El Diario, 30 de noviembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Lo volvieron a hacer, igual que lo hicieron doce años atrás los principales funcionarios de la primera administración estatal panista en Chihuahua, sus antecesores, los salientes funcionarios del gobierno municipal del trienio anterior en la capital del estado, encabezado por Carlos Borruel y Álvaro Madero, se sirvieron con la cuchara grande.
Si en 1998 los 17 más altos funcionarios del gobierno estatal encabezado por Francisco Barrio se indemnizaron por un total de poco más de 17 millones de pesos, ahora, los funcionarios municipales capitalinos recibieron en conjunto más de 23 millones de pesos en bonos de liquidación.
Los indicios de tal desmesurado acto ya se tenían, incluso el Secretario del Ayuntamiento, Eloy García Tarín, en entrevista concedida a Aserto-Radio semanas atrás, hablaba que una parte del adeudo del gobierno encabezado por Álvaro Madero, encontrado por la nueva administración municipal, emanada del PRI, consistía en un anticipo otorgado por el gobierno de Reyes Baeza por la cantidad de 9 millones de pesos y dejó en el aire la sospecha el objeto de tal anticipo, no sin antes dejar en claro que se había otorgado en agosto pasado. Todo lo reveló con una más que enigmática sonrisa.
Ahora, gracias a una investigación periodística podemos saber más de dichas maniobras financieras. El domingo, el otro matutino de la ciudad de Chihuahua informó que, tras solicitar la información a la unidad de Transparencia del municipio del mismo nombre, se reveló que el gobierno emanado del PAN había gastado casi 23 millones 400 mil pesos “para liquidar a funcionarios de primer y segundo nivel, como son directores y subdirectores, así como jefes de departamento, que están considerados como personal de confianza, por lo que sus cargos son renunciables sin derecho a indemnización”.
Semanas atrás, antes del término de su gestión, el empresario Madero, hermano del senador aspirante a la dirigencia nacional de su partido, había negado que se hubiesen otorgado tales prebendas.
La lista agobia, y por los montos, enerva, la frase de servirse con la cucharada grande es pusilánime frente a lo realizado por quienes, hasta el último de los días de su gestión pregonaron a los cuatro vientos de formar parte de la administración más transparente del país.
En esa lista se encuentra hasta el recién elegido dirigente municipal, Miguel Latorre, quien a principios de noviembre, al cuestionar la veracidad del anuncio efectuado por el presidente municipal, Marco Adán Quezada, acerca de la disminución de su salario, dijo que “Los ciudadanos deben conocer el ingreso real y total de cada uno de los servidores públicos. Así tendremos la certeza de que realmente habrá un eficiente manejo del erario”.
Bueno, entre otras cosas, el reporte periodístico dice: “El informe obtenido a través de la Unidad de Información y Transparencia, entre otras cosas, revela que Verónica Estela Rudolfo, subdirectora de la Oficialía Mayor, fue liquidada con 263 mil 462 pesos; Jaime Isaac Calderón Trevizo, subdirector en Atención Ciudadana, recibió 119 mil 958 pesos. Alfonso Moreno Cossío, subdirector en Aseo Urbano, fue liquidado con 139 mil 776 pesos. Otro subdirector quién también recibió liquidación en Atención Ciudadana, fue Miguel Francisco Latorre con 120 mil 233 pesos. También aparece, entre otros, el caso del director general de Aseo Urbano, Ignacio Federico Muruato, con 179 mil 850 pesos… En Seguridad Pública llama la atención el caso de dos jefes de departamento: Gilberto Loya Chávez, quien recibió de liquidación 287 mil 679 pesos y Salvador Aristi Lara (regidor panista en la administración de Juan Blanco 2004-2007), con 230 mil 963 pesos”.
“En la lista de liquidación aparecen dos hermanos del ex alcalde Carlos Borruel Baquera: María Guadalupe Borruel Baquera, jefa de departamento en Atención Ciudadana, a quien se le pagó 180 mil 188 pesos y Raúl Armando Borruel Baquera, inspector de Gobernación, dependiente de la Tesorería Municipal, a quién le pagaron 97 mil 636 pesos”.
Ahí están los hechos ¿Encontrarán algo, luego, la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado y, acaso más importante, sancionarán a alguien por hechos a todas luces ilegales?
martes, 30 de noviembre de 2010
domingo, 28 de noviembre de 2010
De bodas y aniversarios
El Diario, 28 de noviembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Pareciera título de la sección de sociales, y aunque la mitad del mismo debiera circunscribirse a ella, sus protagonistas han resuelto que no sea así. ¿Y cómo va a ser un evento de la sociedad toluqueña, si el novio resolvió que la fiesta se realizara en la casa de Gobierno del Estado de México? (O sea que los contribuyentes mexiquenses hasta la boda pagan).
Pues sí, ese es uno de los temas, la multiaclamada y escenográfica boda del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto y la actriz de Televisa Angélica Rivera, y el otro, la celebración del 4º aniversario del gobierno de Felipe Calderón y el 10º de gobiernos panistas que éstos se aprestan a realizar el día de hoy.
Unos y otros, faltos de la necesaria autocontención, celebran sus fiestas como si el país entero estuviera ansioso de apapacharlos en virtud de las numerosas y positivas cosas que su tránsito por la función pública hubiese dejado.
México enfrenta momentos particularmente difíciles. Nunca en la historia nacional se había presentado una crisis de seguridad pública de las dimensiones de la actual. Habíamos tenido, sí, agudos enfrentamientos armados, guerras civiles, asonadas, rebeliones, y hasta dos revoluciones –la de independencia y la del siglo pasado– oleadas de incremento de la actividad delictiva, pero incluso en los momentos más álgidos producidos por las bandas criminales no se había puesto tan en riesgo al total de las instituciones como en el momento presente.
Hoy, las bandas criminales tienen en jaque al Estado mexicano, por lo menos en la mitad de las entidades y la agenda dictada por los jefes de los cárteles en la guerra que libran, marca todos los aspectos de la vida nacional.
El fracaso de la estrategia gubernamental en contra del crimen organizado es total. Hoy, las áreas de influencia de las bandas criminales son incomensurablemente mayores a las de hace 4 años, la corrupción y la impunidad crecieron geométricamente y los índices delictivos, prácticamente en todos los aspectos, son peores. Ya no citemos la cifra de muertos de estas guerras, superan todo lo imaginado.
Pero si hubiese más cosas que lamentar, más dolorosas que la muerte de decenas de miles de mexicanos, lanzados a las actividades delictivas –quizá la mayor parte de ellos a causa de no tener a la vista ningún proyecto de vida viable, que les significara más educación, alimentos, vivienda, recreación, seguridad en el futuro y con una sociedad orientada al individualismo, a la obtención de dineros fácilmente y con patrones culturales prácticamente de la edad media– insistimos, en estas guerras, quizá lo que más duele ver es el agudo proceso de degradación social e institucional sufrido, probablemente ése sea el peor saldo de la crisis por la que atravesamos.
En ese entorno avistamos ya las elecciones presidenciales del 2012. Todas las acciones de nuestros políticos están enmarcadas en ellas, por desgracia no en los mejores términos, pues atraviesan por uno de los peores momentos en cuanto a credibilidad entre la ciudadanía. Lógico, la modernización democrática del país –que existe, a pesar de todo, no podemos negar los avances en materia electoral– no ha traído para la absoluta mayoría de la población mejoría económica personal.
No sólo estamos peor económicamente sino que crece la percepción popular en ese sentido, así, según la encuesta de octubre de la empresa Consulta Mitofsky, en cuanto a la percepción sobre la economía, 83% dice que está peor y solo el 12.8 afirma estar mejor que el año anterior.
Peor, Calderón es calificado por los ciudadanos con un 53%, y solamente el 54% de los ciudadanos aprueba su gestión gubernamental.
Algunos plantean que ha fallado el modelo económico, todo lo contrario, no estaba concebido para resolver los problemas sociales, ni acabar con la desigualdad social, ni con la injusta distribución de la riqueza. Se planteó como un modelo que de manera automática, al dejarle todo a las fuerzas del mercado, éstas regularían aspectos como los señalados. El mundo entero exhibe los efectos de tal orientación económica.
Incapaces de reconocer su fracaso gubernamental, los panistas se aferran a presumir que las cifras macroeconómicas demuestran la eficacia de su forma de gobernar y se niegan a aceptar la enorme tragedia que sus gobiernos han producido. En lo que va de la década más de siete millones de mexicanos emigraron y millones son hoy desempleados, amén del crecimiento de la pobreza y la pobreza extrema. El país hace agua, literalmente.
En contraposición a tal situación, los privilegios de la alta burocracia y la concentración de la riqueza se convirtieron en asuntos cotidianos que, no por serlo, son aceptados por una población harta de tan malos y tan caros gobiernos.
Y si el modelo económico está agotado, el político no lo está menos.
Por todos lados aparecen las evidencias de que el viejo presidencialismo tocó a su fin en México. No se puede gobernar con el actual modelo, ni con el marco legal vigente. Vivimos un presidencialismo bizarro en el que quien obtiene la mayoría de los votos en la elección presidencial se encuentra imposibilitado de gobernar pues no tiene la mayoría en el Poder Legislativo, el sistema no estaba concebido para que el Congreso de la Unión, o las legislaturas locales, se opusieran a las disposiciones del presidente o los gobernadores.
A enterrar el viejo modelo político, la mayoría de los electores en el 2000, acudieron gozosos a acompañar a Fox en sus peroratas. Nada de eso es realidad ahora, muchos de los cuadros políticos y técnicos del priismo se hicieron cargo de áreas sustantivas de la conducción del país y la vieja columna vertebral del sistema, no sólo se mantuvo sino que se le dio respiración artificial.
Para el PAN en el gobierno las cosas no están mejores. Muy pronto olvidaron la consigna zedillista de instalar una sana distancia entre el gobierno y el partido. Felipe Calderón nos ha hecho recordar mucho a Salinas de Gortari. Ahora, desde la presidencia de la república se impone a los presidentes nacionales. No puede ser de otra manera, más del 70% del Consejo Nacional del blanquiazul son funcionarios de la administración federal y las derrotas electorales, especialmente la del súper domingo del 4 de julio pasado –se realizaron trece elecciones de gobernadores– los desmadejó aún más que las federales.
Y la “guerra” de Calderón contra el crimen organizado les ha significado un pesado lastre, tanto que el 83% de la ciudadanía piensa que la seguridad es peor a la de un año atrás.
Es tan grave la crisis del PAN que ahora mismo no aparece ninguno de los destacados calderonistas cerca de los punteros en las encuestas, el más adelantado es el actual senador Santiago Creel a quien destaparán el día de hoy.
Pero si eso hacían los gobiernos del “cambio”, el viejo PRI supo amoldarse a los nuevos tiempos, lo pudo hacer porque conservó amplísimas zonas de poder, en particular la mayoría de los gobiernos estatales y desde ahí empezó a tejer el nuevo régimen y el regreso al Palacio Nacional.
¿Lo hace en función de los ejes de la modernidad democrática? Diríamos que sólo a veces y sólo algunos; en lo general permea la herencia patrimonialista, el viejo control electoral, el uso de nuevas formas de alienamiento a la población, con ejemplos tan desmesurados como los de los gobernadores de Puebla, Mario Marín, y el de Oaxaca, Ulises Ruiz. Y no son los únicos, por desgracia.
Y precisamente uno de los poderes fácticos, que ya lo era antes del 2000, pero que ahora se ha erigido en poder casi indispensable, pretende arrebatarle, no sólo al PRI la posibilidad de elegir candidato sino al país entero la libertad de designar al presidente de la república. Sí, Don Enrique Peña Nieto es fruto no solamente de la televisión, sino del viejísimo aparato político –la nomenklatura le definió Carlos Salinas de Gortari– que ahora intenta con los mismos métodos, ahora renovados y modernizados, convertirse en el primer mandatario de la nación.
¿Lo hace bajo los métodos de una democracia desarrollada, o acaso sin hacer uso de los viejos artilugios, es decir, el uso del patrimonio público para promoverse?
La respuesta es obvia, es hasta ofensiva la manera en que se pretende “venderlo” como el estandarte del priismo democrático.
Pero aún faltan largos diez meses para que se resuelvan las candidaturas, en tanto, alegrémonos, tenemos fiestas de las cuales debemos enorgullecernos hasta la médula, Peña Nieto y su gaviota ya se casaron, en una ridícula parodia de las bodas de la realeza europea, y el PAN celebra que los sexenios de Fox y Calderón serán recordados, dijo el líder panista del DF, al mismo nivel que los gobiernos de ¡Madero y Juárez
Ahí nomás…
Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
Pareciera título de la sección de sociales, y aunque la mitad del mismo debiera circunscribirse a ella, sus protagonistas han resuelto que no sea así. ¿Y cómo va a ser un evento de la sociedad toluqueña, si el novio resolvió que la fiesta se realizara en la casa de Gobierno del Estado de México? (O sea que los contribuyentes mexiquenses hasta la boda pagan).
Pues sí, ese es uno de los temas, la multiaclamada y escenográfica boda del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto y la actriz de Televisa Angélica Rivera, y el otro, la celebración del 4º aniversario del gobierno de Felipe Calderón y el 10º de gobiernos panistas que éstos se aprestan a realizar el día de hoy.
Unos y otros, faltos de la necesaria autocontención, celebran sus fiestas como si el país entero estuviera ansioso de apapacharlos en virtud de las numerosas y positivas cosas que su tránsito por la función pública hubiese dejado.
México enfrenta momentos particularmente difíciles. Nunca en la historia nacional se había presentado una crisis de seguridad pública de las dimensiones de la actual. Habíamos tenido, sí, agudos enfrentamientos armados, guerras civiles, asonadas, rebeliones, y hasta dos revoluciones –la de independencia y la del siglo pasado– oleadas de incremento de la actividad delictiva, pero incluso en los momentos más álgidos producidos por las bandas criminales no se había puesto tan en riesgo al total de las instituciones como en el momento presente.
Hoy, las bandas criminales tienen en jaque al Estado mexicano, por lo menos en la mitad de las entidades y la agenda dictada por los jefes de los cárteles en la guerra que libran, marca todos los aspectos de la vida nacional.
El fracaso de la estrategia gubernamental en contra del crimen organizado es total. Hoy, las áreas de influencia de las bandas criminales son incomensurablemente mayores a las de hace 4 años, la corrupción y la impunidad crecieron geométricamente y los índices delictivos, prácticamente en todos los aspectos, son peores. Ya no citemos la cifra de muertos de estas guerras, superan todo lo imaginado.
Pero si hubiese más cosas que lamentar, más dolorosas que la muerte de decenas de miles de mexicanos, lanzados a las actividades delictivas –quizá la mayor parte de ellos a causa de no tener a la vista ningún proyecto de vida viable, que les significara más educación, alimentos, vivienda, recreación, seguridad en el futuro y con una sociedad orientada al individualismo, a la obtención de dineros fácilmente y con patrones culturales prácticamente de la edad media– insistimos, en estas guerras, quizá lo que más duele ver es el agudo proceso de degradación social e institucional sufrido, probablemente ése sea el peor saldo de la crisis por la que atravesamos.
En ese entorno avistamos ya las elecciones presidenciales del 2012. Todas las acciones de nuestros políticos están enmarcadas en ellas, por desgracia no en los mejores términos, pues atraviesan por uno de los peores momentos en cuanto a credibilidad entre la ciudadanía. Lógico, la modernización democrática del país –que existe, a pesar de todo, no podemos negar los avances en materia electoral– no ha traído para la absoluta mayoría de la población mejoría económica personal.
No sólo estamos peor económicamente sino que crece la percepción popular en ese sentido, así, según la encuesta de octubre de la empresa Consulta Mitofsky, en cuanto a la percepción sobre la economía, 83% dice que está peor y solo el 12.8 afirma estar mejor que el año anterior.
Peor, Calderón es calificado por los ciudadanos con un 53%, y solamente el 54% de los ciudadanos aprueba su gestión gubernamental.
Algunos plantean que ha fallado el modelo económico, todo lo contrario, no estaba concebido para resolver los problemas sociales, ni acabar con la desigualdad social, ni con la injusta distribución de la riqueza. Se planteó como un modelo que de manera automática, al dejarle todo a las fuerzas del mercado, éstas regularían aspectos como los señalados. El mundo entero exhibe los efectos de tal orientación económica.
Incapaces de reconocer su fracaso gubernamental, los panistas se aferran a presumir que las cifras macroeconómicas demuestran la eficacia de su forma de gobernar y se niegan a aceptar la enorme tragedia que sus gobiernos han producido. En lo que va de la década más de siete millones de mexicanos emigraron y millones son hoy desempleados, amén del crecimiento de la pobreza y la pobreza extrema. El país hace agua, literalmente.
En contraposición a tal situación, los privilegios de la alta burocracia y la concentración de la riqueza se convirtieron en asuntos cotidianos que, no por serlo, son aceptados por una población harta de tan malos y tan caros gobiernos.
Y si el modelo económico está agotado, el político no lo está menos.
Por todos lados aparecen las evidencias de que el viejo presidencialismo tocó a su fin en México. No se puede gobernar con el actual modelo, ni con el marco legal vigente. Vivimos un presidencialismo bizarro en el que quien obtiene la mayoría de los votos en la elección presidencial se encuentra imposibilitado de gobernar pues no tiene la mayoría en el Poder Legislativo, el sistema no estaba concebido para que el Congreso de la Unión, o las legislaturas locales, se opusieran a las disposiciones del presidente o los gobernadores.
A enterrar el viejo modelo político, la mayoría de los electores en el 2000, acudieron gozosos a acompañar a Fox en sus peroratas. Nada de eso es realidad ahora, muchos de los cuadros políticos y técnicos del priismo se hicieron cargo de áreas sustantivas de la conducción del país y la vieja columna vertebral del sistema, no sólo se mantuvo sino que se le dio respiración artificial.
Para el PAN en el gobierno las cosas no están mejores. Muy pronto olvidaron la consigna zedillista de instalar una sana distancia entre el gobierno y el partido. Felipe Calderón nos ha hecho recordar mucho a Salinas de Gortari. Ahora, desde la presidencia de la república se impone a los presidentes nacionales. No puede ser de otra manera, más del 70% del Consejo Nacional del blanquiazul son funcionarios de la administración federal y las derrotas electorales, especialmente la del súper domingo del 4 de julio pasado –se realizaron trece elecciones de gobernadores– los desmadejó aún más que las federales.
Y la “guerra” de Calderón contra el crimen organizado les ha significado un pesado lastre, tanto que el 83% de la ciudadanía piensa que la seguridad es peor a la de un año atrás.
Es tan grave la crisis del PAN que ahora mismo no aparece ninguno de los destacados calderonistas cerca de los punteros en las encuestas, el más adelantado es el actual senador Santiago Creel a quien destaparán el día de hoy.
Pero si eso hacían los gobiernos del “cambio”, el viejo PRI supo amoldarse a los nuevos tiempos, lo pudo hacer porque conservó amplísimas zonas de poder, en particular la mayoría de los gobiernos estatales y desde ahí empezó a tejer el nuevo régimen y el regreso al Palacio Nacional.
¿Lo hace en función de los ejes de la modernidad democrática? Diríamos que sólo a veces y sólo algunos; en lo general permea la herencia patrimonialista, el viejo control electoral, el uso de nuevas formas de alienamiento a la población, con ejemplos tan desmesurados como los de los gobernadores de Puebla, Mario Marín, y el de Oaxaca, Ulises Ruiz. Y no son los únicos, por desgracia.
Y precisamente uno de los poderes fácticos, que ya lo era antes del 2000, pero que ahora se ha erigido en poder casi indispensable, pretende arrebatarle, no sólo al PRI la posibilidad de elegir candidato sino al país entero la libertad de designar al presidente de la república. Sí, Don Enrique Peña Nieto es fruto no solamente de la televisión, sino del viejísimo aparato político –la nomenklatura le definió Carlos Salinas de Gortari– que ahora intenta con los mismos métodos, ahora renovados y modernizados, convertirse en el primer mandatario de la nación.
¿Lo hace bajo los métodos de una democracia desarrollada, o acaso sin hacer uso de los viejos artilugios, es decir, el uso del patrimonio público para promoverse?
La respuesta es obvia, es hasta ofensiva la manera en que se pretende “venderlo” como el estandarte del priismo democrático.
