que la totalidad de los estudiosos sobre el tema coinciden en tales planteamientos- sostiene que a partir de la reforma energética la única autoridad que puede otorgar, suspender o revocar el permiso de la gasolinera es la CRE y la única autoridad que puede regular, supervisar, clausurarla o sancionarla por razones de seguridad industrial y medio ambiente, es la ASEA.

Pero tales aspectos son sólo parte del ríspido enfrentamiento sostenido en los últimos meses entre las familias De la Vega, Fuentes y Zaragoza, que no dejan de lado lo central de los señalamientos revelados en el reportaje mencionado.

Ni el gobernador Corral, ni su secretaria de Economía pudieron desmentir que “… más de la mitad de los permisos con los que actualmente cuenta Almacenes Distribuidores de la Frontera, empresa en la que son accionistas Alejandra, su mamá y sus hermanos –Guadalupe Arizpe y Miriam Guadalupe y Artemio de la Vega–, se gestionaron y obtuvieron cuando Alejandra ya era funcionaria estatal”. (Nota de Gabriela Minjáres/Rocío Gallegos/Itzel Ramírez/ La Verdad, 7/II/20).

Ese grupo había obtenido, del 2003 al 2016, “13 permisos gasolineros y a partir de 2017 la empresa tuvo un mayor auge y solo en tres años obtuvo la gestión para construir otras 18”.

Integrante del gabinete estatal, se negó a hacer pública su declaración patrimonial, así como los conflictos de interés en que pudiese incurrir, y aparece en por lo menos 3 trámites y hasta como promovente del amparo solicitado por su empresa en contra del municipio de Juárez, pues buscaban la derogación del reglamento municipal que regulaba la instalación de gasolineras, de ahí la premura con la que impulsaron, acompañados en esta ocasión por la mayoría del cabildo juarense, la derogación, lo que les permitiría la reapertura de varias gasolineras que los competidores habían logrado cerrar amparándose en la vieja regulación que establecía distancias mínimas entre las gasolineras.

¿No hay uso e influencia de los cargos públicos? 

A los abogados del grupo de la familia de la Vega se sumaron Arturo Chávez Chávez, ex procurador General de la República con el presidente Felipe Calderón y César Jáuregui Robles, ex consejero de la Judicatura Federal y ex secretario General de Gobierno en Chihuahua.

No hay duda. Corral está del lado de la familia de la Vega. 

Esta lanzó una campaña en la que era la empresa que vendía “litros completos”. El gobernador Corral, al momento de defenderse de las acusaciones de los Zaragoza, Fuentes y Fuentes Varela, se puso del lado de Arco: “Detrás de este problema está Pedro Zaragoza Fuentes. Lo conozco muy bien y me extraña el método mentiroso y embustero que utiliza para acusar al gobernador… Les han comido el mandado y ahora me quieren embarrar a mí…”.

“Aquí hay algo más de fondo, ahí hay de los que se sienten molestos por la estrategia comercial que el grupo (Arco) ha puesto en vender litros de a litro, fíjense nomás, como son las cosas, eso les ha molestado y ahora me lo quieren cargar a mí…”.

Y es que los otros gasolineros señalaron que Arco “mantiene inmunidad y despacha gasolina con la complacencia del gobernador Javier Corral Jurado, en una patente defensa política de los intereses personales de la funcionaria pública Alejandra de la Vega”.

No acaba aquí la riña de los mastodontes empresariales.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Boquilla ¡Cómo huele mal!

El Diario, 13 de febrero de 2020

Luis Javier Valero Flores

Pasado lo más álgido del conflicto desatado por el anuncio de extraerle a la presa La Boquilla mil millones de metros cúbicos, las autoridades de la Conagua, los del gobierno estatal y los representantes de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua (AURECH), se convocaron a efectuar una nueva reunión a fin de negociar el fin del conflicto y, en voz de las autoridades, “revisar el cumplimiento de los compromisos internacionales de México”.

La reunión debió celebrarse ayer, pero los usuarios fueron convocados por el Coordinador del gabinete del presidente López Obrador, Alfonso Romo, para la misma fecha. De última hora les fue cancelada.

Al mismo tiempo, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, se reunió por separado con la directora general de Conagua, Dra. Blanca Jiménez. 

