Llamadas a misa

El Diario, 13 de diciembre de 2012 Luis Javier Valero Flores Pareciera un asunto sin importancia, a primera vista, y más por la actual temporada en la que los ánimos se encuentran más propicios para el perdón, y luego –pos si las cantidades no fueron tan grandes, si las anomalías halladas fueran pequeñas y pos pobres, ¿no?– si los municipios son tan chiquitos y sus presupuestos apenas si alcanzan para pagar la nómina ¿cómo les van a poner esas multotas? Todo, porque a los señores presidentes municipales de Coronado, Ocampo y Riva Palacio, sólo los amonestaron por ¡pequeña cosa! “haber entregado de forma extemporánea sus respectivos informes de cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado (ASE)”. (Nota de Alejandro Salmón Aguilera, El Diario, 11/XII/12). Así culmina un episodio más de la gran opacidad que cubre a la revisión de las cuentas públicas, materia en la que la entidad, independientemente de la fuerza política hegemónica, y del grupo partidario en el poder, ha sido la piedra de toque de la enorme discrecionalidad con que se maneja tal asunto. Como anillo al dedo viene una anécdota contada por Gonzalo N. Santos en sus Memorias. Relata que el presidente Adolfo Ruiz Cortines citó en su despacho, a fines del sexenio, al nayarita Gilberto Flores Muñoz, secretario de Agricultura, fuerte precandidato a la Presidencia. Una vez instalados, el presidente pidió que viniera el secretario de Hacienda, el chihuahuense Antonio Ortiz Mena. Cuando éste llegó, le pidió: –Licenciado, hágame favor de ordenarle todas sus cuentas a mi compadre, ya ve que ya nos vamos. –Con mucho gusto, señor presidente. Varios meses después, resuelta ya la elección, Adolfo López Mateos convertido en presidente, Flores Muñoz le reclamó a Ruiz Cortines, no tan solo que no lo designara candidato, sino que le hiciera concebir esperanzas con el “arreglo” de sus cuentas. –Pero, compadre ¿cuándo has visto que al señor presidente alguien le reclame algo con relación a sus cuentas? La amonestación resultó ser la sanción más benigna para los alcaldes, pues días atrás se rumoraba que hasta la destitución podrían sufrir. ¡No pasa nada! Así, Manuel Hernández Martínez, de Ocampo; José Bernardo Ávila Mendoza, de Coronado (PAN); y Francisco Alan Robles Terrazas (PRI), de Riva Palacio, pueden estar tranquilos durante estas fiestas… y después. Pero para que un proceso de revisión de cuentas públicas haya tenido que llegar hasta la última instancia, la del Congreso, debemos imaginarnos todas las etapas que los munícipes desatendieron, las trabas encontradas por el personal de la ASE para acceder a los archivos de la alcaldía, las ocasiones en que se les negaron, etc. Y solo hasta que fueron amenazados de la destitución, ahora sí accedieron a entregar la información y la documentación necesarias para efectuar las revisiones. Por eso asombran los argumentos de la diputación, para encubrir las negociaciones, semejantes a las ocurridas a lo largo de ya casi tres décadas –otra vez, seguramente, el ‘deja pasar ésta y yo te dejo pasar aquella’– consistentes en que “atendieron el llamado del Congreso”, y a que las “irregularidades son muy pequeñas y los recursos que manejan no son en grandes cantidades”. Pero tales argumentos chocan con otra realidad, además de que las sanciones no eran al ayuntamiento, sino a los funcionarios. En las páginas de Transparencia de los ayuntamientos nos encontramos con que el presidente municipal de Coronado recibió 155 mil 693 pesos por concepto de salarios y compensaciones, en el período comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de ¡2011!, porque es la última cifra reportada y la fecha de actualización de la página es del 31 de julio de 2012. Y de que es un municipio chiquito, tienen razón, solo cuenta con una población de 2 mil 46 habitantes, pero su alcalde ganaba mensualmente más de 50 mil pesos… en 2011. En el caso del municipio de Ocampo la cosa está peor pues la actualización es de ¡2010! En esa fecha, el alcalde ganaba al mes 44 mil 876 pesos, gobernando a 6 mil 298 habitantes. A su vez, la presidencia municipal de Rivapalacio informa, en la página de Transparencia actualizada el 31 de octubre de 2012, que las remuneraciones totales del presidente municipal ascienden a 51 mil 633, y gobierna a 7 mil 811 habitantes. Lo arriba relatado sólo es un episodio más de la larga lista de los desarreglos financieros administrativos en la administración pública chihuahuense, tersamente perdonados. ¿Y la cultura de la legalidad?