Pero aún faltan largos diez meses para que se resuelvan las candidaturas, en tanto, alegrémonos, tenemos fiestas de las cuales debemos enorgullecernos hasta la médula, Peña Nieto y su gaviota ya se casaron, en una ridícula parodia de las bodas de la realeza europea, y el PAN celebra que los sexenios de Fox y Calderón serán recordados, dijo el líder panista del DF, al mismo nivel que los gobiernos de ¡Madero y Juárez
Ahí nomás…
Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
jueves, 25 de noviembre de 2010
¿Chihuahuanazo?
El Diario, 25 de noviembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
La detención de por lo menos cuatro mandos operativos de la policía municipal de la capital del estado reveló infinidad de cosas, ninguna de ellas agradable, ilustra infinidad de aspectos negativos de la guerra de Calderón en contra del crimen organizado, la falta de coordinación entre las distintas esferas de gobierno, la desconfianza entre ellas, el nulo respeto al marco legal, la aguda infiltración de la delincuencia en los aparatos policiales y el débil entramado institucional existente en el país.
Por si fuera poco, sólo falta que la PGR anuncie que solicitó a los jueces federales sendas órdenes, no de aprehensión, sino de arraigo en contra de los policías detenidos.
Importa detenerse en esto, que parecería ser una minucia y que no lo es, en absoluto.
Que los agrupamientos policiacos detengan a un ciudadano y no informen de las razones, ni de la mecánica del operativo puede resultar razonable, pero que las policías federales sitien, ingresen (aunque esto último no parece ser el caso, por lo menos hasta ahora) y detengan a policías, y especialmente a jefes de la policía municipal y no informen acerca de ello, agrede severamente la credibilidad ciudadana en las policías y anula las pocas esperanzas de que la actual tragedia vivida por los chihuahuenses, termine prontamente.
Un aspecto del operativo preocupa enormemente, el de que el alcalde de la capital, el priísta Marco Adán Quezada, se informara del operativo a través de los medios de comunicación y que, a partir de ello, declarara que esperaría los detalles de la operación policiaca para adoptar una postura y manifestó su aspiración a “que la corporación sea transparente y abierta para ser revisada en cualquier momento”.
Y que afirmara que “Primeramente debo conocer las causas, para no entrar en el terreno de las especulaciones, hasta el momento no conocemos más que lo que los medios han dado a conocer”, para, enseguida, darnos cuenta de algo que creímos superado a partir de la instalación de las nuevas administraciones estatal y municipal: “Las relaciones hasta este momento han sido cordiales y estrechas, particularmente con Gobierno del Estado y con la Federal hemos tenido algunos inconvenientes como éste tipo de arrestos debido a la falta de comunicación”.
De ninguna manera se puede esperar que haya una conducta permisiva de parte del alcalde, o que vaya solapar la supuesta conducta delictiva de algunos de los jefes de la polimunicipal, pero que el jefe de la seguridad preventiva en la ciudad, del agrupamiento policiaco y responsable –en primera instancia– de la seguridad pública en el municipio ignorara la puesta en marcha de un operativo de tales dimensiones, denota la absoluta falta de coordinación entre las autoridades federales y las locales.
Más aún, que las deficiencias informativas de las instancias federales adquieran las magnitudes alcanzadas por los hechos de ayer, muestra cuán poca importancia y respeto les merecen las inquietudes de una sociedad, como ninguna, golpeada por la ola delictiva.
Lo anterior, en lugar de alentar a los ciudadanos acerca de la contundencia de los golpes propinados a la delincuencia, genera mayor incertidumbre y más desasosiego pues la pregunta natural –a casi tres años de la permanencia masiva de las fuerzas federales en la entidad– es la de si esto le hacen a los agrupamientos policiacos y sus jefes, y ni les informan ¿qué podemos esperar los ciudadanos comunes y corrientes?
Y si las acusaciones –o supuestas, no lo sabemos– resultan ser ciertas, el panorama es peor, pues a los detenidos, según las informaciones extraoficiales otorgadas a la prensa, se les vincula con el secuestro y asesinato de Mario González Rodríguez, el hermano de la ex procuradora, y si esto es así, significaría que la infiltración del Cártel de Sinaloa en las agrupaciones policiacas es al más alto nivel.
Para temblar.
Lo peor será que les extiendan solamente órdenes de arraigo –por no contar con suficientes elementos que los inculpen– y al cabo de unos meses se les libere, con lo que quedaría en pie la especulación que lo de ahora es un chihuahuanazo.
¡Híjole!
Luis Javier Valero Flores
La detención de por lo menos cuatro mandos operativos de la policía municipal de la capital del estado reveló infinidad de cosas, ninguna de ellas agradable, ilustra infinidad de aspectos negativos de la guerra de Calderón en contra del crimen organizado, la falta de coordinación entre las distintas esferas de gobierno, la desconfianza entre ellas, el nulo respeto al marco legal, la aguda infiltración de la delincuencia en los aparatos policiales y el débil entramado institucional existente en el país.
Por si fuera poco, sólo falta que la PGR anuncie que solicitó a los jueces federales sendas órdenes, no de aprehensión, sino de arraigo en contra de los policías detenidos.
Importa detenerse en esto, que parecería ser una minucia y que no lo es, en absoluto.
Que los agrupamientos policiacos detengan a un ciudadano y no informen de las razones, ni de la mecánica del operativo puede resultar razonable, pero que las policías federales sitien, ingresen (aunque esto último no parece ser el caso, por lo menos hasta ahora) y detengan a policías, y especialmente a jefes de la policía municipal y no informen acerca de ello, agrede severamente la credibilidad ciudadana en las policías y anula las pocas esperanzas de que la actual tragedia vivida por los chihuahuenses, termine prontamente.
Un aspecto del operativo preocupa enormemente, el de que el alcalde de la capital, el priísta Marco Adán Quezada, se informara del operativo a través de los medios de comunicación y que, a partir de ello, declarara que esperaría los detalles de la operación policiaca para adoptar una postura y manifestó su aspiración a “que la corporación sea transparente y abierta para ser revisada en cualquier momento”.
Y que afirmara que “Primeramente debo conocer las causas, para no entrar en el terreno de las especulaciones, hasta el momento no conocemos más que lo que los medios han dado a conocer”, para, enseguida, darnos cuenta de algo que creímos superado a partir de la instalación de las nuevas administraciones estatal y municipal: “Las relaciones hasta este momento han sido cordiales y estrechas, particularmente con Gobierno del Estado y con la Federal hemos tenido algunos inconvenientes como éste tipo de arrestos debido a la falta de comunicación”.
De ninguna manera se puede esperar que haya una conducta permisiva de parte del alcalde, o que vaya solapar la supuesta conducta delictiva de algunos de los jefes de la polimunicipal, pero que el jefe de la seguridad preventiva en la ciudad, del agrupamiento policiaco y responsable –en primera instancia– de la seguridad pública en el municipio ignorara la puesta en marcha de un operativo de tales dimensiones, denota la absoluta falta de coordinación entre las autoridades federales y las locales.
Más aún, que las deficiencias informativas de las instancias federales adquieran las magnitudes alcanzadas por los hechos de ayer, muestra cuán poca importancia y respeto les merecen las inquietudes de una sociedad, como ninguna, golpeada por la ola delictiva.
Lo anterior, en lugar de alentar a los ciudadanos acerca de la contundencia de los golpes propinados a la delincuencia, genera mayor incertidumbre y más desasosiego pues la pregunta natural –a casi tres años de la permanencia masiva de las fuerzas federales en la entidad– es la de si esto le hacen a los agrupamientos policiacos y sus jefes, y ni les informan ¿qué podemos esperar los ciudadanos comunes y corrientes?
Y si las acusaciones –o supuestas, no lo sabemos– resultan ser ciertas, el panorama es peor, pues a los detenidos, según las informaciones extraoficiales otorgadas a la prensa, se les vincula con el secuestro y asesinato de Mario González Rodríguez, el hermano de la ex procuradora, y si esto es así, significaría que la infiltración del Cártel de Sinaloa en las agrupaciones policiacas es al más alto nivel.
Para temblar.
Lo peor será que les extiendan solamente órdenes de arraigo –por no contar con suficientes elementos que los inculpen– y al cabo de unos meses se les libere, con lo que quedaría en pie la especulación que lo de ahora es un chihuahuanazo.
¡Híjole!
martes, 23 de noviembre de 2010
Un veto apreciado
El Diario, 23 de noviembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
La transparencia en la gestión gubernamental ha dejado de ser un tema más en la agenda pública para convertirse, sin duda alguna, en una necesidad apremiante para garantizar el desarrollo económico y democrático del país y de nuestra entidad”, afirmó el consejero presidente del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información a la Pública (Ichitaip), Enrique Medina Reyes, en la inauguración de las Jornadas de Transparencia 2010 organizadas por ese instituto.
Tales palabras fueron precedidas por un hecho inusitado en la historia reciente de la entidad: El gobernador César Duarte realizó más de 30 observaciones a las reformas, aprobadas a la Ley de Transparencia por la legislatura anterior en los últimos momentos de esa gestión.
En términos cristianos quiere decir que el titular del Poder Ejecutivo en el estado no está de acuerdo en esas reformas y las vetó. Para superar ese veto, (observaciones) el Poder Legislativo tendría que aprobarlas por la mayoría calificada de dos tercios de los diputados presentes en la sesión y a continuación enviarlas de nueva cuenta al gobernador, quien estaría obligado a publicarlas sin más trámite.
Importa detenerse en la truculenta historia de tales reformas, porque ejemplifica la sorda lucha palaciega de fines del sexenio anterior. Rotos los canales de información entre el gobernante Reyes Baeza y el líder de los diputados locales priístas, Fernando Rodríguez Moreno, Baeza anunció a unas cuantas horas del término de su gestión que no las publicaría, por lo que el asunto debería ser resuelto por la actual administración estatal.
La negativa a la publicación obedecía no solamente, diría en su momento el ex gobernante, a no haber sido el autor de las propuestas, sino a que contravenía el espíritu que lo había animado a proponer, al inicio de su gobierno, la ley de transparencia. A su vez, los diputados integrantes de la Comisión de Transparencia informaron que no habían sido informados de esas propuestas, que no habían pasado por esa dependencia legislativa.
De ese modo, la autoría, no sólo de la redacción de las reformas, sino, también, de la instrumentación, pasó al terreno del coordinador legislativo Rodríguez Moreno y a la presidencia del Ichitaip, pues dos de los consejeros, Claudia Alonso y Fernando Bencomo, informaron que las propuestas no habían sido discutidas en el Ichitaip, más preocupante aún porque, esencialmente, contenían una orientación para otorgarle mayores facultades al presidente del órgano encargado de preservar el derecho al acceso a la información pública, el mismo que ahora nos endilga sendos discursos, totalmente alejados de las pretensiones que el mismísimo gobernador del Estado califica de regresivas.
De ahí que se reciba con beneplácito la acción del gobernante y la propuesta del presidente de la mesa directiva del Congreso, Enrique Serrano, de abrir un espacio para la discusión acerca de las reformas necesarias en materia de transparencia y dar un salto en esa materia.
Pero los antecedentes en ese sentido no dan espacio al optimismo, cada que se ha anunciado la realización de tales ejercicios –por supuesto, en los años previos– se culmina con la aprobación de reformas regresivas, que no toman en cuenta la opinión de la mayor parte de los sectores sociales más vivamente interesados en el avance democrático de la entidad en temas como el de hoy.
Sin embargo, el veto del gobernador Duarte da pie a la esperanza.
Ojalá así sea.
Luis Javier Valero Flores
La transparencia en la gestión gubernamental ha dejado de ser un tema más en la agenda pública para convertirse, sin duda alguna, en una necesidad apremiante para garantizar el desarrollo económico y democrático del país y de nuestra entidad”, afirmó el consejero presidente del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información a la Pública (Ichitaip), Enrique Medina Reyes, en la inauguración de las Jornadas de Transparencia 2010 organizadas por ese instituto.
Tales palabras fueron precedidas por un hecho inusitado en la historia reciente de la entidad: El gobernador César Duarte realizó más de 30 observaciones a las reformas, aprobadas a la Ley de Transparencia por la legislatura anterior en los últimos momentos de esa gestión.
En términos cristianos quiere decir que el titular del Poder Ejecutivo en el estado no está de acuerdo en esas reformas y las vetó. Para superar ese veto, (observaciones) el Poder Legislativo tendría que aprobarlas por la mayoría calificada de dos tercios de los diputados presentes en la sesión y a continuación enviarlas de nueva cuenta al gobernador, quien estaría obligado a publicarlas sin más trámite.
Importa detenerse en la truculenta historia de tales reformas, porque ejemplifica la sorda lucha palaciega de fines del sexenio anterior. Rotos los canales de información entre el gobernante Reyes Baeza y el líder de los diputados locales priístas, Fernando Rodríguez Moreno, Baeza anunció a unas cuantas horas del término de su gestión que no las publicaría, por lo que el asunto debería ser resuelto por la actual administración estatal.
La negativa a la publicación obedecía no solamente, diría en su momento el ex gobernante, a no haber sido el autor de las propuestas, sino a que contravenía el espíritu que lo había animado a proponer, al inicio de su gobierno, la ley de transparencia. A su vez, los diputados integrantes de la Comisión de Transparencia informaron que no habían sido informados de esas propuestas, que no habían pasado por esa dependencia legislativa.
De ese modo, la autoría, no sólo de la redacción de las reformas, sino, también, de la instrumentación, pasó al terreno del coordinador legislativo Rodríguez Moreno y a la presidencia del Ichitaip, pues dos de los consejeros, Claudia Alonso y Fernando Bencomo, informaron que las propuestas no habían sido discutidas en el Ichitaip, más preocupante aún porque, esencialmente, contenían una orientación para otorgarle mayores facultades al presidente del órgano encargado de preservar el derecho al acceso a la información pública, el mismo que ahora nos endilga sendos discursos, totalmente alejados de las pretensiones que el mismísimo gobernador del Estado califica de regresivas.
De ahí que se reciba con beneplácito la acción del gobernante y la propuesta del presidente de la mesa directiva del Congreso, Enrique Serrano, de abrir un espacio para la discusión acerca de las reformas necesarias en materia de transparencia y dar un salto en esa materia.
Pero los antecedentes en ese sentido no dan espacio al optimismo, cada que se ha anunciado la realización de tales ejercicios –por supuesto, en los años previos– se culmina con la aprobación de reformas regresivas, que no toman en cuenta la opinión de la mayor parte de los sectores sociales más vivamente interesados en el avance democrático de la entidad en temas como el de hoy.
Sin embargo, el veto del gobernador Duarte da pie a la esperanza.
Ojalá así sea.
jueves, 18 de noviembre de 2010
Tumbos en el transporte público
El Diario, 18 de noviembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
La imagen es deprimente, muestra palmariamente la ineficiencia de una buena parte de la clase gobernante, se trata de decenas de trabajadores desmantelando las obras que darían paso al transporte semimasivo en Juárez. Por si fuera poca la confusión, en tanto la administración municipal juarense se dedica, con todos sus esfuerzos, a destruir cualquier vestigio del proyecto de transporte público urbano del gobierno de Reyes Ferriz, el gobernador César Duarte afirma que no se puede desechar el “semimasivo”. En tanto, las dos principales urbes chihuahuenses sufren ante la falta de un servicio de transporte urbano eficiente.
Y no se trata solamente del transporte masivo, sino, también, del servicio de taxis. Por todos lados se habla de la “modernidad” de nuestras ciudades mayores, pero esta no aparece por ningún lado; al contrario, este servicio, que es uno de los que mejor denotan el desarrollo de las ciudades, es una clara muestra del enorme atraso de Juárez y Chihuahua.
Las urbes modernas, las del mundo desarrollado, cuentan con un transporte público eficiente, barato y que, además, en la mayor parte de los casos se trata de verdaderos prodigios de la tecnología moderna. En ellas, los esfuerzos de sus gobiernos se enfocan a desalentar el uso de vehículos privados. Por distintas y variadas razones, la mayor parte de las cuales tienen que ver con el mejoramiento del medio ambiente.
Además, casi como si fuera una regla, las ciudades con los peores servicios de transporte público deben padecerlo, debido, entre otras razones, a la existencia de fortísimos grupos político-económicos, propietarios de grandes cantidades de unidades de transporte y que, por pura coincidencia, también son destacados soportes de las fuerzas políticas hegemónicas en esas urbes.
Chihuahua parece no ser la excepción a tales características; durante años los grupos gobernantes han oscilado entre poner en marcha una reforma al transporte público urbano y la necesidad política de contar con el respaldo de los dueños de los grupos de propietarios y beneficiarios de las concesiones de dicho servicio.
Ahí podemos ubicar la principal de las explicaciones a la falta de un servicio eficiente, rápido, más barato y acorde a las necesidades de urbes como Juárez y Chihuahua, las que son de las ciudades con el mayor índice de vehículos por habitante en el país. Las consecuencias ya las sufrimos más de la mitad de la población, pues, según distintas fuentes médicas, ese porcentaje de la población padece de problemas alérgicos, producidos por la gran cantidad de alergenos naturales existentes en el semidesierto chihuahuense, a los que se suman los producidos por la actividad humana, preponderantemente las derivadas del consumo de combustibles por los vehículos automotores.
Y si el asunto de los autobuses de transporte público atraviesa por graves retrocesos y deficiencias, denunciadas por casi todos los sectores de la sociedad, el de los taxis no tiene menor importancia.
El gobierno estatal anterior se comprometió a que durante su período se resolvería tan importante medio de transporte. Nada pasó, los dirigentes de las principales agrupaciones de propietarios de esos vehículos mandan en las calles de las ciudades de Chihuahua sin que nadie les ponga un hasta aquí en los excesivos cobros por sus servicios.
Eso es lo que subyace en el fondo, la disputa entre los clanes del transporte y las presiones ejercidas sobre los gobernantes. En tales asuntos nada tienen que ver los intereses de los ciudadanos ni la salud de éstos.
En tanto, sigue el eterno cuento de –suban el piano, bajen el piano, suban….
Luis Javier Valero Flores
La imagen es deprimente, muestra palmariamente la ineficiencia de una buena parte de la clase gobernante, se trata de decenas de trabajadores desmantelando las obras que darían paso al transporte semimasivo en Juárez. Por si fuera poca la confusión, en tanto la administración municipal juarense se dedica, con todos sus esfuerzos, a destruir cualquier vestigio del proyecto de transporte público urbano del gobierno de Reyes Ferriz, el gobernador César Duarte afirma que no se puede desechar el “semimasivo”. En tanto, las dos principales urbes chihuahuenses sufren ante la falta de un servicio de transporte urbano eficiente.
Y no se trata solamente del transporte masivo, sino, también, del servicio de taxis. Por todos lados se habla de la “modernidad” de nuestras ciudades mayores, pero esta no aparece por ningún lado; al contrario, este servicio, que es uno de los que mejor denotan el desarrollo de las ciudades, es una clara muestra del enorme atraso de Juárez y Chihuahua.
Las urbes modernas, las del mundo desarrollado, cuentan con un transporte público eficiente, barato y que, además, en la mayor parte de los casos se trata de verdaderos prodigios de la tecnología moderna. En ellas, los esfuerzos de sus gobiernos se enfocan a desalentar el uso de vehículos privados. Por distintas y variadas razones, la mayor parte de las cuales tienen que ver con el mejoramiento del medio ambiente.
Además, casi como si fuera una regla, las ciudades con los peores servicios de transporte público deben padecerlo, debido, entre otras razones, a la existencia de fortísimos grupos político-económicos, propietarios de grandes cantidades de unidades de transporte y que, por pura coincidencia, también son destacados soportes de las fuerzas políticas hegemónicas en esas urbes.
Chihuahua parece no ser la excepción a tales características; durante años los grupos gobernantes han oscilado entre poner en marcha una reforma al transporte público urbano y la necesidad política de contar con el respaldo de los dueños de los grupos de propietarios y beneficiarios de las concesiones de dicho servicio.
Ahí podemos ubicar la principal de las explicaciones a la falta de un servicio eficiente, rápido, más barato y acorde a las necesidades de urbes como Juárez y Chihuahua, las que son de las ciudades con el mayor índice de vehículos por habitante en el país. Las consecuencias ya las sufrimos más de la mitad de la población, pues, según distintas fuentes médicas, ese porcentaje de la población padece de problemas alérgicos, producidos por la gran cantidad de alergenos naturales existentes en el semidesierto chihuahuense, a los que se suman los producidos por la actividad humana, preponderantemente las derivadas del consumo de combustibles por los vehículos automotores.