En ella acordaron reprogramar la reunión con los usuarios, atender su petición de no extraer el agua antes del próximo ciclo agrícola; seguir en la búsqueda de una solución “en conjunto para atender los compromisos de México en el marco del Tratado de Aguas de 1944” y el establecimiento de un grupo técnico especial para buscar las “nuevas alternativas de solución, partiendo de una visión compartida”.

Pero el sentido de la reunión -y del comunicado del gobierno estatal- es el mismo: “(Dar) seguimiento a (la) forma de pago del Tratado Internacional de Aguas”.

Pero en cualquiera de los dos casos, la exigencia de la Aurech, para la celebración de la reunión, fue la de que Conagua debería presentarles los reportes oficiales de las captaciones de agua de los distintos sitios contemplados en el Tratado Internacional de Límites y Aguas (TILA), a fin de contar con los elementos necesarios que los llevaran a concluir, al igual que los funcionarios de Conagua, que se han incumplido los mentados compromisos.

Aceptada por Conagua esa exigencia, se comprometió a entregarla el 7 de febrero, pero hasta el 12 de este mes había incumplido. Querían que llegaran a las reuniones sin la información solicitada.

Es indignante. 

Les enviaron un comunicado del reporte de las estaciones hidrométricas (12 en total) en el que la información del año 2019 no aparece en ninguna; la de la estación del Arroyo Alamito tiene datos incompletos del 2015 al 2019; la del Arroyo Pinto tiene incompletos los años 2006, 2009, 2011-2015 y 2018.

Además, se queja el presidente de la organización, el MC Salvador Alcántar, de que faltan las batimetrías (estudios de los fondos de ríos, embalses y presas que sirven para calcular los volúmenes) de las presas Boquilla, Francisco I. Madero (Vírgenes), Luis L. León (Granero) y Rosetilla.

Por si fuera poco, en escrito enviado a la directora de Conagua, le recriminan que la información fue enviada en un documento simple del programa Excel, pero sin la formalidad de la dependencia, que constatara que los datos aportados fueran oficiales.

Así, a los productores no les pudieron acreditar -hasta ahora- que México haya incumplido los compromisos del TILA y, por el contrario, les han reforzado su tesis de que México no tiene adeudo de agua con EU y de que, en todo caso, el vencimiento del ciclo sería hasta el 24 de octubre del presente año y aún está pendiente el régimen de lluvias del presente año.

¿Y entonces? ¿Por qué tanta terquedad? ¿Por qué esconden la información?

Dicha hasta la saciedad, la actual situación de la presa La Boquilla, con datos de Conagua, es de que cuenta en este momento con alrededor de 2 mil millones de metros cúbicos. 

Le pretenden extraer la mitad, sin fundamento legal, y de la mitad restante habría que descontar alrededor de 500 millones, necesarios para el funcionamiento de la presa.

Sólo quedarían 500 millones, que no garantizan los requerimientos del ciclo agrícola próximo.

¿Y entonces? ¿Porqué no aparecen los directivos de Conagua e informan, explican y orean asunto tan vital?

¿Qué quieren?

¿Por qué insiste el gobernador Corral en discutir las soluciones para cumplir los supuestos compromisos incumplidos, si no hay incumplimientos?

¡Cómo huele mal!

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Chihuahua: ¡Qué pobreza de clase política!

El Diario, 9 de febrero de 2020

Luis Javier Valero Flores

Ni a cual irle. 

Como cantaría Serrat, si no fueran tan dañinos, hasta darían risa.

Adelantada la sucesión gubernamental en Chihuahua, acelerados los tiempos electorales y los políticos; desatadas las ambiciones políticas y las pasiones clasistas e ideológicas; exacerbadas las posturas; lanzados en uno u otro sentido los expositores de una forma ú otra de pensar; llegadas hasta el extremo las posturas de quienes elogian o vituperan al presidente López Obrador, el país se enrumba, casi indefectiblemente, a la más álgida confrontación política de las últimas décadas.

Quienes apoyan a López Obrador lo hacen -la mayoría- de manera casi totalmente acrítica; y quienes lo critican, a un tris del insulto. 

La víscera está a flor de piel.

No asoma por parte alguna la intención de analizar fríamente cualquier problema, asunto o fenómeno; en todos los temas, así sean los más frívolos, aparece el espíritu descalificador; no hay espacio para el análisis.