Y si el asunto de los autobuses de transporte público atraviesa por graves retrocesos y deficiencias, denunciadas por casi todos los sectores de la sociedad, el de los taxis no tiene menor importancia.
El gobierno estatal anterior se comprometió a que durante su período se resolvería tan importante medio de transporte. Nada pasó, los dirigentes de las principales agrupaciones de propietarios de esos vehículos mandan en las calles de las ciudades de Chihuahua sin que nadie les ponga un hasta aquí en los excesivos cobros por sus servicios.
Eso es lo que subyace en el fondo, la disputa entre los clanes del transporte y las presiones ejercidas sobre los gobernantes. En tales asuntos nada tienen que ver los intereses de los ciudadanos ni la salud de éstos.
En tanto, sigue el eterno cuento de –suban el piano, bajen el piano, suban….
martes, 16 de noviembre de 2010
Fiscalizar a las policías
El Diario, 16 de noviembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Pasan los días, los meses, ahora también los años y la anunciada –y necesaria– depuración de las policías locales no asoma por ningún lado. Tal requisito, se dijo, era el indicado para que los agrupamientos federales dejasen de asumir las tareas propias de las policías municipales, especialmente en Juárez y Chihuahua.
Hoy, las evidencias de las fallas de los mecanismos para dotarnos de policías confiables aparecen por doquier, por desgracia, con mayor frecuencia, a pesar de la creciente participación de los mandos militares en la preparación de los nuevos policías y en la aplicación de los exámenes de confianza.
Al mismo tiempo, la designación de consejos ciudadanos en distintas dependencias, incluida la de la seguridad pública, han mostrado muy rápidamente su inoperancia debido, sobre todo, a que las opiniones de los ciudadanos son simplemente “consejos” que las autoridades pueden, o no, tomar en cuenta, amén de que en muy pocos casos los ciudadanos designados conocen con profundidad los temas y dinámicas de las dependencias a las cuales son invitados a participar.
En todos los órdenes de la vida social aparecen los signos de la necesidad de pasar a una etapa superior de la vida ciudadana, la que podría ser, al fin y al cabo es sólo una opinión, la de pasar a la conformación de comités ciudadanos que tengan capacidad decisoria y no solamente consultiva para que una mayor cantidad de decisiones pasen por el filtro de quienes son, a final de cuentas, el destino final de las actividades gubernamentales.
Algo así deberíamos experimentar en lo concerniente a la actividad de los cuerpos policiacos, necesitamos de órganos eficientes en la vigilancia y monitoreo de los encargados de la seguridad pública, tanto para certificar la necesaria probidad de quienes pasan a formar parte de los mismos, como del seguimiento de los ingresos económicos y tren de vida de los integrantes de los cuerpos policiacos, seguramente que ahí se encontrarán verdaderas sorpresas y no pocas justificaciones a los elevados índices de corrupción al interior de aquellos.
Pero también necesitamos discutir acerca de la creación de un cuerpo policiaco especializado en el combate al tráfico de drogas, cuyas principales cualidades sean las de conformarse con individuos con una elevada preparación, dotados de todos los instrumentos necesarios para las actividades llamadas de “inteligencia” y muy bien remunerados, por encima de los 9 mil pesos para el de base y de 12 mil pesos para los jefes de la Policía Única, propuesta por el Secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.
La creación de un cuerpo policial y de inteligencia especializado en el tráfico de drogas es de extrema necesidad, los hechos de los últimos tres años lo demuestran, sobre todo a partir del inicio de las actividades de la Operación México pues Felipe Calderón, al usar al Ejército que no le son propias a este agrupamiento “quemó” las etapas a aplicar en este combate, muchas voces lo dijeron –Si el Ejército falla ¿A quién acudiremos? Y la descalificación a quienes nos oponíamos a esa medida fue la respuesta gubernamental, hoy comprobamos con dolor la gravísima equivocación cometida por Felipe Calderón.
En lugar de preparar a los agrupamientos policíacos y prejudiciales para lanzar una ofensiva –como la que él concibió– los lanzó a una riesgosa aventura que el país entero llora pues, como lo señaló el primer comandante de la Policía Federal Preventiva (PFP) de la Operación México, lanzada en Michoacán, Javier Herrera Valles, los operativos no tenían objetivos precisos, ni los integrantes de los operativos tenían conocimiento, ni del terreno, ni de los alcances de la operación en la que participaban ni, además, se sabía de la fuerza del enemigo.
Tal impreparación, afirmó Valles en repetidas ocasiones, fue la causa del fallecimiento de numerosos integrantes de la PFP, la mayoría de los cuales no tenían la preparación necesaria para ese tipo de actividades contra criminales.
Al país le urge empezar la discusión de la aplicación de nuevas estrategias, de nuevas medidas para mantener sanas las agrupaciones policiacas, nunca es demasiado tarde –ya lo es, sin duda, para decenas de miles de mexicanos– para empujar hacia una necesaria modificación de toda la estrategia gubernamental en el combate al tráfico de drogas.
RADIO.- Por si no nos ha escuchado, puede seguir las transmisiones de Aserto-Radio todos los días a las 6 de la tarde en la dirección www.antena760.com.mx
Luis Javier Valero Flores
Pasan los días, los meses, ahora también los años y la anunciada –y necesaria– depuración de las policías locales no asoma por ningún lado. Tal requisito, se dijo, era el indicado para que los agrupamientos federales dejasen de asumir las tareas propias de las policías municipales, especialmente en Juárez y Chihuahua.
Hoy, las evidencias de las fallas de los mecanismos para dotarnos de policías confiables aparecen por doquier, por desgracia, con mayor frecuencia, a pesar de la creciente participación de los mandos militares en la preparación de los nuevos policías y en la aplicación de los exámenes de confianza.
Al mismo tiempo, la designación de consejos ciudadanos en distintas dependencias, incluida la de la seguridad pública, han mostrado muy rápidamente su inoperancia debido, sobre todo, a que las opiniones de los ciudadanos son simplemente “consejos” que las autoridades pueden, o no, tomar en cuenta, amén de que en muy pocos casos los ciudadanos designados conocen con profundidad los temas y dinámicas de las dependencias a las cuales son invitados a participar.
En todos los órdenes de la vida social aparecen los signos de la necesidad de pasar a una etapa superior de la vida ciudadana, la que podría ser, al fin y al cabo es sólo una opinión, la de pasar a la conformación de comités ciudadanos que tengan capacidad decisoria y no solamente consultiva para que una mayor cantidad de decisiones pasen por el filtro de quienes son, a final de cuentas, el destino final de las actividades gubernamentales.
Algo así deberíamos experimentar en lo concerniente a la actividad de los cuerpos policiacos, necesitamos de órganos eficientes en la vigilancia y monitoreo de los encargados de la seguridad pública, tanto para certificar la necesaria probidad de quienes pasan a formar parte de los mismos, como del seguimiento de los ingresos económicos y tren de vida de los integrantes de los cuerpos policiacos, seguramente que ahí se encontrarán verdaderas sorpresas y no pocas justificaciones a los elevados índices de corrupción al interior de aquellos.
Pero también necesitamos discutir acerca de la creación de un cuerpo policiaco especializado en el combate al tráfico de drogas, cuyas principales cualidades sean las de conformarse con individuos con una elevada preparación, dotados de todos los instrumentos necesarios para las actividades llamadas de “inteligencia” y muy bien remunerados, por encima de los 9 mil pesos para el de base y de 12 mil pesos para los jefes de la Policía Única, propuesta por el Secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.
La creación de un cuerpo policial y de inteligencia especializado en el tráfico de drogas es de extrema necesidad, los hechos de los últimos tres años lo demuestran, sobre todo a partir del inicio de las actividades de la Operación México pues Felipe Calderón, al usar al Ejército que no le son propias a este agrupamiento “quemó” las etapas a aplicar en este combate, muchas voces lo dijeron –Si el Ejército falla ¿A quién acudiremos? Y la descalificación a quienes nos oponíamos a esa medida fue la respuesta gubernamental, hoy comprobamos con dolor la gravísima equivocación cometida por Felipe Calderón.
En lugar de preparar a los agrupamientos policíacos y prejudiciales para lanzar una ofensiva –como la que él concibió– los lanzó a una riesgosa aventura que el país entero llora pues, como lo señaló el primer comandante de la Policía Federal Preventiva (PFP) de la Operación México, lanzada en Michoacán, Javier Herrera Valles, los operativos no tenían objetivos precisos, ni los integrantes de los operativos tenían conocimiento, ni del terreno, ni de los alcances de la operación en la que participaban ni, además, se sabía de la fuerza del enemigo.
Tal impreparación, afirmó Valles en repetidas ocasiones, fue la causa del fallecimiento de numerosos integrantes de la PFP, la mayoría de los cuales no tenían la preparación necesaria para ese tipo de actividades contra criminales.
Al país le urge empezar la discusión de la aplicación de nuevas estrategias, de nuevas medidas para mantener sanas las agrupaciones policiacas, nunca es demasiado tarde –ya lo es, sin duda, para decenas de miles de mexicanos– para empujar hacia una necesaria modificación de toda la estrategia gubernamental en el combate al tráfico de drogas.
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lunes, 15 de noviembre de 2010
Deudas municipales, rampante corrupción
El Diario, 14 de noviembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Con un abrazo solidario a Roberto Márquez. Su padre se nos adelantó.
Quizá solo sea un problema de percepción –agigantado por los acontecimientos que acongojan a los chihuahuenses–, o tal vez a que ahora se informa más que en el pasado, lo cierto es que el relevo de los gobiernos municipales en esta ocasión resultó ser todo un compendio de mentiras, crecimiento de nóminas, desaparición de dinero, sospecha de malos manejos y deudas inexplicables.
Destacan, obviamente, las irregularidades presentadas en Juárez y Chihuahua, pero que sólo son ejemplo de lo sucedido en numerosísimas alcaldías en la entidad.
Muchos ciudadanos, casi de manera ingenua, alcanzan a plantear, ante la dimensión del problema, que entonces de nada sirvió el proceso de entrega-recepción en cada una de ellas, pues se parte de la suposición que en esos actos todos los protagonistas actúan de buena fe y apegados a los hechos ciertos, que nadie miente, que se entrega toda la información, que nada se oculta… ¡¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano?
Si tales fenómenos ocurrieran en tiempos “normales”, la sanción moral, la ciudadana, sería menor, pero en los actuales, cuando todas las fuerzas políticas se han ufanado a lo largo de los últimos tres años de empeñar todos sus esfuerzos, capacidad e inteligencia en combatir al crimen, son inaceptables hechos como el de las faltantes patrullas municipales en Juárez, o que los policías municipales no contaran con su plaza “base”; o que solamente 300 polimunicipales patrullaran la ciudad de Chihuahua.
Y cuando esperábamos que en tiempos de crisis como la actual, los gobernantes actuaran con más transparencia, con más honestidad, resulta que nos encontramos con más reportes y evidencias de muy malos manejos que hacen presumir la existencia de ilegalidades, y por encima de todo ello el abultado crecimiento de las nóminas, en número y en el volumen de los salarios de los principales funcionarios.
Las historias concretas indignan. A dos meses del cierre de la administración, el anterior tesorero municipal juarense, Alfredo Urías Cantú, reconoció que no se podría liquidar a todos los proveedores y aconsejó a sus sucesores recurrir a las instituciones financieras para cubrir los pasivos que recibirían.
Todo se debía, a la empresa encargada de recolectar la basura se le adeudaban más de 40 millones de pesos-. Del mismo modo, durante varios días el servicio telefónico le fue suspendido a la alcaldía.
El colmo, el coordinador de los regidores del PRI, Leopoldo Canizales Sáenz, demandó al municipio por la presunta falsificación de documento público, al asegurar que se falseó su firma en el estado financiero del Gobierno local de diciembre de 2009, publicado el 30 de enero en medios locales.
Las causas. A pesar del recorte de personal, del 10 por ciento de la nómina total del Ayuntamiento, el gasto corriente de la administración municipal de José Reyes Ferriz aumentó casi 400 millones de pesos, que pasó de los 2 mil 100 millones de pesos al término del ejercicio 2007 (el último año de la administración de Héctor Murguía Lardizábal) a los 2 mil 490 millones de pesos el año pasado; y en las “transferencias no etiquetadas”, es decir, la inversión que no está contemplada en los planes presupuestales y que aumentó en dos años, de 354 millones de pesos a 623 millones.
Otro factor fue la caída en la recaudación de ingresos propios, lo que obligó a la contratación de dos préstamos, uno por 250 millones de pesos y otro por 300 millones, éste para el proyecto del transporte semimasivo. Además, la deuda directa se disparó a 483 millones de pesos el año pasado.
Es increíble lo realizado, el ex alcalde José Reyes Ferriz dejó un adeudo de 43 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda por concepto de retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los trabajadores del municipio pues desde abril dejó de pagar dicho impuesto. Faltan 125 celulares Nextel, sobregiros en 26 cuentas bancarias por 42 millones de pesos; 7 mil 432 artículos faltantes con valor de $22 millones de pesos, incluidos 75 vehículos; y dejó en caja apenas 900 mil pesos para cerrar las actividades del año.
No tiene nombre, de las 551 patrullas con que cuenta la Policía Municipal ¡Unicamente 130 están funcionando
¡Ah, pero eso sí, existen informaciones extraoficiales que dan cuenta de la entrega de liquidaciones a funcionarios municipales y regidores, por un monto de 2 millones 200 mil pesos
Total, el adeudo ronda los mil 400 millones de pesos –equivalente al 45% de su ingreso anual– que el Congreso deberá investigar ¿Lo hará, llegará hasta las últimas consecuencias?
Y en Chihuahua, ¡vaya que también hizo aire, y del bueno Ya en enero de este año, Jorge Arizpe, regidor del PRI, reprobó que el ex alcalde Carlos Borruel se llevara a más de la mitad del gabinete de la presidencia municipal para concretar su ambición de ser gobernador y aseguró que Borruel Baquera dejó malogradas las finanzas públicas, deficiencias en los servicios a parques y jardines, alumbrado público y seguridad.
A los meses, se empezó a filtrar la información de la existencia de una deuda en el municipio de Chihuahua. Nada de eso existía, adujo en su momento el ex alcalde, quien se fue lejos: “… encabezamos una administración transparente, la más transparente del país y sin deuda pública”.
Pero en agosto estallaba el escándalo. En la primera decena de ese mes se supo que el DIF Municipal de Chihuahua incrementó su deuda en un 196%, al pasar de 624 mil pesos en pasivos en el 2008 a 1 millón 848 mil pesos en el 2009. Fenómeno originado por el increíble aumento del gasto corriente –¡Ooootra vez, el problema de los salarios que tanto persigue a los gobernantes panistas – pues ese renglón requirió más de 17 millones 600 mil pesos, de los 23 millones 650 mil asignados para el total de sus operaciones en 2010.
Pero aún faltaba lo peor, contrariamente a lo sostenido por quienes ocuparon la alcaldía en la parte final de la administración, Carlos Borruel y Álvaro Madero, durante todos estos meses, particularmente cuando se celebraba la campaña electoral, tema en el que convencieron al actual alcalde, Marco Adán Quezada, acerca de la increíble salud financiera del ayuntamiento de la capital no es tal. El nuevo tesorero, Ildefonso Sepúlveda, informó que la deuda asciende a 172 millones de pesos, además de otros 44 millones que se definirán en una auditoría que tiene en curso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Ya encarrerados, dieron a conocer que la nómina del Municipio, en número de trabajadores, era del doble de la existente en 2004, justamente cuando el panista Juan Blanco asumía la alcaldía al recibirla del priísta Alejandro Cano.
Y al igual que en Juárez, sólo encontraron en caja una pequeña cantidad, 1 millón 590 mil pesos en caja y bancos, exclusivamente, y 157 millones 230 mil pesos en fondos “etiquetados” para distintas obras, cantidad, ésta última, que los dirigentes panistas han insistido en hacerla pasar como recursos que se pueden emplear en el gasto corriente.
Asunto que requerirá un abordaje posterior es el de los salarios de los funcionarios municipales de primer nivel. Los nuevos gobernantes aseguraron que el total de ingresos mensuales de los alcaldes Borruel y Madero ascendía a 142 mil pesos y que al ordenar una disminución del 20%, Quezada percibirá 113 mil.
Contra la difusión de esa información se lanzaron los dirigentes municipal y estatal del PAN, Miguel Francisco La Torre Sáenz, y Cruz Pérez Cuéllar, respectivamente, y extrañamente los responsables de las finanzas del ayuntamiento 2007-2010, no han ofrecido sus versiones, pero no queremos politizar el asunto de la deuda, dice La Torre, sin parar mientes que en todo caso deberían ser quienes ocuparon el cargo de tesorero municipal quienes deberían explicarnos el diferendo.
¿Por qué no aparecen los ex alcaldes, los ex tesoreros? ¿Por qué deben ser los dirigentes partidarios, no deberían estos estar reclamando una seria investigación en lugar de asegurar cosas que, probablemente, no tienen la información completa?
Y con lo de Juárez, ¿tendremos la posibilidad de que, al revisar las cuentas no se oculten las inocultables corruptelas?
Veremos…
RADIO.- Por si no nos ha escuchado, puede seguir las transmisiones de Aserto-Radio todos los días a las 6 de la tarde en la dirección www.antena760.com.mx
Luis Javier Valero Flores
Con un abrazo solidario a Roberto Márquez. Su padre se nos adelantó.
Quizá solo sea un problema de percepción –agigantado por los acontecimientos que acongojan a los chihuahuenses–, o tal vez a que ahora se informa más que en el pasado, lo cierto es que el relevo de los gobiernos municipales en esta ocasión resultó ser todo un compendio de mentiras, crecimiento de nóminas, desaparición de dinero, sospecha de malos manejos y deudas inexplicables.
Destacan, obviamente, las irregularidades presentadas en Juárez y Chihuahua, pero que sólo son ejemplo de lo sucedido en numerosísimas alcaldías en la entidad.
Muchos ciudadanos, casi de manera ingenua, alcanzan a plantear, ante la dimensión del problema, que entonces de nada sirvió el proceso de entrega-recepción en cada una de ellas, pues se parte de la suposición que en esos actos todos los protagonistas actúan de buena fe y apegados a los hechos ciertos, que nadie miente, que se entrega toda la información, que nada se oculta… ¡¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano?
Si tales fenómenos ocurrieran en tiempos “normales”, la sanción moral, la ciudadana, sería menor, pero en los actuales, cuando todas las fuerzas políticas se han ufanado a lo largo de los últimos tres años de empeñar todos sus esfuerzos, capacidad e inteligencia en combatir al crimen, son inaceptables hechos como el de las faltantes patrullas municipales en Juárez, o que los policías municipales no contaran con su plaza “base”; o que solamente 300 polimunicipales patrullaran la ciudad de Chihuahua.
Y cuando esperábamos que en tiempos de crisis como la actual, los gobernantes actuaran con más transparencia, con más honestidad, resulta que nos encontramos con más reportes y evidencias de muy malos manejos que hacen presumir la existencia de ilegalidades, y por encima de todo ello el abultado crecimiento de las nóminas, en número y en el volumen de los salarios de los principales funcionarios.
Las historias concretas indignan. A dos meses del cierre de la administración, el anterior tesorero municipal juarense, Alfredo Urías Cantú, reconoció que no se podría liquidar a todos los proveedores y aconsejó a sus sucesores recurrir a las instituciones financieras para cubrir los pasivos que recibirían.
Todo se debía, a la empresa encargada de recolectar la basura se le adeudaban más de 40 millones de pesos-. Del mismo modo, durante varios días el servicio telefónico le fue suspendido a la alcaldía.
El colmo, el coordinador de los regidores del PRI, Leopoldo Canizales Sáenz, demandó al municipio por la presunta falsificación de documento público, al asegurar que se falseó su firma en el estado financiero del Gobierno local de diciembre de 2009, publicado el 30 de enero en medios locales.
Las causas. A pesar del recorte de personal, del 10 por ciento de la nómina total del Ayuntamiento, el gasto corriente de la administración municipal de José Reyes Ferriz aumentó casi 400 millones de pesos, que pasó de los 2 mil 100 millones de pesos al término del ejercicio 2007 (el último año de la administración de Héctor Murguía Lardizábal) a los 2 mil 490 millones de pesos el año pasado; y en las “transferencias no etiquetadas”, es decir, la inversión que no está contemplada en los planes presupuestales y que aumentó en dos años, de 354 millones de pesos a 623 millones.
Otro factor fue la caída en la recaudación de ingresos propios, lo que obligó a la contratación de dos préstamos, uno por 250 millones de pesos y otro por 300 millones, éste para el proyecto del transporte semimasivo. Además, la deuda directa se disparó a 483 millones de pesos el año pasado.
Es increíble lo realizado, el ex alcalde José Reyes Ferriz dejó un adeudo de 43 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda por concepto de retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los trabajadores del municipio pues desde abril dejó de pagar dicho impuesto. Faltan 125 celulares Nextel, sobregiros en 26 cuentas bancarias por 42 millones de pesos; 7 mil 432 artículos faltantes con valor de $22 millones de pesos, incluidos 75 vehículos; y dejó en caja apenas 900 mil pesos para cerrar las actividades del año.
No tiene nombre, de las 551 patrullas con que cuenta la Policía Municipal ¡Unicamente 130 están funcionando
¡Ah, pero eso sí, existen informaciones extraoficiales que dan cuenta de la entrega de liquidaciones a funcionarios municipales y regidores, por un monto de 2 millones 200 mil pesos
Total, el adeudo ronda los mil 400 millones de pesos –equivalente al 45% de su ingreso anual– que el Congreso deberá investigar ¿Lo hará, llegará hasta las últimas consecuencias?
Y en Chihuahua, ¡vaya que también hizo aire, y del bueno Ya en enero de este año, Jorge Arizpe, regidor del PRI, reprobó que el ex alcalde Carlos Borruel se llevara a más de la mitad del gabinete de la presidencia municipal para concretar su ambición de ser gobernador y aseguró que Borruel Baquera dejó malogradas las finanzas públicas, deficiencias en los servicios a parques y jardines, alumbrado público y seguridad.
A los meses, se empezó a filtrar la información de la existencia de una deuda en el municipio de Chihuahua. Nada de eso existía, adujo en su momento el ex alcalde, quien se fue lejos: “… encabezamos una administración transparente, la más transparente del país y sin deuda pública”.
Pero en agosto estallaba el escándalo. En la primera decena de ese mes se supo que el DIF Municipal de Chihuahua incrementó su deuda en un 196%, al pasar de 624 mil pesos en pasivos en el 2008 a 1 millón 848 mil pesos en el 2009. Fenómeno originado por el increíble aumento del gasto corriente –¡Ooootra vez, el problema de los salarios que tanto persigue a los gobernantes panistas – pues ese renglón requirió más de 17 millones 600 mil pesos, de los 23 millones 650 mil asignados para el total de sus operaciones en 2010.
Pero aún faltaba lo peor, contrariamente a lo sostenido por quienes ocuparon la alcaldía en la parte final de la administración, Carlos Borruel y Álvaro Madero, durante todos estos meses, particularmente cuando se celebraba la campaña electoral, tema en el que convencieron al actual alcalde, Marco Adán Quezada, acerca de la increíble salud financiera del ayuntamiento de la capital no es tal. El nuevo tesorero, Ildefonso Sepúlveda, informó que la deuda asciende a 172 millones de pesos, además de otros 44 millones que se definirán en una auditoría que tiene en curso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Ya encarrerados, dieron a conocer que la nómina del Municipio, en número de trabajadores, era del doble de la existente en 2004, justamente cuando el panista Juan Blanco asumía la alcaldía al recibirla del priísta Alejandro Cano.
Y al igual que en Juárez, sólo encontraron en caja una pequeña cantidad, 1 millón 590 mil pesos en caja y bancos, exclusivamente, y 157 millones 230 mil pesos en fondos “etiquetados” para distintas obras, cantidad, ésta última, que los dirigentes panistas han insistido en hacerla pasar como recursos que se pueden emplear en el gasto corriente.
Asunto que requerirá un abordaje posterior es el de los salarios de los funcionarios municipales de primer nivel. Los nuevos gobernantes aseguraron que el total de ingresos mensuales de los alcaldes Borruel y Madero ascendía a 142 mil pesos y que al ordenar una disminución del 20%, Quezada percibirá 113 mil.
Contra la difusión de esa información se lanzaron los dirigentes municipal y estatal del PAN, Miguel Francisco La Torre Sáenz, y Cruz Pérez Cuéllar, respectivamente, y extrañamente los responsables de las finanzas del ayuntamiento 2007-2010, no han ofrecido sus versiones, pero no queremos politizar el asunto de la deuda, dice La Torre, sin parar mientes que en todo caso deberían ser quienes ocuparon el cargo de tesorero municipal quienes deberían explicarnos el diferendo.
¿Por qué no aparecen los ex alcaldes, los ex tesoreros? ¿Por qué deben ser los dirigentes partidarios, no deberían estos estar reclamando una seria investigación en lugar de asegurar cosas que, probablemente, no tienen la información completa?
Y con lo de Juárez, ¿tendremos la posibilidad de que, al revisar las cuentas no se oculten las inocultables corruptelas?
Veremos…
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sábado, 13 de noviembre de 2010
Educación y política
El Diario, 11 de noviembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Imposible dejar pasar un asunto aparentemente intrascendente en la avalancha de nombramientos realizados en Gobierno del Estado, pero el que se trae a colación ahora está íntimamente ligado a algo de lo que ahora todos nos quejamos y que por casualidad forma parte esencial de los discursos de la clase política, enfrentada inesperadamente a la peor ola sangrienta de los últimos 100 años.
Prácticamente no hay discurso de los integrantes de la capa gobernante en la que no se haga mención de la necesidad de “recuperar los valores”, que vivimos una “crisis de valores” y que los jóvenes ya “no respetan”, ni hacen caso de consejos, regaños y demás medidas aplicadas por los adultos para “encausarlos”.
En esta problemática, cada fuerza política ha adoptado medidas, poses y conductas congruentes con sus ejes ideológicos (que, contra lo dicho por muchos, éstas existen a pesar de todo). Así, la derecha hecha gobierno enfila sus esfuerzos en enfatizar en la preservación de los “valores de la familia”, es tanta su persistencia que llegan a organizar “congresos de la familia” –con recursos públicos- estatales, municipales y nacionales.
Más aún, acordes con las tendencias prevalecientes, han dejado de lado la necesaria conducta laica en la conducción de los asuntos públicos, de tal manera que no es raro ahora escuchar a los gobernantes culminar sus discursos con bendiciones, propias de quienes practican algún culto religioso.
Y si bien todos podemos educar a nuestros hijos en las prácticas y creencias religiosas que mejor se nos acomoden, las autoridades educativas deberán preservar, mantener y promover los valores cívicos, esos que nos permiten mantener la necesaria cohesión social para desarrollarnos individual y colectivamente, pero hete aquí que el martes, entre la lluvia de nombramientos del Gobierno del Estado se anunciaron los de los directores de los planteles del Colegio de Bachilleres.
Cualquier ciudadano medianamente informado de la lucha electoral podrá entender que al triunfar en los comicios, la fuerza o fuerzas políticas convertidas en gobierno por decisión de la mayoría de los ciudadanos, estaría en condiciones de llevar a sus mejores representantes a la estructura gubernamental y desarrollar ahí las mejores de sus capacidades en beneficio de sus conciudadanos.
Pero cabría esperar que los designados lo fuesen por sus capacidades y cualidades necesarias para el mejor desempeño en el puesto alcanzado. César Duarte lo expresó bien al informarle a los chihuahuenses cuales serían los ejes rectores en el nombramiento de funcionarios. Dijo: Los familiares a la casa, los amigos en el corazón y los mejores al gobierno.
Muchos pensamos que era un exceso, ningún político triunfador podría desprenderse totalmente de quienes lo acompañaron en la aventura electoral y de quienes conforman su equipo de trabajo, pero entre las sorpresas del martes, las descollantes las constituyeron los nombramientos de los directores de los planteles del Colegio de Bachilleres, fue un auténtico reparto de cuotas políticas, sin miramiento alguno por las reglas más elementales de la designación en un área tan sensible como lo es la principal institución educativa en el estado a nivel de educación media superior.
Entre quienes recibieron tal nombramiento se encuentran quienes no tienen experiencia alguna en la enseñanza y quizá su único mérito sea el de ser avezados activistas políticos.
Ahora estamos frente a la multiplicación de los activistas, para nadie es un secreto que en la administración anterior la estructura del Colegio de Bachilleres sirvió como instrumento político, que a los alumnos (sobre todo en la capital del estado) se les usó como simples peones de jornadas políticas. No hay que ir muy lejos en los ejemplos, baste usar el del día de la toma de posesión de César Duarte en que a miles de jóvenes se les trasladó a la Plaza del Angel (incluso sin permiso, ni aviso a los padres de familia) para que ocuparan las sillas en tanto llegaban los invitados al evento.
O las carreras “multitudinarias” en las que se rompen “récords” de participación, gracias a que se les obliga a los bachilleres a participar; o las llamadas efectuadas desde las instalaciones escolares del CdeB para convocar a actos partidarios; o la coerción ejercida en los maestros para que acudieran a eventos de la CNOP.
¿En qué valores creen que los jóvenes se estarán recreando con tales conductas? ¿Qué creen que pensarán los educandos al ver que a alguien le basta con efectuar tareas políticas para alcanzar direcciones académicas en los planteles que son la antesala de la educación superior?
Y luego nos quejamos de la falta de valores.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
Imposible dejar pasar un asunto aparentemente intrascendente en la avalancha de nombramientos realizados en Gobierno del Estado, pero el que se trae a colación ahora está íntimamente ligado a algo de lo que ahora todos nos quejamos y que por casualidad forma parte esencial de los discursos de la clase política, enfrentada inesperadamente a la peor ola sangrienta de los últimos 100 años.
Prácticamente no hay discurso de los integrantes de la capa gobernante en la que no se haga mención de la necesidad de “recuperar los valores”, que vivimos una “crisis de valores” y que los jóvenes ya “no respetan”, ni hacen caso de consejos, regaños y demás medidas aplicadas por los adultos para “encausarlos”.
En esta problemática, cada fuerza política ha adoptado medidas, poses y conductas congruentes con sus ejes ideológicos (que, contra lo dicho por muchos, éstas existen a pesar de todo). Así, la derecha hecha gobierno enfila sus esfuerzos en enfatizar en la preservación de los “valores de la familia”, es tanta su persistencia que llegan a organizar “congresos de la familia” –con recursos públicos- estatales, municipales y nacionales.
Más aún, acordes con las tendencias prevalecientes, han dejado de lado la necesaria conducta laica en la conducción de los asuntos públicos, de tal manera que no es raro ahora escuchar a los gobernantes culminar sus discursos con bendiciones, propias de quienes practican algún culto religioso.
Y si bien todos podemos educar a nuestros hijos en las prácticas y creencias religiosas que mejor se nos acomoden, las autoridades educativas deberán preservar, mantener y promover los valores cívicos, esos que nos permiten mantener la necesaria cohesión social para desarrollarnos individual y colectivamente, pero hete aquí que el martes, entre la lluvia de nombramientos del Gobierno del Estado se anunciaron los de los directores de los planteles del Colegio de Bachilleres.
Cualquier ciudadano medianamente informado de la lucha electoral podrá entender que al triunfar en los comicios, la fuerza o fuerzas políticas convertidas en gobierno por decisión de la mayoría de los ciudadanos, estaría en condiciones de llevar a sus mejores representantes a la estructura gubernamental y desarrollar ahí las mejores de sus capacidades en beneficio de sus conciudadanos.
Pero cabría esperar que los designados lo fuesen por sus capacidades y cualidades necesarias para el mejor desempeño en el puesto alcanzado. César Duarte lo expresó bien al informarle a los chihuahuenses cuales serían los ejes rectores en el nombramiento de funcionarios. Dijo: Los familiares a la casa, los amigos en el corazón y los mejores al gobierno.
Muchos pensamos que era un exceso, ningún político triunfador podría desprenderse totalmente de quienes lo acompañaron en la aventura electoral y de quienes conforman su equipo de trabajo, pero entre las sorpresas del martes, las descollantes las constituyeron los nombramientos de los directores de los planteles del Colegio de Bachilleres, fue un auténtico reparto de cuotas políticas, sin miramiento alguno por las reglas más elementales de la designación en un área tan sensible como lo es la principal institución educativa en el estado a nivel de educación media superior.
Entre quienes recibieron tal nombramiento se encuentran quienes no tienen experiencia alguna en la enseñanza y quizá su único mérito sea el de ser avezados activistas políticos.
Ahora estamos frente a la multiplicación de los activistas, para nadie es un secreto que en la administración anterior la estructura del Colegio de Bachilleres sirvió como instrumento político, que a los alumnos (sobre todo en la capital del estado) se les usó como simples peones de jornadas políticas. No hay que ir muy lejos en los ejemplos, baste usar el del día de la toma de posesión de César Duarte en que a miles de jóvenes se les trasladó a la Plaza del Angel (incluso sin permiso, ni aviso a los padres de familia) para que ocuparan las sillas en tanto llegaban los invitados al evento.
O las carreras “multitudinarias” en las que se rompen “récords” de participación, gracias a que se les obliga a los bachilleres a participar; o las llamadas efectuadas desde las instalaciones escolares del CdeB para convocar a actos partidarios; o la coerción ejercida en los maestros para que acudieran a eventos de la CNOP.
¿En qué valores creen que los jóvenes se estarán recreando con tales conductas? ¿Qué creen que pensarán los educandos al ver que a alguien le basta con efectuar tareas políticas para alcanzar direcciones académicas en los planteles que son la antesala de la educación superior?
Y luego nos quejamos de la falta de valores.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
martes, 9 de noviembre de 2010
Impunidad y salvajismo
El Diario, 9 de noviembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Es imposible no publicar acerca de la tragedia de Chihuahua, las noticias, todos los días, son estrujantes. No bien acabábamos de asimilar el más reciente de los episodios emblemáticos –el del secuestro, videos y asesinato de Mario González Rodríguez, el hermano de la ex procuradora Patricia– cuando ya nos sacudía la información acerca de la banda de secuestradores, de la cual formaba parte la edecán Eunice Ramírez y ayer los medios de comunicación daban cuenta del siguiente episodio, igualmente salvaje, del gravísimo atentado contra la familia de Eunice que mantiene postradas a su madre, hija y sobrinas, consistente en el incendio intencional de la vivienda de los familiares de la edecán por medio de bombas Molotov.
Quizá para cuando se lean estas líneas ya se sabrá a ciencia cierta si existe conexión entre este atentado y la masacre del domingo en contra de la familia Puentes García, en la que murieron siete integrantes de ella, y el hecho de que la hija de Eunice lleva por apellidos Puentes Ramírez. Escalofriante.
Ya inmersos en la guerra mediática, a base de medias verdades y mentiras completas, ya no atinaremos a saber si el mensaje pintado en la pared de la familia de Eunice es cierto, o sólo forma parte de las estratagemas usadas por los delincuentes para confundir a las autoridades y a la opinión pública.
En momentos tan difíciles, cuando nada parece detener la ola criminal y la autoridad parece absolutamente rebasada, es cuando debemos salir al frente, superar las inercias de los gobernantes y exigir más compromiso de quienes buscaron ser los administradores de los bienes de la sociedad.
Es absolutamente evidente que los mecanismos de control sobre los grupos policiacos están totalmente superados, que prácticamente todas las dependencias de seguridad pública están infiltradas por los grupos criminales y a pesar de esa certeza nada se hace para cambiar los mecanismos de control interno de las policías.
Los hechos de los últimos días nos vinieron a demostrar que los multimencionados exámenes de confianza practicados a las policías son un completo fracaso y que en lugar de confiárselos a dependencias, también sujetas a una aguda crisis de confiabilidad, deberíamos crear comités especializados en la revisión de la vida de los policías, de los jueces y de los fiscales, y quizá sobre todos los funcionarios públicos.
Ejemplos sobran, por ejemplo ¿Quién puede asegurarnos que las nuevas propiedades –no informadas en su declaración de bienes patrimoniales– de la familia Calderón-Zavala no provienen del narco?
Nadie.
¿Cómo es posible que el ex presidente nacional del PAN, César Nava, pudiese comprar un departamento de 14 millones de dólares? ¿O que la nueva casa de Genaro García Luna, el flamante Secretario de Seguridad Pública Federal, tenga un valor por encima de los 20 millones de pesos y los ingresos de esta persona, acumulados a lo largo de 25 años de servidor público, no le alcancen para adquirir semejante propiedad?
Y no son acusaciones, en tanto no se transparenten los ingresos económicos y las propiedades de todos los funcionarios públicos, la guerra contra el narcotráfico seguirá perdiéndose porque ¿Quién vigila a los no pocos funcionarios públicos, particularmente de las dependencias prejudiciales y del Poder Judicial, cuyo tren de vida no tiene correspondencia alguna, lógica, con sus ingresos?
Las interrogantes continúan, en todos los aspectos de la vida criminal del país y del estado. Todos los días se roban más de 100 vehículos entre Juárez y Chihuahua ¿A dónde se van? A efectuar actos ilícitos algunos, pero ¿Y los demás, a dónde, a dónde se van? ¿No ocurrirá una cosa semejante a la de los carros “chuecos”, que de repente aparecen en las calles de nuestras ciudades y nadie los vio pasar por retenes, carreteras, aduanas y demás medidas policiacas, a cual más de inútiles?
¿Serán ciertos los rumores acerca del embarcamiento –en los principales puertos marítimos del país– masivo de vehículos robados y enviados a las repúblicas del Asia Central?
¿Quién puede hacer semejante maniobra trasatlántica? ¿Por qué en muy pocas ocasiones se detiene a los responsables del robo de vehículos? ¿Por qué nunca se sabe nada de quienes les pagan 5-10 mil pesos por vehículo robado a los criminales callejeros?
Todas son preguntas sencillas, que deberían plantearse los jefes de los aparatos de inteligencia, y cuyas respuestas llevarían al esclarecimiento de cientos de miles de delitos.
En tanto no se respondan preguntas tan elementales seguirá esta matazón sin sentido (si acaso alguna lo tiene, o lo ha tenido en el pasado) y se adopten las conductas gubernamentales necesarias seguiremos convertidos en los “daños colaterales”, producidos por tanta corrupción y salvajismo.
Luis Javier Valero Flores
Es imposible no publicar acerca de la tragedia de Chihuahua, las noticias, todos los días, son estrujantes. No bien acabábamos de asimilar el más reciente de los episodios emblemáticos –el del secuestro, videos y asesinato de Mario González Rodríguez, el hermano de la ex procuradora Patricia– cuando ya nos sacudía la información acerca de la banda de secuestradores, de la cual formaba parte la edecán Eunice Ramírez y ayer los medios de comunicación daban cuenta del siguiente episodio, igualmente salvaje, del gravísimo atentado contra la familia de Eunice que mantiene postradas a su madre, hija y sobrinas, consistente en el incendio intencional de la vivienda de los familiares de la edecán por medio de bombas Molotov.
Quizá para cuando se lean estas líneas ya se sabrá a ciencia cierta si existe conexión entre este atentado y la masacre del domingo en contra de la familia Puentes García, en la que murieron siete integrantes de ella, y el hecho de que la hija de Eunice lleva por apellidos Puentes Ramírez. Escalofriante.
Ya inmersos en la guerra mediática, a base de medias verdades y mentiras completas, ya no atinaremos a saber si el mensaje pintado en la pared de la familia de Eunice es cierto, o sólo forma parte de las estratagemas usadas por los delincuentes para confundir a las autoridades y a la opinión pública.
En momentos tan difíciles, cuando nada parece detener la ola criminal y la autoridad parece absolutamente rebasada, es cuando debemos salir al frente, superar las inercias de los gobernantes y exigir más compromiso de quienes buscaron ser los administradores de los bienes de la sociedad.
Es absolutamente evidente que los mecanismos de control sobre los grupos policiacos están totalmente superados, que prácticamente todas las dependencias de seguridad pública están infiltradas por los grupos criminales y a pesar de esa certeza nada se hace para cambiar los mecanismos de control interno de las policías.
Los hechos de los últimos días nos vinieron a demostrar que los multimencionados exámenes de confianza practicados a las policías son un completo fracaso y que en lugar de confiárselos a dependencias, también sujetas a una aguda crisis de confiabilidad, deberíamos crear comités especializados en la revisión de la vida de los policías, de los jueces y de los fiscales, y quizá sobre todos los funcionarios públicos.