Si este se hace y se concluye que las medidas del gobierno de la república no son aceptables, o no son las mejores, sobreviene el epíteto, “forman parte del pensamiento conservador”, son parte “del PRIAN”.

Y si el análisis viene en el sentido contrario, entonces las descalificaciones son extremas, reforzadas por una muy extendida tendencia de la mayoría de los medios de comunicación -sus analistas incluidos- a descalificar todo lo efectuado por quienes dicen realizar la 4T.

En medio de fenómenos tan nocivos, la clase política nacional exhibe de manera vergonzosa sus reales dimensiones. 

La chihuahuense no se queda atrás.

Para desgracia de las corrientes de las izquierdas y de la ciudadanía que comulga con esa forma del pensamiento político, la clase política ha sufrido un notorio, reciente e impulsivo crecimiento a manos de muchos de los morenistas llegados al gobierno.

Alegremente se han sumado a este segmento de la sociedad mexicana, que en términos estrictamente científicos no constituyen una clase social, pero que para efectos del análisis de la realidad mexicana ¡Vaya que ayuda! ¡Y mucho, para entenderla!

La semana que termina fue extremadamente pródiga en mostrarnos -hasta la saciedad- varias de las características de la clase política local; por supuesto, de ninguna manera atractivas, al contrario.

El conflicto del agua, desatado, ya sea por una torpeza de las autoridades nacionales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) -develada cándidamente por la directora de ella, Blanca Jiménez Cisneros, en un artículo editorial del 10 de enero (El Universal, “¿De quién es el agua?”- o por la celebración clandestina de acuerdos sobre este tema, entre los funcionarios de Conagua y los gobernantes chihuahuenses (incluidos los del gobierno de la 4T), cosa que es mera especulación ante la aparente irracionalidad política de la decisión de abrir las compuertas de las presas de El Granero y La Boquilla, para extraerles, en conjunto, mil 100 millones de metros cúbicos de agua almacenada, fue uno de los eventos que más develaron a nuestra clase política, en toda su plenitud.

Los otros sucesos que nos hicieron asomarnos a las entrañas de esa misma clase fueron -¡Cosas con las que nos topamos cotidianamente y que no dejan de asombrarnos e indignarnos!- las noticias acerca de la contratación de un sobrino del gobernador Javier Corral como funcionario en la Junta Municipal del Agua de Juárez y la del gasto del gobierno de Chihuahua, de más de 1 millón de pesos para trasladar a equipos de futbol de Sudamérica a fin de que participaran en un torneo internacional -Copa Bravos Internacional 2019, organizado por el equipo Bravos de la liga Mx de primera división, del cual es propietaria la Secretaria de Economía del “amanecido” gobierno, Alejandra de la Vega- como si tales actividades formaran parte de las obligaciones y facultades del gobierno estatal y no, como debiera ser el caso, del grupo empresarial propietario del equipo y al cual el gobierno de Corral considera, casi, como una especie de franquicia de la administración estatal.

“En las ediciones 2018 y 2019 de la Copa Bravos se pagaron miles de pesos por pasajes de avión para jugadores de Colombia y Argentina que participaron en los torneos realizados en Juárez. Al equipo argentino Rosario Central se destinaron 738 mil pesos y para el colombiano Deportivo de Cali fueron otros 415 mil, en sólo una de las ediciones”. (La Columna, Diario de Juárez, 7/II/20).

 Esos gastos merecieron sendas “observaciones” -es decir, fueron consideradas como irregularidades- por la Auditoría Superior del Estado debido a que se hicieron por “adjudicación directa, sin justificación, a una empresa de las favoritas del ICHD”. (Ibídem).

A la inauguración del torneo acudió el gobernador Corral, en el cual participaron “16 equipos de talla nacional e internacional de la categoría sub 15 (Nota de Dámaris Arellanes, Puente Libre, Juárez, Chih., 24/06/2019).

Pero el evento que mostró a la mayoría de la clase política local -como dirían en tiempos de las primeras películas a color, “a todo color, en Cinemascope”- fue la revelación de que se pensaba extraer el agua de La Boquilla.