Ejemplos sobran, por ejemplo ¿Quién puede asegurarnos que las nuevas propiedades –no informadas en su declaración de bienes patrimoniales– de la familia Calderón-Zavala no provienen del narco?
Nadie.
¿Cómo es posible que el ex presidente nacional del PAN, César Nava, pudiese comprar un departamento de 14 millones de dólares? ¿O que la nueva casa de Genaro García Luna, el flamante Secretario de Seguridad Pública Federal, tenga un valor por encima de los 20 millones de pesos y los ingresos de esta persona, acumulados a lo largo de 25 años de servidor público, no le alcancen para adquirir semejante propiedad?
Y no son acusaciones, en tanto no se transparenten los ingresos económicos y las propiedades de todos los funcionarios públicos, la guerra contra el narcotráfico seguirá perdiéndose porque ¿Quién vigila a los no pocos funcionarios públicos, particularmente de las dependencias prejudiciales y del Poder Judicial, cuyo tren de vida no tiene correspondencia alguna, lógica, con sus ingresos?
Las interrogantes continúan, en todos los aspectos de la vida criminal del país y del estado. Todos los días se roban más de 100 vehículos entre Juárez y Chihuahua ¿A dónde se van? A efectuar actos ilícitos algunos, pero ¿Y los demás, a dónde, a dónde se van? ¿No ocurrirá una cosa semejante a la de los carros “chuecos”, que de repente aparecen en las calles de nuestras ciudades y nadie los vio pasar por retenes, carreteras, aduanas y demás medidas policiacas, a cual más de inútiles?
¿Serán ciertos los rumores acerca del embarcamiento –en los principales puertos marítimos del país– masivo de vehículos robados y enviados a las repúblicas del Asia Central?
¿Quién puede hacer semejante maniobra trasatlántica? ¿Por qué en muy pocas ocasiones se detiene a los responsables del robo de vehículos? ¿Por qué nunca se sabe nada de quienes les pagan 5-10 mil pesos por vehículo robado a los criminales callejeros?
Todas son preguntas sencillas, que deberían plantearse los jefes de los aparatos de inteligencia, y cuyas respuestas llevarían al esclarecimiento de cientos de miles de delitos.
En tanto no se respondan preguntas tan elementales seguirá esta matazón sin sentido (si acaso alguna lo tiene, o lo ha tenido en el pasado) y se adopten las conductas gubernamentales necesarias seguiremos convertidos en los “daños colaterales”, producidos por tanta corrupción y salvajismo.
domingo, 7 de noviembre de 2010
¿Por dónde empezar?
El Diario, 7 de noviembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Los acontecimientos de los últimos días han venido a reforzar la noción de la aguda infiltración del narcotráfico en las corporaciones policiacas y militares y han develado el fracaso, tanto de la estrategia desplegada por el Estado mexicano para combatir a las bandas criminales, como de las medidas realizadas para sanear los agrupamientos oficiales, y por supuesto, las orientadas a prevenir la infiltración.
El hecho de que un mando de la Policía Municipal de la ciudad de Chihuahua, en versión de la Policía Federal (PF), haya sido quien ordenó el secuestro y posterior asesinato del abogado Mario González Rodríguez, hermano de la exprocuradora Patricia González, que otro elemento de la polimunicipal participara en ese operativo y que un ex coordinador del desaparecido Cuerpo de Inteligencia Policial (Cipol), Jorge Gutiérrez Corral, rescatado por la PF, también secuestrado y presumiblemente próximo a morir a manos de sus secuestradores, trajo nuevamente al centro de la atención de los chihuahuenses la elevada corrupción existente en los cuerpos policiacos.
La creación de corporaciones honestas es el mayor reto que enfrenta el país en estos momentos, ya que todos los niveles de agentes están infiltrados. Pero ¿Quién vigila la limpieza, la sanidad de los cuerpos policíacos?
En todas las corporaciones existen cuerpos de vigilancia interna, pero vistos los resultados, nadie puede asegurar que tal forma de fiscalizar haya funcionado, todo lo contrario.
Lo hemos repetido hasta la saciedad, debería hacérsele caso a la máxima de Alfonso Quiroz Cuarón: En la comisión de cualquier delito hay que seguirle la pista al dinero.
Más en los casos que todos los días reportamos y quejamos ¿Dónde están los jefes que, no sólo ordenan la comisión de actos delictivos de grupos criminales, sino que los financian?
¿Dónde está, por ejemplo, la persona –según versión de la PF– a la que le reportaban por teléfono los secuestradores y a la postre, asesinos de Mario González Rodríguez?
Sin duda quien estuvo al pendiente de la grabación del video y dio las indicaciones, seguramente también las finales en la vida del abogado González, era parte del engranaje de los autores intelectuales de alguno de los cárteles del crimen en México que ordenaron tales acciones, –otra vez en versión de la PF– “como una venganza (en contra de la exprocuradora) por emprender la depuración de las corporaciones policíacas”.
La guerra de las bandas criminales, no es una novedad decirlo, no sólo es por el control de las rutas y las áreas geográficas, es también por el control de las corporaciones policiacas o el acceso a determinados mandos policiacos, de ahí que las medidas para mantener a salvo la integridad de esos organismos tiene carácter prioritario, y entre ellas se encuentra en primerísimo lugar la buena remuneración salarial, pero fundamentalmente la vigilancia permanente acerca de los estándares de vida, de sus ingresos económicos, de las propiedades, de los vehículos, esto es, en pocas palabras, vigilar que el tren de vida tenga relación con su remuneración.
Los criminales han sido parte, por desgracia, de los cuerpos de seguridad pública, a los que se les ha capacitado e instruido en el manejo de armamento y tácticas inherentes a los combates violentos y de seguridad. Aún si no se infiltraran en ellos, hay cifras de pavor, como por ejemplo, la del número de desertores del Ejército, son poco más de 130 mil ¿Y cuántos de las corporaciones policiacas de todo el país?
Pasaron ya cuatro años de que Felipe Calderón pregonó la puesta en marcha de la limpieza en las corporaciones policiacas, más aún, casi se cumplen tres años del inicio de medida semejante en Juárez y los indicios del fracaso en esa orientación empiezan a brotar, pues no se aprecian, por lo menos en la medida que lo quisiéramos, los resultados de las medidas de saneamiento policiaco y sí las del sentido contrario.
Y si en tal sentido el fracaso es evidente, en cuanto al combate al crimen organizado, por ninguna parte asoman los resultados de los equipos de inteligencia de las corporaciones, salvo en alguno que otro caso; pero el grueso de los “éxitos” policiacos se deben casi meros accidentes, como la detención del grupo secuestrador de Mario González que obedeció a hechos absolutamente circunstanciales –el patrullaje de la policía federal en la zona norte de la capital chihuahuense y el enfrentamiento armado entre miembros de esta agrupación y los delincuentes– que llevó a la localización del lugar en el que fue sepultado.
El principal reto del país en estos momentos es crear policías honestas pero a la luz de los resultados, la eficiencia de los exámenes de confianza aplicados por la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) a los agentes de todas las Policías del país ha quedado en entredicho.
César Tapia, coordinador del grupo parlamentario del PANAL, denunció haber recibido informaciones que los exámenes practicados a los policías juarenses “no contaban con el profesionalismo que debió tener”. No existe aún director del Centro Estatal de Confianza, “organismo que ya está creado y equipado”, afirmó por su parte el diputado priísta, Alejandro Domínguez.
En estas circunstancias todo mundo demanda una “urgente depuración” de los cuerpos policiacos del estado y de los municipios, pero si revisáramos los archivos periodísticos nos encontraríamos que esa ha sido la demanda en cada ocasión que el crimen nos gana una tajada más de la legalidad existente.
Y el problema, vaya que es grave, lo es a tal grado que las ejecuciones ya se convirtieron en la segunda causa de muerte en Chihuahua, sólo por debajo de los problemas cardiacos. Así, en este año “4 mil 450 personas han fallecido por padecimientos cardiacos en los 67 municipios de la entidad, 3 mil 320 por homicidio y 3 mil 310 por cáncer”. (Nota de Rubén Villalpando, La Jornada, 5/XI/10).
Cuatro años atrás ocupaban el séptimo lugar como causa de muerte. Ahora, la Diabetes Mellitus descendió al cuarto sitio, con 2 mil 270 personas fallecidas. “En quinto lugar se encuentran los accidentes, con mil 436 víctimas…”.
El fracaso gubernamental ahoga al país en sangre y en las esferas del poder sólo se piensa en elevar la capacidad de fuego de las fuerzas armadas, en aumentar el personal policiaco y su armamento –nadie podría estar en contra de tales medidas si otra fuera la estrategia o los resultados mostraran que es lo correcto– pero no obstante el evidente fracaso, que ha convertido al país en un inmenso lugar de crecimiento delincuencial y ha llevado a que la denominación de “Estado fallido” se le aplique con mayor frecuencia, para el próximo año el gasto militar se disparará y llegará al doble del aplicado en 2006, el último año de Vicente Fox, y alcanzará la fantástica cifra de 142 mil millones de pesos, “monto superior en casi 50 mil millones al que se aplicará en el sector salud”, según afirmó el senador del PT, exgobernador zacatecano, Ricardo Monreal.
Es de tal dimensión la falta de estrategia y de incongruencias en este aspecto que el Ejecutivo federal ha propuesto aumentar en ¡mil pesos al mes el salario de los soldados (Habría que hacer la anotación que la mitad de los integrantes de las fuerzas armadas son originarios de Oaxaca ¡por puritita casualidad, la entidad más pobre del país) para que sus ingresos alcancen los 9 mil al mes.
En el mismo lapso, el gasto en educación pública y salud apenas crecieron 3 y 7 por ciento, respectivamente. Así, para 2011, la propuesta es asignarle a la Sedena 63 mil 934 millones de pesos, en tanto que en 2006 se le autorizaron 26 mil 31 millones de pesos.
Tal presupuesto tiene como objetivo crear 18 nuevos batallones para “aminorar la carga de trabajo de todas las zonas militares”, además, como si se necesitaran argumentos para elevar el presupuesto militar, un informe confidencial de las fuerzas armadas señala que con motivo del refuerzo económico otorgado a las tropas que combaten al narco ¡se ha abatido la deserción
No, po’s si para eso se necesita echar a andar otra guerra, ¡adelante mis valientes
¿No será, ya, el momento de iniciar una nueva estrategia, de enfocar las baterías a las causas sociales y a las verdaderas razones del tráfico de drogas, de encontrar a quienes se benefician en elevadísimos grados de este mercado de la muerte?
Correo electrónico: aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
Los acontecimientos de los últimos días han venido a reforzar la noción de la aguda infiltración del narcotráfico en las corporaciones policiacas y militares y han develado el fracaso, tanto de la estrategia desplegada por el Estado mexicano para combatir a las bandas criminales, como de las medidas realizadas para sanear los agrupamientos oficiales, y por supuesto, las orientadas a prevenir la infiltración.
El hecho de que un mando de la Policía Municipal de la ciudad de Chihuahua, en versión de la Policía Federal (PF), haya sido quien ordenó el secuestro y posterior asesinato del abogado Mario González Rodríguez, hermano de la exprocuradora Patricia González, que otro elemento de la polimunicipal participara en ese operativo y que un ex coordinador del desaparecido Cuerpo de Inteligencia Policial (Cipol), Jorge Gutiérrez Corral, rescatado por la PF, también secuestrado y presumiblemente próximo a morir a manos de sus secuestradores, trajo nuevamente al centro de la atención de los chihuahuenses la elevada corrupción existente en los cuerpos policiacos.
La creación de corporaciones honestas es el mayor reto que enfrenta el país en estos momentos, ya que todos los niveles de agentes están infiltrados. Pero ¿Quién vigila la limpieza, la sanidad de los cuerpos policíacos?
En todas las corporaciones existen cuerpos de vigilancia interna, pero vistos los resultados, nadie puede asegurar que tal forma de fiscalizar haya funcionado, todo lo contrario.
Lo hemos repetido hasta la saciedad, debería hacérsele caso a la máxima de Alfonso Quiroz Cuarón: En la comisión de cualquier delito hay que seguirle la pista al dinero.
Más en los casos que todos los días reportamos y quejamos ¿Dónde están los jefes que, no sólo ordenan la comisión de actos delictivos de grupos criminales, sino que los financian?
¿Dónde está, por ejemplo, la persona –según versión de la PF– a la que le reportaban por teléfono los secuestradores y a la postre, asesinos de Mario González Rodríguez?
Sin duda quien estuvo al pendiente de la grabación del video y dio las indicaciones, seguramente también las finales en la vida del abogado González, era parte del engranaje de los autores intelectuales de alguno de los cárteles del crimen en México que ordenaron tales acciones, –otra vez en versión de la PF– “como una venganza (en contra de la exprocuradora) por emprender la depuración de las corporaciones policíacas”.
La guerra de las bandas criminales, no es una novedad decirlo, no sólo es por el control de las rutas y las áreas geográficas, es también por el control de las corporaciones policiacas o el acceso a determinados mandos policiacos, de ahí que las medidas para mantener a salvo la integridad de esos organismos tiene carácter prioritario, y entre ellas se encuentra en primerísimo lugar la buena remuneración salarial, pero fundamentalmente la vigilancia permanente acerca de los estándares de vida, de sus ingresos económicos, de las propiedades, de los vehículos, esto es, en pocas palabras, vigilar que el tren de vida tenga relación con su remuneración.
Los criminales han sido parte, por desgracia, de los cuerpos de seguridad pública, a los que se les ha capacitado e instruido en el manejo de armamento y tácticas inherentes a los combates violentos y de seguridad. Aún si no se infiltraran en ellos, hay cifras de pavor, como por ejemplo, la del número de desertores del Ejército, son poco más de 130 mil ¿Y cuántos de las corporaciones policiacas de todo el país?
Pasaron ya cuatro años de que Felipe Calderón pregonó la puesta en marcha de la limpieza en las corporaciones policiacas, más aún, casi se cumplen tres años del inicio de medida semejante en Juárez y los indicios del fracaso en esa orientación empiezan a brotar, pues no se aprecian, por lo menos en la medida que lo quisiéramos, los resultados de las medidas de saneamiento policiaco y sí las del sentido contrario.
Y si en tal sentido el fracaso es evidente, en cuanto al combate al crimen organizado, por ninguna parte asoman los resultados de los equipos de inteligencia de las corporaciones, salvo en alguno que otro caso; pero el grueso de los “éxitos” policiacos se deben casi meros accidentes, como la detención del grupo secuestrador de Mario González que obedeció a hechos absolutamente circunstanciales –el patrullaje de la policía federal en la zona norte de la capital chihuahuense y el enfrentamiento armado entre miembros de esta agrupación y los delincuentes– que llevó a la localización del lugar en el que fue sepultado.
El principal reto del país en estos momentos es crear policías honestas pero a la luz de los resultados, la eficiencia de los exámenes de confianza aplicados por la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) a los agentes de todas las Policías del país ha quedado en entredicho.
César Tapia, coordinador del grupo parlamentario del PANAL, denunció haber recibido informaciones que los exámenes practicados a los policías juarenses “no contaban con el profesionalismo que debió tener”. No existe aún director del Centro Estatal de Confianza, “organismo que ya está creado y equipado”, afirmó por su parte el diputado priísta, Alejandro Domínguez.
En estas circunstancias todo mundo demanda una “urgente depuración” de los cuerpos policiacos del estado y de los municipios, pero si revisáramos los archivos periodísticos nos encontraríamos que esa ha sido la demanda en cada ocasión que el crimen nos gana una tajada más de la legalidad existente.
Y el problema, vaya que es grave, lo es a tal grado que las ejecuciones ya se convirtieron en la segunda causa de muerte en Chihuahua, sólo por debajo de los problemas cardiacos. Así, en este año “4 mil 450 personas han fallecido por padecimientos cardiacos en los 67 municipios de la entidad, 3 mil 320 por homicidio y 3 mil 310 por cáncer”. (Nota de Rubén Villalpando, La Jornada, 5/XI/10).
Cuatro años atrás ocupaban el séptimo lugar como causa de muerte. Ahora, la Diabetes Mellitus descendió al cuarto sitio, con 2 mil 270 personas fallecidas. “En quinto lugar se encuentran los accidentes, con mil 436 víctimas…”.
El fracaso gubernamental ahoga al país en sangre y en las esferas del poder sólo se piensa en elevar la capacidad de fuego de las fuerzas armadas, en aumentar el personal policiaco y su armamento –nadie podría estar en contra de tales medidas si otra fuera la estrategia o los resultados mostraran que es lo correcto– pero no obstante el evidente fracaso, que ha convertido al país en un inmenso lugar de crecimiento delincuencial y ha llevado a que la denominación de “Estado fallido” se le aplique con mayor frecuencia, para el próximo año el gasto militar se disparará y llegará al doble del aplicado en 2006, el último año de Vicente Fox, y alcanzará la fantástica cifra de 142 mil millones de pesos, “monto superior en casi 50 mil millones al que se aplicará en el sector salud”, según afirmó el senador del PT, exgobernador zacatecano, Ricardo Monreal.
Es de tal dimensión la falta de estrategia y de incongruencias en este aspecto que el Ejecutivo federal ha propuesto aumentar en ¡mil pesos al mes el salario de los soldados (Habría que hacer la anotación que la mitad de los integrantes de las fuerzas armadas son originarios de Oaxaca ¡por puritita casualidad, la entidad más pobre del país) para que sus ingresos alcancen los 9 mil al mes.
En el mismo lapso, el gasto en educación pública y salud apenas crecieron 3 y 7 por ciento, respectivamente. Así, para 2011, la propuesta es asignarle a la Sedena 63 mil 934 millones de pesos, en tanto que en 2006 se le autorizaron 26 mil 31 millones de pesos.
Tal presupuesto tiene como objetivo crear 18 nuevos batallones para “aminorar la carga de trabajo de todas las zonas militares”, además, como si se necesitaran argumentos para elevar el presupuesto militar, un informe confidencial de las fuerzas armadas señala que con motivo del refuerzo económico otorgado a las tropas que combaten al narco ¡se ha abatido la deserción
No, po’s si para eso se necesita echar a andar otra guerra, ¡adelante mis valientes
¿No será, ya, el momento de iniciar una nueva estrategia, de enfocar las baterías a las causas sociales y a las verdaderas razones del tráfico de drogas, de encontrar a quienes se benefician en elevadísimos grados de este mercado de la muerte?
Correo electrónico: aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
jueves, 4 de noviembre de 2010
Estados Unidos, giro a la derecha
El Diario, 4 de noviembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Duró muy poco el sueño libertario en los Estados Unidos de Norteamérica. Enfrentado a la peor crisis económica posterior a la Gran Depresión de los 30’s, a los más poderosos intereses del planeta, al conservadurismo de la mayoría de sus compatriotas y a sus propias indefiniciones, el primer presidente norteamericano de color, Barak Obama, debió sufrir una muy importante derrota, que hizo perder a su partido la mayoría en la Cámara de Representantes, en el número de gobernadores y a disminuir la ventaja que poseía en la de Senadores.
Tales resultados mostrarán la inoperancia de ese sistema político, el presidencialista –copiado por los mexicanos– que permite la posibilidad de que la mayoría legislativa provenga de partidos distintos al del presidente, con lo que se pierde la posibilidad de que quien obtuvo la mayoría de los votos pueda gobernar sin que deba enfrentar a una mayoría opositora y ésta le obstaculice la aprobación de los programas enarbolados durante las campañas.
Así, si en los meses previos, los más poderosos intereses económicos obstruyeron la aprobación de las progresivas reformas propuestas –fundamentalmente la referida a la del sistema de salud– ahora, con una mayoría contraria en la Cámara de Representantes los márgenes de maniobrabilidad de Obama se habrán restringido notablemente. De hecho el que será el nuevo líder de las Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, ya anunció que echará abajo la reforma de Salud promovida por el presidente.
Tal eventualidad no sucede en los regímenes parlamentarios –presidencialistas o no– pues en éstos se establece una mayoría parlamentaria que nombra al gobierno y cuando éste pierde la confianza de esa mayoría –o, por supuesto, cuando vencen los plazos legales– entonces se convoca a nuevas elecciones para establecer a una nueva mayoría gobernante.
Fruto de esa estructura gubernamental, pero sobre todo de la existencia y consolidación de una poderosa corriente populista de derecha, los demócratas perdieron importantes posiciones pero sobre todo la posibilidad de aumentar su mayoría para avanzar en las reformas ya aprobadas. La derecha norteamericana centró sus baterías en desprestigiar la propuesta de Obama en materia de salud, y logró quitarle algunos de los aspectos de más avanzada, sin embargo, el nuevo sistema de salud abarcará –de manera gratuita– a poco más de 25 millones de derechohabientes que de otro modo no tendrían acceso a los carísimos servicios de salud.
Los intereses más poderosos del país, que invirtieron la mayoría de los aproximadamente 4 mil millones de dólares en la ahora elección intermedia más cara de la historia norteamericana, lanzaron una salvaje ofensiva contra Obama y sus propuestas, a pesar de haberse beneficiado con los billonarios rescates financieros aprobados por el gobierno norteamericano aprovechando que casi nueve de cada 10 estadounidenses opinan que la economía está en malas condiciones y son pesimistas sobre el futuro; 26 por ciento se declaró enojado y 47 por ciento insatisfecho con el gobierno, mientras 73 por ciento desaprobó la labor del Congreso.
Las últimas encuestas, previas a la elección, arrojaron cifras terribles para la gestión de Obama pues el 54por ciento rechaza la gestión de Obama, el 53 desaprueba a los demócratas, pero “al mismo tiempo, 53 por ciento desaprueba a los republicanos”, (Nota de La Jornada, 3/XI/10).
Nada retrata mejor a la lucha político-electoral de hoy en Norteamérica que dos citas, contrapuestas, la descripción del crítico y comediante Bill Maher, entusiasta impulsor de la candidatura de Barak Obama dos años atrás: “Ahora tenemos un partido de centro-derecha y una partida de locos.
Durante los últimos 30 años, los demócratas se han derechizado y los republicanos se han trasladado a un manicomio”; y la del columnista del Washington Post, David Broder, quien publicó un artículo en el cual afirmaba que lo mejor, para detonar la economía norteamericana, sería bombardear Irán “porque la guerra sacaría a la economía estadounidense de la crisis”.
Además, esa misma derecha apeló al espíritu conservador, en lo tocante a la migración, que rechaza hasta salvajemente, a los migrantes, tema en el cual Obama había esbozado alguna modificación en pro de la millonaria migración y que ahora pasará por momentos verdaderamente difíciles.
No son buenas noticias para el mundo, los republicanos norteamericanos vienen de regreso, para México tampoco, cualquier cambio benéfico para nosotros, en las relaciones con el país más poderoso de la tierra, se habrá postergado.
Luis Javier Valero Flores
Duró muy poco el sueño libertario en los Estados Unidos de Norteamérica. Enfrentado a la peor crisis económica posterior a la Gran Depresión de los 30’s, a los más poderosos intereses del planeta, al conservadurismo de la mayoría de sus compatriotas y a sus propias indefiniciones, el primer presidente norteamericano de color, Barak Obama, debió sufrir una muy importante derrota, que hizo perder a su partido la mayoría en la Cámara de Representantes, en el número de gobernadores y a disminuir la ventaja que poseía en la de Senadores.
Tales resultados mostrarán la inoperancia de ese sistema político, el presidencialista –copiado por los mexicanos– que permite la posibilidad de que la mayoría legislativa provenga de partidos distintos al del presidente, con lo que se pierde la posibilidad de que quien obtuvo la mayoría de los votos pueda gobernar sin que deba enfrentar a una mayoría opositora y ésta le obstaculice la aprobación de los programas enarbolados durante las campañas.
Así, si en los meses previos, los más poderosos intereses económicos obstruyeron la aprobación de las progresivas reformas propuestas –fundamentalmente la referida a la del sistema de salud– ahora, con una mayoría contraria en la Cámara de Representantes los márgenes de maniobrabilidad de Obama se habrán restringido notablemente. De hecho el que será el nuevo líder de las Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, ya anunció que echará abajo la reforma de Salud promovida por el presidente.
Tal eventualidad no sucede en los regímenes parlamentarios –presidencialistas o no– pues en éstos se establece una mayoría parlamentaria que nombra al gobierno y cuando éste pierde la confianza de esa mayoría –o, por supuesto, cuando vencen los plazos legales– entonces se convoca a nuevas elecciones para establecer a una nueva mayoría gobernante.
Fruto de esa estructura gubernamental, pero sobre todo de la existencia y consolidación de una poderosa corriente populista de derecha, los demócratas perdieron importantes posiciones pero sobre todo la posibilidad de aumentar su mayoría para avanzar en las reformas ya aprobadas. La derecha norteamericana centró sus baterías en desprestigiar la propuesta de Obama en materia de salud, y logró quitarle algunos de los aspectos de más avanzada, sin embargo, el nuevo sistema de salud abarcará –de manera gratuita– a poco más de 25 millones de derechohabientes que de otro modo no tendrían acceso a los carísimos servicios de salud.
Los intereses más poderosos del país, que invirtieron la mayoría de los aproximadamente 4 mil millones de dólares en la ahora elección intermedia más cara de la historia norteamericana, lanzaron una salvaje ofensiva contra Obama y sus propuestas, a pesar de haberse beneficiado con los billonarios rescates financieros aprobados por el gobierno norteamericano aprovechando que casi nueve de cada 10 estadounidenses opinan que la economía está en malas condiciones y son pesimistas sobre el futuro; 26 por ciento se declaró enojado y 47 por ciento insatisfecho con el gobierno, mientras 73 por ciento desaprobó la labor del Congreso.
Las últimas encuestas, previas a la elección, arrojaron cifras terribles para la gestión de Obama pues el 54por ciento rechaza la gestión de Obama, el 53 desaprueba a los demócratas, pero “al mismo tiempo, 53 por ciento desaprueba a los republicanos”, (Nota de La Jornada, 3/XI/10).
Nada retrata mejor a la lucha político-electoral de hoy en Norteamérica que dos citas, contrapuestas, la descripción del crítico y comediante Bill Maher, entusiasta impulsor de la candidatura de Barak Obama dos años atrás: “Ahora tenemos un partido de centro-derecha y una partida de locos.
Durante los últimos 30 años, los demócratas se han derechizado y los republicanos se han trasladado a un manicomio”; y la del columnista del Washington Post, David Broder, quien publicó un artículo en el cual afirmaba que lo mejor, para detonar la economía norteamericana, sería bombardear Irán “porque la guerra sacaría a la economía estadounidense de la crisis”.
Además, esa misma derecha apeló al espíritu conservador, en lo tocante a la migración, que rechaza hasta salvajemente, a los migrantes, tema en el cual Obama había esbozado alguna modificación en pro de la millonaria migración y que ahora pasará por momentos verdaderamente difíciles.
No son buenas noticias para el mundo, los republicanos norteamericanos vienen de regreso, para México tampoco, cualquier cambio benéfico para nosotros, en las relaciones con el país más poderoso de la tierra, se habrá postergado.
miércoles, 3 de noviembre de 2010
Inseguridad pública, apocalíptica realidad
Aserto 87, octubre 2010
Luis Javier Valero Flores
A casi dos semanas de haber tomado posesión como nuevo gobernante, César Duarte es recibido por la ola violenta que azota a la entidad sin nada nuevo: Las cifras homicidas en Juárez, la urbe más violenta del mundo, el día que tomó posesión, tuvieron un sobresalto, diecinueve personas fueron asesinadas.
En el curso de los primeros días, el promedio de asesinatos se mantuvo en Juárez y Chihuahua, lo que seguramente llevará a que estas ciudades concluyan el año con cifras de espanto, por encima de las cien ejecuciones por cada 100 mil habitantes, en el caso de la capital, y muy cerca de las 200 en Juárez, convirtiéndose, así, en las dos ciudades más violentas del país. Esa será la novedad, que la otrora tranquila y pacífica ciudad de Chihuahua ingresará, por este año, a tan aterradoras estadísticas.
“Quiero pasar a la historia como el gobernador que puso orden en Chihuahua”, dijo Duarte en su toma de posesión, ante una concurrencia de más de 50 mil personas, la mayoría de ellas vinculadas a su partido, en un acto en el que el PRI mostró el “músculo”, no solo en la Plaza del Angel, sino en la tribuna pues la plana mayor se presentó a presenciar la asunción del parralense a la silla principal de Palacio de Gobierno.
Asistieron casi la totalidad de los gobernadores priistas, la dirigencia nacional en pleno, los coordinadores parlamentarios, del Senado y la Cámara de Diputados, infinidad de diputados y senadores, numerosísimos invitados de las agrupaciones afines al PRI. En ese ambiente, predominantemente priista, los más ovacionados fueron Duarte, el ex gobernador Reyes Baeza y el gobernador mexiquense, el adelantado en la carrera presidencial, Enrique Peña Nieto, y de los dirigentes nacionales, la que arrancó menos aplausos y hasta algunos incipientes silbidos, fue la dirigente magisterial, hechos, todos, que denotaron la inocultable filia priista de la mayoría de los asistentes.
No podía ser de otra manera, la contundente manera en que este partido derrotó a los candidatos del PAN, conjugada con los resultados de otras entidades y, sobre todo, los triunfos alcanzados en la elección de alcalde y los distritos capitalinos en los que mantuvo la hegemonía el blanquiazul durante varios períodos electorales ha hecho que la militancia priista mantenga una irremediable confianza y expresara eufóricamente su satisfacción en la toma de posesión de César Duarte y que manifestara de manera tan enfática sus filias y fobias con los actores asistentes a tal evento.
Quizá por esa razón, y seguramente porque en la campaña electoral no encontró mayores opiniones discordantes –y porque en el seno de la sociedad chihuahuense se ha incubado la concepción conservadora- el discurso inicial de Duarte estuvo surcado por la actitud severa, enérgica, dura en el combate a la delincuencia, cuya manifestación legal fue la de incidir en la elevación de las penas.
A esa postura correspondió que al anunciar la pretensión –convertida posteriormente- en proponer el establecimiento de la cadena perpetua a quienes se encuentren culpables de los delitos de homicidio múltiple, extorsión o secuestro, fuese profusamente ovacionado.
Del mismo modo, el anuncio de quienes ocuparían la Fiscalía General del Estado –Carlos Manuel Salas- y la Policía Unica –David Rivera Bretón, reputados como hombres “duros” afianza la percepción de la orientación bajo la que habrá de conducirse la nueva administración estatal, en la que ocupó un lugar central, por lo menos en ese discurso inicial, el deslinde de la administración encabezada por José Reyes Baeza pues fue una severísima crítica a ese gobierno y de pasada intentó llamar la atención del gobierno federal al expresar que “Hoy, sin afanes desmedidos, debemos reconocer que la suerte de la Patria se juega en Ciudad Juárez… Repito, señoras y señores, la suerte de la Patria se juega en Ciudad Juárez”.
Podrá ser coincidencia, pero ante la conclusión generalizada de que la representación del gobierno federal había sido de menor nivel a la esperada –el Secretario de Reforma Agraria y no el de Gobernación-, a poco más de una semana el hecho relevante fue la convocatoria, y realización de la reunión de los gobernadores, elegidos el 4 de julio anterior, con Felipe Calderón.
Reunión cuyo fracaso es más que evidente, por las poquísimas cosas nuevas enunciadas, por los escasos compromisos adquiridos y, sobre todo, por la ausencia de una crítica –y consiguiente modificación- a la estrategia federal en el combate al crimen organizado, que ha producido, ya, cerca de 30 mil ejecuciones y sin que los índices delictivos hayan sufrido, ya no una disminución, sino la detención de las cifras ascendentes.
Importa ubicar la debida importancia de tal reunión, no sólo como reflejo de la importancia de los asistentes a la toma de protesta de Duarte, sino en la pretensión de Calderón por establecer buenas relaciones con los nuevos mandatarios, maltrechas en la mayoría de los casos con sus antecesores, debido al elevado protagonismo del panista en los procesos electorales de mediados de año.
Y si el cónclave resultó fallido, la visita de Calderón, en cuanto a la revisión de la seguridad pública en Chihuahua y la actuación de las fuerzas policiacas y militares en ese sentido fue un completo fraude. Los mismos discursos, la misma insensibilidad, las mismas promesas efectuadas casi tres años antes.
Quizá lo único novedoso haya sido la negativa del alcalde juarense, Héctor Murguía, a la petición del Secretario de Economía de “ayudarle” a detener los vehículos internados ilegalmente al país. No, le dijo, el edil, no voy a pasar por ser el alcalde que detenga chuecos en lugar de parar las extorsiones y los secuestros.
En ese entorno se inició el gobierno de César Duarte. No lo hace en las mejores condiciones, tan solo el día de la asunción en Juárez ejecutaban a 19 personas y el resto del mes las cifras homicidas se mantuvieron en los promedios de 10-12 en esa ciudad y alrededor de 5-7 diariamente en Chihuahua.
Y a mediados de mes se suscitó la crisis de los custodios del penal de Chihuahua desatada por el asesinato de cinco custodios y el jefe de seguridad de dicho penal. Esos asesinatos develaron las pobres condiciones laborales privativas en ese personal, su exigencia de contar con un seguro de vida, pensión familiar y aumento salarial vino a echar por tierra, estrepitosamente, los almibarados discursos de apenas unas cuantas horas antes.
No solamente ahí se encuentran gigantescos obstáculos.
Lo prometido por Duarte es enorme, quizá superior a sus propias capacidades y a los retos presentes. Probablemente fuera lo que la mayoría de la sociedad quiso –quiere- escuchar pero se antoja mayor a las fuerzas, estructuras e inercias presentes en la sociedad chihuahuense de hoy.
Dijo que habría “cero impunidad, cero corrupción, cero contrabando, cero tráfico ilegal de armas y cero circulación ilegal de vehículos en Chihuahua”. Del mismo modo, anunció que antes de un año la policía única funcionaría.
Lo que padecemos no es un problema de falta de severidad de las penas –cerca del 95% de los delitos cometidos no son, ni siquiera, investigados- sino de la ineficacia en la procuración y aplicación de justicia.
Por si fuera poco, el gobierno de Duarte iniciará con una deuda pública estatal de alrededor de 6 mil millones de pesos, es decir, algo así como el 15% del presupuesto estatal. Podrá argumentarse que se encuentra dentro de lo manejable, pero en los primeros días, una vez evaluadas las verdaderas condiciones en que recibieron las finanzas estatales, la novedad consistió en que sólo había 169 millones de pesos y que los recursos que se recibirían en el resto del año serían insuficientes para afrontar los compromisos gubernamentales, razón que los ha llevado a plantear que si el gobierno federal no adelanta algunas partidas, entonces el gobierno estatal se verá obligado a solicitar al Congreso la autorización para contratar un empréstito de 2 mil millones de pesos.
Si tal es la realidad, se antoja extremadamente difícil que la nueva administración estatal pueda cumplir los enormes compromisos adquiridos con la ciudadanía, las promesas de campaña y la necesidad, urgente, de mostrar avances concretos en los dos más serios problemas percibidos por la mayoría de la población: Economía y seguridad pública.
Apremiados en aparecer como rápidos solucionadores de los problemas, los nuevos gobernantes –y no sólo los chihuahuenses, y de éstos, no solamente los de la hora reciente, sino todos- al tomar posesión de sus cargos se autoimponen plazos perentorios para evaluar su obra. Optimistas, retan a que se evalúen sus primeros cien días, sin tomar en cuenta que financieramente, por lo menos en nuestra entidad, son de los más difíciles pues los recursos reales con los que contarán, invariablemente son menores a los declarados por los gobernantes salientes; que deberán recurrir a financiamientos extraordinarios para cumplir los compromisos de fin de año, casi todos ellos relacionados con la planta laboral existente y, finalmente, que los nuevos recursos empezarán a fluir después de febrero, en el mejor de los casos.
A tales condiciones adversas deberán sumarse otras dos. La disminución de los ingresos estatales por la promesa de que a partir de 2011 ya no se cobraría la tenencia vehicular, rubro que les generaba alrededor de 500 millones de pesos al año y que disminuirá el número de visitantes (migrantes y turistas) debido a la estabilidad de la crisis económica en Estados Unidos, lo que repercutirá en la disminución de ingresos por las cuotas de peaje carretero, y que representará varias decenas de millones de pesos que, si bien no ingresan realmente a la arcas estatales pues forman parte de los compromisos adquiridos por la bursatilización de tales ingresos, si repercutirán finalmente en las finanzas estatales.
Además, por si fuera poco, la recaudación de impuestos disminuirá, por las mismas razones que las cuotas de peaje y entonces el panorama no es el ideal para el cumplimiento de todas las promesas efectuadas a lo largo de la campaña y en los primeros días de gobierno, por lo menos no en los tres primeros meses de gobierno.
Y si en el aspecto financiero el futuro inmediato no es nada halagüeño, en lo tocante a seguridad pública no se advierte mejor, quizá lo contrario sea lo más seguro. La confrontación entre los grupos criminales ha trasladado una parte muy importante de sus operaciones a la capital del estado, sin que por ello amaine el enfrentamiento en Juárez o en otras ciudades de la entidad y las condiciones de las corporaciones policiacas y de procuración y aplicación de justicia en que se da el relevo son alarmantes.
El episodio del robo de armas del C-4 y el de los custodios del penal de Chihuahua, así como los motines simultáneos de los penales de Juárez, son, apenas, ligeros indicios de situación tan riesgosa.
Y en medio de todo ello la razonable ansiedad ciudadana por ver, sentir, percibir, así fuera ligeramente, algunos vestigios de mejoramiento de la seguridad pública, harán que el período de gracia para los nuevos gobernantes, en mayor medida para el gobernador, vaya a ser extremadamente breve.
No es tarea fácil, ni pronta. ¡Vaya encrucijada!
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
A casi dos semanas de haber tomado posesión como nuevo gobernante, César Duarte es recibido por la ola violenta que azota a la entidad sin nada nuevo: Las cifras homicidas en Juárez, la urbe más violenta del mundo, el día que tomó posesión, tuvieron un sobresalto, diecinueve personas fueron asesinadas.
En el curso de los primeros días, el promedio de asesinatos se mantuvo en Juárez y Chihuahua, lo que seguramente llevará a que estas ciudades concluyan el año con cifras de espanto, por encima de las cien ejecuciones por cada 100 mil habitantes, en el caso de la capital, y muy cerca de las 200 en Juárez, convirtiéndose, así, en las dos ciudades más violentas del país. Esa será la novedad, que la otrora tranquila y pacífica ciudad de Chihuahua ingresará, por este año, a tan aterradoras estadísticas.
“Quiero pasar a la historia como el gobernador que puso orden en Chihuahua”, dijo Duarte en su toma de posesión, ante una concurrencia de más de 50 mil personas, la mayoría de ellas vinculadas a su partido, en un acto en el que el PRI mostró el “músculo”, no solo en la Plaza del Angel, sino en la tribuna pues la plana mayor se presentó a presenciar la asunción del parralense a la silla principal de Palacio de Gobierno.
Asistieron casi la totalidad de los gobernadores priistas, la dirigencia nacional en pleno, los coordinadores parlamentarios, del Senado y la Cámara de Diputados, infinidad de diputados y senadores, numerosísimos invitados de las agrupaciones afines al PRI. En ese ambiente, predominantemente priista, los más ovacionados fueron Duarte, el ex gobernador Reyes Baeza y el gobernador mexiquense, el adelantado en la carrera presidencial, Enrique Peña Nieto, y de los dirigentes nacionales, la que arrancó menos aplausos y hasta algunos incipientes silbidos, fue la dirigente magisterial, hechos, todos, que denotaron la inocultable filia priista de la mayoría de los asistentes.
No podía ser de otra manera, la contundente manera en que este partido derrotó a los candidatos del PAN, conjugada con los resultados de otras entidades y, sobre todo, los triunfos alcanzados en la elección de alcalde y los distritos capitalinos en los que mantuvo la hegemonía el blanquiazul durante varios períodos electorales ha hecho que la militancia priista mantenga una irremediable confianza y expresara eufóricamente su satisfacción en la toma de posesión de César Duarte y que manifestara de manera tan enfática sus filias y fobias con los actores asistentes a tal evento.
Quizá por esa razón, y seguramente porque en la campaña electoral no encontró mayores opiniones discordantes –y porque en el seno de la sociedad chihuahuense se ha incubado la concepción conservadora- el discurso inicial de Duarte estuvo surcado por la actitud severa, enérgica, dura en el combate a la delincuencia, cuya manifestación legal fue la de incidir en la elevación de las penas.
A esa postura correspondió que al anunciar la pretensión –convertida posteriormente- en proponer el establecimiento de la cadena perpetua a quienes se encuentren culpables de los delitos de homicidio múltiple, extorsión o secuestro, fuese profusamente ovacionado.
Del mismo modo, el anuncio de quienes ocuparían la Fiscalía General del Estado –Carlos Manuel Salas- y la Policía Unica –David Rivera Bretón, reputados como hombres “duros” afianza la percepción de la orientación bajo la que habrá de conducirse la nueva administración estatal, en la que ocupó un lugar central, por lo menos en ese discurso inicial, el deslinde de la administración encabezada por José Reyes Baeza pues fue una severísima crítica a ese gobierno y de pasada intentó llamar la atención del gobierno federal al expresar que “Hoy, sin afanes desmedidos, debemos reconocer que la suerte de la Patria se juega en Ciudad Juárez… Repito, señoras y señores, la suerte de la Patria se juega en Ciudad Juárez”.
Podrá ser coincidencia, pero ante la conclusión generalizada de que la representación del gobierno federal había sido de menor nivel a la esperada –el Secretario de Reforma Agraria y no el de Gobernación-, a poco más de una semana el hecho relevante fue la convocatoria, y realización de la reunión de los gobernadores, elegidos el 4 de julio anterior, con Felipe Calderón.
Reunión cuyo fracaso es más que evidente, por las poquísimas cosas nuevas enunciadas, por los escasos compromisos adquiridos y, sobre todo, por la ausencia de una crítica –y consiguiente modificación- a la estrategia federal en el combate al crimen organizado, que ha producido, ya, cerca de 30 mil ejecuciones y sin que los índices delictivos hayan sufrido, ya no una disminución, sino la detención de las cifras ascendentes.
Importa ubicar la debida importancia de tal reunión, no sólo como reflejo de la importancia de los asistentes a la toma de protesta de Duarte, sino en la pretensión de Calderón por establecer buenas relaciones con los nuevos mandatarios, maltrechas en la mayoría de los casos con sus antecesores, debido al elevado protagonismo del panista en los procesos electorales de mediados de año.
Y si el cónclave resultó fallido, la visita de Calderón, en cuanto a la revisión de la seguridad pública en Chihuahua y la actuación de las fuerzas policiacas y militares en ese sentido fue un completo fraude. Los mismos discursos, la misma insensibilidad, las mismas promesas efectuadas casi tres años antes.
Quizá lo único novedoso haya sido la negativa del alcalde juarense, Héctor Murguía, a la petición del Secretario de Economía de “ayudarle” a detener los vehículos internados ilegalmente al país. No, le dijo, el edil, no voy a pasar por ser el alcalde que detenga chuecos en lugar de parar las extorsiones y los secuestros.
En ese entorno se inició el gobierno de César Duarte. No lo hace en las mejores condiciones, tan solo el día de la asunción en Juárez ejecutaban a 19 personas y el resto del mes las cifras homicidas se mantuvieron en los promedios de 10-12 en esa ciudad y alrededor de 5-7 diariamente en Chihuahua.
Y a mediados de mes se suscitó la crisis de los custodios del penal de Chihuahua desatada por el asesinato de cinco custodios y el jefe de seguridad de dicho penal. Esos asesinatos develaron las pobres condiciones laborales privativas en ese personal, su exigencia de contar con un seguro de vida, pensión familiar y aumento salarial vino a echar por tierra, estrepitosamente, los almibarados discursos de apenas unas cuantas horas antes.
No solamente ahí se encuentran gigantescos obstáculos.
Lo prometido por Duarte es enorme, quizá superior a sus propias capacidades y a los retos presentes. Probablemente fuera lo que la mayoría de la sociedad quiso –quiere- escuchar pero se antoja mayor a las fuerzas, estructuras e inercias presentes en la sociedad chihuahuense de hoy.
Dijo que habría “cero impunidad, cero corrupción, cero contrabando, cero tráfico ilegal de armas y cero circulación ilegal de vehículos en Chihuahua”. Del mismo modo, anunció que antes de un año la policía única funcionaría.
Lo que padecemos no es un problema de falta de severidad de las penas –cerca del 95% de los delitos cometidos no son, ni siquiera, investigados- sino de la ineficacia en la procuración y aplicación de justicia.
Por si fuera poco, el gobierno de Duarte iniciará con una deuda pública estatal de alrededor de 6 mil millones de pesos, es decir, algo así como el 15% del presupuesto estatal. Podrá argumentarse que se encuentra dentro de lo manejable, pero en los primeros días, una vez evaluadas las verdaderas condiciones en que recibieron las finanzas estatales, la novedad consistió en que sólo había 169 millones de pesos y que los recursos que se recibirían en el resto del año serían insuficientes para afrontar los compromisos gubernamentales, razón que los ha llevado a plantear que si el gobierno federal no adelanta algunas partidas, entonces el gobierno estatal se verá obligado a solicitar al Congreso la autorización para contratar un empréstito de 2 mil millones de pesos.
Si tal es la realidad, se antoja extremadamente difícil que la nueva administración estatal pueda cumplir los enormes compromisos adquiridos con la ciudadanía, las promesas de campaña y la necesidad, urgente, de mostrar avances concretos en los dos más serios problemas percibidos por la mayoría de la población: Economía y seguridad pública.
Apremiados en aparecer como rápidos solucionadores de los problemas, los nuevos gobernantes –y no sólo los chihuahuenses, y de éstos, no solamente los de la hora reciente, sino todos- al tomar posesión de sus cargos se autoimponen plazos perentorios para evaluar su obra. Optimistas, retan a que se evalúen sus primeros cien días, sin tomar en cuenta que financieramente, por lo menos en nuestra entidad, son de los más difíciles pues los recursos reales con los que contarán, invariablemente son menores a los declarados por los gobernantes salientes; que deberán recurrir a financiamientos extraordinarios para cumplir los compromisos de fin de año, casi todos ellos relacionados con la planta laboral existente y, finalmente, que los nuevos recursos empezarán a fluir después de febrero, en el mejor de los casos.
A tales condiciones adversas deberán sumarse otras dos. La disminución de los ingresos estatales por la promesa de que a partir de 2011 ya no se cobraría la tenencia vehicular, rubro que les generaba alrededor de 500 millones de pesos al año y que disminuirá el número de visitantes (migrantes y turistas) debido a la estabilidad de la crisis económica en Estados Unidos, lo que repercutirá en la disminución de ingresos por las cuotas de peaje carretero, y que representará varias decenas de millones de pesos que, si bien no ingresan realmente a la arcas estatales pues forman parte de los compromisos adquiridos por la bursatilización de tales ingresos, si repercutirán finalmente en las finanzas estatales.
Además, por si fuera poco, la recaudación de impuestos disminuirá, por las mismas razones que las cuotas de peaje y entonces el panorama no es el ideal para el cumplimiento de todas las promesas efectuadas a lo largo de la campaña y en los primeros días de gobierno, por lo menos no en los tres primeros meses de gobierno.
Y si en el aspecto financiero el futuro inmediato no es nada halagüeño, en lo tocante a seguridad pública no se advierte mejor, quizá lo contrario sea lo más seguro. La confrontación entre los grupos criminales ha trasladado una parte muy importante de sus operaciones a la capital del estado, sin que por ello amaine el enfrentamiento en Juárez o en otras ciudades de la entidad y las condiciones de las corporaciones policiacas y de procuración y aplicación de justicia en que se da el relevo son alarmantes.
El episodio del robo de armas del C-4 y el de los custodios del penal de Chihuahua, así como los motines simultáneos de los penales de Juárez, son, apenas, ligeros indicios de situación tan riesgosa.
Y en medio de todo ello la razonable ansiedad ciudadana por ver, sentir, percibir, así fuera ligeramente, algunos vestigios de mejoramiento de la seguridad pública, harán que el período de gracia para los nuevos gobernantes, en mayor medida para el gobernador, vaya a ser extremadamente breve.
No es tarea fácil, ni pronta. ¡Vaya encrucijada!
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
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Esperanzas renovadas… a muy corto plazo
Editorial
Aserto 87, octubre de 2010
- Nueva y reforzada presencia de ASERTO, ahora en radio y tv
Esperanza es el rasgo común de los nuevos gobernantes chihuahuenses -César Duarte, Héctor Murguía y Marco Adán Quezada, mandatario estatal, alcaldes de Juárez y Chihuahua, respectivamente- que privilegiaron emitir en sus respectivas tomas de posesión como eje central de sus propósitos de gobierno.
No podía de ser de otra manera, seguramente que en otros municipios ocurrió lo mismo, pero los emblemáticos de la gravísima crisis de seguridad pública actual son el gobierno estatal y las alcaldías de las dos principales urbes chihuahuenses. Priistas los tres, advirtieron tal problema como el principal de sus respectivos gobiernos y los ejes centrales de sus planes gubernamentales están totalmente orientados a combatir tan nociva realidad.
Sus discursos, notoriamente más los de Duarte y Murguía, hacen crecer la preocupación pues se antojan excesos en las expectativas elaboradas en sus primeros discursos y en sus iniciales actos de gobierno.
Deberán asentarse en la terrible circunstancia causante de tal crisis en la seguridad pública. Los intereses desatados, en la disputa por el territorio, el espacio aéreo y el control de las instituciones chihuahuenses va más allá de la guerra entre dos pequeños grupos de sicarios; han demostrado que superan, con mucho, las características de cualquier grupo delictivo del pasado, son auténticas empresas transnacionales, por supuesto no superiores a la fuerza del Estado, si este la aplica en toda su extensión, fundamentalmente con los instrumentos del aparato de inteligencia, algo en lo que, notoriamente, ha fallado, a causa de una terrible impreparación y de una no menos lamentable lucha electoral entre las dos principales fuerzas por ahora existentes en el país.
En ese entorno, y en el particular del desatado en Juárez a partir de las últimas declaraciones del alcalde saliente, José Reyes Ferriz, en las que acusó a Héctor Murguía, pero sobre todo al ex gobernador José Reyes Baeza, de “obstaculizar” el combate a la narcoviolencia, inician las nuevas autoridades, que pueden caer o en el voluntarismo, o en la demagogia al prometer avances más allá de sus propias fuerzas.
Si tal cosa sucede, muy pronto constatarán el hartazgo de la sociedad chihuahuense. Todas las evidencias apuntan a que tendrán muy poco tiempo, es decir, que el período de gracia otorgado tradicionalmente por la población a los nuevos gobernantes será, en el presente caso, extremadamente breve.
En tanto, y ante los nuevos retos desatados por las continuas transformaciones de nuestra sociedad, decidimos aventurarnos en los medios electrónicos de comunicación. Debemos agradecerles a los funcionarios y propietarios del Canal 10 de Cablemás, y de Antena 760 por brindarnos su hospitalidad. De ese modo, desde fines de mayo en un horario, y desde principios de agosto, todos los martes de 8 a 9 de la noche transmitimos en Canal 10 el programa “Aserto-Tv”.
Y todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, en Antena 760, en la frecuencia 760 de AM podrá escuchar “Aserto-Radio”.
Así, desde esos espacios intentaremos continuar con la misma línea editorial, periodística que hemos realizado en ASERTO, la Revista de Chihuahua, por supuesto con los ritmos y tiempos que dictan tales medios de comunicación y con la misma apertura, pluralidad, diversidad y profesionalismo que nos merecemos los chihuahuenses.
Aserto 87, octubre de 2010
- Nueva y reforzada presencia de ASERTO, ahora en radio y tv
Esperanza es el rasgo común de los nuevos gobernantes chihuahuenses -César Duarte, Héctor Murguía y Marco Adán Quezada, mandatario estatal, alcaldes de Juárez y Chihuahua, respectivamente- que privilegiaron emitir en sus respectivas tomas de posesión como eje central de sus propósitos de gobierno.
No podía de ser de otra manera, seguramente que en otros municipios ocurrió lo mismo, pero los emblemáticos de la gravísima crisis de seguridad pública actual son el gobierno estatal y las alcaldías de las dos principales urbes chihuahuenses. Priistas los tres, advirtieron tal problema como el principal de sus respectivos gobiernos y los ejes centrales de sus planes gubernamentales están totalmente orientados a combatir tan nociva realidad.
Sus discursos, notoriamente más los de Duarte y Murguía, hacen crecer la preocupación pues se antojan excesos en las expectativas elaboradas en sus primeros discursos y en sus iniciales actos de gobierno.
Deberán asentarse en la terrible circunstancia causante de tal crisis en la seguridad pública. Los intereses desatados, en la disputa por el territorio, el espacio aéreo y el control de las instituciones chihuahuenses va más allá de la guerra entre dos pequeños grupos de sicarios; han demostrado que superan, con mucho, las características de cualquier grupo delictivo del pasado, son auténticas empresas transnacionales, por supuesto no superiores a la fuerza del Estado, si este la aplica en toda su extensión, fundamentalmente con los instrumentos del aparato de inteligencia, algo en lo que, notoriamente, ha fallado, a causa de una terrible impreparación y de una no menos lamentable lucha electoral entre las dos principales fuerzas por ahora existentes en el país.
En ese entorno, y en el particular del desatado en Juárez a partir de las últimas declaraciones del alcalde saliente, José Reyes Ferriz, en las que acusó a Héctor Murguía, pero sobre todo al ex gobernador José Reyes Baeza, de “obstaculizar” el combate a la narcoviolencia, inician las nuevas autoridades, que pueden caer o en el voluntarismo, o en la demagogia al prometer avances más allá de sus propias fuerzas.
Si tal cosa sucede, muy pronto constatarán el hartazgo de la sociedad chihuahuense. Todas las evidencias apuntan a que tendrán muy poco tiempo, es decir, que el período de gracia otorgado tradicionalmente por la población a los nuevos gobernantes será, en el presente caso, extremadamente breve.
En tanto, y ante los nuevos retos desatados por las continuas transformaciones de nuestra sociedad, decidimos aventurarnos en los medios electrónicos de comunicación. Debemos agradecerles a los funcionarios y propietarios del Canal 10 de Cablemás, y de Antena 760 por brindarnos su hospitalidad. De ese modo, desde fines de mayo en un horario, y desde principios de agosto, todos los martes de 8 a 9 de la noche transmitimos en Canal 10 el programa “Aserto-Tv”.
Y todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, en Antena 760, en la frecuencia 760 de AM podrá escuchar “Aserto-Radio”.
Así, desde esos espacios intentaremos continuar con la misma línea editorial, periodística que hemos realizado en ASERTO, la Revista de Chihuahua, por supuesto con los ritmos y tiempos que dictan tales medios de comunicación y con la misma apertura, pluralidad, diversidad y profesionalismo que nos merecemos los chihuahuenses.
martes, 2 de noviembre de 2010
La juventud juarense a dos fuegos
El Diario, 2 de noviembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Cómo entender la tragedia de Juárez –y de la mayor parte del país– sin saber a ciencia cierta lo vivido por la juventud? ¿Cómo no indignarse, ya no sólo con la cobarde acción de los policías federales –disparando al aire, al encontrarse con una manifestación juvenil– sino con su más irracional explicación, “los agentes dispararon porque los manifestantes traían el rostro cubierto”, como decía su boletín de prensa? (Nota del Staff, El Diario, 30/10/10)
Si tal es la actitud del agrupamiento federal con parte de los sectores de avanzada de la sociedad juarense –y lo son porque se atreven, en plena ola homicida– deberemos imaginarnos la que adoptarán cuando se encuentran con los jóvenes marginados de la sociedad y el desarrollo, o con los que encuadran en la clasificación de adictos, “malandros”, “cholos”.
La masacre de Juárez es la de su juventud mayoritaria, la de los sectores más pobres, la de los marginados de los planes de desarrollo, la de quienes no fueron contemplados en la escala de “valores” de la familia por quienes se beneficiaron –se benefician– de la amplia capacidad laboral sostenida por la economía juarense durante tres décadas.
Por eso indigna aún más la agresión de la Policía Federal en contra de los manifestantes de la marcha “Kaminata contra la violencia en Juárez”, sólo porque algunos de éstos cubrían sus caras. Y así lo dicen, sin empacho, groseramente: En la dirección de las instalaciones de la UACJ, “… se encontraron a varias personas en el lugar, entre ellas algunas con el rostro cubierto, por tal motivo los elementos federales descendieron de las unidades y lanzaron disparos al aire de manera preventiva y de advertencia”.
Uno de esos disparos casi mata al estudiante José Darío Alvarez Orrantia y lo tiene con graves secuelas en su salud. Y si esa es una faceta de la juventud fronteriza, la información aparecida en estos días acerca de otras, las que muestran palmariamente su realidad, son de verdadero espanto, como la de que el mes de octubre se convirtió en el mes más violento en la historia del antiguo Paso del Norte, con la aterradora cifra de 352 homicidios, la mayoría de ellos, como lo ha sido a lo largo de esta guerra, jóvenes menores de 30 años, arrojados a esa confrontación bélica. (Nota de Berenice Gaytán, EL DIARIO, 31/10/10).
Esa cifra es superior a la presentada en los años precedentes, a lo largo de cada año: En 2007 se registraron 320 homicidios; 253 en 2006; 227 en 2005; 204 en 2004; y 186 en 2003. Pero si esa es una tragedia, la otra es la del elevado número de mujeres asesinadas, que también alcanzó una cifra récord, con “48 decesos de féminas, entre las que se encuentran madres de familia, mujeres embarazadas, policías, agentes de Tránsito, estudiantes y niñas”, que llevó la cifra a 272 victimadas a lo largo del 2010.
“Los datos oficiales de la Fiscalía General del Estado precisan que van 949 mujeres asesinadas desde 1993, cuando empezó a documentarse estos casos. Del 21 de enero de 1993 al 31 de diciembre de 2007 se tenían cuantificados 427 homicidios de mujeres, mientras que el 2008 cerró con un total de 87, el 2009 con 164 y hasta ayer se habían cometido 271 crímenes contra el género femenino, revela el archivo periodístico”. (Ibídem). Pero si esas son las cifras de víctimas fatales, la de la elevación del consumo de drogas es aterradora: “Hay en Juárez tres veces más consumo de drogas que el promedio nacional”: reveló el representante del Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic), Simón Tavera Ramos.
No son las únicas cifras escalofriantes, calcula, el mismo organismo, en alrededor de 10 mil los niños que han quedado huérfanos por la violencia, y casi “7 mil usan heroína, mientras baja la demanda de ayuda para rehabilitación”, señaló Tavera Romero, (La Jornada, Miércoles 27 de octubre de 2010).
“La Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) 2008 reveló que 5.2 por ciento del total de la población de entre 12 y 65 años ha consumido drogas alguna vez en su vida, mientras en Ciudad Juárez el porcentaje es de 18. De estos individuos, alrededor de 45 mil son adictos”.
De alrededor de 4 mil usuarios de los centros de rehabilitación que hubo en 2009, en el presente año la cifra oscila entre 3 mil y 3 mil 500, reveló el mismo funcionario, representante de ese organismo en el programa “Todos Somos Juárez”. Esas son las realidades de la juventud juarense, acaso más dramática que la del resto de la entidad y que no se avizora, por ninguna parte, solución alguna. ¿Tendremos derecho a la esperanza?
Luis Javier Valero Flores
Cómo entender la tragedia de Juárez –y de la mayor parte del país– sin saber a ciencia cierta lo vivido por la juventud? ¿Cómo no indignarse, ya no sólo con la cobarde acción de los policías federales –disparando al aire, al encontrarse con una manifestación juvenil– sino con su más irracional explicación, “los agentes dispararon porque los manifestantes traían el rostro cubierto”, como decía su boletín de prensa? (Nota del Staff, El Diario, 30/10/10)
Si tal es la actitud del agrupamiento federal con parte de los sectores de avanzada de la sociedad juarense –y lo son porque se atreven, en plena ola homicida– deberemos imaginarnos la que adoptarán cuando se encuentran con los jóvenes marginados de la sociedad y el desarrollo, o con los que encuadran en la clasificación de adictos, “malandros”, “cholos”.
La masacre de Juárez es la de su juventud mayoritaria, la de los sectores más pobres, la de los marginados de los planes de desarrollo, la de quienes no fueron contemplados en la escala de “valores” de la familia por quienes se beneficiaron –se benefician– de la amplia capacidad laboral sostenida por la economía juarense durante tres décadas.
Por eso indigna aún más la agresión de la Policía Federal en contra de los manifestantes de la marcha “Kaminata contra la violencia en Juárez”, sólo porque algunos de éstos cubrían sus caras. Y así lo dicen, sin empacho, groseramente: En la dirección de las instalaciones de la UACJ, “… se encontraron a varias personas en el lugar, entre ellas algunas con el rostro cubierto, por tal motivo los elementos federales descendieron de las unidades y lanzaron disparos al aire de manera preventiva y de advertencia”.
Uno de esos disparos casi mata al estudiante José Darío Alvarez Orrantia y lo tiene con graves secuelas en su salud. Y si esa es una faceta de la juventud fronteriza, la información aparecida en estos días acerca de otras, las que muestran palmariamente su realidad, son de verdadero espanto, como la de que el mes de octubre se convirtió en el mes más violento en la historia del antiguo Paso del Norte, con la aterradora cifra de 352 homicidios, la mayoría de ellos, como lo ha sido a lo largo de esta guerra, jóvenes menores de 30 años, arrojados a esa confrontación bélica. (Nota de Berenice Gaytán, EL DIARIO, 31/10/10).
Esa cifra es superior a la presentada en los años precedentes, a lo largo de cada año: En 2007 se registraron 320 homicidios; 253 en 2006; 227 en 2005; 204 en 2004; y 186 en 2003. Pero si esa es una tragedia, la otra es la del elevado número de mujeres asesinadas, que también alcanzó una cifra récord, con “48 decesos de féminas, entre las que se encuentran madres de familia, mujeres embarazadas, policías, agentes de Tránsito, estudiantes y niñas”, que llevó la cifra a 272 victimadas a lo largo del 2010.
“Los datos oficiales de la Fiscalía General del Estado precisan que van 949 mujeres asesinadas desde 1993, cuando empezó a documentarse estos casos. Del 21 de enero de 1993 al 31 de diciembre de 2007 se tenían cuantificados 427 homicidios de mujeres, mientras que el 2008 cerró con un total de 87, el 2009 con 164 y hasta ayer se habían cometido 271 crímenes contra el género femenino, revela el archivo periodístico”. (Ibídem). Pero si esas son las cifras de víctimas fatales, la de la elevación del consumo de drogas es aterradora: “Hay en Juárez tres veces más consumo de drogas que el promedio nacional”: reveló el representante del Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic), Simón Tavera Ramos.
No son las únicas cifras escalofriantes, calcula, el mismo organismo, en alrededor de 10 mil los niños que han quedado huérfanos por la violencia, y casi “7 mil usan heroína, mientras baja la demanda de ayuda para rehabilitación”, señaló Tavera Romero, (La Jornada, Miércoles 27 de octubre de 2010).
“La Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) 2008 reveló que 5.2 por ciento del total de la población de entre 12 y 65 años ha consumido drogas alguna vez en su vida, mientras en Ciudad Juárez el porcentaje es de 18. De estos individuos, alrededor de 45 mil son adictos”.
De alrededor de 4 mil usuarios de los centros de rehabilitación que hubo en 2009, en el presente año la cifra oscila entre 3 mil y 3 mil 500, reveló el mismo funcionario, representante de ese organismo en el programa “Todos Somos Juárez”. Esas son las realidades de la juventud juarense, acaso más dramática que la del resto de la entidad y que no se avizora, por ninguna parte, solución alguna. ¿Tendremos derecho a la esperanza?
El “arte” de la guerra en Chihuahua
El Diario, 31 de octubre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Si nos atuviéramos a lo escrito por Sun Tzu en El Arte de la Guerra, lo sucedido en la entidad en las dos últimas dos semanas encajaría perfectamente en lo relacionado con las maniobras diversionistas efectuadas antes del lanzamiento de una ofensiva frontal.
Así lo escribió este estratega hace más de 25 siglos: “… para convertir su ejército en una entidad armoniosa y colocarla en posición, nada es más difícil que el arte de maniobrar hasta posiciones ventajosas. Lo complejo del tema es convertir la ruta más intrincada en la ruta más directa, y distraer al enemigo con señuelos… Quien es capaz de hacer esto muestra su conocimiento del artificio de la distracción… Si se es diez veces superior al enemigo, rodeadle. Si se es cinco veces más fuerte, atacadle. Si se tiene el doble de fuerzas, divididle. Si se está a la par, superadle mediante un buen plan”.
Si los grupos criminales hoy enfrentados por la supremacía en Chihuahua, (en lo que, parece, ya no está en juego, solamente, el control sobre el territorio, las rutas del trasiego de drogas y mercancías ilícitas o el de las relaciones con las instancias gubernamentales, necesarias para el buen funcionamiento de su negocio, sino el control de la sociedad y el alcance del consenso social, a través de todos los instrumentos posibles, entre los que incluyen de manera preferente los mecanismos mediáticos) conocieron, o no, el mejor y más sencillo tratado sobre la guerra, sale sobrando, pues sus acciones tienen toda la apariencia de conocer bien tan difícil y antigua actividad.
En ese esquema parecieran encajar, a la perfección, varios de los hechos de la semana. El secuestro de Mario González Rodríguez, hermano de la ex procuradora, luego la masacre de Horizontes del Sur en Juárez, al día siguiente la transmisión del primer video con el interrogatorio al secuestrado, enseguida la reacción de la ex procuradora, la polémica desatada, el linchamiento de ella, que reveló, más allá de su labor al frente de la procuración de justicia, las elevadas dosis de misoginia existentes en la sociedad; y enseguida, el ataque a las trabajadoras de la maquila, precisamente en la zona más violenta del mundo, el Valle de Juárez.
Importa detenerse en las reacciones generadas por la transmisión de los videos –el sitio desde el cual se generaron anunció que está próximo a salir el tercero- pues mostró palmariamente la actitud acrítica de numerosos chihuahuenses, a quienes basta con mostrarles en pantalla cualquier cosa que se la van a creer y muestra los decenios de formación y deseducación a través de la televisión mexicana –sobre todo, sin dejar de lado las gravísimas fallas del sistema educativo-, que han producido generaciones enteras de personas acríticas, reacias a la realización de procesos de raciocinio, simplemente porque no se les formó el hábito de razonar, de enseñarles a pensar y a criticar todo lo que perciban, en el sentido no de oponerse o rechazar, en automático, lo que ven o escuchan, sino de analizar lo que sus sentidos y mente reciben, porque esa es la crítica.
Y si es grave la existencia de tal actitud acrítica en el seno de la sociedad, más lo es cuando destacados integrantes de la clase política así lo hacen, consciente o inconscientemente, de buena o mala fe y con sus actitudes no abonan en el camino de encontrarle salida a la terrible situación por la que atravesamos, y que debemos otorgarle su debido crédito al gobernante chihuahuense, César Duarte, cuando, en el discurso de toma de posesión, anotó que en Juárez se jugaba la suerte de la patria.
Ahora sabemos que tal expresión, por desgracia, debió abarcar a todo la entidad. Según las cifras proporcionadas por la Procuraduría General de Justicia, hasta el tercer trimestre del año se habían presentado 5,467 homicidios dolosos con una escalofriante tendencia alcista. En el primer trimestre fueron mil 354, mil 713 en el segundo y en el tercero dos 400.
Pero las cifras anteriores palidecerán ante el total de víctimas del presente año, pues el cálculo extraoficial de la primera quincena de octubre arroja un total de 600 personas victimadas en todo el estado, por lo que el promedio del trimestre anterior será superado con toda amplitud y la tasa de homicidios se ubica, en el estado, a 178.4 por cada 100 mil habitantes.
Si hubiese necesidad de comparar con el mundo desarrollado, en España esa tasa es del 3.5 anual, o con Estados Unidos con 5 homicidios por cada 100 mil habitantes. Compárese con Colombia y Venezuela, que “apenas” superan los 40.
Si las cifras alcanzadas en el estado son de espanto, lo sucedido en el Valle de Juárez no alcanza clasificación. Esa región, conformada por los municipios de Praxedis G. Guerrera y Guadalupe Distrito Bravos, sufrió la ejecución de 80 personas en el año 2009. Ahí viven alrededor de 13 mil personas y tal número de homicidios lleva a que la tasa de ejecuciones rebase todo lo imaginado previamente y la coloque como la zona más violenta del mundo, muy por encima de Juárez pues la tasa se eleva a 615.3 por cada 100 mil habitantes. Este año los 80 homicidios se alcanzaron en septiembre.
Por desgracia, los hechos de los últimos días nos llevan a pensar que estamos frente a una escalada (con todo lo que eso significa, resultado de refinados procesos de elaboración, pletóricos de prospectivas estratégicas y de ninguna manera resultado de la improvisación) de la ola violenta en la que los grupos criminales han entrado a la dinámica de demostrar, usando a la población civil, el alcance de su poder y de la penetración de sus mensajes en el seno de la sociedad, no para obtener consensos sociales, sino para llevarla al pasmo y a la inmovilización.
Así, es natural reflexionar acerca de la búsqueda de objetivos estratégicos en la difusión, tanto de los mensajes dejados en los cadáveres de infinidad de ejecutados, como en la transmisión de los videos, y entre éstos, de manera descollante, el del interrogatorio a Mario González Rodríguez.
Lo escribimos el jueves anterior, pero la vigencia de lo ahí señalado es absolutamente pertinente. La pretensión de los autores del secuestro y el interrogatorio, así como de su transmisión a través de la internet era –es- muy evidente: Ganar simpatías, o, por lo menos, llevar a la mente de quienes los vieran, el mensaje de que los responsables de una buena parte de la tragedia que sufrimos es el grupo conocido como “La línea” y la connivencia de las autoridades estatales de la pasada administración con ese grupo y, por consecuencia, que el grupo criminal que se les opone es el “bueno”.
El relato de los hechos presentados en los dos videos hasta ahora mostrados, contiene algunos que podían fácilmente comprobarse como ciertos, tal es el caso de la sociedad de Mario González con algunos personajes del empresariado de la farándula y la política, pero también imputaciones falsas, bajo la premisa de –que miente o calumnia, que algo queda.
Pues bien, El Diario-Juárez confrontó, con base en los archivos periodísticos, algunas de esas falsedades.
En el interrogatorio a Mario Ángel González Rodríguez, este aseguró que a los periodistas Armando Rodríguez y Enrique Perea los mató “el comandante Chacón por instrucciones de la procuradora". Importa destacar el homicidio del primero de estos. De acuerdo con los “archivos periodísticos, la persona que González Rodríguez identifica como ‘el comandante Chacón’ fue asesinado en febrero de 2008, nueve meses antes que el periodista Armando Rodríguez”.
Luego, en el video, Mario González aseguró que a Julio Porras, “presunto narcotraficante, lo mandó matar su hermana Patricia González, operativo en el que participaron Pedro Sánchez y Gonzalo González”, dos de los más señalados como de los mandos elevados del Cártel de Juárez, o de La Línea. Sin embargo, de acuerdo con el archivo periodístico, en octubre de 2008, Porras “fue detenido en Estados Unidos, está vivo y se encuentra en calidad de testigo protegido”.
Más errores, mentiras e imprecisiones. En el video, González afirma que a los integrantes de la comunidad de LeBaron los asesinó el Rikyn “Chavira”, cuando en realidad al que se le vincula a esos hechos es a Rikyn Escajeda, personaje detenido y acusado de esos homicidios, además de señalársele como uno de los jefes del crimen organizado en el Valle de Juárez.
Finalmente, al abogado Miguel Etzel Maldonado no lo asesinó un “comando de ministeriales" ordenado por la ex procuradora, como dice Mario González, sino una sola persona, que obedeció las órdenes, según las pesquisas hasta ahora efectuadas, por una persona relacionada “con La Línea”. (Nota del Staff, Diario, 26/X/10).
Creer a pie juntillas lo exhibido es un gravísimo error, explicable –más no justificado- en la mayoría de la ciudadanía, harta de la situación, pero absolutamente inaceptable en los gobernantes. Más cuando estamos a punto de perder la legalidad hasta ahora alcanzada.
Luis Javier Valero Flores
Si nos atuviéramos a lo escrito por Sun Tzu en El Arte de la Guerra, lo sucedido en la entidad en las dos últimas dos semanas encajaría perfectamente en lo relacionado con las maniobras diversionistas efectuadas antes del lanzamiento de una ofensiva frontal.
Así lo escribió este estratega hace más de 25 siglos: “… para convertir su ejército en una entidad armoniosa y colocarla en posición, nada es más difícil que el arte de maniobrar hasta posiciones ventajosas. Lo complejo del tema es convertir la ruta más intrincada en la ruta más directa, y distraer al enemigo con señuelos… Quien es capaz de hacer esto muestra su conocimiento del artificio de la distracción… Si se es diez veces superior al enemigo, rodeadle. Si se es cinco veces más fuerte, atacadle. Si se tiene el doble de fuerzas, divididle. Si se está a la par, superadle mediante un buen plan”.
Si los grupos criminales hoy enfrentados por la supremacía en Chihuahua, (en lo que, parece, ya no está en juego, solamente, el control sobre el territorio, las rutas del trasiego de drogas y mercancías ilícitas o el de las relaciones con las instancias gubernamentales, necesarias para el buen funcionamiento de su negocio, sino el control de la sociedad y el alcance del consenso social, a través de todos los instrumentos posibles, entre los que incluyen de manera preferente los mecanismos mediáticos) conocieron, o no, el mejor y más sencillo tratado sobre la guerra, sale sobrando, pues sus acciones tienen toda la apariencia de conocer bien tan difícil y antigua actividad.
En ese esquema parecieran encajar, a la perfección, varios de los hechos de la semana. El secuestro de Mario González Rodríguez, hermano de la ex procuradora, luego la masacre de Horizontes del Sur en Juárez, al día siguiente la transmisión del primer video con el interrogatorio al secuestrado, enseguida la reacción de la ex procuradora, la polémica desatada, el linchamiento de ella, que reveló, más allá de su labor al frente de la procuración de justicia, las elevadas dosis de misoginia existentes en la sociedad; y enseguida, el ataque a las trabajadoras de la maquila, precisamente en la zona más violenta del mundo, el Valle de Juárez.
Importa detenerse en las reacciones generadas por la transmisión de los videos –el sitio desde el cual se generaron anunció que está próximo a salir el tercero- pues mostró palmariamente la actitud acrítica de numerosos chihuahuenses, a quienes basta con mostrarles en pantalla cualquier cosa que se la van a creer y muestra los decenios de formación y deseducación a través de la televisión mexicana –sobre todo, sin dejar de lado las gravísimas fallas del sistema educativo-, que han producido generaciones enteras de personas acríticas, reacias a la realización de procesos de raciocinio, simplemente porque no se les formó el hábito de razonar, de enseñarles a pensar y a criticar todo lo que perciban, en el sentido no de oponerse o rechazar, en automático, lo que ven o escuchan, sino de analizar lo que sus sentidos y mente reciben, porque esa es la crítica.
Y si es grave la existencia de tal actitud acrítica en el seno de la sociedad, más lo es cuando destacados integrantes de la clase política así lo hacen, consciente o inconscientemente, de buena o mala fe y con sus actitudes no abonan en el camino de encontrarle salida a la terrible situación por la que atravesamos, y que debemos otorgarle su debido crédito al gobernante chihuahuense, César Duarte, cuando, en el discurso de toma de posesión, anotó que en Juárez se jugaba la suerte de la patria.
Ahora sabemos que tal expresión, por desgracia, debió abarcar a todo la entidad. Según las cifras proporcionadas por la Procuraduría General de Justicia, hasta el tercer trimestre del año se habían presentado 5,467 homicidios dolosos con una escalofriante tendencia alcista. En el primer trimestre fueron mil 354, mil 713 en el segundo y en el tercero dos 400.
Pero las cifras anteriores palidecerán ante el total de víctimas del presente año, pues el cálculo extraoficial de la primera quincena de octubre arroja un total de 600 personas victimadas en todo el estado, por lo que el promedio del trimestre anterior será superado con toda amplitud y la tasa de homicidios se ubica, en el estado, a 178.4 por cada 100 mil habitantes.
Si hubiese necesidad de comparar con el mundo desarrollado, en España esa tasa es del 3.5 anual, o con Estados Unidos con 5 homicidios por cada 100 mil habitantes. Compárese con Colombia y Venezuela, que “apenas” superan los 40.
Si las cifras alcanzadas en el estado son de espanto, lo sucedido en el Valle de Juárez no alcanza clasificación. Esa región, conformada por los municipios de Praxedis G. Guerrera y Guadalupe Distrito Bravos, sufrió la ejecución de 80 personas en el año 2009. Ahí viven alrededor de 13 mil personas y tal número de homicidios lleva a que la tasa de ejecuciones rebase todo lo imaginado previamente y la coloque como la zona más violenta del mundo, muy por encima de Juárez pues la tasa se eleva a 615.3 por cada 100 mil habitantes. Este año los 80 homicidios se alcanzaron en septiembre.
Por desgracia, los hechos de los últimos días nos llevan a pensar que estamos frente a una escalada (con todo lo que eso significa, resultado de refinados procesos de elaboración, pletóricos de prospectivas estratégicas y de ninguna manera resultado de la improvisación) de la ola violenta en la que los grupos criminales han entrado a la dinámica de demostrar, usando a la población civil, el alcance de su poder y de la penetración de sus mensajes en el seno de la sociedad, no para obtener consensos sociales, sino para llevarla al pasmo y a la inmovilización.
Así, es natural reflexionar acerca de la búsqueda de objetivos estratégicos en la difusión, tanto de los mensajes dejados en los cadáveres de infinidad de ejecutados, como en la transmisión de los videos, y entre éstos, de manera descollante, el del interrogatorio a Mario González Rodríguez.
Lo escribimos el jueves anterior, pero la vigencia de lo ahí señalado es absolutamente pertinente. La pretensión de los autores del secuestro y el interrogatorio, así como de su transmisión a través de la internet era –es- muy evidente: Ganar simpatías, o, por lo menos, llevar a la mente de quienes los vieran, el mensaje de que los responsables de una buena parte de la tragedia que sufrimos es el grupo conocido como “La línea” y la connivencia de las autoridades estatales de la pasada administración con ese grupo y, por consecuencia, que el grupo criminal que se les opone es el “bueno”.
El relato de los hechos presentados en los dos videos hasta ahora mostrados, contiene algunos que podían fácilmente comprobarse como ciertos, tal es el caso de la sociedad de Mario González con algunos personajes del empresariado de la farándula y la política, pero también imputaciones falsas, bajo la premisa de –que miente o calumnia, que algo queda.
Pues bien, El Diario-Juárez confrontó, con base en los archivos periodísticos, algunas de esas falsedades.
En el interrogatorio a Mario Ángel González Rodríguez, este aseguró que a los periodistas Armando Rodríguez y Enrique Perea los mató “el comandante Chacón por instrucciones de la procuradora". Importa destacar el homicidio del primero de estos. De acuerdo con los “archivos periodísticos, la persona que González Rodríguez identifica como ‘el comandante Chacón’ fue asesinado en febrero de 2008, nueve meses antes que el periodista Armando Rodríguez”.
Luego, en el video, Mario González aseguró que a Julio Porras, “presunto narcotraficante, lo mandó matar su hermana Patricia González, operativo en el que participaron Pedro Sánchez y Gonzalo González”, dos de los más señalados como de los mandos elevados del Cártel de Juárez, o de La Línea. Sin embargo, de acuerdo con el archivo periodístico, en octubre de 2008, Porras “fue detenido en Estados Unidos, está vivo y se encuentra en calidad de testigo protegido”.
Más errores, mentiras e imprecisiones. En el video, González afirma que a los integrantes de la comunidad de LeBaron los asesinó el Rikyn “Chavira”, cuando en realidad al que se le vincula a esos hechos es a Rikyn Escajeda, personaje detenido y acusado de esos homicidios, además de señalársele como uno de los jefes del crimen organizado en el Valle de Juárez.
Finalmente, al abogado Miguel Etzel Maldonado no lo asesinó un “comando de ministeriales" ordenado por la ex procuradora, como dice Mario González, sino una sola persona, que obedeció las órdenes, según las pesquisas hasta ahora efectuadas, por una persona relacionada “con La Línea”. (Nota del Staff, Diario, 26/X/10).
Creer a pie juntillas lo exhibido es un gravísimo error, explicable –más no justificado- en la mayoría de la ciudadanía, harta de la situación, pero absolutamente inaceptable en los gobernantes. Más cuando estamos a punto de perder la legalidad hasta ahora alcanzada.
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