Conocedores de la real intención de hacerlo por las autoridades federales, los legisladores federales y locales del PAN de la región Centro-Norte del estado llegaron al extremo de mostrar las imágenes tomadas al vertedero de la presa El Granero (Luis L. León), en las que aparece seca esa parte de la presa, escondiendo el hecho de que así debe permanecer pues se trata de una presa contenedora de agua.

Los funcionarios locales de Conagua ya sabían de la intención de la extracción, negaron el hecho, en tanto crecía la inquietud de los usuarios de los comités de riego y se sometían a una serie de negociaciones que ahora sabemos no tenían justificación pues no se encontraba en riesgo el pago del agua, de acuerdo con el tratado internacional.

Lo peor, precisamente en lo más álgido del conflicto, el Director local del Conagua fue removido y el nuevo tomó posesión ¡El 31 de enero!

La llegada de nuevos y mayores contingentes de la Guardia Nacional y del Ejército le dieron cuerpo a los rumores. 

¿Si no había la intención de extraer el agua, para que se les trae en ese número?

Desatada la protesta, todos los actores políticos -sobre todo los del PAN- se convirtieron en extraordinarios y dinámicos defensores del agua de Chihuahua, encabezados, pero por supuesto, por el gobernador Javier Corral, a cuya vera le llegaba semejante conflicto, casi de manera gratuita y que intentó aprovechar al máximo, justamente cuando recibía, otra vez, las más bajas calificaciones entre los gobernadores del país.

Y por todas partes se lanzaban los mensajes de que era necesario rediscutir los términos del Tratado, sin parar mientes que el cumplimiento de los compromisos del actual ciclo no estaban en riesgo.

¡Todos aparecieron como Padres de la Patria!

Vamos, hasta una misa realizaron los católicos a los pies de la cortina de la presa, y luego el Congreso del Estado, manejado inescrupulosamente por el gobernante chihuahuense, efectuó una sesión en el mismo sitio cuyos efectos no tenían más objeto que lanzarle dardos envenenados a la 4T.

Y estos, desaparecidos. Solo hasta que el conflicto escaló aparecieron. 

¿Y para qué?

Para justificar con una ramplona concepción supuestamente igualitaria “que el agua es de todos” y que, como tal, deben beneficiarse todos de ella, sin tomar en cuenta que hay derechos sobre ella y, además, reglas derivadas de un tratado internacional, con rango constitucional.

Vamos, algunos llegaron a justificar tal actitud usando el argumento de que los usuarios y beneficiarios del agua de La Boquilla son los ricos y prósperos agricultores, ¡como si los productores de Tamaulipas fueran proletarios!

Por supuesto que hubo morenistas al lado de los productores chihuahuenses, pero todos fueron descalificados ¡Por el mismísimo presidente López Obrador, quien usó los argumentos e información de la directora de la Conagua, como si estuviera en peligro el cumplimiento de los acuerdos del Tratado de Límites y Aguas, tal y como la funcionaria había dado a conocer en su artículo!

El colmo de la actitud cortesana de una parte de los legisladores locales de Morena lo fue su coordinador, Miguel Colunga, quien llegó al extremo de difundir el mensaje que habría de expresar en la sesión del Congreso, celebrada en la cortina, pero que, “por cuestiones de formato (de la sesión) no pudo leer”.

¿Qué? ¿Al líder de los diputados de Morena, que habría de fijar la postura del morenaje en esa sesión, ante los productores, no le permitieron, los panistas, leer su mensaje?

¿Y se quedaron callados los “morenos”?

¡Increíble, sencillamente increíble!

¡Bienvenidos a la clase política, con todos sus privilegios!

En tanto, los más altos funcionarios del gobierno federal en Chihuahua guardaban un más que protocolario silencio y los militantes de a pie, del morenaje, se quedaban callados, -la mayoría- o justificaban la decisión de otorgar el agua de La Boquilla, como si estuviera en riesgo el cumplimiento del Tratado, y unos pocos acompañaban a los manifestantes que se oponían a la entrega del agua.

Todo porque a alguien -¿Quién?- se le ocurrió que deberíamos entregarle  a Tamaulipas la mitad del agua que hoy tiene La Boquilla.

¿Porqué? ¿Para qué?

Y al presidente lo hicieron aparecer como muy preocupado en que no incumpliéramos con los compromisos del Tratado.

El problema es que apareció, otra vez, con la información equivocada.

No están en riesgo los compromisos del Tratado.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF